Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05337-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05337-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-05337-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
8 de septiembre de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, ocho (8) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05337-00
Demandante: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAS PROVIDENCIAS
MEDIANTE LAS CUALES SE IMPUSO SANCIONES
DE MULTA Y ARRESTO. SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó las providencias a través de las cuales se
determinó la imposición de múltiples multas y arrestos en contra de la parte actora
promovidos por el incumplimiento de órdenes de tutela dirigidas en contra de la Nueva EPS.
La Sala declarará improcedente la acción de tutela por haberse interpuesto por fuera del
término que la jurisprudencia ha establecido como razonable.
La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada1 por el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Tercero Civil de Restitución de
Tierras del Circuito Judicial de Ibagué, la Policía Nacional de Colombia, Nueva EPS
SA y la Superintendencia Nacional de Salud, para la protección de sus derechos
fundamentales de la vida, dignidad humana, buen nombre, debido proceso,
seguridad social e igualdad, consagrados en los artículos 1, 11, 48, 49 y 86 de la
1 Mediante escrito radicado ante esta corporación el 25 de mayo de 2026.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05337-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
Constitución Política, presuntamente vulnerados por la imposición de múltiples
multas y arrestos en contra de la parte actora con ocasión de una multiplicidad de
incidentes de desacato debido al incumplimiento de órdenes en el curso de unas
acciones de tutela ocurridas en el transcurso de su labor como Gerente Zonal del
Tolima desde su ingreso a la institución el 23 de noviembre de 2013 hasta el 3 de
octubre de 2025, fecha de su desvinculación.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga fungió desde el 23 de noviembre de 2013
como gerente zonal para el Tolima en la Nueva EPS, cargo que ejerció hasta el 3
de octubre de 2025.
2) El actor señala que, durante el término de su vinculación, otorgó poder al área
jurídica de Nueva EPS con el objetivo de emitir contestación a las acciones
constitucionales e incidentes de desacato tramitados en contra de la entidad, con la
salvedad de que no tenía facultades de mando, disposición de recursos ni manejo
presupuestal.
3) Durante el ejercicio del cargo, se emitieron órdenes judiciales orientadas a
garantizar el derecho a la salud de diversos usuarios, mediante las cuales se ordenó
a Nueva EPS la entrega de medicamentos y la asignación de recursos, entre otras
disposiciones.
4) Mediante la Resolución 2025320030001956-6 del 3 de abril de 2024, se
estableció que los procesos esenciales, tales como la contratación de IPS,
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05337-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
facturación y pagos se encontraban centralizados en la ciudad de Bogotá; motivo
por el cual la seccional Tolima carecía de capacidad directa para dar cumplimiento
a las pretensiones de los usuarios al no ostentar la calidad de ordenadora del gasto
y limitarse sus funciones al ámbito operativo local en la sede de Ibagué.
5) En 2024, a raíz de los constantes incumplimientos del régimen financiero y de
solvencia de la Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud determinó la
necesidad de la intervención forzosa en la entidad durante el término de un año;
medida la cual fue prorrogada mediante la Resolución 2025320030001956-6 al
persistir la insuficiencia patrimonial y demás fallas graves en las reservas técnicas
de la Nueva EPS.
6) El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Ibagué, mediante providencia del 30 de julio de 2025, notificada el mismo día, en el
curso de la acción de tutela e incidente de desacato identificados con radicado no
73001-31-21-003-2025-00052-00, determinó abrir un incidente de desacato, entre
otros, en contra del aquí actor en su calidad de Gerente Zonal Tolima de Nueva
EPS SAS.
7) Asimismo, mediante providencia del 26 de septiembre de 2025, notificada el día
30 del mismo mes y año2, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Ibagué verificó el estado de cumplimiento de la orden
judicial e incidental, sobre el cual determinó que i) efectivamente, se encontraba en
desacato al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga y ii) en razón de su rol, el Gerente
Zonal Tolima de Nueva EPS estaba llamado a dar cumplimiento urgente a las
órdenes médicas y judiciales, así como a coordinar la entrega de medicamentos,
insumos y la asignación de citas.
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Índice 9 SAMAI, archivo D73001312100320250005200Notificaciones14701f3c.pdf
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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
8) A su vez, el despacho precisó que, salvo en el incidente No. 3-2025-00021-00,
en el que la entidad dio efectivo cumplimiento al amparo, en otros 132 procesos, la
entidad guardó absoluto silencio frente a los traslados y requerimientos surtidos,
configurando una omisión grave, por lo cual determinó que tal conducta resulta
reprochable en tanto desatendió la obligación funcional que le correspondía como
primera línea de ejecución de los fallos de tutela; por ende, procede la sanción por
desacato, correspondiente a tres días de arresto más una multa de cinco SMLMV,
en aquellos radicados donde no exista evidencia de cumplimiento por parte de
Nueva EPS.
9) En Resolución no 030 del 30 de diciembre de 2025, la Dirección Seccional del
Consejo Superior de la Judicatura decretó el embargo y secuestro de los bienes
inmuebles de los cuales fuese propietario el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga,
así como de sus cuentas bancarias para el pago por desacato de $755.861.340.33
(setecientos cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y un mil trescientos
cuarenta pesos y treinta y tres centavos), correspondiente a los 132 procesos de
cobro coactivo.
2. Fundamentos de la vulneración
La parte actora sustentó su solicitud de amparo en que, en su concepto, en el marco
de la crisis institucional que afecta al sistema de salud, la jurisprudencia ha
consolidado una línea uniforme en la cual, cuando se presenta el incumplimiento de
un fallo de tutela, este obedece a un problema de carácter estructural, de modo que,
contrario a lo establecido por el Juzgado Tercero Civil de Restitución de Tierras del
Circuito Judicial de Ibagué, no resulta procedente que se impongan sanciones de
desacato a nivel individual, en razón de la ausencia de responsabilidad subjetiva.
Es así que, tal como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-1234 de 2008,
reafirmado en sentencia SU-034 de 2018; el incidente de desacato no opera en el
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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
entendido de un esquema de responsabilidad objetiva, al contrario, la sola
constatación formal de la desatención de una orden judicial no autoriza la aplicación
de multas o arrestos cuando la persona encargada padece una imposibilidad de
hecho, jurídica o presupuestal; en este supuesto fáctico, el juez está en la obligación
de realizar un análisis integral que revise los factores objetivos, así: i) la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento; ii) el contexto que rodea la ejecución
de la orden impartida; iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional; iv) la
complejidad de las órdenes; v) la capacidad funcional de la persona o institucional
del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo; vi) la competencia
funcional directa para la ejecución de las órdenes de amparo y vii) el plazo otorgado
para su cumplimiento.
Aunado a lo anterior, permitir que las sanciones se incrementen de manera
desmedida convierte el trámite incidental en un mecanismo carente de legitimidad
al desnaturaliza su finalidad persuasiva y correctiva, trasladando de manera
injustificada las consecuencias punitivas de una falla sistémica a la esfera personal
de los representantes legales.
En ese sentido, en sentencia STP5789-20263 del 9 de abril de 2026 se ampararon
los derechos del debido proceso, libertad y dignidad humana de la exgerente
Regional Noroccidente de Nueva EPS, a quien, tras su retiro, se le habían atribuido
1.997 sanciones de desacato proferidas por 481 despachos judiciales, las cuales
sumaron 3.853 días de arresto y más de $9.131.500.000 en multas.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
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Proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. M.P. Diego Eugenio
Corredor Beltrán.
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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
“PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a
la violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al
DEBIDO PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS
SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de
los incidentes de desacato proferidos en contra del accionante en su
condición de ex colaborador de NUEVA EPS.
SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr.
JORGE IVAN OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A.,
y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de
sus competencias legales y administrativas, adelanten de manera
inmediata las gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento
efectivo de las órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los
incidentes de desacato, así como las actuaciones judiciales y
administrativas orientadas a asumir institucionalmente las consecuencias
derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.
TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento
de las órdenes judiciales. (mayúsculas y negrillas del original – archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)”
3. Actuación procesal
La acción de tutela fue repartida inicialmente a la Sección Cuarta de esta
corporación, despacho el cual, mediante auto del 8 de julio de 2026, ordenó el
desglose de la demanda y sus anexos, así como abrir expedientes separados por
cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de que las correspondientes
actuaciones fueran sometidas a reparto y tramitadas de manera independiente.
Posterior a dicho desglose, correspondió a este despacho conocer la acción de
tutela dirigida a dejar sin efectos la orden de desacato tramitada por el Juzgado
Tercero Civil de Restitución de Tierras del Circuito Judicial de Ibagué en el proceso
73001-31-21-003-2025-00052-00.
Mediante auto del 15 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la directora de la Dirección
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05337-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
Ejecutiva de Administración Judicial, al coordinador o quien haga sus veces de la
División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al
director general de la Policía Nacional, al titular del Juzgado Tercero Civil de
Restitución de Tierras del Circuito Judicial de Ibagué, al agente especial interventor
de Nueva EPS SA y a la superintendente Nacional de Salud, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
4. Actuación de la autoridad judicial demandada y las autoridades vinculadas
El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Ibagué informó que las actuaciones previas al incidente de desacato se surtieron
siguiendo el principio de debido proceso, permitiéndole a las partes aportar,
controvertir y recurrir las pruebas que reposaban en el proceso primigenio, así como
presentar alegatos de conclusión y, en fin, hacer uso de todas las herramientas
procesales dispuestas en la ley.
Así mismo, reiteró que i) el despacho ha realizado la verificación de las órdenes
vigentes, pudiendo evidenciar que no se ha acreditado el cumplimiento de las
mismas; ii) pese a que Colsubsidio cumplió posteriormente con las órdenes de los
fallos de tutela, esto no se traduce en la revocatoria de las sanciones para las demás
partes, es decir, dicho cumplimiento posterior libera de responsabilidad única y
exclusivamente a los representantes de Colsubsidio; iii) contrario a lo argumentado
por la parte actora, no se generaron nuevas sanciones posteriores a su
desvinculación del cargo de gerente zonal Tolima de Nueva EPS, en cambio, la
consulta del 7 de octubre y el auto de obedecimiento del 23 de octubre no se
circunscriben a nuevos hechos ni sanciones, por el contrario, cumplen la función de
revisión y ejecución adoptada por la conducta observada durante el periodo en que
fungía en el cargo evaluado.
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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
La oficina de Cobro Coactivo, adscrita a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué informó que la parte actora en la presente acción de tutela
participó como parte en el incidente de desacato tramitado dentro de la acción de
tutela no 73001-12-90-000-2025-00651-00 y, por ende, tuvo la oportunidad procesal
de ejercer su derecho de defensa y contradicción; aunado a ello, la oficina de cobro
coactivo solicitó que se declare que carece de competencia para inaplicar o dejar
sin efectos las sanciones impuestas por los despachos judiciales.
La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Policía Nacional – Metropolitana de Ibagué,
solicitó ser desvinculada al no asistirle legitimación en la causa por pasiva al
encontrarse dirigida la presente acción constitucional en contra de una decisión
judicial, razón por la cual no le asiste proferir una respuesta de fondo.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó ser desvinculada al no
asistirle legitimación en la causa por pasiva al no ser la autoridad que emitió las
respuestas cuestionadas ni aquella a quien se atribuye la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados; a su vez, solicitó la acumulación de las
diversas acciones de tutela promovidas por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga
que sean de conocimiento del Consejo de Estado.
El apoderado de la Nueva EPS sostiene que, si bien la parte accionante no tenía un
rol puramente nominal como Gerente Zonal Tolima, dicho cargo tampoco le
otorgaba de forma automática la autonomía presupuestal ni la capacidad directa
para ejecutar cada orden judicial, razón por la cual la EPS aclara que la crisis
financiera e intervención administrativa que atraviesa no justifican otorgarle un
tratamiento preferente a las tutelas que afectan la esfera personal del
excolaborador, pues la atención institucional debe regirse estrictamente por la
gravedad clínica y la urgencia médica de los usuarios; a su vez, solicitó la
acumulación de las diversas acciones de tutela promovidas por el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga que sean de conocimiento del Consejo de Estado.
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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó ser desvinculada al no
asistirle legitimación en la causa por pasiva al no ser la autoridad que debe dar
cumplimiento al fallo, por el contrario, quien debe dar cumplimiento a dicha orden
es la autoridad administrativa la cual adelanta el proceso de cobro coactivo.
La Superintendente Nacional de Salud no presentó un informe de respuesta a la
acción de tutela pese a estar debidamente notificado el 23 de julio de 2026 (índice
8 del aplicativo SAMAI)
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) cuestión previa: las solicitudes de
desvinculación y de acumulación, 2) finalidad de la acción de tutela y 3) el caso
concreto.
1. Cuestión previa
1.1 Las solicitudes de desvinculación
Con fundamento en lo expuesto en la providencia objeto de reproche, no resulta
procedente desvincular al Consejo Superior de la Judicatura del trámite de la
presente acción de tutela, en tanto se evidencia que dicha entidad fue quien,
mediante resolución número 030 del 30 de diciembre de 2025 decretó el embargo
y secuestro de los bienes inmuebles de la parte actora.
En efecto, la controversia que dio origen al presente asunto se estructuró
precisamente a partir de actuaciones y decisiones atribuibles al Consejo Superior
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05337-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
de la Judicatura, incluyendo la expedición del acto administrativo que dio apertura
al embargo y secuestro de los bienes inmuebles de la parte demandante, actuación
objeto de cuestionamiento en sede de tutela.
Así las cosas, teniendo en cuenta que esta acción de tutela se dirige, entre otros,
en contra de la resolución expedida por dicha entidad, y que los argumentos de la
demanda guardan relación directa con la legalidad y justificación de las decisiones
adoptadas en su expedición, su vinculación en esta sede constitucional resulta
necesaria, no solo por razones de debido proceso, sino también para garantizar el
ejercicio de su derecho de defensa frente a las imputaciones formuladas.
Lo mismo ocurre con las solicitudes de la Policía Nacional y la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, pues, efectivamente, fueron citados como demandados
o vinculados en atención a su relación con la controversia, de modo que su
comparecencia era necesaria en aras de garantizar los derechos del debido proceso
y defensa.
1.2 Las solicitudes de acumulación
En sus respectivos informes, la Nueva EPS y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitaron la acumulación de las 132 tutelas que
previamente se habían ordenado desglosar, sin embargo, la Sala advierte que dicha
petición no es procedente toda vez que i) cada uno de los incidentes de desacato
se surtieron dentro de un proceso de tutela autónomo e independiente; ii) no hay
igualdad entre los fundamentos, accionantes y demás circunstancias entre cada
acción de tutela; iii) en cada proceso se impartieron órdenes diferenciadas y iv)
mediante auto del 8 de julio de 2026, la Sección Cuarta de esta Corporación, C.P
Claudia Rodríguez Velásquez, ordenó el desglose de los 132 procesos en los cuales
se impuso una sanción al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, actuación que no
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05337-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
fue controvertida ni objeto de recursos, por lo cual se encuentra en firme y
ejecutoriada, de ahí que no puede desconocerse.
Así las cosas, se despacharán desfavorablemente las solicitudes de acumulación y
así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.
2. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir recursos ordinarios o extraordinarios, tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
3. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Juzgado Tercero Civil de Restitución de Tierras del
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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
Circuito Judicial de Ibagué, la Policía Nacional de Colombia, Nueva EPS SA y la
Superintendencia Nacional de Salud con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales de la vida, dignidad humana, igualdad, buen
nombre, debido proceso, seguridad social e igualdad, presuntamente vulnerados
por la imposición de múltiples multas y arrestos en contra de la parte actora con
ocasión de una diversidad de incidentes de desacato por el incumplimiento de
ordenes en acciones de tutela ocurridas durante su labor como Gerente Zonal del
Tolima desde el 23 de noviembre de 2013 hasta el 3 de octubre de 2025.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela con fundamento en lo siguiente:
3.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de
una correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador
de los derechos fundamentales.
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos
con el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las
situaciones que vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en aras de que
se puedan tomar medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata4” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir
4 En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.”. (negrillas adicionales).
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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
su cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni
desproporcionado que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad
judicial por vía de la acción de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la
necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del
derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con
anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del
tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una
providencia judicial, puede afectar además el principio de seguridad jurídica;
de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa
judicial la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se
exija a los afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento
de la vulneración o amenaza.
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin
efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la
notificación o ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser
razonable, so pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de
seguridad jurídica el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte,
consolide sus efectos y se legitime.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Acción de tutela
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las
decisiones con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los
derechos de los terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de
manera indefinida a que su contraparte no haga uso de esta herramienta o
someterse a procesos sempiternos, lo cual desde luego desdibuja la esencia de
este mecanismo e implicaría sacrificar principios tan valiosos de cualquier
ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha
sido enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser
equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las
acciones ordinarias, pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente
es erigirse en la primera herramienta de protección y defensa ante acciones u
omisiones que pongan en riesgo o vulneren garantías iusfundamentales en
ocasiones aplicar de manera estricta el término de 6 meses puede resultar en una
decisión excesivamente rigurosa.
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede
llevar al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía
ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen
que la demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que
demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son
permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que
deben analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la
inmediatez, a saber:
“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes;
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Acción de tutela
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción
y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición6”.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe
valorar si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones
jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad del
accionante, hipótesis en las cuales el amparo constitucional siempre será
procedente.
3.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso
concreto
1) La Sala encontró que en el presente asunto la providencia mediante la cual se
declaró en desacato al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga fue proferida el 26 de
septiembre de 2025; se envió mensaje de datos para notificar el día 30 de los
mismos mes y año, en consecuencia, se efectuó la notificación el día 6 de octubre
de la misma anualidad. La presente acción de tutela se presentó ante la Sección
Cuarta de esta corporación el 25 de mayo de 20267, esto es, 7 meses y 19 días
después, lo que denota que se ejerció de manera extemporánea.
2) Sobre el particular, la sala precisa que toma dicha fecha ya que fue este el día en
que la parte actora radicó el escrito de demanda de tutela ante esta corporación, y
si bien se procedió, mediante fecha de 8 de julio de 2026, a efectuar el desglose de
6 Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
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Índice 2 SAMAI proceso 11001-03-15-000-2026-04017-00.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05337-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
cada uno de los procesos, la fecha concreta de radicación de la acción
constitucional fue la de su primer escrito.
3) La Sala adopta como hito temporal la fecha de notificación de la providencia que
declaró en desacato al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, y no la de la Resolución
030 del 30 de diciembre de 2025; lo anterior, por cuanto el cómputo debe realizarse
a partir de la ocurrencia del hecho vulnerador8, esto es, desde el momento en que
el accionante tuvo conocimiento de la sanción judicial.
4) En consecuencia, la Sala tomará dicha fecha con prelación sobre la de la
Resolución 030 del 30 de diciembre de 2025 expedida por el Consejo Superior de
la Judicatura, dado que el acto administrativo posterior se expidió con el único
propósito de ejecutar lo ordenado en dicha providencia y constituye un mero acto
de ejecución de una decisión judicial que se limitó a materializar la orden.
5) A su vez, esta Sala reconoce que aplicar de manera estricta el término de seis
meses puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa por lo que no
siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela
se ha presentado de forma tardía.
6) Lo anterior, por cuanto existen circunstancias especiales que no solo justifican
que la acción de tutela se haya presentado en un término irrazonable, sino que
demuestran que el hecho o la omisión que vulnera los derechos fundamentales son
permanentes, persistentes en el tiempo y hacen que la violación sea siempre
actual.
7) Se insiste que cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo, por regla general, es de seis (6) meses determinados a partir
del momento en que se notifica el hecho vulnerador, en el presente caso, el auto
8
Sobre el particular, ver, Sentencia T-291/16 Corte Constitucional, M.P Alberto Rojas Ríos.
Sentencia T-254/24, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo. Sentencia T-323/24, M.P Juan Carlos
Cortés González.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05337-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
que declara en desacato a la parte actora, pues es a partir de allí que se infiere que
las partes tienen conocimiento de las decisiones judiciales.
8) Por otro lado, la Sala advierte la ausencia de una justificación plausible que
explique la extemporaneidad en la interposición del amparo; de igual forma, en el
plenario no se alegó ni se acreditó que el accionante ostente la condición de sujeto
de especial protección constitucional, como tampoco se evidenciaron circunstancias
de vulnerabilidad o caso fortuito que faculten a esta corporación para flexibilizar el
presupuesto procesal de inmediatez.
9) Así entonces, la Sala considera que se encuentra objetivamente acreditado que
no se cumplió el requisito de la inmediatez, por un lado, porque transcurrieron más
de seis meses desde la notificación de la providencia que declaró en desacato al
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga y, por otro, porque la parte actora en la
demanda no expuso razones admisibles que justificaran la tardanza en la
presentación del mecanismo constitucional, motivos suficientes para declarar la
improcedencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
1º) Deniégase a las solicitudes de desvinculación presentadas por la Policía
Nacional y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior
de la Judicatura.
2°) Niégase la solicitud de acumulación presentada por la Nueva EPS y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05337-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela
3°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO
Magistrado VICTORIA
(Firmado electrónicamente) Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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