Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00124-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00124-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00124-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
22 de enero de 2026
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Juan Carlos Espeleta Sánchez, magistrado
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00124-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00124-00
Demandante: SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ MANCIPE
Demandado: JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ, MAGISTRADO DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN LABORAL
Temas: Paridad y equidad de género. Trámite de elección de magistrados de
alta corte.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia en el proceso de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La Demanda
1. El señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, en ejercicio del medio de control consagrado
en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1, presentó demanda2 de nulidad electoral contra el Acuerdo 2597 del 22 de
mayo de 2025, por medio del cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia nombró en
propiedad al doctor Juan Carlos Espeleta Sánchez como magistrado de la Sala de Casación
Laboral de esa Corporación, así como contra el acto posterior que lo confirmó.
1.2. Pretensiones
2. El accionante solicitó la anulación de los siguientes actos:
2.1. El Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de marzo de 2024, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura (CSJ), mediante el cual se conformó la lista de candidatos para proveer un
cargo en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
2.2. El Acuerdo 2597 del 22 de mayo de 2025, por el cual la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia nombró al doctor Juan Carlos Espeleta Sánchez como magistrado de la Sala de
Casación Laboral.
2.3. El acto de confirmación del nombramiento, adoptado el 5 de junio de 2025 dentro de la
radicación 11001-02-30-000-2025-00527-00.
1 En adelante CPACA.
2 La demanda fue presentada el 7 de julio de 2025, como da cuenta el índice 00003 de SAMAI.
1
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Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Juan Carlos Espeleta Sánchez, magistrado
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00124-00
2.4. En consecuencia, pidió que se disponga la modulación de los efectos de la sentencia,
para que el Consejo Superior de la Judicatura elabore una nueva lista y, con fundamento en
ella, se realice nuevamente el proceso de elección3.
1.3. Hechos
3. Como fundamento de las súplicas, se relataron los siguientes:
4. El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PSAA16-10553 del 4 de agosto
de 2016, mediante el cual reglamentó la convocatoria pública orientada a conformar las listas
de aspirantes a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
5. El demandante señaló que dicho instrumento fue examinado por la Sección Quinta en
sentencia del 7 de marzo de 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-00104-00 4 ,
providencia que mantuvo su validez frente a los cargos analizados.
6. En aplicación de esa normativa, el Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo
PCSJA24-12156 del 13 de marzo de 2024, mediante el cual remitió la lista de aspirantes
para proveer una vacante en la Sala de Casación Laboral, originada por la salida del doctor
Gerardo Botero Zuluaga. El listado se integró por diez personas, conformado por tres
mujeres y siete hombres, entre estos últimos el demandado5.
7. El 22 de mayo de 2025, la corporación judicial encargada de la elección designó a Juan
Carlos Espeleta Sánchez como magistrado en propiedad de la Sala mencionada, mediante
el Acuerdo 2597 de 2025.
8. Posteriormente, el elegido solicitó la confirmación de su nombramiento dentro de la
radicación 11001-02-30-000-2025-00527-00, trámite que fue resuelto favorablemente el 5
de junio de 2025, fecha en la que se expidió el acto correspondiente.
1.4. Normas violadas y concepto de la violación
9. El demandante sostiene que el acto de elección y su confirmación se encuentran viciados
por la causal prevista en los artículos 137 y 275 del CPACA, al haberse expedido con
infracción de las normas que debían sustentarse. Para explicar el alcance de esta
transgresión, expone dos yerros que sucedieron en el procedimiento electoral: (i) la
irregularidad del acto preparatorio, esto es, la lista remitida por el Consejo Superior de la
Judicatura; y (ii) la infracción atribuida a los actos definitivos de elección y confirmación por
parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
10. A continuación, se sintetizan los fundamentos que sustentan ambos reproches.
3 El demandante pidió que, de prosperar las pretensiones, se modulen los efectos de la sentencia para ordenar
la elaboración de una nueva lista conforme a los criterios de paridad del Acuerdo PSAA16-10553 y de la
Sentencia C-134 de 2023, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado que
autoriza la modulación cuando no existe regla para restablecer la actuación anulada (Rad. 11001-03-28-000-
2019-00059-00, Sent. 4 nov. 2021; Rad. 11001-03-28-000-2021-00048-00, Sent. 3 feb. 2022).
4 Con ponencia de Rocío Araujo Oñate.
5 El listado estuvo integrado por María Isabel Arango Secker, Ana Mercedes del Rosario Becerra Morán,
Alejandro Miguel Castellanos López, Juan Carlos Espeleta Sánchez, Carlos Mario Giraldo Botero, Mónica
Teresa Hidalgo Oviedo, Jorge Eliécer Manrique Villanueva, Diego Fernando Salas Rondón, Manuel Eduardo
Serrano Baquero y Jesús Armando Zamora Suárez.
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Demandado: Juan Carlos Espeleta Sánchez, magistrado
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00124-00
1.4.1. Cargo referido al acto de trámite
11. Para el demandante, el Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de marzo de 2024, dictado por
el Consejo Superior de la Judicatura que contiene la lista de candidatos elegibles para
proveer la vacante del magistrado Gerardo Botero Zuluaga, desconoció abiertamente los
principios de paridad, alternancia y universalidad previstos en su propio marco
reglamentario, lo cual vicia de nulidad el acto definitivo de elección.
12. Expuso que dicha lista, compuesta por diez aspirantes, incluyó únicamente tres mujeres.
A juicio del actor, ese déficit contradice el literal d) del artículo 2 del Acuerdo PSAA16-10553
de 2016, el cual ordena que las convocatorias deben asegurar la aplicación de los principios
de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro de las listas
destinadas a integrarse a las altas cortes.
13. De igual forma, refirió el literal c) del artículo 4 del Acuerdo PSAA16-10553 de 2016
remite de manera expresa al artículo 6 de la Ley 581 de 2000, que asigna a quien elabora la
lista la obligación de incluir hombres y mujeres «en igual proporción». A juicio del
demandante, ese mandato corresponde a una regla objetiva cuyo incumplimiento transforma
la lista en una actuación irregular que compromete la validez del acto.
14. Desarrolló una interpretación sistemática del artículo 231 constitucional, en armonía con
el artículo 6 de la Ley 581 de 2000 y, concluyó que, por tratarse de listas enviadas a la Corte
Suprema de Justicia y al Consejo de Estado para facilitar la cooptación, la igualdad de
proporción implica conformarlas con cinco hombres y cinco mujeres. Según su
planteamiento, el Consejo Superior de la Judicatura se sometió voluntariamente a ese
estándar al expedir el Acuerdo PSAA16-10553 de 2016, por lo que su incumplimiento rompe
el marco regulatorio que definió para la convocatoria.
15. Sostuvo que la igualdad de género en niveles decisorios de la administración pública
exige garantizar la participación real y efectiva de las mujeres en todas las etapas del
procedimiento electoral de magistrados, no solo en la composición formal de la lista. Por ello,
considera que el déficit de ese género en la misma impartió un sesgo estructural previo que
redujo las posibilidades de que una candidata accediera a la magistratura.
16. A partir de ese razonamiento, concluyó que el acto de trámite resultó irregular en virtud
de la falta de aplicación de las normas de carácter obligatorio que regulan la conformación
de la lista. Con sustento en la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado6,
esa infracción afecta la validez del acto definitivo, pues las irregularidades ocurridas en la
secuencia procedimental que culmina en una decisión de elección pueden alegarse dentro
de la demanda electoral dirigida contra esa determinación final.
17. Con base en lo anterior, solicitó declarar la nulidad del Acuerdo PCSJA24-12156 y, por
efecto reflejo, la del acto de elección y confirmación.
1.4.2. Reproche contra el acto definitivo
18. El demandante formuló un reproche directo contra el Acuerdo 2597 del 22 de mayo de
2025, por medio del cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al doctor Juan
6 «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de abril de 2018.
Radicación No. 11001-03-28-000-2018-00013-00. M.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio».
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Demandado: Juan Carlos Espeleta Sánchez, magistrado
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Carlos Espeleta Sánchez como magistrado de la Sala de Casación Laboral. El fundamento
del cargo se estructura en el desconocimiento de normas constitucionales (arts. 13, 16, 26,
40.7, 43, 209 y 231), estatutarias (arts. 53A y 53B de la Ley 270 de 1996, adicionados por la
Ley Estatutaria 2430 de 2024), legales (art. 2 de la Ley 581 de 2000) y convencionales
(CEDAW7, Recomendación General 40, Convención de Viena).
19. Expuso que la Ley Estatutaria 2430 de 2024 ya se encontraba vigente al momento de la
elección, pues fue sancionada y publicada en el Diario Oficial del 9 de octubre de 2024. Esa
norma adicionó el artículo 53B a la Ley 270 de 1996 e incorporó el principio de equidad de
género como criterio obligatorio en la conformación y elección de magistrados.
20. Destacó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-134 de 2023, declaró la
exequibilidad condicionada del artículo correspondiente, bajo el entendido de que:
21.1. El principio de equidad de género implica asegurar por lo menos la paridad entre
hombres y mujeres en la conformación de las corporaciones.
21.2. La equidad opera en dos etapas: a) listas y ternas paritarias y b) elección progresiva
hacia la paridad real.
21.3. El mérito no constituye el único criterio de selección; deben considerarse también
factores constitucionales como pluralismo, diversidad y equidad de género.
21.4. Las autoridades nominadoras deben garantizar una participación efectiva de las
mujeres desde un enfoque de igualdad material.
21. Razonó que ese tribunal constitucional construyó una regla clara: los principios de
equidad y paridad de género vinculan no solo al Consejo Superior de la Judicatura cuando
conforma listas, sino también a la corporación que elige.
22. Vinculó, además, el inciso final del artículo 40 de la Constitución Política, que en su
considerar, impone a las autoridades garantizar la participación adecuada y efectiva de la
mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Para sustentar la aplicabilidad
directa de esta disposición a la Corte Suprema de Justicia, desarrolla la concepción material
u objetiva de función administrativa, según la cual la naturaleza de un acto y no el órgano
que lo emite determina su carácter administrativo.
23. De otra parte, argumentó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obliga a los Estados a adoptar medidas
especiales de carácter temporal para asegurar la igualdad sustantiva de las mujeres (arts.
2, 3 y 4.1). En apoyo de esta tesis cita la Recomendación General 40 del Comité de esa
organización internacional, la cual define la representación igualitaria e inclusiva en los
órganos de decisión como paridad total.
24. En vista de lo anterior, precisó que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
incumplió el deber de promover la progresiva paridad en su conformación. Señaló que, al
momento de la elección objeto de estudio, esa Corporación enfrentaba varias vacantes
simultáneas y que, de las cuatro registradas, tres ya habían sido provistas con hombres
(Usme Perea, Sosa Londoño y Urbano Martínez).
7 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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25. Para el demandante, ese contexto evidencia la persistencia de un patrón histórico de
subrepresentación femenina en la Corte Suprema de Justicia, mencionada en la sentencia
C-134 de 2023 como un «techo de cristal» que dificulta el acceso de las mujeres a posiciones
de máxima jerarquía en la rama judicial.
26. Rechazó la tesis según la cual la Corte Suprema de Justicia solo debe atender el mérito
dentro de la lista de diez. Afirma que: (i) existen mujeres con perfiles altamente calificados;
(ii) las medidas de equidad y paridad no se agotan en la etapa de selección de candidato y
(iii) la interpretación que excluye a la corporación votante de esa obligación desconoce el
precedente constitucional.
27. Con base en estos elementos, concluyó que la Corte Suprema de Justicia tenía la
obligación de adoptar una decisión que favoreciera la progresiva paridad. Sin embargo, optó
por designar nuevamente a un hombre, con lo que se consolidó un desequilibrio estructural.
28. A su turno, trajo a colación una sentencia del 26 de junio de 20258 que analizó un asunto
semejante. Sin embargo, señala que las circunstancias difieren: en ese proceso la lista
enviada por el Consejo Superior de la Judicatura sí cumplía la paridad, aspecto que, según
afirma, no ocurre en este caso. Con esa distinción busca justificar el cumplimiento de la carga
de transparencia y argumentación requerida cuando se solicita apartarse de precedente.
29. En criterio del demandante, el acto definitivo de elección y su confirmación vulneraron
normas constitucionales, estatutarias y convencionales de obligatorio cumplimiento. La
omisión en adoptar decisiones que promovieran la paridad o participación equilibrada de
mujeres y hombres configuró una infracción directa del ordenamiento superior y del
precedente constitucional fijado en la sentencia C-134 de 2023. Pidió, por tanto, declarar la
nulidad del nombramiento y ordenar medidas para asegurar el cumplimiento efectivo del
principio de equidad de género en la integración futura de la Corte Suprema de Justicia.
1.5. Admisión de la demanda
30. Mediante proveído del 24 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la
demanda, dispuso la notificación del demandado, comunicó la actuación a las autoridades
que participaron en la expedición del acto acusado, dio traslado al Ministerio Público y
requirió a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura el envío de
los antecedentes administrativos relacionados con la elección cuestionada.
1.6. Contestaciones de la demanda
1.6.1. Demandado
31. A través de apoderada judicial,9 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de nulidad
electoral y solicitó mantener la validez del acto de elección. Señaló que esa decisión no
vulneró las normas invocadas, pues los reproches del demandante carecen de
correspondencia directa con la determinación definitiva y se dirigen, en realidad, contra la
actuación previa de conformación de la lista de aspirantes, la cual no define por sí misma la
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de junio de
2025. Radicación No. 11001-03-28-000-2025-00005-00. M.P.: Gloria María Gómez Montoya.
9 Abogada María Victoria Castaño Lemus.
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elección ni sustituye la competencia autónoma de la Corte Suprema de Justicia.
32. Afirmó que no resulta jurídicamente admisible trasladar eventuales irregularidades del
procedimiento al acto definitivo sin probar una incidencia directa, determinante y concreta en
la decisión final. En ese sentido, sostuvo que la demanda no logra estructurar la causal de
infracción normativa prevista en el CPACA, por ausencia de un nexo claro entre el acto
acusado y las disposiciones supuestamente desconocidas.
33. Indicó que ni el Acuerdo PSAA16-10553 de 2016 ni el artículo 6 de la Ley 581 de 2000
consagran una obligación absoluta de conformar listas estrictamente paritarias, sino criterios
orientadores que deben interpretarse de manera armónica con otros principios
constitucionales y con las particularidades del procedimiento, sin imponer reglas
matemáticas inflexibles que desconozcan la autonomía de las autoridades intervinientes.
34. Añadió que, en el caso concreto, no se acreditó el desconocimiento del principio de
equidad de género, pues la lista reflejó una participación femenina acorde con los
porcentajes de inscripción y preselección dentro de la convocatoria pública, sin que se
evidencie trato discriminatorio, exclusión injustificada ni omisión deliberada por parte del
Consejo Superior de la Judicatura o de la Corte Suprema de Justicia.
35. Sostuvo, además, que las disposiciones introducidas por la Ley Estatutaria 2430 de 2024
no resultaban aplicables al proceso controvertido, en la medida en que las etapas esenciales
de la selección se agotaron con anterioridad a su entrada en vigor. A su juicio, una aplicación
retroactiva de ese marco normativo vulneraría los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima.
36. Finalmente, manifestó que el procedimiento de convocatoria, selección y elección se
ajustó a la Constitución, a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y al reglamento
interno de la Corte Suprema de Justicia, y que el elegido acreditó los requisitos, la idoneidad
y la trayectoria exigidos para el cargo. Con base en lo anterior, solicitó negar las pretensiones
y conservar la presunción de legalidad del acto demandado.
1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura
37. El director de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, en calidad de apoderado de la Rama Judicial, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y solicitó mantener la validez de los actos demandados, al estimar que su
expedición se ajustó a la Constitución, a la ley y a los reglamentos aplicables.
38. En relación con el cargo de infracción de las normas en que debía fundarse el acto,
sostuvo que el Acuerdo PCSJA24-12156 fue expedido cuando aún no se encontraba vigente
la Ley 2430 de 2024, por lo que resultaba improcedente exigir la aplicación del artículo 53B
de la Ley 270 de 1996 o de los criterios derivados de la sentencia C-134 de 2023. En
consecuencia, negó que el Consejo Superior de la Judicatura hubiera desconocido
disposiciones superiores inexistentes para la fecha de expedición del acto.
39. Explicó que la conformación de las listas de elegibles se rige por múltiples criterios, entre
ellos el mérito, la probidad, la independencia, la idoneidad, la solvencia académica y
profesional, así como el equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, la Rama
Judicial y la academia. Afirmó que el género no constituye un precepto exclusivo ni
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excluyente, y que la normativa aplicable no impone una regla de paridad inexorable cuando
en la conformación de la lista concurren varias voluntades.
40. En este punto, resaltó que la jurisprudencia constitucional, en especial la sentencia C-
371 de 2000, condicionó la aplicación del artículo 6 de la Ley 581 de 2000, al señalar que la
inclusión paritaria no es obligatoria cuando intervienen distintas personas o entidades en la
postulación. Indicó que dicho entendimiento ha sido reiterado por la Sección Quinta del
Consejo de Estado 10 y resulta plenamente aplicable al sistema de listas elaborado por
órganos colegiados como el Consejo Superior de la Judicatura.
41. Asimismo, afirmó que no existe norma constitucional, legal o reglamentaria que obligue
a la Corte Suprema de Justicia a elegir a una mujer dentro de la lista remitida, ni que restrinja
su competencia para escoger a cualquiera de los diez elegibles. A su juicio, imponer tal
obligación vulneraría la autonomía de la Rama Judicial, el principio de cooptación y el
derecho a la igualdad de quienes participaron en condiciones equivalentes.
42. Desde la facultad para adelantar la actuación eleccionaria, defendió la autonomía
funcional y administrativa tanto del Consejo Superior de la Judicatura como de la Corte
Suprema de Justicia11. Señaló que cada uno actúa dentro de competencias diferenciadas,
con procedimientos propios, actos separables y momentos de firmeza distintos, por lo que
no todo eventual defecto del acto previo tiene la virtualidad de viciar el definitivo,
especialmente cuando el elegido actuó de buena fe y cumplía los requisitos constitucionales
y legales.
43. En cuanto a las excepciones de mérito, propuso, en primer lugar, la irretroactividad de
la Ley 2430 de 2024, al advertir que el proceso de convocatoria y la conformación de la lista
se surtieron bajo el régimen normativo anterior, por lo que resultaba inadmisible aplicar
normas posteriores o criterios interpretativos derivados de ellas en materia electoral.
44. En segundo lugar, alegó una defectuosa interpretación de la sentencia C-134 de 2023,
al precisar que dicho fallo se limitó al control previo de constitucionalidad del proyecto de ley
estatutaria y no modificó la regla jurisprudencial vigente sobre la Ley 581 de 2000 ni impuso
un mandato obligatorio e inmediato de paridad en la conformación de listas.
45. En tercer lugar, sostuvo que el principio de equidad de género no comporta un derecho
absoluto ni una obligación inexorable, pues su aplicación debe armonizarse con otros
principios constitucionales, sin derivar en exclusiones automáticas basadas únicamente en
el sexo del candidato.
46. Finalmente, defendió la presunción de legalidad de los Acuerdos PCSJA24-12156 de
2024 y 2597 de 2025, al afirmar que ambos fueron expedidos por autoridades competentes,
conforme a los procedimientos establecidos, con respeto de los principios de la función
administrativa y dentro del marco constitucional y legal vigente, razón por la cual solicitó
negar las pretensiones de la demanda.
1.7. Actuaciones procesales
10 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 7 de septiembre
de 2015, rad. núm. 11001-03-28-000-2014-00134-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; reiterada en
sentencia del 30 de mayo de 2019, rad. núm. 11001-03-28-000-2018-00608-00, C.P. Alberto Yepes B».
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 26 de junio de
2025, Rad.: 11001-03-28-000-2025-00005-00. M.P. Gloria María Gómez Montoya.
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47. Mediante auto del 7 de octubre de 2025, se dispuso continuar el trámite del proceso bajo
la modalidad de sentencia anticipada. En la misma providencia resolvió las excepciones
previas formuladas12, decidió sobre las pruebas solicitadas, ordenó el traslado para alegar
de conclusión a los sujetos procesales y fijó el litigio en los siguientes términos:
«31. Con base en los argumentos esbozados en la demanda y en las contestaciones, se debe
establecer si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección de Juan Carlos Espeleta
Sánchez, como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
contenido en el Acuerdo 2597 del 22 de mayo de 2025, proferido por esa corporación.
32. Para el efecto, se deberá determinar si el acto de elección demandado desconoció los
principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro de
la lista de aspirantes para ocupar la vacante de Gerardo Botero Zuluaga, como magistrado de
la Corte Suprema de Justicia, tanto en la primera fase del proceso eleccionario, que
corresponde a la elaboración de la lista (Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de marzo de 2024
como en la segunda etapa, atinente a la elección, por infracción en las normas en que debía
fundarse, esto es, por desconocimiento de los literales d) del artículo 2.º y c) del 4.º del Acuerdo
PSAA16-10553 del 4 de agosto de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, y
los artículos 13, 16, 26, 40.7, 43, 209 y 231 de la Constitución Política, 53B de la Ley 270 de
1996, adicionado por el artículo 20 de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, 2.º y 6.º de la Ley 581
de 2000.
33. Lo anterior, en la medida en que, según lo planteado en la demanda, de la lista de diez
candidatos elegibles formulada ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, destinada
a proveer un cargo de magistrado de la Sala de Casación Laboral, tuvieron participación solo
tres mujeres, situación que vulnera las normas en cita y desconoce los principios de paridad y
equidad de género, pues la lista debía estar conformada por hombres y mujeres en igual
proporción, que, para el caso, eran cinco y cinco de los dos géneros.
Así mismo deberá determinarse: (i) si las modificaciones introducidas por la Ley 2430 de 2024
a la Ley 270 de 1996, en particular con la inclusión del artículo 53B, resultan aplicables al caso
concreto, teniendo en cuenta que la lista se elaboró antes de su vigencia y la elección se
efectuó con posterioridad, y (ii) si la exigencia de paridad en las listas de elegibles reviste
carácter obligatorio o inexorable, especialmente cuando la lista es elaborada por un cuerpo
colegiado con varias voluntades, como el Consejo Superior de la Judicatura, conforme a la
interpretación del artículo 6.º de la Ley 581 de 2000, fijada por la Corte Constitucional y
reiterada por la Sección Quinta del Consejo de Estado».
48. El demandante interpuso recurso de reposición contra ese proveído al considerar que la
fijación del litigio debía incorporar de manera expresa el reproche por infracción de normas
convencionales relativas a la paridad y equidad de género.
49. Mediante auto del 4 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador confirmó la
decisión recurrida, al estimar que la delimitación del litigio reflejaba adecuadamente el cargo
propuesto en la demanda y permitía un examen integral de la legalidad del acto acusado,
sin necesidad de introducir precisiones adicionales.
1.8. Alegatos de conclusión
50. Demandante. Solicitó acceder a las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad
del acto de nombramiento, al considerar acreditada la infracción de las normas en que debía
fundarse la elección del magistrado de la Sala de Casación Laboral.
12 En relación con la inepta demanda.
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51. Sostuvo que, aun cuando el reproche formulado frente al acto de trámite resultaba
suficiente para invalidar la designación, la decisión definitiva incurrió de manera autónoma
en la vulneración del principio de paridad y equidad de género. En su criterio, la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia desconoció el alcance vinculante del artículo 53B de la Ley
270 de 1996, adicionado por la Ley Estatutaria 2430 de 2024, norma vigente y obligatoria al
momento de la elección.
52. Indicó que dicha disposición impone a las autoridades intervinientes en el proceso de
selección y elección de magistrados el deber de garantizar la equidad de género hasta
alcanzar, de forma gradual, la paridad entre hombres y mujeres en la conformación de la
corporación. Afirmó que esta obligación no se agota en la etapa de integración de listas, sino
que también rige la fase de elección, razón por la cual la Corte Suprema debía valorar el
impacto de su decisión en la composición global del tribunal.
53. Adujo que la elección cuestionada desconoció el mandato constitucional previsto en el
inciso final del artículo 40 de la Constitución Política, relativo a la garantía de una
participación adecuada y efectiva de la mujer en los niveles decisorios de la Administración
Pública, entendida en sentido material y extensivo a la Rama Judicial.
54. Asimismo, señaló que la sentencia C-134 de 2023 fijó un criterio claro en torno a la
equidad de género como parámetro obligatorio en los procesos de cooptación judicial, al
establecer que la paridad debe orientar tanto la conformación de listas como el resultado de
las elecciones, mediante una aplicación progresiva dirigida a corregir la subrepresentación
estructural de las mujeres en las altas cortes.
55. Finalmente, el demandante sostuvo que la interpretación que limita la equidad de género
a la fase previa del procedimiento vacía de contenido el mandato constitucional y legal
vigente, y perpetúa un patrón histórico de exclusión femenina en la Corte Suprema de
Justicia, por lo cual insistió en la prosperidad de las pretensiones.
56. Demandado. Pidió declarar la legalidad del acto de elección contenido en el Acuerdo
2597 del 22 de mayo de 2025, mediante el cual se designó a Juan Carlos Espeleta Sánchez
como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y
despachar favorablemente las excepciones de mérito formuladas en la contestación de la
demanda.
57. Sostuvo que el proceso electoral se adelantó conforme a la normativa vigente al momento
de su inicio, esto es, bajo la Ley 270 de 1996, razón por la cual no resultaban aplicables las
modificaciones introducidas por la Ley 2430 de 2024 ni el artículo 53B incorporado por esta.
Indicó que las etapas del procedimiento, es decir, convocatoria, preselección, entrevistas y
conformación de la lista, se surtieron antes de la entrada en vigor de dicha reforma.
58. Afirmó que la sentencia C-134 de 2023 no producía efectos vinculantes para el caso
concreto, por cuanto su contenido solo adquirió eficacia jurídica tras la promulgación de la Ley
Estatutaria 2430 de 2024 y, además, su implementación debía ser progresiva y gradual,
condicionada a la adopción de reglamentación interna por cada alta corte, la cual no existía para
la fecha de la elección cuestionada.
59. Señaló que el principio de paridad y equidad de género no tiene carácter inexorable ni
exclusivo en los procesos de selección de magistrados, en especial cuando la lista de elegibles
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es elaborada por un órgano colegiado con concurrencia de varias voluntades, como el Consejo
Superior de la Judicatura, conforme a la interpretación reiterada del artículo 6 de la Ley 581 de
2000, por la Sección Quinta del Consejo de Estado13.
60. Expuso que la lista de diez aspirantes remitida mediante el Acuerdo PCSJA24-12156 del
13 de marzo de 2024 respetó criterios de proporcionalidad y representatividad de género,
atendiendo el número de personas inscritas y preseleccionadas, sin que la ausencia de una
distribución numérica estricta del cincuenta por ciento implicara desconocimiento de los
principios de igualdad, alternancia o universalidad.
61. Indicó que no se acreditó la existencia de un trato discriminatorio contra las mujeres
participantes en el proceso, pues la aplicación del criterio de equidad de género no impone la
obligación de seleccionar a una persona por razón exclusiva de su sexo, ni convierte en ilegal
la designación de un candidato hombre cuando concurren otros factores de mérito y experiencia
profesional.
62. Destacó que la elección fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
con cuórum decisorio y votación unánime, previa valoración de las hojas de vida remitidas, y
que el posterior trámite de confirmación del nombramiento se surtió conforme a la regulación
vigente antes de su eliminación por la Ley 2430 de 2024.
63. Concluyó que no se configuró infracción de las normas superiores invocadas en la
demanda, que el acto acusado se ajustó a la Constitución, la ley y el reglamento aplicable, y que
no existía soporte probatorio suficiente para desvirtuar su presunción de legalidad.
64. Rama judicial – DEAJ. Solicitó negar las pretensiones de la demanda y declarar la
legalidad del acto de elección del magistrado Juan Carlos Espeleta Sánchez, al estimar que
no se vulneraron los principios de paridad, alternancia ni universalidad en ninguna de las
etapas del proceso eleccionario, ni en la conformación de la lista ni en la decisión adoptada
por la Corte Suprema de Justicia.
65. Sostuvo que la lista de elegibles elaborada mediante el Acuerdo PCSJA24-12156 del 13
de marzo de 2024 se expidió bajo la vigencia de la Ley 270 de 1996, sin la modificación
introducida por la Ley Estatutaria 2430 de 2024, razón por la cual resultan inaplicables al
caso concreto tanto el artículo 53B adicionado con posterioridad como los criterios derivados
de la sentencia C-134 de 2023.
66. Afirmó que, conforme a la Constitución y a la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, la competencia para conformar las listas de elegibles corresponde de manera
exclusiva al Consejo Superior de la Judicatura, órgano colegiado que actúa bajo el principio
de autonomía y cuyos integrantes ejercen su voto de forma independiente, autónoma y
secreta, sin que pueda imponérseles un único criterio de selección como el género.
67. Explicó que la Ley 581 de 2000, interpretada conforme al condicionamiento fijado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-371 de 2000 y reiterado por la Sección Quinta del
Consejo de Estado 14 , no establece una obligación inexorable de paridad cuando en la
conformación de listas o ternas concurren varias voluntades, como ocurre en el Consejo
Superior de la Judicatura, sino un deber de procurar una participación equilibrada.
13 Sin hacer distinción de una decisión en específico.
14 Id. nota al pie 8.
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68. Señaló que el género no constituye el único ni el principal parámetro de selección, pues
el ordenamiento jurídico exige atender criterios como el mérito, la idoneidad, la probidad, la
solvencia académica y profesional, así como el equilibrio entre trayectorias provenientes del
ejercicio profesional, la Rama Judicial y la academia.
69. Indicó que la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su función electoral, goza de
autonomía constitucional para elegir libremente a cualquiera de los diez integrantes de la
lista remitida, sin que exista norma que imponga la obligación de escoger necesariamente a
una mujer para suplir la vacante, tesis que ya fue acogida por la Sección Quinta en
providencia del 26 de junio de 202515.
70. Recalcó que el acto de conformación de la lista y el acto de elección son actuaciones
distintas, con procedimientos, requisitos y momentos de firmeza propios, por lo cual no todo
eventual defecto del acto previo tiene la virtualidad de viciar la elección, especialmente
cuando el elegido actuó de buena fe y cumplía plenamente los requisitos del cargo.
71. Añadió que la aplicación retroactiva de la Ley 2430 de 2024 y de los criterios fijados en
la sentencia C-134 de 2023 desconoce los principios de legalidad, seguridad jurídica y
debido proceso administrativo, así como la regla general de irretroactividad de la ley en
materia electoral.
72. Finalmente, concluyó que la interpretación propuesta por el demandante restringe de
manera desproporcionada el derecho a elegir y ser elegido, desconoce la autonomía de los
órganos colegiados y vacía de contenido el artículo 231 de la Constitución Política, al limitar
indebidamente el universo de personas elegibles por razón exclusiva de su género.
1.9. Concepto del Ministerio Público
73. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó negar las pretensiones
de la demanda de nulidad electoral promovida contra la elección de Juan Carlos Espeleta
Sánchez como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al
considerar que el acto acusado se expidió conforme al ordenamiento constitucional y legal
vigente.
74. Expuso que el proceso eleccionario comprende dos etapas diferenciadas: la conformación
de la lista por parte del Consejo Superior de la Judicatura y la elección realizada por la Corte
Suprema de Justicia. Indicó que la legalidad de cada una debe evaluarse conforme al marco
normativo y jurisprudencial vigente en el momento de su expedición.
75. En relación con la lista formulada mediante el Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de marzo de
2024, sostuvo que esta se produjo bajo la vigencia de la Ley 270 de 1996 y del Acuerdo
PSAA16-10553 de 2016, sin que resultaran aplicables las modificaciones introducidas por la Ley
2430 de 2024 ni la modulación fijada en la sentencia C-134 de 2023. Precisó que, en ese
contexto, no existía una obligación jurídica inexorable de conformar listas paritarias cuando la
postulación correspondía a un órgano colegiado.
76. Señaló que el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de su autonomía y de
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 26 de junio de
2025, Rad.: 11001-03-28-000-2025-00005-00, M.P. Gloria María Gómez Montoya.
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conformidad con las reglas de la convocatoria, incluyó mujeres en la lista de aspirantes y atendió
los criterios de mérito, probidad, idoneidad y solvencia profesional, por lo que no incurrió en
infracción de los principios de equidad de género, paridad, alternancia o universalidad previstos
en la normativa aplicable para ese momento.
77. Respecto de la elección efectuada el 22 de mayo de 2025, reconoció que para esa fecha
se encontraba vigente el artículo 53B de la Ley 270 de 1996, adicionado por la Ley 2430 de
2024, cuya constitucionalidad fue condicionada por la Corte Constitucional. No obstante, precisó
que dicha disposición impone un deber de avance gradual y paulatino hacia la paridad de género
en las altas cortes, sin establecer una obligación inmediata de resultado en cada elección
concreta.
78. Destacó que la Corte Suprema de Justicia actuó dentro de su ámbito de autonomía y
discrecionalidad, sin desconocer los principios de equidad de género ni los criterios
constitucionales y legales que rigen la elección de magistrados, razón por la cual concluyó que
no se configuró la causal de infracción de las normas en que debía fundarse el acto demandado
y solicitó negar las pretensiones de la demanda.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
79. La Sala es competente para conocer y decidir en única instancia la demanda instaurada
contra el acto de elección de Juan Carlos Espeleta Sánchez como magistrado de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 4.º del artículo 149 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación, modificado por el artículo 1.º del Acuerdo 434 de 202416.
2.2. El acto acusado
80. La controversia planteada recae sobre la legalidad del Acuerdo 2597 del 22 de mayo de
2025, proferido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, a través del cual se designó
a Juan Carlos Espeleta Sánchez como magistrado de la Sala de Casación Laboral, para ocupar
la vacante generada con ocasión de la culminación del período del doctor Gerardo Botero
Zuluaga17.
2.3. Problema jurídico
81. De conformidad con la fijación del litigio, la Sala debe definir si procede declarar la nulidad
del Acuerdo 2597 del 22 de mayo de 2025, proferido por la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, mediante el cual se eligió a Juan Carlos Espeleta Sánchez como magistrado de la Sala
de Casación Laboral y su confirmación, por la causal de infracción de las normas en que debía
16 Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN
DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala
de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización
y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Quinta. 1. La acción de nulidad electoral contra los actos de elección
por voto popular o por cuerpos electorales (…).
17 Como actos previos, el demandante cuestionó la legalidad del Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de marzo de
2024, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), mediante el cual se conformó la lista de
candidatos para proveer un cargo en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la
confirmación del nombramiento, adoptado el 5 de junio de 2025 dentro de la radicación 11001-02-30-000-2025-
00527-00.
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fundarse.
82. Para ese propósito, se establecerá si, en el trámite de selección, se desconocieron los
principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres, tanto en la
fase previa de conformación y remisión de la lista de aspirantes contenida en el Acuerdo
PCSJA24-12156 del 13 de marzo de 2024, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
como en la etapa posterior de elección. En ese marco, se tendrá en cuenta que, según lo
planteado en la demanda, la lista se integró por diez aspirantes, con participación de tres
mujeres.
83. En ese examen, la Sala confrontará la actuación cuestionada con los literales d) del artículo
2 y c) del artículo 4 del Acuerdo PSAA16-10553 del 4 de agosto de 2016, y con el marco superior
invocado por las partes, en particular los artículos 13, 16, 26, 40.7, 43, 209 y 231 de la
Constitución Política; los artículos 2 y 6 de la Ley 581 de 2000; y el artículo 53B de la Ley 270
de 1996, adicionado por el artículo 20 de la Ley Estatutaria 2430 de 2024.
84. Asimismo, se precisará si las modificaciones introducidas por la Ley Estatutaria 2430 de
2024 resultan aplicables al caso concreto, habida cuenta de que la lista se elaboró con
anterioridad a su vigencia, mientras que la elección se produjo con posterioridad. Del mismo
modo, se determinará si la exigencia de paridad en listas de elegibles reviste carácter obligatorio
o inexorable, incluso cuando su elaboración corresponde a un órgano colegiado, a la luz de la
interpretación del artículo 6 de la Ley 581 de 2000 desarrollada por la Corte Constitucional y
reiterada por la Sección Quinta de esta Corporación.
2.4. Marco normativo del procedimiento de conformación de listas y elección de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia
85. El nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es un proceso de
cooptación18 atenuada19 que se desarrolla en dos momentos principales y sucesivos, esto es,
(i) una convocatoria pública reglada, a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo fin es
elaborar una lista de 10 candidatos para cada vacante y (ii) la elección del magistrado por parte
de ese propio alto tribunal, de entre los candidatos del listado remitido, previa celebración de
una audiencia pública.
86. Este procedimiento está enmarcado en mandatos constitucionales, legales y reglamentarios
que buscan garantizar la transparencia, el mérito y la equidad de género en la selección de los
más altos dignatarios de la jurisdicción ordinaria.
87. En primer lugar, la Constitución Política consagra las bases para la elección de los
magistrados de las cortes de las distintas jurisdicciones. En lo que interesa a la Ordinaria (Corte
Suprema de Justicia), el artículo 231 superior señala:
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la
respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo
18 La cooptación es un mecanismo de elección según la cual los miembros de un cuerpo colegiado eligen a
sus propios sucesores. Este sistema busca privilegiar el mérito y el conocimiento técnico, sin la intervención
directa de órganos políticos.
19 En el sentido de que la actuación eleccionaria no depende exclusivamente de la voluntad de la Corte
Suprema de Justicia, sino que se ve limitada por la participación de otra entidad, que corresponde al Consejo
Superior de la Judicatura. Este modelo fue adoptado por la actual Constitución, ya que la anterior (1886)
contenía un mecanismo de cooptación directa o plena, en tanto sus integrantes tenían la facultad exclusiva
para escoger a sus nuevos miembros.
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de Gobierno Judicial Consejo Superior de la Judicatura tras una convocatoria pública reglada de
conformidad con la ley y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial.
En el conjunto de procesos de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio
profesional, de la Rama Judicial y de la academia.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reglamentarán la fórmula de votación y el
término en el cual deberán elegir a los Magistrados que conformen la respectiva corporación.20
88. De acuerdo con esa regla superior, la elección corresponde a la corporación respectiva, con
antecedente en una audiencia pública y con fundamento en la lista de diez elegibles que remite
el Consejo Superior de la Judicatura como resultado de una convocatoria regida por la ley.
89. La misma disposición asigna a esa corporación la integración y remisión del listado, lo cual
convierte esa actuación en presupuesto necesario del acto de elección. Además, impone que,
en el conjunto de los procesos de selección, se observe el criterio de equilibrio entre
procedencias: ejercicio profesional, rama judicial y academia, con el propósito de propiciar una
composición plural.
90. También, el artículo 231 reconoce a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado
competencia para reglamentar la fórmula de votación y el término para decidir, sin que esa
habilitación reemplace las reglas constitucionales y legales que estructuran el procedimiento, ni
el marco que rige la fase de elaboración de la lista.
91. En lo relativo a los requisitos de acceso, el artículo 232 constitucional exige: (i) ser
colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; (ii) ostentar la calidad de abogado; (iii) no
registrar condena a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos; y (iv)
acreditar quince años de desempeño en cargos de la rama judicial o del Ministerio Público, el
ejercicio profesional de la abogacía con buen crédito, y/o la cátedra universitaria en disciplinas
jurídicas relacionadas con la magistratura.
92. Por su parte, el artículo 233 de la Constitución Política prevé que los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia se eligen para períodos individuales de 8 años y no pueden ser reelegidos.
93. En desarrollo de esos mandatos, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley
270 de 1996), modificada por la Ley 2430 de 2024, regula aspectos del procedimiento de la
convocatoria pública y de provisión de vacantes en las altas corporaciones.
2.4.1. Conformación de la lista de aspirantes
94. En ese marco normativo, el artículo 53 de la Ley 270 de 1996 reitera lo dispuesto por las
normas constitucionales antes mencionadas. Asimismo, reafirma que quienes resulten elegidos
no pueden ser reelegidos y precisa que la posesión se realiza ante el presidente de la República
o ante notario, según corresponda21.
96. En armonía con la Ley de Administración de Justicia, el Acuerdo PSAA16-10553 del 4 de
20 Apartes tachados inexequibles, el aparte en letra cursiva corresponde a la corrección introducida en
cumplimiento de la Sentencia C-285-16.
21 En sentencia C-134 de 2023, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«y tomarán posesión ante el [p]residente de la República», en el entendido de que los togados a su elección
también podrán tomar posesión ante el presidente de la corporación respectiva o ante un notario.
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agosto de 2016 dispuso, desde un punto de vista instrumental 22 , la convocatoria para la
conformación de las listas de aspirantes, en que se traen los principios aplicables, los
parámetros de selección, el equilibrio previsto en la ley y las fases del procedimiento.
97. En primer término, el acuerdo definió como principios rectores de la convocatoria la
publicidad, la transparencia, la participación ciudadana, la equidad de género 23 y,
adicionalmente, los previstos en el artículo 3 del CPACA, en lo pertinente. En particular, al
enunciar el principio de equidad de género, dispuso que los procesos se diseñen para asegurar
los principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro
de las listas.
98. En segundo lugar, estableció los parámetros aplicables para la integración de cada lista.
Para ello, previó: (i) la observancia del Código Iberoamericano de Ética Judicial, en lo pertinente;
(ii) la verificación de condiciones de probidad, independencia, idoneidad, carácter y solvencia
académica y profesional; (iii) la observancia de lo previsto en el artículo 6 de la Ley 581 de
200024; y (iv) la valoración del mérito, con exclusión de factores ajenos a dicho parámetro.
99. Por último, el acuerdo organizó el procedimiento de convocatoria pública en cinco fases:
(i) invitación pública; (ii) publicación de inscritos y recepción de observaciones ciudadanas no
anónimas; (iii) preselección; (iv) entrevista en audiencia pública; y (v) conformación de la lista,
seguida de su publicidad. Este diseño resalta que la elaboración y remisión de la lista constituye
el presupuesto necesario para que la corporación competente adelante, en la etapa siguiente,
el acto de elección.
2.4.2. Procedimiento de elección ante la Corte Suprema de Justicia
100. Definida la fase previa a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, corresponde aludir
a la etapa posterior, que se surte ante la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la
competencia que le asigna el artículo 231 de la Constitución Política para elegir a sus integrantes
a partir de la lista de diez candidatos remitida tras la convocatoria pública.
101. En esa disposición, el constituyente reconoció un ámbito reglamentario propio a la Corte
Suprema de Justicia y, en términos equivalentes, al Consejo de Estado, para regular la forma
en que adopta la decisión de elección. En efecto, el artículo 231 superior señala que dichas
corporaciones «reglamentarán la fórmula de votación y el término en el cual deberán elegir a los
magistrados que conformen la respectiva corporación».
102. Sin perjuicio de esa potestad, esta etapa también se encuentra sujeta a la observancia de
22 Esta constituye la tesis mayoritaria adoptada por la Sala de la Sección Quinta del Consejo de Estado. No
obstante, en la sentencia del 13 de noviembre de 2025, radicación 11001-03-28-000-2025-00062-00, con
ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, el doctor Luis Alberto Álvarez Parra salvó su voto, al
considerar : «[r]espetuosamente disiento de esta conclusión, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura
no tenía competencia para regular asuntos con reserva de ley, función que corresponde exclusivamente al
Congreso, el cual emitió la normativa respectiva en ejercicio del mandato constitucional previsto en el artículo
231 de la Carta Política. Por lo tanto, debo enfatizar que la potestad de regulación de la administración se
encuentra subordinada a la ley y, en consecuencia, su atribución debe estar expresamente consagrada, lo cual
no se acreditó en este caso».
.
23 Frente a este axioma, el acto dispuso: «los procesos de convocatoria estarán diseñados para asegurar el
cumplimiento de los principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro
de las listas».
24 ARTÍCULO 6. (...)
Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, quien las elabore incluirá
hombres y mujeres en igual proporción.
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parámetros constitucionales y legales, entre ellos los relacionados con la equidad de género,
conforme lo ha precisado esta Sección25:
127. Bajo los parámetros dictaminados en el fallo de exequibilidad reseñado en párrafos
precedentes, se resalta que, en todas las fases del procedimiento para el nombramiento de los
mencionados funcionarios, es necesaria la garantía de la equidad de género, pero se resalta por
la decisión de constitucionalidad que, tanto en la conformación de la lista como en la elección
propiamente dicha, la intensidad de aquel parámetro es diferente.
128. Indicando la obligatoriedad de la paridad en la primera, lo cual se deriva del mismo artículo
53A de la misma ley estatutaria, e incluso del contenido del artículo 6º de la Ley 580 del 2000, de
manera distinta en la fase de elección se habla una obligación «gradual y paulatina», lo cual, a su
vez, se enmarca en el principio de autonomía y discrecionalidad que se garantiza respecto de la
Rama Judicial, especialmente, en cuanto hace a la elección de sus propios integrantes.
2.5. Principios de paridad, alternancia y universalidad en el Acuerdo PSAA16-10553 de
2016 y su relación con las leyes 581 de 2000 y 2430 de 2024.
103. El Acuerdo PSAA16-10553 de 2016 recogió26 aspectos de las convocatorias públicas para
la conformación de listas de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado. En ese marco, operativizó el principio de equidad de género, mediante
reglas orientadas a garantizar la paridad, la alternancia y la universalidad en la participación de
las mujeres dentro de las listas.
104. En particular, el artículo 2 del acuerdo dispuso que la equidad de género rige todo el trámite
de la convocatoria, lo cual significa que dichos principios deben orientar la actuación
administrativa desde su inicio y no solo como un propósito general o una recomendación sin
efectos jurídicos. Se trata, por tanto, de reglas que inciden directamente en la forma como se
conforman las listas de aspirantes.
105. El propio acuerdo reforzó este mandato al remitir, de manera expresa, a la Ley 581 de
2000. En efecto, el literal c) del artículo 4 señaló que, en la conformación de cada lista, debía
atenderse a lo dispuesto en el artículo 6 de dicha ley, según el cual, en los cargos que se provean
mediante el sistema de listas, quien las elabore debe incluir hombres y mujeres en igual
proporción.
106. De este modo, el mencionado acuerdo no solo introdujo los principios de proporcionalidad,
alternancia y universalidad, sino que los vinculó directamente a una obligación legal previa, lo
que evidencia que la equidad de género no fue concebida como un criterio accesorio, sino como
un parámetro que condiciona la regularidad del procedimiento.
107. Posteriormente, la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996,
consagró de manera expresa el principio de equidad de género como uno de los ejes de la
convocatoria pública, al exigir que los procesos se diseñen para asegurar la paridad, la
alternancia y la universalidad en la participación de las mujeres dentro de las listas.
108. Esta reforma no trasladó al nivel estatutario el contenido del Acuerdo PSAA16-10553 ni
alteró su naturaleza jurídica, sino que reforzó desde la ley un principio ya presente en el
ordenamiento, dejando a los órganos competentes la definición de los aspectos técnicos
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 26 de junio de
2025, Rad.: 11001-03-28-000-2025-00005-00, M.P. Gloria María Gómez Montoya.
26 Id. nota al pie 22.
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necesarios para su aplicación.
109. Al ejercer el control de constitucionalidad de esta modificación, la Corte Constitucional, en
la sentencia C-134 de 2023, reconoció que el principio de equidad de género se proyecta sobre
todas las etapas del proceso de selección y elección de magistrados, y que su finalidad consiste
en corregir la histórica subrepresentación de las mujeres en las altas cortes.
110. En particular, la Corte fue expresa en señalar que, en la fase de conformación de las listas
de elegibles, la paridad entre hombres y mujeres reviste carácter obligatorio, en cuanto
constituye una acción afirmativa estructural prevista por el legislador estatutario, orientada a
garantizar una participación equilibrada en el acceso a la magistratura.
111. En relación con el procedimiento de la elección, la Corte no estableció parámetros
específicos ni reglas operativas para su aplicación, ni definió criterios de medición del equilibrio
de género al interior de las corporaciones judiciales. Por el contrario, difirió la concreción de los
mecanismos destinados a materializar ese principio a las actuaciones posteriores de los órganos
competentes, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.
112. En ese sentido, esta Sección27 precisó que, para dicha etapa, «no se tienen parámetros
objetivos claros, previamente establecidos», y que la decisión del tribunal constitucional no
impuso una regla de resultado inmediato, en tanto «la sentencia C-134 de 2023 difirió el
establecimiento de los mecanismos» destinados a garantizar la paridad al interior de las
corporaciones judiciales.
113. En esa misma providencia, esta judicatura destacó que los principios de paridad,
alternancia y universalidad tienen una aplicación más estricta en la etapa de elaboración de las
listas, mientras que, en la fase de elección, su materialización exige la existencia previa de reglas
claras, adoptadas en ejercicio de la facultad reglamentaria de cada corporación, como garantía
del debido proceso y del principio de legalidad.
2.6. Relevancia jurídica de la composición de la lista remitida por el Consejo Superior de
la Judicatura
114. La integración de la lista de aspirantes remitida por el Consejo Superior de la Judicatura
reviste una relevancia jurídica dentro del procedimiento de elección de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, en tanto constituye el presupuesto necesario e ineludible del acto
definitivo de elección que adelanta esa corporación.
115. En efecto, el artículo 231 de la Constitución Política establece que la elección de esos
togados debe efectuarse exclusivamente a partir del listado realizado y enviado por el Consejo
Superior de la Judicatura como resultado de una convocatoria pública reglada. De ello se sigue
que dicha lista delimita de manera estricta el universo de candidatos entre los cuales puede
ejercer su competencia nominadora la Corte Suprema de Justicia, lo que confiere a su
conformación un carácter vinculante dentro del procedimiento.
116. Ahora bien, la elaboración de esta no constituye una actuación discrecional carente de
límites, sino una fase reglada que debe sujetarse a los mandatos constitucionales, legales y
reglamentarios que gobiernan la convocatoria pública. En ese sentido, su validez depende del
cumplimiento concurrente de los principios y criterios que estructuran el proceso, entre los
27 Id. nota al pie 25.
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cuales se encuentran, entre otros, el mérito, la probidad, la idoneidad, la transparencia, el
equilibrio entre los distintos orígenes profesionales y la equidad de género.
117. De este modo, el análisis de la legalidad de la lista no puede concentrarse en la verificación
aislada de uno solo de esos parámetros, ni tampoco admitir una lectura excluyente entre ellos.
Por el contrario, el ordenamiento impone que todos los criterios previstos se observen de
manera armónica, pues cada uno cumple una función específica en la garantía de un acceso
igualitario, objetivo y plural a la magistratura.
118. En particular, el principio de equidad de género, que incorpora los postulados de paridad,
alternancia y universalidad, no desplaza ni neutraliza los demás criterios de selección, sino que
se integra con ellos dentro de un sistema normativo orientado a corregir desigualdades
estructurales sin sacrificar el mérito ni la idoneidad exigida para el ejercicio del cargo. Así, una
lista jurídicamente válida es aquella que refleja el cumplimiento conjunto de todos los principios
que rigen la convocatoria, y no aquella que satisface únicamente alguno de ellos.
119. Por consiguiente, su conformación adquiere relevancia jurídica no solo por su carácter
previo y condicionante del acto de elección, sino porque en ella se concreta, de manera decisiva,
la observancia efectiva del marco constitucional y legal que regula el acceso a la magistratura,
lo cual incide directamente en la legalidad del acto definitivo que se profiere con posterioridad.
2.7. Aplicación temporal de la Ley Estatutaria 2430 de 2024 y del artículo 53 de la Ley 270
de 1996
120. El punto de partida para definir la aplicación temporal de la Ley Estatutaria 2430 de 2024
se encuentra en su propia cláusula de vigencia. El artículo 93 establece de manera expresa que:
«la presente ley rige a partir de su promulgación», la cual tuvo lugar el 9 de octubre de 202428.
Desde esa fecha, las modificaciones introducidas a la Ley 270 de 1996, entre ellas el artículo
53B, adquirieron plena obligatoriedad.
121. Conforme a los principios generales del derecho, las leyes tienen efecto inmediato y se
aplican hacia el futuro. En esa línea, la jurisprudencia29 ha precisado que: «el legislador descartó
que por regla general la ley fuera retroactiva y en cambio optó por el postulado de la vigencia
inmediata de la ley, que alcanza tanto situaciones jurídicas en curso como aquellas que ocurran
en el futuro».
122. En consecuencia, la nueva ley rige desde su promulgación y gobierna las situaciones
jurídicas que no se han consolidado de manera definitiva, sin que ello implique, por sí solo, la
modificación de actuaciones o efectos jurídicos ya definidos bajo un régimen normativo anterior.
123. En este análisis resulta relevante considerar la fecha de inicio de la convocatoria pública,
pues los interesados se inscriben y participan bajo unas reglas preexistentes que delimitan sus
expectativas legítimas. Tales condiciones deben ser observadas en virtud del principio de
legalidad (art. 29 CP), del derecho de acceso a los cargos públicos (art. 40 CP) y de los
postulados de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe (art. 83 CP), de manera que una
28 La información relativa a la vigencia y contenido de la Ley 2430 de 2024 fue consultada en la base normativa
oficial de la Secretaría del Senado de la República, disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2430_2024.html
. La ley fue promulgada mediante su publicación en el Diario Oficial n.º 52.904 del 9 de octubre de 2024.
29 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-089 de 2018, Exp.: D-12235, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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interpretación distinta, que cambie las reglas durante el trámite, podría afectar dichas garantías
constitucionales.
124. Esta consideración cobra especial relevancia en procedimientos administrativos
complejos, como los de selección y elección de magistrados, en los cuales el respeto por las
reglas vigentes al momento de iniciarse la convocatoria constituye un presupuesto básico de
regularidad del proceso y de legitimidad de las decisiones que lo culminan.
125. En ese contexto, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que las normas de carácter
procedimental prevalecen desde el momento en que deben empezar a regir, pero no inciden
sobre las actuaciones y diligencias que ya hubieren sido iniciadas, las cuales continúan
sometidas a la regulación vigente al tiempo de su apertura.
126. De ello se sigue que el efecto inmediato de la ley procesal no autoriza su aplicación
indiscriminada a todo el procedimiento, sino que impone valorar su incidencia conforme al
desarrollo del trámite y a los actos que lo integran, en atención a los principios antes señalados.
127. Bajo este entendimiento, la aplicabilidad de las disposiciones introducidas por la Ley
Estatutaria 2430 de 2024 no puede definirse de manera abstracta o automática, sino a partir del
momento en que se produjeron los actos relevantes del proceso de selección, dentro de la
unidad del procedimiento.
128. Una conclusión análoga se impone frente a los condicionamientos derivados de la
sentencia C-134 de 2023, cuyos efectos, por regla general, se proyectan hacia el futuro y no
alteran situaciones jurídicas consolidadas, salvo que el propio tribunal constitucional disponga
expresamente lo contrario30.
129. En consecuencia, ni la entrada en vigor del artículo 53B de la Ley 270 de 1996 ni la
posterior interpretación constitucional de dicha disposición pueden trasladarse a un
procedimiento iniciado y desarrollado bajo un marco normativo anterior, cuando ello
comprometa la legalidad del trámite o las garantías de quienes participaron en él.
130. Con fundamento en las consideraciones expuestas, el examen del caso concreto se
realizará dentro de la unidad del procedimiento de selección, atendiendo al momento en que se
produjeron los actos que lo integran, con el fin de establecer si, a lo largo del trámite, se
respetaron las reglas vigentes y las garantías constitucionales que gobiernan el acceso a los
cargos públicos.
2.8. Obligatoriedad de la paridad en listas elaboradas por órganos colegiados, según la
interpretación constitucional y la jurisprudencia de la Sección Quinta
131. Como quedó visto, en la sentencia C-134 de 2023, la Corte Constitucional estableció que
la paridad constituye un mandato obligatorio en la etapa de conformación de listas, con una
exigencia diferenciada respecto de las distintas etapas que componen esa actuación.
132. En lo que atañe a la fase de elaboración de la lista, la Corte sostuvo que ese axioma
constituye un mandato imperativo. Al respecto, indicó:
30 Artículo 45 de la Ley 270 de 1996.
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En la primera fase, que corresponde a elaboración de las ternas o listas a magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo de Estado, se
considera que estas listas deberán ser paritarias en cuanto a la representación entre hombres y
mujeres, tal y como lo previó el legislador estatutario en el artículo 19 del PLEAJ [hoy Ley 2430 de
2024].
Esta obligación se fundamenta en la necesidad de superar la subrepresentación histórica de las
mujeres y dar "un salto cualitativo de la cuota de género exorable hacia la paridad”. La Corte
considera que la presencia de mujeres en las listas ha sido históricamente minoritaria y que esta
medida es necesaria para corregir un sistema que perpetúa los "techos de cristal”.
133. Esta interpretación encuentra sustento en la baja participación femenina en la composición
de las altas corporaciones judiciales y en la necesidad de transitar hacia un modelo de paridad,
como instrumento para superar las barreras estructurales que han restringido su acceso a
dichos cargos.
134. Distinta es la aproximación adoptada frente a la fase de elección, atribuida a la corporación
judicial competente. En ese escenario, el tribunal constitucional precisó que el principio de
equidad de género «se aplicará de manera gradual y paulatina hasta lograr la paridad entre
hombres y mujeres», reconocimiento que incorpora un margen de autonomía institucional y
excluye la imposición de un resultado inmediato y obligatorio en la decisión electoral.
135. La jurisprudencia actual de la Sección Quinta del Consejo de Estado, proferida con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 2430 de 2024 y a la expedición de
la sentencia C-134 de 2023, evidencia una clara adecuación al precedente constitucional. En
ese marco, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha precisado que, si bien la equidad de
género debe observarse a lo largo del procedimiento de selección, la intensidad de su exigencia
no es uniforme, pues resulta más estricta en la conformación de la lista y distinta en la fase de
elección, conforme a las particularidades de cada momento del trámite31.
136. Finalmente, se sostiene que la reforma estatutaria introducida por la Ley 2430 de 2024
despliega sus efectos de manera inmediata respecto de los procesos de selección que se inicien
a partir del 9 de octubre de 2024. En esos eventos, resultan plenamente exigibles las reglas
reforzadas en materia de equidad de género, paridad y criterios de selección, junto con la
interpretación constitucional y jurisprudencial que las desarrolla.
137. Por el contrario, las convocatorias que iniciaron antes de la entrada en vigor de la reforma
permanecen sometidas al régimen normativo y a los criterios interpretativos vigentes al
momento de su inicio. Esta delimitación temporal evita la aplicación retroactiva de la ley, asegura
la coherencia del trámite administrativo y salvaguarda los principios de legalidad, debido proceso
y confianza legítima de quienes participaron bajo un marco regulatorio distinto.
2.9. Caso concreto
138. Corresponde a la Sala examinar si el procedimiento que culminó con la elección de Juan
Carlos Espeleta Sánchez como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, contenida en el Acuerdo 2597 del 22 de mayo de 2025, se ajustó a las normas en
que debía fundarse, en particular a los principios de paridad, alternancia y universalidad en la
participación de las mujeres, previstos en los literales d) del artículo 2 y c) del artículo 4 del
Acuerdo PSAA16-10553 de 2016, en concordancia con los artículos 13, 16, 26, 40.7, 43, 209 y
231 de la Constitución Política, los artículos 2 y 6 de la Ley 581 de 2000 y el artículo 53B de la
31 Id. nota al pie 25.
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Ley 270 de 1996, adicionado por la Ley Estatutaria 2430 de 2024.
139. Este análisis se circunscribe a la actuación concreta desplegada por las autoridades
intervinientes en el trámite de selección y elección.
140. Para el demandante, el acto acusado adolece del vicio de infracción de las normas en que
debía fundarse, en la medida en que la lista de aspirantes remitida por el Consejo Superior de
la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de marzo de 2024 se integró por diez
personas, de las cuales solo tres correspondían a mujeres. A su juicio, esta conformación
desconoció los principios de paridad, alternancia y universalidad que debían regir la
convocatoria pública y condicionó de manera irregular la decisión posterior adoptada por la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia.
141. Bajo esa misma línea argumentativa, sostiene que la irregularidad se concreta tanto sobre
la fase previa de conformación de la lista como sobre la etapa definitiva de elección, por cuanto
el vicio originado en el acto de trámite habría incidido directamente en la validez del acto
electoral. En ese contexto, afirma que la exigencia de paridad en la integración de listas reviste
carácter obligatorio, incluso cuando su elaboración corresponde a un órgano colegiado, y que
tal mandato debía observarse con independencia de la etapa en la que se materializara la
elección.
142. En contraste, el demandado, la Rama Judicial y el concepto del Ministerio Público adujeron
que el procedimiento se adelantó conforme al marco constitucional, legal y reglamentario
aplicable. En su criterio, la conformación de la lista y la elección posterior no desconocieron los
principios invocados, pues la equidad de género debe armonizarse con otros criterios de
selección, como el mérito, la idoneidad y la autonomía institucional, y su aplicación en la fase de
elección no comporta un mandato de resultado inmediato, sino una realización progresiva, de
acuerdo con la interpretación constitucional y la jurisprudencia de esta Corporación.
2.9.1. Examen de la fase de conformación y remisión de la lista de aspirantes por el
Consejo Superior de la Judicatura
143. Como punto de partida, se advierte que la censura formulada por el demandante se
encamina a desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado por infracción de las normas
en que debía fundarse, al estimar que el Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de marzo de 2024,
mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura remitió a la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia la lista de aspirantes para proveer la vacante en la Sala de Casación
Laboral dejada por Gerardo Botero Zuluaga, se expidió sin observar los principios de paridad,
alternancia y universalidad.
144. La mencionada determinación corresponde a la siguiente:
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145. En su consideración, la conformación de un listado de diez elegibles con la inclusión de
tres mujeres32 desconoce el marco reglamentario y legal aplicable, en particular lo dispuesto en
los artículos 2, literal d), y 4, literal c), del Acuerdo PSAA16-10553 de 2016, así como el artículo
6 de la Ley 581 de 2000, disposiciones que imponen la observancia de una proporción
equilibrada entre hombres y mujeres en la integración de las listas.
146. Añade que dicho desconocimiento debe apreciarse a la luz del artículo 231 de la
Constitución Política, en cuanto esta norma define la lista como presupuesto necesario del acto
de elección. Por lo que la irregularidad presentada en esa etapa preparatoria introdujo un
desequilibrio estructural que afectó desde su origen la regularidad del proceso de selección y,
por derivación, comprometió la validez del acto definitivo de elección.
147. Frente a este reproche, se precisa que la causal de «infracción de las normas en que debía
fundarse» prevista en el artículo 137 del CPACA constituye un vicio de legalidad cuando el acto
administrativo se aparta del marco normativo aplicable, bien por aplicación indebida, por omisión
de la norma pertinente o por interpretación errónea, tal como lo ha señalado la doctrina33.
148. En consonancia con lo dicho, la jurisprudencia34 ha reconocido tres modalidades para que
se configure esta causal: (i) violación directa, cuando el acto contraría de manera expresa la
norma aplicable; (ii) violación indirecta, cuando se aplica una norma ajena al caso o se omite la
que corresponde; y (iii) violación por interpretación errónea, cuando se distorsiona el alcance de
la disposición invocada.
32 Las abogadas María Isabel Arango Secker, Ana Mercedes del Rosario Becerra Morán y Mónica Teresa
Hidalgo Oviedo.
33 ARIAS GARCÍA, Fernando. Derecho procesal administrativo. Quinta edición. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez,
2024, p. 322.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 12 de abril de
2018. Rad.: 0500123-31-000-2007-03305-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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149. En el procedimiento especial de lo contencioso electoral, este motivo de nulidad adquiere
relevancia, pues el artículo 275 del CPACA35 remite a las causales generales previstas en el
artículo 137 de esa misma codificación, entre ellas la invocada por el actor (infracción de las
normas en que debía fundarse).
150. De ello se sigue que, en esos casos, el examen de legalidad de un acto electoral impone
verificar si la decisión del cuerpo elector o del nominador se ajustó a las disposiciones fundantes
que gobiernan el proceso. De ahí que el nombramiento, elección o llamamiento, según el caso,
devenga en nulo en los eventos antes especificados, previo a constatar su ocurrencia.
151. En este orden de cosas, el examen que corresponde adelantar radica en verificar si el
Consejo Superior de la Judicatura, al conformar y remitir la lista de aspirantes mediante el
Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de marzo de 2024, observó las reglas y principios que rigen
esa etapa del procedimiento, en especial aquellos relativos a la equidad de género y a la
integración de las listas, conforme al marco constitucional, legal y reglamentario aplicable, en
los términos planteados por el demandante.
152. Antes de abordar el alcance del artículo 6 de la Ley 581 de 2000, resulta necesario precisar
el marco normativo aplicable a esta etapa del procedimiento. Ello obedece a que la convocatoria
pública adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura36, cuya publicación en la página
web de la Rama Judicial tuvo lugar el 12 de noviembre de 2023, esto es, con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 2430 de 2024 (9 de octubre de 2024), como se muestra
a continuación:
35 «Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos
previstos en el artículo 137 de este Código (…)».
36 Que culminó con la conformación y remisión de la lista de aspirantes mediante el Acuerdo PCSJA24-12156
del 13 de marzo de 2024.
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153. Así las cosas, este fue, precisamente, el régimen jurídico que invocó el ministerio público
en su concepto para considerar que en el presente caso no se desconoció la regla de
proporcionalidad entre hombres y mujeres prevista en el artículo 6 de la Ley 581 de 2000.
Recordó el alcance constitucional y contencioso administrativo de esa norma y concluyó que,
para la fecha en que se conformó la lista de elegibles acusada, el Consejo Superior de la
Judicatura no estaba obligado a conformarla con igual número de hombres y mujeres.
154. Sin perjuicio de lo anterior, el accionante insistió en la ilegalidad de la lista de elegibles
demandada por el presunto desconocimiento de los lineamientos y parámetros establecidos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-134 de 202337 para la conformación de las listas de
elegibles a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial. En dicho pronunciamiento se insta e impone a las autoridades
competentes a que constituyan las listas en comento con igual número de hombres y mujeres.
155. Sea esta la oportunidad para aclarar que las reglas establecidas en dicha sentencia
únicamente se tornaron exigibles a partir de la fecha en que entró en vigor la que estaba siendo
objeto de control.
156. En efecto, tratándose del control de constitucionalidad previo, automático, integral y
definitivo que efectúa la Corte Constitucional sobre los proyectos de ley estatutaria, los
derroteros consagrados en el pronunciamiento final de dicha corporación se incorporan al
ordenamiento jurídico. En esa medida, si bien la sentencia C-134 de 2023 fue publicada el 28
de mayo de 2024, se tornó obligatoria hasta el 9 de octubre de 2024, cuando la Ley 2430 de
2024 fue promulgada y entró en vigor.
157. Esta postura ya había sido anticipada por la Sección Quinta al decidir la demanda de
nulidad interpuesta contra el doctor José Joaquín Urbano Martínez como magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, la cual se cimentó en argumentos similares a los esbozados en el presente
caso. En dicha oportunidad, esta Sala especificó que las reglas introducidas por la Ley
Estatutaria 2430 de 2024 adquirieron vigencia a partir de su promulgación, ocurrida el 9 de
octubre de 2024, y que, desde ese momento, resultaban aplicables a las actuaciones que se
surtieran con posterioridad38.
158. En la cuestión decidida, el Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de marzo de 2024, que
dispuso la lista de elegibles de la que hizo parte el doctor Juan Carlos Espeleta Sánchez fue
expedido cuando todavía no había sido promulgada la Ley 2430 de 2024 y, en esa medida, no
le eran aplicables esta ley ni las reglas decantadas por la Corte Constitucional en su sentencia
C-134 de 2023. En consecuencia, el régimen jurídico que gobernó la conformación de la lista
acusada correspondió al Acuerdo PSAA16-10553 de 2016.
159. En consecuencia, la actuación del Consejo Superior de la Judicatura debe examinarse
conforme al régimen vigente al momento de su expedición, integrado por el artículo 231 de la
Constitución Política, el artículo 6 de la Ley 581 de 2000 y los artículos 2.º, literal d), y 4.º, literal
c), del Acuerdo PSAA16-10553 de 2016, disposiciones que se estiman vulneradas.
160. En primer lugar, el artículo 231 superior, en su redacción vigente, prevé criterios de
equilibrio en la conformación de las altas corporaciones judiciales, particularmente en lo relativo
37 Mediante la cual la Corte Constitucional practicó el control de constitucionalidad sobre el proyecto de ley
estatutaria que derivó en la Ley Estatutaria 2430 de 2024.
38 Id. nota al pie 25.
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a la procedencia de los aspirantes, sin establecer reglas específicas sobre distribución de género
en la elaboración de listas.
161. En segundo término, el artículo 6 de la Ley 581 de 200039 dispone que, en los cargos que
se provean mediante el sistema de listas, quien las elabore debe incluir hombres y mujeres en
igual proporción40. No obstante, dicha norma fija reglas generales sobre participación femenina
en cargos públicos, sin definir parámetros concretos para la conformación de listas destinadas
a la elección de magistrados.
162. Por esa razón, su aplicación debe armonizarse con el régimen especial previsto en el
artículo 53 de la Ley 270 de 1996, que reguló los aspectos sustanciales del procedimiento de
convocatoria y atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para elaborar las
listas de aspirantes.
163. En tercer lugar, aunque los artículos 2 y 4 del Acuerdo PSAA16-10553 de 2016
incorporaron la equidad de género como principio de la convocatoria y remitieron expresamente
a la Ley 581 de 2000, dicha intervención tuvo un alcance instrumental 41 , pues se limitó a
organizar técnicamente el procedimiento previsto por la ley estatutaria, sin introducir
obligaciones sustantivas adicionales.
164. En efecto, el reglamento no definió mecanismos operativos, estándares verificables ni
reglas de cumplimiento que permitieran entender la equidad de género como un criterio
autónomo de selección, razón por la cual su contenido debe interpretarse de manera
sistemática, en concordancia con el marco legal aplicable.
165. Bajo ese entendido, la convocatoria cuestionada debía evaluarse a la luz del artículo 53
de la Ley 270 de 1996, régimen bajo el cual se expidió el Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de
marzo de 2024, dentro del margen de autonomía reconocido al Consejo Superior de la
Judicatura.
166. En ese contexto normativo, se acreditó que el procedimiento permitió la participación
efectiva de mujeres en las distintas etapas del trámite, al punto que las aspirantes María Isabel
Arango Secker, Ana Mercedes del Rosario Becerra Morán y Mónica Teresa Hidalgo Oviedo
integraron la lista definitiva, lo que descarta la existencia de exclusiones derivadas de la
estructura o aplicación de la convocatoria.
167. Si bien el artículo 53 de la Ley 270 de 1996 no consagró de manera expresa un mandato
de equidad de género, su diseño, basado en un procedimiento público, objetivo y fundado en
requisitos mínimos, aseguró condiciones reales de igualdad en el acceso al proceso de
selección.
168. De igual manera, aunque el Acuerdo PSAA16-10553 de 2016 aludió a la observancia de
39 Mediante sentencia C-371 de 2000, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del
mentado artículo 6 bajo el entendimiento de que cuando en la conformación de ternas concurran varias
personas o entidades se procurará incluir mujeres, sin que esta sea una obligación inexorable. Explicó la
imposibilidad de imponer a los sujetos que concurren a la conformación de las ternas que la candidata sea
mujer, habida cuenta que ello desconocería la autonomía que le asiste a cada uno de ellos en el proceso de
selección.
40 «Artículo 6. Nombramiento por sistema de ternas y listas. (…) Para la designación en los cargos que deban
proveerse por el sistema de listas, quien las elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción
41 Id. nota al pie 22.
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la equidad de género y a la participación de mujeres dentro de las listas, dicha formulación
careció de una definición normativa concreta que permitiera exigir una distribución numérica
rígida en la conformación de los listados.
169. En particular, el artículo 4 del Acuerdo se limitó a remitir al artículo 6 de la Ley 581 de 2000,
sin desarrollar el alcance de la expresión «igual proporción», lo que pone de presente que el
Consejo Superior de la Judicatura no lo conectó con una noción concreta de paridad aplicable
al procedimiento, sino que se apoyó en el marco legal preexistente.
170. Para sustentar lo anterior, resulta pertinente acudir al criterio de interpretación gramatical,
conforme al cual las palabras de la ley deben entenderse en su sentido natural y obvio, según
el uso general del lenguaje, cuando el legislador no ha definido expresamente su significado
para una materia determinada. Este mandato interpretativo se encuentra consagrado en el
artículo 28 del Código Civil 42 y constituye el punto de partida obligado para el análisis del
contenido normativo de las disposiciones legales.
171. El Diccionario de la Real Academia Española43 define la «paridad» como la igualdad de
las cosas entre sí, noción que remite a una correspondencia plena y simétrica; mientras que la
«proporción» se entiende como la disposición, conformidad o correspondencia debida entre las
partes de un todo o entre cosas relacionadas, lo que supone una relación equilibrada, sin exigir
identidad absoluta. Esta diferencia semántica permite concluir que la expresión «igual
proporción», empleada por el artículo 6 de la Ley 581 de 2000, no incorpora de manera
inequívoca un mandato de paridad numérica estricta, sino que alude a una relación equilibrada
cuya concreción debe apreciarse dentro del contexto normativo vigente al momento de la
convocatoria, sin trasladar al procedimiento exigencias no previstas por el legislador ni derivadas
de reformas posteriores.
172. La distinción cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la paridad fue incorporada
como criterio expreso de selección únicamente a partir de la reforma estatutaria introducida por
la Ley 2430 de 2024, mientras que la exigencia de «igual proporción», prevista en la Ley 581 de
2000, presenta un mayor grado de indeterminación normativa, lo que impide equiparar
automáticamente ambos conceptos.
173. Dicho mandato no puede interpretarse como una regla aritmética estricta de distribución
50 % para cada género, como lo asevera la parte actora, pues el propio diseño de la Ley 581
de 2000 revela que el legislador no consagró un estándar de paridad numérica. En efecto, el
artículo 6 de ese estatuto, al regular el sistema de ternas y listas, se limita a exigir la inclusión
de mujeres, mientras que el artículo 4 fijó un umbral mínimo del treinta por ciento (30 %) de
participación femenina en los máximos niveles decisorios del Estado, como una acción
afirmativa de alcance general.
174. Solo con posterioridad, a través de las Leyes Estatutarias 2424 44 y 2430 de 2024, se
reforzaron esos estándares con el propósito expreso de avanzar hacia la paridad y cerrar de
manera más intensa la brecha histórica de representación, reformas que, por su vigencia
temporal, no resultan aplicables al procedimiento objeto de examen.
42 «Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas
su significado legal».
43 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., voces “paridad” y “proporción”,
disponible en: https://www.rae.es/
44 Que modificó el artículo 4 de le ley 581 de 2000. Y revisar el tipo de letra.
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175. En ese contexto, el alcance de la expresión «igual proporción», contenida en el artículo 6
de la Ley 581 de 2000, debe apreciarse conforme al marco normativo vigente al momento de la
convocatoria. Dicha disposición no contó con un desarrollo reglamentario ni jurisprudencial que
permitiera dotarla de un contenido numérico preciso en relación con la conformación de listas
para las altas cortes, lo que impone entenderla en un sentido funcional e instrumental,
compatible con el régimen estatutario aplicable y sin convertirla, por vía interpretativa, en una
exigencia de paridad estricta no prevista por el legislador.
176. En particular, la interpretación que se adopte debe armonizar el propósito constitucional
de promover la participación femenina en el acceso a los cargos públicos con la protección del
derecho fundamental a ser elegido, de modo que no se impongan cargas normativas que no
fueron previstas de manera expresa por el legislador estatutario ni se apliquen retroactivamente
criterios introducidos con posterioridad por la Ley 2430 de 2024 y por la sentencia C-134 de
2023. Este equilibrio resulta indispensable para preservar la legalidad del procedimiento, la
seguridad jurídica y la confianza legítima de quienes participaron en la convocatoria bajo reglas
previamente definidas.
177. Bajo esa óptica, la expresión «igual proporción entre hombres y mujeres» no comporta, en
este caso, una exigencia de paridad matemática estricta, sino una noción flexible cuyo alcance
se define a partir del universo real de aspirantes y de las condiciones concretas del
procedimiento, de modo que exige asegurar una participación equilibrada y no excluyente, en la
que la presencia de mujeres resulte razonablemente comparable frente al conjunto de
aspirantes en cada una de las etapas del proceso de selección. En ese marco, la referencia a
«igual proporción» alude a una relación equilibrada y objetivamente justificada entre hombres y
mujeres, cuya verificación depende de las circunstancias reales del trámite y no de una
distribución numérica rígida.
178. Por consiguiente, la valoración de su cumplimiento no puede reducirse a un ejercicio
aritmético, sino que debe atender, entre otros aspectos, a la estructura del procedimiento, al
universo de participantes y a la forma como se garantizó la inclusión femenina en las distintas
fases del proceso, dentro del margen de apreciación reconocido a la autoridad competente.
179. Para verificar el alcance del criterio de inclusión de mujeres en el procedimiento
demandado, resulta pertinente examinar de manera conjunta la evolución de la participación
femenina a lo largo de las distintas fases de la convocatoria.
180. En el marco de la convocatoria pública adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura
se inscribieron, en total, 275 personas, con el fin de proveer 5 vacantes en distintas salas de la
Corte Suprema de Justicia, generadas por el vencimiento de los períodos de los magistrados
Luis Alonso Rico Puerta y Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, de la Sala de Casación Civil, Agraria
y Rural; Fernando Castillo Cadena y Gerardo Botero Zuluaga, de la Sala de Casación Laboral;
y Luis Antonio Hernández Barbosa, de la Sala de Casación Penal.
181. En la etapa de inscripción para las 2 vacantes de la Sala de Casación Laboral, se
registraron 80 aspirantes, de los cuales 23 eran mujeres (28,75 %) y 57 hombres (71,25 %).
Este dato permite identificar, desde el punto de partida, una presencia femenina significativa
dentro del universo inicial de participantes.
182. Superada la fase de evaluación inicial, el número de personas preseleccionadas se redujo
a 51, distribuidas en 15 mujeres (29,41 %) y 36 hombres (70,59 %). Este resultado evidencia
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que la proporción de participación femenina no solo se mantuvo, sino que presentó un leve
incremento porcentual frente a la etapa anterior.
183. Finalmente, la lista definitiva de 10 elegibles remitida a la Corte Suprema de Justicia para
proveer la vacante aquí cuestionada estuvo integrada por 3 mujeres (30 %) y 7 hombres (70 %),
lo que confirma una tendencia sostenida de inclusión femenina a lo largo del procedimiento.
184. Desde una perspectiva comparativa, los porcentajes observados en cada fase guardan
una correspondencia razonable con el universo inicial de aspirantes y permiten concluir que no
se configuró ningún escenario de exclusión de mujeres en el trámite de selección. Por el
contrario, la participación femenina fue constante y objetivamente justificable en función de la
disponibilidad real de candidatas en cada momento del proceso.
185. Adicionalmente, la proporción de mujeres alcanzada en la lista definitiva (30 %) resulta
compatible con el alcance del artículo 6 de la Ley 581 de 2000, entendido como una medida
orientada a promover la participación femenina en cargos públicos, sin imponer, para el régimen
normativo aplicable al caso, una regla de paridad numérica estricta45.
186. En ese sentido, dicha participación satisface la finalidad constitucional de asegurar una
presencia efectiva y razonable de mujeres en los procesos de selección para la integración de
las altas cortes, en armonía con el carácter progresivo de las acciones afirmativas en materia
de equidad de género.
187. En este orden de ideas, tratándose de procesos regidos por el Acuerdo PSAA16-10553
de 2016 y adelantados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024, que
modificó la Ley 270 de 1996, la conformación de una lista integrada por al menos 3 mujeres se
ajusta al marco normativo aplicable. Ello responde al ejercicio legítimo de la autonomía y de la
potestad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura y resulta compatible con las
garantías de legalidad, acceso a los cargos públicos, confianza legítima y buena fe que amparan
a los aspirantes que participaron en la convocatoria.
188. Bajo estas consideraciones, la evolución porcentual registrada en el procedimiento
demandado permite afirmar que el criterio de inclusión previsto en el literal c) del artículo 4 del
Acuerdo PSAA16-10553 de 2016 fue aplicado de manera consistente con el marco normativo
vigente, sin desconocer la seguridad jurídica ni la confianza legítima de quienes participaron en
la convocatoria bajo reglas previamente establecidas.
189. En consecuencia, al no acreditarse que la conformación de la lista haya desconocido,
dentro del procedimiento aplicable y atendiendo a la naturaleza colegiada del órgano que la
elaboró, las normas y principios invocados como vulnerados, se concluye que no se infringieron
el artículo 231 superior, el artículo 6 de la Ley 581 de 2000, ni los artículos 2, literal d), y 4, literal
c), del Acuerdo PSAA16-10553 de 2016. En ese orden, el cargo formulado por la parte
demandante no prospera y, en consecuencia, será desestimado.
2.9.2. Análisis de la fase de elección adelantada por la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia
190. En esta etapa, la parte actora controvierte la legalidad del Acuerdo 2597 del 22 de mayo
45 Al respecto, véase Corte Constitucional, Sentencia C-371 de 2000, M. P. Carlos Gaviria Díaz. Revisar el tipo
de letra.
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de 2025, mediante el cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al doctor Juan
Carlos Espeleta Sánchez como magistrado de la Sala de Casación Laboral. Sostiene que dicho
acto se expidió con infracción de las normas en que debía fundarse, en la medida en que, para
la fecha de la elección, ya se encontraba vigente la Ley Estatutaria 2430 de 2024 y resultaban
aplicables los criterios de equidad y paridad de género desarrollados por la Corte Constitucional
en la sentencia C-134 de 2023.
191. Con base en ello, afirma que la autoridad electoral desconoció los artículos 13, 40.7, 43,
209 y 231 de la Constitución Política; los artículos 53A y 53B de la Ley 270 de 1996, adicionados
por la Ley 2430 de 2024; el artículo 2 de la Ley 581 de 2000; así como los compromisos
convencionales derivados de la CEDAW, al optar nuevamente por un candidato hombre y no
adoptar una decisión orientada a promover, de manera progresiva, una integración más
equilibrada de la Corte Suprema de Justicia.
192. Sobre el particular, se advierte que las normas aplicables al caso corresponden al artículo
231 de la Constitución Política y al artículo 53 original de la Ley 270 de 1996, sin incluir las
modificaciones introducidas por la Ley Estatutaria 2430 de 2024. Ello, en tanto dicha reforma
entró a regir el 9 de octubre de 2024, fecha en la cual ya se encontraba en curso la convocatoria
pública para proveer la vacante objeto de análisis, circunstancia que impide su aplicación al
presente caso, en aras de respetar la legalidad del procedimiento y las situaciones jurídicas
consolidadas de quienes participaron bajo reglas previamente definidas, como se explicó en
precedencia.
193. Ahora bien, los artículos 13, 40.7, 43 y 209 de la Constitución Política; el artículo 2 de la
Ley 581 de 2000; así como los compromisos convencionales derivados de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), consagran
principios generales orientados a garantizar la equidad de género y la igualdad material entre
mujeres y hombres en el acceso a los cargos públicos. Sin embargo, tales disposiciones no
establecen, por sí mismas, una acción afirmativa concreta, específica y exigible en la fase de
elección de magistrados de las altas cortes, distinta de las exigencias previstas en el marco
estatutario vigente al momento de iniciarse el procedimiento.
194. En efecto, las obligaciones jurídicas exigibles a la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia se circunscribían a las previstas en el artículo 231 de la Constitución Política; relativas
al equilibrio entre los distintos orígenes profesionales, y en el artículo 53 original de la Ley 270
de 1996, que atribuye a dicha corporación la competencia para examinar las hojas de vida de
los candidatos y adoptar la decisión de elección con base en criterios de mérito.
195. Lo anterior se ve corroborado en el acta de la sesión del 22 de mayo de 2025, en la cual
el presidente de la corporación dejó constancia de que la Secretaría General remitió copia del
Acuerdo PCSJA24-12156 de 13 de marzo de 2024 a los despachos de los magistrados, con el
fin de que estos conocieran y analizaran las hojas de vida de los candidatos incluidos en la lista
de elegibles, previo a la adopción de la decisión definitiva.
196. En consecuencia, al analizar la actuación de la Sala Plena dentro de la unidad del
procedimiento y conforme al marco normativo vigente y operativo46 al momento de decidir, no
se acredita la vulneración de los artículos 13, 40.7, 43, 209 y 231 de la Constitución Política; de
los artículos 53A y 53B de la Ley 270 de 1996; del artículo 2 de la Ley 581 de 2000; ni de los
compromisos convencionales invocados, razón por la cual el cargo formulado contra el acto de
46 Id. nota al pie 22.
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Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00124-00
elección no prospera.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: Negar la nulidad del Acuerdo 2597 del 22 de mayo de 2025, proferido por la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se eligió al doctor Juan Carlos Espeleta
Sánchez como magistrado de la Sala de Casación Laboral de esa Corporación.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
30
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