RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05390-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05390-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05390-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y la Superintendencia Nacional de Salud, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y buen nombre del accionante, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: ORDENAR al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué que proceda al levantamiento de la sanción por desacato impuesta al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga dentro del incidente de desacato identificado con el radicado 73001 31 05 005 2024 00119 00/01. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00 Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué que adelante las actuaciones necesarias para la terminación del proceso de cobro coactivo derivado exclusivamente de la sanción objeto de la presente acción de tutela. QUINTO: ORDENAR a la Nueva EPS S.A., por conducto de su agente interventor, y a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el marco de sus respectivas competencias y dentro de un término no superior a sesenta (60) días calendario, presenten ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué un plan de acción institucional que contenga medidas concretas dirigidas a procurar el cumplimiento efectivo y progresivo de la orden de tutela impartida en el expediente identificado con el radicado núm. 73001 31 05 005 2024 00119 00/01, cuyo incumplimiento dio lugar al incidente de desacato objeto de la presente acción. SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05390-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial dictada en incidente de
desacato
Decisión: Ampara y ordena levantamiento de sanciones

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a resolver la acción de tutela promovida por el señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga, en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué; la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; la
Superintendencia Nacional de Salud; la Nueva E.P.S., y el Agente Interventor de la Nueva
E.P.S., con ocasión de las decisiones adoptadas en el incidente de desacato adelantado
en la tutela identificada con el radicado núm. 73001 31 05 005 2024 00119 00/01, la cual
fue tramitada ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Wilmar Rodolfo Loznao Parga, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de las precitadas autoridades/entidades, y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:

PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO
Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos
en contra del accionante en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE IVAN
OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las
órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así
como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir
institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos,
evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera
personal.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05390 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las
órdenes judiciales. (SIC a toda la cita).

2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante señaló que estuvo vinculado laboralmente a la Nueva EPS entre el 23 de
noviembre de 2013 y el 3 de octubre de 2025, desempeñando los cargos de gerente
zonal del Tolima y administrador de la sede de Ibagué.

Indicó que, durante su vinculación, otorgó poder al área jurídica para atender las acciones
de tutela e incidentes de desacato, sin que ello implicara facultades de dirección,
ordenación del gasto ni manejo de recursos para garantizar el cumplimiento de las
órdenes judiciales impartidas por las autoridades judiciales.

Manifestó que las decisiones relacionadas con la contratación de la red de prestadores,
la autorización de servicios, los pagos y el cumplimiento de los fallos de tutela eran
adoptadas por el nivel central de la E.P.S. en Bogotá, razón por la cual carecía de
competencia funcional y capacidad material para ejecutar las órdenes impartidas por los
jueces constitucionales. Agregó que las notificaciones judiciales eran recibidas
directamente por el área jurídica de la entidad y no en su correo personal.

Expuso que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución núm.
2024160000003012-6 de 3 de abril de 2024, ordenó la intervención forzosa de la Nueva
E.P.S. S.A. al advertir deficiencias de carácter financiero, administrativo y operativo, así
como dificultades en la atención de requerimientos judiciales. A su juicio, dicha situación
reflejaba una problemática estructural de la entidad que impedía atribuirle, a título
personal, los incumplimientos derivados de las órdenes de tutela.

Adujo que, mediante la Resolución núm. 030 del 30 de diciembre de 2025, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial decretó el embargo y posterior secuestro
de sus bienes y cuentas bancarias, como consecuencia de 156 procesos de cobro
coactivo derivados de sanciones de multa impuestas en incidentes de desacato por un
valor total de $755.861.340.33. Añadió que, pese a haber sido desvinculado de Nueva
E.P.S. S.A. desde el 3 de octubre de 2025, continúa siendo vinculado a incidentes de
desacato y objeto de nuevas sanciones por hechos que atribuye a fallas estructurales de
la entidad.

Como fundamento de la acción de tutela, aseguró que las sanciones de arresto y multa
impuestas en su contra dentro de múltiples incidentes de desacato vulneran su derecho
fundamental al debido proceso, por cuanto, en su criterio, fueron adoptadas sin verificar
su responsabilidad personal ni la posibilidad real de cumplir las órdenes judiciales objeto
de seguimiento. Reiteró que no contaba con facultades decisorias, manejo presupuestal
ni competencia para autorizar servicios de salud o disponer de los recursos necesarios
para ejecutar las órdenes impartidas en sede de tutela, funciones que, según indicó,
correspondían a otras dependencias de la entidad promotora de salud.

Alegó que la imposición de dichas sanciones desconoce la jurisprudencia constitucional,
según la cual el incidente de desacato exige un análisis de la responsabilidad subjetiva
del presunto incumplimiento y no puede convertirse en un mecanismo de responsabilidad
objetiva, especialmente cuando el incumplimiento obedece a una imposibilidad material
o jurídica derivada de fallas estructurales de la entidad obligada. Para sustentar esta tesis,

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

citó las sentencias T-1234 de 2008, SU-034 de 2018 y T-315 de 2020 de la Corte
Constitucional.

De igual forma, argumentó que la intervención forzosa de la Nueva E.P.S. S.A. por parte
de la Superintendencia Nacional de Salud evidenció una crisis estructural, financiera y
operativa que impedía el cumplimiento oportuno de las órdenes de tutela. En ese
contexto, consideró que resulta contrario a la Constitución Política trasladar a su esfera
personal las consecuencias de incumplimientos institucionales que escapaban de su
voluntad y de sus competencias funcionales.

Igualmente, invocó como precedente la sentencia STP5789-2026 de la Corte Suprema
de Justicia, en la que, según afirmó, se ampararon los derechos fundamentales de una
exgerente regional de Nueva E.P.S. S.A. y se ordenó el levantamiento de las sanciones
de arresto y multa impuestas en su contra, así como de los procesos de cobro coactivo
derivados de ellas. Advirtió que dicho precedente resulta aplicable a su situación por
tratarse de circunstancias fácticas que considera sustancialmente similares a las de su
caso.

Finalmente, arguyó que las decisiones cuestionadas vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la libertad personal y a la dignidad humana, al
imponerle reiteradas sanciones patrimoniales y personales por incumplimientos que
atribuye a la crisis institucional de la Nueva E.P.S. S.A., afectando de manera
desproporcionada su patrimonio y manteniendo las medidas sancionatorias incluso
después de haber finalizado su vínculo laboral con la entidad.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 22 de mayo de 20262 y correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo del Tolima, autoridad judicial que, mediante auto del 25 de mayo de 20263
ordenó remitir la acción de tutela a la Sala o Sección correspondiente del Consejo de
Estado o de la Corte Suprema de Justicia.

En virtud de lo anterior, la acción de tutela correspondió por reparto a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, y se le asignó el radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04017 00.

El despacho de conocimiento de la Sección Cuarta de esta Corporación profirió auto de
1 de junio de 20264 mediante el cual requirió al accionante para que precisara, si la acción
de tutela se dirigía a controvertir las decisiones adoptadas dentro de los trámites judiciales
de los incidentes de desacato en los que se impusieron las sanciones de multa y arresto
en su contra o, las actuaciones adelantadas dentro de los procesos de cobro coactivo
iniciados para hacer efectivas dichas sanciones, o ambos asuntos.

El accionante allegó escrito de subsanación en el que expuso lo siguiente5:

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05390 00.
3 Ibidem.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04017 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04017 00.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

[…] manifiesto expresamente que la presente acción de tutela se dirige a
controvertir ambos asuntos: persigue la inaplicación y levantamiento de las
decisiones adoptadas dentro de los trámites judiciales de incidentes de
desacato (sanciones de arresto y multa), así como la consecuente suspensión
y terminación de las actuaciones adelantadas dentro de los 156 procesos de
cobro coactivo iniciados por la Dirección Seccional de Administración Judicial
para hacer efectivas dichas multas […].

Por auto del 24 de junio de 20266, el despacho de conocimiento de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado requirió por segunda vez al accionante para que individualizara los
procesos de tutela respecto de los cuales presenta sus inconformidades, indicando la
autoridad judicial que profirió la decisión, el número de radicación del proceso de tutela y
la sentencia correspondiente.

Mediante escrito radicado el 30 de junio de 20267, el accionante dio respuesta al precitado
requerimiento haciendo una relación de cada juzgado accionado, indicando el radicado
del proceso de origen y la fecha de la providencia cuestionada.

Por auto del 8 de julio de 20268, el despacho de conocimiento de la Sección Cuarta de
esta Corporación admitió la acción de tutela 2026 04017 00, respecto de los reproches
dirigidos contra la sanción de multa y arresto impuestas al accionante en el expediente
identificado con el radicado núm. 2024 00160 00.

Adicionalmente, la citada providencia ordenó a la Secretaría General del Consejo de
Estado desglosar la acción de tutela y sus anexos y abrir cuadernos separados para cada
uno de los procesos cuestionados, con el fin de que cada actuación fuese sometida a
reparto y tramitada de forma independiente.

El 10 de julio de 20269, la Secretaría General de esta Corporación expidió constancia de
desglose de la tutela y sus anexos para ser sometida a reparto.

3.2. Por acta de reparto del 14 de julio de 202610, se asignó a esta Sección la presente
acción de tutela, en contra del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué con ocasión
del incidente de desacato identificado con el radicado núm. 73001 31 05 005 2024 00119
00/01.

3.3. Mediante providencia del 16 de julio de 202611 se admitió la acción de tutela y se
dispuso notificar12 al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué; a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; a la

6 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 4017 00.
7 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 4017 00.
8 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 4017 00.
9 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 4017 00.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 5390 00.
11 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05390 00.
12 Esta orden se cumplió el 21 de julio de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05390 00.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Superintendencia Nacional de Salud; a la Nueva E.P.S., al Agente Interventor de la Nueva
E.P.S. S.A. y al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué.

De igual forma, se requirió al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué para que
allegara copia digital del expediente correspondiente al incidente de desacato identificado
con radicado núm. 73001 31 05 005 2024 00119 00/01.

3.4. Mediante providencia del 4 de agosto de 202613, el despacho sustanciador ordenó
vincular al presente trámite constitucional a la señora Fanny Huertas Urueña, al señor
Julio Alberto Rincón Ramírez, en su condición de agente interventor designado para la
administración de Nueva E.P.S. S.A., y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué,
por cuanto tuvieron intervención en el trámite incidental de desacato objeto de debate.

3.5. El Consejo Superior de la Judicatura14 allegó respuesta en la que adujo que carecía
de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que los hechos cuestionados en la
acción de tutela no eran atribuibles a esa Corporación, sino a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, particularmente a la División de Cobro Coactivo o a las
Direcciones Seccionales competentes. Por ello, solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al estimar que dichas dependencias son las legalmente llamadas
a responder por las actuaciones administrativas objeto de controversia.

3.6. La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Ibagué15 presentó contestación en la
que solicitó que se desestimaran las pretensiones formuladas en su contra y se declare
su falta de responsabilidad frente a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, al sostener que no intervino en la imposición de las
sanciones de arresto y multa ni tiene competencia para revisar, modificar, suspender o
dejar sin efectos las decisiones judiciales adoptadas dentro del incidente de desacato.

Precisó que su eventual intervención se limita al cumplimiento de las órdenes judiciales
que le sean comunicadas por la autoridad competente, razón por la cual solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional.

3.7. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué16 presentó
respuesta en la que explicó que, en cumplimiento de sus competencias legales, inició y
adelanta el proceso de cobro coactivo de la multa de $6.500.000 impuesta al aquí
accionante dentro del incidente de desacato radicado núm. 2024 00119 00.

Sostuvo que carece de competencia para inaplicar, modificar o dejar sin efectos la
sanción judicial allí impuesta y que su actuación se limita a adelantar las actuaciones
tendientes a hacer efectivo su pago. Por ello, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela y su desvinculación, al considerar que no incurrió en acciones u omisiones
vulneradoras de los derechos fundamentales invocados.

13 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05390 00.
14 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05390 00.
15 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05390 00.
16 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05390 00.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

3.8. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué17 relató las actuaciones surtidas
dentro del incidente de desacato promovido contra la Nueva E.P.S. S.A., en el que se
sancionó al accionante y al señor Julio Alberto Rincón Ramírez con arresto domiciliario y
multa; medidas que fueron confirmadas en grado de consulta.

Precisó que, respecto del accionante, se negó la solicitud de dejar sin efectos las
sanciones, pues estas obedecieron a su omisión personal mientras ejercía como gerente
zonal Tolima y contaba con la posibilidad de adelantar actuaciones para cumplir el fallo
de tutela que originó la controversia. Sostuvo que su posterior desvinculación del cargo
no implica la pérdida de eficacia de una sanción impuesta con observancia del debido
proceso que adquirió firmeza.

En consecuencia, afirmó que no vulneró los derechos fundamentales del accionante,
pues las actuaciones adelantadas por ese despacho han estado dirigidas a garantizar el
cumplimiento de la orden de tutela y la efectividad de las sanciones impuestas.

3.9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial18, allegó informe en el que
manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la controversia
planteada se relaciona directamente con el proceso de cobro coactivo adelantado por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, entidad competente
para recaudar la multa impuesta al accionante.

Puntualizó que este no ha presentado solicitud alguna ante la DEAJ relacionada con
dicha situación, razón por la cual solicitó declarar improcedente la acción de tutela
respecto de esa entidad y ordenar su desvinculación del presente trámite constitucional.

3.10. La Superintendencia Nacional de Salud19 allegó respuesta en la que solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, al sostener que carece de legitimación en la
causa por pasiva.

Explicó que la controversia se dirige contra actuaciones de autoridades judiciales y no
contra una acción u omisión atribuible a esa entidad, cuyas funciones de inspección,
vigilancia y control dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud no guardan
relación con los hechos y pretensiones de la tutela.

En consecuencia, afirmó que no es responsable de los hechos cuestionados ni cuenta
con competencia material para cumplir las órdenes solicitadas, por lo que consideró que
no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante.

3.11. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y los señores Fanny Huertas
Urueña y Julio Alberto Rincón Ramírez, guardaron silencio.

17 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05390 00.
18 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05390 00.
19 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05390 00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 20 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,21 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202122, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201923, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

La Sala observa que el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional – Policía
Metropolitana de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué y la Superintendencia Nacional
de Salud solicitaron, en sus respectivos informes, su desvinculación del presente trámite
constitucional.

Al respecto, se considera que no hay lugar a acceder a dichas solicitudes, toda vez que
las mencionadas autoridades fueron vinculadas al trámite por cuanto el accionante las
señaló como presuntas responsables de la vulneración de los derechos fundamentales
alegados.

En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria, no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
salvaguardar los principios de contradicción y defensa, permitiéndoles ejercer su derecho
de defensa y pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.

4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:

4.3.1. La señora Fanny Huertas Urueña promovió incidente de desacato contra la Nueva
E.P.S. S.A. y Droguerías Colsubsidio, al considerar incumplida la orden impartida en la
sentencia de tutela proferida el 30 de abril de 2024 por el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Ibagué, en la que se dispuso lo siguiente:

PRIMERO: AMPARAR el derecho a la salud de FANNY HUERTAS URUEÑA.

SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS en cabeza de su representante legal
y encargado del cumplimiento de órdenes judiciales WILMAR RODOLFO

20 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
21 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
22 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
24 Lo que se desprende del expediente del incidente de desacato identificado con radicado núm. 73001 31

05 005 2024 00119 00/01.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

LOZANO PARGA o quien haga sus veces, que dentro del término
improrrogable de cinco (5) días siguientes a la notificación de este fallo,
proceda -si no lo hubiese hecho antes- a SUMINISTRAR en favor de FANNY
HUERTAS URUEÑA del medicamento denominado AMLODIPINO +
HIDROCLOROTIAZIDA 5/12.5 MG TABLETA, conforme fue señalado por su
médico tratante.

4.3.2. Mediante providencia del 5 de junio de 202425, el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Ibagué requirió a las accionadas para que informaran las acciones
adelantadas tendientes a dar cumplimiento a la orden impartida y referida en el numeral
anterior.

4.3.3. Mediante escrito del 12 de junio de 2024, la Nueva E.P.S. S.A. allegó respuesta al
requerimiento y solicitó que, para efectos del cumplimiento de los fallos de tutela y de la
responsabilidad subjetiva, se tuviera en cuenta la Resolución núm. 2024160000003012-
6 de 3 de abril de 2024, mediante la cual se ordenó la intervención forzosa administrativa
de la referida empresa promotora de salud.

4.3.4. A través de providencia del 17 de junio de 202426, el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Ibagué admitió el incidente de desacato contra el aquí accionante y el agente
interventor de Nueva E.P.S. S.A.

4.3.5. Mediante auto del 28 de junio de 202427, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Ibagué decretó pruebas y dispuso lo siguiente:

Parte incidentante: Se tiene como prueba la documental que acompañó la
solicitud de incidente (archivo pdf 001).

Parte incidentada: Se tiene como prueba el archivo obrante en el pdf 013

Como quiera que el soporte de entrega del medicamento aportado por la Nueva
EPS data de una fecha anterior a la de la solicitud del incidente de desacato,
se les requiere para que en el término de (03) días se sirvan allegar el
comprobante de entrega del mes de junio de los corrientes.

Adicionalmente, se le solicita a la parte actora que, en el mismo término antes
indicado, se sirva informar al Despacho si aún se encuentra pendiente la
autorización o entrega del medicamento conforme a lo señalado por su médico
tratante, allegando los soportes documentales de la formulación.

4.3.6. Mediante escrito del 16 de julio de 2024, la Nueva E.P.S. S.A. reiteró su solicitud
de que, para efectos del cumplimiento de los fallos de tutela y de la responsabilidad
subjetiva, se tuviera en cuenta la Resolución núm. 2024160000003012-6 de 3 de abril de
2024, mediante la cual se ordenó la intervención forzosa de dicha entidad.

25 Notificado el 7 de junio de 2024 a los correos electrónicos secretaria.general@nuevaeps.com.co y
wilmar.lozano@nuevaeps.com.co.
26 Notificado el 19 de junio de 2024 a los correos electrónicos secretaria.general@nuevaeps.com.co y

wilmar.lozano@nuevaeps.com.co.
27 Notificado el 28 de junio de 2024 a los correos electrónicos secretaria.general@nuevaeps.com.co y

wilmar.lozano@nuevaeps.com.co.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

4.3.7. Mediante auto del 19 de julio de 202428, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Ibagué resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR que WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA,
identificado con C.C. No. (…) como Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS
S.A. y JULIO ALBERTO RINCÓN RAMÍREZ identificado con C.C. No. (…)
como Agente interventor designado para la administración de la Nueva EPS,
incurrieron en desacato de la sentencia proferida por este Despacho el 30 de
abril de 2024, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.

SEGUNDO: IMPONER a WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, identificado
con C.C. No. (…) en calidad de Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS S.A. y
a JULIO ALBERTO RINCÓN RAMÍREZ identificado con C.C. No. (…) en
calidad de Agente interventor designado para la administración de la Nueva
EPS, sanción de tres (3) días de arresto domiciliario y multa equivalente a cinco
(5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dicha multa deberá ser
consignada en la cuenta corriente No.3-0070-000030-4 multas y cauciones,
Consejo Superior de la Judicatura, del Banco Agrario de Colombia de esta
ciudad, en el término de tres (3) días, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia.

Si dentro del término establecido no se cancela el valor de la MULTA impuesta,
se enviará copia de esta decisión a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Seccional de Administración Judicial del Tolima, para lo de su cargo.

TERCERO: REQUERIR a WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, identificado
con C.C. No. (…) en calidad Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS S.A. y
JULIO ALBERTO RINCÓN RAMÍREZ identificado con C.C. No. (…) en calidad
de Agente interventor designado para la administración de la Nueva EPS S.A.,
para que den cumplimiento inmediato a la sentencia del 30 de abril de 2024,
proferida por este Despacho, advirtiéndoles que la imposición de esta sanción
NO LOS EXONERA de acatar lo ordenado en el fallo de tutela.

CUARTO: NOTIFICADA ESTA DECISIÓN, súrtase el trámite de CONSULTA
ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, de conformidad con el
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Para ello remítase la actuación
respectiva.

4.3.8. En sede de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, mediante providencia del 26 de julio de 2024, confirmó la anterior decisión.

4.3.9. Mediante providencia del 28 de octubre de 2024, el Juzgado requirió a la ETIB
SIJIN de Ibagué y a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía
Nacional —DIJIN—, con el propósito de realizar las gestiones necesarias para
materializar las órdenes de arresto impuestas al accionante.

4.3.10. Mediante escrito del 3 de noviembre de 2024, Nueva E.P.S. S.A. solicitó tener
como responsable del cumplimiento del fallo al Gerente Regional, Wilmar Rodolfo Lozano
Parga, y como su superior jerárquico al Gerente Regional Centro Oriente, Aldemar
Casadiegos Jaime.

28 Notificado el 22 de julio
de 2024 a los correos electrónicos secretaria.general@nuevaeps.com.co y
wilmar.lozano@nuevaeps.com.co.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

4.3.11. Mediante escrito del 28 de febrero de 2026, el accionante solicitó al Juzgado
inaplicar las sanciones que le fueron impuestas al interior del incidente de desacato,
solicitud que fue negada mediante proveído del 3 de marzo de 2026.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida
para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19
de noviembre de 1991.

En el asunto bajo estudio, el señor Lozano Parga solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al patrimonio, a la igualdad y al
buen nombre, los cuales estima vulnerados con ocasión de las providencias dictadas (i)
19 de julio de 2024 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, por la cual se
le impuso una sanción por desacato a la orden de tutela impartida el 30 de abril de 2024,
(ii) el 26 de julio de 2024 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué que confirmó la citada sanción; y (iii) el 3 de marzo de 2026 por el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Ibagué que declaró improcedente la solicitud de inaplicación de la
citada sanción, presentada por el accionante.

En ese sentido, y tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

En ese sentido, la Sala se pronunciará sobre (i) los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial y, de estar cumplidos, descenderá a
estudiar de fondo el caso concreto.

4.4.1. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial

El primer requisito general de procedencia que debe verificarse es la relevancia
constitucional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional29 para que
esté cumplido es necesario que se reúnan los siguientes tres criterios: (i) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales; (ii) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; e (iii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces.

De este modo, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional30.

29 Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. Criterio reiterado en la Sentencia SU-128 de 2021 y

SU-103 de 2022.
30 Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29 de

septiembre de 2022 proferida por esta Sección. Expediente nro. 11001 03 15 000 2022 02850 01.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

(i) El primer criterio, implica que el asunto involucre un debate que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental31.

En el asunto bajo examen, la parte accionante alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, buen nombre y dignidad humana, con
fundamento en que las providencias acusadas impusieron una sanción por desacato, la
confirmaron y negaron su inaplicación, sin tener en cuenta la imposibilidad de cumplir el
fallo de tutela ante las circunstancias particulares por las que atravesaba la Nueve E.P.S.,
relacionada con la intervención forzosa administrativa ordenada la Superintendencia
Nacional de Salud.

Así las cosas, la Sala considera que, como el reproche del accionante tiene que ver con
que no era posible el cumplimiento del fallo por fallas estructurales de la entidad, podría
resultar involucrado el derecho fundamental del debido proceso, en su garantía de
defensa, y el buen nombre, por lo tanto, se tiene que el primer criterio de la relevancia
está cumplido.

(ii) El segundo criterio que compone el requisito general de relevancia constitucional, esto
es, preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional, implica que la discusión planteada no se limite a la
determinación de aspectos legales o de evidente naturaleza o contenido económico 32.

En este caso, el segundo elemento de la relevancia se acredita, toda vez que la discusión
planteada por la parte actora no gira en torno a un aspecto netamente legal o económico,
sino que, como quedó visto, el debate compromete, eventualmente, el contenido y
alcance de los derechos fundamentales al debido proceso y buen nombre.

(iii) El tercer componente de la relevancia constitucional es impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces33.

En este caso, el tercer elemento también se supera, debido a que la parte accionante no
está utilizando la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate y
continuar cuestionando lo resuelto por el juez natural de la causa, sino que busca que se
analice la situación particular por la cual atravesaba, e incluso hoy en día sigue
atravesando, relacionada con la intervención e impedía cumplir la orden de tutela.

Por lo anotado, el requisito general de relevancia constitucional está superado por cuanto
están cumplidos los tres elementos que la componen.

Ahora bien, frente a los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela,
la Sala advierte que el actor no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
controvertir las decisiones cuestionadas. En efecto, las sanciones fueron impuestas por
el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué en el marco del incidente de desacato
y la respectiva decisión fue sometida al grado jurisdiccional de consulta ante la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que confirmó la
determinación. De esta manera, se surtieron las etapas previstas dentro del trámite
incidental para examinar la procedencia de las sanciones impuestas, sin que se advierta

31 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
32 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
33 Ibidem.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

la existencia de otro mecanismo judicial autónomo para controvertir las decisiones cuya
constitucionalidad se cuestiona.

En lo relativo al requisito de inmediatez, la Sala considera que también se encuentra
cumplido, por cuanto, el accionante solicitó, al interior del trámite incidental, la
inaplicación de las sanciones que le fueron impuestas y dicha solicitud fue resuelta
mediante proveído del 3 de marzo de 2026 y la presente acción de tutela fue radicada el
22 de mayo de 2026.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que la presente acción de tutela fue radicada dentro
de un término razonable contado desde la última actuación judicial relacionada con las
sanciones cuya constitucionalidad se cuestiona, se considera satisfecho este requisito.

Respecto de la identificación razonable de los hechos y de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados, este presupuesto se encuentra cumplido, pues el accionante
identificó las circunstancias que consideró constitutivas de la vulneración, relacionadas
con las sanciones impuestas en el incidente de desacato y las particularidades derivadas
de la situación jurídica y administrativa que presenta Nueva E.P.S. S.A.

En cuanto a que no se trate de una tutela contra otra sentencia de tutela, también se
cumple este requisito, toda vez que la presente acción no se dirige contra una sentencia
de tutela, sino contra las sanciones adoptadas en el marco de un incidente de desacato
y el trámite posterior relacionado con las sanciones impuestas al aquí accionante.

De conformidad con lo anterior, la Sala se encuentra habilitada para continuar con el
análisis del caso concreto en la presente acción constitucional.

4.4.2. Caso concreto

En el presente asunto, el accionante pretende que se ordene el levantamiento de las
sanciones de arresto y multa impuestas dentro de múltiples incidentes de desacato
adelantados por el incumplimiento de fallos de tutela proferidos contra Nueva E.P.S. S.A.,
en particular, de las sanciones impuestas dentro del incidente de desacato con radicado
núm. 73001 31 05 005 2024 00119 00/01.

En sustento de sus pretensiones, el accionante sostuvo, en esencia, que las sanciones
cuestionadas fueron impuestas pese a que, en su condición de gerente zonal del Tolima
de la Nueva E.P.S. S.A., no contaba con las facultades ni con la capacidad material para
disponer directamente de los recursos, autorizar servicios de salud o adoptar las
decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en los
respectivos fallos de tutela. Asimismo, adujo que los incumplimientos obedecieron a las
dificultades estructurales, administrativas y financieras que atravesaba la entidad,
situación que motivó su intervención forzosa administrativa.

Agregó que, pese a haber sido desvinculado de la Nueva E.P.S. S.A., continúan
produciéndose efectos derivados de algunas de las sanciones impuestas en su contra,
particularmente en relación con el cobro de las multas, circunstancia que, a su juicio,
mantiene la afectación de su derecho fundamental.

Bajo ese contexto, la Sala considera pertinente recordar que el incidente de desacato
constituye un mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de las órdenes impartidas en
las sentencias de tutela. En ese sentido, la imposición de las sanciones previstas en el
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no puede derivarse exclusivamente de la
constatación objetiva del incumplimiento de la orden judicial, sino que exige establecer la
responsabilidad personal y subjetiva de la persona a quien se le atribuye la conducta
reprochada.

Por ello, corresponde a la autoridad judicial valorar las circunstancias particulares del
caso y, especialmente, las funciones, competencias y posibilidades reales y materiales
que tenía el incidentado para adoptar las actuaciones necesarias encaminadas al
cumplimiento de la orden de tutela. Esta valoración resulta particularmente relevante
cuando el incumplimiento se produce en un contexto de dificultades institucionales o
estructurales de la entidad obligada, pues, si bien tales circunstancias no relevan a esta
del deber de cumplir las órdenes judiciales, sí pueden incidir en la determinación de la
responsabilidad personal de los funcionarios a quienes se atribuye el incumplimiento.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha señalado que “cobra vertebral importancia
un juicio adecuado en torno a la responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de
la orden de tutela, pues no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento
defectuoso para dar por supuesta una actitud indolente por parte del mismo”34.

En ese sentido, precisó que corresponde a la autoridad competente verificar si
efectivamente existe responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial,
pues, si no hay contumacia o negligencia comprobadas, “no puede presumirse la
responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la
sanción”35.

En similar sentido, esta Sección, al conocer de una acción de tutela promovida por el aquí
accionante contra diversas autoridades judiciales y administrativas36, reconoció que la
situación de intervención forzosa administrativa y la falla estructural que atraviesa la
Nueva E.P.S. S.A. constituyen elementos relevantes para valorar las condiciones
institucionales en las que se producen los incumplimientos de órdenes de tutela y,
particularmente, para determinar si las sanciones impuestas respetan el principio de
responsabilidad subjetiva que rige el incidente de desacato.

No obstante, precisó que, aun cuando el accionante cuestionaba múltiples sanciones
impuestas en distintos incidentes de desacato, resultaba necesario examinar las
circunstancias particulares de cada proceso, dado que cada trámite debía ser objeto de
un análisis individual.

4.4.2.1. Análisis de las circunstancias particulares del incidente de desacato 73001
31 05 005 2024 00119 00/01

I) La orden cuyo incumplimiento dio lugar al desacato

Mediante sentencia de tutela del 30 de abril de 2024, el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Ibagué amparó el derecho fundamental a la salud de la señora Fanny Huertas
Urueña y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

34 Corte Constitucional, Sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
35 Ibidem.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Expediente 11001 03 15

000 2026 05347 00, Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga, Sentencia de 30 de julio de 2026, Consejera
Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS en cabeza de su representante legal
y encargado del cumplimiento de órdenes judiciales WILMAR RODOLFO
LOZANO PARGA o quien haga sus veces, que dentro del término
improrrogable de cinco (5) días siguientes a la notificación de este fallo,
proceda -si no lo hubiese hecho antes- a SUMINISTRAR en favor de FANNY
HUERTAS URUEÑA del medicamento denominado AMLODIPINO +
HIDROCLOROTIAZIDA 5/12.5 MG TABLETA, conforme fue señalado por su
médico tratante.

De este modo, la orden cuyo presunto incumplimiento dio lugar al incidente de desacato
se encontraba dirigida a la Nueva E.P.S. S.A. y tenía por objeto garantizar el suministro
del medicamento prescrito a la señora Fanny Huertas Urueña. Asimismo, la providencia
identificó expresamente al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga como encargado del
cumplimiento de órdenes judiciales de la entidad, o a quien hiciera sus veces.

II) Las razones que sustentaron la imposición de la sanción

Surtido el trámite incidental el referido Juzgado, mediante providencia de 19 de julio de
2024, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR que WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, (…) como
Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS S.A. y JULIO ALBERTO RINCÓN
RAMÍREZ (…) como Agente interventor designado para la administración de la
Nueva EPS, incurrieron en desacato de la sentencia proferida por este
Despacho el 30 de abril de 2024, por lo expuesto en la parte considerativa de
la presente providencia.

SEGUNDO: IMPONER a WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, (…) en
calidad de Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS S.A. y a JULIO ALBERTO
RINCÓN RAMÍREZ (…) en calidad de Agente interventor designado para la
administración de la Nueva EPS, sanción de tres (3) días de arresto domiciliario
y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Dicha multa deberá ser consignada en la cuenta corriente No.3-0070-000030-
4 multas y cauciones, Consejo Superior de la Judicatura, del Banco Agrario de
Colombia de esta ciudad, en el término de tres (3) días, contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia.

Si dentro del término establecido no se cancela el valor de la MULTA impuesta,
se enviará copia de esta decisión a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Seccional de Administración Judicial del Tolima, para lo de su cargo.

TERCERO: REQUERIR a WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, (…) en
calidad Gerente Zonal Tolima de la Nueva EPS S.A. y JULIO ALBERTO
RINCÓN RAMÍREZ (…) en calidad de Agente interventor designado para la
administración de la Nueva EPS S.A., para que den cumplimiento inmediato a
la sentencia del 30 de abril de 2024, proferida por este Despacho,
advirtiéndoles que la imposición de esta sanción NO LOS EXONERA de acatar
lo ordenado en el fallo de tutela.

CUARTO: NOTIFICADA ESTA DECISIÓN, súrtase el trámite de CONSULTA
ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, de conformidad con el
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Para ello remítase la actuación
respectiva.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

La Sala observa que el Juzgado fundamentó la declaratoria de desacato en el
incumplimiento de la orden de tutela y en la responsabilidad subjetiva de los incidentados.
En particular, señaló que el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su condición de
gerente zonal del Tolima, era el competente directo para dar cumplimiento a la orden de
amparo, mientras que el agente interventor ostentaba la condición de superior funcional
de la referida gerencia zonal.

Asimismo, consideró que, durante el trámite incidental, los incidentados se limitaron
reiteradamente a informar que las solicitudes habían sido trasladadas a la dependencia
encargada de analizar el asunto, sin aportar prueba de las actuaciones adelantadas.
Aunque la Nueva E.P.S. S.A. allegó un soporte de entrega del medicamento
correspondiente al mes de mayo de 2024, el Juzgado advirtió que dicha entrega era
anterior a la solicitud del incidente y correspondía a una orden del mes de abril, mientras
que persistían órdenes pendientes de suministro.

A partir de ello, concluyó que los incidentados conocían la orden judicial y no demostraron
haber realizado la entrega del medicamento ni adelantado gestiones tendientes a
obtenerlo, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo y cesar la vulneración del
derecho fundamental de la actora. Por tal razón, calificó su conducta procesal como
completamente omisiva frente a la orden de amparo.

En lo que respecta al accionante, su responsabilidad se sustentó, entonces, en su
condición de gerente zonal del Tolima y en la ausencia de elementos que demostraran
que, pese a conocer la orden judicial, hubiera desplegado actuaciones encaminadas a
garantizar el suministro del medicamento ordenado a la señora Fanny Huertas Urueña.
Con fundamento en estas consideraciones, el Juzgado declaró configurado el desacato
e impuso las respectivas sanciones.

III) Las consideraciones del Tribunal al resolver el grado jurisdiccional de consulta

En sede del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, mediante providencia del 26 de julio de 2024, confirmó la
anterior decisión. Para ello, tuvo en cuenta que, en el caso concreto, la orden de
suministrar el medicamento a la señora Fanny Huertas Urueña continuaba incumplida.

Señaló que, durante el trámite de desacato, la Nueva E.P.S. S.A. se limitó a informar que
el asunto había sido trasladado internamente a la dependencia competente y a solicitar
que se tuvieran en cuenta las gestiones desplegadas, sin aportar posteriormente prueba
del cumplimiento de la orden.

En particular, consideró acreditada una conducta omisiva del accionante, a quien
identificó como gerente zonal del Tolima y responsable directo del cumplimiento, pues
hasta ese momento no se había dado cumplimiento estricto a la orden de tutela. Por ello,
concluyó que no existían razones suficientes para revocar la decisión de primera
instancia y confirmó las sanciones impuestas.

De las anteriores decisiones se advierte que la responsabilidad del accionante fue
examinada a partir de su condición de gerente zonal del Tolima, de su identificación como
responsable directo del cumplimiento de la orden y de la ausencia de elementos que
demostraran la realización de gestiones encaminadas a garantizar el suministro del
medicamento.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Bajo el anterior contexto, corresponde entonces establecer si, a la luz de los parámetros
que rigen la determinación de la responsabilidad subjetiva en el incidente de desacato,
dicha valoración resultó suficiente para atribuirle personalmente el incumplimiento de la
orden judicial al aquí accionante.

4.4.1.2. La valoración de la responsabilidad subjetiva en las providencias
cuestionadas

Antes de abordar el examen de las providencias cuestionadas, la Sala considera
necesario precisar que, conforme con la jurisprudencia constitucional, la determinación
de la responsabilidad en el incidente de desacato exige valorar las circunstancias que
rodearon el cumplimiento de la orden. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que,
al resolver un incidente de esta naturaleza, la autoridad judicial debe establecer si
concurren “factores objetivos y/o subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento
de una orden de tutela por parte de su destinatario”37.

En particular, entre los factores objetivos, la Corte ha destacado los siguientes38:

(i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la
ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas
inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional de
la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en
el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de
amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.

A su vez, como factores subjetivos, señaló:

(i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió
allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas
orientadas al cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados son
enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación del cumplimiento,
el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan evaluar la conducta
del obligado en relación con las medidas protectoras dispuestas en el fallo de
tutela.

En vista de lo anterior, cuando el incumplimiento se presenta en un contexto de
dificultades estructurales de la entidad obligada, dichas circunstancias no generan una
exoneración automática de responsabilidad, pero sí imponen al juez del desacato un
examen particularmente riguroso acerca de la atribución subjetiva de la conducta. En
especial, debe determinarse si el funcionario contaba realmente con competencia
material y funcional y con los medios necesarios para cumplir la orden, pues las
limitaciones institucionales, administrativas, financieras u operativas pueden impedir
trasladar automáticamente a su esfera personal las consecuencias del incumplimiento.

Bajo esos parámetros, la Sala advierte que las autoridades judiciales atribuyeron
responsabilidad al aquí accionante, principalmente, a partir de su condición de gerente
zonal del Tolima, de su identificación como responsable directo de procurar el
cumplimiento de la orden y de la ausencia de elementos que demostraran la realización
de gestiones encaminadas a garantizar el suministro del medicamento. En particular,

37 Corte constitucional, Sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
38 Ibidem.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

consideraron que no se había acreditado que el accionante hubiera desplegado
actuaciones concretas orientadas a obtener el cumplimiento de la orden judicial.

No obstante, a juicio de la Sala, dicha valoración resultó insuficiente a la luz del estándar
jurisprudencial referido, pues en efecto, si bien la ausencia de actuaciones positivas
encaminadas al cumplimiento constituía un elemento relevante para valorar la
responsabilidad subjetiva, antes de derivar de ello una conducta omisiva era necesario
establecer si el accionante contaba, en realidad, con las competencias funcionales, los
medios materiales y la capacidad de decisión necesarios para ejecutar o hacer efectiva
la orden impartida.

Lo anterior cobraba especial relevancia en el presente asunto, en el que durante el trámite
incidental se puso en conocimiento de las autoridades judiciales la situación derivada de
la intervención forzosa administrativa de la Nueva E.P.S., ordenada por la
Superintendencia de Salud desde abril de 2024, esto es, con anterioridad al fallo de tutela
y a las providencias que impusieron las sanciones. Por tanto, la existencia de dicho
contexto institucional no podía conducir, por sí sola, a exonerar al accionante de las
obligaciones que eventualmente le correspondieran, pero sí exigía establecer de manera
concreta si las causas que determinaron el incumplimiento se encontraban dentro de su
ámbito real de decisión y actuación.

Cabe traer a colación, que esta Sección en un asunto similar39, concluyó que la sola
condición de gerente no resultaba suficiente para atribuirle, a título personal, la
responsabilidad por el incumplimiento de las órdenes judiciales, por cuanto, era necesario
verificar si las sanciones obedecían a incumplimientos atribuibles a su gestión particular
o si, por el contrario, constituían una manifestación de las limitaciones administrativas,
operativas y financieras derivadas de la crisis institucional de la entidad, circunstancias
que podían exceder su ámbito de competencias y su capacidad real de decisión.

Así las cosas, aunque las providencias cuestionadas identificaron al accionante como
responsable del cumplimiento de la orden y constataron la ausencia de prueba sobre
gestiones concretas para suministrar el medicamento, no se advierte que hubieran
desarrollado un análisis suficiente acerca de las competencias efectivamente asignadas
al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, de su capacidad funcional para disponer del
suministro requerido o de su posibilidad material de superar las dificultades que impedían
el cumplimiento de la orden.

En particular, no bastaba con establecer que el accionante ostentaba el cargo de gerente
zonal y que no acreditó actuaciones positivas encaminadas al cumplimiento, pues ello
podía conducir a trasladarle personalmente las consecuencias del incumplimiento
institucional sin haber determinado previamente si contaba con las atribuciones y los
medios necesarios para evitarlo. Tal aproximación desconocería que la responsabilidad
en materia de desacato es de carácter subjetivo y que no puede derivarse de la sola
posición que ocupa una persona dentro de la estructura organizacional de la entidad
obligada.

Por consiguiente, la Sala considera que las autoridades judiciales debían examinar, de
manera integral, las circunstancias particulares del accionante, sus competencias
funcionales y sus posibilidades reales de actuación frente a la orden concreta, así como

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Expediente: 11001 03 15

000 2026 05371 00, Sentencia de 6 de agosto de 2026. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

la incidencia que pudieron tener las dificultades estructurales de la Nueva E.P.S. S.A. en
la determinación de su responsabilidad subjetiva. Al no hacerlo, la atribución personal de
responsabilidad se fundamentó, principalmente, en el cargo que ostentaba y en la
ausencia de acreditación de gestiones positivas, sin que se hubiera establecido
suficientemente que el incumplimiento obedeció a una conducta dolosa o negligente
atribuible a su gestión particular.

En esas condiciones, mantener las sanciones impuestas supondría trasladar al
accionante una responsabilidad personal sin que se hubiera acreditado, con el rigor
exigido en materia de desacato, que contaba con la competencia funcional y la posibilidad
real de hacer efectiva la orden judicial. Por tanto, las providencias cuestionadas
vulneraron el derecho fundamental al debido proceso y buen nombre del accionante, al
no realizar una valoración suficiente de los elementos necesarios para determinar su
responsabilidad subjetiva teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la
intervención administrativa en la que se encontraba la entidad.

En consecuencia, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso y al buen
nombre del accionante y ordenará el levantamiento de las sanciones por desacato
impuestas en el trámite incidental objeto de la presente acción de tutela.

Por último, es pertinente aclarar que la decisión de ordenar el levantamiento de la sanción
impuesta dentro del incidente de desacato en cuestión no busca desconocer los derechos
fundamentales que están en cabeza de los usuarios de la entidad ni las órdenes de tutela
que ampararon tales derechos. Por lo anterior, se ordenará a la Nueva E.P.S.,
representada por su agente interventor, y a la Superintendencia Nacional de Salud que,
en el marco de sus respectivas competencias y en un plazo no superior a sesenta (60)
días calendario, presenten ante el juez de primera instancia que conoció del incidente de
desacato adelantado en la tutela identificada con el radicado núm. 73001 31 05 005 2024
00119 00/01, un plan de acción institucional que contenga una relación de medidas
concretas orientadas a superar, gradualmente, el cumplimiento de la orden de tutela
dictada dentro del mencionado proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Ibagué, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial y la Superintendencia Nacional de Salud, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y buen nombre
del accionante, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué que proceda
al levantamiento de la sanción por desacato impuesta al señor Wilmar Rodolfo Lozano
Parga dentro del incidente de desacato identificado con el radicado 73001 31 05 005
2024 00119 00/01.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05390 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Ibagué que adelante las actuaciones necesarias para la terminación del proceso de
cobro coactivo derivado exclusivamente de la sanción objeto de la presente acción de
tutela.

QUINTO: ORDENAR a la Nueva EPS S.A., por conducto de su agente interventor, y a
la Superintendencia Nacional de Salud que, en el marco de sus respectivas
competencias y dentro de un término no superior a sesenta (60) días calendario,
presenten ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué un plan de acción
institucional que contenga medidas concretas dirigidas a procurar el cumplimiento
efectivo y progresivo de la orden de tutela impartida en el expediente identificado con el
radicado núm. 73001 31 05 005 2024 00119 00/01, cuyo incumplimiento dio lugar al
incidente de desacato objeto de la presente acción.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 10 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
Salva voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.