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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05706-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05706-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor José Guillermo Roa Sarmiento. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05706-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., trece [13] de agosto de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05706-00
Demandante: JOSÉ GUILLERMO ROA SARMIENTO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y JUZGADO SESENTA
Y SEIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa – declara
la improcedencia por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 1 de
la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 21 de julio de 2026, el señor José Guillermo Roa Sarmiento presentó acción de
tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de las
providencias de 31 de julio de 2025, 13 de noviembre de 2025 y 25 de junio de 2026,
proferidas por el Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A mediante las cuales se inadmitió, rechazó y confirmó el rechazo de la demanda
de reparación directa identificada con el radicado 11001-33-43-066-2025-00222-
00/01.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.2.1. Proceso de reparación directa

● El señor José Guillermo Roa Sarmiento presentó el medio de control de
reparación directa contra la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
[en adelante Rama Judicial], por el presunto error jurisdiccional contenido en una

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05706-00
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera
Subsección A, y otro

decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del 6 de marzo de 2024. El
demandante solo pidió perjuicios morales.

● El 31 de julio de 2025 el Juzgado Sesenta y Seis Administrativo de Bogotá
inadmitió la demanda y ordenó corregir tres aspectos: acreditar la conciliación
extrajudicial; el derecho de postulación, y demostrar el envío de la demanda y sus
anexos a la entidad demandada.

● El demandante recurrió la inadmisión. Alegó que la conciliación no era exigible
porque solamente reclamaba perjuicios morales, que consideraba no conciliables.
Sin embargo, el 4 de septiembre de 2025, el juzgado no repuso la inadmisión, con
fundamento en el artículo 161 del CPACA.

● El demandante subsanó lo relacionado con la postulación y el envío de la
demanda, pero no acreditó la conciliación.

● El 13 de noviembre de 2025, el juzgado rechazó la demanda conforme al artículo
167 del CPACA, ante el incumplimiento de acreditar el trámite de la conciliación
prejudicial, máxime cuando era obligatoria porque se ejerció el medio de control de
reparación directa para reclamar la responsabilidad extracontractual del Estado.

● Aclaró que, el hecho de que únicamente se solicitaran perjuicios inmateriales o
morales, no eximía al demandante de cumplir el requisito.

● El actor apeló, e insistió en que los perjuicios morales no podían reconocerse
administrativamente y requerían una decisión judicial.

● El 25 de junio de 2026 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera Subsección A confirmó lo decidido por el a quo, al considerar que, conforme
a los artículos 169 y 170 del CPACA, si el demandante no corrigió todos los defectos
indicados en el auto inadmisorio, debía rechazarse la demanda.

● Destacó que el artículo 161 del CPACA no distingue entre perjuicios materiales
e inmateriales. Aunque el daño moral sea inmaterial, su reparación se concreta en
una indemnización dineraria y, por tanto, tiene contenido patrimonial y puede ser
objeto de conciliación.

● Resaltó que las excepciones en las que la conciliación es facultativa están
expresamente señaladas en el artículo 161 y ninguna se presentó en ese caso.

● La providencia de segunda instancia fue notificada el 2 de julio de 2026 y la acción
de tutela de la referencia fue radicada el 21 de julio de 2026.

1.3. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

7.1 Amparar los derechos fundamentales del actor al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y al acceso material y formal a la administración de justicia.

7.2 Dejar sin efectos el auto de 31 de julio de 2025, mediante el cual se inadmitió la
demanda, y el auto de 13 de noviembre de 2025, mediante el cual se rechazó la

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05706-00
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera
Subsección A, y otro

demanda de reparación directa por no haberse acreditado el agotamiento de la
conciliación prejudicial.

7.3 Dejar sin efectos la providencia de 25 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
tutelado, mediante la cual se confirmó el rechazo de la demanda.

7.4 Ordenar a la autoridad judicial competente que profiera una nueva decisión en la
que examine, de manera expresa, suficiente y conforme a la Constitución, si el asunto
sometido a su consideración era jurídicamente conciliable y, por consiguiente, si
resultaba exigible el agotamiento de la conciliación prejudicial prevista en el artículo
161 del CPACA, teniendo en cuenta los razonamientos constitucionales que se hagan
en el fallo que acceda al presente amparo.

7.5 Como consecuencia de lo anterior, disponer que la nueva decisión garantice la
prevalencia del derecho sustancial y la efectividad de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la administración de justicia.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, falta de motivación
y violación directa de la Constitución, al exponer que las demandadas presumieron
que la conciliación era obligatoria sin determinar previamente si la controversia era
conciliable, lo que habría vulnerado sus derechos al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y al acceso material y formal a la administración de justicia.

Al respecto, el accionante precisó que el juzgado y el tribunal incurrieron en un yerro
sustantivo, porque aplicaron automáticamente el artículo 161 del CPACA, como si
toda demanda de reparación directa exigiera conciliación prejudicial, sin tener en
cuenta la condición prevista en la propia norma, esto es, que el asunto sea
jurídicamente conciliable. Alegó que el presunto error jurisdiccional y los perjuicios
morales reclamados dependían de una declaración judicial previa y, por tanto, aún
no existía una obligación indemnizatoria disponible para conciliar.

Advirtió un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque la conciliación
fue convertida en una barrera formal que produjo el rechazo definitivo de la
demanda, por lo que se privilegió el requisito procesal sobre el derecho sustancial
y se le impidió acceder al juez encargado de determinar la existencia del título
imputación en mención y la eventual responsabilidad del Estado.

Señaló que se incurrió en una falta o insuficiencia de motivación, ya que las
providencias explicaron, en términos generales, que la conciliación prejudicial es
requisito de procedibilidad de la reparación directa, pero no respondieron el
argumento central planteado en la subsanación y en la apelación.

Finalmente, resaltó una violación directa de la Constitución, al imponer el requisito
sin analizar su procedencia concreta, luego las autoridades habrían desconocido la
prevalencia del derecho sustancial y el acceso efectivo a la justicia, protegidos por
los artículos 228 y 229 de la Constitución, así como su aplicación preferente
conforme al artículo 4.º.

1.5. Trámite procesal de la acción

El 22 de julio de 2026 el ponente de esta decisión admitió la acción y ordenó la

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Subsección A, y otro

notificación del tutelante y de las autoridades judiciales accionadas.

Por su parte vinculó como tercero con interés en las resultas del proceso a la Rama
Judicial.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera
Subsección A solicitó declarar improcedente o en su defecto negar la tutela, al
estimar que la controversia se limitaba a una discrepancia sobre la interpretación de
normas procesales.

Agregó que no se configuraron los defectos alegados porque la conciliación era un
requisito legal imperativo y el actor tuvo la oportunidad de subsanar la demanda,
por lo que el rechazo obedeció al incumplimiento de una carga procesal y no a una
restricción injustificada del acceso a la justicia.

1.6.2. La Rama Judicial se opuso al amparo y sostuvo que el artículo 161 del
CPACA no distingue entre perjuicios materiales e inmateriales, por lo que, aunque
el daño moral recaiga sobre bienes extrapatrimoniales, su indemnización es
dineraria y, por tanto, susceptible de conciliación.

Añadió que la conciliación no requiere una declaración judicial previa de
responsabilidad, pues su finalidad es precisamente solucionar anticipadamente el
conflicto. En consecuencia, consideró que las providencias cuestionadas aplicaron
razonablemente los artículos 161, 169 y 170 del CPACA y que la tutela pretende
reabrir un debate de legalidad ya resuelto.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor José Guillermo Roa Sarmiento, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
20192 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

En primer lugar, esta colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limitará
a la providencia que puso fin al proceso, por lo que corresponde a la Sala determinar
si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales
advertidos por el accionante, por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A, como autoridad judicial accionada,
con ocasión de la providencia proferida el 25 de junio de 2026.

2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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Subsección A, y otro

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de

3
Sala Plena, Consejo de Estado, Ref: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

5
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tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20147, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia8.

Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se recuerda que en el escrito de tutela se indicó que el
accionante atribuyó a las autoridades accionadas los defectos: sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y de falta de motivación, así como una
violación directa de la Constitución; porque se le exigió acreditar el trámite de la
conciliación prejudicial sin verificar si el asunto era conciliable, lo que convirtió el
requisito procesal en una barrera para acceder al juez. Además, afirmó que las
autoridades no explicaron cómo podía conciliarse una indemnización derivada de
un error jurisdiccional aún no declarado, con lo cual habrían desconocido la
prevalencia del derecho sustancial y el acceso efectivo a la justicia.

Ahora bien, previo a abordar el fondo del asunto, se advierte que en materia de
tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional
inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por
lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre
constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela, dado que,
de no hacerlo, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas,
se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.

Sobre el punto, resulta pertinente resaltar que los argumentos de los cargos se
podrían resumir en una indebida interpretación del artículo 161 del CPACA, porque,
según el accionante, su demanda no era conciliable, sin embargo, de entrada, es
posible concluir que dicho alegato no cuenta con la carga argumentativa mínima
para ser estudiado en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales,
porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto en sede ordinaria, a primera

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
8
Énfasis de la sala.

6
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vista, es posible colegir que no se desvirtúa la consideración realizada por el
tribunal, que estableció que las excepciones en las que la conciliación es facultativa
están expresamente señaladas en el artículo 161 idem y ninguna se presentaba en
ese caso.

En efecto, a primera vista, no resultan irrazonadas las conclusiones del tribunal
relativas a que el rechazo fue una consecuencia de un incumplimiento a un deber
legal, o que el artículo 161 del CPACA no distingue entre perjuicios materiales e
inmateriales, por lo que, aunque el daño moral sea inmaterial, su reparación se
concreta en una indemnización dineraria y, por tanto, tiene contenido patrimonial y
puede ser objeto de conciliación.

Al respecto, esta Sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a
un caso en específico9, y no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de
tales posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde
cabe destacar que, de hacerlo, esta Sección se convertiría en una tercera instancia.

Por eso, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto, en
atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión de las
garantías constitucionales del tutelante por parte de la autoridad judicial de segundo
grado demandada.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por el accionante, la Sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»10 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

9 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.

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3. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor José Guillermo Roa Sarmiento.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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