Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05829-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05829-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05829-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veinte [20] de agosto de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05829-00
Demandante: ALBA NELLY GALLEGO MARTÍNEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por la señora Alba Nelly Gallego
Martínez contra el Tribunal Administrativo de Santander y otro, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 24 de julio de 2026, la señora Alba Nelly Gallego Martínez,
por conducto de apoderado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y habeas data.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la
sentencia de 21 de julio de 2026, a través de la cual el tribunal demandado confirmó el
fallo de 30 de junio de 2025, en el que el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga declaró la improcedencia del medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos que la actora radicó
contra el departamento de Santander, Dirección de cobro coactivo, y que se identificó
con el radicado 68001-33-33-014-2026-00168-00/01.
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
Demandante: Alba Nelly Gallego Martínez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05829-00
1.2. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes peticiones:
PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al Habeas Data,
Derecho a la Igualdad y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados
por los tutelados.
SEGUNDA: Dejar sin efectos la providencia de fecha del JUZGADO CATORCE
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, calendada
treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026), radicado Expediente No. 680013333014-
2026-00168-00, accionante la señora Alba Nelly Gallego Martínez, ratificada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER con fecha veintiuno (21) de julio de dos
mil veintiséis (2026).
TERCERA: Ordenar a los accionados que, en un término perentorio, profiera una nueva
providencia que se ajuste a los lineamientos constitucionales, garantizando los derechos
de la señora Alba Nelly Gallego Martínez2.
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que se
adoptará en la sentencia:
La parte actora indicó que, como propietaria del vehículo de placas BUJ979, presentó el
28 de febrero de 2026 una petición ante la Gobernación de Santander solicitando la
prescripción de obligaciones por impuesto vehicular correspondientes a las vigencias
2009 a 2020.
Adujo que, en respuesta, la entidad le indicó que: (i) las vigencias 2007, 2008 y 2009 se
encontraban prescritas en virtud de la Resolución 1580 de 5 de febrero de 2026; (ii)
respecto de las vigencias 2010, 2011 y 2012 se configuraba la prescripción de la acción
de cobro y que se adelantarían los trámites internos para declararla; (iii) que las vigencias
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 no estaban prescritas por haberse notificado
mandamientos de pago; y (iv) que para las vigencias 2018, 2019 y 2020 no se había
emitido ni notificado el mandamiento de pago.
Precisó que, el 15 de abril de 2026 la accionante presentó nueva petición solicitando,
entre otros aspectos, la eliminación de los registros correspondientes a las vigencias
prescritas, la declaratoria de prescripción de las vigencias 2010 a 2012, la invalidez de
las liquidaciones de aforo de las vigencias 2013 a 2017 y la declaratoria de prescripción
de las vigencias 2018 a 2020.
Inconforme, ejerció el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o de actos administrativos contra el departamento de Santander, Dirección de
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Cita del texto original con posibles errores.
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Demandante: Alba Nelly Gallego Martínez
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Cobro Coactivo, con el fin de lograr el cumplimiento del artículo 8173 del Estatuto
Tributario y de la Resolución No. 01580 de 2026 «[p]or medio de la cual se declara la
prescripción de oficio de la acción de cobro por concepto de impuesto vehicular». Lo
anterior, por cuanto reprochó que, en relación con las vigencias 2013 a 2020, no se dio
el emplazamiento por la omisión en la declaración del impuesto vehicular; la notificación
del mandamiento de pago correspondiente a las vigencias 2014 a 2017 fue irregular por
contener inconsistencias en la dirección utilizada; y que, frente a las vigencias 2018, 2019
y 2020, han transcurrido más de cinco años sin que la administración hubiera efectuado
emplazamiento ni notificada liquidación de aforo, por lo que consideró configurada la
prescripción.
El asunto lo conoció en primera instancia el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga, autoridad que en providencia de 30 de junio de 2026 declaró
la improcedencia de la acción de cumplimiento luego de considerar lo siguiente:
A partir de la lectura de la demanda y la prueba documental que se aporta es evidente la
existencia de una diferencia de criterio interpretativo frente al artículo 817 de Estatuto
Tributario- dentro del trámite de un procedimiento de cobro coactivo, seguido por la
Dirección de Cobro Coactivo del Departamento de Santander en contra de la ciudadana
Alba Nelly Gallego Martínez con ocasión del no pago del impuesto departamental vehicular
desde el año 2007 que generaría automáticamente la extinción del cobro de unos años a la
accionante a través de la resolución sanción proferida conforme al mandamiento de pago.
Así las cosas, de una parte está visto que el problema se relaciona directamente con el
sentido interpretativo de la disposición mencionada, aspecto que escapa a la acción de
cumplimiento; y de otra, se advierte además la existencia de un acto administrativo
susceptible de impugnación o control judicial a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual desplaza la procedencia del medio que hoy se invoca
en consideración al carácter residual otorgado por el Legislador según lo expuesto en la
Ley 393 de 1997.
La impugnación fue desatada por el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia
de 21 de julio de 2026 en el sentido de confirmar la decisión del a quo, al concluir que la
prescripción de la obligación corresponde a un aspecto que debe ser resuelto dentro del
proceso de cobro coactivo, por lo que, «si la entidad ya profirió acto administrativo
declarando tal figura, la parte actora cuenta con el medio de control ejecutivo para el
cumplimiento de lo dispuesto en tal manifestación de voluntad, y con el de nulidad y
3 «ARTÍCULO 817. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. <Artículo modificado por
el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de cobro de las obligaciones
fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las
declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de
Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva
administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte».
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restablecimiento del derecho para debatir la legalidad de las actuaciones proferidas en el
marco del proceso de cobro coactivo.
1.4. Fundamentos de la solicitud4
La parte actora indicó que el fallo censurado le vulnera su derecho al habeas data «al
mantener en sus bases información inexacta, desactualizada y falsa en sus bases de
datos que no corresponden a la verdad por cuanto los impuestos de los años 2009, 2010,
2011 y 2012; se encuentran prescritos. Esta información que es publica vulnera el habeas
data al reportar deudas que no se acompasan con la verdad y es información pública».
Advirtió que la Corte Constitucional [sentencia C-282/21] ha determinado que el derecho
a la autodeterminación informativa obliga a las entidades a rectificar los registros de
manera inmediata cuando la obligación legal muta, que, en este caso, obedece a que
operó la prescripción.
Aseguró que, debido a esa decisión judicial «arbitraria», se le generan perjuicios como el
no poder acceder a descuentos de otras vigencias, y la imposibilidad de traspasar el
vehículo.
Agregó que ejercer el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho quebranta su
derecho a la igualdad por cuanto esa vía judicial tarda más de tres años «y los descuentos
para pago de impuestos con descuento vencen en septiembre de este año».
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con proveído de 27 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener
como parte accionada al Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga. En calidad de terceros con eventual
interés en las resultas del trámite constitucional, se dispuso la vinculación del
departamento de Santander, Dirección de Cobro Coactivo, así como de las demás
personas o entidades que hubiesen participado en el proceso identificado con el radicado
68001-33-33-014-2026-00168-00/01.
Finalmente, se le reconoció personería al abogado Omar Fernando Cruz Amaya como
apoderado del extremo accionante, y se ordenó a la oficina de sistemas de la corporación
que realizara una publicación en la página web con la información de este trámite tutelar.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
memoriales:
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Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener posibles errores.
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1.6.1. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
realizó un resumen del debate surtido en la primera instancia del medio de control de
cumplimiento, para, finalmente, solicitar la declaratoria de la improcedencia de la acción
de tutela interpuesta, o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones formuladas, toda
vez que no se configura vulneración alguna por parte de ese juzgado, el cual obró de
manera diligente, conforme a derecho y con observancia de los principios y garantías
constitucionales aplicables.
1.6.2. El Tribunal Administrativo de Santander, luego de realizar un recuento de las
actuaciones surtidas en la acción de cumplimiento, señaló que, la acción de tutela resulta
improcedente en atención a que la tutelante no demostró la configuración de alguno de
los defectos específicos que, de manera excepcional, habilitan la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sino que, manifestó su inconformidad con la valoración
jurídica efectuada por el juzgado y confirmada por ese tribunal respecto de la procedencia
del referido medio de control.
Así, aseguró que las decisiones cuestionadas explicaron las razones por las cuales el
ordenamiento jurídico prevé mecanismos ordinarios para obtener la ejecución de la
resolución 1580 de 2026 y para controvertir las actuaciones adoptadas dentro del
procedimiento de cobro coactivo. En ese orden, resaltó que la tutela no puede convertirse
en una instancia adicional para reabrir un debate jurídico ya resuelto, razón por la cual
acotó que las pretensiones de amparo deben ser desestimadas.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la señora Alba
Nelly Gallego Martínez contra el Tribunal Administrativo de Santander y otro, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Cuestión previa
En este punto del debate, se aclara que, si bien la accionante demandó las dos
sentencias dictadas en el marco de la acción de cumplimiento de su interés, lo cierto es
que el análisis se realizará respecto del fallo de de 21 de julio de 2026 por ser esta la que
puso fin al medio de control.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia 21 de
julio de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, a través de la cual se
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resolvió la segunda instancia del medio de control de cumplimiento identificado con el
radicado 68001-33-33-014-2026-00168-00/01.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las generalidades
del defecto alegado; y (iv) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional no
se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud de
amparo elevada por la señora Alba Nelly Gallego Martínez no cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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de 2022.
2.5.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que
dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad en
la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha hecho
énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar que
en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de otras
autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga de
exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías superiores
invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el estudio del fondo
del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
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(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal9.
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface el
requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico10; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales»11.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de los
casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general”12.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»13.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más riguroso14,
es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión arbitraria por
parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos fundamentales,
toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de cierre.
9
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-573 de 2019.
12
Ibídem.
13
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
8
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2.5.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los argumentos
planteados por la señora Alba Nelly Gallego Martínez, advierte que el asunto carece de
la carga argumentativa desde la perspectiva constitucional para que proceda su análisis
en sede de tutela contra providencia judicial.
En síntesis, la señora Gallego Martínez manifestó que, con la declaratoria de
improcedencia de la acción de cumplimiento de su interés, se desconocieron sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al
habeas data, comoquiera que, a su juicio, la vía judicial que le indicó el tribunal que debía
ejercer, tardaría aproximadamente 3 años en resolverse y, en ese orden, ella no puede
acceder a los beneficios tributarios por cuanto aún se encuentran en las bases de datos
algunas vigencias pendientes de pago del impuesto vehicular, pese a que ya
prescribieron.
En ese orden, es claro para la Sala de Decisión que el debate propuesto por la parte
accionante carece de la carga argumentativa mínima requerida, en tanto no se señalaron
ni se desarrollaron los defectos de los cuales presuntamente adolece la providencia
judicial censurada, lo cual conlleva que el solo hecho de manifestar inconformidades de
manera general o tangencial, no justifique la relevancia de la acción de tutela como se
exige desde la expedición de la SU 2015 de 2022.
En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial
se transgredieron determinadas garantías superiores, por el contrario, es menester que
quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el concepto de la
violación que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de los
postulados constitucionales, que implique por parte de este juez un pronunciamiento
respecto al análisis que ha efectuado el máximo órgano en esta materia.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia judicial,
requiere con mayor énfasis que el extremo accionante ejecute una exposición que sin
lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de
reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.
Así las cosas, es completamente evidente que esta acción carece de relevancia
constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental alegada, a
partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de esta sede
advertir una prominente transgresión de las prerrogativas superiores de la accionante con
ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada.
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración de
garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia constitucional
tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello comoquiera que el debate
carece de la carga argumentativa necesaria y desde la perspectiva iusfundamental, y no
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se evidencia una vulneración palmaria que amerite la intervención del juez de tutela 15.
Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de Decisión declare la improcedencia de la
solicitud de amparo de la referencia.
2.6. Conclusión
La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por la señora Alba Nelly
Gallego Martínez contra el Tribunal Administrativo de Santander y otro, por no satisfacer
el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por la señora
Alba Nelly Gallego Martínez contra el Tribunal Administrativo de Santander y otro.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
15
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-
2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022, expediente
11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28 de abril de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv) sentencia de 21 de
noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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