RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2026-00112-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00112-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2026-00112-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 28 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2026-00112-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 47001-23-33-000-2026-00112-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: Acción de tutela / Declara carencia actual de objeto por hecho superado.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 28 de abril de 2026, por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 15 de abril de 2026, el señor Miguel Ignacio Martínez Olano presentó acción de
tutela contra el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta, con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, participación
política, defensa y contradicción1, los cuales consideró vulnerados con la suspensión
del proceso de revocatoria del mandato del alcalde del Distrito de Santa Marta,
decretada como medida provisional dentro de las acciones de tutela promovidas por
dicho ente territorial y el señor Aurelio Rosales2.

2.
Explicó que dichos mecanismos de amparo se dirigieron contra la Registraduría
Especial del Estado Civil de Santa Marta, al autorizar que la referida iniciativa de
participación ciudadana fuera denominada con un nombre que consideraron “soez e
injurioso”.

3.
Como sustento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que la medida
provisional cuestionada vulneró su derecho al debido proceso, por haber sido
decretada antes de su vinculación al trámite constitucional, pese a su condición de
director del comité promotor de la iniciativa de revocatoria, lo que le impidió
controvertir oportunamente su procedencia. Agregó que, pese a haber promovido un

1 También se invocaron los principios de seguridad jurídica y democracia participativa.
2 Radicados: 47-001-3333-011-2026-00087-00 y 47-001-3160-005-2026-00142-00.

1

Radicación: 47001-23-33-000-2026-00112-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta

incidente de nulidad y solicitado la revocatoria de la medida, tales peticiones no
habían sido resueltas al momento de la presentación de la acción de tutela.

4.
Asimismo, señaló que la decisión afectó su derecho a la participación política, al
suspender indefinidamente el mecanismo de revocatoria del mandato e impedir el
desarrollo de las actuaciones administrativas que ya había adelantado el Consejo
Nacional Electoral (CNE), entre estas, la celebración de audiencia pública
programada para el 9 de abril de 2026.

5.
Agregó que el juzgado accionado no valoró adecuadamente la necesidad,
idoneidad y proporcionalidad de la medida provisional, pues la suspensión integral
del proceso de participación ciudadana era excesiva para lograr la protección de los
derechos fundamentales invocados por los demandantes (buen nombre, honra,
dignidad humana y debido proceso administrativo). A su juicio, existían alternativas
menos restrictivas, tales como, la modificación del nombre de la iniciativa, ordenar
ajustes al eslogan o ajustar las comunicaciones del comité promotor.

6.
Aseveró que la expresión cuestionada en las tutelas acumuladas no constituye
una imputación directa e individualizada en contra del alcalde ni de la administración
distrital, sino que corresponde a la denominación adoptada por un comité promotor
dentro del ejercicio legítimo del mecanismo de participación ciudadana de
revocatoria del mandato. En consecuencia, no se configuró una afectación directa al
núcleo esencial del derecho al buen nombre, ni mucho menos una lesión de tal
entidad que justifique la restricción de derechos políticos fundamentales. Se pasó
por alto que el orden constitucional privilegia la libertad de expresión y el principio de
participación democrática en escenarios de debate político o deliberación
democrática.

7.
Finalmente, afirmó que la cautela perdió su carácter excepcional, temporal e
instrumental, al producir efectos materiales equivalentes a una decisión de fondo y
mantener paralizado el mecanismo de control ciudadano sin que se hubiera resuelto
definitivamente la controversia constitucional.

8.
Por lo anterior, solicitó ordenar a la autoridad judicial accionada revisar la
proporcionalidad de la medida cautelar, así como garantizar la participación del actor
y del comité promotor en igualdad de condiciones a los otros sujetos vinculados al
trámite constitucional, y adoptar cualquier decisión judicial que permita que la cautela
siga produciendo efectos indefinidos sobre el proceso de revocatoria del alcalde
distrital. Subsidiariamente, pidió modular o revocar la medida provisional.

B. Sentencia de primera instancia

9.
Mediante sentencia del 28 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del
Magdalena declaró la improcedencia del amparo, al considerar que la acción de
tutela estaba dirigida a dejar sin efectos la medida provisional decretada dentro de
otro trámite constitucional, sin que se acreditaran los presupuestos excepcionales
2

Radicación: 47001-23-33-000-2026-00112-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta

exigidos por la jurisprudencia para la procedencia de la tutela contra tutela. Además,
estimó incumplido el requisito de subsidiariedad, pues el juzgado accionado ya
profirió decisión de fondo en el marco de las solicitudes de las acciones de tutela
acumuladas, por lo que cualquier inconformidad del actor debía plantearse mediante
la impugnación correspondiente.

C. La impugnación

10.
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y, adicionalmente,
promovió solicitud de nulidad y recusación contra la magistrada ponente. En
concreto, afirmó que se desconoció la garantía constitucional del juez imparcial, por
cuanto la magistrada María Victoria Quiñones debió declararse impedida para
conocer de procesos promovidos por el señor Martínez.

11.
Asimismo, afirmó que el Tribunal desconoció el objeto del amparo, al entender
que lo pretendido era dejar sin efectos la sentencia proferida dentro del otro trámite
constitucional. Se desconoció que el propósito de la demanda era cuestionar la
medida provisional decretada por el juzgado accionado, particularmente, en lo
relacionado con su proporcionalidad, la competencia del juez de tutela para
suspender un mecanismo de participación ciudadana y las consecuencias derivadas
de la adopción de dicha cautela.

12.
En igual sentido, consideró que el a quo erró al concluir que la expedición de la
sentencia de fondo tornaba improcedente cualquier análisis sobre la medida
provisional, pues -a su juicio- aquella constituía una actuación autónoma cuyos
efectos no desaparecían por el hecho de que se adoptó, con posterioridad, una
decisión definitiva dentro del trámite de tutela.

13.
Por último, afirmó que la sentencia carece de coherencia interna, en tanto formuló
como problema jurídico la eventual afectación de los derechos fundamentales
invocados por la suspensión de la medida de revocatoria del mandato, pero omitió
desarrollar un examen material sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de
la medida provisional, acorde a lo alegado en el escrito de tutela. Igualmente, estimó
contradictorio reconocer la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas dentro
del otro proceso de tutela y, al mismo tiempo, descartar la procedencia del amparo
para cuestionar la referida medida cautelar.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

3

Radicación: 47001-23-33-000-2026-00112-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta

14.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.

E. Cuestión previa

15.
La Sala no se pronunciará respecto de la recusación formulada por el actor contra
la magistrada ponente de la decisión de primera instancia, toda vez que dicha
solicitud fue tramitada y decidida por la autoridad competente dentro de la
oportunidad procesal correspondiente. Mediante auto del 11 de mayo de 2026, la
funcionaria judicial declaró improcedente la recusación acorde a lo previsto en el
artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, y declaró que no incurrió en la causal de
impedimento por enemistad grave, prevista en el numeral 5 del artículo 56 de la Ley
906 de 2004. El 12 de mayo siguiente, el demandante presentó escrito refutando las
afirmaciones de la magistrada y reiterando que, persistía la causal de recusación. En
proveído de esa fecha, el despacho de la magistrada siguiente en turno descartó
esos alegatos y reiteró la declaratoria de improcedencia de la recusación.

16.
Luego, el 13 de mayo de 2026, el juez de primera instancia declaró improcedente
la solicitud de nulidad por violación al principio de imparcialidad judicial.

17.
De otro lado, esta Sala considera que tampoco procede emitir un pronunciamiento
independiente sobre la solicitud de nulidad promovida contra el fallo de primera
instancia por deficiencias en la argumentación del a quo. Lo anterior, porque los
fundamentos en los que aquella se sustenta coinciden materialmente con los
argumentos de impugnación.

F. Análisis del caso concreto

18.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia
del amparo, al considerar que en el presente asunto se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado, toda vez que la actuación judicial que motivó la
interposición de la acción de tutela dejó de surtir efectos durante el trámite
constitucional.

19.
El Juzgado 11 Administrativo de Santa Marta, profirió sentencia el 17 de abril de
2026, en la que amparó el derecho fundamental al buen nombre y honra del Distrito
de Santa Marta y de los señores Aurelio Rosales y Carlos Alberto Pinedo -en su
calidad de alcalde-, negó la solicitud de nulidad formulada por el señor Miguel
Martínez y, en consecuencia, le ordenó en su calidad de promotor del mecanismo
de participación ciudadana, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil,
dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, efectuar las

3 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

4

Radicación: 47001-23-33-000-2026-00112-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta

actuaciones tendientes al cambio de denominación de la iniciativa de revocatoria del
mandato, excluyendo palabras que pudieran resultar ofensivas o vulgares.

20.
Concomitantemente, el señor Miguel Martínez presentó escrito de impugnación
contra el fallo de primera instancia, alegando la validez del nombre dado a la
iniciativa ciudadana, y el error judicial en que incurrió el juzgado accionado.

21.
El 4 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia
de segunda instancia en la que acogió los argumentos del demandante y revocó el
amparo concedido por el Juzgado 11 Administrativo de Santa Marta.

22.
Con lo hasta aquí expuesto, esta Subsección evidencia que la situación que dio
origen a la presente acción de tutela desapareció durante su trámite. En concreto,
la medida provisional cuestionada por el actor fue decretada con carácter transitorio
y quedó supeditada a la adopción de una decisión de fondo dentro de las acciones
de tutela acumuladas en las que fue proferida. Posteriormente, ese juez
constitucional resolvió dichas solicitudes de amparo mediante sentencia de primera
instancia, providencia que fue objeto de impugnación, ya resuelta en fallo dictado
por el superior jerárquico, el cual zanjó de forma definitiva el debate de tutela.

23.
En ese contexto, se considera que cualquier orden encaminada a dejar sin efectos
la medida provisional carece de utilidad, pues esta agotó sus efectos jurídicos y
desapareció del mundo jurídico, con ocasión de las decisiones adoptadas en el
proceso de tutela correspondiente. En consecuencia, se confirmará la decisión
adoptada el 28 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo del Magdalena y se
declarará la improcedencia del amparo, pero por carencia actual de objeto de objeto.

24.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 28 de abril de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
5

Radicación: 47001-23-33-000-2026-00112-01
Accionante: Miguel Ignacio Martínez Olano
Accionado: Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

4 VF

6

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.