Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06050-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06050-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-06050-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06050-00
Accionantes: Samuel Alejandro Ortíz Mancipe
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta.
Tema: Igualdad, Debido proceso. Sentencia de nulidad electoral.
NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Samuel Alejandro
Ortíz Mancipe, en nombre propio, en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad
y debido proceso, que considera vulnerados con la sentencia del 22 de enero de
2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del medio de
control de nulidad electoral identificado con radicado 11001-03-28-000-2025-00124-
00 que negó la nulidad del Acuerdo 2597 del 22 de mayo de 2025, proferido por la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se eligió al abogado
Juan Carlos Espeleta Sánchez como magistrado de la Sala de Casación Laboral de
esa Corporación.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
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Que mediante Sentencia C-134 de 2023, la Corte Constitucional dentro del análisis
de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria 295 (Cámara) / 475 (Senado)
declaró exequible el artículo 20 bajo el entendido que la selección de integrantes
del Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia implicaría asegurar la paridad
entre hombres y mujeres en la conformación de las Corporaciones.
Que mediante Acuerdo PCSJA24-12156 del 13 de marzo de 2024 del Consejo
Superior de la Judicatura se formuló ante la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia la lista de candidatos para suplir una vacante de magistrado en la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, misma de la cual se eligió al
abogado Juan Carlos Espeleta Sánchez mediante Acuerdo 2597 del 22 de mayo de
2025. Elección que fuere confirmada por la Corte luego de haberse adelantado la
diligencia de la que trata el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 en Sala Plena del 5
de junio del 2025.
Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, en nombre propio,
solicitó la nulidad del Acuerdo 2597 del 22 de mayo de 2025 y el acto de
confirmación de la elección expedido el 5 de junio del 2025 y que tuvo como
radicado 11001-02-30-000-2025-00527-00.
Señaló que el trámite anterior, culminó con sentencia del 22 de enero de 2026
dentro de la radicación 11001-03-28-000-2025-00124-00 en la cual se negaron las
pretensiones.
Considera el accionante, que la sentencia incurrió en lo defectos, que se señalan:
Violación directa de la Constitución bajo la hipótesis de omitir interpretar y aplicar
una disposición legal conforme el precedente constitucional, pues en línea con lo
decidido en la sentencia C-134 de 2023, de cara a la conformación de la lista y la
elección, se requería la aplicación del principio de igualdad sustantiva que implica
«acercarse a la paridad en el resultado, por lo que debe intervenir en ambos
momentos del procedimiento de elección». Afirmó entonces, que, al no salir avante
el medio de control de nulidad electoral, no se guardó coherencia con lo vertido en
la sentencia de constitucionalidad.
Defecto sustantivo por desconocerse en precedente judicial al aplicar una norma
cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes, conforme lo
señalado en sentencias SU-567 de 2015 y SU-632 de 2017, pues bajo su criterio,
se apartó de las consideraciones de la sentencia de constitucionalidad C-134 de
2023 en lo que a paridad de género importa. También afirmó que había desconocido
su propio precedente vertido dentro del fallo del medio de control de nulidad
electoral identificado con radicado 11001-03-28-000-2025-00005-00, donde, bajo el
dicho del accionante, se había establecido que en todas las fases del procedimiento
de elección era necesaria la garantía de la equidad de género.
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Desconocimiento del precedente constitucional como causal autónoma al
haberse resuelto la nulidad electoral, según su criterio, apartándose de la
interpretación dada por el Tribunal Constitucional, precisamente, en sentencia C-
134 de 2023.
Estima que la sentencia proferida por la Sección Quinta desconoce los derechos
fundamentales a la igualdad y el debido proceso.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados y como
consecuencia, se deje sin efectos la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con
radicado 11001-03-28-000-2025-00124-00 y se ordene a la Sección proferir una
sentencia de reemplazo.
TRÁMITE PROCESAL
El 3 de agosto de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda en contra de
la Sección Quinta del Consejo de Estado y ordenó la vinculación del electo
Magistrado Juan Carlos Espeleta Sánchez y la Corte Suprema de Justicia para que
intervinieran en la acción.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Sección Quinta del Consejo de Estado, informó el trámite surtido para proferir
la sentencia acusada y manifestó que no se configuró ninguno de los defectos
enlistados en la acción de tutela.
Solicitó desestimar el mecanismo, en tanto carece de relevancia constitucional pues
se exige, para la procedencia de estos cargos, una afectación tal, que trascienda el
desacuerdo con la interpretación adoptada por el juez natural, que afirmó, es en
realidad lo pretendido por el actor.
Indicó que la acción omitió identificar razonablemente algunos reproches,
principalmente porque las consideraciones enunciadas relativas a cargas excesivas
en la demostración no habían sido objeto de la sentencia proferida el 22 de enero
del 2025, por lo que no existe correspondencia entre los reparos y la providencia.
Finalmente, expuso que no se presentan los defectos alegados ni la violación al
precedente judicial, pues no es que las consignas de la sentencia C-134 de 2023
relativas a la paridad de género hayan sido ignoradas por la Sección, sino que, por
el contrario, fueron examinadas a detalle y se determinó que no era posible el
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traslado de esas reglas a un procedimiento que había iniciado con anterioridad a la
vigencia de la Ley 2430 de 2024.
Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o, que aún entendiendo
como superados los requisitos de procedibilidad, se negara el amparo ante la no
configuración de los defectos enlistados.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Corte Suprema de Justicia manifestó que los argumentos expuestos en el
escrito de tutela no se dirigían contra ellos, sin que pudiera atribuírsele a la Corte
una acción u omisión concreta que haya vinculado sus derechos. Solicitó ser
desvinculada ante la ausencia de legitimación por pasiva.
El magistrado Juan Carlos Espeleta Sánchez se pronunció sobre los hechos de la
acción y como fundamento, señaló que no se acreditaban los requisitos generales
de procedibilidad al haberse presentado con posterioridad a los 6 meses de la
notificación del fallo cuestionado.
También, afirmó que tutela no ostentaba la relevancia constitucional suficiente como
para merecer la revocatoria de la sentencia, pues afirmó que los argumentos del
accionante se limitaron a sustentar una inconformidad con la decisión, sin que se
lograra evidenciar una verdadera afectación. Que no existe violación directa a la
constitución, en tanto las reglas contenidas en la sentencia C-134 de la Corte
Constitucional no eran exigibles ni aplicables para su elección al haber empezado
a regir solo desde la promulgación de la Ley 2430 de 2024.
Señaló que no existía un defecto sustantivo pues no podía darse aplicación a reglas
no vigentes para el momento del proceso de su elección; ni se configuró la causal
de desconocimiento del precedente constitucional, en tanto el cargo solo lo alega
frente a decisiones del Máximo Tribunal Constitucional en sede de tutela.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Cuestión previa
El doctor Juan Camilo Morales Trujillo considera estar incurso en la causal 4ta del
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artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, para decidir la tutela interpuesta por
el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe en contra de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, con ocasión de la sentencia del 22 de enero de 2026. Lo anterior, por
cuanto el señor Ortiz Mancipe, ostentó la calidad de demandante en el proceso de
nulidad electoral contra su designación como consejero de Estado1.
Acerca del tema de los impedimentos y recusaciones, se ha expresado el profesor
Jaime Azula Camacho:
«(…) Se denominan impedimentos y recusaciones las circunstancias en las que
se encuentra el Juez en relación con las partes o el asunto objeto de la decisión
y que se considera, pueden afectar la imparcialidad requerida para cumplir con
su función e implican, por ello que se le separe del conocimiento de determinado
proceso»2.
Las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de taxativas,
deben interpretarse de manera restrictiva y constituyen una excepción al
cumplimiento de la función jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas y
no pueden ampliarse discrecionalmente a criterio del juez o de las partes.
La Corte Constitucional ha especificado que el atributo de imparcialidad de los
funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende, el régimen de
impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de la
Constitución, en cuanto debe procurar la protección de tal garantía constitucional3.
El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, en relación con las causales de
impedimento para el conocimiento de las acciones de tutela, señala que son las
contempladas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, el cual dispone:
«(…) Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
(…)
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las
partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado
consejo o manifestado su opinión sobre el asunto material del proceso»
En efecto, se observa que el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien, refiere
el doctor Juan Camilo Morales Trujillo, fue demandante en la nulidad electoral que
se tramitó en contra de su nombramiento como consejero de Estado, es accionante
en la presente tutela, circunstancia que implica que la decisión que se adopte en
esta acción constitucional afectará de manera directa sus intereses.
Bajo este entendido, la Sala dual encuentra configurada la causal invocada, pues el
señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, resultó ser contraparte del señor consejero
Juan Camilo Morales, por lo que se declarará fundado el impedimento por ese
1 Radicado. 11001-02-30-000-2025-00128-00.
2 Manual de Derecho Procesal. Tomo I, Editorial. Temis Novena edición. 2.006, Pág. 181.
3 Sentencia C-496 de 2016
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manifestado y se separará del conocimiento del asunto, en aras de salvaguardar los
principios de imparcialidad y transparencia.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales4, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20055. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
4 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
5 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»6
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada7.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”8. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela9.»
6 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Sentencia SU-074 de 2022.
8 Sentencia SU-074 de 2022.
9 Sentencia SU-072 de 2018.
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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
La Sala observa que la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia,
ya que: a) tiene relevancia constitucional, en la medida en que se alega la presunta
vulneración de los derechos fundamentales por incurrir en los defectos y violaciones
citadas y el accionante argumentó suficientemente la solicitud; b) no cuenta con otro
medio de defensa para discutir lo aquí expuesto al tratarse de un trámite de única
instancia; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues se cuestiona una
providencia del 22 de enero de 2026, que solo adquirió ejecutoria hasta el 2 de
febrero hogaño, luego se presentó dentro de un término razonable (31 de julio de
2026); y, d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
Del examen integral de la providencia cuestionada se advierte que la Sección Quinta
efectuó un estudio detallado de los argumentos expuestos en la demanda de nulidad
electoral, así como los alegatos de conclusión presentados por el hoy accionante.
De manera expresa y detenida analizó el marco normativo del procedimiento de
conformación de las listas y elección de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, exponiendo que obedecía a un proceso de cooptación atenuada que realiza
en dos etapas: «(i) una convocatoria pública reglada, a cargo del Consejo Superior
de la Judicatura, cuyo fin es elaborar una lista de 10 candidatos para cada vacante
y (ii) la elección del magistrado por parte de ese propio alto tribunal, de entre los
candidatos del listado remitido, previa celebración de una audiencia pública.»10
Sobre las reglas propias de la conformación de las listas de aspirantes, señaló que
el procedimiento de convocatoria pública -como presupuesto necesario para
adelantar el acto de elección- se organizaba en cinco fases: «(…) (i) invitación
pública; (ii) publicación de inscritos y recepción de observaciones ciudadanas no
anónimas; (iii) preselección; (iv) entrevista en audiencia pública; y (v) conformación
de la lista, seguida de su publicidad.».
En igual sentido, expuso claramente el procedimiento de elección ante la Corte
Suprema de Justicia en ejercicio de las competencias asignadas en el artículo 231
de la Constitución Política, haciendo énfasis en el ámbito reglamentario propio de la
Corporación y señalando que, en todo caso, aquellos debían seguir la observancia
de parámetros constitucionales, entre ellos, el de la equidad de género.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 22 de enero de 2026. Exp.
11001-03-28-000-2025-00124-00. C.P Omar Joaquín Barreto Suarez.
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El fallo, realizó una descripción de los principios de paridad, alternancia y
universalidad contenidos en el Acuerdo PSAA16-10553 de 2016 y la relación de
aquel con las leyes 581 del 2000 y 2430 del 2024, siendo enfático en relevancia y
los cambios traídos con esta última Ley y el reconocimiento expreso al principio de
equidad de género de acuerdo con las consideraciones vertidas en la sentencia C-
134 de 2023.
Profundizó sobre la aplicación temporal de la Ley 2430 del 2024 y particularmente,
los cambios frente al artículo 53 de la Ley 270 de 1996, señalando expresamente
que la Ley regía a partir de su promulgación, circunstancia que ocurrió el 9 de
octubre de 2024 y que solo a partir de allí, las modificaciones introducidas
adquirieron plena obligatoriedad. Reforzó tal argumento exponiendo que, en
atención a los principios generales del derecho, las leyes tienen efecto inmediato y
se aplican hacia futuro, señalando los soportes normativos y jurisprudenciales de
tales afirmaciones.
Concluyó que las disposiciones introducidas por la Ley 2430 del 2024 no podían
definirse de manera automática, sino que debía verificarse su incidencia en los actos
relevantes del proceso de selección dentro de la unidad del procedimiento, pues los
cambios normativos e interpretaciones constitucionales no podían imponerse a un
procedimiento iniciado con anterioridad.
En tanto la conformación de la lista representaba un acto relevante dentro del
proceso de selección, y aquella había ocurrido el 13 de marzo de 2024 mediante
Acuerdo PCSJA24-12156 del Consejo Superior de la Judicatura, no era dable exigir
los requisitos, principios y consideraciones de la Ley 2430 del 2024
constitucionalmente estudiada en sentencia C-134 de 2023, pues aquellos solo
podían regir a partir de su promulgación, esto es el 9 de octubre del 2024.
Así, encontró como marco normativo vigente el artículo 231 de la Constitución
Política y el artículo 53 original de la Ley 270 de 1996 y a partir de estos, evaluó el
procedimiento de conformación de las listas y elección de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia en el que participó el hoy magistrado Juan Carlos
Espeleta Sánchez, encontrando que se ajustaba a derecho y que la Sala Plena de
la Máxima Corporación Ordinaria no vulneró preceptos constitucionales ni legales,
deviniendo en la no prosperidad del medio de control de nulidad electoral.
Con relación a la supuesta violación directa de la Constitución, la Subsección
evidencia que el desacuerdo radica en que al resolver la nulidad electoral, la
Sección Quinta eligió una interpretación restrictiva de cara a los preceptos
relacionados con igualdad y paridad de género impuestos mediante sentencia C-
134 de 2023, así como que se había ignorado el Bloque de Constitucionalidad (en
especial los tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-).
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Sin embargo, la providencia acusada expuso de manera concreta todos los
elementos relacionados con los derechos fundamentales a la igualdad y las
exigencias de paridad de género, al punto que expresamente se refirió a la
Convención citada, detallando que esta no establecía por sí misma « (…) una acción
afirmativa concreta, específica y exigible en la fase de elección de magistrados de
las altas cortes, distinta de las exigencias previstas en el marco estatutario vigente
al momento de iniciarse el procedimiento.»
En igual sentido, hizo un claro estudio de la sentencia de constitucionalidad C-134
de 2023 y el contenido allí vertido, por lo que no puede afirmarse la transgresión
directa cuando la providencia tuvo una alta argumentación sobre los temas que le
acusan.
Bajo tales aristas, en realidad ninguna violación directa encuentra la Subsección,
pues el fallo de nulidad electoral cumplió con la suficiencia argumentativa que debe
revestir toda decisión judicial y esta estuvo en consonancia con la Constitución
Política.
Aquí, debe recordar esta Subsección que las sentencias proferidas en ejercicio de
la potestad jurisdiccional, más cuando se trata de Tribunales de Cierre, están
revestidas de la presunción de legalidad y acierto, por lo que su revocatoria, además
en sede de tutela, exige un análisis detallado que evidencie de manera protuberante
los yerros que se le endilgan, no bastando consideraciones del resorte personal
sobre cómo debía ser la decisión.
Ello, porque la configuración de este defecto, conforme la jurisprudencia de la
misma Corte Constitucional solo se da en alguna de las siguientes hipótesis:
«(i) cuando se trata de una violación evidente de la Constitución o no se tuvo en
cuenta un derecho fundamental de aplicación inmediata; (iii) cuando no se tiene en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución y (iii) cuando la
autoridad judicial encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible
con la Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia
de las legales (excepción de inconstitucionalidad)»11
Hipótesis estas, que como quedó expuesto, no se lograron acreditar.
Frente a las causales específicas del defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente judicial y el desconocimiento del precedente como causal autónoma, la
Subsección los estudiará de manera conjunta dada la similitud en la argumentación
de ambos propuesta por el accionante.
Se observa entonces que el desacuerdo radica en tanto el promotor sostiene que la
providencia acusada desconoció el precedente vertido en la sentencia de C-134 de
2023 sobre la necesidad de medidas para permitir la materialización de la equidad
11
Corte Constitucional, Sentencia T-350 de 2025.
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de género, así como su mismo precedente vertido en sentencia del 26 de junio de
2025.
Como ocurriere con la presunta violación directa, aquí la Subsección también
descarta que la sentencia hubiere incurrido en alguna de las causales señaladas,
pues encuentra que la providencia de la Sección Quinta no desconoció precedente
alguno, pues basta leer lo resuelto para darse cuenta del amplio desarrollo que
tuvieron los postulados contenidos en la sentencia C-134 de 2023 sobre el caso.
En realidad, la Sección abordó de manera completa el componente de paridad
contenido en la aludida sentencia de constitucionalidad, al punto que dedicó un
acápite completo al análisis de la obligatoriedad de este en las listas, inclusive,
según la jurisprudencia de esa misma Sala.
Aquí, las reglas de decisión que orientaron la sentencia que hoy se acusa, en nada
desconocieron el precedente constitucional, pues la negativa de la nulidad electoral
erigió su fundamento principal en los efectos generales relativos a la vigencia de la
Ley -entendida en sentido amplio- en el tiempo.
El argumento anterior también descarta el presunto desconocimiento del propio
precedente, pues aun cuando se afirmara que existió una variación en las
consideraciones de cara a las garantías de paridad en las fases del procedimiento
de elección, lo cierto es que aquel planteamiento no fue el sustento primordial de la
decisión atacada.
En consecuencia, encuentra esta Subsección que la sentencia atacada por vía de
tutela no incurrió en ninguno de las violaciones y defectos aludidos, por lo que se
negará el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero
Juan Camilo Morales Trujillo y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del
asunto.
Segundo. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
señor Samuel Alejandro Ortíz Mancipe, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06050-00
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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