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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05461-00

Fecha
15 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05461-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Deniégase las solicitudes de desvinculación presentadas por la dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Superintendencia Nacional de Salud y la oficina de Cobro Coactivo, adscrita a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué y el Consejo Superior de la Judicatura. 2°) Niégase la solicitud de acumulación. 3°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 4°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05461-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Demandante: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAS PROVIDENCIAS
MEDIANTE LAS CUALES SE IMPUSIERON
SANCIONES DE MULTA Y ARRESTO.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó las providencias a través de las cuales se
determinó la imposición de múltiples multas y arrestos en contra de la parte actora
promovidos por el incumplimiento de órdenes de tutela dirigidas en contra de la Nueva EPS
SA. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del presupuesto
de inmediatez por haberse interpuesto por fuera del término que la jurisprudencia ha
establecido como razonable.

La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada1 por el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Penal con Función de
Conocimiento Municipal 004 de Ibagué, la Policía Nacional de Colombia, Nueva
EPS SA y la Superintendencia Nacional de Salud, para la protección de sus
derechos fundamentales de la vida, dignidad humana, igualdad, buen nombre,
debido proceso, seguridad social e igualdad, consagrados en los artículos 1, 11, 48,

1 Mediante escrito radicado ante esta corporación el 14 de julio de 2026.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

49 y 86 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados por la imposición de
múltiples multas y arrestos en contra de la parte actora con ocasión de una
multiplicidad de incidentes de desacato debido al incumplimiento de órdenes en el
curso de unas acciones de tutela ocurridas en el transcurso de su labor como
gerente zonal del Tolima desde su ingreso a la institución el 23 de noviembre de
2013 hasta el 3 de octubre de 2025, fecha de su desvinculación.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga fungió desde el 23 de noviembre de 2013
como gerente zonal para el Tolima en la Nueva EPS, cargo que ejerció hasta el 3
de octubre de 2025.

2) El actor señala que, durante el término de su vinculación, otorgó poder al área
jurídica de Nueva EPS con el objetivo de emitir contestación a las acciones
constitucionales e incidentes de desacato tramitados en contra de la entidad, con la
salvedad de que no tenía facultades de mando, disposición de recursos ni manejo
presupuestal.

3) Durante el ejercicio del cargo, se emitieron órdenes judiciales orientadas a
garantizar el derecho a la salud de diversos usuarios, mediante las cuales se ordenó
a la Nueva EPS la entrega de medicamentos y la asignación de recursos, entre otras
disposiciones.

4) Mediante la Resolución 2025320030001956-6 del 3 de abril de 2024, se
estableció que los procesos esenciales, tales como la contratación de IPS,

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

facturación y pagos se encontraban centralizados en la ciudad de Bogotá; motivo
por el cual la seccional Tolima carecía de capacidad directa para dar cumplimiento
a las pretensiones de los usuarios al no ostentar la calidad de ordenadora del gasto
y limitarse sus funciones al ámbito operativo local en la sede de Ibagué.

5) En 2024, a raíz de los constantes incumplimientos del régimen financiero y de
solvencia de la Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud determinó la
necesidad de la intervención forzosa en la entidad durante el término de un año,
medida prorrogada mediante la Resolución 2025320030001956-6 al persistir la
insuficiencia patrimonial y demás fallas graves en las reservas técnicas de la Nueva
EPS.

6) El Juzgado Penal con Función de Conocimiento Municipal 004 de Ibagué,
mediante providencia del 19 de marzo de 2025, notificada el día siguiente, en el
curso de la acción de tutela e incidente de desacato identificados con radicación no.
73001-40-09-004-2025-00057-00, determinó abrir un incidente de desacato, entre
otros, en contra del aquí actor en su calidad de gerente zonal Tolima de Nueva EPS
SAS.

7) Asimismo, mediante providencia del 2 de abril de 2025, notificada el 7 de los
mismos mes y año, el Juzgado Penal con Función de Conocimiento Municipal 004
de Ibagué verificó el estado de cumplimiento de la orden judicial e incidental, sobre
el cual determinó que i) efectivamente, se encontraba en desacato al señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga y ii) en razón de su rol, el gerente zonal Tolima de Nueva
EPS estaba llamado a dar cumplimiento urgente a las órdenes médicas y judiciales,
así como a coordinar la entrega de medicamentos, insumos y la asignación de citas.

8) Por medio del grado jurisdiccional de consulta, el Juzgado Noveno Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Ibagué, mediante providencia del 21 de
abril de 2025, resolvió confirmar el auto del 2 de abril de 2025 por cuanto determinó

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

que, en efecto, se incurrió en la omisión de los deberes legales y contractuales al
desconocer los derechos de la parte accionante en el proceso primigenio, esto es,
no se prestó el servicio médico especializado sin demostrar ninguna situación de
imposibilidad que impidiese la prestación del servicio.

9) En Resolución no. 030 del 30 de diciembre de 2025, la Dirección Seccional del
Consejo Superior de la Judicatura decretó el embargo y secuestro de los bienes
inmuebles de los cuales fuese propietario el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga,
así como de sus cuentas bancarias para el pago por desacato de $755.861.340.33
(setecientos cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y un mil trescientos
cuarenta pesos y treinta y tres centavos), correspondiente a los 132 procesos de
cobro coactivo.

2. Fundamentos de la vulneración

La parte actora sustentó su solicitud de amparo en que, en su concepto, en el marco
de la crisis institucional que afecta al sistema de salud, la jurisprudencia ha
consolidado una línea uniforme en la cual, cuando se presenta el incumplimiento de
un fallo de tutela, este obedece a un problema de carácter estructural, de modo que,
contrario a lo establecido por el Juzgado Penal con Función de Conocimiento
Municipal 004 de Ibagué, no resulta procedente que se impongan sanciones de
desacato a nivel individual, en razón de la ausencia de responsabilidad subjetiva.

Es así que, tal como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-1234 de 2008,
reafirmado en sentencia SU-034 de 2018, el incidente de desacato no opera en el
entendido de un esquema de responsabilidad objetiva, al contrario, la sola
constatación formal de la desatención de una orden judicial no autoriza la aplicación
de multas o arrestos cuando la persona encargada padece una imposibilidad de
hecho, jurídica o presupuestal; en este supuesto fáctico, el juez está en la obligación
de realizar un análisis integral que revise los factores objetivos, así: i) la

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento; ii) el contexto que rodea la ejecución
de la orden impartida; iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional; iv) la
complejidad de las órdenes; v) la capacidad funcional de la persona o institucional
del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo; vi) la competencia
funcional directa para la ejecución de las órdenes de amparo y vii) el plazo otorgado
para su cumplimiento.

Aunado a lo anterior, permitir que las sanciones se incrementen de manera
desmedida convierte el trámite incidental en un mecanismo carente de legitimidad
al desnaturalizar su finalidad persuasiva y correctiva, trasladando de manera
injustificada las consecuencias punitivas de una falla sistémica a la esfera personal
de los representantes legales.

En ese sentido, en sentencia STP5789-20262 del 9 de abril de 2026 se ampararon
los derechos del debido proceso, libertad y dignidad humana de la exgerente
regional noroccidente de Nueva EPS, a quien, tras su retiro, se le habían atribuido
1.997 sanciones de desacato proferidas por 481 despachos judiciales, las cuales
sumaron 3.853 días de arresto y más de $9.131.500.000 de pesos en multas.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a
la violación de mis derechos anteriormente descritos especialmente al
DEBIDO PROCESO, ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS
SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA VIGENTES impuestas dentro de
los incidentes de desacato proferidos en contra del accionante en su
condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

2 Proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. M.P. Diego Eugenio

Corredor Beltrán.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr.
JORGE IVAN OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A.,
y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de
sus competencias legales y administrativas, adelanten de manera
inmediata las gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento
efectivo de las órdenes de tutela pendientes que dieron origen a los
incidentes de desacato, así como las actuaciones judiciales y
administrativas orientadas a asumir institucionalmente las consecuencias
derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las
autoridades correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento
de las órdenes judiciales. (mayúsculas y negrillas del original – archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)”

4. Actuación procesal

La acción de tutela fue repartida inicialmente a la Sección Cuarta de esta
Corporación, sin embargo, mediante auto del 8 de julio de 2026, se ordenó el
desglose de la demanda y sus anexos, así como abrir expedientes separados por
cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de que las correspondientes
actuaciones fueran sometidas a reparto y tramitadas de manera independiente.

Posterior a dicho desglose, correspondió a este despacho conocer la acción de
tutela dirigida a dejar sin efectos la orden de desacato tramitada por el Juzgado
Penal con Función de Conocimiento Municipal 004 de Ibagué en el proceso 73001-
40-09-004-2025-00057-00.

Mediante auto del 15 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la directora de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, al coordinador o quien haga sus veces de la
División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al
director general de la Policía Nacional, al titular del Juzgado Penal con Función de
Conocimiento Municipal 004 de Ibagué, al agente especial interventor de Nueva

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

EPS SA y a la superintendente Nacional de Salud, con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada y las autoridades vinculadas

El Juzgado Penal con Función de Conocimiento Municipal 004 de Ibagué realizó
una relación de los antecedentes de la acción de tutela 73001-40-09-004-2025-
00057-00; a su vez, refirió que, al no ser la suscrita juez quien profirió las decisiones
cuestionadas en la presente acción constitucional, por cuanto, para la fecha de los
hechos no fungía en el cargo, no le es posible realizar un pronunciamiento
relacionado a los hechos en cuestión.

La oficina de Cobro Coactivo, adscrita a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué informó que la parte actora en la presente acción de tutela
participó como parte en el incidente de desacato tramitado dentro de la acción de
tutela no 73001-40-09-2025-00057-00 y, por ende, tuvo la oportunidad procesal de
ejercer su derecho de defensa y contradicción.

La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Policía Nacional – Metropolitana de Ibagué,
no presentó un informe de respuesta a la acción de tutela pese a estar debidamente
notificado el 24 de julio de 2026 (índice 8 del aplicativo SAMAI).

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó ser desvinculada al no
asistirle legitimación en la causa por pasiva al no ser la autoridad que emitió las
respuestas cuestionadas ni aquella a quien se atribuye la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados.

El apoderado de la Nueva EPS sostiene que, si bien la parte accionante no tenía un
rol puramente nominal como gerente zonal Tolima, dicho cargo tampoco le otorgaba
de forma automática la autonomía presupuestal ni la capacidad directa para ejecutar

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

cada orden judicial, razón por la cual la EPS aclara que la crisis financiera e
intervención administrativa que atraviesa no justifican otorgarle un tratamiento
preferente a las tutelas que afectan la esfera personal del excolaborador, pues la
atención institucional debe regirse estrictamente por la gravedad clínica y la
urgencia médica de los usuarios.

La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó ser desvinculada al no
asistirle legitimación en la causa por pasiva al no ser la autoridad que debe dar
cumplimiento al fallo, por el contrario, quien debe dar cumplimiento a dicha orden
es la autoridad administrativa la cual adelanta el proceso de cobro coactivo.

La Superintendente Nacional de Salud solicitó ser desvinculada al no asistirle
legitimación en la causa por pasiva por no tener ninguna clase de responsabilidad
sobre las actuaciones en cuestión, así como también carecer de capacidad material
para dar cumplimiento a las órdenes impuestas; a su vez, solicitó la acumulación de
las diversas acciones de tutela promovidas por el señor Wilmar Rodolfo Lozano
Parga que sean de conocimiento del Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) cuestión previa: las solicitudes de
desvinculación y de acumulación, 2) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso
concreto.

1. Cuestión previa

1.1 Las solicitudes de desvinculación

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

Con fundamento en lo expuesto en la providencia objeto de reproche, no resulta
procedente desvincular al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, la Superintendencia Nacional de Salud y la oficina de
Cobro Coactivo, adscrita a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué, pues, efectivamente, fueron citados como autoridades demandadas en el
escrito de tutela o vinculadas en razón de su relación con los hechos y en aras de
garantizar su derecho de defensa y contradicción.

Por consiguiente, se negarán sus solicitudes de desvinculación porque su
comparecencia al presente trámite resultaba necesaria para integrar debidamente
el contradictorio.

1.2 La solicitud de acumulación

En su informe, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó la acumulación de las
132 tutelas que previamente se habían ordenado desglosar, sin embargo, la Sala
advierte que, como ya se ha decidido en ocasiones anteriores3, dicha petición no
es procedente toda vez que i) cada uno de los incidentes de desacato se surtieron
dentro de un proceso de tutela autónomo e independiente; ii) no hay igualdad entre
los fundamentos, accionantes y demás circunstancias entre cada acción de tutela;
iii) en cada proceso se impartieron órdenes diferenciadas y iv) mediante auto del 8
de julio de 2026, la Sección Cuarta de esta Corporación, C.P Claudia Rodríguez
Velásquez, ordenó el desglose de los 132 procesos en los cuales se impuso una
sanción al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, actuación que no fue controvertida
ni objeto de recursos, por lo cual se encuentra en firme y ejecutoriada, de ahí que
no puede desconocerse.

Así las cosas, se despachará desfavorablemente la solicitud de acumulación y así
se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

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Al respecto, ver radicado 11001-03-15-000-2026-05337-00

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

2. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir recursos ordinarios o extraordinarios, tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

3. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Juzgado Penal con Función de Conocimiento Municipal
004 de Ibagué, la Policía Nacional de Colombia, Nueva EPS SA y la
Superintendencia Nacional de Salud con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales de la vida, dignidad humana, igualdad, buen
nombre, debido proceso, seguridad social e igualdad, presuntamente vulnerados
por la imposición de múltiples multas y arrestos en contra de la parte actora con
ocasión de una diversidad de incidentes de desacato por el incumplimiento de

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

ordenes en acciones de tutela ocurridas durante su labor como gerente zonal del
Tolima desde el 23 de noviembre de 2013 hasta el 3 de octubre de 2025.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela con fundamento en lo siguiente:

3.1 Requisitos de procedencia cuando se reprochan providencias proferidas
en el marco de incidentes de desacato

Es del caso destacar que, en sentencia de unificación SU-034 de 3 de mayo de
2018, la Corte Constitucional estableció que la procedencia de este mecanismo
contra providencias judiciales proferidas en el curso de un incidente de este tipo es
excepcional y que depende de si está configurada la vulneración al debido proceso
de las partes.

Sobre el particular, sostuvo que el juez constitucional que asuma el conocimiento
de una acción de tutela dirigida a cuestionar una providencia dictada en el curso de
un incidente de desacato solo está autorizado para examinar el respeto del debido
proceso en el trámite.

En ese orden, no puede el juez revisar, cuestionar y/o modificar la decisión ni el
alcance o el contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez primigenio
pues, se trata de un debate que ya fue zanjado y respecto del cual operó la cosa
juzgada, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de ceñirse al trámite
incidental objeto de estudio.

En la referida sentencia, además, la Corte Constitucional compiló así los requisitos
que se deben cumplir para que proceda la acción de tutela contra providencias
proferidas en el trámite incidental de desacato:

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación
sostiene que para enervar mediante acción de tutela la providencia que
resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los
siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del
caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas,
que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar
nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio.”. (archivo disponible en
medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

De conformidad con el pronunciamiento jurisprudencial en cita, para que sea
procedente el mecanismo constitucional contra providencias judiciales proferidas en
el curso de un incidente de desacato, es necesario i) que la providencia que
confirma la sanción impuesta esté ejecutoriada y en firme; ii) que se hayan agotado
todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de la persona
afectada, sin que sea procedente algún otro; se cumpla con el requisito de la
inmediatez; no se ataque una sentencia de tutela y que se identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos, además, se alegue una violación directa de la Constitución y,
iii) que no se hayan planteado argumentos nuevos que dejaron de expresarse en el
incidente de desacato, y que no se solicite la práctica de nuevas pruebas que no
fueron aportadas desde un principio en el trámite incidental.

3.2 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de
una correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

de los derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos
con el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las
situaciones que vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en aras de que
se puedan tomar medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata4” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir
su cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni
desproporcionado que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad
judicial por vía de la acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la
necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del
derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con
anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del
tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una
providencia judicial, puede afectar además el principio de seguridad jurídica;
de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5”.

4 En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:

“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.”. (negrillas adicionales).

5 Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.

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Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa
judicial la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se
exija a los afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento
de la vulneración o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin
efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la
notificación o ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser
razonable, so pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de
seguridad jurídica el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte,
consolide sus efectos y se legitime.

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las
decisiones con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los
derechos de los terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de
manera indefinida a que su contraparte no haga uso de esta herramienta o
someterse a procesos sempiternos, lo cual desde luego desdibuja la esencia de
este mecanismo e implicaría sacrificar principios tan valiosos de cualquier
ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha
sido enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser
equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las
acciones ordinarias, pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente
es erigirse en la primera herramienta de protección y defensa ante acciones u
omisiones que pongan en riesgo o vulneren garantías iusfundamentales en
ocasiones aplicar de manera estricta el término de 6 meses puede resultar en una
decisión excesivamente rigurosa.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede
llevar al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía
ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen
que la demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que
demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son
permanentes, persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que
deben analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la
inmediatez, a saber:

“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después
de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales,
de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición6”.

En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe
valorar si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones
jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad del
accionante, hipótesis en las cuales el amparo constitucional siempre será
procedente.

6 Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

3.3 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso
concreto

1) La Sala encontró que en el presente asunto la providencia mediante la cual se
declaró en desacato el señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga fue proferida el 2 de
abril de 2025; se envió mensaje de datos para notificar el día 7 de los mismos mes
y año y, en consecuencia, la notificación se entiende surtida el 11 de abril de la
misma anualidad, sin embargo, la presente acción de tutela se presentó ante esta
Corporación el 25 de mayo de 20267, esto es, 1 año, 1 mes y 14 días después, lo
que denota que se ejerció de manera extemporánea.

2) La Sala adopta como hito temporal la fecha de notificación de la providencia que
declaró en desacato al señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga, y no la de la Resolución
030 del 3 de diciembre de 2025, por cuanto el cómputo debe realizarse a partir de
la ocurrencia del hecho vulnerador8, esto es, desde el momento en que el
accionante tuvo conocimiento de la sanción judicial.

3) En consecuencia, la Sala tomará dicha fecha con prelación sobre la de la
Resolución 030 del 30 de diciembre de 2025 expedida por el Consejo Superior de
la Judicatura, dado que el acto administrativo posterior se expidió con el único
propósito de ejecutar lo ordenado en dicha providencia y constituye un mero acto
de ejecución de una decisión judicial que se limitó a materializar la orden.

4) A su vez, esta Sala reconoce que aplicar de manera estricta el término de seis
meses puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa por lo que no
siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela
se ha presentado de forma tardía.

7 Índice 2 SAMAI proceso 11001-03-15-000-2026-04017-00.
8 Sobre el particular, ver, Sentencia T-291/16 Corte Constitucional, .P Alberto Rojas Ríos. Sentencia

T-254/24, MP Antonio José Lizarazo Ocampo. Sentencia T-323/24, MP Juan Carlos Cortés
González.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

5) Lo anterior, por cuanto existen circunstancias especiales que no solo justifican
que la acción de tutela se haya presentado en un término irrazonable, sino que
demuestran que el hecho o la omisión que vulnera los derechos fundamentales son
permanentes, persistentes en el tiempo y hacen que la violación sea siempre
actual.

6) Se insiste que cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo, por regla general, es de seis (6) meses determinados a partir
del momento en que se notifica el hecho vulnerador, en el presente caso, el auto
que declara en desacato a la parte actora, pues es a partir de allí que se infiere que
las partes tienen conocimiento de las decisiones judiciales.

7) Por otro lado, la Sala advierte la ausencia de una justificación plausible que
explique la extemporaneidad en la interposición del amparo; de igual forma, en el
plenario no se alegó ni se acreditó que el accionante ostente la condición de sujeto
de especial protección constitucional, como tampoco se evidenciaron circunstancias
de vulnerabilidad o caso fortuito que faculten a esta corporación para flexibilizar el
presupuesto procesal de inmediatez.

8) Así entonces, la Sala considera que se encuentra objetivamente acreditado que
no se cumplió el requisito de la inmediatez, por un lado, porque transcurrieron más
de seis meses desde la notificación de la providencia que declaró en desacato al
señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga y, por otro, porque la parte actora en la
demanda no expuso razones admisibles que justificaran la tardanza en la
presentación del mecanismo constitucional, motivos suficientes para declarar la
improcedencia del mecanismo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05461-00
Actor: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Acción de tutela

FALLA:

1º) Deniégase las solicitudes de desvinculación presentadas por la dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Superintendencia Nacional de Salud y la
oficina de Cobro Coactivo, adscrita a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué y el Consejo Superior de la Judicatura.

2°) Niégase la solicitud de acumulación.

3°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO
Magistrado VICTORIA
(Firmado electrónicamente) Magistrado
(Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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