Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06386-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06386 00
Accionante: Alicia Rubio Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por los señores Héctor Camilo Urrea Rubio,
Alicia Rubio Morales, Yury Marcela Castillo Morales y Omaira García Bello, contra la
providencia de 12 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
en el medio de control de reparación directa con radicado núm. 73001 33 33 007 2020
00229 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los accionantes, actuando a través de apoderado judicial, promovieron acción de tutela
en contra de la precitada providencia, y para ello, formularon las siguientes pretensiones1:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO,
A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD de cada uno de los accionantes, toda vez que el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, en sentencia del del 12 de
febrero del 2026 y el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito
de Ibagué en sentencia de fecha 13 de junio del 2023, incurrieron en un defecto
factico por indebida valoración probatoria, desconocimiento del
precedente jurisprudencial y defecto sustantivo, desarrollado por los
órganos de cierre de la Jurisdicción Contencioso administrativa y la Corte
Constitucional.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 12 de febrero del
2026, proferida dentro del radicado 73001-3333-007-2020-00229-01 por
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA que
en un término perentorio mínimo, profiera una nueva sentencia dentro del
proceso Contencioso Administrativo promovido, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la
presente Litis.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06386 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06386 00
Accionantes: Alicia Rubio Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes relataron que el 2 de febrero de 2019, el señor Manuel Joaquín Buelvas
Bello sostuvo una discusión con su compañera sentimental, la señora Alicia Rubio
Morales, en un establecimiento público del municipio del Carmen de Apicalá, mientras se
encontraba en estado de alicoramiento, generando la intervención de la Policía Nacional
quienes lo trasladaron a las instalaciones de la institución.
Señalaron que los policías aseguraron que el señor Buelvas Bello manifestó en repetidas
ocasiones su intención de quitarse la vida si era privado de su libertad y, por tal razón,
antes de ingresarlo a la sala de reflexión, los uniformados le retiraron sus prendas de
vestir y lo dejaron únicamente con ropa interior.
Indicaron que el señor Buelvas Bello fue ingresado a la sala de reflexión
aproximadamente a las 10:30 p.m. y, posteriormente, durante la madrugada del 3 de
febrero de 2019, fue encontrado suspendido del cuello con el resorte de su ropa interior
y sin signos vitales.
Aseguraron que había una contradicción entre la información consignada en la minuta de
guardia y el libro de población respecto del momento en que se realizó la revista al
detenido y el momento en que fue hallado el cuerpo.
A raíz de dichos hechos los aquí accionantes promovieron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, con el propósito de obtener la declaración de responsabilidad
patrimonial de la entidad por la muerte del señor Manuel Joaquín Buelvas Bello.
Adujeron que el procedimiento policial había sido contrario al deber constitucional de
proteger la vida, pues los agentes tenían conocimiento de las amenazas suicidas del
señor Buelvas Bello y, pese a ello, no habrían adoptado las medidas necesarias para
evitar el resultado.
Anotaron que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Ibagué, autoridad judicial que, mediante sentencia del 13 de junio del 2023
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, aunque la muerte ocurrió
cuando el señor Buelvas Bello se encontraba bajo custodia de la Policía Nacional, no se
demostró un actuar negligente o ilegal de los uniformados, pero si se configuró el hecho
exclusivo de la víctima.
Inconformes con la decisión anterior, presentaron recurso de apelación en la que se
cuestionó, entre otros aspectos, la valoración de las circunstancias en las que ocurrió la
muerte, el conocimiento que tenían los uniformados sobre las intenciones suicidas de la
victima y las medidas adoptadas para proteger su vida e integridad.
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 12 de febrero del 2026, al
resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión de primera instancia.
Como fundamento del escrito de tutela, los accionantes manifestaron que se encontraban
satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, puesto que el
asunto tiene relevancia constitucional, por cuanto las providencias cuestionadas afectan
garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso, la igualdad, el acceso
a la administración de justicia y el principio de legalidad.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06386 00
Accionantes: Alicia Rubio Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Explicaron que desplegaron todos los mecanismos judiciales previstos en el
ordenamiento jurídico, por lo que se cumplía el requisito de subsidiariedad. Además,
consideraron superado el requisito de inmediatez, pues la acción se promovió dentro de
los seis meses siguientes a la ejecutoria y notificación de la sentencia cuestionada.
Alegaron que en la providencia cuestionada se configuró un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, toda vez que las autoridades judiciales realizaron una valoración
parcial, fragmentaria y favorable a la entidad demandada, sin apreciar integralmente
elementos relacionados con las reiteradas manifestaciones de la víctima sobre su
intención de suicidarse, las condiciones del lugar donde fue recluida, la decisión de los
uniformados de despojarla de sus prendas y las funciones asignadas al auxiliar de Policía
encargado de la custodia.
Agregaron que también se incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto, según
consideran, los jueces interpretaron erradamente el artículo 155 de la Ley 1801 de 2016
y desconocieron el alcance constitucional del traslado por protección. Afirmaron que
dicha medida tenía carácter subsidiario, preventivo y protector, y que las decisiones
judiciales no valoraron adecuadamente los principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad que regían la actuación policial.
Finalmente, arguyeron que también hubo un desconocimiento del precedente
jurisprudencial vertical y horizontal, por cuanto las providencias cuestionadas
desconocieron la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la responsabilidad de la
Policía Nacional en circunstancias que consideraron similares a las del caso de la víctima,
así como los criterios fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-281 de 2017
acerca de los límites, la finalidad y el alcance del traslado por protección.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 12 de agosto de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto de 18 de agosto de 20263, admitió la demanda y dispuso notificar4
al Tribunal Administrativo del Tolima, como autoridad judicial accionada; así como
vincular al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y a la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, como terceros con interés directo en
el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió tanto al juzgado como al tribunal para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso de reparación directa, identificado con
radicado núm. 73001 33 33 007 2020 00229 00/01.
3.2. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional5 presentó informe en
el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y, en consecuencia, se
negaran las pretensiones de los accionantes, por cuanto, en su criterio, las decisiones
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06386 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06386 00.
4 Esta orden se cumplió el 20 de agosto de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06386 00.
5 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06386 00.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06386 00
Accionantes: Alicia Rubio Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
judiciales cuestionadas no vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad ni al acceso a la administración de justicia, pues la controversia fue resuelta
de fondo por las autoridades judiciales competentes y la parte accionante contó con las
oportunidades procesales para ejercer su defensa.
Afirmó que la tutela tampoco procedía como mecanismo transitorio, dado que los
accionantes no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable y la presente acción
constitucional no podía utilizarse como una instancia adicional para reabrir el debate
decidido por la jurisdicción contencioso-administrativa.
3.3. El Tribunal Administrativo del Tolima6 allegó respuesta en la que solicitó negar la
acción de tutela, al considerar que la providencia cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales de los accionantes ni incurrió en los defectos alegados, pues se sustentó
en las normas, la jurisprudencia y el material probatorio aplicable al asunto puesto a su
conocimiento.
Sostuvo que la inconformidad de los accionantes busca, en realidad, reabrir el debate
probatorio y jurídico ya resuelto dentro del proceso de reparación directa, utilizando la
tutela como una tercera instancia al proceso ordinario.
3.4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 7 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,8 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20219, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:
4.2.1. Los accionantes, actuando a través de apoderada judicial, promovieron demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, con el propósito de que se le declarara
6 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06386 00.
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
8 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
9 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
10 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa identificado con radicado núm.
73001 33 33 007 2020 00229 00/01.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06386 00
Accionantes: Alicia Rubio Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales y morales con
ocasión de la muerte del señor Manuel Joaquín Buelvas Bello, quien se encontraba
detenido en la estación de policía del municipio del Carmen de Apicalá, el 3 de febrero
de 2019.
4.2.2. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Ibagué que, mediante sentencia de 13 de junio de 2023, negó las
pretensiones.
4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, los accionantes interpusieron recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 12 de febrero de
2026, notificada el 18 de febrero de 2026, la confirmaron.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que12:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
12 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06386 00
Accionantes: Alicia Rubio Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades13:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 14. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)15. (Se
destaca) […].
En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
13 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
14 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06386 00
Accionantes: Alicia Rubio Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
En el presente asunto, la Sala advierte que la controversia planteada no reviste relevancia
constitucional, pues las inconformidades de la parte accionante se circunscriben a
cuestionar las conclusiones jurídicas y probatorias a las que arribó la autoridad judicial
accionada al resolver el proceso de reparación directa.
Del análisis del escrito de tutela se observa que los reparos de los accionantes se dirigen
a cuestionar que la autoridad judicial hubiera concluido que la muerte del señor Manuel
Joaquín Buelvas Bello obedeció al hecho exclusivo de la víctima, pues a su criterio, esa
conclusión desconoció las circunstancias que rodearon su retención y el conocimiento
que tenían los uniformados acerca de sus manifestaciones previas de querer quitarse la
vida.
Asimismo, reprocharon la valoración del material probatorio, al considerar que fue parcial
y fragmentaria, en particular, señalaron que no se apreciaron integralmente las
condiciones del lugar de retención, la vigilancia brindada a la víctima, las medidas
adoptadas por los uniformados y las funciones del personal policial encargado de su
custodia.
También cuestionaron la interpretación realizada sobre el traslado por protección previsto
en la Ley 1801 de 2016, al considerar que la providencia acusada desconoció el carácter
preventivo y protector de dicha medida y no aplicaron adecuadamente los principios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que, a su juicio, debían orientar la actuación
policial.
Finalmente, alegaron que la decisión judicial enjuiciada desconoció el precedente
jurisprudencial, tanto por no atender los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-281 de 2017 como por apartarse de la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre la responsabilidad estatal frente a personas sometidas a medidas de custodia o
protección.
Ahora bien, de la lectura de la providencia del 12 de febrero de 2026, que puso fin a la
controversia, la Sala observa que el tribunal accionado planteó como problema jurídico
determinar, en primer lugar, si se encontraba acreditado el daño antijurídico derivado de
la muerte del señor Manuel Joaquín Buelvas Bello por suicidio mientras permanecía
detenido en la estación de policía de Carmen de Apicalá y, en segundo término, si dicho
daño era imputable a la entidad demandada o si se configuraba alguna causal eximente
de responsabilidad.
Adicionalmente, tuvo por acreditado el daño, pues en el expediente obraban el registro
civil de defunción y el protocolo de necropsia, conforme a los cuales el señor Manuel
Joaquín Buelvas Bello falleció el 3 de febrero de 2019 a causa de suicidio por
ahorcamiento.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06386 00
Accionantes: Alicia Rubio Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Al analizar la imputación, el Tribunal recordó que, tratándose de personas detenidas,
existía una relación de especial sujeción que imponía al Estado deberes de protección
de la vida e integridad personal. No obstante, precisó que la responsabilidad estatal podía
excluirse cuando se acreditara una causa extraña, como el hecho exclusivo de la víctima.
En el caso concreto, valoró el informe de Policía Judicial y las entrevistas practicadas a
los uniformados y, con fundamento en esos elementos, consideró acreditado que el señor
Buelvas Bello había manifestado su intención de quitarse la vida y que, ante ello, los
policías le retiraron algunas prendas de vestir para evitar que las utilizara para lesionarse,
dejándolo con su ropa interior. Asimismo, tuvo en cuenta que se realizó una revista al
momento de su ingreso a la sala de reflexión y otra cuando fue hallado suspendido.
A partir de dichas circunstancias, el tribunal concluyó que no se acreditó que la muerte
hubiera sido consecuencia de una acción u omisión atribuible a la Policía Nacional, sino
que obedeció a la voluntad propia de la víctima, razón por la cual, consideró configurado
el hecho exclusivo de esta como causal eximente de responsabilidad, al estimar que su
decisión constituyó la única causa eficiente en la producción del daño, por lo que confirmó
la sentencia que había negado las pretensiones de la demanda.
En ese contexto, la Sala observa que lo manifestado por la parte accionante para
sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no evidencia que el
asunto planteado verse sobre el alcance de un derecho fundamental, sino únicamente
sobre su inconformidad con la decisión adoptada dentro del proceso de reparación
directa.
Ello es así, porque los accionantes en ningún momento ponen de presente que la
autoridad judicial accionada hubiera incurrido en una arbitrariedad, ni desarrolla una
exposición de la que se desprenda que el caso exija interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política, o definir el alcance de un derecho fundamental, como tampoco
justifica de manera razonable una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales.
Por tanto, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional que implique la
presunta transgresión de derechos fundamentales, pone de manifiesto una simple
inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, como si la
tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional.
En consecuencia, al no evidenciarse una controversia de relevancia constitucional, sino
una simple discrepancia con el criterio jurídico expuesto en la providencia cuestionada,
la Sala concluye que no se satisface este requisito general de procedencia, razón
suficiente para declarar improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06386 00
Accionantes: Alicia Rubio Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 10 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.