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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05769-00

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05769-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría de Hacienda Distrital. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el Liceo Boston SAS contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y otro. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05769-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veinte [20] de agosto de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05769-00
Demandante: LICEO BOSTON SAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por la sociedad Liceo Boston SAS
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y
otro, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta
corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 23 de julio de 2026, la sociedad Liceo Boston SAS [en
adelante: el liceo], instauró acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

La vulneración de las referidas garantías constitucionales fue atribuida a las
autoridades judiciales demandadas por la expedición de las providencias de 19 de
septiembre de 2024, 4 de abril de 2025 y 11 de marzo de 2026, a través de las cuales
se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida contra la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital [UAECD], no se repuso esa

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

Demandante: Liceo Boston SAS
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05769-00

decisión, y se desató el recurso de apelación en el sentido de confirmar el rechazo,
respectivamente. La referida causa se identificó con el radicado 11001-33-34-004-
2024-00317-00/01.

1.2. Pretensiones

La parte actora planteó las siguientes peticiones:

1. Amparar los derechos fundamentales del Liceo Boston SAS al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia.

2. Declarar que las autoridades judiciales accionadas vulneraron dichos derechos al
rechazar definitivamente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
conceder a la parte demandante la oportunidad de subsanar el defecto relacionado con
la individualización de los actos administrativos objeto de control.

3. Dejar sin efectos el auto del 11 de marzo de 2026, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, dentro del expediente
No. 11001-33-34-004-2024-00317-01, mediante el cual se confirmó el rechazo de la
demanda.

4. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos, en lo pertinente, el auto del 4 de
abril de 2025 y el auto del 19 de septiembre de 2024, proferidos por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

5. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término fijado en
el fallo de tutela, profiera una nueva decisión sobre el recurso de apelación, en la cual
deje sin efectos el rechazo y disponga la devolución del expediente al juzgado de origen
para que se realice nuevamente el control de admisibilidad.

6. Ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, una
vez recibido el expediente, profiera un auto inadmisorio en el cual:

a. Identifique de manera clara y concreta loa defectos que, en su criterio, presenta la
demanda.
b. Precise los actos administrativos que considera necesarios incorporar al objeto del
medo de control.
c. Conceda al Liceo Boston S.A.S. el término de diez días previsto en el artículo 170
del CPACA para corregir la demanda.
d. Permita a la parte demandante aclarar, adicionar, o modificar la individualización de
los actos acusados, las pretensiones y los correspondientes cargos de nulidad.

7. Ordenar que, una vez presentada la subsanación, el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá realice nuevamente el control de admisibilidad y adopte
la decisión que corresponda, garantizando que las pretensiones formuladas por el Liceo
Boston S.A.S. sean conocidas y tramitadas conforme con el ordenamiento jurídico 2.

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

2
Cita del texto original con énfasis y posibles errores.
2

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Demandante: Liceo Boston SAS
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05769-00

La parte actora indicó que el 29 de mayo de 2024 el liceo ejerció el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital [en adelante: la unidad], con el objeto de que se llevara a cabo el
control de legalidad de los oficios 2023EE464464O13 de 23 de noviembre de 2023
expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, 2023EE83288O1 y
2023EE83287O1 de 28 de noviembre de 20234, dictados por la mencionada unidad.

El asunto le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, autoridad que, mediante auto de 19 de septiembre de 2024 resolvió rechazar
la demanda de conformidad con el numeral 3. ° del artículo 169 de la Ley 1437, en
atención a que determinó que el asunto no era susceptible de control judicial. Ello, por
cuanto, a su juicio, los actos administrativos censurados correspondían a
comunicaciones meramente informativas sobre el estado del destino catastral del
predio de la parte actora, por lo que no habían creado, modificado o extinguido una
situación jurídica. Además, precisó que en la comunicación 2023EE83288O1 de 28 de
noviembre de 2024 se le indicó lo siguiente:

El proceso masivo Censo Inmobiliario de Bogotá, vigencia 2022, en cumplimiento a lo
ordenado en la ley 14 de 1983, generó la actualización de la información física y
económica del predio a través de la Resolución 2021-139768 del 18 de noviembre de
2021.
Con Resolución de cierre Número 1359 de 27 de diciembre de 2021, publicada en el
diario oficial, se clausuro y entro en vigor el proceso de actualización vigencia 2022 y los
cambios realizados en los predios afectados por dicho proceso5.

En ese orden, el juzgado concluyó que el cambio de destino catastral del predio en
mención se llevó a cabo de manera previa a la expedición de los actos cuestionados,
de tal manera que estos no definieron la situación jurídica del inmueble propiedad de
la sociedad accionante y, en consecuencia, consideró que no eran enjuiciables.

El Liceo promovió recurso de reposición y en subsidio el de apelación, marco en el
cual cuestionó la conclusión según la cual los actos demandados carecían de efectos
jurídicos y explicó que el rechazo de la demanda impedía que el juez administrativo
examinara la legalidad de la actuación controvertida, lo que, a su vez, derivaba en la
afectación del acceso a la administración de justicia.

Con auto de 4 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá decidió no reponer la providencia impugnada al iterar que los actos
individualizados en la demanda se limitaban a reflejar información contenida en los

3
En el cual la Secretaría Distrital de Hacienda manifestó que la información que reposa en el Sistema
Integrado de Información Catastral – SIIC – goza, para efectos tributarios de presunción de legalidad.
4
Por los cuales la UAECD informó que el predio de interés del liceo entró en el proceso de actualización
catastral por la vigencia 2022, el cual se enfoca en identificar, verificar, incorporar y/o corregir datos que
reflejen cambios e inconsistencias en la información catastral de los predios de un territorio objetivo, en
relación a sus características físicas, jurídicas y económicas.
5 Cita extraída del folio 2 del auto de 19 de septiembre de 2024, que puede contener errores.

3

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sistemas de las entidades demandadas, debido a que la situación jurídica controvertida
se habría originado en las resoluciones 2021-139768 de 18 de noviembre y 1359 de
27 de diciembre de 2021, por consiguiente, la parte demandante debía controvertir
esos actos administrativos.

Mediante auto del 11 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, confirmó lo decidido por el juez primario con sustento
en que los oficios accionados eran comunicaciones informativas que no habían creado,
modificado o extinguido una situación jurídica. En ese orden, aseguró que los
verdaderos actos administrativos que debían ser objeto de demanda eran las
resoluciones 2021-139768 de 18 de noviembre y 1359 de 27 de diciembre de 2021.

1.4. Fundamentos de la solicitud6

1.4.1. La parte actora indicó que la acción de tutela de la referencia supera el estudio
de los requisitos de procedibilidad, en particular, el de relevancia constitucional, por
cuanto deja al descubierto la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, en tanto la controversia consiste en determinar
«si las autoridades judiciales podían cerrar definitivamente el proceso por una
deficiencia en la individualización de los actos demandados, pese a que reconocieron
expresamente que existían otros actos administrativos susceptibles de control y a que
el ordenamiento prevé la inadmisión como mecanismo para corregir los defectos de la
demanda».

Agregó que la posición expuesta en el salvamento de voto del magistrado Fabio Iván
Afanador García, evidencia que el eventual problema advertido por la Sala «no
correspondía a la inexistencia de un asunto susceptible de control judicial, sino, a lo
sumo, a una deficiencia subsanable en la individualización de los actos administrativos
demandados», lo cual, en su criterio, es constitucionalmente relevante, pues el artículo
169 del CPACA permite rechazar la demanda cuando el asunto no es susceptible de
control judicial, mientras que el artículo 170 del mismo Código ordena inadmitirla y
conceder un término de diez días cuando presente defectos que puedan ser
corregidos».

1.4.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

Precisó que las autoridades accionadas reconocieron que existía una controversia
susceptible de conocimiento por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y
señalaron cuáles eran los actos que debían demandarse, razón por la cual, «la
dificultad advertida no consistía en que el asunto estuviera excluido del control judicial,
sino en que la parte demandante había individualizado actos diferentes a aquellos que
los jueces consideraban pertinentes».

6
Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener posibles
errores.
4

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Resaltó que, el artículo 170 del CPACA permite inadmitir la demanda, identificar el
defecto y conceder a la parte demandante un término de diez días para subsanarlo,
sin embargo, los jueces optaron por la consecuencia más restrictiva, esto es, el
rechazo de la demanda.

1.4.3. Defecto sustantivo

Acotó que el artículo 169 del CPACA establece las causales de rechazo de la demanda
y dispone, en su numeral 3. °, que esto sucederá cuando el asunto no sea susceptible
de control judicial. No obstante, refirió que el artículo 170 ibidem establece que el
medio de control será inadmitido por carecer de los requisitos señalados por la ley,
caso en el cual el juez deberá indicar los defectos advertidos y conceder el término de
diez días para que el extremo actor subsane el escrito.

Alegó que, por un lado, se puede establecer que un asunto, por su naturaleza, no es
susceptible de control judicial, empero, del otro, se puede señalar que una controversia
sí lo es y que se requiere de una corrección en la demanda relativa a la
individualización de los actos cuestionados. Por lo anterior, manifestó que «[l]a primera
situación puede dar lugar al rechazo, mientras que la segunda debe tramitarse
mediante la inadmisión».

1.4.4. «Contradicción entre los fundamentos y la consecuencia procesal
adoptada»

A su juicio, la decisión del tribunal contiene una contradicción entre sus «fundamentos
y la consecuencia procesal impuesta», por cuanto, si bien afirmó que existían actos
administrativos susceptibles de control judicial, lo cierto es que confirmó el rechazo de
la demanda al asegurar que el asunto no era susceptible de ser controvertido.

Puntualizó que, si se tenía claro que existían actos demandables, el asunto podía ser
conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en ese orden, la
discusión se limitaba a determinar cuáles actos debían integrar el objeto de la
demanda.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Con proveído de 24 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como parte accionada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá. En calidad de tercero con eventual interés en las resultas del trámite
constitucional, vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

Finalmente, se ordenó a la oficina de sistemas de la corporación realizar una
publicación en la página web con la información de este trámite tutelar.

5

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05769-00

1.5.2. En providencia de 6 de agosto de 2026, se vinculó, también, como tercero con
interés, al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:

1.6.1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó
que se declare la improcedencia de la acción constitucional debido a que los
cuestionamientos formulados en la presente acción corresponden sustancialmente a
una discrepancia con la interpretación y aplicación de las normas procesales efectuada
por los jueces naturales, por lo que, en su criterio, la acción de la referencia se ejerció
con el objeto de agotar una instancia adicional para reabrir un debate ya zanjado.

Aseguró que el hecho de que se presentara un salvamento de voto respecto de la
sentencia de segunda instancia evidencia la existencia de una divergencia jurídica
sobre el asunto, pero, ello no determina, por sí sola, que la posición mayoritaria
adoptada por este despacho constituya una actuación arbitraria o lesiva de derechos
fundamentales.

En cuanto al fondo, afirmó que no vulneró los derechos fundamentales invocados por
la sociedad accionante, en atención a que el rechazo de la demanda obedeció a la
conclusión jurídica según la cual los actos expresamente sometidos a control [oficios
2023EE464464O1, 2023EE83288O1 y 2023EE83287O1] no constituían decisiones
administrativas definitivas en los términos del artículo 43 del CPACA, por cuanto no
creaban, modificaban ni extinguían una situación jurídica, supuesto que el despacho
estimó comprendido en la causal prevista en el numeral 3. ° del artículo 169 ibidem.

1.6.2. La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría de Hacienda Distrital indicó
que el mecanismo tutelar fue interpuesto contra las decisiones judiciales expedidas en
el marco del medio de control del nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 11001-33-34-004-2024-00317-00/01, razón por la cual adujo carecer
de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, solicitó que se declare improcedente este mecanismo constitucional por cuanto lo
pretendido por la parte actora es ejercer esta vía de amparo como una tercera
instancia, lo que de plano deja en evidencia la falta de relevancia constitucional.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el Liceo
Boston SAS contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
6

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Subsección C y otro, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 0807 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. En este punto es necesario precisar que, si bien el liceo demandó las dos
providencias dictadas en el trámite de la demanda ordinaria, lo cierto es que, en esta
sede, el análisis se realizará respecto de la decisión de 11 de marzo de 2026 por ser
esta la que puso fin a la causa contenciosa.

2.2.2. De otro lado, la Sala anuncia que negará la solicitud de desvinculación elevada
por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría de Hacienda Distrital, comoquiera
que, al constituir el extremo pasivo de la demanda ejercida en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-34-004-
2024-00317-00/01, le asiste interés en la decisión que se adopte en este trámite
constitucional.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar sí en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia de
11 de marzo de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, a través de la cual se confirmó el rechazo de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el radicado 11001-33-34-004-
2024-00317-00/01.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20128 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

7
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 11, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional
no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud
de amparo elevada por el liceo no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

2.5.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar

10
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8

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que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:

(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal12.

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»14.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes

12
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
9

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constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”15. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»16.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso17, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

2.5.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por el liceo, advierte que el asunto carece de la carga
argumentativa desde la perspectiva constitucional para que proceda su análisis en
sede de tutela contra providencia judicial.

Esto es así, habida cuenta de que, en síntesis, el extremo actor cuestionó que se
configuraron los defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto,
además de adolecer de una contradicción entre sus «fundamentos y la consecuencia
procesal impuesta», por cuanto, si bien el tribunal identificó los dos actos
administrativos que sí eran susceptibles de control judicial, lo cierto es que confirmó el
rechazo de la demanda al asegurar que las comunicaciones que el liceo efectivamente
cuestionó, no crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica, pese a que, a
su juicio, lo que procedía era la inadmisión y la consecuente subsanación de
conformidad con lo estipulado en los artículos 169 y 170 de la Ley 1437 de 2011.

En ese orden, es claro para la Sala de decisión que el debate propuesto por el extremo
actor carece de la carga argumentativa exigida desde la perspectiva iusfundamental
requerida en la SU- 215 de 2022, en tanto se limitó a insistir en el debate legal
abordado y zanjado por el juez natural, relativo al estudio de la admisibilidad de la
demanda ordinaria, contexto en el cual tanto en primera como en segunda instancia
se concluyó que las comunicaciones demandadas no definieron la situación jurídica

15
Ibídem.
16
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
17
Sentencia SU-573 de 2019.
10

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05769-00

del inmueble de propiedad de la sociedad actora en tanto se limitaron a informar el
estado catastral de esta, de manera que, al no contener una decisión de la
administración, carecían de aptitud para ser objeto de control en vía judicial como lo
estipula el artículo 43 ejusdem.

Esa situación, a su vez, se encuentra prevista en el numeral 3. ° del artículo 169 ibidem
como una de las causales de rechazo del medio de control, contrario a lo manifestado
por la entidad tutelante, que a través de esta acción de amparo, lo que pretende es
que se le ordene a la autoridad judicial que le aplique una consecuencia diferente a la
estipulada en la mencionada norma, por cuanto, a su juicio, lo que procedía consistía
en que se inadmitiera la acción para subsanarla, y que, además, se le indicara cuáles
son los actos que debe reprochar, lo cual se escapa de la esfera funcional de los jueces
de la República, en tanto es el interesado el que tiene la carga de identificar las
decisiones a controvertir.

Lo anterior, aunado a que, el hecho de que se hubiese presentado un salvamento de
voto por uno de los magistrados disidentes, no implica, per se, que en el proveído de
11 de marzo de 2026 se configure alguno de los defectos alegados por el liceo.

En ese orden, para esta colegiatura, los reproches de la sociedad accionante no tienen
la virtualidad de demostrar que en el auto de 11 de marzo de 2026 se adoptó una
decisión arbitraria o caprichosa por el hecho de confirmar el rechazo de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho de su interés, en la cual se controvirtieron
unos oficios que no definieron una situación jurídica concreta, lo que llevó a determinar
que el asunto carecía de control judicial, de conformidad con lo estipulado en la ley
actual y aplicable al caso.

Esta situación demuestra que los yerros planteados en el escrito de tutela, lejos de
ameritar un análisis a partir de los postulados constitucionales, se limita al estudio de
la legalidad de la decisión del juez competente, la cual fue adoptada en el marco del
régimen jurídico vigente y de los principios de autonomía e independencia judicial.

En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el máximo órgano en esta
materia.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el accionante ejecute una exposición que sin
lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de
reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.
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En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que la demanda carece de la carga argumentativa desde la perspectiva
constitucional, y no se evidencia una vulneración palmaria que amerite la intervención
del juez de tutela18. Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de Decisión declare la
improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.

2.6. Conclusión

La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el Liceo Boston SAS
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y
otro, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., Secretaría de Hacienda Distrital.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
Liceo Boston SAS contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C y otro.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
18
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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