Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00123-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00123-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00123-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00123-00
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Víctor Julio Usme Perea magistrado de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia
Temas: Equidad de género en la integración de las corporaciones judiciales-
Conformación de la lista en los procesos de selección de magistrados
de la Corte Suprema de Justicia (art. 53 de la LEAJ1 270/96, Acuerdo
PSAA16-10553/162 y Ley 581/00)
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado dicta fallo de única instancia en el medio de control
de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda y sus pretensiones3
1. Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, en ejercicio del medio de control consagrado en el
artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda con el fin de que se declare la
nulidad del acto de elección del señor Víctor Julio Usme Perea como magistrado de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, contenido en el Acuerdo 2596 del 22
de mayo de 2025.
1.2 Hechos y omisiones que fundamentan el medio de control
2. El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA16-10553 del 4 de agosto
de 2016, estableció las reglas generales para adelantar los procesos de convocatoria para
conformar las listas de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado.
3. El 13 de diciembre de 2023, el CSJ presentó el listado de nombres de los 279 inscritos
interesados en ocupar 5 cargos4 de magistrados de «la Sala de Casación Civil, Agraria y
Rural, Sala de Casación Laboral y Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia».
4. El 22 de febrero de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura conformó la lista de
preseleccionados para proveer las referidas vacantes.
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Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
2
Proferido por el Consejo Superior de la judicatura.
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Índice Samai 00003
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Vacantes de los magistrados Luis Alonso Rico Puerta, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Fernando Castillo Cadena, Gerardo Botero
Zuluaga Y Luis Antonio Hernández Barbosa.
1
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Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Víctor Julio Usme Perea magistrado de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Rad: 11001-03-28-000-2025-00123-00
5. Mediante Acuerdo PCSJA24-12155 del 13 de marzo de 20245, el Consejo Superior de la
Judicatura presentó ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la lista de candidatos
para proveer el cargo de magistrado de la Sala de Casación Laboral, la cual estuvo integrada
por diez aspirantes, siete hombres y tres mujeres.
6. El 22 de mayo de 2025, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a Víctor Julio
Usme Perea como magistrado en propiedad de la Sala de Casación Laboral de la citada
corporación; designación que consta en el Acuerdo 2596 de 2025. El 28 de mayo de 2025
se confirmó el nombramiento.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
7. El Consejo Superior de la Judicatura en la conformación de la lista de 10 candidatos
(Acuerdo PCSJA24-12155), a partir de la cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
escogió un magistrado (lo que denominó acto previo o de trámite), no aplicó lo dispuesto en
los artículos 26 y 47 del Acuerdo PSAA16-10553 de 2016 y el 6 de la Ley 581 de 20008, dado
que solamente se incluyeron 3 mujeres cuando las normas aludidas pregonan la paridad de
género.
8. Este reproche lo sustentó en que el proceso eleccionario comprende dos fases: la primera,
que trata la conformación de la terna o lista, en donde, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional9 deberá garantizarse la paridad de género y la segunda, que versa sobre la
elección, en la que igualmente se respetará el citado equilibrio.
9. De la fase inicial, expresó que se encontraba viciada de nulidad en la medida en que no
cumplió con la paridad de género en la conformación de la lista. De la segunda, indicó que
todas las vacantes al interior de la Corte Suprema de Justicia fueron ocupadas por hombres,
lo que se tradujo en el desconocimiento de los artículos 3, 16, 26, 40.7, 43, 209 y 231
Superior, 53A de la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 20 de la Ley Estatutaria 2430
de 2024), 2° de la Ley 581 de 2000 y 4.1 de la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.
10. Adicionó sus reproches contra la elección, en que no se atendió lo dispuesto en los
artículos 231 inc. 2. ° Superior y el 53B de la Ley 270 de 1996, que contemplan que en la
integración de la lista de aspirantes debe respetarse un equilibro entre quienes provienen de
la academia, la rama judicial y el ejercicio profesional. Lo dicho, por cuanto los magistrados
que conforman la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su mayoría son de la
rama judicial.
1.4 Trámite relevante del proceso
11. El 4 de septiembre de 202510, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la
5
«Por el cual se formula ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, (sic) la lista de candidatos destinada a proveer un cargo de
magistrado/a de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, vacante del doctor Fernando Castillo Cadena».
6
ARTÍCULO 2.º Principios que rigen la convocatoria. En el trámite de la convocatoria pública para conformar las listas de aspirantes a
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se aplicarán los siguientes principios: d) Equidad de género: los
procesos de convocatoria estarán diseñados para asegurar el cumplimiento de los principios de paridad, alternancia y universalidad en la
participación de las mujeres dentro de las listas.
7
ARTÍCULO 4.º Criterios de selección. Son criterios de selección: c) En la conformación de cada lista se atenderá lo dispuesto en el
artículo 6º de la Ley 581 de 2000.
8
ARTÍCULO 6. Nombramiento por sistema de ternas y listas. Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de
listas, quien las elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción.
9
Corte Constitucional, Sentencia C-134 de 2023. M.P.: Natalia Ángel Cabo.
10
Expediente digital SAMAI – Índice 00039
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Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Víctor Julio Usme Perea magistrado de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Rad: 11001-03-28-000-2025-00123-00
demanda y negó la solicitud de medida cautelar. Surtida su notificación 11, se allegaron las
siguientes intervenciones:
12. El demandado12, a través de apoderado judicial se pronunció oponiéndose a las
pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:
13. Ninguno de los postulados normativos invocados en la demanda exige o condiciona que,
para la conformación de la lista de elegibles se deba tener en consideración el género u
origen de los miembros que componen en ese momento la corporación judicial. En esa
medida, según su criterio, no se presentó trasgresión de los artículos 13, 16, 26, 40.7, 43,
209, y 231 constitucionales; 2, 4 y 5 del Acuerdo PSAA16-10553 de 2016, 6 de la Ley 581
de 2000 y demás disposiciones del bloque de constitucionalidad.
14. Frente al artículo 6 de la Ley 581 de 2000, dijo que este no impone una obligación
estricta de revisar la paridad en cada Sala o Corporación ni tampoco de conformar listas con
proporción fija de hombres y mujeres. Esto porque la Corte Constitucional en la sentencia
C-371 de 200013 condicionó su exequibilidad a que la inclusión de mujeres en listas no fuera
un mandato absoluto, sino que su participación dependía de la cantidad de aspirantes por
género que concurran al proceso.
15. No se presentó vulneración del literal c del artículo 4 del Acuerdo PSAA16-1055314 de
2016 que remite al artículo 6 de la Ley 581 de 2000, porque dicho precepto no exige que la
lista de candidatos esté integrada por 50% de hombres y 50% de mujeres, sino que debe
estar en una proporción que refleje la participación real de quienes se inscribieron en la
convocatoria. Sí bien la normativa mencionada dispone que:
(…) la conformación de la lista de candidatos deberá incluir a hombres y mujeres en igual
proporción, (…) al revisar el significado del vocablo proporción, se advierte que este hace
referencia a una correspondencia de la parte de una cosa con el todo, lo que no significa como lo
pretende argumentar el demandante, que la lista de elegibles esté conformado por 50% mujeres
y 50% hombres, por el contrario, el sentido de la norma implica que, la composición de la lista
consagre a hombres y mujeres en igual proporción respecto de la cantidad de personas inscritas,
preseleccionadas y las demás circunstancias fácticas o jurídicas ocurridas dentro del trámite de
la convocatoria pública 15.
16. Esa interpretación permite colegir que el Acuerdo PCSJA24-12155 de 2024 cumplió con
el criterio de proporción porque, se inscribieron para las vacantes de la Sala de Casación
Laboral 81 personas, dentro de las cuales se encontraban 22 mujeres y 59 hombres,
significando ello que, «el 27% de las personas inscritas para ocupar las mencionadas
vacantes eran mujeres, mientras que el 73% eran hombres». Este parámetro se reiteró en
la lista de preclasificados en donde, de 51 aspirantes, 15 fueron mujeres y 36 hombres, lo
cual corresponde a que el 29% son del género femenino y el 71% masculino.
17. En relación con la infracción del artículo 516 del Acuerdo PSAA16-10553 del 4 de agosto
de 2016 «(…) se reglamenta la convocatoria pública para conformar las listas de aspirantes
11
Expediente digital SAMAI – Índice 00044
12
Expediente digital SAMAI – Índice 00049
13
Sentencia C-371 de 2000. M.P Dr. Carlos Gaviria Díaz
14
Por medio del cual se reglamenta la convocatoria pública para conformar las listas de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado
15
Folio 24 de la contestación de la demanda.
16
Criterio especial de equilibrio. En el conjunto de procesos de selección de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia
y el Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la
academia.
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Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Víctor Julio Usme Perea magistrado de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Rad: 11001-03-28-000-2025-00123-00
a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado» establece que se
debe cumplir con el criterio especial de equilibrio, situación que se cumple, en el presente
caso tal como consta en el Acuerdo PCSJA24-12155 por medio de la cual se conformó la
lista de elegibles donde se evidencia que se incluyeron candidatos de distintos orígenes
profesionales, garantizando la proporcionalidad.
18. Que el artículo 53B de la Ley 270 de 1996, adicionado por la Ley 2430 de 2024, no era
aplicable al caso, pues el proceso de elección se adelantó conforme a la disposición vigente
para ese momento, situación que ocurrió antes de la entrada en vigencia de la modificación
normativa que aduce el demandante como desconocida, en esa medida para el 9 de octubre
de 2024, fecha en la que entró regir la nueva legislación, todas las etapas del proceso
electoral estaban agotadas.
19. Propuso la excepción previa que denominó inepta demanda por indebida
individualización de las pretensiones ya que no delimitan claramente el objeto del proceso ni
garantizan el derecho de defensa. En particular, la parte actora pide la nulidad de un acto
preparatorio (Acuerdo PCSJA24-12155 de 2024), que solo conformó la lista de candidatos,
pero no constituye un acto definitivo sujeto a control judicial.
20. La jurisprudencia del Consejo de Estado17, en nulidad electoral, ha establecido que solo
pueden demandarse actos definitivos (elección, nombramiento o llamamiento), y los previos
solo se analizan de forma indirecta.
21. La Corte Suprema de Justicia contestó la demanda y solicitó que se negaran las
pretensiones y se declarara la legalidad de la elección del magistrado Víctor Julio Usme
Perea, al considerar que tanto la conformación de la lista de elegibles como la posterior
elección se ajustaron plenamente al orden constitucional y legal.
22. Que la lista de candidatos fue conformada por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante el Acuerdo PCSJA24-12155 de 13 de marzo de 2024, con fundamento en el
Acuerdo PSAA16-10553 de 2016, y que la Corte Suprema de Justicia procedió a la elección
los días 22 y 28 de mayo de 2025 en ejercicio de sus competencias constitucionales y
reglamentarias.
23. La Ley 2430 de 2024, que introdujo el artículo 53B a la Ley 270 de 1996, no era aplicable
al proceso de selección cuestionado, toda vez que entró en vigor con posterioridad a la
conformación de la lista de elegibles. En tal sentido, indicó que en materia electoral rige de
manera estricta el principio de irretroactividad, por involucrar el ejercicio de derechos
fundamentales como el de elegir y ser elegido.
24. Además, no era exigible una obligación de paridad o cuota de género en la conformación
de la lista ni en la elección, toda vez que cuando la integración de listas o ternas proviene de
un órgano colegiado integrado por múltiples voluntades, como ocurre con el Consejo
Superior de la Judicatura, no existe un destinatario único del deber de cumplirla, por lo que
su observancia no es imperativa sino orientadora.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28- 000-2019-00042-00. M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra. Sentencia de 27 de agosto de 2020, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
11001-03-28- 000-2020-00057-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Auto de 3 de septiembre de 2020
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25. Señaló que el Acuerdo PSAA16-10553 de 2016 no consagra el género como criterio
prevalente de selección, sino que privilegia el mérito, la idoneidad, la probidad, la experiencia
y el equilibrio de procedencia entre quienes provienen de la Rama Judicial, el ejercicio
profesional y la academia, sin que exista una regla que imponga una fórmula rígida para
aplicar dicho parámetro al momento de la elección.
26. En ese sentido, explicó que el inciso segundo del artículo 231 de la Constitución Política
consagra el criterio de equilibrio como un principio orientador del proceso de selección,
particularmente relevante en la fase de conformación de la lista, pero no impone un resultado
matemático obligatorio en la integración de la Corte Suprema de Justicia al momento de la
elección.
27. Agregó que la Corte Suprema de Justicia goza de autonomía constitucional para elegir
a sus magistrados, de conformidad con su reglamento interno, previa revisión de las hojas
de vida por la Sala de Casación correspondiente, mediante votación secreta y con las
mayorías exigidas, por lo que imponer la obligación de elegir exclusivamente a una mujer
desconocería la libertad de configuración del órgano elector y vaciaría de contenido la
competencia prevista en el artículo 231 de la Constitución.
1.4.1 Trámite de sentencia anticipada
28. El 23 de octubre de 202518, se decidió surtir el trámite de sentencia anticipada, se declaró
no probada la excepción de inepta demanda, se fijó el litigio, se decretaron y negaron
pruebas; el 16 de diciembre de 2025 se resolvió el recurso de reposición propuesto por el
apoderado de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de tener como contestada.
1.4.2 Alegatos de conclusión
29. Parte demandante reiteró los argumentos de la demanda. Solicitó declarar la nulidad
del acto de elección y señaló que en el presente caso se debe dar aplicación a lo dispuesto
en la Ley 2430 de 2024, para lo cual se refirió al trámite del tránsito legislativo, además
precisó que no se cumplió con el criterio de equidad y paridad de género porque al momento
de conformar la lista solo estuvo integrada por 3 mujeres situación que en efecto conllevaa
conceder las pretensiones de la demanda.
30. Sostuvo que, aunque la Ley Estatutaria 2430 de 2024 estaba vigente al momento de la
elección, lo que hacía obligatoria la aplicación del artículo 53B de la Ley 270 de 1996,
declarado exequible de manera condicionada en la sentencia C-134 de 2023. Dicha norma
impone a las autoridades nominadoras y electoras el deber de garantizar progresivamente
la paridad de género, tanto en la conformación de listas como en el resultado de la elección,
valorando el impacto en la composición global de la corporación.
31. El actor afirma que limitar la equidad de género a la fase previa del procedimiento vacía
de contenido el mandato constitucional previsto en el artículo 40 de la Constitución y
perpetúa la subrepresentación histórica de las mujeres en las altas cortes. Destaca que la
lista de elegibles estuvo conformada mayoritariamente por hombres y que la elección
consolidó una secuencia de designaciones masculinas, contrariando el objetivo de
corrección estructural de las brechas de género.
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Índice 00039 de Samai
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32. Concluye que la Corte Suprema omitió aplicar o interpretó erróneamente las normas
superiores sobre igualdad sustantiva, incurriendo en un vicio que afecta la legalidad del acto
electoral. Por ello, solicita que se acceda a las pretensiones de la demanda, se declare la
nulidad del acto acusado y, de ser necesario, se modulen los efectos del fallo conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
33. Parte demandada solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda, en tanto l
proceso de convocatoria, preselección, entrevistas y conformación de la lista de elegibles se
surtió entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 bajo la vigencia de la Ley 270 de 1996 y
del Acuerdo PSAA16-10553 de 2016, régimen en el cual la equidad de género y el equilibrio
profesional no operaban como reglas de paridad aritmética ni de distribución rígida, sino
como criterios de participación proporcional y ponderada, los cuales fueron satisfechos al
incluirse tres mujeres (30 %) en la lista definitiva, porcentaje coherente con su presencia en
las etapas previas del proceso.
34. Esta interpretación fue recientemente reiterada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en las sentencias de 22 de enero de 2026 (radicados 11001032800020250012400 y
11001032800020250012600), en las que se precisó que la Ley 2430 de 2024 y la Sentencia
C-134 de 2023 no son aplicables a procesos iniciados antes del 9 de octubre de 2024 y que,
aun en la fase de elección, la paridad de género opera de manera gradual y progresiva, sin
imponer la obligación de elegir necesariamente a una mujer.
35. Asimismo, se aclaró que el mandato del artículo 6 de la Ley 581 de 2000 para órganos
colegiados no exige una paridad matemática, sino un equilibrio razonable y no excluyente, y
que el criterio referido entre academia, Rama Judicial y ejercicio profesional es vinculante en
la conformación de la lista, pero no restringe la discrecionalidad de la Sala Plena en la fase
de elección. En ese marco, al haberse integrado una lista plural y haber sido elegido el
demandado dentro de ella, no se configuró violación alguna a los principios de equidad de
género ni de equilibrio profesional, por lo que el acto electoral acusado debe mantenerse
incólume.
36. Corte Suprema de Justicia19 reiteró los argumentos presentados en la contestación de
la demanda y solicitó que se nieguen las pretensiones para lo cual sostuvo que el proceso
debía juzgarse con base en las normas vigentes al momento en que el Consejo Superior de
la Judicatura conformó la lista de elegibles, esto es, el artículo 231 de la Constitución Política,
la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA16-10553 de 2016, pues la Ley 2430 de 2024 y el
artículo 53B fueron expedidos con posterioridad y, por tanto, no podían aplicarse
retroactivamente.
37. En ese marco, afirmó que el criterio de equilibrio previsto en el inciso segundo del artículo
231 constitucional no constituye una regla de resultado ni impone fórmulas matemáticas de
integración en cada elección, sino que opera como un principio orientador del proceso de
selección, especialmente en la etapa de conformación de la lista por el Consejo Superior de
la Judicatura.
38. Explicó que el artículo 5.º del Acuerdo PSAA16-10553 regula exclusivamente la manera
como debe integrarse la lista de elegibles, pero no establece reglas que obliguen a la Corte
Suprema de Justicia a aplicar parámetros de procedencia o de género al momento de la
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Índice 00096 de Samai
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elección. Añadió que, conforme al reglamento interno de la Corporación, esta debe estar
precedida del estudio de las hojas de vida por la Sala de Casación correspondiente y luego
decidida por la Sala Plena, procedimiento que fue observado en el caso concreto.
39. En consecuencia, la Corte concluyó que la elección se realizó dentro del marco
constitucional y reglamentario, sin vulnerar los principios de igualdad ni de equilibrio, razón
por la cual solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.
40. Concepto del Ministerio Público solicitó se niegue la nulidad de la elección de Víctor
Julio Usme Perea como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, por cuanto la lista de elegibles, integrada por siete hombres y tres mujeres, fue
conformada el 13 de marzo de 2024 bajo la vigencia del artículo 231 de la Constitución, la
Ley 270 de 1996, la Ley 581 de 2000 y el Acuerdo PSAA16-10553 de 2016, régimen en el
cual no era exigible una paridad matemática 50/50 sino una participación proporcional y
efectiva de las mujeres, conforme al artículo 6 de la Ley 581 de 2000 y a la jurisprudencia
constitucional y de la Sección Quinta sobre órganos colegiados, de modo que la inclusión de
tres mujeres satisfizo el principio de equidad de género previsto en el artículo 2 del citado
acuerdo.
41. Adicionalmente, las reglas de paridad estricta y de listas señaladas por la Ley 2430 de
2024 y desarrolladas por la Sentencia C-134 de 2023 no eran aplicables a la conformación
de la lista por razones de vigencia temporal ni podían aplicarse retroactivamente, y aunque
la elección se realizó en mayo de 2025, la obligación de paridad en esa fase opera de manera
gradual y paulatina, conforme a los artículos 53A y 53B de la Ley 270 de 1996 y a la
modulación hecha por la Corte Constitucional, sin que ello imponga el deber de elegir
necesariamente a una mujer; finalmente, tampoco se vulneró el criterio de equilibrio entre
academia, Rama Judicial y ejercicio profesional previsto en el artículo 231 superior y en el
artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10553, por tratarse de un parámetro orientador y no de una
regla rígida que invalide la elección.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
42. De conformidad con lo establecido en el numeral 4º20 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 202121 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 201922, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es
competente para conocer y tramitar en única instancia el proceso de la referencia.
2.2. Problema jurídico
43. En decisión del 23 de octubre de 2025, se fijó el litigio en los siguientes términos:
20
«El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […]
4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus Comisiones, la Corte Suprema
de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva o Consejo Directivo de los entes autónomos
del orden nacional y las Comisiones de Regulación […]».
21
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo
que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el
Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema, de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de
la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente,
de la nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal
General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo. …”
22
Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 diciembre de 2024.
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Demandado: Víctor Julio Usme Perea magistrado de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
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Determinar si es nulo el acto mediante el cual fue elegido el señor Víctor Julio Usme Perea como
magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por el presunto
desconocimiento de la paridad de género en la conformación de la lista y en la elección, de
acuerdo con las normas invocadas como desconocidas.
Asimismo, se deberá determinar si con la elección se vulneró lo dispuesto en los artículos 231 Inc
2 Superior y 53B de la Ley 270 de 1996, que contemplan que en la integración de la corporación
judicial debe respetarse el equilibro entre quienes provienen de la academia, la Rama Judicial y
el ejercicio profesional.
Finalmente, la Sala en caso de dar por demostrada alguna irregularidad, definirá si ésta tiene la
entidad suficiente para afectar la legalidad del acto electoral demandado.
2.3. Marco normativo de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia.
44. El artículo 231 Superior, contempla la elección de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, a saber:
(…) <Apartes tachados INEXEQUIBLES, el aparte en letra cursiva corresponde a la corrección
introducida en cumplimiento de la Sentencia C-285-16> Los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa
audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo de Gobierno Judicial
Consejo Superior de la Judicatura tras una convocatoria pública reglada de conformidad
con la ley y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial.
En el conjunto de procesos de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio
profesional, de la Rama Judicial y de la academia.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reglamentarán la fórmula de votación y el
término en el cual deberán elegir a los Magistrados que conformen la respectiva corporación.
45. De la norma constitucional se advierte que existen dos etapas en el trámite eleccionario,
la primera concerniente a la fase de conformación de la lista y, la segunda, alusiva a la
designación, que comporta la audiencia pública a quienes integran la lista de postulados
para luego proceder a la escogencia de uno de ellos.
46. Por su parte la Ley 270 de 1996, disposición que desarrolló el mandato constitucional
del artículo 231. En su redacción original el artículo 5323 dispuso, en lo pertinente, que
corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado proveer las vacantes
que se presenten en la respectiva corporación, a partir de listas superiores a cinco
candidatos enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
47. Posteriormente, el artículo 231 Superior fue modificado por Acto Legislativo 2 del 1.º
de julio de 2015. En su artículo 1124 se incorporaron elementos novedosos que fortalecen
la legitimidad de la elección, como: i) la exigencia de audiencia pública como mecanismo de
publicidad y control ciudadano; ii) la fijación de un número uniforme de 10 candidatos en
cada lista, enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, lo que introdujo estándares
23
«ARTÍCULO 53. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado proveer las vacantes que se presenten en la
respectiva Corporación, de listas superiores a cinco (5) candidatos, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. Estos Magistrados no son reelegibles y tomarán posesión ante el Presidente de la República.
Con el objeto de elaborar las listas a que se refiere este artículo, el Consejo Superior de la Judicatura invitará a todos los abogados que
reúnan los requisitos y que aspiren a ser Magistrados, para que presenten su hoja de vida y acrediten las calidades mínimas requeridas.
Al definir la lista, el Consejo Superior de la Judicatura deberá indicar y explicar las razones por las cuales se incluyen los nombres de los
aspirantes que aparecen en ella. […]». Consultado en la página web:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996_pr001.html#53
24
Consultar en la página web: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-029_2018.html#inicio
8
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Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Víctor Julio Usme Perea magistrado de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Rad: 11001-03-28-000-2025-00123-00
claros a la etapa de convocatoria, y iii) el criterio de equilibrio profesional, que procura la
inclusión de aspirantes provenientes del ejercicio profesional, la Rama Judicial y la
academia, con el fin de enriquecer la composición de las Altas Cortes mediante perfiles
diversos y que corresponde a cada corporación, en ejercicio de su autonomía constitucional,
fijar la fórmula de votación y el término dentro del cual habrá de realizarse la elección.
48. Por su parte el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PSAA16-10553
de 4 de agosto de 201625 donde se estableció la equidad de género26 como uno de los
principios rectores para la convocatoria y la conformación de listas de aspirantes a
magistrados de la Corte Suprema de Justicia que esta entidad debe enviar a dicha
corporación para que se proceda con la respectiva elección.
49. Así, se establecieron unos criterios de selección27 dentro de los que se encuentra uno
especial de equilibrio28 que dispone que en la conformación de cada lista se debe atender lo
dispuesto en el artículo 6.º de la Ley 581 de 2000, el cual, en lo pertinente prescribe: «[…]
Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, quien
las elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción».
50. Posteriormente se expidió la Ley 2430 de 2024, que entró en vigor el 9 de octubre de
2024, reformó la LEAJ 270/96 y, entre otras, incorporó29 los artículos 53A y 53B. El primero
señaló cuáles son los principios que rigen la convocatoria para integrar las listas y ternas de
candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dentro de los cuales se destacan el de publicidad,
participación ciudadana, equidad de género30 y mérito.
51. El segundo (artículo 53B) estableció criterios para la selección de magistrados de Altas
Cortes, con parámetros que se refieren a la probidad, independencia, imparcialidad,
responsabilidad, integridad, transparencia, prudencia, idoneidad, experiencia académica y
evaluación del desempeño profesional.
25
«Por medio del cual se reglamenta la convocatoria pública para conformar las listas aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado».
26
«ARTÍCULO 2.º Principios que rigen la convocatoria. En el trámite de la convocatoria pública para conformar las listas de aspirantes
a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se aplicarán los siguientes principios: a) Publicidad: los avisos y
los actos que den inicio y concluyan las distintas fases de la convocatoria deberán ser públicos y contarán con una amplia divulgación. b)
Transparencia: los criterios de selección serán públicamente conocidos y las razones de las decisiones dentro del proceso de convocatoria
serán expresadas de forma completa y detallada, con el fin de garantizar la igualdad entre los aspirantes, la imparcialidad en la elección y
la prevalencia del mérito. c) Participación ciudadana: la ciudadanía podrá intervenir durante la convocatoria para examinar los antecedentes
de los aspirantes y hacer llegar observaciones sobre los mismos. d) Equidad de género: los procesos de convocatoria estarán
diseñados para asegurar el cumplimiento de los principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las
mujeres dentro de las listas. Adicional a lo anterior, se aplicarán los principios establecidos en el artículo 3° del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo pertinente». [Énfasis fuera de texto].
27
«ARTÍCULO 4.º Criterios de selección. Son criterios de selección: a) Los criterios establecidos en el Código Iberoamericano de Ética
Judicial, adoptado por la Sala Administrativa mediante Circular 3 de 2012, en lo pertinente. b) En la conformación de las listas se observará
que los candidatos aseguren probidad, independencia, idoneidad, carácter y solvencia académica y profesional. c) En la conformación de
cada lista se atenderá lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 581 de 2000. d) Mérito: el criterio de selección será el mérito, el cual podrá
ser determinado cuantitativa o cualitativamente. Las consideraciones para la elección no podrán ser distintas al mérito y no podrán incluir
factores tales como el parentesco, los lazos de amistad o comerciales, la afinidad política, la cercanía regional, la orientación ideológica o
religiosa.».
28
«ARTÍCULO 5.º Criterio especial de equilibrio. En el conjunto de procesos de selección de los aspirantes a magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la
Rama Judicial y de la academia. En el acto de inscripción el aspirante debe expresar bajo juramento su fuente u origen, entendido como
la dedicación principal en su vida profesional. No podrá optar sino por una fuente u origen. La lista se integrará de manera equilibrada, con
candidatos de cada categoría, será enviada en orden alfabético. Cada lista deberá incluir tres (3) candidatos provenientes de uno de los
sectores o grupos mencionados, tres (3) candidatos de otro sector y cuatro (4) candidatos del otro sector. Parágrafo 1.° En caso de que
no se inscriban suficientes candidatos de cada categoría para lograr la proporcionalidad y el equilibrio en la elección, el Consejo Superior
de la Judicatura incluirá candidatos para completar ese sector bajo los principios y criterios anteriormente indicados. Parágrafo 2.° En
caso de existir pluralidad de vacantes para una misma corporación, los candidatos solo se podrán inscribir en una lista».
29
Artículo 20.
30
Respecto de este principio la norma señala: «los procesos de convocatoria estarán diseñados para asegurar el cumplimiento de los
principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro de las listas y ternas».
9
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Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Víctor Julio Usme Perea magistrado de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Rad: 11001-03-28-000-2025-00123-00
52. La citada ley fue estudiada por la Corte Constitucional en la sentencia C-134 del 3 de
mayo de 202331, en la cual se indicó que, aunque los criterios de selección previstos son
constitucionales por su relación con la función judicial (en aspectos como imparcialidad,
independencia y probidad), en punto a la equidad de género reconoció la brecha en el ámbito
laboral y económico de las mujeres y reiteró la necesidad de adoptar medidas para promover
su participación.
2.4. Caso concreto, reitera jurisprudencia32
53. Procede la Sala a resolver el problema jurídico planteado para lo cual estudiará los
siguientes tópicos: i) determinar cuáles son las normas aplicables al proceso de
conformación de la lista y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia; ii)
establecer si se desconocieron los presupuestos para la conformación de lista y elección de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en especial lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley 581 de 2000, esto es: sí «Para la designación en los cargos que deban proveerse
por el sistema de listas, quien las elabore incluirá hombres y mujeres en igual
proporción», y iii) si en el proceso de selección se respetó el criterio especial de equilibrio
entre quienes provienen de la de la Rama Judicial, la academia y el ejercicio profesional.
2.4.1. Régimen jurídico aplicable al proceso de integración y designación de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia
54. Para resolver la controversia, la Sala relacionará las pruebas obrantes en el expediente33
que dan cuenta de las etapas surtidas en la conformación de la lista de elegibles elaborada
por el Consejo Superior de la Judicatura y en la elección del magistrado de la Corte Suprema
de Justicia, de las cuales se evidencia que:
a) El CSJ expidió el Acuerdo PSAA16-10553 de 4 de agosto de 2016, con el objeto de
reglamentar la convocatoria pública para conformar las listas aspirantes a magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
b) El 12 de noviembre de 2023, el CSJ, en ejercicio de las competencias conferidas en el artículo
256 de la Constitución Política, en cumplimiento del Acto Legislativo 02 de 2015 y en desarrollo
de los artículos 15, 53, 85 numeral 10 y 130 de la LEAJ 270/96, abrió convocatoria pública para
proveer cinco cargos de magistrado en las Salas de Casación Penal, Civil y Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en remplazo de los magistrados Luis Alonso Rico Puerta, Aroldo Wilson
Quiroz Monsalvo, Fernando Castillo Cadena, Gerardo Botero Zuluaga y Luis Antonio Hernández
Barbosa.
c) El 28 de noviembre de 2023, se relacionaron, entre otras, las 81 personas que postularon sus
31
En esta providencia se revisó la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria número 475 de 2021 Senado y 295 de 2020 Cámara,
acumulado con el proyecto de Ley Estatutaria número 430 de 2020 Cámara y con el proyecto de Ley Estatutaria número 468 de 2020
Cámara «POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 270 DE 1996 – ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES».
Valga aclarar, que la Corte Constitucional emitió un comunicado de prensa el 3 de mayo de 2023, en el que informó que al realizar el
estudio material del proyecto de ley estatutaria, entre otros aspectos, consideró lo siguiente: «Artículo 20. La Corte declaró constitucional
el artículo 20 del PLEAJ, el cual establece los criterios de selección de los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de
Justicia, siempre y cuando se apliquen los criterios de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de
la academia, del que trata el artículo 231 Superior, y se garantice la equidad de género hasta alcanzar la paridad entre hombres y mujeres
en su conformación. Esta decisión se justificó en la necesidad de ajustar la disposición analizada a las normas constitucionales que rigen
el proceso de conformación de las Corporaciones mencionadas, como el de equilibrio profesional y el de igualdad».
No obstante, la publicación de la sentencia se surtió el día 28 de mayo de 2024, según consta en la página web de la corte:
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/buscador_new/?searchOption=prov_sentencia&fini=1992-01-01&ffin=2025-02-
20&buscar_por=C-
134+de+2023+&accion=search&verform=si&slop=1&buscador=buscador&qu=search_WillCard&maxprov=100&OrderbyOption=des__sc
ore
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Consejo de Estado Sección Quinta sentencia del 22 de enero de 2026 radicado: 11001-03-28-000-2025-00126-00 M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil y sentencia del 22 de enero de 2026 radicado: 11001-03-28-000-2025-00124-00, M.P. Omar Joaquín Barreto Suarez.
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Índice 0001 de Samai.
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Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Víctor Julio Usme Perea magistrado de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Rad: 11001-03-28-000-2025-00123-00
hojas de vida (22 mujeres y 59 hombres), para suplir la vacancia del magistrado Fernando Castillo
Cadena, dentro de los que se encuentra el demandado.
d) El 14 de febrero de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura conformó la lista de
preseleccionados en la que se incluyeron 51 aspirantes, 15 mujeres y 36 hombres.
e) En el referido trámite de elección, el 13 de marzo de 2024, el Consejo Superior de la
Judicatura elaboró un listado de diez elegibles que se formuló ante la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia, a través del Acuerdo PCSJA24-12155, destinado a proveer un cargo de
magistrado en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y se integró con 10
candidatos, compuestos por 3 mujeres y 7 hombres.
f) Mediante el Acuerdo 2596 del 22 de mayo de 2025 se nombró en propiedad a Víctor Julio Usme
Perea como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en
reemplazo del doctor Fernando Castillo Cadena, acto que fue confirmado en la sesión del 28 de
mayo de 2025, radicado 110010230000202500504-00.
55. De conformidad con lo anterior se evidencia que la convocatoria se realizó el 12 de
noviembre de 2023 y la lista de candidatos o aspirantes se concretó mediante el Acuerdo
PCSJA24-12155 del 13 de marzo de 2024 por lo que no le era aplicable el artículo 53B de
la LEAJ 270/96, adicionado por el artículo 20 de la Ley 2430 de 2024, ni las consideraciones
de la sentencia C-134/23, toda vez que la citada ley estatutaria entró a regir el 9 de octubre
de 2024, fecha posterior al momento de la elaboración de la lista y elección de magistrado
de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, así lo ha sostenido esta Sala
Electoral34:
(…) lo primero señalar que, al proceso de conformación de la lista de candidatos o aspirantes que
se concretó mediante el Acuerdo PCSJA24-12154 del de 2024, no le era aplicable el artículo 53B
de la LEAJ 270/96, adicionado por el artículo 20 de la Ley 2430 de 2024, ni las consideraciones
de la sentencia C-134/23.
94.Al respecto, es preciso señalar que dicha modificación estatutaria entró en vigor el 9 de octubre
de 2024, fecha para la cual la lista de elegibles ya había sido conformada el 13 de marzo de 2024,
y aún no se había publicado la sentencia previamente mencionada, cuya divulgación oficial ocurrió
el 28 de mayo de 2024.
95.En consecuencia, no era jurídicamente viable aplicar retroactivamente la reforma estatutaria
introducida por la Ley 2430 de 2024, pues el principio de irretroactividad de la ley impide que
normas posteriores alteren o modifiquen los efectos de actos perfeccionados bajo un régimen
previo, especialmente cuando de ello depende la protección de la seguridad jurídica y la confianza
legítima de los participantes en el proceso de selección.
96.En lo atinente al postulado de la irretroactividad, esta Sala de lo Electoral ha precisado que,
para resolver conflictos derivados del tránsito legislativo, debe aplicarse la regla general prevista
desde la Ley 153 de 1887 , según la cual la norma nueva rige hacia el futuro, esto es, únicamente
para hechos ocurridos desde su expedición y hasta su derogación. Sólo de manera excepcional
las leyes pueden producir efectos retroactivos .
97.A su vez, ha manifestado que dicho principio adquiere especial relevancia en asuntos que
implican la limitación del derecho fundamental de elegir y ser elegido, consagrado en el artículo
40 de la Constitución . Por ello, la interpretación de las normas aplicables debe ser estricta, de
manera que se evite cualquier extensión analógica o aplicación de disposiciones semejantes,
pues, de lo contrario, se comprometería la vigencia de garantías constitucionales esenciales y se
afectaría la seguridad jurídica.
98.Desde otra arista, no pierde de vista la Sala que la disposición contenida en el artículo 53B de
la LEAJ 270/96 se encontraba vigente al momento en que se surtió la elección del demandado,
34
Consejo de Estado Sección Quinta sentencia del 22 de enero de 2026 radicado: 11001-03-28-000-2025-00126-00 M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil y sentencia del 22 de enero de 2026 radicado: 11001-03-28-000-2025-00124-00, M.P. Omar Joaquín Barreto Suarez.
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Demandado: Víctor Julio Usme Perea magistrado de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Rad: 11001-03-28-000-2025-00123-00
tal como lo refiere el accionante.
99.Ello, en tanto, la Ley 2430 de 2024, que adicionó dicha norma, fue promulgada en el Diario
Oficial 52.904 el 9 de octubre de esa anualidad, esto es, con anterioridad a la adopción del
Acuerdo 2605 del 5 de junio de 2025, que designó a Juan Carlos Sosa Londoño como magistrado
de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.
100.No obstante, la Sala observa que, aunque el artículo 53B de la LEAJ 270 de 1996 se
encontraba vigente al momento de la elección, no era aplicable al proceso eleccionario
cuestionado, conforme se explicó con anterioridad al acudir al principio de irretroactividad.(…)
56. Lo anterior permite colegir que si bien los efectos de la sentencia C-134/23 se
proyectaron a partir de su publicación (28 de mayo de 2024), momento en el que aún no se
había surtido la elección (22 de mayo de 2025), el criterio allí fijado no resulta aplicable al
proceso de elección cuestionado.
57. Precisado lo anterior, corresponde determinar el régimen normativo aplicable al proceso
de elaboración de la lista y de elección del magistrado de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, para lo cual se encuentra plenamente acreditado que dicho
trámite se rigió por el Acto Legislativo 02 de 2015 y los artículos 1535, 5336, 85 numeral 1037
y 13038 de la LEAJ 270/96, así como por el Acuerdo PSAA16-10553 de 2016, por ser el
vigente al momento de iniciar la actuación.
58. Al ser ese el marco normativo aplicable, sus disposiciones adquirieron fuerza vinculante
para las partes. En tal sentido, la convocatoria y las reglas que la integran obligan tanto a las
autoridades encargadas del proceso de selección como a los participantes, quienes deben
sujetarse de manera estricta a las etapas, condiciones y parámetros previamente fijados,
como garantía de los principios de debido proceso, igualdad, publicidad y transparencia que
rigen el acceso a los cargos públicos.
59. En consecuencia, una vez consolidada la situación jurídica bajo dicho régimen, ninguna
de las partes podía apartarse de sus disposiciones ni pretender la aplicación retroactiva de
normas posteriores, pues las reglas del proceso de selección delimitan la actuación de la
autoridad competente y generan deberes correlativos para los aspirantes.
60. Precisado este tópico, corresponde a la Sala Electoral determinar si el acto de elección
demandado se ajustó a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, Acuerdo
PSAA16-10553 de 2016 y en armonía con el artículo 6.º de la Ley 581 de 2000.
35
«ARTÍCULO 15. La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y está integrada por veintitrés (23)
magistrados, elegidos por la misma corporación para períodos individuales de ocho años, de listas superiores a cinco (5) candidatos que
reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura […]».
36
«ARTÍCULO 53. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado proveer las vacantes que se presenten en la
respectiva Corporación, de listas superiores a cinco (5) candidatos, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. Estos Magistrados no son reelegibles y tomarán posesión ante el Presidente de la República.
Con el objeto de elaborar las listas a que se refiere este artículo, el Consejo Superior de la Judicatura invitará a todos los abogados que
reúnan los requisitos y que aspiren a ser Magistrados, para que presenten su hoja de vida y acrediten las calidades mínimas requeridas.
Al definir la lista, el Consejo Superior de la Judicatura deberá indicar y explicar las razones por las cuales se incluyen los nombres de los
aspirantes que aparecen en ella. […]»
37
«ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:.[…]
10. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado listas superiores a cinco candidatos para proveer las vacantes de
Magistrados que se presenten en estas Corporaciones. […]».
38
«ARTÍCULO 130. Son de período individual los cargos de Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de Fiscal General de la Nación y de director ejecutivo de Administración Judicial.
Los funcionarios a que se refieren los incisos anteriores permanecerán en sus cargos durante todo el período salvo que antes de su
vencimiento intervenga sanción disciplinaria de destitución por mala conducta o lleguen a la edad de retiro forzoso. Es obligación de cada
funcionario y del Presidente de la Corporación, informar con seis meses de anticipación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura de la fecha en que se producirá el vencimiento de su período, con el objeto de que se proceda a elaborar la lista de candidatos
que deba reemplazarlo […]».
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2.4.2. Marco normativo aplicable a la conformación de lista y elección de magistrados
de la Corte Suprema de Justicia.
61. Tal como lo señaló esta Sección39 en asuntos similares contornos, respecto de la
aplicación material del artículo 53 de la Ley 270 de 1996 destacó que:
(…) 118.En primer lugar, aunque la Ley 581 de 2000 y la LEAJ 270/96 son normas estatutarias,
en el procedimiento de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia prevalece el
artículo 53 original de esta última, por ser la regulación especial aplicable.
119.Dicho artículo definía los aspectos sustanciales de la conformación de listas de candidatos,
la competencia del CSJ, la integración mínima de cinco aspirantes, la verificación de requisitos y
la prohibición de reelección, para posteriormente remitir la lista a la corporación encargada de la
elección.
120.Por su parte, la Ley 581 de 2000 fija reglas generales sobre participación de la mujer en
cargos públicos, pero no contempla parámetros específicos para la elección de magistrados. Por
ello, su aplicación debe armonizarse con el artículo 53, sin desbordar lo previsto por el legislador
estatutario.
121.En segundo lugar, aunque los artículos 2.º y 4.º del Acuerdo PSAA16 10553 incorporaron el
criterio de equidad de género y remitieron a la Ley 581 de 2000, esta Sala ha precisado que dicho
reglamento tiene un carácter meramente instrumental, pues se limitó a desarrollar técnicamente
el procedimiento establecido por el artículo 53 de la LEAJ 270/96, en su versión original. En
consecuencia, no creó obligaciones sustantivas adicionales, ni puede interpretarse con un alcance
superior al de la norma estatutaria.
62. A partir de lo anterior, se deberá determinar si la lista elaborada por el Consejo Superior
de la Judicatura respetó el principio de equidad de género previsto en el literal d) del artículo
2.º del Acuerdo PSAA16-10553.
63. Tal como se desprende de las pruebas aportadas al proceso se advierte que la autoridad
nominadora garantizó la participación femenina en todas las etapas del proceso de
selección. Desde la inscripción hasta la conformación de la lista definitiva se incluyeron
candidatas, entre ellas, Diana del Pilar Colorado Acevedo, Lucero Santamaria Grimaldo y
Carolina Zuluaga Herreño, quienes avanzaron a la fase final.
64. Ahora bien, el hecho de que la lista remitida incluyera 3 mujeres demuestra que aún bajo
el marco normativo del artículo 53 de la Ley 270 de 1996, se cumplió la finalidad
constitucional de promover la participación femenina en cargos públicos, garantizando
condiciones de igualdad material durante la selección.
65. En relación con el alcance de los artículos 2.º y el 4.º (literal c) del Acuerdo PSA16-10553
de 2016, en concordancia con el artículo 6.º de la Ley 581 de 2000, esta Sala Electoral40
precisó que:
(…) si bien dicho acto administrativo incorporó la equidad de género como uno de los principios
rectores de la convocatoria pública, y señaló que esta debía asegurar la observancia del principio
de paridad en la participación de las mujeres dentro de las listas, entre otros41; dicha consagración
tuvo un carácter meramente enunciativo, en la medida en que el acto reglamentario no desarrolló
39
Consejo de Estado Sección Quinta sentencia del 22 de enero de 2026 radicado: 11001-03-28-000-2025-00126-00 M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil y sentencia del 22 de enero de 2026 radicado: 11001-03-28-000-2025-00124-00, M.P. Omar Joaquín Barreto Suarez.
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Consejo de Estado Sección Quinta sentencia del 22 de enero de 2026 radicado: 11001-03-28-000-2025-00126-00 M.P. Pedro Pablo
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Los de alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro de las listas.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Víctor Julio Usme Perea magistrado de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Rad: 11001-03-28-000-2025-00123-00
normativamente su alcance ni precisó un criterio concreto de aplicación, particularmente en lo
relativo a la conformación de las listas de aspirantes.
128.En efecto, el artículo 2.º del Acuerdo únicamente incorpora la paridad de género como
principio orientador de la convocatoria; sin embargo, no define un estándar verificable para su
aplicación, ni lo establece como criterio de selección. Por el contrario, dicho desarrollo sí fue
establecido posteriormente por la Ley 2430 de 2024 tras la declaratoria de constitucionalidad de
la sentencia C 134/23. No obstante, como se explicó anteriormente, esta normativa y la
jurisprudencia no resultan aplicable al proceso de selección aquí analizado.
129. A su turno, el artículo 4 no establece una regla autónoma ni específica, sino que remite de
manera expresa al artículo 6.º de la Ley 581 de 2000, específicamente a su enunciado relativo a
la inclusión de «hombres y mujeres en igual proporción».
130. Esta remisión normativa pone de presente que el CSJ no fijó directamente una noción de
paridad, sino que, cuando aterrizó los criterios de selección, optó por remitirse al marco legal
existente, sin efectuar una concreción reglamentaria de aquel concepto.
131. En ese orden, la Sala advierte que, de la remisión legislativa por sí sola, no puede derivarse
de forma inequívoca que la noción de «igual proporción» sea equivalente al concepto de paridad.
132. Así, la ausencia de una definición expresa dentro del Acuerdo impide concluir que el
reglamento hubiera establecido de manera clara y directa la paridad como un criterio de selección,
lo que conduce a entender que el mandato de equidad de género quedó formulado como un
axioma carente de precisión normativa suficiente para imponer, por sí solo, una distribución en tal
sentido en la conformación de las listas.
66. En ese orden, la Sala observa que, de conformidad con el principio de aplicación
temporal de la ley, el criterio de selección que se predica de la convocatoria era el previsto
en el artículo 6.º de la Ley 581 de 2000, lo que impone analizar el alcance del mandato según
el cual, para la provisión de cargos mediante el sistema de listas, quien las elabore deberá
incluir hombres y mujeres en igual proporción.
67. Este asunto fue analizado por la Sección42 al estudiar los conceptos de «paridad» y
«proporción» con el fin de encontrar el significado propio de las palabras y poder determinar
cómo se aplica lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 581 de 2000, al respecto, se indicó:
135.Frente a ello, será necesario acudir a la interpretación gramatical a efectos de determinar el
sentido de la norma a partir del significado propio de las palabras y, para ello, se recurrirá al
diccionario de la Real Academia Española con el objeto de precisar el uso común, técnico o
semántico de ambos términos, así:
Paridad Proporción
«Disposición, conformidad o correspondencia
«Igualdad de las cosas entre sí». debida de las partes de una cosa con el todo o entre
cosas relacionadas entre sí».
136.Conforme lo anterior, en sentido estricto, la paridad supone una distribución simétrica y exacta
entre dos grupos, generalmente expresada en una regla aritmética 50/50, lo cual implica una
obligación cuantitativa rígida y plenamente verificable.
137.En contraste, la expresión proporción remite a un estándar más flexible, que no exige una
división matemática exacta, sino una relación equilibrada y razonable entre los grupos, susceptible
de variar según las condiciones del contexto.
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138.Desde esta perspectiva semántica, igual proporción puede significar ausencia de exclusión,
participación comparable o equilibrio razonable, sin imponer, como sí lo hace la paridad, un
resultado numérico idéntico.
139.Esta diferencia conceptual cobra relevancia al advertir que, mientras la paridad constituye un
mandato concreto de selección introducido por la reforma estatutaria (Ley 2430 de 2024); la
exigencia de igual proporción prevista en la Ley 581 de 2000 mantiene un grado de
indeterminación normativa que impide equiparar automáticamente ambos conceptos. (…)
144.Así, es plausible precisar que la expresión «igual proporción entre hombres y mujeres», en
este caso particular, no comporta una exigencia de paridad matemática estricta, sino que debe
entenderse desde una perspectiva flexible, cuyo alcance se determina a partir del total verificable
de aspirantes al cargo ofertado.
145.En este sentido, la proporcionalidad exige garantizar una participación equilibrada y no
excluyente, de manera que la presencia de mujeres resulte razonablemente comparable frente al
universo de aspirantes en cada etapa del proceso de selección.
146.Bajo esta óptica, la expresión igual proporción alude a una relación equilibrada y
objetivamente justificada entre mujeres y hombres, cuya verificación depende de las condiciones
reales del procedimiento y no de una distribución matemática rígida.
147.A partir de dicho escenario, la Sala advierte que aquella noción no se agota en un ejercicio
aritmético estricto y determinado, sino que su materialización exige verificar el cumplimiento de
tres estándares mínimos que orientan la efectividad del mandato reglamentario de
proporcionalidad. Estos son:
•La ausencia de exclusión, esto es, que no se omita injustificadamente la inclusión de mujeres en
cada de una de las fases del proceso, en particular en la lista definitiva;
•La participación comparable, entendida como una presencia femenina que guarde
correspondencia razonable con el universo de inscritos, preseleccionados y elegibles; y
•Un equilibrio razonable, que permita constatar que la distribución entre hombres y mujeres
responde a los fines de la acción afirmativa, sin imponer un resultado matemático específico. (…)
68. Al respecto esta Sección43 ha señalado que:
(…) la paridad de género debe partir del establecimiento de mecanismos efectivos que conlleven
a que, desde la convocatoria se fijen reglas claras en ese sentido, por ejemplo, para que los
procesos de elección dejen de girar exclusivamente al “género masculino”, pues de esta manera
se puede garantizar materialmente el cumplimiento de este importante principio en pro de la
representación paritaria en un alto tribunal, sin afectar la confianza legítima de quienes participan
en dichos trámites electorales.
69. De conformidad con lo anterior, la Sala procede a verificar si, en el caso concreto, la
distribución entre hombres y mujeres observó un equilibrio razonable en cada una de las
etapas del proceso.
70. Para ello, se advierte que en la fase de inscripción se presentaron 81 aspirantes,44 de
los cuales 22 correspondían a mujeres (27,16 %) y 59 a hombres (72,84 %). En la etapa de
preselección, el universo se redujo a 51 personas, integrado por 15 mujeres (29,41 %) y 36
hombres (70,59 %). Finalmente, en la lista definitiva de elegibles se incluyeron 10
candidatos, de los cuales 3 eran mujeres (30 %) y 7 hombres (70 %)45, lo que evidencia un
incremento proporcional de la participación femenina frente al conjunto inicial.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de junio de 2025. Rad. 11001-03-28-000-
2025-00005-00. MP. Gloria María Gómez Montoya.
44
Para las dos listas de la Sala Laboral.
45
Para efectos de verificar la razonabilidad de la proporción de género en cada etapa del procedimiento, la Sala aplicó una regla de tres
22 59
simple sobre el universo correspondiente. Así, Fase de inscripción: Mujeres: × 100 = 27,16 %; Hombres: × 100 = 72,84%.
81 81
15 36 3 7
Preselección: Mujeres: × 100 = 29,4%; Hombres × 100 = 70,59%. Lista definitiva: Mujeres: × 100 = 30%;Hombres: × 100 = 70%.
51 51 10 10
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Rad: 11001-03-28-000-2025-00123-00
71. A partir del análisis de las cifras, la Sala advierte que los resultados guardan una relación
razonable con el universo de aspirantes previamente definido, lo que permite concluir que
en el proceso de selección cuestionado no existió exclusión, sino una participación femenina
que aumentó de forma progresiva y que estuvo debidamente justificada según la
disponibilidad real de candidatas en cada etapa del procedimiento.
72. Adicionalmente, la Sala advierte que la participación femenina alcanzada en el proceso
de conformación de la lista de elegibles objetos de control, equivalente al 30%, previsto en
el artículo 4.º de la Ley 581 de 200046, evidencia que el trámite respetó y garantizó de
manera efectiva la inclusión de mujeres en condiciones de igualdad.
73. En efecto, conforme lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-371 de 2000,
criterio que comparte esta Sala Electoral, dicha cuota constituye una acción afirmativa de
carácter obligatorio, consistente en una reserva mínima del 30 % de participación femenina,
destinada a corregir la histórica subrepresentación de las mujeres en los espacios decisorios
del Estado.
74. Bajo estos parámetros, la participación femenina registrada en el caso concreto no solo
satisface la exigencia legal vigente para la época, sino que cumple la finalidad constitucional
de asegurar una presencia real, efectiva y razonable de mujeres en los procesos de
selección para la integración de las Altas Cortes, la cual se encuentra acreditada no solo en
la conformación de la lista sino también en el proceso de elección, en tanto tal como se
desarrolló la Ley 581 de 2000 se debe garantizar la participación femenina y sin que en el
proceso de elección se deba elegir inexorablemente una mujer.
75. Así fue reiterado por esta Sección47 al señalar:
(…) La Corte Constitucional48, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta disposición,
consideró que es razonable y proporcionada, pues encuentra fundamento en los artículos 1, 2,
13, 40 y 43 de la Constitución.
68. Además, sostuvo que, aunque se trata de un mecanismo que no garantiza por sí mismo la
elección de mujeres, la experiencia comparada demuestra que, acompañado de un compromiso
serio por parte de las autoridades nominadoras, contribuye a incrementar su participación en
espacios de poder. Por ello, concluyó que no puede calificarse como un simple requisito formal,
sino como una herramienta que, en armonía con los principios constitucionales, busca materializar
la igualdad real.
76. Asimismo reiteró que en el proceso de elección la paridad de género es gradual y
paulatina, al respecto esta Sección precisó: «[…] que la paridad de género debe partir del
establecimiento de mecanismos efectivos que conlleven a que, desde la convocatoria se fijen reglas
claras en ese sentido, por ejemplo, para que los procesos de elección dejen de girar exclusivamente
al “género masculino”, pues de esta manera se puede garantizar materialmente el cumplimiento de
este importante principio en pro de la representación paritaria en un alto tribunal, sin afectar la
confianza legítima de quienes participan en dichos trámites electorales»
77. Con base en lo anterior, encuentra esta Sala Electoral que el cargo formulado por la
parte actora respecto al incumplimiento de la cuota de género en la conformación de la lista
46
Cabe precisar que el artículo 4.º de la Ley 581 de 2000, cuya versión original establecía una cuota mínima del 30 % de participación de
mujeres en los niveles decisorios del Estado, fue modificado por el artículo 1.º de la Ley 2424 del 6 de septiembre de 2024, elevando dicha
cuota al 50 %, tanto para los cargos del máximo nivel decisorio como para los demás niveles contemplados en la ley.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de junio de 2025. Rad. 11001-03-28-000-
2025-00005-00. MP. Gloria María Gómez Montoya.
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Sentencia C-371 de 29 de marzo de 2000
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Rad: 11001-03-28-000-2025-00123-00
y elección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral no está
llamado a prosperar.
2.4.3. Desconocimiento del criterio de equilibrio señalado en el inciso 2.º del artículo
231 de la Constitución Política y en el artículo 53B de la Ley 270 de 1996.
78. Sostiene la parte actora que no se atendió lo dispuesto en los artículos 231 inc. 2. °
Superior y el 53B de la Ley 270 de 1996, que contemplan que en la integración de la lista de
aspirantes debe respetarse un equilibro entre quienes provienen de la academia, la rama
judicial y el ejercicio profesional. Lo dicho, por cuanto los magistrados que conforman la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su mayoría son de la rama judicial.
79. Frente a ello, sea lo primero señalar que el accionante no cuestiona la lista presentada
conforme el artículo 5.º del Acuerdo PSAA16-10553, en tanto, como lo esgrimió, el listado
que integró el CSJ estuvo conformado mayoritariamente por candidatos provenientes de la
ejercicio profesional como se evidencia a continuación.
80. Por ello el análisis se centrará exclusivamente en la elección, tal como se indicó en el
marco normativo al proceso de elección, al respecto esta Sala Electoral49 ha señalado que:
162.Ahora bien, no se pierde de vista que el inciso segundo del artículo 231 de la Constitución
Política señaló que en el conjunto de procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema
de Justicia se debía atender el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio
profesional, de la Rama Judicial y de la academia.
163.A su vez, no se desconoce que el artículo 5.º del Acuerdo PSAA16 10553 de 2016 establece
un parámetro de equilibrio en las listas, garantizando la participación proporcional de aspirantes
provenientes de la Rama Judicial, la academia y el ejercicio profesional.
164.No obstante, a diferencia de lo previsto en el artículo 5.º del Acuerdo PSAA16 10553 de 2016,
que estableció que la lista de elegibles debía integrarse con tres candidatos provenientes de uno
de los sectores mencionados, tres de otro y cuatro del restante, lo cierto es que el marco normativo
aplicable al proceso de convocatoria no contempló disposición alguna que precisara la forma en
que dicho criterio debía aplicarse al momento de la elección. (…)
167.Por tal razón, imponer tal parámetro como lo pretende el demandante, vulneraría el principio
de legalidad, la autonomía funcional y discrecionalidad de las Altas Cortes, reconocida
constitucionalmente, además de afectar la seguridad jurídica y la confianza legítima de los
aspirantes que participaron bajo reglas anteriores.
81. Situación que fue reiterada por esta Sección50 al señalar que: «si bien el inciso segundo
del artículo 231 de la Constitución Política y el mencionado Acuerdo consagran el principio
de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la
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Consejo de Estado Sección Quinta sentencia del 22 de enero de 2026 radicado: 11001-03-28-000-2025-00126-00 M.P. Pedro Pablo
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academia, lo cierto es que ambas disposiciones no establecen parámetros concretos ni
mecanismos obligatorios para su implementación en la fase de elección».
82. En ese contexto, al no encontrarse cuestionada la conformación de la lista remitida por
el Consejo Superior de la Judicatura conforme al artículo 5.º del Acuerdo PSAA16 10553 de
2016, el debate se circunscribe exclusivamente a la fase de elección. Para ese efecto, el
reglamento de la Corte Suprema de Justicia dispone que dicha elección debe estar
precedida del estudio previo de las hojas de vida de los integrantes de la lista enviada por el
Consejo Superior de la Judicatura, el cual debe ser adelantado por la Sala de Casación a la
que corresponda la vacante por proveer, en los términos de los artículos 231 de la
Constitución Política y 53 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de
1996.
83. En consecuencia, la Sala Plena, al ejercer su función electoral, no estaba jurídicamente
compelida a aplicar parámetros adicionales de equilibrio sectorial en esta etapa, sino a
verificar, a partir del examen de las hojas de vida, la idoneidad de los candidatos incluidos
en la lista, dentro del marco de autonomía y discrecionalidad que rige su competencia
constitucional.
2.5 Conclusión
84. De conformidad con lo expuesto esta Sala Electoral concluye que: i) la lista elaborada
en marzo de 2024 se ajustó a las reglas vigentes en ese momento, por lo que no era exigible
la aplicación de la Ley 2430 de 2024 ni de los condicionamientos fijados por la Sentencia C-
134/23; ii) en el proceso de selección demandado se respetó el criterio de género, al
evidenciarse una participación femenina creciente y objetivamente justificada, y iii) el
equilibrio profesional fue entendido como un parámetro meramente orientador, sin fuerza
vinculante en la fase de elección, por lo que su desconocimiento no configura irregularidad
alguna que afecte la validez del acto.
Por lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección del
señor Víctor Julio Usme Perea como magistrado de la Corte Suprema de Justicia - Sala de
Casación Laboral, contenido en el Acuerdo 2596 del 22 de mayo de 2025, conforme las
consideraciones de la presente decisión.
SEGUNDO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
19
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