RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05371-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05371-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05371-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00 Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y las DIRECCIONES SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ y EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la dignidad humana y al buen nombre del actor, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE HONDA (TOLIMA) el levantamiento de la sanción por desacato impuesta al señor WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA dentro del trámite incidental identificado con el número único de radicación 2022-00053-05, así como a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ la terminación del respectivo proceso de cobro coactivo derivado de dicha sanción. CUARTO: ORDENAR a la NUEVA EPS, representada por su agente interventor y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00 Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA que, en el marco de sus respectivas competencias y en un plazo no superior a sesenta (60) días calendario, presenten ante el juez de primera instancia que conoció del incidente de desacato núm. 2022- 00053-05, un plan de acción institucional que contenga una relación de medidas concretas orientadas a superar, gradualmente, el cumplimiento de la orden de tutela dictada dentro del mencionado proceso. QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05371-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

TESIS: SE AMPARAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS
Y, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA
SANCIÓN POR DESACATO IMPUESTA AL ACTOR DENTRO DEL
TRÁMITE INCIDENTAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
RADICACIÓN 2022-00053-05, TENIENDO EN CUENTA LA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA
RESPONSABILIDAD SUBJETIVA EN MATERIA DE DESACATO, LA
SITUACIÓN ESTRUCTURAL QUE AFRONTA LA NUEVA EPS Y
ATENDIENDO EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA EN LA SENTENCIA STP5789-2026 DE 9 DE ABRIL DE
2026, FRENTE A UN SUPUESTO FÁCTICO SUSTANCIALMENTE
ANÁLOGO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, LIBERTAD,
DIGNIDAD HUMANA Y BUEN NOMBRE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL1 -

POLICÍA NACIONAL, el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL2, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD3, la

1
En adelante MINISTERIO.
2
En adelante DEAJ.
3
En adelante SUPERINTENDENCIA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

NUEVA EPS y su AGENTE INTERVENTOR, el JUZGADO PRIMERO

CIVIL DEL CIRCUITO DE HONDA (TOLIMA)4 y el TRIBUNAL

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ5.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la

dignidad humana, al buen nombre y al principio de proporcionalidad,

los cuales estima vulnerados por el MINISTERIO - POLICÍA

NACIONAL, la DEAJ, la SUPERINTENDENCIA, la NUEVA EPS y

su AGENTE INTERVENTOR, el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber

proferido estos últimos las providencias de 21 de marzo y 21 de

noviembre de 2023 y 10 de abril de 2025; y 27 de marzo y 11 de

diciembre de 2023 y 28 de abril de 2025, respectivamente, dentro

del incidente de desacato adelantado por el presunto incumplimiento

del fallo de 14 de octubre de 2022, dictado en la acción constitucional

identificada con el número 73349-31-03-001-2022-00053-01.

I.2. Hechos

4
En adelante JUZGADO.
5
En adelante TRIBUNAL.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

Indicó que el 23 de noviembre de 2013, ingresó a la NUEVA EPS en

el cargo de gerente zonal Tolima; y que en el 2017 fue inscrito ante

la Cámara de Comercio de Ibagué como administrador de la sede de

dicho municipio, hasta el 3 de octubre de 2025, fecha en la que el

agente interventor de la entidad le notificó la terminación de su

contrato de trabajo, sin justa causa.

Señaló que durante su vinculación le otorgó poder al área jurídica de

la entidad para la contestación de las acciones de tutela y los

incidentes de desacato, sin que ello implicara facultades de dirección,

manejo presupuestal o disposición de recursos para el cumplimiento

de las órdenes judiciales proferidas en materia de salud.

Sostuvo que la estructura administrativa de la NUEVA EPS

concentraba en el nivel central, ubicado en el distrito capital de

Bogotá, los procesos relacionados con la contratación de la red

prestadora de servicios, la autorización de estos, la facturación, los

pagos y el cumplimiento de las órdenes judiciales, por lo que no tenía

competencia para adoptar decisiones sobre dichas materias, ni

ostentó la calidad de ordenador del gasto durante su permanencia en

la entidad.

Resaltó que en ningún momento fue notificado a su correo personal

de las actuaciones judiciales promovidas en su contra, pues las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

acciones de tutela e incidentes de desacato eran notificadas

directamente al correo institucional de la Secretaría General de la

NUEVA EPS, esto es, a secretaria.general@nuevaeps.com.co, y

tramitados por el área jurídica del nivel central, dependencia que no

estaba bajo su dirección ni subordinación jerárquica.

Precisó que mediante la Resolución núm. 2024160000003012-6 de

3 de abril de 2024, la SUPERINTENDENCIA ordenó la intervención

forzosa administrativa de la NUEVA EPS, decisión que

posteriormente fue prorrogada al evidenciar la persistencia de graves

deficiencias financieras, administrativas y operativas, así como un

elevado incumplimiento en la atención de requerimientos judiciales y

de las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de

salud.

Adujo que, a través de la Resolución núm. 030 de 30 de diciembre

de 2025, la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE IBAGUÉ6 decretó el embargo y posterior secuestro

de sus bienes inmuebles y cuentas bancarias, como consecuencia de

las múltiples sanciones impuestas por desacato dentro de acciones

de tutela promovidas contra la NUEVA EPS, las cuales dieron origen

a 156 procesos de cobro coactivo por un valor aproximado de

$755.861.340,33.

6
En adelante DIRECCIÓN SECCIONAL.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

Alegó que a pesar de haber cesado su vinculación laboral desde el 3

de octubre de 2025, algunos despachos judiciales continúan

vinculándolo a diferentes acciones de tutela e incidentes de desacato

promovidos contra la mencionada entidad y negándole la solicitud de

inaplicación de sanciones de arresto y multa, sin tener en cuenta que

no tiene posibilidad alguna de gestión y de defensa jurídica.

Por último, puso de presente que durante su permanencia en la

NUEVA EPS esta asumió el pago de las multas que quedaron en

firme, lo que, a su juicio, evidencia que las sanciones obedecen a una

problemática estructural de la entidad y no a una conducta dolosa o

negligente de su parte.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron

sus derechos fundamentales al imponerle sanciones por desacato,

pese a que carecía de competencia material y funcional para cumplir

las órdenes impartidas en las acciones de tutela, pues no era

ordenador del gasto, no tenía a su cargo la autorización de servicios

de salud, no dirigía el área jurídica ni contaba con autonomía

administrativa o presupuestal para cumplir las decisiones judiciales.

Señaló que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la

responsabilidad en el incidente de desacato es de carácter subjetivo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

y no procede la imposición de sanciones cuando existe imposibilidad

material o jurídica de cumplimiento, para lo cual citó la sentencia SU-

034 de 2018, en la que la Corte Constitucional precisó que en casos

de problemáticas estructurales del sistema de salud el juez debe

valorar, entre otros aspectos, la capacidad funcional y la competencia

directa de la persona obligada a ejecutar las órdenes de tutela.

Finalmente, invocó como precedente la sentencia STP5789-2026 de

la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual, al resolver un caso

que, a su juicio, es sustancialmente idéntico al suyo, ordenó levantar

las sanciones impuestas a una exgerente de la NUEVA EPS,

suspendió los procesos de cobro coactivo y le trasladó la

responsabilidad a dicha entidad.

I.4.- Pretensiones

Por lo anterior, el actor solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo
constitucional a la violación de mis derechos anteriormente
descritos, especialmente, al DEBIDO PROCESO, ordenar el
LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA
VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato
proferidos en contra del accionante en su condición de ex
colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr.
JORGE IVAN OSPINA actual interventor designado de NUEVA EPS
S.A., y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el
marco de sus competencias legales y administrativas, adelanten de
manera inmediata las gestiones necesarias para la materialización
y cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela pendientes que
dieron origen a los incidentes de desacato, así como las actuaciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente
las consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando
que continúen trasladándose de manera desproporcionada a mi
esfera personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud
y las autoridades correspondientes asumir institucionalmente el
cumplimiento de las órdenes judiciales. […]”.

Asimismo, en el escrito de subsanación, el actor manifestó, de

manera expresa, que la presente acción de tutela: “[…] persigue la

inaplicación y levantamiento de las decisiones adoptadas dentro de

los trámites judiciales de incidentes de desacato (sanciones de

arresto y multa), así como la consecuente suspensión y terminación

de las actuaciones adelantadas dentro de los 156 procesos de cobro

coactivo iniciados por la Dirección Seccional de Administración

Judicial para hacer efectivas dichas multas […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La DEAJ afirmó que la presente controversia guarda relación

con las actuaciones administrativas adelantadas por el área de cobro

coactivo de la DIRECCIÓN SECCIONAL, razón por la que solicitó

ser desvinculada del presente trámite por falta de legitimación en la

causa por pasiva, pues no es la autoridad llamada a responder por la

amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados,

máxime cuando el accionante no ha radicado directamente en la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

entidad alguna solicitud relacionada con la mencionada situación

jurídica.

I.5.2.- La DIRECCIÓN SECCIONAL solicitó ser desvinculada del

presente trámite, por cuanto no ha vulnerado los derechos

fundamentales invocados por el actor ni las pretensiones están

ligadas a sus actuaciones, además carece de competencia para

inaplicar o dejar sin efectos las multas impuestas por los despachos

judiciales accionados.

Igualmente, solicitó que, en caso de resultar procedente, se exhorte

a la NUEVA EPS y a las entidades competentes para que, dentro del

ámbito de sus funciones, adopten las medidas administrativas,

presupuestales y financieras necesarias para garantizar el pago

inmediato de las multas judiciales que se encuentran en firme y que

no han sido revocadas, modificadas ni dejadas sin efectos por los

jueces.

I.5.3.- El JUZGADO se limitó a remitir el link del expediente

contentivo del trámite incidental identificado con el número de

radicación 2022-00053-05, sin realizar pronunciamiento alguno

respecto del asunto objeto de tutela.

I.5.4.- El MINISTERIO - POLICÍA NACIONAL solicitó ser

desvinculado del presente trámite por falta de legitimación en la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

causa por pasiva, por cuanto carece de competencia constitucional y

legal para revisar, suspender, modificar, revocar o dejar sin efectos

las providencias judiciales proferidas dentro del incidente de

desacato objeto de la presente acción constitucional.

I.5.5.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA pidió ser

desvinculado de la presente acción por falta de legitimación en la

causa por pasiva, debido a que no es el llamado a responder o

cumplir las órdenes que se expidan con el fin de amparar las

garantías constitucionales del accionante.

I.5.6.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL

TOLIMA7 solicitó ser desvinculado del presente trámite

constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, debido

a que no es la autoridad competente para ejercer el cobro coactivo

ni fue quien expidió la Resolución de 30 de diciembre de 2025, pues

esta fue dictada por la DIRECCIÓN SECCIONAL, dependencia que

a la luz de la ley y el reglamento es la encargada de dicho trámite y

cuenta con el personal para hacerlo.

I.6. Trámite

La presente solicitud de amparo fue presentada el 26 de mayo de

2026 y le correspondió por reparto a la Sección Cuarta de esta

7
En adelante Consejo Seccional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

Corporación que de la relación consolidada, aportada con el escrito

de subsanación, advirtió que el actor cuestionaba las sanciones de

multa y arresto impuestas dentro de múltiples incidentes de desacato

tramitados en procesos de tutela autónomos e independientes, cuyo

estudio requería un análisis individual de las circunstancias fácticas

y jurídicas de cada expediente.

En consecuencia, mediante auto de 8 de julio del presente año 8,

admitió la acción únicamente respecto del incidente de desacato

identificado con el radicado 2024-00160-01 y ordenó el desglose de

la demanda y de sus anexos, así como la apertura de cuadernos

separados para cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de

que fueran repartidos y tramitados de manera independiente.

En cumplimiento de esa decisión, la Secretaría efectuó un nuevo

reparto que dio lugar al expediente de la referencia, al que le

correspondió la acción de tutela frente al trámite incidental

identificado con el radicado 2022-00053-05.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

8
Acción de tutela tramitada bajo el número de radicación 2026-04017-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que el MINISTERIO - POLICÍA NACIONAL, el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la DIRECCIÓN y el

CONSEJO SECCIONAL y la DEAJ, solicitaron ser desvinculados de

la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 20069, se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa

9
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, el

MINISTERIO - POLICÍA NACIONAL y la DEAJ fueron vinculados

en calidad de accionados dentro del presente trámite, no hay lugar a

acceder a sus solicitudes de desvinculación. Asimismo, teniendo en

cuenta que la DIRECCIÓN SECCIONAL es la encargada de tramitar

el proceso de cobro coactivo frente a la sanción impuesta al actor

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

dentro del incidente de desacato identificado con el número 2022-

00053-05, objeto de la presente acción, le asiste interés directo en

las resultas del proceso constitucional de la referencia, razón por la

que la Sala también denegará su solicitud de desvinculación por falta

de legitimación en la causa por pasiva y así se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Finalmente, la Sala advierte que frente a la solicitud de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva

presentada por el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL

TOLIMA, no se hará pronunciamiento alguno, debido a que dicha

entidad no fue vinculada ni como parte ni como tercero con interés

directo en la acción constitucional de la referencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 199110. Dicha acción se establece como

10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende el

amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

libertad, a la dignidad humana, al buen nombre y al principio de

proporcionalidad, los cuales estima vulnerados con ocasión de las

sanciones de arresto y multa impuestas dentro de múltiples

incidentes de desacato adelantados por el incumplimiento de fallos

de tutela proferidos contra la NUEVA EPS, entre ellas, las órdenes

de arresto y multa impuestas dentro del incidente de desacato núm.

2022-00053-05.

A juicio del accionante, dichas sanciones desconocen la

jurisprudencia constitucional sobre la responsabilidad subjetiva en el

trámite incidental, por cuanto carecía de competencia material y

funcional para cumplir las órdenes impartidas, en la medida en que

durante su vinculación laboral no ostentó la calidad de ordenador del

gasto, no tenía a su cargo la autorización de servicios de salud ni

contaba con facultades administrativas o presupuestales para

garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

Sea lo primero advertir que la presente controversia se enmarca en

la crisis estructural que afronta la NUEVA EPS, entidad sometida a

una intervención forzosa administrativa por la

SUPERINTENDENCIA debido al incumplimiento de las condiciones

financieras y de solvencia y a las deficiencias observadas en la

prestación de los servicios de salud y en el cumplimiento de órdenes

judiciales que le han sido impartidas.

En este punto, cabe señalar que si bien la actuación bajo examen

tiene por objeto cuestionar las sanciones impuestas en las

providencias proferidas dentro del incidente de desacato identificado

con el radicado 2022-00053-05, la Sala advierte que dichas

decisiones no pueden analizarse de manera aislada de las

circunstancias en las que fueron adoptadas.

En efecto, el expediente de la referencia surge del desglose ordenado

por la Sección Cuarta de esta Corporación respecto de una única

acción de tutela, lo que obedeció a razones de reparto y organización

procesal pero no transformó el problema constitucional de fondo,

pues el actor no cuestiona, exclusivamente, la legalidad de una

determinada decisión incidental, sino la afectación continuada de sus

derechos fundamentales derivada de la imposición sucesiva de

sanciones personales originadas en una misma situación estructural

relacionada con la organización y funcionamiento de la NUEVA EPS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala advierte que las

particularidades del caso permiten flexibilizar el examen de los

requisitos de subsidiariedad11 e inmediatez, comoquiera que, se

reitera, la controversia versa sobre una afectación continuada y

actual, derivada de la imposición sucesiva de múltiples sanciones

personales contra el demandante en el marco de una falla estructural

que atraviesa la citada entidad prestadora del servicio de salud.

Siendo ello así y atendiendo el pronunciamiento de la Corte Suprema

de Justicia en la sentencia STP5789-2026 de 9 de abril de 2026,

frente a un supuesto fáctico sustancialmente análogo, la Sala

procede a estudiar de fondo la controversia planteada.

Cabe señalar que el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en determinar si las autoridades accionadas vulneraron los

derechos fundamentales invocados por el actor al imponer y

mantener las sanciones de arresto y multa dentro del incidente de

11
Al respecto, es dable traer a colación lo señalado por la Sección Quinta de esta Corporación en un
asunto similar, esto es, en la sentencia de 30 de enero de 2025, dentro de la acción de tutela identificada
con el número único de radicación 2024-04475-00, en la que previo a entrar al fondo del asunto, señaló
que resultaba desproporcionado exigir a los allí demandantes la radicación de las solicitudes de
inaplicación de las sanciones impuestas en cada proceso ante los múltiples incidentes de desacato
promovidos contra EMSSANAR EPS. En efecto: “[…] ante la elevada cantidad de incidentes de
desacato que cursan en contra de los representantes de Emssanar, exigir la interposición de
solicitudes al interior de cada uno de estos trámites representaría una carga
desproporcionada para los accionantes. Como se expuso en el recuento fáctico, los incidentes
y sanciones impuestas se cuentan por miles, lo que exigiría la presentación de solicitudes de
inaplicación en cada uno de los procesos individuales, generando una carga procesal
excesiva que obstaculiza la posibilidad real de defensa de los actores.

Por estas razones, esta Sala encuentra que los accionantes no cuentan con otro mecanismo
de defensa judicial idóneo ni eficaz para perseguir la protección de sus derechos
fundamentales en el marco de esta situación estructural. Así, se supera el requisito de
subsidiaridad de la acción de tutela, puesto que, en atención a las circunstancias particulares
del caso de estudio, solo a través de este mecanismo constitucional se puede buscar la
protección real y efectiva de las garantías constitucionales de los actores […]”. (Resaltado fuera
del texto original).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

desacato identificado con el número 2022-00053-05, sin valorar si

este contaba con competencia material y funcional y con una

posibilidad real de cumplir la orden de tutela, cuyo incumplimiento

dio origen al trámite incidental, a la luz de la jurisprudencia

constitucional sobre la sanción por desacato y su finalidad, la

responsabilidad subjetiva en el marco de fallas estructurales y de la

crisis estructural y la intervención administrativa de la NUEVA EPS.

La sanción por desacato y su finalidad

Esta potestad correctiva del juez de conocimiento para imponer la

sanción (multa conmutable en arresto), está limitada por dos

requisitos, a saber: i) que se verifique el incumplimiento de la orden

judicial; y ii) que se determine la responsabilidad subjetiva del

demandado en la renuencia para acatarla.

Esta figura se encuentra establecida en el artículo 52 del Decreto

2591 de 19 de noviembre de 199112, en armonía con el artículo 27

ídem, que es del siguiente tenor:

“[…] ARTICULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere
una orden de un Juez proferida con base en el presente Decreto
incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses
y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en
este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica
distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere
lugar.

12
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

La sanción será impuesta por el mismo Juez mediante trámite
incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá
dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción
[…]”.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del

incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí

misma, sino que debe considerarse como una de las formas de

buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a

que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una

sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en

alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de

amparo.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de 23

de mayo de 200313, indicó:

“[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede
implicar que al accionado se persuada o no del cumplimiento de
una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente
de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado
lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción,
deberá acatar la sentencia.

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no
se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser
sancionado acatando […]” (Resaltado de la Sala).

Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de

201514, se refirió a la finalidad del incidente de desacato en los

13
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2015, expediente núm. 2015-00542-01(AC), M.P. María Elizabeth García González.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

siguientes términos:

“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada
mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente
núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar el criterio
Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr
el cumplimiento efectivo del fallo que ampara los
derechos fundamentales, como claramente lo ha
dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la
misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con
posterioridad a la resolución del Grado Jurisdiccional de
Consulta […]”.

Ahora bien, para la imposición de la sanción por desacato es

necesario que el juez verifique la existencia de dos elementos, a

saber: el objetivo, que hace referencia al incumplimiento del fallo,

esto es, a que se compruebe que la decisión contenida en el mismo

no ha sido acatada por la persona o entidad responsable; y el

subjetivo, que, dada la naturaleza disciplinaria de la sanción por

desacato, exige establecer que el responsable fue negligente

respecto de su obligación15.

Bajo estos presupuestos, la providencia que decide el incidente de

desacato debe precisar con claridad (i) si se incumplió la orden, para

lo cual se debe examinar cuál era la conducta ordenada, quién o

15
En la Sentencia T-763 de 1998, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, la Corte
Constitucional indicó: “[…] Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la
responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber
negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la
responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. […]” (Resaltado fuera del texto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

quiénes debían cumplirla y dentro de qué término; y (ii) si existió

responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia para

acatarla. Una vez determinado ello, el juez procede a imponer la

sanción que podrá ser de “arresto hasta de seis (6) meses y multa

hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales”, la cual será

consultada al superior jerárquico, quien deberá decidir sobre la

legalidad de la decisión.

La responsabilidad subjetiva en el marco de fallas

estructurales

La Corte Constitucional ha precisado que la responsabilidad derivada

del desacato es de carácter subjetivo, de modo que la imposición de

sanciones exige verificar las circunstancias particulares del caso y

establecer si la persona incidentada contaba con la competencia

funcional y la posibilidad real de cumplir la orden impartida.

En esa línea, la Corte ha reconocido que cuando el incumplimiento se

presenta en el marco de problemáticas estructurales que afectan el

funcionamiento de una autoridad pública o de una entidad encargada

de la prestación de servicios públicos esenciales, el juez del desacato

debe valorar si las deficiencias obedecen a circunstancias ajenas al

ámbito de decisión del funcionario incidentado. En tales eventos, la

existencia de limitaciones institucionales, administrativas,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

presupuestales o funcionales no releva a la entidad del deber de

cumplir los fallos de tutela, pero sí impide trasladar automáticamente

la responsabilidad personal a quien carecía de la capacidad jurídica o

material para hacer efectiva la orden judicial impuesta.

Particularmente, en la sentencia SU-034 de 3 de mayo de 201816,

la Corte Constitucional precisó que el desacato no puede fundarse

únicamente en criterios de responsabilidad objetiva y que el juez

debe examinar, entre otros aspectos, el grado de participación del

funcionario, las competencias efectivamente asignadas, la

complejidad de las órdenes impartidas, el contexto institucional en el

que debían ejecutarse y la existencia de una posibilidad real de

cumplimiento. Solo a partir de ese análisis es posible establecer si el

incumplimiento resulta atribuible al presunto desacatador y, por

ende, si es constitucionalmente admisible imponer las sanciones de

arresto y multa previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

Sobre el particular, la Alta Corte precisó lo siguiente:

“[…] De lo expuesto, se colige que, al momento de resolver un
incidente de desacato, la autoridad judicial debe tomar en
consideración si concurren factores objetivos y/o subjetivos
determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de
tutela por parte de su destinatario.

Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta
variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de

16
Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de la
orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas
inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la
capacidad funcional de la persona o institucional del órgano
obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la
competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes
de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.

Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o
culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las órdenes, y
(iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al
cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados son
enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación
del cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias
que le permitan evaluar la conducta del obligado en relación
con las medidas protectoras dispuestas en el fallo de tutela
[…]”.

Asimismo, en sentencia T-315 de 18 de agosto de 202017, la Corte

Constitucional reiteró que, cuando el incumplimiento de las órdenes

de tutela obedece a una problemática estructural de una entidad y

no a una conducta dolosa o negligente del funcionario incidentado, el

juez constitucional puede inaplicar, para el caso concreto, las reglas

ordinarias que gobiernan el incidente de desacato, con el fin de evitar

la imposición de sanciones personales que desconozcan el carácter

subjetivo de la responsabilidad y vulneren el derecho al debido

proceso. Frente al asunto, precisó lo siguiente:

“[…] En dicha oportunidad, a pesar de que este Tribunal
declaró la improcedencia del amparo deprecado en los casos
concretos estudiados, amparó los derechos fundamentales al
buen nombre y al debido proceso del accionante al constatar
que las sucesivas sanciones por desacato que se le habían
impuesto, tanto en los casos acumulados en ese expediente

17
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 18 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

como en otros que presentaban los mismos elementos fácticos,
constituían “una afectación de sus derechos al buen nombre,
en la medida en que, efectivamente, dan lugar a que se
proyecte su imagen como la de alguien que negligente o
deliberadamente se abstiene de cumplir las órdenes que se
imparten por los jueces para la protección de los derechos
fundamentales de los afiliados a la Caja, y al debido proceso,
debido a que, por las circunstancias que afronta Cajanal, el
Director se encuentra en la imposibilidad de ejercer la defensa
efectiva en los diversos incidentes de desacato”.

Para llegar a esta conclusión, la Corte valoró que la mora
administrativa que impedía la oportuna atención del derecho
de petición era atribuible a un problema estructural de Cajanal
que crecía, aún más, con la acumulación de tutelas en contra
de la entidad pues, además de tener que resolver el alto
volumen de solicitudes represadas, debía dirigir esfuerzos para
asumir la defensa en los trámites judiciales de tutela que se
promovían cada vez con mayor frecuencia. Y consideró que esa
cadena de sucesos derivaba en la imposición sucesiva de
sanciones de arresto en contra del gerente general por el
desacato a órdenes de tutela que, a pesar de haber sido
proferidas respetando las garantías del debido proceso, los
elementos obrantes en el expediente y la normatividad
aplicable, conllevaba una vulneración a los derechos
fundamentales del sancionado ya que no consideraron la crisis
de Cajanal porque esta circunstancia no podía ser valorada en
cada caso individual. En palabras de la Corte, en casos como el
estudiado “puede predicarse la existencia de una especie de lo
que la jurisprudencia había denominado “vía de hecho por
consecuencia”, puesto que no obstante que las decisiones
judiciales, son, como se ha dicho, correctas individualmente
consideradas, comportan una violación de los derechos del
afectado, que resulta, no de una actitud contraria a derecho de
los jueces, sino de una situación estructural no susceptible de
apreciarse en los casos concretos”.

En este sentido, estableció que “cuando hay un problema
estructural no cabe el desacato en los casos individuales,
por ausencia de responsabilidad subjetiva”, lo que pone
de presente que “en situaciones como esa, deben
alterarse las reglas que gobierna el trámite de los
incidentes de desacato, porque exigir la oportuna
intervención de la entidad para justificar la mora como
manera de obviar la sanción, desconoce la realidad del
problema estructural” […]” (Resaltado de la Sala).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

Así, la jurisprudencia constitucional no ha establecido una

exoneración general de responsabilidad frente a entidades que

atraviesan crisis estructurales, sino que ha exigido que, en esos

contextos, el juez del desacato realice un examen particularmente

riguroso sobre la atribución subjetiva de la conducta, evitando

sancionar a funcionarios que, pese a ostentar una determinada

posición dentro de la entidad, carecían de competencia material y

funcional para superar las causas que dieron lugar al incumplimiento

del fallo de tutela.

Igualmente, mediante sentencia de tutela de 6 de octubre de

202518, al resolver la impugnación frente a un caso con similitudes

fácticas y jurídicas al presente, la SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO estudió la

problemática asociada a la falla estructural que atraviesa

EMSSANAR EPS S.A.S., para lo cual consideró que: “[…] desde una

perspectiva global o panorámica del contexto analizado, el

incumplimiento de los fallos de tutela que ampararon derechos

fundamentales no resulta atribuible a la negligencia o al dolo de las

personas encargadas de acatarlos, sino a los problemas

institucionales profundos de la EPS que imposibilita su correcto

funcionamiento y la atención oportuna de las dificultades en salud

que presenten sus afiliados […]”.

18
Expediente identificado con el número de radicación 2024-04475-02. M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

En esa oportunidad, se modificó la decisión del a quo y, en su lugar,

se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia y al buen nombre de los allí

accionantes. Asimismo, se confirmó la suspensión durante un año de

las sanciones por desacato que tenían en su contra y la orden relativa

a la elaboración de un plan de acción que, entre otros elementos,

relacionara medidas concretas orientadas a superar el cumplimiento

de las órdenes de tutela presentadas contra EMSSANAR EPS S.A.S.,

priorizando a los pacientes en grave e inminente riesgo, así como los

servicios requeridos para la atención de sujetos de especial

protección constitucional.

Para el efecto, en dicha providencia se concluyó lo siguiente:

“[…] 3.5. Conclusiones

203. La Sección Quinta del Consejo de Estado amparó en la
sentencia del 30 de enero de 2025 los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia de Emssanar EPS SAS y de los señores César
Augusto Sánchez Gutiérrez, Fernanda Bravo Ordoñez, José
Edilberto Palacios Landeta, Luis Eduardo Vila Barrios, Melchor
Alfredo Jacho Mejía, Nancy Rocío Caicedo España, Óscar
Jovanny Valencia Manchego, Richard Javier Mideros Luna,
Sirley Burgos Campiño, María Alejandra Benavides Piando,
Víctor Hugo Labrador Rincón, Luis Carlos Arboleda Mejía,
Marizol Guzmán Gaspar, Camilo Andrés Sánchez Valencia,
Johana Andrea Mesías Narváez y Dayanna Carolina Hernández
Rico.

204. Esta Sala modificará esa decisión en atención a las
consideraciones realizadas por la Corte Constitucional en las
sentencias T-1234 de 2008 y T-315 de 2020, en el sentido de
amparar los siguientes derechos fundamentales de todos los
accionantes:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

i) Al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por cuanto la crisis estructural de la EPS analizada
en esta sentencia y sus consecuencias impiden que
ejerzan una debida defensa judicial de sus derechos
dentro de los trámites de desacato, lo cual, como se
indicó, no resulta reprochable a los jueces que han
conocido los trámites incidentales.

ii) Al buen nombre, en la medida en que la imagen de los
tutelantes se proyecta como la de una EPS y de personas
negligentes que deliberadamente incumplen los fallos de
desacato, no obstante que, se reitera, dicho
incumplimiento es el resultado, en términos generales, de
la crisis estructural financiera, técnica-científica y
operativa de la entidad.

205. Es este punto, la Sala considera pertinente advertir
que el amparo previsto en esta providencia abarca a
Emssanar EPS SAS y a los demás accionantes, y se
extiende a cualquier persona que esté vinculada a la
entidad o lo haya estado, y que haya sido sancionada por
el incumplimiento de fallos de tutela con ocasión de las
funciones que tuviera asignadas en virtud de su
vinculación, en el contexto analizado en esta
oportunidad.

206. No se trata, pues, de la protección de derechos de
personas que no hayan comparecido a este trámite
constitucional en la condición de parte accionante o de
terceros vinculados, sino de la irradiación de los efectos
del amparo a los derechos de la EPS, en la medida en
que, lo que busca el juez de tutela, en términos
generales, además de salvaguardar garantías
fundamentales, es recuperar la finalidad del trámite
incidental de desacato en el caso concreto y de lograr la
menor afectación de los derechos de todos los afiliados.

207. De esta manera pueden ser encauzados los
esfuerzos de la EPS y de cada uno de sus empleados a
realizar las gestiones necesarias para superar la crisis
estructural que afronta la entidad.

208. Por los motivos hasta aquí presentados, esta
Subsección observa que se dan las condiciones
requeridas para inaplicar la «la regla conforme a la cual,
en los incidentes de desacato el incumplimiento objetivo
de la orden de tutela impone al destinatario de la misma
la carga de explicar su conducta omisiva como
presupuesto para evitar la sanción». […]”. (Resaltado fuera
del texto original).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

Asimismo, recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte

Suprema de Justicia, mediante sentencia STP5789-2026 de 9 de

abril de 2026, resolvió un asunto con identidad fáctica y jurídica al

que ahora ocupa la atención de la Sala, en el que amparó los

derechos fundamentales de la señora SALOMÉ HENAO GONZÁLEZ,

quien promovió una acción de tutela contra las sanciones de arresto

y multa impuestas dentro de distintos incidentes de desacato con

ocasión del ejercicio del cargo de gerente regional noroccidente de la

NUEVA EPS.

En atención a la relevancia de dicho pronunciamiento para la solución

de la presente controversia, su contenido será analizado al resolver

el estudio del caso concreto.

Precisado lo anterior, se tiene que el actor aduce la vulneración de

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la

dignidad humana, al buen nombre y al principio de proporcionalidad,

ante las sanciones que le han sido impuestas por el incumplimiento

de las órdenes de tutela dadas a la NUEVA EPS, por cuanto, a su

juicio, carece de competencia material y funcional para cumplirlas,

además de que las mismas obedecen a una problemática estructural

de la entidad y no a una conducta dolosa o negligente de su parte.

Revisado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

advierte que el actor con el escrito de amparo aportó una relación de

los procesos incidentales en los que se le ha impuesto sanciones de

multa y arresto, que dieron origen a 156 procesos de cobro coactivo,

por un valor aproximado de $755.861.340,33, dentro de los que se

encuentra el trámite incidental identificado con el número 2022-

00053-05, objeto de la presente acción, dentro del cual el

JUZGADO y el TRIBUNAL profirieron las providencias de 21 de

marzo y 21 de noviembre de 2023 y 10 de abril de 2025; y 27 de

marzo y 11 de diciembre de 2023 y 28 de abril de 2025,

respectivamente, en las que en la última actuación se le impuso al

demandante, en calidad de gerente zonal Tolima de la NUEVA EPS,

una sanción consistente en cinco (5) días de arresto y multa

equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv),

por desacato al fallo de tutela proferido el 14 de octubre de 2022.

Asimismo, de la revisión de las actuaciones surtidas dentro del

mencionado trámite incidental, se observa que, mediante auto de 10

de marzo de 2026, el JUZGADO al resolver la solicitud de

inaplicación elevada por el actor de la sanción que le fue impuesta

mediante auto de 10 de abril de 2025, en su calidad, para la época

de los hechos, de gerente zonal Tolima de la NUEVA EPS, ordenó

inaplicar la sanción de cinco (5) días de arresto y mantener la multa

equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

Ahora, la Sala advierte que la presente controversia se desarrolla en

un contexto institucional excepcional, caracterizado por la crisis

estructural que atraviesa la NUEVA EPS y que ha sido reconocida

por la SUPERINTENDENCIA mediante diversos actos

administrativos19 que han ordenado su intervención administrativa

forzosa desde el año 2024, los cuales se relacionan a continuación:

• Mediante la Resolución núm. 2024160000003012-6 de 3 de

abril de 2024, la SUPERINTENDENCIA ordenó la toma de

posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la

NUEVA EPS y dispuso su intervención forzosa administrativa

para administrarla, al constatar el incumplimiento del régimen

de condiciones financieras y de solvencia, así como graves

deficiencias en la garantía de la prestación de los servicios de

salud. Entre los hallazgos se identificó un bajo nivel de

cumplimiento en la atención de peticiones, quejas y reclamos

y, especialmente, un cumplimiento del 0 % en la gestión de los

requerimientos judiciales, circunstancia que evidenciaba serias

falencias para atender oportunamente las órdenes impartidas

por las autoridades judiciales.

19
Dichos actos administrativos pueden ser consultados en el siguiente enlace
https://www.supersalud.gov.co/es-co/normatividad/resoluciones#k=, conforme lo autoriza el artículo
177 del CGP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

• Posteriormente, a través de la Resolución núm.

2025320030001956-6 de 2 de abril de 2025, la

SUPERINTENDENCIA prorrogó la medida de intervención al

concluir que persistían las causas que la motivaron y reiteró el

incumplimiento de los indicadores financieros y patrimoniales;

evidenció un incremento significativo en las reclamaciones de

los usuarios relacionadas con la oportunidad y continuidad en

la prestación de los servicios de salud; y destacó que durante

el primer año de intervención se había presentado un aumento

en las acciones de tutela e incidentes de desacato promovidos

contra la NUEVA EPS.

• Por medio de las resoluciones núms. 2025320030006237-6 de

31 de julio y 2025320030006459-6 de 6 de agosto de 2025, la

SUPERINTENDENCIA adoptó y, posteriormente, ajustó

medidas cautelares encaminadas a fortalecer el control sobre

el flujo de los recursos públicos administrados por la EPS, tras

advertir un rezago estructural en el procesamiento de cuentas

médicas, un incremento significativo de anticipos sin legalizar,

afectaciones a la red prestadora por falta de pagos oportunos

y la ausencia de mecanismos eficaces de control financiero.

• Mediante la Resolución núm. 2026320030000631-6 de 30 de

enero de 2026, la autoridad de vigilancia mantuvo, en lo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

esencial, dichas medidas cautelares y reforzó el esquema de

control sobre la administración de los recursos de la entidad.

• Finalmente, con la Resolución núm. 2026100000003814-6 de

10 de abril de 2026, dispuso una nueva intervención

administrativa sobre la NUEVA EPS, manteniendo su

administración forzosa hasta abril de 2027, al considerar que

persistían las circunstancias que comprometían su estabilidad

financiera, administrativa y operativa.

Lo anterior pone de manifiesto que la NUEVA EPS continúa sometida

a una intervención forzosa administrativa y a un estricto esquema de

vigilancia y control por parte de la SUPERINTENDENCIA,

circunstancia que constituye un elemento relevante para valorar las

condiciones institucionales en las que se produjo el incumplimiento

de las órdenes de tutela y, particularmente, para determinar si las

sanciones impuestas al actor respetaron el principio de

responsabilidad subjetiva que rige el incidente de desacato.

En efecto, dada la naturaleza sancionatoria del desacato, uno de los

presupuestos indispensables para la imposición de las medidas de

arresto y multa consiste en acreditar el elemento subjetivo de la

responsabilidad, lo que exige verificar las circunstancias particulares

de cada caso y establecer si la persona investigada contaba con la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

competencia funcional y con una posibilidad real de cumplir la orden

judicial.

Dicho presupuesto no se satisface en el presente asunto, pues,

aunque el actor se desempeñó como gerente zonal Tolima de la

NUEVA EPS, esa sola condición no resulta suficiente para atribuirle,

a título personal, la responsabilidad por el incumplimiento de las

decisiones judiciales impartidas a dicha entidad, cuando está

demostrado que las sanciones no son el producto de incumplimientos

atribuibles a su gestión particular, sino a la expresión acumulada de

una crisis institucional preexistente y posterior a su vinculación.

Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte

Constitucional, la Sala concluye que el incumplimiento de las órdenes

de tutela que dieron origen al trámite incidental, objeto de estudio,

no obedeció a una conducta dolosa o negligente atribuible al

accionante, sino a las limitaciones administrativas, operativas y

financieras derivadas de la situación de la entidad, lo cual excedía el

ámbito de sus competencias funcionales y de su capacidad real de

decisión.

En consecuencia, mantener la sanción de multa impuesta dentro del

incidente de desacato supondría atribuir al accionante una

responsabilidad objetiva, proscrita por la jurisprudencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

constitucional, al sancionarlo por el solo hecho de ostentar un

determinado cargo dentro de la estructura organizacional de la

entidad, sin verificar si contaba con las competencias y los medios

necesarios para hacer efectiva la orden de tutela.

La conclusión anterior coincide con el criterio adoptado por la Sala de

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia

STP5789-2026 de 9 de abril de 2026, proferida frente a un asunto

similar, en el que se dejaron sin efectos las sanciones impuestas a

una exgerente de la NUEVA EPS al establecer que la responsabilidad

derivada del desacato no podía fundarse en criterios objetivos, sino

que exigía verificar la competencia funcional y la posibilidad real de

cumplir las órdenes judiciales, sin dejar de lado la crisis estructural

que afronta la citada entidad. En la citada providencia se precisó lo

siguiente:

“[…] Así las cosas, la sola constatación de la falla
estructural de la Nueva EPS, la multiplicidad de sanciones
por desacato que recaen en contra de la actora, sumado
al tiempo en que se desempeñó en la entidad, develan la
presencia de uno de aquellos eventos en los que, el
análisis integral de la situación desdibuja la
responsabilidad subjetiva en decisiones que, desde su
individualidad, pueden predicarse formalmente válidas.

No se cuestiona -ni se hace necesario revisar- la validez
de las órdenes de desacato individualmente impuestas en
contra de la actora; lo que se advierte es que las
sanciones no son el producto de incumplimientos
atribuibles a su gestión particular, sino la expresión
acumulada de una crisis institucional preexistente a su
vinculación, que motivó la intervención forzosa
administrativa de la entidad desde el 3 de abril de 2024,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

esto es, más de un año antes de que Salomé Henao
González iniciara sus funciones.

La situación de la Nueva EPS, acreditada
documentalmente en el expediente, evidencia que las
áreas encargadas de autorizar servicios de salud,
gestionar la contratación de red y ejecutar las decisiones
judiciales dependen de la intervención que, desde el año
2024, se ordenó, con la adopción de medidas que superan
la capacidad funcional de una gerente regional.

De suerte que la representación que ostentaba la actora,
el poco tiempo en que estuvo y la crisis institucional de
orden estatal se ofrecen como un haz de elementos que
torna difícil – por no decir imposible- el cumplimiento de
las distintas órdenes de tutela. Esa circunstancia, por sí
sola, devela un escenario en el que el elemento subjetivo
no se halla presente, presupuesto indispensable para la
vigencia de la sanción por desacato.

Así, resulta constitucionalmente inadmisible que el peso
de una falla sistémica que el propio Estado reconoció al
decretar la intervención, y que ningún funcionario
individual estaba en condiciones de revertir en el corto
plazo, recaiga sobre quien carecía de toda capacidad de
cara al cumplimiento de los fallos de tutela.

Y es que la sola existencia de un número plural y excesivo
de sanciones por desacato habla de la imposibilidad
objetiva en que se encontraba la accionante para dar
cumplimiento a las órdenes judiciales, pues ningún
análisis racional de responsabilidad individual puede
sostener que una persona, en ejercicio de un cargo
regional y durante un período de apenas tres meses, haya
podido incurrir voluntaria o negligentemente en
semejante volumen de incumplimientos.

De esa manera, aunque las decisiones de desacato
puedan estar revestidas de legalidad, el escenario global
y sistemático, así advertido, es el que lesiona los derechos
superiores de Salomé Henao González, pues las sanciones
impuestas, lejos de lograr el cometido persuasivo, se
terminan convirtiendo en un castigo imposible de
soportar para quien, desde su individualidad, poco y nada
puede hacer de cara a un problema que supera su
capacidad.

Por lo tanto, en aplicación de las pautas de índole
constitucional que informan esta decisión, habrán de
ampararse los derechos fundamentales al debido
proceso, a la libertad y a la dignidad humana de Salomé

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

Henao González. En consecuencia, se levantarán las
órdenes de arresto y multa que recaen en contra de la
accionante.

En este caso, el levantamiento no es transitorio, sino
definitivo, pues en la actualidad la accionante ya no hace
parte de la Nueva EPS, por lo que no tiene capacidad de
cumplir, ulteriormente, con alguna orden que se le
imponga […]”. (Resaltado fuera del texto original).

Por lo precedente, la Sala concederá el amparo de los derechos

fundamentales invocados por el actor y, en consecuencia, ordenará

el levantamiento de la sanción por desacato que le fue impuesta

dentro del expediente identificado con el número de radicación

2022-00053-05, así como el respectivo proceso de cobro coactivo

derivado de dicha sanción.

En este punto, cabe precisar que la decisión de ordenar el

levantamiento de la sanción impuesta dentro del citado incidente de

desacato no significa que las providencias que dispuso tal sanción

haya sido arbitrarias o contrarias al ordenamiento jurídico al

momento en que fueron proferidas, pues, por el contrario, estas

fueron dictadas en ejercicio de las competencias propias del juez del

desacato y dentro del contexto fáctico y procesal que le fue sometido

a su consideración. Sin embargo, a partir del análisis integral

efectuado en esta sede constitucional, de la jurisprudencia sobre la

responsabilidad subjetiva en materia de desacato y de la situación

estructural que afronta la NUEVA EPS, la Sala concluye que

mantener tales sanciones resulta incompatible con los derechos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

fundamentales del accionante, razón por la que se impone,

excepcionalmente, su inaplicación para el caso concreto.

Cabe resaltar que el amparo concedido al actor no busca desconocer

los derechos fundamentales que están en cabeza de los usuarios de

la entidad. De ahí que, en aras de buscar una solución ante dicha

situación, la Sala proceda a impartir la misma orden adoptada por la

Corte Suprema de Justicia en la citada sentencia STP5789-2026, por

resultar aplicable al caso bajo examen, pues, como ya se indicó, se

está frente a una circunstancia similar a la allí analizada, y en la que,

al respecto, se adujo lo siguiente:

“[…] Ahora bien, la protección de los derechos
fundamentales de la accionante no puede adoptarse con
abstracción de la realidad que subyace a cada uno de los
incidentes de desacato que originaron las sanciones
impuestas en su contra.

Este escenario impone al juez constitucional la
obligación de buscar una solución que, lejos de sacrificar
unos derechos en favor de otros, logre articular la
protección de la accionante con la garantía de que los
fallos de tutela que dieron origen a las sanciones no
queden definitivamente huérfanos de cumplimiento.

Es por ello que se hace necesario un complemento
dirigido a ejecutar los fallos en cabeza de quien pueda
hacerlo, para no perpetuar la situación de desamparo de
los usuarios de Nueva EPS cuyas órdenes de tutela
continúan sin satisfacerse.

Con ese propósito, y siguiendo el precedente sentado por
la Corte Constitucional en la sentencia T-315 de 2020
con ocasión del caso Coomeva EPS, esta Corporación
adoptará como medida adicional la elaboración de un
plan de acción institucional a cargo del agente
interventor de Nueva EPS S.A., de la Superintendencia
Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, en
el que se establezca un orden de priorización que atienda
con preferencia los casos de mayor urgencia y de sujetos
de especial protección constitucional y en el que se fijen
medidas concretas orientadas a garantizar
materialmente los servicios de salud ordenados.

De esta forma, la decisión que aquí se adopta no
renuncia a la garantía del derecho a la salud de los
usuarios de la entidad, por el contrario, reconoce que ese
propósito solo puede alcanzarse de manera real y
efectiva cuando la obligación de cumplir los fallos recae
sobre quien tiene la capacidad institucional,
presupuestal y operativa para hacerlo: el Estado
interventor […]”. (Resaltado fuera del texto original).

En consecuencia, se ordenará a la NUEVA EPS, representada por su

agente interventor, y a la SUPERINTENDENCIA que, en el marco

de sus respectivas competencias y en un plazo no superior a sesenta

(60) días calendario, presenten ante el juez de primera instancia que

conoció del incidente de desacato identificado con el número único

de radicación 2022-00053-05, un plan de acción institucional que

contenga una relación de medidas concretas orientadas a superar,

gradualmente, el cumplimiento de la orden de tutela dictada dentro

del mencionado proceso y así se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO

DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA y las DIRECCIONES SECCIONAL

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ y EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la

parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido

proceso, a la libertad, a la dignidad humana y al buen nombre del

actor, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente

providencia.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al JUZGADO PRIMERO

CIVIL DEL CIRCUITO DE HONDA (TOLIMA) el levantamiento de

la sanción por desacato impuesta al señor WILMAR RODOLFO

LOZANO PARGA dentro del trámite incidental identificado con el

número único de radicación 2022-00053-05, así como a la

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE

IBAGUÉ la terminación del respectivo proceso de cobro coactivo

derivado de dicha sanción.

CUARTO: ORDENAR a la NUEVA EPS, representada por su agente

interventor y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05371-00
Actor: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA

que, en el marco de sus respectivas competencias y en un plazo no

superior a sesenta (60) días calendario, presenten ante el juez de

primera instancia que conoció del incidente de desacato núm. 2022-

00053-05, un plan de acción institucional que contenga una relación

de medidas concretas orientadas a superar, gradualmente, el

cumplimiento de la orden de tutela dictada dentro del mencionado

proceso.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede

en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.