Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05347-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05347-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05347-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05347-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. SI BIEN SE DEBE
TENER EN CUENTA LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE
LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA EN MATERIA DE DESACATO Y LA
SITUACIÓN ESTRUCTURAL QUE AFRONTA LA NUEVA EPS, DENTRO
DEL TRÁMITE INCIDENTAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
RADICACIÓN 2023-00395-01, EL JUZGADO ACCIONADO
POSTERIORMENTE ORDENÓ EL LEVANTAMIENTO DE LA SANCIÓN
IMPUESTA AL ACTOR.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, LIBERTAD,
DIGNIDAD HUMANA Y BUEN NOMBRE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL1 -
POLICÍA NACIONAL, el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL2, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD3, la
NUEVA EPS y su AGENTE INTERVENTOR, el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ4 y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA5.
1
En adelante MINISTERIO.
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En adelante DEAJ.
3
En adelante SUPERINTENDENCIA.
4
En adelante JUZGADO.
5
En adelante TRIBUNAL.
2
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Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la
dignidad humana, al buen nombre y al principio de proporcionalidad,
los cuales estima vulnerados por el MINISTERIO - POLICÍA
NACIONAL, la DEAJ, la SUPERINTENDENCIA, la NUEVA EPS y
su AGENTE INTERVENTOR, el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber
proferido estos últimos las providencias de 23 de enero y 5 de febrero
de 2024, respectivamente, dentro del incidente de desacato
adelantado por el presunto incumplimiento del fallo de 27 de
noviembre de 2023, dictado en la acción constitucional identificada
con el número 73001-33-33-004-2023-00395-00.
I.2. Hechos
Indicó que el 23 de noviembre de 2013, ingresó a la NUEVA EPS en
el cargo de gerente zonal Tolima; y que en el 2017 fue inscrito ante
la Cámara de Comercio de Ibagué como administrador de la sede de
dicho municipio, hasta el 3 de octubre de 2025, fecha en la que el
agente interventor de la entidad le notificó la terminación de su
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contrato de trabajo, sin justa causa.
Señaló que durante su vinculación le otorgó poder al área jurídica de
la entidad para la contestación de las acciones de tutela y los
incidentes de desacato, sin que ello implicara facultades de dirección,
manejo presupuestal o disposición de recursos para el cumplimiento
de las órdenes judiciales proferidas en materia de salud.
Sostuvo que la estructura administrativa de la NUEVA EPS
concentraba en el nivel central, ubicado en el distrito capital de
Bogotá, los procesos relacionados con la contratación de la red
prestadora de servicios, la autorización de estos, la facturación, los
pagos y el cumplimiento de las órdenes judiciales, por lo que no tenía
competencia para adoptar decisiones sobre dichas materias, ni
ostentó la calidad de ordenador del gasto durante su permanencia en
la entidad.
Resaltó que en ningún momento fue notificado a su correo personal
de las actuaciones judiciales promovidas en su contra, pues las
acciones de tutela e incidentes de desacato eran notificadas
directamente al correo institucional de la Secretaría General de la
NUEVA EPS, esto es, a secretaria.general@nuevaeps.com.co, y
tramitados por el área jurídica del nivel central, dependencia que no
estaba bajo su dirección ni subordinación jerárquica.
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Precisó que mediante la Resolución núm. 2024160000003012-6 de
3 de abril de 2024, la SUPERINTENDENCIA ordenó la intervención
forzosa administrativa de la NUEVA EPS, decisión que
posteriormente fue prorrogada al evidenciar la persistencia de graves
deficiencias financieras, administrativas y operativas, así como un
elevado incumplimiento en la atención de requerimientos judiciales y
de las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de
salud.
Adujo que, a través de la Resolución núm. 030 de 30 de diciembre
de 2025, la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE IBAGUÉ6 decretó el embargo y posterior secuestro
de sus bienes inmuebles y cuentas bancarias, como consecuencia de
las múltiples sanciones impuestas por desacato dentro de acciones
de tutela promovidas contra la NUEVA EPS, las cuales dieron origen
a 156 procesos de cobro coactivo por un valor aproximado de
$755.861.340,33.
Alegó que a pesar de haber cesado su vinculación laboral desde el 3
de octubre de 2025, algunos despachos judiciales continúan
vinculándolo a diferentes acciones de tutela e incidentes de desacato
promovidos contra la mencionada entidad y negándole la solicitud de
inaplicación de sanciones de arresto y multa, sin tener en cuenta que
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En adelante DIRECCIÓN SECCIONAL.
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no tiene posibilidad alguna de gestión y de defensa jurídica.
Por último, puso de presente que durante su permanencia en la
NUEVA EPS esta asumió el pago de las multas que quedaron en
firme, lo que, a su juicio, evidencia que las sanciones obedecen a una
problemática estructural de la entidad y no a una conducta dolosa o
negligente de su parte.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al imponerle sanciones por desacato,
pese a que carecía de competencia material y funcional para cumplir
las órdenes impartidas en las acciones de tutela, pues no era
ordenador del gasto, no tenía a su cargo la autorización de servicios
de salud, no dirigía el área jurídica ni contaba con autonomía
administrativa o presupuestal para cumplir las decisiones judiciales.
Señaló que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la
responsabilidad en el incidente de desacato es de carácter subjetivo
y no procede la imposición de sanciones cuando existe imposibilidad
material o jurídica de cumplimiento, para lo cual citó la sentencia SU-
034 de 2018, en la que la Corte Constitucional precisó que en casos
de problemáticas estructurales del sistema de salud el juez debe
valorar, entre otros aspectos, la capacidad funcional y la competencia
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directa de la persona obligada a ejecutar las órdenes de tutela.
Finalmente, invocó como precedente la sentencia STP5789-2026 de
la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual, al resolver un caso
que, a su juicio, es sustancialmente idéntico al suyo, ordenó levantar
las sanciones impuestas a una exgerente de la NUEVA EPS,
suspendió los procesos de cobro coactivo y le trasladó la
responsabilidad a dicha entidad.
I.4.- Pretensiones
Por lo anterior, el actor solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo
constitucional a la violación de mis derechos anteriormente
descritos, especialmente, al DEBIDO PROCESO, ordenar el
LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA
VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato
proferidos en contra del accionante en su condición de ex
colaborador de NUEVA EPS.
SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr.
JORGE IVAN OSPINA actual interventor designado de NUEVA EPS
S.A., y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el
marco de sus competencias legales y administrativas, adelanten de
manera inmediata las gestiones necesarias para la materialización
y cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela pendientes que
dieron origen a los incidentes de desacato, así como las actuaciones
judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente
las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando
que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi
esfera personal.
TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud
y las autoridades correspondientes asumir institucionalmente el
cumplimiento de las órdenes judiciales. […]”.
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Asimismo, en el escrito de subsanación, el actor manifestó
expresamente que la presente acción de tutela: “[…] persigue la
inaplicación y levantamiento de las decisiones adoptadas dentro de
los trámites judiciales de incidentes de desacato (sanciones de
arresto y multa), así como la consecuente suspensión y terminación
de las actuaciones adelantadas dentro de los 156 procesos de cobro
coactivo iniciados por la Dirección Seccional de Administración
Judicial para hacer efectivas dichas multas […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO afirmó que la sanción impuesta dentro del
trámite incidental de desacato derivado de la acción de tutela con
radicado núm. 2023-00395-00, tuvo su fundamento legal en el
incumplimiento de la orden de amparo constitucional allí proferida,
no obstante, en atención a la solicitud elevada por el actor en la que
informó su despido sin justa causa de la NUEVA EPS y al
demostrarse que dicha circunstancia sobreviniente le impedía
material y jurídicamente cumplir la disposición impartida, mediante
auto de 22 de octubre de 2025 dio por terminado el incidente
respecto de aquel y, en consecuencia, dispuso el levantamiento de
las sanciones impuestas y que tal determinación se comunicara a la
oficina de cobro coactivo de la DIRECCIÓN SECCIONAL para que
adelantara las actuaciones de su competencia.
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Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones, por considerar que
desaparecieron los supuestos fácticos que dieron origen a la presente
acción constitucional.
I.5.2.- La DIRECCIÓN SECCIONAL solicitó ser desvinculada del
presente trámite, por cuanto no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el actor ni las pretensiones están
ligadas a sus actuaciones.
Igualmente, pidió que, en caso de resultar procedente, se exhorte a
la NUEVA EPS y a las entidades competentes para que, dentro del
ámbito de sus competencias, adopten las medidas administrativas,
presupuestales y financieras necesarias para garantizar el pago
inmediato de las multas judiciales que se encuentran en firme y que
no han sido revocadas, modificadas ni dejadas sin efectos por los
jueces.
I.5.3.- La DEAJ solicitó decretar la acumulación de las acciones de
tutela identificadas con los números de radicado 2026-04017-00,
2026-05399-00, 2026-05347-00, 2026-05466-00, 2026-05475-00,
2026-05468-00, 2026-05474-00, 2026-05341-00, 2026-05373-00,
2026-05403-00, 2026-05449-00, 2026-05383-00, 2026-05381-00 y
2026-05397-00, por tratarse de los mismos hechos y pretensiones,
con el fin de evitar decisiones contradictorias y garantizar los
principios de economía y celeridad procesal de las partes.
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I.5.4.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA pidió ser
desvinculado de la presente acción por falta de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que no es el llamado a responder o
cumplir las órdenes que se expidan con el fin de amparar las
garantías constitucionales del accionante.
I.5.5.- El MINISTERIO - POLICÍA NACIONAL solicitó ser
desvinculado del presente trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto carece de competencia constitucional y
legal para revisar, suspender, modificar, revocar o dejar sin efectos
las providencias judiciales proferidas dentro del incidente de
desacato objeto de la presente acción constitucional.
I.5.6.- La sociedad HEALTH & LIFE IPS S.A.S., afirmó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados ni es la llamada a
responder por las pretensiones del actor, razón por la que solicitó ser
desvinculada de la presente acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por pasiva.
I.5.7.- La NUEVA EPS pidió que se acumule la presente acción de
tutela a la identificada con el número único de radicación 2026-
04017-00, que se tramita ante la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y, además, no acceder a la pretensión del actor tendiente a
que se le imparta a ella una orden particular de gestión
individualizada en favor de sus intereses.
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I.6. Trámite
La presente solicitud de amparo fue presentada el 26 de mayo de
2026 y le correspondió por reparto a la Sección Cuarta de esta
Corporación que de la relación consolidada, aportada con el escrito
de subsanación, advirtió que el actor cuestionaba las sanciones de
multa y arresto impuestas dentro de múltiples incidentes de desacato
tramitados en procesos de tutela autónomos e independientes, cuyo
estudio requería un análisis individual de las circunstancias fácticas
y jurídicas de cada expediente.
En consecuencia, mediante auto de 8 de julio del presente año 7,
admitió la acción únicamente respecto del incidente de desacato
identificado con el radicado 2024-00160-01 y ordenó el desglose de
la demanda y de sus anexos, así como la apertura de cuadernos
separados para cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de
que fueran repartidos y tramitados de manera independiente.
En cumplimiento de esa decisión, la Secretaría efectuó un nuevo
reparto que dio lugar al expediente de la referencia, al que le
correspondió la acción de tutela frente al trámite incidental
identificado con el radicado 2023-00395-01.
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Acción de tutela tramitada bajo el número de radicación 2026-04017-00.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestiones previas
Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará
respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) las solicitudes
de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentadas por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, el
MINISTERIO - POLICÍA NACIONAL, la DIRECCIÓN SECCIONAL
y la sociedad HEALTH & LIFE IPS S.A.S.; y ii) las peticiones de
acumulación de procesos presentadas por la DEAJ y la NUEVA EPS.
i) De la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva
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La Sala advierte que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
el MINISTERIO - POLICÍA NACIONAL, la DIRECCIÓN
SECCIONAL y la sociedad HEALTH & LIFE IPS S.A.S., solicitaron
ser desvinculadas de la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 20068, se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
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Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.
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La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el
MINISTERIO - POLICÍA NACIONAL fueron vinculados en calidad
de accionados dentro del presente trámite, no hay lugar a acceder a
sus peticiones de desvinculación. Asimismo, teniendo en cuenta que
la DIRECCIÓN SECCIONAL es la encargada de tramitar el proceso
de cobro coactivo frente a la sanción impuesta al actor dentro del
incidente de desacato identificado con el número 2023-00116-02,
objeto de la presente acción, y la sociedad HEALTH & LIFE IPS
S.A.S., fue parte accionada dentro del mismo, les asiste interés
directo en las resultas del proceso constitucional de la referencia,
razón por la que la Sala también denegará sus solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y así
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
i) De la solicitud de acumulación
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En cuanto a las solicitudes de acumulación presentadas por la DEAJ
y la NUEVA EPS, la Sala considera que no hay lugar a realizar
pronunciamiento alguno, por cuanto la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, mediante auto de 8 de julio de 2026 proferido dentro del
expediente con radicado 2026-04017-00, dispuso el desglose de la
demanda y la tramitación independiente de cada una de las acciones
de manera separada, al estimar que las sanciones cuestionadas
provienen de incidentes de desacato adelantados en procesos de
tutela autónomos e independientes, cuyo estudio requiere un análisis
individual.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19919. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
libertad, a la dignidad humana, al buen nombre y al principio de
proporcionalidad, los cuales estima vulnerados con ocasión de las
sanciones de arresto y multa impuestas dentro de múltiples
incidentes de desacato adelantados por el incumplimiento de fallos
de tutela proferidos contra la NUEVA EPS, entre ellas, la multa
impuesta dentro del incidente de desacato núm. 2023-00395-01.
A juicio del accionante, dichas sanciones desconocen la
jurisprudencia constitucional sobre la responsabilidad subjetiva en el
trámite incidental, por cuanto carecía de competencia material y
funcional para ejecutar las órdenes impartidas, en la medida en que
durante su vinculación laboral no ostentó la calidad de ordenador del
gasto, no tenía a su cargo la autorización de servicios de salud ni
contaba con facultades administrativas o presupuestales para
garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Sea lo primero advertir que la presente controversia se enmarca en
la crisis estructural que afronta la NUEVA EPS, entidad sometida a
una intervención forzosa administrativa por la
SUPERINTENDENCIA debido al incumplimiento de las condiciones
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financieras y de solvencia y a las deficiencias observadas en la
prestación de los servicios de salud y en el cumplimiento de órdenes
judiciales que le han sido impartidas.
En este punto, cabe señalar que, si bien la presente actuación tiene
por objeto cuestionar las sanciones impuestas en las providencias
proferidas dentro del incidente de desacato identificado con el
radicado 2023-00395-01, la Sala advierte que dichas decisiones no
pueden analizarse de manera aislada del contexto en el que fueron
adoptadas.
En efecto, el expediente de la referencia surge del desglose ordenado
por la Sección Cuarta de esta Corporación respecto de una única
acción de tutela, lo que obedeció a razones de reparto y organización
procesal pero no transformó el problema constitucional de fondo,
pues el actor no cuestiona, exclusivamente, la legalidad de una
determinada decisión incidental, sino la afectación continuada de sus
derechos fundamentales derivada de la imposición sucesiva de
sanciones personales originadas en una misma situación estructural
relacionada con la organización y funcionamiento de la NUEVA EPS.
Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala advierte que las
particularidades del caso permiten flexibilizar los requisitos de
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subsidiariedad10 e inmediatez, comoquiera que, se reitera, la
controversia versa sobre una afectación continuada y actual,
derivada de la imposición sucesiva de múltiples sanciones personales
contra el demandante en el marco de una falla estructural que
atraviesa la citada entidad prestadora del servicio de salud.
Siendo ello así y atendiendo al pronunciamiento de la Corte Suprema
de Justicia en la sentencia STP5789-2026 de 9 de abril de 2026,
frente a un supuesto fáctico sustancialmente análogo, la Sala
procede a estudiar la controversia planteada.
Cabe señalar que el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el actor al imponer y
mantener sanciones de arresto y multa dentro de trámites
incidentales, sin valorar si este contaba con competencia material y
10
Al respecto, es dable traer a colación lo señalado por la Sección Quinta de esta Corporación en un
asunto similar, esto es, en la sentencia de 30 de enero de 2025, dentro de la acción de tutela identificada
con el número único de radicación 2024-04475-00, en la que previo a entrar al fondo del asunto, señaló
que resultaba desproporcionado exigir a los allí demandantes la radicación de las solicitudes de
inaplicación de las sanciones impuestas en cada proceso ante los múltiples incidentes de desacato
promovidos contra EMSSANAR EPS. En efecto: “[…] ante la elevada cantidad de incidentes de
desacato que cursan en contra de los representantes de Emssanar, exigir la interposición de
solicitudes al interior de cada uno de estos trámites representaría una carga
desproporcionada para los accionantes. Como se expuso en el recuento fáctico, los incidentes
y sanciones impuestas se cuentan por miles, lo que exigiría la presentación de solicitudes de
inaplicación en cada uno de los procesos individuales, generando una carga procesal
excesiva que obstaculiza la posibilidad real de defensa de los actores.
Por estas razones, esta Sala encuentra que los accionantes no cuentan con otro mecanismo
de defensa judicial idóneo ni eficaz para perseguir la protección de sus derechos
fundamentales en el marco de esta situación estructural. Así, se supera el requisito de
subsidiaridad de la acción de tutela, puesto que, en atención a las circunstancias particulares
del caso de estudio, solo a través de este mecanismo constitucional se puede buscar la
protección real y efectiva de las garantías constitucionales de los actores […]”. (Resaltado fuera
del texto original).
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funcional y con una posibilidad real de cumplir las órdenes de tutela
cuyo incumplimiento dieron origen a estos, a la luz de la
jurisprudencia constitucional sobre la sanción por desacato y su
finalidad, la responsabilidad subjetiva en el marco de fallas
estructurales y de la crisis estructural y la intervención administrativa
de la NUEVA EPS y, en particular, frente al incidente de desacato
con radicado 2023-00395-01.
La sanción por desacato y su finalidad
Esta potestad correctiva del juez de conocimiento para imponer la
sanción (multa conmutable en arresto), está limitada por dos
requisitos, a saber: i) que se verifique el incumplimiento de la orden
judicial; y ii) que se determine la responsabilidad subjetiva del
demandado en la renuencia para acatarla.
Esta figura se encuentra establecida en el artículo 52 del Decreto
2591 de 19 de noviembre de 199111, en armonía con el artículo 27
ídem, que es del siguiente tenor:
“[…] ARTICULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere
una orden de un Juez proferida con base en el presente Decreto
incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses
y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en
este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica
distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere
lugar.
11
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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La sanción será impuesta por el mismo Juez mediante trámite
incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá
dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción
[…]”.
La jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del
incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí
misma, sino que debe considerarse como una de las formas de
buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a
que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una
sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en
alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de
amparo.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de 23
de mayo de 200312, indicó:
“[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede
implicar que al accionado se persuada o no del cumplimiento de
una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente
de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado
lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción,
deberá acatar la sentencia.
En caso de que se haya adelantado todo el trámite y
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no
se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser
sancionado acatando […]” (Resaltado de la Sala).
Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de
12
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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201513, se refirió a la finalidad del incidente de desacato en los
siguientes términos:
“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada
mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente
núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar el criterio
Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr
el cumplimiento efectivo del fallo que ampara los
derechos fundamentales, como claramente lo ha
dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la
misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con
posterioridad a la resolución del Grado Jurisdiccional de
Consulta […]”.
Ahora bien, para la imposición de la sanción por desacato es
necesario que el juez verifique la existencia de dos elementos, a
saber: el objetivo, que hace referencia al incumplimiento del fallo,
esto es, a que se compruebe que la decisión contenida en el mismo
no ha sido acatada por la persona o entidad responsable; y el
subjetivo, que, dada la naturaleza disciplinaria de la sanción por
desacato, exige establecer que el responsable fue negligente
respecto de su obligación14.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2015, expediente núm. 2015-00542-01, M. P. María Elizabeth García González.
14
En la Sentencia T-763 de 1998, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, la Corte
Constitucional indicó: “[…] Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la
responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber
negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la
responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. […]” (Resaltado fuera del texto).
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Bajo estos presupuestos, la providencia que decide el incidente de
desacato debe precisar con claridad (i) si se incumplió la orden, para
lo cual se debe examinar cuál era la conducta ordenada, quién o
quiénes debían cumplirla y dentro de qué término; y (ii) si existió
responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia para
acatarla. Una vez determinado ello, el juez procede a imponer la
sanción que podrá ser de “arresto hasta de seis (6) meses y multa
hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales”, la cual será
consultada al superior jerárquico, quien deberá decidir sobre la
legalidad de la decisión.
La responsabilidad subjetiva en el marco de fallas
estructurales
La Corte Constitucional ha precisado que la responsabilidad derivada
del desacato es de carácter subjetivo, de modo que la imposición de
sanciones exige verificar las circunstancias particulares del caso y
establecer si la persona investigada contaba con la competencia
funcional y la posibilidad real de cumplir la orden impartida.
En esa línea, la Corte ha reconocido que cuando el incumplimiento se
presenta en el marco de problemáticas estructurales que afectan el
funcionamiento de una autoridad pública o de una entidad encargada
de la prestación de servicios públicos esenciales, el juez del desacato
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debe valorar si las deficiencias obedecen a circunstancias ajenas al
ámbito de decisión del funcionario incidentado. En tales eventos, la
existencia de limitaciones institucionales, administrativas,
presupuestales o funcionales no releva a la entidad del deber de
cumplir los fallos de tutela, pero sí impide trasladar automáticamente
la responsabilidad personal a quien carecía de la capacidad jurídica o
material para hacer efectiva la orden judicial.
Particularmente, en la sentencia SU-034 de 3 de mayo de 201815,
la Corte Constitucional precisó que el desacato no puede fundarse
únicamente en criterios de responsabilidad objetiva y que el juez
debe examinar, entre otros aspectos, el grado de participación del
funcionario, las competencias efectivamente asignadas, la
complejidad de las órdenes impartidas, el contexto institucional en el
que debían ejecutarse y la existencia de una posibilidad real de
cumplimiento. Solo a partir de ese análisis es posible establecer si el
incumplimiento resulta atribuible al presunto desacatador y, por
ende, si es constitucionalmente admisible imponer las sanciones de
arresto y multa previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Sobre el particular, la Alta Corte precisó lo siguiente:
“[…] De lo expuesto, se colige que, al momento de resolver un
incidente de desacato, la autoridad judicial debe tomar en
consideración si concurren factores objetivos y/o subjetivos
15
Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de
tutela por parte de su destinatario.
Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta
variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de
cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de la
orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas
inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la
capacidad funcional de la persona o institucional del órgano
obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la
competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes
de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.
Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o
culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las órdenes, y
(iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al
cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados son
enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación
del cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias
que le permitan evaluar la conducta del obligado en relación
con las medidas protectoras dispuestas en el fallo de tutela
[…]”.
Asimismo, en sentencia T-315 de 18 de agosto de 202016, la Corte
Constitucional reiteró que, cuando el incumplimiento de las órdenes
de tutela obedece a una problemática estructural de una entidad y
no a una conducta dolosa o negligente del funcionario incidentado, el
juez constitucional puede inaplicar, para el caso concreto, las reglas
ordinarias que gobiernan el incidente de desacato, con el fin de evitar
la imposición de sanciones personales que desconozcan el carácter
subjetivo de la responsabilidad y vulneren el derecho al debido
proceso. Frente al asunto, precisó lo siguiente:
16
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 18 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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“[…] En dicha oportunidad, a pesar de que este Tribunal
declaró la improcedencia del amparo deprecado en los casos
concretos estudiados, amparó los derechos fundamentales al
buen nombre y al debido proceso del accionante al constatar
que las sucesivas sanciones por desacato que se le habían
impuesto, tanto en los casos acumulados en ese expediente
como en otros que presentaban los mismos elementos fácticos,
constituían “una afectación de sus derechos al buen nombre,
en la medida en que, efectivamente, dan lugar a que se
proyecte su imagen como la de alguien que negligente o
deliberadamente se abstiene de cumplir las órdenes que se
imparten por los jueces para la protección de los derechos
fundamentales de los afiliados a la Caja, y al debido proceso,
debido a que, por las circunstancias que afronta Cajanal, el
Director se encuentra en la imposibilidad de ejercer la defensa
efectiva en los diversos incidentes de desacato”.
Para llegar a esta conclusión, la Corte valoró que la mora
administrativa que impedía la oportuna atención del derecho
de petición era atribuible a un problema estructural de Cajanal
que crecía, aún más, con la acumulación de tutelas en contra
de la entidad pues, además de tener que resolver el alto
volumen de solicitudes represadas, debía dirigir esfuerzos para
asumir la defensa en los trámites judiciales de tutela que se
promovían cada vez con mayor frecuencia. Y consideró que esa
cadena de sucesos derivaba en la imposición sucesiva de
sanciones de arresto en contra del gerente general por el
desacato a órdenes de tutela que, a pesar de haber sido
proferidas respetando las garantías del debido proceso, los
elementos obrantes en el expediente y la normatividad
aplicable, conllevaba una vulneración a los derechos
fundamentales del sancionado ya que no consideraron la crisis
de Cajanal porque esta circunstancia no podía ser valorada en
cada caso individual. En palabras de la Corte, en casos como el
estudiado “puede predicarse la existencia de una especie de lo
que la jurisprudencia había denominado “vía de hecho por
consecuencia”, puesto que no obstante que las decisiones
judiciales, son, como se ha dicho, correctas individualmente
consideradas, comportan una violación de los derechos del
afectado, que resulta, no de una actitud contraria a derecho de
los jueces, sino de una situación estructural no susceptible de
apreciarse en los casos concretos”.
En este sentido, estableció que “cuando hay un problema
estructural no cabe el desacato en los casos individuales,
por ausencia de responsabilidad subjetiva”, lo que pone
de presente que “en situaciones como esa, deben
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alterarse las reglas que gobierna el trámite de los
incidentes de desacato, porque exigir la oportuna
intervención de la entidad para justificar la mora como
manera de obviar la sanción, desconoce la realidad del
problema estructural” […]” (Resaltado de la Sala).
Así, la jurisprudencia constitucional no ha establecido una
exoneración general de responsabilidad frente a entidades que
atraviesan crisis estructurales, sino que ha exigido que, en esos
contextos, el juez del desacato realice un examen particularmente
riguroso sobre la atribución subjetiva de la conducta, evitando
sancionar a funcionarios que, pese a ostentar una determinada
posición dentro de la entidad, carecían de competencia material y
funcional para superar las causas que dieron lugar al incumplimiento
del fallo de tutela.
Igualmente, mediante sentencia de tutela de 6 de octubre de
202517, al resolver la impugnación frente a un caso con similitudes
fácticas y jurídicas al presente, la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO estudió la
problemática asociada a la falla estructural que atraviesa
EMSSANAR EPS S.A.S., para lo cual consideró que: “[…] desde una
perspectiva global o panorámica del contexto analizado, el
incumplimiento de los fallos de tutela que ampararon derechos
fundamentales no resulta atribuible a la negligencia o al dolo de las
17
Expediente identificado con el número de radicación 2024-04475-02. M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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personas encargadas de acatarlos, sino a los problemas
institucionales profundos de la EPS que imposibilita su correcto
funcionamiento y la atención oportuna de las dificultades en salud
que presenten sus afiliados […]”.
En esa oportunidad, se modificó la decisión del a quo y, en su lugar,
se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al buen nombre de los allí
accionantes. Asimismo, se confirmó la suspensión durante un año de
las sanciones por desacato que tenían en su contra y la orden relativa
a la elaboración de un plan de acción que, entre otros elementos,
relacionara medidas concretas orientadas a superar el cumplimiento
de las órdenes de tutela presentadas contra EMSSANAR EPS S.A.S.,
priorizando a los pacientes en grave e inminente riesgo, así como los
servicios requeridos para la atención de sujetos de especial
protección constitucional.
Para el efecto, en dicha providencia se concluyó lo siguiente:
“[…] 3.5. Conclusiones
203. La Sección Quinta del Consejo de Estado amparó en la
sentencia del 30 de enero de 2025 los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia de Emssanar EPS SAS y de los señores César
Augusto Sánchez Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez, José
Edilberto Palacios Landeta, Luis Eduardo Vila Barrios, Melchor
Alfredo Jacho Mejía, Nancy Rocío Caicedo España, Óscar
Jovanny Valencia Manchego, Richard Javier Mideros Luna,
Sirley Burgos Campiño, María Alejandra Benavides Piando,
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Víctor Hugo Labrador Rincón, Luis Carlos Arboleda Mejía,
Marizol Guzmán Gaspar, Camilo Andrés Sánchez Valencia,
Johana Andrea Mesías Narváez y Dayanna Carolina Hernández
Rico.
204. Esta Sala modificará esa decisión en atención a las
consideraciones realizadas por la Corte Constitucional en las
sentencias T-1234 de 2008 y T-315 de 2020, en el sentido de
amparar los siguientes derechos fundamentales de todos los
accionantes:
i) Al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por cuanto la crisis estructural de la EPS analizada
en esta sentencia y sus consecuencias impiden que
ejerzan una debida defensa judicial de sus derechos
dentro de los trámites de desacato, lo cual, como se
indicó, no resulta reprochable a los jueces que han
conocido los trámites incidentales.
ii) Al buen nombre, en la medida en que la imagen de los
tutelantes se proyecta como la de una EPS y de personas
negligentes que deliberadamente incumplen los fallos de
desacato, no obstante que, se reitera, dicho
incumplimiento es el resultado, en términos generales, de
la crisis estructural financiera, técnica-científica y
operativa de la entidad.
205. Es este punto, la Sala considera pertinente advertir que el
amparo previsto en esta providencia abarca a Emssanar EPS
SAS y a los demás accionantes, y se extiende a cualquier
persona que esté vinculada a la entidad o lo haya estado, y que
haya sido sancionada por el incumplimiento de fallos de tutela
con ocasión de las funciones que tuviera asignadas en virtud
de su vinculación, en el contexto analizado en esta
oportunidad.
206. No se trata, pues, de la protección de derechos de
personas que no hayan comparecido a este trámite
constitucional en la condición de parte accionante o de terceros
vinculados, sino de la irradiación de los efectos del amparo a
los derechos de la EPS, en la medida en que, lo que busca el
juez de tutela, en términos generales, además de salvaguardar
garantías fundamentales, es recuperar la finalidad del trámite
incidental de desacato en el caso concreto y de lograr la menor
afectación de los derechos de todos los afiliados.
207. De esta manera pueden ser encauzados los esfuerzos de
la EPS y de cada uno de sus empleados a realizar las gestiones
necesarias para superar la crisis estructural que afronta la
entidad.
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208. Por los motivos hasta aquí presentados, esta Subsección
observa que se dan las condiciones requeridas para inaplicar la
«la regla conforme a la cual, en los incidentes de desacato el
incumplimiento objetivo de la orden de tutela impone al
destinatario de la misma la carga de explicar su conducta
omisiva como presupuesto para evitar la sanción». […]”.
Asimismo, recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia STP5789-2026 de 9 de
abril de 2026, resolvió un asunto con identidad fáctica y jurídica al
que ahora ocupa la atención de la Sala, en el que amparó los
derechos fundamentales de la señora SALOMÉ HENAO GONZÁLEZ,
quien promovió una acción de tutela contra las sanciones de arresto
y multa impuestas dentro de distintos incidentes de desacato con
ocasión del ejercicio del cargo de gerente regional noroccidente de la
NUEVA EPS, al establecer que la responsabilidad derivada del
desacato no podía fundarse en criterios objetivos, sino que exigía
verificar la competencia funcional y la posibilidad real de cumplir la
orden judicial y debía tener en cuenta la crisis estructural que afronta
la citada entidad.
En la citada providencia se precisó lo siguiente:
“[…] Así las cosas, la sola constatación de la falla estructural de
la Nueva EPS, la multiplicidad de sanciones por desacato que
recaen en contra de la actora, sumado al tiempo en que se
desempeñó en la entidad, develan la presencia de uno de
aquellos eventos en los que, el análisis integral de la situación
desdibuja la responsabilidad subjetiva en decisiones que, desde
su individualidad, pueden predicarse formalmente válidas.
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No se cuestiona -ni se hace necesario revisar- la validez de las
órdenes de desacato individualmente impuestas en contra de la
actora; lo que se advierte es que las sanciones no son el
producto de incumplimientos atribuibles a su gestión particular,
sino la expresión acumulada de una crisis institucional
preexistente a su vinculación, que motivó la intervención forzosa
administrativa de la entidad desde el 3 de abril de 2024, esto es,
más de un año antes de que Salomé Henao González iniciara sus
funciones.
La situación de la Nueva EPS, acreditada documentalmente en
el expediente, evidencia que las áreas encargadas de autorizar
servicios de salud, gestionar la contratación de red y ejecutar las
decisiones judiciales dependen de la intervención que, desde el
año 2024, se ordenó, con la adopción de medidas que superan
la capacidad funcional de una gerente regional.
De suerte que la representación que ostentaba la actora, el poco
tiempo en que estuvo y la crisis institucional de orden estatal se
ofrecen como un haz de elementos que torna difícil – por no decir
imposible- el cumplimiento de las distintas órdenes de tutela.
Esa circunstancia, por sí sola, devela un escenario en el que el
elemento subjetivo no se halla presente, presupuesto
indispensable para la vigencia de la sanción por desacato.
Así, resulta constitucionalmente inadmisible que el peso de una
falla sistémica que el propio Estado reconoció al decretar la
intervención, y que ningún funcionario individual estaba en
condiciones de revertir en el corto plazo, recaiga sobre quien
carecía de toda capacidad de cara al cumplimiento de los fallos
de tutela.
Y es que la sola existencia de un número plural y excesivo de
sanciones por desacato habla de la imposibilidad objetiva en que
se encontraba la accionante para dar cumplimiento a las órdenes
judiciales, pues ningún análisis racional de responsabilidad
individual puede sostener que una persona, en ejercicio de un
cargo regional y durante un período de apenas tres meses, haya
podido incurrir voluntaria o negligentemente en semejante
volumen de incumplimientos.
De esa manera, aunque las decisiones de desacato puedan estar
revestidas de legalidad, el escenario global y sistemático, así
advertido, es el que lesiona los derechos superiores de Salomé
Henao González, pues las sanciones impuestas, lejos de lograr
el cometido persuasivo, se terminan convirtiendo en un castigo
imposible de soportar para quien, desde su individualidad, poco
y nada puede hacer de cara a un problema que supera su
capacidad.
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Por lo tanto, en aplicación de las pautas de índole constitucional
que informan esta decisión, habrán de ampararse los derechos
fundamentales al debido proceso, a la libertad y a la dignidad
humana de Salomé Henao González. En consecuencia, se
levantarán las órdenes de arresto y multa que recaen en contra
de la accionante.
En este caso, el levantamiento no es transitorio, sino definitivo,
pues en la actualidad la accionante ya no hace parte de la Nueva
EPS, por lo que no tiene capacidad de cumplir, ulteriormente,
con alguna orden que se le imponga […]”.
Precisado lo anterior, se tiene que el actor aduce la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la
dignidad humana, al buen nombre y al principio de proporcionalidad,
ante las sanciones que le han sido impuestas por el incumplimiento
de las órdenes de tutela dadas a la NUEVA EPS, por cuanto, a su
juicio, carece de competencia material y funcional para cumplirlas,
además de que las mismas obedecen a una problemática estructural
de la entidad y no a una conducta dolosa o negligente de su parte.
Revisado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala
advierte que el actor con el escrito de tutela aportó una relación de
los procesos incidentales en los que se le ha impuesto sanciones de
multa y arresto, las cuales dieron origen a 156 procesos de cobro
coactivo por un valor aproximado de $755.861.340,33, dentro de los
que se encuentra el trámite incidental identificado con el número
2023-00395-01, objeto de la presente acción.
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Ahora, la Sala advierte que la presente controversia se desarrolla en
un contexto institucional excepcional, caracterizado por la crisis
estructural que atraviesa la NUEVA EPS y que ha sido reconocida
por la SUPERINTENDENCIA mediante diversos actos
administrativos18 que han ordenado su intervención administrativa
forzosa desde el año 2024, los cuales se relacionan a continuación:
• Mediante la Resolución núm. 2024160000003012-6 de 3 de
abril de 2024, la SUPERINTENDENCIA ordenó la toma de
posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la
NUEVA EPS y dispuso su intervención forzosa administrativa
para administrar la entidad, al constatar el incumplimiento del
régimen de condiciones financieras y de solvencia, así como
graves deficiencias en la garantía de la prestación de los
servicios de salud. Entre los hallazgos se identificó un bajo nivel
de cumplimiento en la atención de peticiones, quejas y
reclamos y, especialmente, un cumplimiento del 0 % en la
gestión de los requerimientos judiciales, circunstancia que
evidenciaba serias falencias para atender oportunamente las
órdenes impartidas por las autoridades judiciales.
• Posteriormente, a través de la Resolución núm.
2025320030001956-6 de 2 de abril de 2025, la
18
Dichos actos administrativos pueden ser consultados en el siguiente enlace
https://www.supersalud.gov.co/es-co/normatividad/resoluciones#k=, conforme lo autoriza el artículo
177 del CGP.
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Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
SUPERINTENDENCIA prorrogó la medida de intervención al
concluir que persistían las causas que la motivaron y reiteró el
incumplimiento de los indicadores financieros y patrimoniales;
evidenció un incremento significativo en las reclamaciones de
los usuarios relacionadas con la oportunidad y continuidad en
la prestación de los servicios de salud; y destacó que durante
el primer año de intervención se había presentado un aumento
en las acciones de tutela e incidentes de desacato promovidos
contra la NUEVA EPS.
• Por medio de las resoluciones núms. 2025320030006237-6 de
31 de julio y 2025320030006459-6 de 6 de agosto de 2025, la
SUPERINTENDENCIA adoptó y, posteriormente, ajustó
medidas cautelares encaminadas a fortalecer el control sobre
el flujo de los recursos públicos administrados por la EPS, tras
advertir un rezago estructural en el procesamiento de cuentas
médicas, un incremento significativo de anticipos sin legalizar,
afectaciones a la red prestadora por falta de pagos oportunos
y la ausencia de mecanismos eficaces de control financiero.
• Mediante la Resolución núm. 2026320030000631-6 de 30 de
enero de 2026, la autoridad de vigilancia mantuvo, en lo
esencial, dichas medidas cautelares y reforzó el esquema de
control sobre la administración de los recursos de la entidad.
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• Finalmente, con la Resolución núm. 2026100000003814-6 de
10 de abril de 2026, dispuso una nueva intervención
administrativa sobre la NUEVA EPS, manteniendo su
administración forzosa hasta abril de 2027, al considerar que
persistían las circunstancias que comprometían su estabilidad
financiera, administrativa y operativa.
Lo anterior pone de manifiesto que la NUEVA EPS continúa sometida
a una intervención forzosa administrativa y a un estricto esquema de
vigilancia y control por parte de la SUPERINTENDENCIA,
circunstancia que constituye un elemento relevante para valorar las
condiciones institucionales en las que se produjo el incumplimiento
de las órdenes de tutela y, particularmente, para determinar si las
sanciones impuestas al actor respetaron el principio de
responsabilidad subjetiva que rige el incidente de desacato.
Así las cosas, la Sala advierte que en atención a que se encuentra
acreditada la situación de falla estructural que atraviesa la NUEVA
EPS, lo cual dio lugar precisamente a la presente acción de tutela,
de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional,
en principio, sería del caso estudiar si en el presunto asunto resulta
aplicable el criterio adoptado por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en la precitada citada sentencia STP5789-
2026 de 9 de abril de 2026.
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No obstante, pese a que el actor en el escrito de tutela cuestiona las
múltiples sanciones que le han sido impuestas en los distintos
incidentes de desacato adelantados en su contra, teniendo en cuenta
el desglose ordenado por la Sección Cuarta de esta Corporación
explicado en líneas anteriores, resulta necesario estudiar las
circunstancias particulares de cada proceso, razón por la que la Sala
entrará a verificar lo atinente al trámite incidental núm. 2023-
00395-01, objeto de la presente acción.
Al respecto, la Sala encuentra que dentro del citado proceso el
JUZGADO y el TRIBUNAL profirieron las providencias de 23 de
enero y 5 de febrero de 2024, respectivamente, a través de las cuales
se le impuso al demandante, en calidad de gerente zonal Tolima de
la NUEVA EPS, una sanción consistente en multa equivalente a un
(1) salario mínimo mensual legal vigente, por desacato al fallo de
tutela proferido el 27 de noviembre de 2023.
Posteriormente, el 7 de octubre de 2025, el actor solicitó ante el
JUZGADO la inaplicación de la sanción impuesta, entre otros, dentro
del mencionado trámite incidental, indicando que desde el 3 de
octubre de ese año fue notificado de su despido sin justa causa de la
NUEVA EPS, lo que le impedía material y jurídicamente el
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cumplimiento de las órdenes emitidas en los respectivos fallos de
tutela.
En atención a la solicitud de inaplicación, el JUZGADO profirió el
auto de 22 de octubre de 2025 en el que dispuso dar por
terminado el incidente respecto del señor LOZANO PARGA y, por
ende, ordenó el levantamiento de las sanciones impuestas y que tal
determinación se comunicara a la oficina de cobro coactivo de la
DIRECCIÓN SECCIONAL, en los siguientes términos:
“[…] Así las cosas, encuentra el despacho que, si bien el
solicitante en su momento se desempeñó como Gerente Zonal
Tolima de la NUEVA EPS, esto es en el momento que se le
impuso la sanción por el incumplimiento de los fallos de tutela
referenciados, la realidad es que aconteció una circunstancia
sobreviniente, como lo es su despido como Gerente Zonal, lo
cual le impide adelantar cualquier actuación tendiente al
cumplimiento del amparo, que es la finalidad perseguida con la
imposición de este tipo de sanciones.
Por lo tanto, en virtud de lo enunciado el Despacho procederá
a dar por terminado el presente incidente en lo que respecta al
señor WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, ordenando
consecuencialmente el levantamiento de las sanciones
impuestas, previa constancia del caso en el Sistema de
información SAMAI.
De lo anterior, comuníquese la decisión a la oficina de Cobro
coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial.
[…]”.
Lo anterior pone de manifiesto que en lo que respecta al trámite
incidental 2023-00395-01, objeto de la presente acción,
actualmente no existen sanciones vigentes contra el actor, pues,
como quedó visto, por decisión judicial de 22 de octubre de 2025 se
ordenó el levantamiento de estas, es decir, con antelación a la
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radicación de la acción de tutela de la referencia, lo que impone a la
Sala denegar el amparo solicitado y así se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ y la
sociedad HEALTH & LIFE IPS S.A.S., por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
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para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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