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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05396-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05396-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué. SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. TERCERO: NO ACCEDER a la solicitud de la Nueva EPS encaminada a recomponer la unidad procesal y acumular los expedientes originados en el desglose, por las razones expuestas en esta providencia. CUARTO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela respecto del defecto procedimental fundado en la presunta indebida notificación de las decisiones adoptadas dentro del incidente de desacato, por no superar el requisito de subsidiariedad. QUINTO: NEGAR el amparo solicitado frente a los autos del 5 y 14 de diciembre de 2023, proferidos por el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente. SEXTO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 1 de julio de 2025, en consecuencia, ORDENAR al Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué que profiera una decisión de reemplazo, en la que resuelva la solicitud de inaplicación o revocatoria de la sanción impuesta dentro del expediente 73001-33-33-012-2023-00378-00/01, con observancia de los criterios expuestos en esta providencia. Una vez adoptada esta decisión, deberá comunicarla inmediatamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué. SÉPTIMO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué que suspenda el proceso de cobro coactivo 73001-12-90-000-2025-00362- 00 hasta que quede en firme la decisión de reemplazo indicada en el numeral anterior y, posteriormente, proceda de conformidad con lo que allí se resuelva. 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros Radicado: 11001-03-15-000-2026-05396-00 OCTAVO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-05396-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05396-00
Demandante: WILMAR RODOLFO LOZANO PARGA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Wilmar Rodolfo Lozano Praga, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado Doce
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Ibagué y el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso,
al patrimonio, a la igualdad y al buen nombre.

Las anteriores garantías las estimó trasgredidas, con ocasión de los autos
proferidos el 5 y 14 de diciembre de 2023, por el Juzgado Doce Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro
del expediente de tutela identificado con el radicado 73001-33-33-012-2023-
00378-00/01. Así como también, por el cobro de las multas impuestas en las
referidas providencias, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

1 La solicitud de amparo fue presentada el 26 de mayo de 2026, siendo asignada inicialmente al

Consejo de Estado, Sección Cuarta, bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-04017-00, autoridad
judicial que en auto del 8 de julio de 2026 consignó lo siguiente: «Por lo anterior, se ordenará a la
Secretaría General de esta Corporación desglosar la demanda y sus anexos y abrir cuadernos
separados para cada uno de los procesos cuestionados, con el fin de que cada actuación sea
sometida a reparto y tramitada de forma independiente, conforme con las reglas previstas en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021».

Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05396-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:

PRIMERA PRINCIPAL: Como consecuencia del amparo constitucional a la violación
de mis derechos anteriormente descritos especialmente al DEBIDO PROCESO,
ordenar el LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES DE ARRESTO Y MULTA
VIGENTES impuestas dentro de los incidentes de desacato proferidos en contra del
accionante en su condición de ex colaborador de NUEVA EPS.

SEGUNDA PRINCIPAL: Ordenar a NUEVA EPS en cabeza de Dr. JORGE IVAN
OPSINA actual interventor designado de NUEVA EPS S.A., y la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD que en el marco de sus
competencias legales y administrativas, adelanten de manera inmediata las
gestiones necesarias para la materialización y cumplimiento efectivo de las órdenes
de tutela pendientes que dieron origen a los incidentes de desacato, así como las
actuaciones judiciales y administrativas orientadas a asumir institucionalmente las
consecuencias derivadas de dichos incumplimientos, evitando que continúen
trasladándose de manera desproporcionada a mi esfera personal.

TERCERA: Se ordene a Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y las autoridades
correspondientes asumir institucionalmente el cumplimiento de las órdenes
judiciales.2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga estuvo vinculado laboralmente a la Nueva
EPS desde el 23 de noviembre de 2013, mediante contrato de trabajo a término
indefinido, y se desempeñó como gerente zonal de Tolima. La relación laboral
terminó el 3 de octubre de 2025, cuando la entidad dio por finalizado
unilateralmente su contrato.

El señor Jackson Hernando Rincón Cifuentes promovió acción de tutela contra la
Nueva EPS con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la salud y a la vida, ante la falta de programación del
procedimiento quirúrgico de bypass gástrico por laparoscopia prescrito por su
médico tratante.

Mediante sentencia del 9 de octubre de 2023, el Juzgado Doce Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Ibagué amparó los derechos invocados y ordenó a la
Nueva EPS que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo,
autorizara al señor Rincón Cifuentes el procedimiento quirúrgico requerido.

2 Transcripción del texto original que puede contener errores.

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
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Ante el presunto incumplimiento de la orden, el señor Rincón Cifuentes promovió
incidente de desacato el 31 de octubre de 2023. Así las cosas, y tras efectuar
requerimientos previos, mediante auto del 20 de noviembre de 2023 el Juzgado
abrió formalmente el incidente contra el señor Lozano Parga y le concedió 2 días
para pronunciarse y aportar las pruebas que pretendiera hacer valer.

El auto de apertura fue comunicado el 21 de noviembre de 2023 a los correos
institucionales wilmar.lozano@nuevaeps.com.co y
secretaria.general@nuevaeps.com.co. Dentro del término concedido, el
apoderado de la Nueva EPS reiteró que había remitido el asunto a la dependencia
encargada, pero no acreditó el cumplimiento del fallo.

Mediante auto del 5 de diciembre de 2023, el Juzgado declaró que el señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga, en su condición de gerente zonal Tolima de la entidad,
incurrió en desacato. En consecuencia, le impuso multa equivalente a un salario
mínimo legal mensual vigente, que debía pagar dentro de los 5 días siguientes, so
pena de que fuera conmutada por arresto, sin perjuicio de su obligación de cumplir
el fallo. La providencia fue comunicada el 7 de diciembre de 2023 a
wilmar.lozano@nuevaeps.com.co y secretaria.general@nuevaeps.com.co.

En providencia dictada el 14 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo del
Tolima confirmó la sanción. Consideró acreditado el incumplimiento porque,
aunque la Nueva EPS había expedido una autorización para que el procedimiento
se realizara en la Clínica Nuevo El Lago de Bogotá, al paciente se le exigió reiniciar
el proceso de valoración médica, sin que la cirugía hubiera sido programada.
Asimismo, estimó demostrada la responsabilidad subjetiva porque no se
acreditaron actuaciones positivas del incidentado dirigidas a cumplir la orden.

La decisión adoptada en grado de consulta fue comunicada el 15 de diciembre de
2023 a las direcciones electrónicas wilmar.lozano@nuevaeps.com.co y
secretaria.general@nuevaeps.com.co.

Posteriormente, la Nueva EPS solicitó la inaplicación o revocatoria de la sanción
al afirmar que la orden había sido satisfecha. Mediante auto del 1.° de julio de 2025,
el Juzgado negó la petición, debido a que el procedimiento quirúrgico fue realizado
de manera particular y sufragado por el señor Rincón Cifuentes, de modo que su
ejecución no obedeció a una gestión de la entidad obligada. Esta providencia fue
nuevamente comunicada el mismo día a wilmar.lozano@nuevaeps.com.co y
secretaria.general@nuevaeps.com.co.

En el mismo proveído, el Juzgado ordenó remitir las copias correspondientes a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, para lo de su
competencia.

La Oficina de Cobro Coactivo de dicha seccional inició el proceso 73001-12-90-
000-2025-00362-00 para recaudar la multa de un salario mínimo legal mensual
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vigente impuesta en el auto del 5 de diciembre de 2023 y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Tolima. Según el informe rendido en el trámite tutelar, el proceso
continuaba vigente y se encontraba surtiendo sus distintas etapas.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante sostuvo que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al atribuirle personalmente el incumplimiento de las órdenes de
tutela impartidas a la Nueva EPS y sancionarlo con arresto y multa, pese a que
carecía de competencia funcional y capacidad material para ejecutarlas.

Explicó que, aunque se desempeñaba como gerente zonal Tolima, no era
ordenador del gasto, no tenía autonomía para contratar prestadores ni podía
autorizar servicios médicos, efectuar pagos o disponer los recursos necesarios
para cumplir los fallos de tutela. Tales decisiones, según indicó, se encontraban
centralizadas en las dependencias nacionales de la Nueva EPS.

Agregó que las actuaciones judiciales surtidas en los trámites incidentales eran
recibidas por el área jurídica en el correo institucional de la entidad y no fueron
notificadas a su dirección electrónica personal, por lo que no tenía control directo
sobre su trámite y contestación.

Afirmó que los jueces del incidente desconocieron el carácter subjetivo de la
responsabilidad por desacato, pues dedujeron su culpabilidad del solo
incumplimiento de la sentencia y de la falta de respuesta de la Nueva EPS, sin
verificar si había actuado con dolo o culpa ni examinar sus competencias, su
capacidad real de cumplimiento o la existencia de una imposibilidad material.

Añadió que tampoco valoraron la crisis financiera, administrativa y operativa que
motivó la intervención forzosa de la entidad por la Superintendencia Nacional de
Salud, ni su responsabilidad subjetiva en tal contexto, de manera que trasladaron
a su esfera personal las consecuencias de una falla estructural de la entidad. A
este respecto, refirió como antecedentes jurisprudenciales que abordaron casos
similares las sentencias T-1234 de 2008, SU-034 de 2018 y T-315 de 2020 de la
Corte Constitucional, la sentencia 2024-04475 del 30 de enero de 2025 proferida
por esta Sección del Consejo de Estado, y la sentencia STP5789-2026 del 9 de
abril de 2026 dictada por la Corte Suprema de Justicia.

En esa línea argumentativa, señaló que la sanción cuestionada formaba parte de
un número elevado de medidas de arresto y multa impuestas en su contra por
incumplimientos institucionales de la Nueva EPS, las cuales dieron lugar a
múltiples procesos de cobro coactivo y a la afectación de su patrimonio. A su juicio,
esa acumulación desnaturalizó la finalidad persuasiva del incidente de desacato
señalado por la jurisprudencia aplicable, como la SU-034 de 2018, y produjo una
restricción desproporcionada de sus derechos, sin contribuir efectivamente al
cumplimiento de las órdenes de tutela.
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Finalmente, manifestó que las consecuencias de las sanciones continuaron
proyectándose después de la terminación de su relación laboral con la Nueva EPS,
cuando ya carecía de cualquier posibilidad de intervenir en el cumplimiento de los
fallos.

1.5. Admisión de la demanda

La acción de tutela se radicó el 25 de mayo de 2026 y, por reparto, correspondió
al despacho de la magistrada Claudia Rodríguez Velásquez de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, dentro del expediente 11001-03-15-000-2026-04017-00.
Mediante auto del 8 de julio de 2026, esa autoridad dispuso el desglose de la
solicitud, al advertir que el actor cuestionaba sanciones impuestas en incidentes
de desacato tramitados dentro de distintas acciones de tutela. La Secretaría
efectuó el desglose y asignó al despacho sustanciador el conocimiento de las
pretensiones relacionadas con el expediente 73001-33-33-012-2023-00378-00/01,
bajo el radicado de la referencia.

Mediante auto del 23 de julio de 2026, la magistrada ponente admitió la acción de
tutela; ordenó notificar la solicitud al Tribunal Administrativo del Tolima3 y al
Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Ibagué4; vinculó, como
terceros con interés, al señor Jackson Hernando Rincón Cifuentes5 y a la Nueva
EPS6; requirió a las autoridades judiciales para que remitieran copia íntegra del
proceso constitucional y de los incidentes de desacato; ordenó publicar la demanda
y sus anexos, y notificó al accionante7.

Posteriormente, mediante auto del 19 de agosto de 2026, se ordenó notificar la
existencia del trámite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 8 y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué9, en calidad de
terceros con interés.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento de lo ordenado en los
autos del 23 de julio y 19 de agosto de 2026, libró los oficios dirigidos a los sujetos
procesales, en virtud de los cuales se recibieron las siguientes intervenciones:

3 Notificación enviada a stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co y sgtadmintol@notificacionesrj.gov.co.
4 Notificación enviada a adm12ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co.
5 Notificación enviada a areaderecholaboralcj@unibague.edu.co.
6Notificación enviada a secretaria.general@nuevaeps.com.co y
notificacionesjudiciales@nuevaeps.co.
7 Notificación enviada a wrlozano1@hotmail.com.
8 Notificación enviada a deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
9 Notificación enviada a dsajibenotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05396-00

1.6.1. Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Ibagué

El titular del despacho informó que en el expediente de la acción de tutela 73001-
33-33-012-2023-00378-00 se encontraba el registro de las actuaciones y
providencias proferidas. Para tal efecto, remitió el enlace de consulta.

1.6.2. Nueva EPS

La entidad cuestionó la orden de desglose adoptada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. Sostuvo que la acción de tutela debía conservar su unidad
procesal y que su fragmentación en numerosos expedientes desconoció los
principios de oficiosidad, economía, celeridad, eficacia y seguridad jurídica. Por
ello, solicitó que las actuaciones fueran remitidas y acumuladas en un solo
expediente.

Frente al fondo del asunto, señaló que el cargo ejercido por el actor tenía relación
con la operación administrativa y de salud de la zonal, pero que esa circunstancia
no permitía concluir automáticamente que contara con autonomía presupuestal,
facultades de contratación, control sobre las autorizaciones médicas o capacidad
directa para ejecutar cada orden constitucional.

Añadió que la responsabilidad por desacato debía examinarse individualmente,
teniendo en cuenta las funciones realmente ejercidas, la capacidad concreta de
cumplimiento, el conocimiento de la orden y la conducta desplegada. Asimismo,
sostuvo que, luego de la desvinculación laboral del accionante, las sanciones
podían perder su aptitud para conminarlo a cumplir y transformarse en cargas
desproporcionadas.

Finalmente, pidió negar la pretensión encaminada a imponer a Nueva EPS una
gestión preferente y exclusiva respecto de las órdenes relacionadas con el actor,
porque la priorización de los servicios debía responder a criterios objetivos de
gravedad, urgencia y especial protección constitucional de los pacientes.

1.6.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Explicó que la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva y las
direcciones seccionales están facultadas para recaudar las multas impuestas a
favor de la Nación - Rama Judicial, de acuerdo con la distribución de competencias.

Indicó que el proceso relacionado con el accionante era adelantado por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué. Añadió que no profirió
las decisiones cuestionadas, no intervino en el cobro y el actor tampoco presentó
ante esa dependencia una solicitud relacionada con su situación.

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05396-00

Por tanto, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva,
desvincularla del trámite y negar las pretensiones formuladas en lo que a esa
autoridad concierne.

1.6.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué

La Oficina de Cobro Coactivo informó que el proceso 73001-12-90-000-2025-
00362-00 se inició para recaudar la multa equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente impuesta al accionante por el Juzgado Doce Administrativo Mixto
del Circuito Judicial de Ibagué, dentro del incidente de desacato tramitado en la
acción de tutela 73001-33-33-012-2023-00378-00 y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Tolima el 14 de diciembre de 2023.

Sostuvo que el título reunía los requisitos necesarios para iniciar el cobro y que el
proceso continuaba vigente. Asimismo, señaló que el accionante conoció el trámite
incidental y tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

Manifestó que carecía de competencia para inaplicar o dejar sin efectos las multas
impuestas por los despachos judiciales y que debía adelantar su recaudo mientras
las providencias no fueran modificadas, revocadas o dejadas sin efectos por la
autoridad judicial competente.

Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción y
desvincular a la Dirección Seccional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 202110, y el Acuerdo 080 de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, por cuanto la solicitud se
dirige, entre otras autoridades, contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Solicitudes de desvinculación

Antes de abordar el estudio de la solicitud de amparo, la Sala resolverá las
peticiones de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué.

10 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05396-00

La Sala anticipa que no se accederá a la petición de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué. Esta autoridad informó que
adelanta el proceso de cobro coactivo 73001-12-90-000-2025-00362-00, derivado
de la multa controvertida, y que esa actuación permanece vigente. En
consecuencia, guarda una relación directa con los hechos que motivaron la
solicitud y cuenta con interés legítimo en el resultado del trámite constitucional.

En contraste, se accederá a la solicitud de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial. De su contestación y de los documentos que obran en el expediente se
advierte que, en atención a la distribución funcional del cobro coactivo, sus
actuaciones u omisiones no guardan relación directa con el objeto de la presente
acción. Esa dependencia no profirió las providencias cuestionadas ni adelanta el
proceso de recaudo, actuación que corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Ibagué.

En consecuencia, se negará la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué y se dispondrá la desvinculación
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por falta de legitimación en la
causa por pasiva.

2.2.2. Solicitud de Nueva EPS

La Nueva EPS solicitó recomponer la unidad procesal de la acción de tutela y
remitir los expedientes originados en el desglose a la actuación matriz 11001-03-
15-000-2026-04017-00.

La Sala no accederá a esa petición. Mediante auto del 8 de julio de 2026, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado dispuso el desglose de la demanda y la
tramitación independiente de los cuestionamientos formulados frente a cada
incidente de desacato. Esa providencia no constituye el objeto del presente amparo
y produjo efectos procesales que no pueden ser revisados horizontalmente por
este despacho dentro de una actuación distinta.

2.3. Problema jurídico

Aunque el escrito de tutela se refiere al proceso de cobro coactivo iniciado para
recaudar la multa, los reproches formulados contra esa actuación son
consecuencia de la sanción impuesta en el incidente. Por tanto, el estudio recaerá
sobre los autos del 5 y 14 de diciembre de 2023, mediante los cuales se impuso y
confirmó la medida, y sobre el proveído del 1 de julio de 2025, que negó su
inaplicación o revocatoria.

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05396-00

• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima vulneraron el derecho fundamental al
debido proceso del señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga al imponer y
confirmar, mediante los autos del 5 y 14 de diciembre de 2023, la sanción
por desacato, y al negar el Juzgado su inaplicación, en proveído del 1 de
julio de 2025?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el marco normativo y jurisprudencial del
incidente de desacato; iii) la procedencia excepcional de la tutela contra las
providencias que lo resuelven; iv) los requisitos generales de procedibilidad; v) el
defecto por desconocimiento del precedente; y vi) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su
procedencia13.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de

2012, M. P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
13 En la mencionada sentencia se dispuso: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia».
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Wilmar Rodolfo Lozano Parga
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
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solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que ponen fin al trámite incidental de desacato

La acción de tutela contra una providencia dictada en un incidente de desacato es
excepcional. El juez constitucional debe comprobar que el trámite accesorio
concluyó, que la decisión estuvo precedida de las garantías procesales
correspondientes y que el reproche no persigue reabrir el debate decidido en el
fallo de amparo ni alterar el alcance de la orden original.14

La Corte Constitucional ha exigido que: i) los argumentos formulados en la tutela
sean consistentes con los planteados dentro del incidente; ii) no se introduzcan
hechos defensivos o alegaciones que pudieron presentarse oportunamente ante el
juez natural; y iii) no se pretenda obtener la valoración de pruebas nuevas que no
fueron solicitadas y que el juez tampoco debía decretar de oficio.15

También es necesario que la providencia sancionatoria se encuentre ejecutoriada,
incluido el grado jurisdiccional de consulta cuando haya lugar a él; que se
satisfagan los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales; y que se sustente, al menos, una causal específica de procedibilidad.

Pues bien, en el presente asunto, el auto sancionatorio del 5 de diciembre de 2023
fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Tolima el 14 de diciembre
siguiente. Con ello concluyó el trámite sancionatorio y la multa adquirió firmeza.
Por su parte, el auto del 1.° de julio de 2025, que negó su inaplicación, no estaba
sujeto al grado de consulta porque no impuso una nueva sanción.

El cargo que será examinado en el fondo tampoco se apoya en un hecho extraño
a lo debatido ante el juez del incidente. Como se indicó en los antecedentes, la
Nueva EPS solicitó levantar la sanción al sostener que la orden había sido
satisfecha y el Juzgado resolvió esa petición a partir de la información según la
cual el procedimiento ya se había realizado, aunque por cuenta del paciente. El
reproche constitucional consiste precisamente en que, al decidir esa solicitud, la

14 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003.
15 Corte Constitucional, sentencias T-1113 de 2005, T-364 de 2021 y T-013 de 2022.

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autoridad no aplicó el precedente sobre la finalidad actual de la medida ni valoró si
todavía podía contribuir al cumplimiento.

Pues bien, la argumentación jurídica empleada ahora para caracterizar esa
omisión no introduce una situación fáctica nueva ni exige valorar pruebas que
fueran ajenas al expediente.

Así las cosas, en el acápite siguiente se evaluará si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

2.6. Estudio sobre los requisitos generales de procedencia de tutela contra
providencia judicial

El accionante sostuvo que las autoridades judiciales desconocieron la
jurisprudencia constitucional relacionada con la naturaleza subjetiva y la finalidad
conminatoria del incidente de desacato, como la SU-034 de 2018, de lo cual se
desprende un cargo por desconocimiento del precedente. Asimismo, alegó un
defecto procedimental porque las decisiones dictadas dentro del trámite incidental
presuntamente no habrían sido notificadas a su dirección electrónica personal.

Corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
frente a ambos cargos. Solo si cada uno supera esas exigencias será posible
abordar su estudio de fondo.

2.6.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional frente a este requisito,
así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Para la Sala, este requisito se encuentra satisfecho. La controversia no se limita a
discutir el valor económico de la multa ni a reiterar una inconformidad con la

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valoración efectuada por los jueces naturales. El actor plantea que una medida
adoptada en ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio fue impuesta y
mantenida sin observar la culpabilidad y la finalidad constitucional que condicionan
su validez, con afectación actual de su debido proceso y patrimonio.

El defecto procedimental alegado también plantea, en abstracto, un asunto de
relevancia constitucional, pues se relaciona con la posibilidad real de conocer la
apertura del incidente, ejercer la defensa y controvertir las razones por las cuales
se pretendía atribuirle personalmente el incumplimiento. En ese orden, ambos
reparos trascienden un debate meramente legal y comprometen virtualmente
garantías fundamentales.

2.6.2. Subsidiariedad

La Sala anticipa que el defecto procedimental fundado en la presunta indebida
notificación no supera el requisito de subsidiariedad.

En aras de analizar la existencia de otros medios idóneos para ventilar lo discutido
en el presente trámite tutelar, es necesario precisar que, en línea con la
jurisprudencia constitucional, el Código General del Proceso regula el
procedimiento tutelar de manera supletiva.

Así lo ha indicado la Corte Constitucional en múltiples oportunidades, como en la
sentencia T-661 de 2014 y en los autos 159 de 2018, 287 de 2019, 393 de 2019,
644 de 2019, 247 de 2021 y 1212 de 2022. En la primera de las providencias en
mención explicó que:

Los procesos de tutela pueden adolecer de vicios que afectan su validez, situación
que ocurre cuando el juez omite velar por el respeto al debido proceso de las partes
e intervinientes del procedimiento. Ese deber es exigible al juez constitucional, en
la medida que este se encuentra vinculado a los principios de la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal y a la economía procesal.
[…]
La Corte Constitucional ha señalado que ‘las nulidades son irregularidades que se
presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por
su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente– les ha atribuido
la consecuencia –sanción– de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su
declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura
a las partes el derecho constitucional al debido proceso’. Adicionalmente, ha
precisado que en materia de nulidades en los procesos de tutela se aplicará en lo
pertinente el Código de Procedimiento Civil –hoy Código General del Proceso–,
de conformidad con la remisión que efectúa el artículo 4° del Decreto 306 de
1992 [el cual corresponde, en la actualidad, al artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069
de 2015].
[…]
La Sala precisa que en las nulidades ocurridas en los procesos de tutela la norma
aplicable y vigente es Ley 1564 de 2012. Aunque, ese estatuto será parámetro
normativo en los casos en que el Decreto 2591 de 1991 no haya establecido una
disposición determinada y siempre que no sea contrario al procedimiento expedito,
además de sumario de la acción de tutela. Lo anterior, en razón de que la
gradualidad de la entrada en vigencia del Código General del Proceso fijado en el
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artículo 267 aplica para la jurisdicción ordinaria en los juicios orales, característica
que no tiene el proceso de tutela, el cual se adelanta en un trámite escritural.

Así, en el expediente no se acreditó que el señor Lozano Parga hubiera solicitado
al Juzgado Doce Administrativo Mixto la nulidad del incidente por la irregularidad
que ahora invoca, con fundamento en el numeral 8° del artículo 133 del CGD, que
indica:

Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos:

[…]

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona
o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago,
el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la
actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado
en la forma establecida en este código. (subraya propia)

Ese mecanismo le permitía obtener del juez natural la verificación de las
notificaciones, determinar si tuvo conocimiento efectivo y establecer si la eventual
omisión afectó su defensa. Por tanto, la tutela no puede sustituir esa vía.

En consecuencia, el amparo es improcedente respecto del defecto procedimental.
Esta conclusión hace innecesario definir de fondo si las comunicaciones remitidas
al correo wilmar.lozano@nuevaeps.com.co, además del correo general de la
entidad, fueron suficientes para garantizar su comparecencia personal al trámite
incidental.

Distinta es la conclusión frente al desconocimiento del precedente. La multa fue
confirmada en el grado jurisdiccional de consulta y el Juzgado resolvió
posteriormente la solicitud de inaplicación mediante el auto del 1 de julio de 2025.
Por tal razón, el accionante no dispone dentro del incidente de un recurso ordinario
o extraordinario que le permita controvertir el contenido de esas decisiones por la
inobservancia del precedente constitucional aplicable. Por ello, el análisis
continuará únicamente respecto de este cargo.

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2.6.3. Inmediatez

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable16, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues
de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo.17

De acuerdo con lo anterior, esta Sección18 ha considerado como plazo prudencial
el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la notificación
o ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, según sea el caso – que da
lugar a la solicitud de protección, su presentación y, cuando este es excesivo, se
declara su improcedencia.

Al respecto, la Sala Plena de esta corporación ha expresado que “como regla
general, [se] acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”.19

En efecto, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201420, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200521, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que 6 meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

16 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre
otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-
00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
17 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
18 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
21 Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.

En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 201522, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente:

cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual23.

En el asunto bajo examen, los autos que impusieron y confirmaron la sanción datan
del 5 y 14 de diciembre de 2023, y el proveído que negó su inaplicación fue
comunicado el 1 de julio de 2025. La acción de tutela se presentó el 25 de mayo
de 2026, de modo que transcurrió un término superior a 6 meses incluso desde la
ejecutoria de la última decisión, que se notificó a través de correo electrónico
enviado el mismo día en que se profirió.

Pese a ello, la Sala flexibilizará el requisito en atención a los parámetros
jurisprudenciales expuestos. Como se desprende de los antecedentes, la multa
impuesta en el incidente de desacato no constituye una consecuencia agotada.
Por el contrario, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
informó que el proceso de cobro coactivo 73001-12-90-000-2025-00362-00
permanecía vigente al 24 de agosto de 2026. Así las cosas, las decisiones
sancionatorias y la providencia que negó levantar la sanción continua, entonces,
proyectando de manera directa y actual sus efectos sobre el actor.

Como se ve, la actualidad de la afectación no se sustenta en la mera subsistencia
abstracta de una decisión judicial adoptada en perjuicio del accionante, sino en su
ejecución administrativa presente. Además, desde el 3 de octubre de 2025, el
accionante dejó de estar vinculado a la Nueva EPS, circunstancia que acentúa la
necesidad de verificar si una medida concebida para inducir el cumplimiento
conserva hoy alguna aptitud conminatoria. En estas condiciones, el requisito de

22 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria

Sáchica Méndez.
23 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
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inmediatez se encuentra superado tras su flexibilización excepcional dadas las
particularidades del caso.

2.6.4. Tutela contra tutela

La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se controvierte una sentencia de tutela, sino
providencias dictadas dentro de un incidente de desacato. Lo anterior, máxime
cuando la jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia excepcional
del amparo en estos casos como se indicó en el acápite 2.5.

Así, superadas las exigencias en mención, la Sala abordará el fondo del reclamo
deprecado respecto del desconocimiento del precedente, no sin antes resaltar el
carácter excepcional de la acción de amparo, el cual tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial24, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales25.

2.7. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente

Para esta Sala26, el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho

Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que ejercen
los jueces de las altas cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción, ya sea
para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele
la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos,
siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

24 Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
26 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.

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Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales que
profieren las altas cortes generan una regla o subregla, pues aquellas
corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma
cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente
una actividad creadora del juez como tal27.

2.8. Caso concreto

El señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga consideró que las autoridades accionadas
desconocieron el precedente constitucional consignado en la sentencia SU-034 de
2018, que impide convertir el incidente de desacato en un mecanismo de
responsabilidad objetiva y que define la sanción como un instrumento dirigido a
obtener el cumplimiento, no como una pena autónoma por la desobediencia
pasada.

A efectos de determinar la prosperidad del defecto alegado, resulta necesario
examinar el marco legal y jurisprudencial relacionado con el trámite incidental.

En primer lugar, el Decreto 2591 de 1991 prevé dos instrumentos relacionados,
pero autónomos, para asegurar la eficacia de las sentencias de tutela: por un lado,
el trámite de cumplimiento regulado en el artículo 27 y, por el otro, el incidente de
desacato contemplado en el artículo 52, así:

ARTÍCULO 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la
autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al
superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta
y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido
conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al
superior hasta que cumplan su sentencia.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso.

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto
y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho
o eliminadas las causas de la amenaza.

ARTÍCULO 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez
proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con
arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo
que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

27 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.
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La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes
si debe revocarse la sanción.

El cumplimiento tiene naturaleza objetiva y persigue la ejecución material de la
orden mediante todas las medidas que resulten necesarias. El desacato, en
cambio, es un mecanismo de carácter sancionatorio y subjetivo, pues además de
constatar la falta de acatamiento, exige establecer que la conducta puede atribuirse
personalmente al obligado a título de dolo o culpa. Los dos trámites pueden
adelantarse simultáneamente, pero no deben confundirse ni sustituirse entre sí.28

Por ello, la declaratoria de desacato requiere la concurrencia de dos elementos. El
objetivo, que consiste en verificar a quién se dirigió la orden, cuál era su contenido,
el término concedido y si fue cumplida total o parcialmente. Por su parte, el
subjetivo exige valorar la conducta concreta del implicado, sus competencias
funcionales, su capacidad jurídica y material de ejecución, las actuaciones
positivas que desplegó y la eventual existencia de circunstancias ajenas a su
voluntad que impidieran obedecer.29

En ese orden, la responsabilidad no puede presumirse a partir del solo
incumplimiento institucional. Debido a que las medidas de arresto y multa se
imponen en ejercicio del poder correccional del juez, su procedencia está sometida
a los principios del derecho sancionador, en particular a la culpabilidad, la
presunción de inocencia, la proporcionalidad y el debido proceso.

Además, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que, aunque el
desacato puede culminar con una sanción, su finalidad primordial no es castigar la
desobediencia como un fin autónomo. En realidad, la medida busca inducir al
obligado a cumplir la sentencia y, por esa vía, restablecer efectivamente el derecho
fundamental protegido30. Su legitimidad depende, por tanto, de que conserve
aptitud real para orientar la conducta hacia el acatamiento.

Puntualmente, en sentencia T-421 de 2003, indicó que:

Del texto subrayado se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no
es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las forma
de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser así, el accionante que inicia
el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que
éste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreció.

Sobre el mismo asunto, en sentencia de unificación SU-034 de 2018, la Corte
explicó:

28 Corte Constitucional, sentencias C-367 de 2014 y SU-034 de 2018.
29 Corte Constitucional, sentencias T-763 de 1998 y SU-034 de 2018.
30 Corte Constitucional, sentencias T-421 de 2003, T-368 de 2005, T-1113 de 2005, T-171 de 2009,

T-652 de 2010, T-512 de 2011, T-074 de 2012, T-482 de 2013, C-367 de 2014 y SU-034 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05396-00

Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones con
argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato es
un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a que el propósito
perseguido por la sanción es conminar al obligado como medio para garantizar el
goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar por
sancionar. Bajo esa óptica, ante las solicitudes de inaplicación de las sanciones, el
Juzgado Civil del Circuito de Los Patios estaba llamado a incorporar en su
razonamiento la jurisprudencia consolidada por esta Corte y aplicar el mandato
constitucional de prevalencia de lo sustancial (que en este caso sería la
constatación de las acciones positivas orientadas al cumplimiento), para con base
en ello reconsiderar si se justificaba mantener las medidas coercitivas impuestas.

En concordancia con esa finalidad del incidente de desacato, la satisfacción de la
orden puede impedir que la sanción sea impuesta o permitir que deje de hacerse
efectiva, incluso cuando el trámite incidental ya concluyó y la medida fue
confirmada en consulta. Entonces, La firmeza de la providencia no transforma el
desacato en una pena retributiva ni priva al juez de su competencia para verificar
si la medida todavía sirve al cumplimiento.31

Por otro lado, el debido proceso durante el incidente exige comunicar su iniciación,
conceder una oportunidad real para explicar las razones del incumplimiento y
aportar pruebas, practicar las que sean conducentes, individualizar al destinatario
de la orden, motivar el juicio de responsabilidad subjetiva, notificar la decisión y,
cuando se imponga una sanción, remitirla en consulta al superior funcional.32

En suma, el juez del desacato debe examinar de manera diferenciada el
incumplimiento y la culpabilidad; preservar la correspondencia entre la orden de
tutela y la conducta exigida; y verificar, tanto al imponer como al mantener la
sanción, que esta conserve una finalidad constitucionalmente admisible de
apremio. Cuando la medida ya no puede contribuir al restablecimiento del derecho,
su ejecución corre el riesgo de convertirse en un mero castigo por el
incumplimiento, incompatible con la naturaleza del mecanismo.

Aplicando este marco jurisprudencial al caso bajo estudio, la Sala comenzará por
diferenciar las actuaciones judiciales cuestionadas.

Cuando el Juzgado profirió el auto sancionatorio del 5 de diciembre de 2023, la
cirugía ordenada en la orden tutelar a favor del señor Jackson Hernando Rincón
Cifuentes no había sido programada y las respuestas presentadas por Nueva EPS
se limitaban a informar el traslado del asunto a otra dependencia. El Tribunal, al
resolver la consulta el 14 de diciembre siguiente, verificó que existía una
autorización médica para efectuar el procedimiento, pero encontró que el prestador

31 Corte Constitucional, sentencias T-421 de 2003, T-171 de 2009, T-652 de 2010, T-606 de 2011,

C-367 de 2014 y SU-034 de 2018.
32 Corte Constitucional, Sentencia SU-034 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos y T-459 de 2003, M.P.

Jaime Córdoba Triviño.
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exigía al paciente reiniciar las valoraciones y que no se había materializado la
intervención quirúrgica.

En esa oportunidad, el Tribunal examinó expresamente los elementos objetivo y
subjetivo, la claridad de la orden, la oportunidad de defensa y la proporcionalidad
de la multa. Aunque su análisis de culpabilidad se apoyó principalmente en la
ausencia de gestiones acreditadas, no se observa una omisión del precedente
constitucional desplegado que habilite al juez de tutela para sustituir la valoración
efectuada en el grado jurisdiccional de consulta, máxime cuando para la fecha de
imposición y confirmación de la sanción el accionante seguía vinculado
laboralmente a la EPS y el señor Rincón Cifuentes no había sido intervenido
quirúrgicamente.

Por esa razón, el amparo no prosperará respecto de los autos del 5 y 14 de
diciembre de 2023. No obstante, la conclusión es distinta frente al proveído del 1
de julio de 2025, porque para entonces las circunstancias relevantes para
determinar la utilidad de la sanción habían cambiado, como pasará a verse.

Como se narró en los antecedentes, la Nueva EPS solicitó inaplicar la multa con
fundamento en que el procedimiento quirúrgico ya se había realizado. Ante tal
petitoria, el Juzgado comprobó que el señor Rincón Cifuentes accedió a la cirugía
de manera particular y asumió sus costos. A partir de ese hecho negó la petición,
pues consideró que la entidad obligada no había cumplido la orden constitucional.

En ese razonamiento la autoridad judicial constató que la realización particular de
la cirugía no podía presentarse como cumplimiento atribuible a la Nueva EPS. Sin
embargo, agotó el análisis en la identificación del responsable del incumplimiento
pasado y omitió una cuestión diferente y constitucionalmente indispensable; esto
es, si una vez practicado el procedimiento, mantener y ejecutar la multa todavía
podía inducir el cumplimiento de la orden o contribuir al restablecimiento del
derecho protegido.

La respuesta era determinante porque la orden tutelar del 9 de octubre de 2023
tenía un objeto concreto de autorizar y efectuar el bypass gástrico por laparoscopia
prescrito al señor Rincón Cifuentes. Realizada la intervención, aunque hubiera
ocurrido por una vía distinta y con cargo al paciente, ya no subsistía la misma
prestación médica susceptible de ser autorizada y materializada por la EPS en
cumplimiento del fallo.

Esto no exonera a la EPS de las consecuencias jurídicas derivadas de no haber
atendido oportunamente la sentencia ni equivale a declarar que cumplió. Tampoco
desconoce la afectación padecida por el usuario, quien tuvo que sufragar el
procedimiento. Significa, únicamente, que la multa impuesta al funcionario debía
seguir siendo constitucionalmente útil para conseguir el objeto propio del desacato
de acuerdo con las reglas jurisprudenciales expuestas.

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Mantenerla exclusivamente porque la entidad no fue quien realizó la cirugía
transforma una medida de apremio en una respuesta retributiva frente a un
comportamiento consumado; esto es, sancionar por sancionar. En esas
condiciones, la multa deja de operar como medio para restablecer el derecho
fundamental y pasa a castigar la desobediencia por sí misma, finalidad que la
jurisprudencia constitucional ha descartado de manera reiterada.

El Juzgado transcribió en el auto del 1 de julio de 2025 las reglas sobre
responsabilidad subjetiva y el principio según el cual nadie está obligado a lo
imposible. No obstante, no las aplicó a las circunstancias actuales del caso. Omitió
verificar qué conducta concreta continuaba siendo exigible al sancionado, si este
conservaba capacidad funcional para ejecutarla, cuál era la utilidad de la multa
después de la realización de la cirugía y si su cobro contribuía de alguna manera
al goce efectivo del derecho amparado.

Ahora, la Sala advierte que la posterior terminación de la relación laboral, ocurrida
el 3 de octubre de 2025, no constituye el fundamento del defecto en que incurrió la
providencia – pues se produjo después de su expedición –, pero confirma que en
la actualidad la medida tampoco puede orientar la conducta del accionante dentro
de la Nueva EPS, pues no conserva una aptitud real para obtener el cumplimiento
de la orden médica, que, se reitera, perdió su objeto ante el procedimiento
sufragado de forma particular.

Así las cosas, el Juzgado desconoció la regla jurisprudencial, contenida entre otras
en la sentencia SU-034 de 2018 invocada por el accionante, conforme a la cual la
sanción de desacato solo se justifica en función del cumplimiento efectivo del fallo
y no puede mantenerse como castigo autónomo. La providencia del 1 de julio de
2025 incurrió, por ello, en un defecto por desconocimiento del precedente y vulneró
el derecho fundamental al debido proceso del señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga.

La Sala no ordenará directamente el levantamiento definitivo de la multa, pues
corresponde al juez que conserva la competencia sobre el cumplimiento valorar
integralmente las circunstancias y definir los efectos jurídicos de la realización
particular del procedimiento. Ahora bien, a efectos de respetar la autonomía e
independencia judicial, se dejará sin efectos el auto que negó la inaplicación y se
ordenará que se adopte una decisión de reemplazo.

En esa providencia, el Juzgado deberá aplicar el precedente constitucional
expuesto, examinar de manera concreta la responsabilidad subjetiva y las
competencias funcionales del sancionado, determinar si subsiste alguna conducta
materialmente exigible frente a la orden del 9 de octubre de 2023 y establecer si la
multa conserva aptitud para propiciar el cumplimiento, teniendo en cuenta que la
cirugía ya fue realizada y que el actor no tiene vínculo vigente con la Nueva EPS.

Mientras se adopta y queda en firme la decisión de reemplazo, se ordenará a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué suspender el proceso de
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cobro coactivo 73001-12-90-000-2025-00362-00. Esta medida, que es
estrictamente consecuencial, evita que el amparo pierda eficacia y no anticipa el
sentido de la determinación que corresponde adoptar al juez del incidente.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué.

SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

TERCERO: NO ACCEDER a la solicitud de la Nueva EPS encaminada a
recomponer la unidad procesal y acumular los expedientes originados en el
desglose, por las razones expuestas en esta providencia.

CUARTO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela respecto del
defecto procedimental fundado en la presunta indebida notificación de las
decisiones adoptadas dentro del incidente de desacato, por no superar el requisito
de subsidiariedad.

QUINTO: NEGAR el amparo solicitado frente a los autos del 5 y 14 de diciembre
de 2023, proferidos por el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente.

SEXTO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 1 de
julio de 2025, en consecuencia, ORDENAR al Juzgado Doce Administrativo Mixto
del Circuito de Ibagué que profiera una decisión de reemplazo, en la que resuelva
la solicitud de inaplicación o revocatoria de la sanción impuesta dentro del
expediente 73001-33-33-012-2023-00378-00/01, con observancia de los criterios
expuestos en esta providencia. Una vez adoptada esta decisión, deberá
comunicarla inmediatamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Ibagué.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué que suspenda el proceso de cobro coactivo 73001-12-90-000-2025-00362-
00 hasta que quede en firme la decisión de reemplazo indicada en el numeral
anterior y, posteriormente, proceda de conformidad con lo que allí se resuelva.

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OCTAVO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

NOVENO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión si esta decisión no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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