Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05780-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05780-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05780-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., primero (1) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-05780-00
Demandante MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y
OTRO
Temas Acción de tutela contra sentencia proferida en proceso de tutela.
Mecanismo de eventual revisión ante la Corte Constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Miguel Ignacio Martínez Olano, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de julio de 2026, el señor Miguel Ignacio Martínez Olano interpuso acción de
tutela, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y el Tribunal Administrativo del Magdalena por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y participación política, con ocasión de las sentencias de 28 de abril de 2026
y 26 de junio de 2026, proferidas en la acción de tutela de radicado 47001-23-33-
000-2026-00112-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, juez imparcial, acceso a la
administración de justicia y participación política.
Que se deje sin efectos la providencia de 26 de junio de 2026 proferida por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, por desconocer el derecho al juez imparcial y omitir el
estudio de las nulidades y recusaciones planteadas.
Que se deje sin efectos la providencia de 09 de julio de 2026 (sic) proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, ponente: Quiñones, por desconocer el derecho al juez
imparcial y omitir el estudio de las nulidades y recusaciones planteadas.
Que se deje sin efectos la actuación surtida con intervención de la magistrada María Victoria
Quiñones Triana, si el juez constitucional concluye que estaba comprometida la apariencia
objetiva de imparcialidad.
Que se ordene que un funcionario judicial distinto conozca del asunto, garantizando el
derecho al juez imparcial en la demanda de perdida (sic) de investidura contra la Gobernadora
María Guerra Zuñiga.
Que se ordene resolver de fondo las solicitudes de nulidad y las actuaciones pendientes
conforme a los parámetros constitucionales» (Transcripción literal).
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05780-00
Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Sobre la acción de tutela 47001-33-33-011-2026-00087-00 (principal) y 47001-
31-60-005-2026-00142-00 (acumulada)
2.1. El ciudadano Aurelio Rosales Durán y el señor Carlos Alberto Pinedo Cuello,
alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, interpusieron
acciones de tutela, por separado, en contra de la Registraduría Especial del
Estado Civil de Santa Marta, por el hecho que dicha autoridad expidió la
resolución 012 del 20 de febrero de 2026. En dicho acto, se declaró que el
mecanismo de participación ciudadana, promovido por el ahora tutelante
señor Miguel Ignacio Martínez Olano, consistente en la revocatoria del
mandato del referido alcalde cumplía los requisitos legales; asimismo, se
reconoció al señor Miguel Ignacio Martínez Olano como vocero de esta. El
nombre de la mencionada iniciativa fue «No cabe un mojón más».
Los señores Aurelio Rosales Durán y el alcalde Carlos Alberto Pinedo Cuello
argumentaron que la denominación de la iniciativa transgredía sus derechos
fundamentales al buen nombre, la honra, la dignidad humana y el debido
proceso. Por lo tanto, solicitaron dejar sin efectos la resolución 012 del 20 de
febrero de 2026.
2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo de
Santa Marta. Previo a la acumulación de las dos demandas, en auto de 7 de
abril de 2026 dicha autoridad ordenó como medida provisional a la
Registraduría Especial del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral
«suspender de manera provisional el trámite administrativo atinente a la iniciativa de
revocatoria de mandato denominada: “NO CABÉ UN MOJÓN MÁS” inscrita mediante la
Resolución No. 012 del 20 de febrero de 2026, hasta tanto se adopte decisión de fondo en el
presente asunto».
2.3. Mediante sentencia del 17 de abril de 2026, el Juzgado Once Administrativo
de Santa Marta amparó el derecho fundamental al buen nombre y honra del
Distrito, Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, del ciudadano Aurelio
Rosales Durán y del alcalde Carlos Alberto Pinedo Cuello. En consecuencia,
ordenó al señor Miguel Ignacio Martínez Olano, quien promovió la iniciativa de
revocatoria del mandato, y a la Registraduría Nacional del Estado Civil
efectuar las actuaciones tendientes al cambio de nombre de la iniciativa de
participación ciudadana.
2.4. Esa decisión fue revocada mediante sentencia de 4 de junio de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena; en su lugar, se negaron las
pretensiones de las acciones de tutela incoadas por los señores Aurelio
Rosales Durán y Carlos Alberto Pinedo Cuello.
Sobre la acción de tutela 47001-23-33-000-2026-00112-00/01
2.5. Encontrándose en trámite la acción de tutela acumulada promovida por el
alcalde y el ciudadano mencionado, el señor Miguel Ignacio Martínez Olano
interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Once Administrativo de
Santa Marta. Controvirtió la medida provisional decretada, mediante la cual
esa autoridad judicial ordenó suspender el trámite del mecanismo de
revocatoria del mandato del alcalde del Distrito de Santa Marta, dictada en la
acción de tutela 47001-33-33-011-2026-00087-00 acumulada.
2.6. En sentencia del 28 de abril de 2026 (providencia controvertida), el Tribunal
Administrativo del Magdalena declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad. Explicó que en consideración a que
el señor Miguel Ignacio Martínez Olano fungía como tercero con interés en la
acción de tutela en la que se dictó la medida provisional atacada y a que ya
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Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano
se había proferido sentencia de primera instancia, aquel tenía la posibilidad
de hacer uso de la impugnación para cuestionar esa decisión.
2.7. El señor Miguel Ignacio Martínez Olano impugnó el fallo de 28 de abril de
2026.
2.8. En sentencia de segunda instancia de 26 de junio de 2026 (providencia
controvertida), el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A confirmó
el fallo impugnado, pero por considerar que en el asunto se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado. La razón obedeció a que la
decisión controvertida, esto es la medida provisional de carácter transitorio,
dejó de producir efectos y desapareció del mundo jurídico con ocasión de las
sentencias proferidas en la tutela acumulada.
3. Fundamentos de la acción
3.1. El tutelante censuró los fallos de 28 de abril de 2026 y 26 de junio de 2026,
proferidos en la acción de tutela 47001-23-33-000-2026-00112-00/01 que él
promovió contra la medida provisional dispuesta en la otra acción de tutela
acumulada. Reprochó que en el trámite de primera instancia haya participado
la magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena María Victoria
Quiñones Triana, quien en otros procesos también instaurados por él se ha
declarado impedida por la animadversión en su contra, como sucedió en la
pérdida de investidura que él radicó contra la gobernadora del Magdalena. Sin
embargo, en la tutela 47001-23-33-000-2026-00112-00/01 «sospechosamente»
no lo hizo.
Informó que conoció a la magistrada María Victoria Quiñones Triana cuando
se desempeñaba como ad honorem en el Tribunal Administrativo del
Magdalena y que por diversas situaciones personales y laborales su relación
profesional se deterioró sumamente. Añadió que «Durante más de quince (15) años
de ejercicio litigioso ante esta jurisdicción, el suscrito no recuerda haber obtenido una sola
decisión favorable dentro del despacho de la Magistrada María Victoria Quiñones Triana».
Aseguró que la recusó. Sin embargo, tal magistrada no resolvió tal solicitud,
sino que la envió al despacho que sigue en turno, autoridad que consideró
improcedente la recusación formulada. En su criterio, esto implica la
vulneración de la garantía del juez imparcial. Asimismo, indicó que elevó
solicitud de nulidad y reprochó que el asunto se haya remitido a segunda
instancia, sin antes haberse resuelto ni la recusación ni la nulidad.
3.2. De otra parte, censuró que el fallo de primera instancia de 28 de abril de 2026
se limitó a la referencia sobre la subsidiariedad. No hubo pronunciamiento de
fondo sobre la afectación al derecho de participación política, la
proporcionalidad de la medida provisional, la intervención judicial en un
mecanismo electoral en curso y la posible configuración de vías de hecho
judiciales. De manera que incurrió en un «defecto de motivación». Agregó que
toda decisión judicial que suspenda mecanismos de participación ciudadana
requiere motivación reforzada.
Además, al limitarse al estudio de subsidiariedad, se desnaturalizó el objeto
de la tutela que realmente versaba sobre las facultades cautelares del juez de
tutela, la suspensión integral de un mecanismo de participación ciudadana y
la afectación continuada derivada de una medida preventiva. Por lo que se
configuró un «defecto por incongruencia; desviación argumentativa; y sustitución
indebida del objeto procesal». Asimismo, se empleó la subsidiariedad como un
mecanismo de evasión del control constitucional y por esto se incurrió en
desconocimiento del precedente, pues la jurisprudencia constitucional ha
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admitido la procedencia excepcional de la tutela cuando la vulneración ocurre
antes de la sentencia.
3.3. También manifestó su inconformidad respecto a la sentencia de segunda
instancia de 26 de junio de 2026, pues consideró «absurdo que digan que como el
Tribunal Administrativo Revoco el fallo y anulo a (sic) medida provisional existe un hecho
superado». Aseguró que la emisión posterior de una sentencia no sanea
retroactivamente una medida cautelar desproporcionada, no elimina
automáticamente sus efectos consumados, ni extingue el análisis
constitucional sobre actuaciones judiciales previas potencialmente lesivas. La
medida provisional consistente en la suspensión del proceso de revocatoria
produjo efectos adversos al paralizar etapas institucionales, alterar
cronogramas electorales, interrumpir actuaciones administrativas y restringir
materialmente el ejercicio de derechos políticos.
Reprochó que no se haya estudiado el alcance del artículo 7 del Decreto 2591
de 1991, los límites materiales de las medidas provisionales, la afectación
democrática ni la tensión entre tutela cautelar y autonomía electoral. En su
criterio, tal circunstancia configura un defecto sustantivo.
4. Trámite e intervenciones
4.1. En auto de 28 de julio de 2026, se requirió a la parte actora a fin de que
acreditara la configuración de los requisitos señalados por la Corte
Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela, establecidos en la sentencia SU-627 de 2015.
4.2. El actor sostuvo que la vulneración de los derechos fundamentales surgió de
la sentencia de segunda instancia de 26 de junio de 2026, mediante la cual la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado declaró la existencia
de una carencia actual de objeto por hecho superado. De manera que la lesión
constitucional es nueva, autónoma y distinta del conflicto inicialmente
debatido.
Consideró que el asunto es de relevancia constitucional, porque no versa
sobre simples discrepancias interpretativas ni sobre asuntos de estricta
legalidad.
Insistió en que, al limitar el estudio sobre la figura de la carencia de objeto, se
omitió verificar si habían cesado los efectos materiales de la vulneración
denunciada. De manera que se incurrió en defecto fáctico al declarar la
existencia de un hecho superado sin verificar la realidad del caso, pues «una
cosa es que una medida cautelar deje de existir desde el punto de vista procesal y otra muy
distinta que desaparezcan las consecuencias materiales que esa medida produjo sobre el
ejercicio de los derechos fundamentales».
Reiteró que la autoridad judicial accionada incurrió en motivación
insuficiente y que no se materializó la garantía de juez imparcial
En suma, aseguró que se cumplen los presupuestos excepcionales fijados por
la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela contra sentencia de
tutela, porque no se pretende reabrir el debate jurídico resuelto dentro del
proceso anterior ni convertir esta acción en una tercera instancia, la
vulneración alegada es autónoma, la controversia posee evidente relevancia
constitucional y los defectos denunciados fueron determinantes para la
decisión adoptada.
4.3. Mediante auto de 14 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Miguel Ignacio Martínez Olano contra el Consejo de
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Estado, Sección Tercera, Subsección A y el Tribunal Administrativo del
Magdalena.
Asimismo, se ordenó notificar en calidad de terceros con interés al Juzgado
Once Administrativo de Santa Marta (autoridad demandada en la acción de
tutela 47001-23-33 000-2026-00112-00/01), al Ministerio Público, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al ciudadano Aurelio Rosales Durán,
al alcalde Carlos Alberto Pinedo Cuello, a la Registraduría Especial del Estado
Civil de Santa Marta, al Consejo Nacional Electoral, al Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta; y se dispuso efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.4. El Juzgado Once Administrativo de Santa Marta, que resolvió en primera
instancia la tutela acumulada y dictó la medida provisional, manifestó que en
la presente acción el actor no argumentó que la vulneración de derechos
fundamentales provenga de su parte. La única relación que guarda es respecto
al trámite de la acción de tutela interpuesta contra ese despacho judicial de
radicado 47001-23-33- 000-2026-00112-00.
4.5. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A indicó que se debe
declarar la improcedencia de la tutela, porque el accionante censura lo resuelto
en una acción de tutela, pero no acreditó que la decisión atacada sea el
resultado de actuaciones fraudulentas.
Resaltó que a través de auto del 28 de julio de 2026, se le requirió
expresamente para que justificara cómo se cumplían en el caso concreto los
requisitos establecidos en la sentencia SU-627 de 2015 para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias de la misma naturaleza. A pesar de
que el señor Martínez Olano se pronunció, en su memorial no hizo referencia
a este presupuesto, que es indispensable para habilitar la procedencia
excepcionalísima de este tipo de acciones.
Adujo que tampoco se acreditó la relevancia constitucional del asunto. La
objeción del accionante se sustenta en una discrepancia con la Sala, en cuanto
a la configuración de la carencia de objeto por hecho superado. Sin embargo,
aquel no expuso la razón por la cual el fallo de tutela de segunda instancia se
puede calificar como caprichoso. En todo caso, resultaba inocuo cualquier
pronunciamiento sobre el auto de medidas cautelares que se objetaba.
Finalmente, mencionó que los argumentos con los que se pretende cuestionar
los fallos de tutela de primera y segunda instancia redundan sobre el asunto
abordado en aquellos.
4.6. La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que no tiene competencia
para atender lo requerido por el actor, dado que la tutela está dirigida contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Agregó que no se cumplen los requisitos generales ni especiales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial y que lo verdaderamente
pretendido por el actor con la presente acción constitucional es abrir un debate
de tercera instancia inadmisible dentro del marco del debido proceso.
4.7. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta se opuso a las
pretensiones del actor. Seguido, manifestó que la acción de tutela es
absolutamente improcedente para controvertir sentencias dictadas en el
trámite de otra acción de tutela, pues de lo contrario la jurisdicción
constitucional se convertiría en una cadena interminable e infinita de litigios.
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Además, aseguró que se incumplen los requisitos de la sentencia de
unificación SU-627 de 2015 para la procedencia excepcional de la tutela contra
providencias de tutela, ya que el actor no acreditó fraude alguno, sino que se
limitó a exponer su discrepancia sustantiva frente a la declaratoria de carencia
actual de objeto.
En cuanto a la recusación, sostuvo que el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991
prohíbe la recusación promovida por las partes en los trámites de tutela. Tal
norma únicamente contempló la figura del impedimento, en cabeza del propio
juzgador.
En consecuencia, cuando un litigante presenta una recusación en un trámite
de tutela, la autoridad judicial tiene el deber procesal de rechazarla de plano o
remitir el asunto para que la Sala constate su improcedencia legal, tal como
aconteció en el trámite de instancia.
De otra parte, sostuvo que en la tutela 2026-00112-00 el señor Martínez Olano
atacaba de manera accesoria las medidas cautelares provisionales adoptadas
en otro proceso de tutela anterior. Entonces, al haberse proferido la sentencia,
la medida provisional perdió vigencia, configurándose una sustracción de
materia que obligaba al juez de segunda instancia a declarar la carencia actual
de objeto. Así las cosas, dicha decisión fue adoptada con rigurosa motivación
jurídica y fáctica.
Aseveró que la tutela no es una vía judicial paralela para reabrir debates
sustanciales o procesales que ya fueron ampliamente evaluados y zanjados
por los jueces constitucionales competentes.
Finalmente, mencionó que resulta procesalmente inadmisible que el
accionante incluya en su demanda de tutela asuntos relacionados con un
proceso contencioso de pérdida de investidura contra la gobernadora del
Magdalena.
4.8. El señor Carlos Alberto Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta, presentó
informe en términos muy semejantes a la contestación allegada por el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.
4.9. El Tribunal Administrativo del Magdalena afirmó que los planteamientos del
señor Martínez Olano recibieron respuesta judicial y que se garantizó el
acceso al mecanismo de impugnación previsto para controvertir la decisión de
primera instancia.
De otra parte, aseguró que la discrepancia del accionante no denota la
transgresión al derecho al debido proceso ni demuestra una afectación en la
imparcialidad de la magistrada ponente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si la acción interpuesta cumple con los requisitos de procedibilidad
establecidos por la jurisprudencia constitucional para los eventos en los que la tutela
se emplea para controvertir decisiones de tutela. Solo en caso de superar dicho
análisis, se determinará si al proferir la sentencia de 26 de junio de 2026, el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A incurrió en alguno de los defectos
alegados por la parte actora.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de tutela
3.1. Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales consiste en que la providencia reprochada no sea una decisión de
tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se
interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la tutela contra providencias
proferidas en el marco de la acción de tutela. Allí explicó que debía
diferenciarse entre dos supuestos: si la acción de tutela se interponía contra
una sentencia de tutela o contra una actuación previa o posterior a aquella
providencia.
En caso de que se interponga contra una sentencia proferida por el juez de
tutela la regla general es la improcedencia. Si esta fue emitida por la Corte
Constitucional tal regla no admite excepción. Sin embargo, si fue proferida por
otro juez de la República la acción de amparo puede proceder
excepcionalmente, si además de los requisitos generales de procedibilidad, se
acredita que: (i) la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue producto de una
situación de fraude (cometida por una de las partes, por las dos o, incluso, con
anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar
la situación.
Frente al fraude como causal de procedencia de la acción de amparo contra
sentencias de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T-218 de 2012
explicó que: «el principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es
posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez».
La Corte Constitucional ha señalado que el principio fraus omnia corrumpit
hace referencia a una situación fraudulenta que atenta contra la recta
impartición de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad, entre
otros principios.
En consecuencia, la aplicación de este principio busca evitar que a través del
derecho se reconozcan y avalen situaciones originadas en hechos
fraudulentos que generen un perjuicio ilícito a terceros o a la comunidad.
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3.2. Ahora bien, en la sentencia SU-245 de 2021 la Corte Constitucional se refirió
al mecanismo de selección eventual a su cargo. Explicó que de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución todas las sentencias de tutela deben ser
remitidas a la Corte Constitucional, autoridad que tiene la facultad de
seleccionar algunas providencias para su revisión, con miras a unificar la
interpretación de los derechos fundamentales. Su finalidad es la unificación de
jurisprudencia y la protección de la justicia material.
Teniendo en cuenta la existencia de este mecanismo, la procedencia de la
acción de tutela contra una sentencia de tutela está sujeta antes que nada a
que tal providencia haya sido excluida de la selección eventual, pues solo en
ese momento es definitiva. Previo a que esto ocurra aún existe la posibilidad
de que la Corte seleccione el asunto para revisión y emita una sentencia al
respecto. Veamos lo expuesto sobre este punto en la sentencia SU-245 de
2021:
«la acción de tutela contra sentencias de tutela procede de manera excepcional cuando se
configura el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Esta última se produce cuando una
acción de tutela no ha sido seleccionada para revisión por la Corte Constitucional y
finaliza el término de insistencia de los magistrados, el Procurador General de la Nación,
el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La
consecuencia de la exclusión de un caso de la revisión de la Corte es la firmeza jurídica
del último fallo que se haya adoptado en sede de instancia, el cual cobra entonces
ejecutoria formal y material. De este modo, la sentencia mediante la cual se ha resuelto el
asunto concreto hace tránsito a cosa juzgada constitucional» (Negrillas propias).
De ahí que «el carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce únicamente cuando
ha vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando se ha producido la decisión
de revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible hablar de cosa juzgada
fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal estabilidad no se ha alcanzado
y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte Constitucional se pronuncie,
revisando las decisiones de instancia» (Negrillas propias).
Así las cosas, en la sentencia T-023 de 2023 se estableció que «en principio
son improcedentes las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de
que el trámite de selección y eventual revisión se haya surtido». Esto tiene sentido si
se considera que el carácter definitivo de una sentencia de tutela, en los
términos señalados por la Corte, se adquiere únicamente cuando esta es
excluida de revisión o cuando tras seleccionar el asunto el tribunal
constitucional profiere una sentencia de revisión.
Por lo tanto, la tutela es improcedente cuando el fallo de tutela que se
controvierte mediante una nueva acción de tutela aún no ha sido excluido del
mecanismo de revisión eventual. Y la razón es, como se indicó, que para ese
momento el fallo controvertido a través de una acción de tutela todavía no ha
adquirido su carácter definitivo.
4. Análisis del caso
Como se desprende de los antecedentes, el accionante pretende dejar sin efectos
la sentencia de segunda instancia de 26 de junio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A de radicado 47001-23-33-000-2026-
00112-01, por diversas inconformidades.
Dicho fallo fue remitido a la Corte Constitucional el 14 de julio de 20262 para surtir
el trámite de revisión eventual. De la consulta del asunto se encontró que el caso
aún se encuentra en la etapa inicial de tal trámite, pues a la fecha únicamente se ha
efectuado la radicación del expediente ante tal corporación judicial.
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Información obtenida de Samai, bajo el radicado 47001-23-33-000-2026-00112-01. índice 9.
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Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Así se desprende de la siguiente imagen, tomada de la página web de la Corte
Constitucional:
La anterior información es relevante en la medida en que, como se explicó
previamente, en la sentencia T-023 de 2023 se estableció que «en principio son
improcedentes las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de que el trámite
de selección y eventual revisión se haya surtido» (Negrillas propias).
Por ende, se advierte que la presente tutela es improcedente contra la sentencia de
26 de junio de 2026 proferida bajo el radicado 47001-23-33-000-2026-00112-01, en
consideración a que aún no ha finalizado el trámite de revisión eventual, dado que
hasta ahora se le asignó un radicado ante la Corte Constitucional. De manera que
aún no se ha determinado si el caso será o no objeto de revisión eventual.
En ese sentido, existe la posibilidad de que ese tribunal constitucional escoja el
asunto y estudie si los jueces de tutela accionados erraron al haber declarado la
improcedencia de la acción y, si como lo argumentó el tutelante, había lugar a
analizar la medida provisional ordenada en el otro trámite de tutela por resultar
desproporcionada y a tener en cuenta los efectos que esta generó sobre el trámite
de revocatoria del mandato que se encontraba en curso.
5. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción por
considerar que aún no hay lugar a que el juez de tutela se pronuncie sobre la
sentencia de tutela de 26 de junio de 2026 controvertida. La razón obedece a que
todavía no ha culminado el trámite de revisión eventual efectuado por la Corte
Constitucional, en virtud del cual el caso puede ser seleccionado por tal corporación
y, eventualmente, acoger los argumentos aquí expuestos por el accionante.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor
Miguel Ignacio Martínez Olano, dadas las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05780-00
Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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