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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05432-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05432-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué y la Superintendencia Nacional de Salud, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de acumulación procesal presentada por la Nueva E.P.S., por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NEGAR el amparo solicitado en la acción de tutela interpuesta por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, por las razones expuestas en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2026 05432 00 Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05432-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05432 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega el amparo solicitado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a resolver la acción de tutela instaurada por el señor Wilmar Rodolfo
Lozano Parga en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué; la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; la Superintendencia Nacional
de Salud; la Nueva E.P.S. y el Agente Interventor de la Nueva E.P.S., con ocasión de las
decisiones adoptadas en el trámite incidental de desacato identificado con el radicado
núm. 73001 31 87 007 2023 00097 00/01, adelantado ante el Juzgado Séptimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de las referidas autoridades, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:

PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la
violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO
PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE
ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de
desacato proferidos en contra del accionante en su condición de ex colaborador
de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE
IVAN OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las
órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato,
así como las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir
institucionalmente las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos,
evitando que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi
esfera personal.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05432 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de
las órdenes judiciales.

2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante manifestó que laboró para la Nueva E.P.S. entre el 23 de noviembre de
2013 y el 3 de octubre de 2025 como gerente zonal del Tolima y administrador de la sede
de Ibagué. Indicó que, durante su vinculación, otorgó poder al área jurídica para atender
acciones de tutela e incidentes de desacato, sin que ello implicara facultades de dirección,
ordenación del gasto o manejo de recursos para garantizar el cumplimiento de las
órdenes judiciales.

Afirmó que las decisiones relacionadas con la contratación de la red de prestadores, la
autorización de servicios, los pagos y el cumplimiento de los fallos de tutela eran
adoptadas por el nivel central de la EPS en Bogotá, razón por la cual carecía de
competencia funcional y capacidad material para ejecutar las órdenes impartidas por los
jueces constitucionales. Agregó que las notificaciones judiciales eran recibidas
directamente por el área jurídica de la entidad y no en su correo personal.

Expuso que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución núm.
2024160000003012-6 de 3 de abril de 2024 ordenó la intervención forzosa de la Nueva
EPS debido a graves deficiencias financieras, administrativas y en la atención de
requerimientos judiciales, situación que evidenciaba una crisis estructural de la entidad y
que, en su criterio, impedía atribuirle personalmente los incumplimientos de las órdenes
de tutela.

Señaló que, mediante Resolución núm. 030 del 30 de diciembre de 2025, la Dirección
Ejecutiva Seccional del Consejo Superior de la Judicatura decretó el embargo y posterior
secuestro de sus bienes y cuentas bancarias, como consecuencia de 156 procesos de
cobro coactivo derivados de sanciones de multa impuestas en incidentes de desacato
por un valor 755.861.340.33 millones de pesos. Añadió que, pese a haber sido
desvinculado de Nueva E.P.S. S.A. desde el 3 de octubre de 2025, continúa siendo
vinculado a incidentes de desacato y objeto de nuevas sanciones por hechos que atribuye
a fallas estructurales de la entidad.

Como fundamento de la acción de tutela, insistió que las sanciones de arresto y multa
impuestas en su contra dentro de múltiples incidentes de desacato desconocen el debido
proceso, pues fueron adoptadas sin verificar su responsabilidad subjetiva ni su capacidad
real para cumplir las órdenes impartidas en las acciones de tutela. Afirmó que carecía de
competencia funcional, poder de decisión, manejo presupuestal y facultades para
autorizar servicios de salud o ejecutar las órdenes judiciales, ya que tales funciones
correspondían al nivel central de la Nueva E.P.S. S.A.

Expuso que la imposición de dichas sanciones desconoce la jurisprudencia
constitucional, según la cual el incidente de desacato exige un análisis de la
responsabilidad subjetiva y no puede convertirse en un mecanismo de responsabilidad
objetiva, especialmente cuando el incumplimiento obedece a una imposibilidad material
o jurídica derivada de fallas estructurales de la entidad obligada. Para sustentar esta tesis,
citó las sentencias T-1234 de 2008, SU-034 de 2018 y T-315 de 2020 de la Corte
Constitucional.

2

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05432 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Asimismo, argumentó que la intervención forzosa de la Nueva E.P.S. S.A. por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud evidenció una crisis estructural, financiera y
operativa que impedía el cumplimiento oportuno de las órdenes de tutela. En ese
contexto, consideró que resulta contrario a la Constitución trasladar a su esfera personal
las consecuencias de incumplimientos institucionales que escapaban de su voluntad y de
sus competencias funcionales.

Igualmente, invocó como precedente la sentencia STP5789-2026 de la Corte Suprema
de Justicia, en la que se ampararon los derechos fundamentales de una exgerente
regional de Nueva E.P.S. S.A. y se ordenó el levantamiento de las sanciones de arresto
y multa impuestas en su contra, así como de los procesos de cobro coactivo derivados
de ellas. Adujo que dicho precedente resulta aplicable por tratarse de una problemática
estructural y de circunstancias fácticas que considera sustancialmente similares a las de
su caso.

Finalmente, afirmó que las actuaciones cuestionadas vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso, la libertad personal y la dignidad humana, al imponerle
reiteradas sanciones patrimoniales y personales por incumplimientos que atribuye a la
crisis institucional de la Nueva E.P.S. S.A., afectando de manera desproporcionada su
patrimonio y manteniendo las medidas sancionatorias incluso después de haber
finalizado su vínculo laboral con la entidad.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 22 de mayo de 20262 y correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo del Tolima, autoridad judicial que, mediante auto del 25 de mayo de 20263
ordenó remitir la acción de tutela a la Sala o Sección correspondiente del Consejo de
Estado o de la Corte Suprema de Justicia.

En virtud de lo anterior, la acción de tutela correspondió por reparto a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, y se le asignó el radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04017 00.

El despacho de conocimiento de la Sección Cuarta de esta Corporación profirió auto de
1 de junio de 20264 mediante el cual requirió al accionante para que precisara, si la acción
de tutela se dirigía a controvertir las decisiones adoptadas dentro de los trámites judiciales
de los incidentes de desacato en los que se impusieron las sanciones de multa y arresto
en su contra o, las actuaciones adelantadas dentro de los procesos de cobro coactivo
iniciados para hacer efectivas dichas sanciones, o ambos asuntos.

El accionante allegó escrito de subsanación en el que expuso lo siguiente5:

[…] manifiesto expresamente que la presente acción de tutela se dirige a
controvertir ambos asuntos: persigue la inaplicación y levantamiento de las
decisiones adoptadas dentro de los trámites judiciales de incidentes de desacato
(sanciones de arresto y multa), así como la consecuente suspensión y terminación

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05390 00.
3 Ibidem.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04017 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04017 00.
3

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05432 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

de las actuaciones adelantadas dentro de los 156 procesos de cobro coactivo
iniciados por la Dirección Seccional de Administración Judicial para hacer
efectivas dichas multas […].

Por auto del 24 de junio de 20266, el despacho de conocimiento de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado requirió por segunda vez al accionante para que individualizara los
procesos de tutela respecto de los cuales presenta sus inconformidades, indicando la
autoridad judicial que profirió la decisión, el número de radicación del proceso de tutela y
la sentencia correspondiente.

Mediante escrito radicado el 30 de junio de 20267, el accionante dio respuesta al precitado
requerimiento haciendo una relación de cada juzgado accionado, indicando el radicado
del proceso de origen y la fecha de la providencia cuestionada.

Por auto del 8 de julio de 20268, el despacho de conocimiento de la Sección Cuarta de
esta Corporación admitió la acción de tutela 2026 04017 00, respecto de los reproches
dirigidos contra la sanción de multa y arresto impuestas al accionante en el expediente
identificado con el radicado núm. 2024 00160 00.

Adicionalmente, la citada providencia ordenó a la Secretaría General del Consejo de
Estado desglosar la acción de tutela y sus anexos y abrir cuadernos separados para cada
uno de los procesos cuestionados, con el fin de que cada actuación fuese sometida a
reparto y tramitada de forma independiente.

El 10 de julio de 20269, la Secretaría General de esta Corporación expidió constancia de
desglose de la tutela y sus anexos para ser sometida a reparto.

Por acta de reparto del 14 de julio de 202610, se asignó a esta Sección la presente acción
de tutela, en contra del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ibagué con ocasión del incidente de desacato identificado con el radicado núm. 73000
13 18 707 2023 00097 00/01.

Mediante providencia de 16 de julio de 202611 se admitió la acción de tutela y dispuso
notificar12 al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué; a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; a la Superintendencia Nacional de
Salud; a la Nueva E.P.S., al Agente Interventor de la Nueva E.P.S. S.A. y al Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.

6 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04017 00.
7 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04017 00.
8 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04017 00.
9 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04017 00.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 5432 00.
11 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
12 Esta orden se cumplió el 21 de julio de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05432 00.
4

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05432 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

De igual forma, se requirió al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué para que allegara copia digital del expediente correspondiente al
incidente de desacato identificado con radicado núm. 73000 13 18 707 2023 00097 00/01.

3.2. Mediante providencia del 4 de agosto de 202613, el despacho ponente corrigió la
providencia de 16 de julio de 2026, en el sentido de tener como parte accionada al
Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, en lugar
del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.

3.3. A través de proveído de 24 de agosto de 202614, el Despacho sustanciador ordenó
vincular al presente trámite constitucional al señor José Mauricio Justinico Enciso agente
oficioso de José Fabian Justinico Villabón y al Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Ibagué Sala de Decisión Penal, por cuanto tuvieron intervención en el trámite incidental
de desacato identificado con el radicado núm. 73000 13 18 707 2023 00097 00/01.

3.4. El Consejo Superior de la Judicatura15 allegó respuesta en la que adujo que carecía
de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que los hechos cuestionados en la
acción de tutela no eran atribuibles a esa Corporación, sino a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, particularmente a la División de Cobro Coactivo o a las
Direcciones Seccionales competentes. En consecuencia, solicitó su desvinculación del
trámite constitucional, al estimar que dichas dependencias son las legalmente llamadas
a responder por las actuaciones administrativas objeto de controversia.

3.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial16, allegó informe en el que sostuvo
que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues, debido a la desconcentración
de funciones, las actuaciones administrativas objeto de la acción constitucional fueron
proferidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tolima, entidad
competente para atender el asunto. En consecuencia, solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Dirección y ordenar su desvinculación del
presente trámite constitucional o, en su defecto, negar las pretensiones en lo que
concierne a dicha entidad.

3.6. La Superintendencia Nacional de Salud17 allegó respuesta en la que solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, al sostener que carece de legitimación en la
causa por pasiva. Explicó que las presuntas vulneraciones alegadas por el accionante
tienen origen en las decisiones adoptadas por autoridades judiciales dentro de los
incidentes de desacato, las sanciones allí impuestas, los procesos de cobro coactivo y el
presunto incumplimiento de órdenes de tutela atribuido a la Nueva E.P.S., actuaciones
que no fueron desplegadas por esa entidad.

Agregó que sus funciones se circunscriben a la inspección, vigilancia y control, y que no
tiene competencia para revocar providencias judiciales, modificar sanciones impuestas
por los jueces constitucionales, suspender procesos de cobro coactivo ni sustituir a la

13 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
14 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
15 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
16 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
17 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05432 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Nueva E.P.S. en el cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, afirmó que no
es la autoridad llamada a satisfacer las pretensiones formuladas, por lo que solicitó su
desvinculación del trámite o, subsidiariamente, negar el amparo respecto de esa entidad.

3.7. La Nueva E.P.S.18 allegó informe en el que cuestionó la decisión de desglosar la
acción de tutela en múltiples expedientes, al considerar que el accionante promovió una
única solicitud de amparo que debía tramitarse como una unidad procesal. Sostuvo que
la fragmentación desconoce el principio de inescindibilidad de la acción de tutela, afecta
el debido proceso y genera el riesgo de decisiones contradictorias, por lo que solicitó que
los expedientes derivados del desglose fueran remitidos y acumulados al proceso matriz.

De otro lado, frente a las pretensiones de fondo, manifestó que la responsabilidad del
accionante en los incidentes de desacato debe determinarse de manera individual,
atendiendo a las funciones que efectivamente ejerció, su capacidad concreta de
cumplimiento, el conocimiento de las órdenes judiciales y la conducta desplegada en
cada actuación.

Asimismo, señaló que, aunque la Nueva E.P.S. tiene el deber institucional de adelantar
las gestiones necesarias para superar los incumplimientos, no resulta procedente
imponerle un tratamiento preferente y exclusivo respecto de las órdenes vinculadas con
el accionante, pues ello desconocería criterios de igualdad, objetividad y necesidad
clínica en la atención de los usuarios.

3.8. EL Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué 19,
allegó informe en el que señaló lo siguiente:

En atención al requerimiento efectuado por esa Honorable Corporación dentro del
trámite constitucional de la referencia, me permito informar lo siguiente:

Revisados los registros del Sistema de Gestión Judicial SIGLO XXI y el expediente
digital, se constató que dentro de la acción de tutela con radicado
73001318700720230009700, el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga fue
vinculado en calidad de funcionario de la entidad accionada, y en su oportunidad
fue sancionado dentro de los respectivos incidentes de desacato.

No obstante, con posterioridad a la imposición de las sanciones, a través de Auto
No. 320 del 11 de marzo de 2026, este Despacho dispuso la desvinculación del
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga del incidente de desacato y ordenó que, por
intermedio del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, se libraran y remitieran las
comunicaciones dirigidas a las mismas autoridades a las que previamente se les
había informado la imposición de la sanción, para los fines pertinentes.

En ese sentido, la ejecución material de dichas comunicaciones correspondía al
Centro de Servicios Administrativos, en cumplimiento de lo ordenado en la citada
providencia.

Ahora bien, revisado el expediente digital, se observa que el Centro de Servicios
Administrativos elaboró y posteriormente remitió a las autoridades destinatarias
las comunicaciones relacionadas con la notificación del Auto Interlocutorio No. 320

18 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
19 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05432 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

del 11 de marzo de 2026, específicamente la inaplicación de la sanción impuesta
al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, identificado con cédula de ciudadanía No.
(…); también, en la fecha, procedió a comunicar a las demás entidades lo
pertinente. […]

3.9. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué20 allegó escrito en el
que manifestó que actuó en ejercicio de sus competencias legales al adelantar el cobro
coactivo de la multa impuesta al accionante, y precisó que carece de facultades para
modificar o dejar sin efectos la sanción judicial. En consecuencia, sostuvo que no existe
acción u omisión atribuible a esa entidad que vulnere los derechos fundamentales
invocados por lo cual solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

3.10. La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Ibagué21 presentó informe en el que
sostuvo que carece de responsabilidad frente a los hechos cuestionados, pues las
sanciones de arresto y multa fueron impuestas por autoridades judiciales y la institución
no tiene competencia para modificarlas, revocarlas o dejarlas sin efectos. Por ello, afirmó
que no existe una acción u omisión atribuible a esa entidad que vulnere los derechos
fundamentales invocados, razón por la cual, solicitó su desvinculación del trámite
constitucional.

3.11. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué22 allegó informe en el que explicó
que conoció, en grado jurisdiccional de consulta, las sanciones impuestas al accionante
dentro del incidente de desacato y señaló que, mediante providencia del 16 de febrero
de 2024, confirmó dichas sanciones al considerar acreditado el incumplimiento
injustificado de la orden de tutela que disponía garantizar al beneficiario las consultas
especializadas, la atención domiciliaria y la entrega de los insumos requeridos.

Asimismo, sostuvo que las sanciones no fueron caprichosas ni arbitrarias, pues se
encontraban sustentada en las normas y la jurisprudencia aplicables. Finalmente,
manifestó que la tutela resulta improcedente por falta de subsidiariedad, dado que el
accionante no acreditó haber acudido previamente a los mecanismos de defensa
disponibles para solicitar la inaplicación de las sanciones ni haber demostrado la
existencia de un perjuicio irremediable.

3.9. El señor José Mauricio Justinico Enciso como agente oficioso del señor José Fabian
Justinico Villabón guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 23 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,24 modificado por el artículo 1 del

20 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
21 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
22 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05432 00.
23 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
24 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05432 00
Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Decreto 333 del 6 de abril de 202125, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201926, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

4.2.1. De las solicitudes de desvinculación

La Sala observa que el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional – Policía
Metropolitana de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Superintendencia Nacional de Salud solicitaron, en sus respectivos informes, su
desvinculación del presente trámite constitucional.

Al respecto, se considera que no hay lugar a acceder a dichas solicitudes, toda vez que
las mencionadas autoridades fueron vinculadas al trámite debido a que el accionante las
señaló como presuntas responsables de la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

Ahora bien, respecto de la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué, tampoco se accederá a ella, por cuanto
dicha Seccional adelantó el procedimiento de cobro coactivo en contra del aquí
accionante, con ocasión de las sanciones impuestas en el incidente de desacato 2023
00097 00/01.

En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria, no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
salvaguardar los principios de contradicción y defensa, permitiéndoles ejercer su derecho
de defensa y pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.

4.2.2. De la solicitud de acumulación procesal

Se advierte que la Nueva E.P.S., en su respectivo informe, cuestionó el desglose de la
acción de tutela en varios expedientes, al considerar que el accionante promovió una
única solicitud de amparo que debía tramitarse como una unidad procesal. Por ello,
solicitó que los expedientes derivados del desglose fueran remitidos y acumulados al
proceso matriz, pues, en su criterio, la fragmentación afecta el debido proceso y podría
dar lugar a decisiones contradictorias.

La Sala negará la solicitud, toda vez que la presentación inicial de una única acción de
tutela no implica que las actuaciones derivadas de su desglose deban ser tramitadas
conjuntamente. En este caso, la separación de los asuntos permite que cada controversia
sea examinada de acuerdo con las particularidades de las pretensiones y de las
actuaciones cuestionadas al interior del incidente de desacato con radicado núm. 2023
00097 00/01, en el que se declaró responsable de desacato al aquí accionante.

En ese sentido, la tramitación independiente de las actuaciones no implica, por sí misma,
una vulneración del debido proceso ni genera necesariamente decisiones contradictorias,
25 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
26 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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pues las circunstancias propias de cada incidente y de las providencias cuestionadas
pueden conducir a conclusiones diferentes. Por tanto, no se advierten razones que
justifiquen acceder a la acumulación solicitada.

4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente27:

4.3.1. El señor José Mauricio Justinico Enciso en representación de su padre José Fabian
Justinico Vallabón, promovió incidente de desacato contra la Nueva E.P.S., al considerar
incumplida la orden impartida en la sentencia de tutela proferida el 19 de diciembre de
2023 por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué,
en la que se dispuso lo siguiente:

SEGUNDO: DECLARAR que NUEVA EPS vulneró el derecho a la salud y vida
digna del señor José Fabián Justinico Villabón.

TERCERO: ORDENAR a NUEVA EPS, que dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación del fallo asigne fecha y hora para que el señor José Fabián Justinico
Villabón asista a: 1. Consulta por primera vez con especialista en neuropsicología,
2. Atención domiciliaria por fisioterapia, 3. Valoración por trabajo social, 4.
Consultas por las especialidades de fisiatría y nutrición.

Igualmente ordenará la entrega completa y oportuna de pañales desechables,
amilpro pote de 500 gramos, guantes, crema antipañalitis y los medicamentos de
ácido valproico, quetiapina, tamsulosina, acetaminofén y trazadona que le han
sido ordenados, conforme cantidad y frecuencia estimadas por su médico tratante
al servicio de NUEVA EPS.

CUARTO: OTORGAR TRATAMIENTO INTEGRAL al señor José Fabián
Justinico Villabón por sus diagnósticos Alzheimer no especificada, trastorno
afectivo bipolar no especificado y senilidad.

QUINTO: En caso de que así lo considere el médico tratante, se procederá a
otorgarle el servicio de cuidador o enfermería, en la cantidad y condiciones que
exponga el facultativo.

4.3.2. Mediante providencia del 12 de enero de 2024, el Juzgado Séptimo dio apertura al
incidente de desacato y corrió traslado por el término de un día al aquí accionante para
que ejerciera su derecho de defensa.

4.3.3. Con escrito del 16 de enero de 2024, la Nueva E.P.S. S.A. allegó respuesta al
requerimiento, en la que manifestó que, en el caso concreto, no se encontraba acreditada
la responsabilidad subjetiva del encargado de cumplir la orden, por lo que el incidente de
desacato no tenía vocación de prosperidad.

4.3.4. A través de providencia de 6 de febrero de 2024, el Juzgado Séptimo resolvió lo
siguiente:

PRIMERO: ORDENAR a WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, en su
condición de Gerente Zonal Tolima de la NUEVA EPS, que cumpla de forma

27 Lo que se desprende del expediente del incidente de desacato identificado con radicado núm. 73001 31

87 007 2023 00097 00/01.
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integral la sentencia de tutela de segunda instancia proferida el 19 de diciembre
de 2023.

SEGUNDO: SANCIONAR por desacato a WILMAR RODOLFO LOZANO
PARGA, en su condición de Gerente Zonal Tolima de la NUEVA EPS, con
multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
suma que deberá consignarse a la cuenta a nombre de la Dirección del Tesoro
Nacional DTN, multas y cauciones 3-0070-000030-4 del Banco Agrario, y
arresto de QUINCE (15) DÍAS, los cuales cumplirá en las instalaciones del
Comando de la Policía Metropolitana de Ibagué, debiéndose librar, de ser
necesario, la correspondiente orden de conducción.

TERCERO: COMPULSAR copias de la presente decisión con destino a la
Fiscalía General de la Nación, a fin de que se adelante la investigación penal
respectiva, si el caso lo amerita.

4.3.5. Mediante sentencia de tutela de segunda instancia de 7 de febrero de 2024, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Sala de Decisión Penal, determinó lo
siguiente:

PRIMERO. Adicionar el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo
impugnado, en el sentido de conceder atención integral en salud al señor José
Fabian Justinico Villabón, por el diagnóstico de incontinencia urofecal
secundaria que padece, por las razones expuestas.

SEGUNDO. Confirmar en los demás aspectos el fallo impugnado, por los
considerandos indicados.

4.3.6. En sede de consulta, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, mediante providencia del 16 de febrero de 2024, resolvió lo siguiente:

PRIMERO. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva del auto adiado
el 6 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Séptimo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, para en su lugar, sancionar por
desacato al doctor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, Gerente de la Nueva EPS
Zonal Tolima, con ocho (8) días de arresto domiciliario y multa de cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por las razones expuestas.

SEGUNDO. Confirmar en los demás aspectos el auto consultado.

TERCERO. Exhortar al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué, para que realice los trámites correspondientes a fin de
dar cumplimiento al auto consultado y a esta providencia.

4.3.9. Mediante escrito del 30 de mayo de 2024, la Nueva E.P.S. solicitó la cesación o
suspensión de los efectos de la sanción impuesta al aquí accionante, al manifestar que
había realizado gestiones encaminadas a dar cumplimiento a las órdenes impartidas en
las sentencias de tutela.

4.3.10. Con proveído del 3 de diciembre de 2025, el Juzgado Séptimo resolvió continuar
con la ejecución de la sanción impuesta al aquí accionante.

4.3.11. A través de escrito de 17 de febrero de 2026, la Nueva E.P.S. reiteró la solicitud
de suspensión de los efectos de la sanción impuesta al señor Lozano Parga, petición que
fue resuelta de manera desfavorable mediante providencia del 20 de febrero de 2026.

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4.3.12. Mediante escrito del 28 de febrero de 2026, el accionante solicitó la inaplicación
de la sanción, con fundamento en la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a los fallos
de tutela.

4.3.13. El Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué,
mediante auto del 11 de marzo de 2026, desvinculó al señor Lozano Parga del incidente
de desacato, con ocasión de la terminación de su vínculo laboral con la Nueva E.P.S.

4.3.14. Con providencia de 26 de marzo de 2026, el Juzgado Séptimo requirió al allí
accionante para que informara, de manera clara y actualizada, sobre el estado del trámite
adelantado y/o el nivel de cumplimiento del fallo de tutela, a fin de contar con elementos
objetivos que permitieran verificar si persistía el desobedecimiento de las órdenes allí
impartidas y, en consecuencia, determinar la procedencia de mantener o no la medida
sancionatoria.

4.3.15. A través de Oficio núm. 14358 del 6 de agosto de 2026, el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué, en cumplimiento de lo ordenado en providencia de 11 de marzo de 2026, notificó
a la Fiscalía General de la Nación y a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué la inaplicación de las sanciones
impuestas al señor Lozano Parga.

4.3.16. Mediante Oficio núm. 14363 del 6 de agosto de 2026, el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué, en cumplimiento de lo ordenado en providencia de 11 de marzo de 2026,
comunicó a la Policía Nacional inaplicar la orden de arresto del aquí accionante.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte accionante pretende el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con ocasión de las
sanciones de arresto y multa impuestas dentro de múltiples incidentes de desacato
adelantados por el incumplimiento de fallos de tutela proferidos contra Nueva E.P.S. S.A.,
en particular, de las sanciones impuestas dentro del incidente de desacato con radicado
núm. 73001 31 87 007 2023 00097 00/01.

En sustento de sus pretensiones, el accionante sostuvo, en esencia, que las sanciones
cuestionadas fueron impuestas pese a que, en su condición de gerente zonal del Tolima
de la Nueva E.P.S. S.A., no contaba con las facultades ni con la capacidad material para
disponer directamente de los recursos, autorizar servicios de salud o adoptar las
decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en los
respectivos fallos de tutela. Asimismo, adujo que los incumplimientos obedecieron, en
buena medida, a las dificultades estructurales, administrativas y financieras que
atravesaba la entidad, situación que motivó su intervención forzosa administrativa.

Agregó que, pese a haber sido desvinculado de la Nueva E.P.S. S.A., continúan
produciéndose efectos derivados de algunas de las sanciones impuestas en su contra,
particularmente en relación con el cobro de las multas, circunstancia que, a su juicio,
mantiene la afectación de su derecho fundamental.

Bajo ese contexto, la Sala considera pertinente recordar que el incidente de desacato
constituye un mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de las órdenes impartidas en
las sentencias de tutela. En ese sentido, la imposición de las sanciones previstas en el
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artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no puede derivarse exclusivamente de la
constatación objetiva del incumplimiento de la orden judicial, sino que exige establecer la
responsabilidad personal y subjetiva de la persona a quien se le atribuye la conducta
reprochada.

Por ello, corresponde a la autoridad judicial valorar las circunstancias particulares del
caso y, especialmente, las funciones, competencias y posibilidades reales y materiales
que tenía el incidentado para adoptar las actuaciones necesarias encaminadas al
cumplimiento de la orden de tutela. Esta valoración resulta particularmente relevante
cuando el incumplimiento se produce en un contexto de dificultades institucionales o
estructurales de la entidad obligada, pues, si bien tales circunstancias no relevan a esta
del deber de cumplir las órdenes judiciales, sí pueden incidir en la determinación de la
responsabilidad personal de los funcionarios a quienes se atribuye el incumplimiento.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha señalado que “cobra vertebral importancia
un juicio adecuado en torno a la responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de
la orden de tutela, pues no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento
defectuoso para dar por supuesta una actitud indolente por parte del mismo”28.

En ese sentido, precisó que corresponde a la autoridad competente verificar si
efectivamente existe responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial,
pues, si no hay contumacia o negligencia comprobadas, “no puede presumirse la
responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la
sanción”29.

En similar sentido, esta Sección, al conocer de una acción de tutela promovida por el aquí
accionante contra diversas autoridades judiciales y administrativas30, reconoció que la
situación de intervención forzosa administrativa y la falla estructural que atraviesa la
Nueva E.P.S. constituyen elementos relevantes para valorar las condiciones
institucionales en las que se producen los incumplimientos de órdenes de tutela y,
particularmente, para determinar si las sanciones impuestas respetan el principio de
responsabilidad subjetiva que rige el incidente de desacato.

No obstante, precisó que, aun cuando el accionante cuestionaba múltiples sanciones
impuestas en distintos incidentes de desacato, resultaba necesario examinar las
circunstancias particulares de cada proceso, dado que cada trámite debía ser objeto de
un análisis individual31.

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el accionante atribuye el
menoscabo de su derecho al debido proceso con ocasión de las providencias dictadas:
i) el 6 de febrero de 2024, por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué, mediante la cual se le impuso una sanción por desacato a la orden
de tutela impartida el 19 de diciembre de 2023; y ii) el 16 de febrero de 2024, por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la cual se modificó
la citada sanción.

28 Corte Constitucional, Sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
29 Ibidem.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Expediente 11001-03-15-
000-2026-05347-00, Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga, Sentencia de 30 de julio de 2026, Consejera
Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
31 Ibidem.

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Revisado el expediente correspondiente al trámite incidental adelantado en la tutela
identificada con el radicado núm. 73001 3187 007 2023 00097 00/01, en el que se
dictaron las citadas decisiones, se advierte que, con anterioridad a la presentación de
esta acción constitucional, el accionante solicitó la inaplicación de la sanción impuesta
en su contra.

Por auto del 11 de marzo de 2026, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué desvinculó al accionante del trámite incidental y, a su vez,
inaplicó y dejó sin efectos las sanciones de arresto y multa que le habían sido impuestas
mediante providencia del 6 de febrero de 2024.

Asimismo, precisó que la obligación de dar cumplimiento al fallo de tutela proferido el 19
de diciembre de 2023 continuaba radicada en cabeza de la Nueva E.P.S. y, en
consecuencia, ordenó comunicar dicha determinación a las autoridades a las que se
hubieran remitido las sanciones, con el fin de que se abstuvieran de ejecutarlas y
realizaran las actualizaciones correspondientes en los registros respectivos.

En cumplimiento de lo anterior, se expidieron los oficios correspondientes, dirigidos a la
Fiscalía General de la Nación, a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Ibagué y a la Policía Nacional para que inaplicaran las
sanciones de multa y arresto impuestas al señor Lozano Parga.

En ese sentido, la Sala concluye que, en lo que respecta al trámite incidental núm. 73001
3187 007 2023 00097 00/01, objeto de la presente acción, actualmente no existen
sanciones vigentes contra el actor. Por tanto, las decisiones cuestionadas no producen
efectos jurídicos en su contra, de manera que no se advierte una afectación actual de
sus derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala denegará el amparo deprecado
en esta sede constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Ibagué, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué y la Superintendencia Nacional de Salud, por las razones expuestas
en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de acumulación procesal presentada por la Nueva
E.P.S., por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NEGAR el amparo solicitado en la acción de tutela interpuesta por el señor
Wilmar Rodolfo Lozano Parga, por las razones expuestas en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 17 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

14

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