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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06040-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06040-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Juan Camilo Morales Trujillo para conocer del asunto de la referencia. Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Samuel Alejandro Ortíz Mancipe en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-06040-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06040-00
Accionante: Samuel Alejandro Ortíz Mancipe
Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad electoral

Decisión: Negar el amparo porque no se acreditó el defecto endilgado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Samuel Alejandro Ortíz Mancipe, quien actúa en
nombre propio, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, ocurrida
con la expedición de la sentencia del 22 de enero de 2026 proferida dentro del
proceso de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2025-00126-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA16-10553 del 4
de agosto de 2016 reglamentó la convocatoria pública para conformar las listas de
aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

3. Con ocasión de lo anterior, dicha autoridad, a través del Acuerdo PCSJA24-
12154 del 13 de marzo de 2024, presentó ante la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia la lista de candidatos destinada a proveer el cargo de magistrado de la
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la misma corporación, que dejó el doctor
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, en la que se integró un listado con 10 aspirantes,
compuesto por 4 mujeres y 6 hombres.

4. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia mediante Acuerdo 2605 del 5 de
junio de 2025 eligió al abogado Juan Carlos Sosa Londoño en remplazo del doctor
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, decisión que fue confirmada por dicha corporación
mediante Acta 14 de 19 de junio de 2025.

1 Acción de tutela presentada el 30 de julio de 2026.

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Accionante: Samuel Alejandro Ortíz Mancipe

5. El 11 de julio de 2025, el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral demandó el Acuerdo 2605 del 5 de junio de
2025 y su confirmación, por medio del cual, la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia eligió a Juan Carlos Sosa Londoño como magistrado de la Sala de
Casación Civil, Agraria y Rural.

6. El proceso correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado que,
mediante sentencia del 22 de enero de 2026 resolvió negar las pretensiones de la
demanda, al considerar que el proceso de conformación de la lista de candidatos o
aspirantes que se concretó con el Acuerdo PCSJA24-12154 del 13 de marzo de
2024, no le era aplicable el artículo 53 B de la Ley 270 de 1996, adicionado por el
artículo 20 de la Ley 2430 de 2024, ni las consideraciones de la sentencia C-134
de 2023.

7. Al respecto, precisó que la referida sentencia se divulgó oficialmente el 28 de
mayo de 2024 y la modificación estatutaria entró en vigor el 9 de octubre de la
misma anualidad. Sin embargo, la lista de elegibles se conformó el 13 de marzo de
2024.

8. Explicó que, aunque el artículo 53 B de la Ley 270 de 1996 se encontraba vigente
al momento de la elección, no era aplicable al proceso eleccionario cuestionado, en
virtud del principio de irretroactividad de la ley.

9. De otra parte, señaló que, si bien los efectos de la sentencia C-134 de 2023 se
proyectaron a partir de su publicación, esto es, el 28 de mayo de 2024, momento
en el que aún no se había surtido la elección, que se dio el 5 de junio de 2025, lo
cierto es que el criterio allí fijado se fundamentó en el análisis del artículo 53B de la
Ley 270 de 1996, adicionado por la Ley 2430 de 2024, norma que no resultaba
aplicable al proceso en cuestión, toda vez que su exigibilidad no cobijaba la etapa
de conformación de listas ni la elección adelantada bajo el marco normativo
anterior.

10. Sostuvo que la convocatoria cuestionada debía regirse principalmente por el
artículo 53 en su enfoque inicial, que regulaba los elementos esenciales para la
elaboración de la lista de elegibles. Dentro de ese marco, observó que la lista
elaborada por el CSJ y utilizada por la Corte Suprema respetó el principio de
equidad de género previsto en el literal d) del artículo 2.º del Acuerdo PSAA16-
10553.

11. A partir de lo anterior, concluyó que la autoridad nominadora, en ejercicio de su
autonomía y discrecionalidad, garantizó la participación femenina en todas las
etapas del proceso de selección, toda vez que desde la inscripción hasta la
conformación de la lista definitiva se incluyeron candidatas, quienes avanzaron
hasta la fase final.

2.2. Fundamento jurídico

12. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada en la providencia
cuestionada incurrió en una violación directa de la Constitución porque dejó de
interpretar el artículo 53 B de la Ley 270 de 1996, de conformidad con los artículos
13 y 40 de la Constitución, el principio de igualdad material y las medidas

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temporales previstas en el artículo 4.° de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer para privilegiar la confianza
legítima de los participantes y la autonomía de la Corte Suprema de Justicia sobre
el mandato constitucional de garantizar la participación efectiva de las mujeres en
los niveles decisorios del poder judicial.

13. De otra parte, manifestó que el despacho judicial accionado incurrió en un
defecto sustantivo al interpretar y aplicar el artículo 53 B de la Ley 270 de 1996,
adicionado por el artículo 20 de la Ley 2430 de 2024, de manera contraria a los
parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-134 de 2023,
decisión que tenía efectos erga omnes y fuerza vinculante razón por la que no podía
apartarse de su ratio decidendi.

14. Finalmente alegó un desconocimiento de precedente del Consejo de Estado
contenido en la sentencia del 26 de junio de 20252 en la que se reconoció que la
paridad era obligatoria en la fase de conformación de las listas. Así como también,
desatendió las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-134 de
2023 relacionadas con la aplicación de la equidad de género en procedimiento de
elección.

2.3. Pretensiones

15. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
1. Que se declare que la autoridad accionada desconoció el precedente
constitucional, lo cual conllevó a la afectación de los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso del suscrito, lo cual también vulnera, de paso, los
principios de primacía de la Constitución, seguridad jurídica, buena fe, confianza
legítima, cosa juzgada y racionalidad.

2. Que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del
suscrito accionante, vulnerados por la autoridad accionada con ocasión de la
providencia cuestionada.

3. Que, como consecuencia de lo anterior y a título de remedio constitucional, como
medida de amparo, se disponga dejar sin efectos la decisión proferida el 26 de
Junio de 2025 (Sic) en el trámite ordinario y, de otra parte, que la Sección Quinta
adopte una sentencia de reemplazo
(…)»

2.4. Intervenciones

16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 3 de agosto
de 2026 en el que se ordenó notificar a la Sección Quinta del Consejo de Estado
como accionado y al magistrado Juan Carlos Sosa Londoño de la Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia como tercero interesado en
el resultado del proceso.

17. La Sección Quinta del Consejo de Estado manifestó que la acción de tutela
carece de relevancia constitucional, en la medida que lo que se pretende con su
interposición es controvertir la interpretación dada por el juez natural de la causa,

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desconociendo de esta manera el ámbito de autonomía judicial que la Constitución
le reconoce.

18. A partir de lo anterior, sostuvo que lo pretendido por la parte actora con la
interposición del mecanismo constitucional es reabrir una discusión eminentemente
jurídica que fue resuelta por la jurisdicción competente, desconociendo de esta
manera que el juez constitucional no puede sustituir al juez natural.

19. De otra parte, manifestó que, de encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, tampoco habría lugar a conceder el amparo solicitado.

20. Sobre el particular, señaló que la providencia cuestionada reconoció que el
artículo 53 B de la Ley 270 de 1996, adicionado por la Ley 2430 de 2024, se
encontraba vigente al momento de la elección demandada. Sin embargo, precisó
que, antes de su declaratoria de constitucionalidad condicionada mediante la
sentencia C-134 de 2023, la paridad de género no integraba los criterios de
selección exigibles.

21. Destacó que, aunque dicha decisión reconoció la paridad como un criterio
relevante, no estableció reglas concretas para su aplicación, más allá de la
necesidad de implementar mecanismos efectivos desde la convocatoria para
garantizar su observancia.

22. Bajo esa premisa, precisó que en la decisión que se pretende infirmar se indicó
que, si bien los efectos de la referida sentencia de constitucionalidad se
proyectaban desde su publicación, su alcance se fundamentaba en el artículo 53 B
de la Ley 270 de 1996, disposición que no resultaba aplicable al proceso objeto de
controversia, por cuanto debía sujetarse a los principios de irretroactividad,
seguridad jurídica y confianza legítima.

23. En consecuencia, consideró que la normativa aplicable a la convocatoria y a la
elección demandadas era la vigente con anterioridad a la expedición del artículo 53
B de la Ley 270 de 1996 y, por ende, anterior a los condicionamientos introducidos
por la sentencia C-134 de 2023.

24. A partir de lo anterior, sostuvo que no incurrió en ningún defecto por cuanto de
la lectura de la providencia cuestionada se podía advertir que la decisión fue
adoptada a partir de un análisis integral del material probatorio y del marco jurídico
aplicable al asunto en cuestión.

25. Así las cosas, actuó dentro del marco de sus competencias y con fundamento
en la Constitución, la ley y las pruebas obrantes en el expediente, sin que se
advirtiera la configuración de un defecto que justificara la intervención del juez de
tutela, por ende, no vulneró los derechos fundamentales invocados en protección.

26. El magistrado Juan Carlos Sosa Londoño de la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia señaló que la acción de tutela
es improcedente por falta del requisito de inmediatez porque la decisión que se
pretende infirmar se profirió el 22 de enero de 2026 y el mecanismo constitucional
se promovió el 30 de julio de la presente anualidad, superando el término de los 6
meses establecidos por la jurisprudencia.

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27. Así como tampoco, superaba el de relevancia constitucional, en tanto, los
argumentos esbozados por el accionante se sustentaban únicamente en una
inconformidad con la decisión adoptada por el máximo órgano de lo contencioso
administrativo, sin que se lograra evidenciar una verdadera afectación de derechos
fundamentales.

28. Ahora, de encontrar acreditado dicho requisito, pidió que se niegue el amparo,
por cuanto, la autoridad judicial no incurrió en ninguno de los defectos endilgados,
en la medida que no era factible aplicar una norma que, no era exigible en el caso
bajo análisis. Por lo tanto, no se podía declarar la nulidad de un acto electoral por
la aparente vulneración de un precepto legal que, entro en vigencia después del
inicio del proceso electoral.

29. Conforme a lo anterior, insistió en que al momento en que se realizó la elección
el reglamento de la Corte Suprema de Justicia no contemplaba ninguna regla de
paridad dentro del procedimiento de elección de sus miembros.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 2019 3 y demás normas
concordantes.

3.2. Manifestación de impedimento

31. El 27 de agosto de 2026, el consejero Juan Camilo Morales Trujillo manifestó
encontrarse incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 4.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que reza:

«4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de
las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado
consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.»

32. Esto, por cuanto, manifiesta que entre el accionante y el magistrado existió una
relación procesal de contraparte dentro de una actuación judicial previa, en la que
pretendió la declaratoria de nulidad del acto por medio del cual se le designó como
consejero, mientras que su interés jurídico se orientaba a la preservación de su
validez.

33. En este orden de ideas, la Sala de Subsección declarará fundado el
impedimento para conocer del presente asunto, en consideración a que la
afirmación señalada por el consejero Juan Camilo Morales Trujillo se ajusta al
presupuesto fijado en el dispositivo mencionado.

3.3. Problema jurídico

34. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la providencia del

3 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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22 de enero de 2026, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad, al incurrir en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución
y desconocimiento de precedente.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

35. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

36. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la carta le impone.

37. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

38. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

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3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es,
el 30 de enero de 2026 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 30 de
julio de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del debido
proceso e igualdad, al incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento de
precedente y violación directa de la Constitución, que se encuentra razonadamente
fundamentados.

39. Lo anterior, al considerar que, la autoridad judicial accionada interpretó y aplicó
el artículo 53 B de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 20 de la Ley 2430
de 2024, de manera contraria a los parámetros establecidos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-134 de 2023, decisión que tenía efectos erga
omnes y fuerza vinculante razón por la que no podía apartarse de su ratio decidendi.

40. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

41. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»4.

42. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la

4Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

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autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida,
por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al
actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se
le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»5.

43. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

44. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18966, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

5 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
6 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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45. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

46. Respecto del precedente vertical7, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

47. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso8.

48. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación9.

49. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.6. El defecto de violación directa de la Constitución Política como causal
de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

50. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«[…] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros
eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los derechos
fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto se produce
cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un caso concreto;
cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a
la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados superiores,
siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el derecho
al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que también
desconocen la supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico
(art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos con base en argumentos
infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar que “el actual modelo de
ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores,
de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las

7 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
8 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
9 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende,
resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través
de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente
tales postulados10.»

3.7. Análisis de la presunta configuración de los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
Política.

51. La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada en la providencia
cuestionada incurrió en una violación directa de la Constitución porque dejó de
interpretar el artículo 53 B de la Ley 270 de 1996, de conformidad con los artículos
13 y 40 de la Constitución, el principio de igualdad material y las medidas
temporales previstas en el artículo 4.° de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer para privilegiar la confianza
legítima de los participantes y la autonomía de la Corte Suprema de Justicia sobre
el mandato constitucional de garantizar la participación efectiva de las mujeres en
los niveles decisorios del poder judicial.

52. Manifiesta que el despacho judicial accionado incurrió en un defecto sustantivo
al interpretar y aplicar el artículo 53 B de la Ley 270 de 1996, adicionado por el
artículo 20 de la Ley 2430 de 2024, de manera contraria a los parámetros
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-134 de 2023, decisión
que tenía efectos erga omnes y fuerza vinculante razón por la que no podía
apartarse de su ratio decidendi.

53. Finalmente alega un desconocimiento de precedente de la Sección Quinta
Consejo de Estado contenido en la sentencia del 26 de junio de 2025 en la que se
reconoció que la paridad era obligatoria en la fase de conformación de las listas.
Así como también, desatendió las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la
sentencia C-134 de 2023 relacionadas con la aplicación de la equidad de género
en procedimiento de elección.

54. Sobre el particular, se tiene que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la
providencia cuestionada consideró:

«
(...)
83. Luego de la sentencia de constitucionalidad citada, esta Sección11 se refirió a la
obligación de garantizar la equidad de género en todas las fases del proceso de
nombramiento, destacando que la intensidad de este principio varía según la etapa.
Así, en la conformación de listas de elegibles, la paridad es imperativa conforme al
artículo 53A de la LEAJ y al artículo 6.º de la Ley 580 de 2000; mientras que, en la
fase de elección, su aplicación es gradual y paulatina, en armonía con el principio de
autonomía y discrecionalidad de la Rama Judicial para designar a sus propios
integrantes.

93. Así, considerando los antecedentes normativos y jurisprudenciales expuestos,
sea lo primero señalar que, al proceso de conformación de la lista de candidatos o
aspirantes que se concretó mediante el Acuerdo PCSJA24-12154 del de 2024, no le
era aplicable el artículo 53B de la LEAJ 270/96, adicionado por el artículo 20 de la
Ley 2430 de 2024, ni las consideraciones de la Sentencia C-134/23.

10 Corte Constitucional, sentencia T – 587 de 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto

Rojas Ríos.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de junio de
2025. Rad. 11001-03-28-000-2025-00005-00. MP. Gloria María Gómez Montoya.

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94. Al respecto, es preciso señalar que dicha modificación estatutaria entró en vigor
el 9 de octubre de 2024, fecha para la cual la lista de elegibles ya había sido
conformada el 13 de marzo de 2024, y aún no se había publicado la sentencia
previamente mencionada, cuya divulgación oficial ocurrió el 28 de mayo de 2024.

95. En consecuencia, no era jurídicamente viable aplicar retroactivamente la reforma
estatutaria introducida por la Ley 2430 de 2024, pues el principio de irretroactividad
de la ley impide que normas posteriores alteren o modifiquen los efectos de actos
perfeccionados bajo un régimen previo, especialmente cuando de ello depende la
protección de la seguridad jurídica y la confianza legítima de los participantes en el
proceso de selección.

96. En lo atinente al postulado de la irretroactividad, esta Sala de lo Electoral ha
precisado que, para resolver conflictos derivados del tránsito legislativo, debe
aplicarse la regla general prevista desde la Ley 153 de 1887, según la cual la norma
nueva rige hacia el futuro, esto es, únicamente para hechos ocurridos desde su
expedición y hasta su derogación. Solo de manera excepcional las leyes pueden
producir efectos retroactivos.

97. A su vez, ha manifestado que dicho principio adquiere especial relevancia en
asuntos que implican la limitación del derecho fundamental de elegir y ser elegido,
consagrado en el artículo 40 de la Constitución. Por ello, la interpretación de las
normas aplicables debe ser estricta, de manera que se evite cualquier extensión
analógica o aplicación de disposiciones semejantes, pues, de lo contrario, se
comprometería la vigencia de garantías constitucionales esenciales y se afectaría la
seguridad jurídica.

98. Desde otra arista, no pierde de vista la Sala que la disposición contenida en el
artículo 53B de la LEAJ 270/96 se encontraba vigente al momento en que se surtió
la elección del demandado, tal como lo refiere el accionante.

99. Ello, en tanto, la Ley 2430 de 2024, que adicionó dicha norma, fue promulgada
en el Diario Oficial 52.904 el 9 de octubre de esa anualidad, esto es, con anterioridad
a la adopción del Acuerdo 2605 del 5 de junio de 2025, que designó a Juan Carlos
Sosa Londoño como magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la
Corte Suprema de Justicia.
(…)
101. En todo caso, se pone de presente que antes de su declaratoria de
constitucionalidad condicionada mediante la Sentencia C-134/23, los criterios
exigibles eran los relativos a la «probidad, independencia, imparcialidad,
responsabilidad, integridad, transparencia, prudencia, idoneidad, experiencia
académica y evaluación del desempeño profesional», sin que la paridad de género
integrara aún el catálogo de factores para la selección.
(…)
103. En lo que respecta a los efectos y aplicación en el tiempo de la referida
sentencia, el accionante insistió en señalar que podía producir efectos erga omnes y
resultaba vinculante y obligatoria para la Corte Suprema de Justicia al momento de
la elección del demandado, pues, según lo argumentó, esta fue ampliamente
conocida desde el momento de su publicación en la página web de la Corte
Constitucional, esto es, desde el 28 de mayo de 2024.
(…)
104. Respecto de tal aspecto, se advierte que los efectos temporales de las
sentencias de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional siguen, por
regla general, el principio de aplicación hacia el futuro (ex nunc). Esto significa que
la declaratoria de inexequibilidad o la exequibilidad condicionada incide en el alcance
de las disposiciones examinadas únicamente a partir de su ejecutoria, sin afectar
situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad, salvo que la propia Corte
disponga expresamente efectos retroactivos o diferidos.
(…)
108.En consecuencia, si bien los efectos de la Sentencia C-134/23 se proyectaron a
partir de su publicación (28 de mayo de 2024), momento en el que aún no se había
surtido la elección (5 de junio de 2025), lo cierto es que el criterio allí fijado se
fundamentó en el análisis del artículo 53B de la LEAJ 270/96, adicionado por la Ley
2430 de 2024, norma que no resultaba aplicable al proceso cuestionado, toda vez

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que su exigibilidad no cobijaba la etapa de conformación de listas ni la elección
adelantada bajo el marco normativo anterior.

122. Así, la convocatoria cuestionada debía regirse principalmente por el artículo 53
en su enfoque inicial, que regulaba los elementos esenciales para la elaboración de
la lista de elegibles. Dentro de ese marco, la Sala observa que la lista elaborada por
el CSJ y utilizada por la Corte Suprema respetó el principio de equidad de género
previsto en el literal d) del artículo 2.º del Acuerdo PSAA16-10553.
(…)
124. En efecto, quedó demostrado en el expediente que la autoridad nominadora, en
ejercicio de su autonomía y discrecionalidad, garantizó la participación femenina en
todas las etapas del proceso de selección. Desde la inscripción hasta la conformación
de la lista definitiva se incluyeron candidatas, entre ellas, Mónica Lucía Fernández
Muñoz, María Julia Figueredo Vivas, Silvana Fortich Pérez y María del Socorro
Rueda Fonseca, quienes avanzaron hasta la fase final.
(…)
126. En tal orden, el hecho de que la lista remitida incluyera cuatro mujeres
demuestra que, aun bajo el marco normativo del artículo 53 de la LEAJ, se cumplió
la finalidad constitucional de promover la participación femenina en cargos públicos,
garantizando condiciones de igualdad material durante la selección.
(…)
150. Para ello, se advierte que en la fase de inscripción se presentaron 106
aspirantes, de los cuales 28 correspondían a mujeres (26,4 %) y 78 a hombres (73,6
%). En la etapa de preselección, el universo se redujo a 52 personas, integrado por
16 mujeres (30,7 %) y 36 hombres (69,3 %), lo que evidencia un incremento
proporcional de la participación femenina frente al conjunto inicial. Finalmente, en la
lista definitiva de elegibles se incluyeron 10 candidatos, de los cuales 4 eran mujeres
(40 %) y 6 hombres (60 %).
(…)
154. Bajo esos parámetros, la participación femenina registrada en el caso concreto
cumple la referida exigencia legal y satisface la finalidad constitucional de asegurar
una presencia efectiva y razonable de mujeres en los procesos de selección para la
integración de las Altas Cortes.
(…)
156. En consecuencia, es posible concluir que la delimitación del alcance así fijada
garantiza tanto (i) la eficacia del criterio de selección previsto en el literal c) del artículo
4.º del Acuerdo PSAA16-10553 dirigido a disminuir las desigualdades de género,
como (ii) la seguridad jurídica y la confianza legítima de quienes participaron en el
proceso electoral bajo reglas previamente definidas; en particular, la del accionado,
cuya designación se produjo conforme al marco normativo aplicable y a las
condiciones objetivas del procedimiento.

157. Por tales razones, encuentra la Sala que no se vulneraron los artículos 13, 16,
26, 40.7, 43, 209 y 231 de la Constitución Política ni las disposiciones de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), como lo advierte el demandante en su escrito inicial.
(…)
164. En este sentido, bajo la reiteración de que el artículo 53B de la reforma no era
aplicable a la elección cuestionada, si bien el inciso segundo del artículo 231 de la
Constitución Política y el mencionado Acuerdo consagran el principio de equilibrio
entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la
academia, lo cierto es que ambas disposiciones no establecen parámetros concretos
ni mecanismos obligatorios para su implementación en la fase de elección.

165. Aunado a ello, del marco normativo aplicable al proceso de selección
demandado (integrado por los artículos 15, 53, 85 numeral 10 y 130 de la LEAJ
270/96 y el Acuerdo PSAA16-10553 de 2016), se tiene que este último acto
administrativo, respecto del criterio especial de equilibrio (art. 5°), no previó reglas
específicas sobre cómo aplicarlo al momento de la decisión.

166. Por tal razón, imponer tal parámetro como lo pretende el demandante,
vulneraría el principio de legalidad, la autonomía funcional y discrecionalidad de las
Altas Cortes, reconocida constitucionalmente, además de afectar la seguridad
jurídica y la confianza legítima de los aspirantes que participaron bajo reglas
anteriores.

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(...)
172. Por otra parte, como lo anotó la Sala en un reciente pronunciamiento, es
pertinente señalar que, aun cuando en el presente asunto no se acreditó la infracción
normativa alegada por el demandante, resulta adecuado reiterar a la Corte Suprema
de Justicia, en su calidad de autoridad nominadora de sus propios integrantes, la
importancia de adoptar, en los procesos de elección sucesivos, las gestiones y
medidas que estime necesarias para avanzar en la consolidación progresiva del
principio de equidad y paridad de género en la integración de la corporación judicial.
(…)»

55. De las transcripciones relacionadas, la Sala considera que la autoridad judicial
accionada no incurrió en un defecto sustantivo, comoquiera que examinó de
manera integral el marco jurídico aplicable al proceso de selección del señor Juan
Carlor Sosa Londolo como magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural
de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual diferenció las distintas etapas de
conformación de la lista y de la elección y finalmente determinó las disposiciones
normativas vigentes para la fecha en que inició la convocatoria.

56. Al respecto, el Alto Tribunal estableció que la lista de los 10 candidatos fue
conformada por el Consejo Superior mediante Acuerdo PCSJ24-12154 del 13 de
marzo de 2024, esto es, cuando no había sido promulgada la Ley 2430 de 2024
que adicionó el artículo 53 B a la Ley 270 de 1996; así como tampoco se había
publicado la sentencia C-134 de 2023, lo cual ocurrió hasta el 28 de mayo de 2024.

57. A partir de lo anterior, la autoridad consideró que no era factible que la lista se
integrara con fundamento en una norma que entró en vigencia con posterioridad a
su conformación, teniendo en cuenta que la aplicación retroactiva desconocería los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima de quienes participaron en
dicha elección.

58. Sobre el particular, la Sala no encuentra que esa conclusión sea arbitraria o
manifiestamente irrazonable, teniendo en cuenta que corresponde a una
interpretación plausible de la aplicación de la Ley en el tiempo, salvo que el
legislador o la Corte Constitucional en la referida sentencia de constitucionalidad
hubieran atribuido de manera expresa efectos retroactivos a la nueva regla.

59. De otra parte, se observa que la autoridad judicial en la decisión cuestionada
reconoce que el artículo 53 B de la Ley 270 de 1996 se encontraba vigente al
momento de la elección, esto es, el 5 de junio de 2025. Sin embargo, precisa que
dicha circunstancia no implicaba rehacer o desconocer la lista que se había
integrado con el régimen anterior, dado que, la elección debía realizarse entre los
candidatos que habían sido previamente seleccionados, de conformidad con las
reglas de la convocatoria.

60. Asimismo, se logra advertir que el Alto Tribunal no descartó la aplicación de lo
preceptuado en dicha disposición, en tanto, examinó el proceso de elección a la luz
de las normas que se encontraban vigentes al momento en que se abrió la
convocatoria, esto es, el artículo 6.° de la Ley 581 de 2000 y los artículos 2.°, 4.° y
5.° del Acuerdo PSAA16-10553 de 2016.

61. Al respecto, explicó que la expresión «hombres y mujeres en igual proporción»
no había tenido un desarrollo normativo o jurisprudencial que, para el momento de
la convocatoria, permitiera equipararla inequívocamente con una distribución
matemática de cinco mujeres y cinco hombres, razón por la que interpretó dicho

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mandato como una obligación de asegurar una participación equilibrada, razonable
y no excluyente, teniendo en cuenta el número efectivo de personas inscritas y
preseleccionadas.

62. Con fundamento en esa interpretación, constató que en la fase de inscripción
participaron 28 mujeres de un total de 106 aspirantes, equivalente al 26,4 %; que
en la preselección fueron incluidas 16 mujeres entre 52 personas, correspondiente
al 30,7 %; y que la lista definitiva estuvo integrada por cuatro mujeres y seis
hombres, de manera que la participación femenina alcanzó el 40 %.

63. A partir de lo anterior, concluyó que no existió exclusión de las mujeres ni una
disminución de su participación a lo largo del procedimiento, pues, por el contrario,
el porcentaje de candidatas aumentó progresivamente en cada etapa, hasta que
cuatro mujeres integraron la lista definitiva sometida a consideración de la Corte
Suprema de Justicia.

64. Ahora, es menester indicar que el despacho judicial demandado respecto de la
sentencia de la Corte Constitucional C-134 de 2023 reconoció sus efectos erga
omnes. No obstante, señaló que el condicionamiento allí establecido se produjo en
el marco del control previo del proyecto normativo que, con posterioridad se
convirtió en la Ley 2430 de 2024.

65. Lo anterior, le permite a la Sala inferir que la Sección Quinta no desconoció la
fuerza vinculante de la referida sentencia de constitucionalidad, sino que delimitó
razonadamente sus efectos temporales respecto de las particularidades del asunto
en cuestión.

66. Así las cosas, emerge con claridad que, la autoridad judicial accionada no
incurrió en un defecto sustantivo, en tanto, identificó las normas aplicables, examinó
su contenido, acudió a criterios temporales de interpretación y confrontó la
composición de la lista con las condiciones reales de la aludida convocatoria, por
lo que, para la Subsección la decisión adoptada no carece de fundamento jurídico
ni desborda el margen de autonomía del juez natural de la causa.

67. De otro lado, para la Sala tampoco se incurrió en desconocimiento del
precedente de la Sección Quinta del Consejo de Estado contenido en la sentencia
del 26 de junio de 2025, teniendo en cuenta que el despacho accionado en la
decisión que se pretende infirmar se refirió expresamente a esa decisión en la que
se reconoció la regla según la cual la paridad de género tenía distinta intensidad en
las etapas de procedimiento, esto es, que en la conformación de listas de elegibles
la paridad es imperativa conforme al artículo 53A de la Ley 270 de 1996 y al artículo
6.º de la Ley 580 de 2000; mientras que, en la fase de elección, su aplicación es
gradual y paulatina, en armonía con el principio de autonomía y discrecionalidad de
la Rama Judicial para designar a sus propios integrantes.

68. No obstante, en el asunto en cuestión se precisó que la lista había sido
conformada antes de la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024 y antes de la
publicación de la sentencia de constitucionalidad C-134 de 2024.

69. Ahora, es menester indicar que la Sección Quinta no desconoció los parámetros
fijados en la sentencia C 134 de 2023, pues, por el contrario, expone con suficiencia
las razones por las cuales no resultaba aplicable al asunto bajo análisis. En
particular, señaló que el análisis efectuado por la Corte Constitucional se

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circunscribió al artículo 53B de la Ley 270 de 1996, adicionado por la Ley 2430 de
2024, disposición que no resultaba aplicable al caso concreto.

70. Así las cosas, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de
derechos fundamentales.

71. Ahora bien, en el presente asunto tampoco se configura la violación directa de
la Constitución, en tanto, la sentencia cuestionada no desconoció los artículos 13 y
40 superiores ni negó la existencia de una situación histórica de subrepresentación
de las mujeres, en la medida que reconoció la importancia constitucional de la
paridad, examinó las medidas legislativas adoptadas para alcanzarla y determinó
su alcance temporal en el asunto en cuestión.

72. En ese orden de ideas, lo que plantea la parte actora es una discrepancia con
la manera en que el juez electoral armonizó la igualdad material, la participación
política de las mujeres, la autonomía de las altas cortes, la seguridad jurídica y la
confianza legítima, razón por la que la Sala concluye que la Sección Quinta del
Consejo de Estado ofreció razones suficientes para determinar el marco jurídico
aplicable, delimitar los efectos temporales de la Ley 2430 de 2024 y de la Sentencia
C-134 de 2023, interpretar el artículo 6.º de la Ley 581 de 2000 y resolver los cargos
formulados contra la elección demandada.

73. Así las cosas, no se configuró la violación directa de la Constitución como lo
alega la parte actora, pues, la decisión judicial se encuentra motivada y, fue
proferida en respeto a los principios constitucionales.

74. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión reprochada adolece de
algún defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la
finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.

75. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez12, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.

76. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

12 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo

Schlesinger.

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FALLA

Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Juan
Camilo Morales Trujillo para conocer del asunto de la referencia.

Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Samuel Alejandro
Ortíz Mancipe en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a
las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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