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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06299-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06299-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero Juan Camilo Morales Trujillo y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto. Segundo. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Samuel Alejandro Ortíz Mancipe, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-06299-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06299-00
Accionantes: Samuel Alejandro Ortíz Mancipe
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta.

Tema: Igualdad, Debido proceso. Sentencia de nulidad electoral.
NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Samuel Alejandro
Ortíz Mancipe, en nombre propio, en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad
y debido proceso, que considera vulnerados con la sentencia del 05 de febrero de
2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del medio de
control de nulidad electoral identificado con radicado 11001-03-28-000-2025-00123-
00 que negó la nulidad del Acuerdo 2596 del 22 de mayo de 2025, proferido por la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se eligió al abogado
Víctor Julio Usme Pérea como magistrado de la Sala de Casación Laboral de esa
Corporación.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que mediante Sentencia C-134 de 2023, la Corte Constitucional dentro del análisis
de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria 295 (Cámara) / 475 (Senado)
declaró exequible el artículo 20 bajo el entendido que la selección de integrantes
del Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia implicaría asegurar la paridad
entre hombres y mujeres en la conformación de las Corporaciones.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06299-00

Que mediante Acuerdo PCSJA24-12155 del 13 de marzo de 2024 del Consejo
Superior de la Judicatura se formuló ante la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia la lista de candidatos para suplir una vacante de magistrado en la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, misma de la cual se eligió al
abogado Víctor Julio Usme Pérea mediante Acuerdo 2596 del 22 de mayo de 2025.
Elección que fuere confirmada por la Corte luego de haberse adelantado la
diligencia de la que trata el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 en Sala Plena del 28
de mayo del 2025.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, en nombre propio,
solicitó la nulidad del Acuerdo 2596 del 22 de mayo de 2025 y el acto de
confirmación de la elección expedido el 28 de mayo del 2025 y que tuvo como
radicado 11001-02-30-000-2025-00504-00.

Señaló que el trámite anterior, culminó con sentencia del 22 de enero de 2026
dentro de la radicación 11001-03-28-000-2025-00123-00 en la cual se negaron las
pretensiones.

Considera el accionante, que la sentencia incurrió en lo defectos, que se señalan:

Violación directa de la Constitución bajo la hipótesis de omitir interpretar y aplicar
una disposición legal conforme el precedente constitucional, pues en línea con lo
decidido en la sentencia C-134 de 2023, de cara a la conformación de la lista y la
elección, se requería la aplicación del principio de igualdad sustantiva que implica
«acercarse a la paridad en el resultado, por lo que debe intervenir en ambos
momentos del procedimiento de elección». Afirmó entonces, que, al no salir avante
el medio de control de nulidad electoral, no se guardó coherencia con lo vertido en
la sentencia de constitucionalidad.

Defecto sustantivo por desconocerse en precedente judicial al aplicar una norma
cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes, conforme lo
señalado en sentencias SU-567 de 2015 y SU-632 de 2017, pues bajo su criterio,
se apartó de las consideraciones de la sentencia de constitucionalidad C-134 de
2023 en lo que a paridad de género importa. También afirmó que había desconocido
su propio precedente vertido dentro del fallo del medio de control de nulidad
electoral identificado con radicado 11001-03-28-000-2025-00005-00, donde, bajo el
dicho del accionante, se había establecido que en todas las fases del procedimiento
de elección era necesaria la garantía de la equidad de género.

Desconocimiento del precedente constitucional como causal autónoma al
haberse resuelto la nulidad electoral, según su criterio, apartándose de las reglas
de interpretación dadas por el Tribunal Constitucional, precisamente, en sentencia
C-134 de 2023.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06299-00

Estima que la sentencia proferida por la Sección Quinta desconoce los derechos
fundamentales a la igualdad y el debido proceso.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados y como
consecuencia, se deje sin efectos la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con
radicado 11001-03-28-000-2025-00123-00 y se ordene a la Sección proferir una
sentencia de reemplazo.

TRÁMITE PROCESAL

El 14 de agosto de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda en contra
de la Sección Quinta del Consejo de Estado y ordenó la vinculación del electo
Magistrado Víctor Julio Usme Pérea, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
Superior de la Judicatura para que intervinieran en la acción.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Sección Quinta del Consejo de Estado al rendir el informe expuso los
argumentos de defensa, enfatizando en la carencia de relevancia constitucional y
exponiendo claramente las razones de su decisión, particularmente en el análisis
del régimen jurídico aplicable a la conformación de listas y selección de
magistrados, y las etapas de este.

Sobre la falta de relevancia constitucional, señaló que el escrito de tutela se limitó
exponer motivos de inconformidad sobre la sentencia cuestionada, señalando que
lo pretendido no era otra cosa que reabrir una discusión jurídica ya resuelta por el
juez natural.

Expuso que, aunque la sentencia C-134 de 2023 reconoció la paridad como un
criterio relevante, no estableció reglas concretas para su aplicación más allá de la
implementación de mecanismos efectivos desde la convocatoria en aras de
garantizar su observancia.

Además, señaló que, en atención al principio de irretroactividad de la ley, la
seguridad jurídica y la confianza legitima, no resultaba jurídicamente viable aplicar
la Ley 2430 de 2024 a un proceso que había iniciado en vigencia de una norma
anterior.

Finalmente, y sobre lo relativo al presunto defecto sustantivo, relató que la decisión
acusada por la tutela, en realidad había sido producto de un análisis integral del
material probatorio y del marco jurídico aplicable para ese caso, particularmente,
porque la participación femenina registrada satisfacía las exigencias legales
entonces exigibles.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06299-00

Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o, que aún entendiendo
como superados los requisitos de procedibilidad, se negara el amparo ante la no
configuración de los defectos enlistados.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Corte Suprema de Justicia manifestó que los argumentos expuestos en el
escrito de tutela no se dirigían contra ellos, sin que pudiera atribuírsele a la Corte
una acción u omisión concreta que haya vinculado sus derechos. Solicitó ser
desvinculada ante la ausencia de legitimación por pasiva.

El magistrado Víctor Julio Usme Perea se pronunció sobre los hechos de la acción
y como fundamento, señaló que no se acreditaban los requisitos generales,
particularmente la inmediatez al presentarse el escrito con posterioridad a los 6
meses de notificada la decisión.

También, afirmó que la tutela no ostentaba la relevancia constitucional suficiente
como para merecer la revocatoria de la sentencia, pues afirmó que los argumentos
del accionante representaban una nueva discusión jurídica producto del
inconformismo con la decisión.

Señaló que la Sección Quinta del Consejo de Estado había sido explicita al abordar
el estudio normativo y que la exigencia de paridad de género no resultaba aplicable
al caso concreto, luego no podía existir la violación directa a la constitución.

Expuso que no existía un defecto sustantivo ni el desconocimiento al precedente,
pues no podía darse aplicación a reglas no vigentes para el momento del proceso
de su elección, tema que fue ampliamente abordado por la Sección Quinta al fallar.

La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración de
Justicia –DEAJ- procedió a señalar los antecedentes procesales y los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Anotó que
el trámite carecía de relevancia constitucional en tanto el escrito solo enmascaraba
un desacuerdo legal e interpretativo; que no podía entenderse como cumplida la
subsidiariedad en tanto no se había probado como la decisión judicial había violado,
lesionado o amenazado algún derecho fundamental y en todo caso, carecía de
inmediatez por haberse presentado después de los 6 meses de notificada la acción.

También, planteó que no había una irregularidad procesal y que no se habían
identificado razonablemente los hechos que provocaron la tutela.

Frente a los requisitos específicos y las causales invocadas, negó la existencia de
la violación directa a la constitución, el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente, pues la tutela, solo buscaba reabrir una discusión sentada acerca de la
aplicación de un “precedente obligatorio” en un marco posterior e inoperante para

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la fecha de la conformación de las listas y la elección. Solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela.

Por su parte, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial -CARJUD-
rindió informe señalando la normativa aplicable para la conformación de las listas
de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y explicó las razones por las
cuales no se conjuraba un defecto sustantivo, se desconocía el precedente
constitucional ni se podía predicar una violación directa a la constitución,
particularmente por el señalado argumento de los efectos de la ley en el tiempo.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) cuestión previa; ii) generalidad de la acción de tutela; iii) procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iv) análisis del caso concreto.

Cuestión previa

El doctor Juan Camilo Morales Trujillo considera estar incurso en la causal 4ta del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, para decidir la tutela interpuesta por
el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe en contra de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, con ocasión de la sentencia del 22 de enero de 2026. Lo anterior, por
cuanto el señor Ortiz Mancipe, ostentó la calidad de demandante en el proceso de
nulidad electoral contra su designación como consejero de Estado1.

Acerca del tema de los impedimentos y recusaciones, se ha expresado el profesor
Jaime Azula Camacho:

«(…) Se denominan impedimentos y recusaciones las circunstancias en las que
se encuentra el Juez en relación con las partes o el asunto objeto de la decisión
y que se considera, pueden afectar la imparcialidad requerida para cumplir con
su función e implican, por ello que se le separe del conocimiento de determinado
proceso»2.

Las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de taxativas,
deben interpretarse de manera restrictiva y constituyen una excepción al
cumplimiento de la función jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas y
no pueden ampliarse discrecionalmente a criterio del juez o de las partes.

La Corte Constitucional ha especificado que el atributo de imparcialidad de los
funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende, el régimen de
impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de la

1
Radicado 11001-02-30-000-2025-00128-00.
2
Manual de Derecho Procesal. Tomo I, Editorial. Temis Novena edición. 2.006, Pág. 181.

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Constitución, en cuanto debe procurar la protección de tal garantía constitucional3.

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, en relación con las causales de
impedimento para el conocimiento de las acciones de tutela, señala que son las
contempladas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, el cual dispone:

«(…) Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (…)
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las
partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado
consejo o manifestado su opinión sobre el asunto material del proceso»

En efecto, se observa que el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien, refiere
el doctor Juan Camilo Morales Trujillo, fue demandante en la nulidad electoral que
se tramitó en contra de su nombramiento como consejero de Estado, es accionante
en la presente tutela.

Bajo este entendido, la Sala dual encuentra configurada la causal invocada, pues el
señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, resultó ser contraparte del señor consejero
Juan Camilo Morales, por lo que se declarará fundado el impedimento manifestado
y se separará del conocimiento del asunto, en aras de salvaguardar los principios
de imparcialidad y transparencia.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales4, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20055. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
3
Sentencia C-496 de 2016
4 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
5 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»6

6 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada7.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”8. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela9.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

La Sala observa que la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia,
ya que: a) tiene relevancia constitucional, en la medida en que se alega la presunta
vulneración de los derechos fundamentales por incurrir en los defectos y violaciones
citadas y el accionante argumentó suficientemente la solicitud; b) no cuenta con otro
medio de defensa para discutir lo aquí expuesto al tratarse de un trámite de única
instancia; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues se cuestiona una
providencia del 22 de enero de 2026, que solo adquirió ejecutoria hasta el 13 de
febrero hogaño, luego se presentó dentro de un término razonable (11 de agosto de
2026); y, d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

Del examen integral de la providencia cuestionada se advierte que la Sección Quinta
efectuó un estudio detallado de los argumentos expuestos en la demanda de nulidad
electoral, así como los alegatos de conclusión presentados por el hoy accionante.

De manera expresa, delimitó el problema jurídico a determinar si con la elección del
magistrado se había desconocido la paridad de género desde la conformación de la
lista, así como si la elección había vulnerado lo dispuesto en los artículos 231 de la
Constitución Política y 53B de la Ley 270 de 1996.

7 Sentencia SU-074 de 2022.
8 Sentencia SU-074 de 2022.
9 Sentencia SU-072 de 2018.

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Detenidamente, la Sección Quinta analizó el marco normativo del procedimiento de
conformación de las listas y elección de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, exponiendo que obedecía a un proceso de cooptación atenuada que realiza
en dos etapas: la primera concerniente a la fase de conformación de la lista y, la
segunda, alusiva a la designación, que comporta la audiencia pública a quienes
integran la lista de postulados para luego proceder a la escogencia de uno de
ellos.»10

Posteriormente, hizo un recuento normativo desde la Ley 270 de 1996, que
desarrolló el artículo 231 de la Constitución Política y la modificación incluida con el
Acto Legislativo 02 del 01 de julio de 2015. Expuso que el Consejo Superior de la
Judicatura había expedido el Acuerdo PSAA16-10553 de 4 de agosto de 2016
donde se había establecido la equidad de género como uno de los principios para
la selección, particularmente el de equilibrio contenido en el artículo 5.

Luego, señaló que al expedirse la Ley 2430 de 2024 (misma que entró en vigor el 9
de octubre de 2024), se habían incorporado los artículos 53A y 53B a la Ley 270 de
1996, donde se destacaban principios como publicidad, participación ciudadana,
merito, equidad de género, entre otros. Añadió las consideraciones vertidas en
sentencia C-134 de 2023 en lo que importa a la necesidad de adoptar medidas para
promover la participación de las mujeres.

La sentencia, fue enfática en señalar que al haberse realizado la convocatoria desde
el 12 de noviembre de 2023 y conformado la lista de candidatos mediante Acuerdo
PCSJA24-12155 del 13 de marzo de 2024, no era aplicable el artículo 53B de la Ley
270 de 1996 adicionado por la Ley 2430 de 2024, pues la disposición había entrado
a regir el 9 de octubre del 2024, con posterioridad al inicio del proceso de
elaboración de la lista y elección del magistrado. También, se refirió a que ya se
habían proferido dos decisiones del Consejo de Estado11 donde la Sala Electoral
había acogido tal criterio.

Así, encontró como marco normativo vigente el artículo 231 de la Constitución
Política, el artículo 53 original de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA16-10553
de 2016, y a partir de estos, evaluó el procedimiento de conformación de las listas
y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el que participó el
hoy magistrado Víctor Julio Usme Perea, encontrando que se ajustaba a derecho y
que la Sala Plena de la Máxima Corporación Ordinaria no vulneró preceptos
constitucionales ni legales, deviniendo en la no prosperidad del medio de control de
nulidad electoral.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 05 de febrero de 2026. Exp.
11001-03-28-000-2025-00123-00. C.P Gloria María Gómez Montoya.
11
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 22 de enero de 2026 Exp- 11001-03-28-000-2025-00126-00 C.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil y sentencia del 22 de enero de 2026 radicado: 11001-03-28-000-2025-00124-00, C.P. Omar
Joaquín Barreto Suarez.

9

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Tal conclusión, en tanto la normativa aplicable para el momento de la conformación
de la lista no exigía una igualdad numérica entre hombres y mujeres, sino un
equilibrio razonable de ambos géneros durante las etapas del proceso, mismo que
sí se acredito, pues:

«(…) en el proceso de selección cuestionado no existió exclusión, sino una
participación femenina que aumentó de forma progresiva y que estuvo debidamente
justificada según la disponibilidad real de candidatas en cada etapa del
procedimiento»

Con relación a la supuesta violación directa de la Constitución, la Subsección
evidencia que el desacuerdo radica en que se afirma que al resolver la nulidad
electoral, la Sección Quinta eligió una interpretación restrictiva de cara a los
preceptos relacionados con igualdad y paridad de género impuestos mediante
sentencia C-134 de 2023, así como que se había ignorado el Bloque de
Constitucionalidad (en especial los tratados internacionales como la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -
CEDAW-).

Sin embargo, la providencia acusada expuso de manera concreta todos los
elementos relacionados con los derechos fundamentales a la igualdad y las
exigencias de paridad de género, al punto que realizó un extenso estudio sobre la
evolución de los principios y garantías hoy acusadas y su injerencia en los trámites
de conformación y elección de magistrados, detallando que inclusive con
anterioridad a la sentencia C-134 de 2023 ya se exigía la garantía de proporción.

Bajo tales consideraciones, no resulta correcto afirmar que el fallo de nulidad
acusado haya incurrido con la violación imputada, pues estuvo dotado de suficiencia
argumentativa y en todo caso, aplicó la constitución para fundamentar sus
conclusiones.

Aquí, debe recordar esta Subsección que las sentencias proferidas en ejercicio de
la potestad jurisdiccional, más cuando se trata de Tribunales de Cierre, están
revestidas de la presunción de legalidad y acierto, por lo que su revocatoria, además
en sede de tutela, exige un análisis detallado que evidencie de manera protuberante
los yerros que se le endilgan, no bastando consideraciones del resorte personal
sobre cómo debía ser la decisión.

Ello, porque la configuración de este defecto, conforme la jurisprudencia de la
misma Corte Constitucional solo se da en alguna de las siguientes hipótesis:

«(i) cuando se trata de una violación evidente de la Constitución o no se tuvo en
cuenta un derecho fundamental de aplicación inmediata; (iii) cuando no se tiene en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución y (iii) cuando la
autoridad judicial encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible

10

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con la Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia
de las legales (excepción de inconstitucionalidad)»12

Hipótesis estas, que como quedó expuesto, no se lograron acreditar.

Frente a las causales específicas del defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente judicial y el desconocimiento del precedente como causal autónoma, la
Subsección los estudiará de manera conjunta dada la similitud en la argumentación
de ambos propuesta por el accionante.

Se observa entonces que el desacuerdo radica en tanto el promotor sostiene que la
providencia acusada desconoció el precedente vertido en la sentencia de C-134 de
2023 sobre la necesidad de medidas para permitir la materialización de la equidad
de género, así como su mismo precedente vertido en sentencia del 26 de junio de
2025.

Como ocurriere con la presunta violación directa, aquí la Subsección también
descarta que la sentencia hubiere incurrido en alguna de las causales señaladas,
pues encuentra que la providencia de la Sección Quinta no desconoció precedente
alguno. No lo hizo frente al precedente constitucional, porque la decisión se
fundamentó precisamente en la aplicación de los principios y garantías de paridad,
proporción e igualdad, conforme la normativa vigente y aplicable.

Tampoco lo hizo frente al “precedente horizontal”, pues basta con revisar el fallo
cuestionado para ver que, en efecto, la decisión obedeció a los mismos criterios
establecidos por la Sala Electoral en decisiones anteriores, en particular, el relativo
a la distinción de paridad y proporción y el relacionado con los efectos de la Ley
2430 de 2024 y la sentencia C-134 de 2023 en el tiempo.

Aquí, las reglas de decisión que orientaron la sentencia que hoy se acusa, en nada
desconocieron el precedente constitucional, pues la negativa de la nulidad electoral
erigió su fundamento principal en la reiteración jurisprudencial de los efectos
generales relativos a la vigencia de la Ley -entendida en sentido amplio- en el
tiempo.

Tales argumentos descartan el presunto desconocimiento del propio precedente,
pues se evidencia que lo pretendido con la acción de tutela, no es otra cosa que
imponer la interpretación del accionante frente a la decisión adoptadas por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

Finalmente, tampoco es menor el hecho que esta Subsección ya se ha pronunciado
en sentencias de tutela anteriores13, incoadas por el mismo accionante y donde bajo
idéntico argumento -paridad de género y aplicación de la C-134 de 2023- se ha

12
Corte Constitucional, Sentencia T-350 de 2025.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de agosto de 2026. Exp 11001-03-15-000-2026-
06050-00. C.P Jorge Iván Duque Gutiérrez y Sentencia del 27 de agosto de 2026. Exp 11001-03-15-000-2026-06040-00.
C.P Luis Eduardo Mesa Nieves.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-06299-00

pretendido acoger un criterio distinto al del juez natural sobre elecciones de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ambos casos, se ha descartado la
vulneración alegada al no encontrarse demostrados los mismos 3 cargos de
violación directa, defecto sustantivo ni desconocimiento del precedente.

En consecuencia, encuentra esta Subsección que la sentencia atacada por vía de
tutela no incurrió en ninguno de las violaciones y defectos aludidos, por lo que se
negará el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero
Juan Camilo Morales Trujillo y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del
asunto.

Segundo. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
señor Samuel Alejandro Ortíz Mancipe, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

12

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