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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05386-00

Fecha
15 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05386-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Niégase las solicitudes de desvinculación presentada por la Policía Nacional, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Superintendencia Nacional de Salud y la oficina de Cobro Coactivo, adscrita a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué. 2º) Ampáranse los derechos invocados por la parte demandante, por los motivos expuestos en esta providencia 3°) Ordénase al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifique al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga el auto del 3 de septiembre de 2025 a través del cual se levantó la sanción de desacato que le había sido impuesta. 4°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05386-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, quince (15) de septiembre de dos mil seis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05386-00
Demandante: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAS PROVIDENCIAS
MEDIANTE LAS CUALES SE IMPUSIERON
SANCIONES DE MULTA Y ARRESTO.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó las providencias a través de las cuales se
determinó la imposición de múltiples multas y arrestos en contra de la parte actora
promovidos por el incumplimiento de órdenes de tutela dirigidas en contra de la Nueva EPS
SA. La Sala amparará los derechos invocados porque si bien se profirió una providencia en
la que se inaplicó la sanción esta no ha sido notificada al actor.

La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada1 por el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué, la
Policía Nacional de Colombia, Nueva EPS SA y la Superintendencia Nacional de
Salud, para la protección de sus derechos fundamentales de la vida, dignidad
humana, igualdad, buen nombre, debido proceso, seguridad social e igualdad,
consagrados en los artículos 1, 11, 48, 49 y 86 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados por la imposición de múltiples multas y arrestos en contra

1 Mediante escrito radicado ante esta corporación el 14 de julio de 2026.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05386-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

de la parte actora con ocasión de una multiplicidad de incidentes de desacato,
debido al incumplimiento de órdenes en el curso de unas acciones de tutela
ocurridas en el transcurso de su labor como gerente zonal del Tolima desde su
ingreso a la institución el 23 de noviembre de 2013 hasta el 3 de octubre de 2025,
fecha de su desvinculación.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga fungió desde el 23 de noviembre de 2013
como gerente zonal para el Tolima en la Nueva EPS, cargo que ejerció hasta el 3
de octubre de 2025.

2) El actor señala que, durante el término de su vinculación, otorgó poder al área
jurídica de Nueva EPS con el objetivo de emitir contestación a las acciones
constitucionales e incidentes de desacato tramitados en contra de la entidad, con la
salvedad de que no tenía facultades de mando, disposición de recursos ni manejo
presupuestal.

3) Durante el ejercicio del cargo, se emitieron órdenes judiciales orientadas a
garantizar el derecho a la salud de diversos usuarios, mediante las cuales se ordenó
a la Nueva EPS la entrega de medicamentos y la asignación de recursos, entre otras
disposiciones.

4) Mediante la Resolución 2025320030001956-6 del 3 de abril de 2024, se
estableció que los procesos esenciales, tales como la contratación de IPS,
facturación y pagos se encontraban centralizados en la ciudad de Bogotá; motivo

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05386-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

por el cual la seccional Tolima carecía de capacidad directa para dar cumplimiento
a las pretensiones de los usuarios al no ostentar la calidad de ordenadora del gasto
y limitarse sus funciones al ámbito operativo local en la sede de Ibagué.

5) En 2024, a raíz de los constantes incumplimientos del régimen financiero y de
solvencia de la Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud determinó la
necesidad de la intervención forzosa en la entidad durante el término de un año,
medida prorrogada mediante la Resolución 2025320030001956-6 al persistir la
insuficiencia patrimonial y demás fallas graves en las reservas técnicas de la Nueva
EPS.

6) El Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué, mediante providencia del 11 de
febrero de 2025, notificada el mismo día, en el curso de la acción de tutela e
incidente de desacato identificados con radicación no. 73001-40-03-005-2025-
00088-00, determinó abrir un incidente de desacato, entre otros, en contra del aquí
actor en su calidad de gerente zonal Tolima de Nueva EPS SAS.

7) Asimismo, mediante providencia del 13 de marzo de 2025, notificada el 14 de los
mismos mes y año, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué verificó el estado
de cumplimiento de la orden judicial e incidental, sobre el cual determinó que i)
efectivamente, se encontraba en desacato al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga y
ii) en razón de su rol, el gerente zonal Tolima de Nueva EPS estaba llamado a dar
cumplimiento urgente a las órdenes médicas y judiciales.

8) Mediante providencia del 26 de marzo de 2025, el Juzgado Sexto Civil del Circuito
de Ibagué, al resolver el trámite de consulta remitido por el Juzgado Quinto Civil
Municipal de Ibagué, confirmó la configuración del desacato, toda vez que a la fecha
del pronunciamiento persistía el incumplimiento de la orden emitida en el fallo de
tutela del 11 de febrero de 2025.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05386-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

9) Mediante Resolución no. 030 del 30 de diciembre de 2025, la Dirección Seccional
del Consejo Superior de la Judicatura decretó el embargo y secuestro de los bienes
inmuebles de los cuales fuese propietario el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga,
así como de sus cuentas bancarias para el pago por desacato de $755.861.340.33
(setecientos cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y un mil trecientos
cuarenta pesos y treinta y tres centavos), correspondiente a los 132 procesos de
cobro coactivo.

2. Fundamentos de la vulneración

La parte actora sustentó su solicitud de amparo en que, en su concepto, en el marco
de la crisis institucional que afecta al sistema de salud, la jurisprudencia ha
consolidado una línea uniforme en la cual, cuando se presenta el incumplimiento de
un fallo de tutela, este obedece a un problema de carácter estructural, de modo que,
contrario a lo establecido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué, no resulta
procedente que se impongan sanciones de desacato a nivel individual, en razón de
la ausencia de responsabilidad subjetiva.

Es así que, tal como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-1234 de 2008,
reafirmado en sentencia SU-034 de 2018, el incidente de desacato no opera en el
entendido de un esquema de responsabilidad objetiva, al contrario, la sola
constatación formal de la desatención de una orden judicial no autoriza la aplicación
de multas o arrestos cuando la persona encargada padece una imposibilidad de
hecho, jurídica o presupuestal; en este supuesto fáctico, el juez está en la obligación
de realizar un análisis integral que revise los factores objetivos, así: i) la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento; ii) el contexto que rodea la ejecución
de la orden impartida; iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional; iv) la
complejidad de las órdenes; v) la capacidad funcional de la persona o institucional
del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo; vi) la competencia

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05386-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

funcional directa para la ejecución de las órdenes de amparo y vii) el plazo otorgado
para su cumplimiento.

Aunado a lo anterior, permitir que las sanciones se incrementen de manera
desmedida convierte el trámite incidental en un mecanismo carente de legitimidad
al desnaturalizar su finalidad persuasiva y correctiva, trasladando de manera
injustificada las consecuencias punitivas de una falla sistémica a la esfera personal
de los representantes legales.

En ese sentido, en sentencia STP5789-20262 del 9 de abril de 2026 se ampararon
los derechos del debido proceso, libertad y dignidad humana de la exgerente
regional noroccidente de Nueva EPS, a quien, tras su retiro, se le habían atribuido
1.997 sanciones de desacato proferidas por 481 despachos judiciales, las cuales
sumaron 3.853 días de arresto y más de $9.131.500.000 de pesos en multas.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a
la violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al
DEBIDO PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS
SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de
los incidentes de desacato proferidos en contra del accionante en su
condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr.
JORGE IVAN OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A.,
y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de
sus competencias legales y administrativas, adelanten de manera
inmediata las gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento
efectivo de las órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los

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Proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. M.P. Diego Eugenio
Corredor Beltrán.

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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

incidentes de desacato, así como las actuaciones judiciales y
administrativas orientadas a asumir institucionalmente las consecuencias
derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento
de las órdenes judiciales. (mayúsculas y negrillas del original – archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)”

4. Actuación procesal

La acción de tutela fue repartida inicialmente a la Sección Cuarta de esta
Corporación, sin embargo, mediante auto del 8 de julio de 2026, se ordenó el
desglose de la demanda y sus anexos, así como abrir expedientes separados por
cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de que las correspondientes
actuaciones fueran sometidas a reparto y tramitadas de manera independiente.

Posterior a dicho desglose, correspondió a este despacho conocer la acción de
tutela dirigida a dejar sin efectos la orden de desacato tramitada por el Juzgado
Quinto Civil Municipal de Ibagué en el proceso 73001-40-03-005-2025-00088-00.

Mediante auto del 15 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la directora de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, al coordinador o quien haga sus veces de la
División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al
director general de la Policía Nacional, al titular del Juzgado Quinto Civil Municipal
de Ibagué, al agente especial interventor de Nueva EPS SA y a la superintendente
Nacional de Salud, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05386-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

5. Actuación de la autoridad judicial demandada y las autoridades vinculadas

El Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué no presentó un informe de respuesta a
la acción de tutela pese a estar debidamente notificado el 23 de julio de 2026 (índice
8 del aplicativo SAMAI); sin embargo, a pesar de no haber remitido respuesta,
efectivamente remitió a este despacho copia magnética del expediente de tutela no
73001-40-03-005-2025-00088-00.

La Oficina de Cobro Coactivo, adscrita a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué informó que la parte actora en la presente acción de tutela
participó como parte en el incidente de desacato tramitado dentro de la acción de
tutela no 73001-40-03-005-2025-00088-00 y, por ende, tuvo la oportunidad procesal
de ejercer su derecho de defensa y contradicción; aunado a ello, solicitó que se
declare que carece de competencia para inaplicar o dejar sin efectos las sanciones
impuestas por los despachos judiciales.

La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Policía Nacional – Metropolitana de Ibagué
solicitó ser desvinculada al no asistirle legitimación en la causa por pasiva al
encontrarse dirigida la presente acción constitucional en contra de una decisión
judicial, razón por la cual no le asiste proferir una respuesta de fondo.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó ser desvinculada al no
asistirle legitimación en la causa por pasiva por no ser la autoridad que emitió las
respuestas cuestionadas ni aquella a quien se atribuye la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados.

El apoderado de la Nueva EPS sostuvo que, si bien la parte accionante no tenía un
rol puramente nominal como gerente zonal Tolima, dicho cargo tampoco le otorgaba
de forma automática la autonomía presupuestal ni la capacidad directa para ejecutar
cada orden judicial, razón por la cual la EPS aclara que la crisis financiera e

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05386-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

intervención administrativa que atraviesa no justifican otorgarle un tratamiento
preferente a las tutelas que afectan la esfera personal del excolaborador, pues la
atención institucional debe regirse estrictamente por la gravedad clínica y la
urgencia médica de los usuarios.

La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura no presentó un informe de
respuesta a la acción de tutela pese a estar debidamente notificado el 23 de julio de
2026 (índice 8 del aplicativo SAMAI)

La Superintendente Nacional de Salud solicitó ser desvinculada al no asistirle
legitimación en la causa por pasiva por no tener ninguna clase de responsabilidad
sobre las actuaciones en cuestión, así como también carecer de capacidad material
para dar cumplimiento a las órdenes impuestas; a su vez, solicitó la acumulación de
las diversas acciones de tutela promovidas por el señor Wilmar Rodolfo Lozano
Parga que sean de conocimiento del Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) cuestión previa: las solicitudes de
desvinculación y de acumulación, 2) finalidad de la acción de tutela y 3) el caso
concreto.

1. Cuestión previa

1.1 Las solicitudes de desvinculación

La Policía Nacional, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Superintendencia Nacional de Salud y la Oficina de Cobro Coactivo, adscrita a la

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05386-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué solicitaron su
desvinculación del asunto, sin embargo, no les asiste razón al declarar que no
cuentan con legitimación en la causa por pasiva en la presente acción de tutela
pues, efectivamente, fueron citados como autoridades demandadas en el escrito de
tutela o vinculadas en razón de su relación con los hechos y en aras de garantizar
su derecho de defensa y contradicción.

Por consiguiente, se negarán sus solicitudes de desvinculación porque su
comparecencia al presente trámite resultaba necesaria para integrar debidamente
el contradictorio.

1.2 La solicitud de acumulación

En su informe, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó la acumulación de las
132 tutelas que previamente se habían ordenado desglosar, sin embargo, la Sala
advierte que dicha petición no es procedente toda vez que, como ya se ha decidido
en ocasiones anteriores3, i) cada uno de los incidentes de desacato se surtieron
dentro de un proceso de tutela autónomo e independiente; ii) no hay igualdad entre
los fundamentos, accionantes y demás circunstancias entre cada acción de tutela;
iii) en cada proceso se impartieron órdenes diferenciadas y iv) mediante auto del 8
de julio de 2026, la Sección Cuarta de esta Corporación, CP Claudia Rodríguez
Velásquez, ordenó el desglose de los 132 procesos en los cuales se impuso una
sanción al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, actuación que no fue controvertida
ni objeto de recursos, por lo cual se encuentra en firme y ejecutoriada, de ahí que
no puede desconocerse.

Así las cosas, se despachará desfavorablemente la solicitud de acumulación y así
se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

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Al respecto, ver radicado 11001-03-15-000-2026-05337-00

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05386-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

2. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir recursos ordinarios o extraordinarios, tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

3. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué, la Policía
Nacional de Colombia, Nueva EPS SA y la Superintendencia Nacional de Salud,
con el fin de que se protejan sus derechos constitucionales fundamentales
presuntamente vulnerados por la imposición de una serie de multas y órdenes de
arresto con ocasión de 132 accidentes de desacato en su contra durante su gestión
como gerente regional de Nueva EPS.

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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala amparará las
pretensiones expuestas por la parte actora, por las razones que procederán a
exponerse:

3.1 Análisis de los requisitos de procedencia

En sentencia de unificación SU-034 de 3 de mayo de 2018, la Corte Constitucional
estableció que la procedencia de este mecanismo contra providencias judiciales
proferidas en el curso de un incidente de este tipo es excepcional y que depende de
si está configurada la vulneración al debido proceso de las partes.

Sobre el particular, sostuvo que el juez constitucional que asuma el conocimiento
de una acción de tutela dirigida a cuestionar una providencia dictada en el curso de
un incidente de desacato solo está autorizado para examinar el respeto del debido
proceso en el trámite.

En ese orden, no puede el juez revisar, cuestionar y/o modificar la decisión ni el
alcance o el contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez primigenio
pues, se trata de un debate que ya fue zanjado y respecto del cual operó la cosa
juzgada, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de ceñirse al trámite
incidental objeto de estudio.

En la referida sentencia, además, la Corte Constitucional compiló así los requisitos
que se deben cumplir para que proceda la acción de tutela contra providencias
proferidas en el trámite incidental de desacato:

“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación
sostiene que para enervar mediante acción de tutela la providencia que
resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los
siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de

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Acción de tutela

finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del
caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas,
que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar
nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio”.

De conformidad con el pronunciamiento jurisprudencial en cita, en el sub examine
la acción de tutela cumple los requisitos de procedencia porque i) la providencia que
modificó y confirmó la sanción por desacato se encuentra ejecutoriada y en firme;
ii) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de la
persona afectada, sin que sea procedente algún otro; iii) se cumplió con el requisito
de la inmediatez4; iv) el asunto es relevante constitucionalmente por cuanto se
discute la supuesta afectación de garantías constitucionales en un trámite de
desacato; y v) no se atacó una sentencia de tutela y la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que estimó transgredidos.

3.2 Se vulneraron los derechos del actor porque no se le notificó la
providencia que levantó la sanción

1) En primer lugar, conviene recordar que lo deprecado por la parte actora en su
escrito de acción de tutela es que se levanten las sanciones por desacato impuestas
en su contra en razón de los incidentes de desacato impuestos durante su labor
como gerente regional del Tolima para la Nueva EPS SA; en lo que corresponde a

4 Aunque la providencia que levantó la sanción se profirió desde el 3 de septiembre de 2025 no fue

notificada a la parte actora, por lo cual no es posible contar el término desde su expedición ya que
se infiere que no la conoció, por lo cual se trata de una vulneración continuada y actual.

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la presente acción constitucional, en relación con el expediente con número de
radicación 73001-40-03-005-2025-00088-00.

2) Al respecto, se tiene que si bien el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué no
emitió informe de respuesta lo cierto es que sí aportó en calidad de préstamo el
expediente correspondiente a la acción de tutela 73001-40-03-005-2025-00088-00.

3) Una vez revisadas las actuaciones de dicho proceso, la Sala constató que desde
el 3 de septiembre de 2025 el apoderado especial de la Nueva EPS SA solicitó el
levantamiento de las sanciones impuestas en el incidente de desacato en contra del
señor Wilmar Lozano Parga, por cuanto como daban cuenta las pruebas que se
acompañaron con esa solicitud, desde el 2 de septiembre de 2025 se le brindó a la
paciente la atención médica requerida y que originó la orden de tutela, motivo por el
cual se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo del 11 de febrero de 2025.

4) A su vez, mediante auto del 3 de septiembre de 2025, el Juzgado Quinto Civil
Municipal de Ibagué resolvió inaplicar la sanción de desacato en contra del señor
Wilmar Rodolfo Lozano Parga, impuesta en providencia del 13 de marzo de 2025 y
confirmada mediante providencia del 26 de marzo de 2025, precisamente porque
constató que se cumplió la orden.

5) En otros témrinos, con esa providencia se cumplió con el objeto de la acción de
tutela de la referencia que preceisamente consistía en que se levantaran dichas
sanciones.

6) Ahora bien, tras la revisión del expediente, esta Sala constató que esa decisión
nunca fue notificada en debida forma al señor Lozano Parga; por consiguiente, la
parte actora nunca la conoció y continúa ignorando formalmente el estado actual y
el contenido de dicha determinación.

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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

7) Por lo tanto, se concederá el amparo del derecho fundamental conculcado, con
el fin de ordenar al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué que en el témrino de
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifique al
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga el auto del 3 de septiembre de 2025 a través
del cual se levantó la sanción de desacato que le había sido impuesta.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:

1°) Niégase las solicitudes de desvinculación presentada por la Policía Nacional, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Superintendencia Nacional de
Salud y la oficina de Cobro Coactivo, adscrita a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué.

2º) Ampáranse los derechos invocados por la parte demandante, por los motivos
expuestos en esta providencia

3°) Ordénase al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagué que, en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifique
al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga el auto del 3 de septiembre de 2025 a través
del cual se levantó la sanción de desacato que le había sido impuesta.

4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05386-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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