Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06460-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-06460-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-06460-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06460-00
Demandante: Roberto Carlos Correa Muñoz
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad electoral. Acto de
elección de rector universitario. Recurso extraordinario de
revisión. Defecto fáctico.
Decisión: Niega Solicitud
La Sala decide en primera instancia la acción de tutela formulada por Roberto Carlos
Correa Muñoz contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 14 de agosto de 2026, la parte actora presentó acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales estimó vulnerados por
la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del trámite del recurso
extraordinario de revisión con radicado No. 11001-03-28-000-2026-00031-00.
2. A título de amparo, solicitó «(i) tutelar la violación al debido proceso por no
resolver el recurso extraordinario de revisión por un tema distinto; (ii) que se
impartan las órdenes que el juez crea conducentes en la protección del derecho
fundamental de petición, con relación a la inconformidad de la accionante; y (iii)
tutelar el debido proceso por la no vinculación ni notificación de una de las partes
que participaron en el proceso en primera instancia».
3. Como fundamento fáctico de la acción de amparo, la parte actora señaló
que el 10 de diciembre de 2024 interpuso demanda de nulidad electoral contra el
acto administrativo del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena mediante
el cual se eligió al señor Pablo Hernán Vera Salazar como rector de esa institución,
contenido en el Acuerdo No. 8 de 28 de octubre de 2024, así como contra el acta
de la sesión del Consejo Superior de la misma fecha, en el aparte que ordenó «por
medio del cual se nombra al Rector de la Universidad del Magdalena para el periodo
2024-2028» y en aquel que dispuso «Nombrar al doctor Pablo Hernán Vera Salazar,
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Demandante: Roberto Carlos Correa Muñoz
como Rector de la Universidad del Magdalena para el periodo comprendido entre el
26 de noviembre de 2024 hasta el 25 de noviembre de 2028».
4. El 25 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena decretó la
acumulación de los procesos electorales promovidos por Carlos Mario Rojas
Centeno 1 y por el hoy accionante 2 , tras establecer que, en ambos procesos, el
medio de control se dirigía contra el acto de elección del señor Pablo Hernán Vera
Salazar como rector de la Universidad del Magdalena para el periodo 2024-2028 y
que, para sustentar las respectivas pretensiones, se alegaba que el rector electo se
encontraba incurso en inhabilidades.
5. El 10 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó
las pretensiones de nulidad electoral, tras concluir que (i) frente a la supuesta falta
de antelación en la divulgación de la convocatoria y del orden del día, no se aportó
prueba idónea que demostrara el incumplimiento de los términos estatutarios ni que
ello hubiera impedido la participación de alguno de los consejeros o afectado la
deliberación; (ii) no se acreditó la omisión de etapas regladas ni la pretermisión de
derechos de intervención, pues en el expediente constaba que las recusaciones
fueron conocidas por el Consejo Superior Universitario y decididas por mayoría; (iii)
los actores no precisaron la norma que proscribiera la conducta cuestionada ni
demostrado que se hubiera ejercido voto o presión ilegítima, de modo que la sola
participación informativa o de trámite, sin voto, del rector encargado no constituía,
por sí sola, un vicio invalidante; y (iv) no se probó que los estatutos exigieran una
motivación individual y escrita de cada sufragio en las elecciones de autoridades,
máxime cuando el acta dejó constancia de las intervenciones y fundamentos
expuestos antes de la votación.
6. El 10 de noviembre de 2025, el señor Rojas Centeno interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Sostuvo que la señora Ángela
Romero no tenía ningún impedimento para ser miembro del Consejo Superior
Universitario, pues fue elegida por el Consejo Académico para representar a ese
órgano ante el Consejo Superior. Afirmó que lo cuestionado era que dicha
funcionaria iba a depositar su voto por Pablo Hernán Vera Salazar y por la propuesta
de gobierno a la cual pertenecía, circunstancia que configuraba un conflicto de
interés que afectaba la transparencia de la decisión y la motivación del voto.
7. El 1 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena
rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el señor Rojas
Centeno contra la Sentencia de 10 de octubre de 2025. Advirtió que dicha
providencia fue notificada el 28 de octubre de 2025, por lo que se entendía
efectivamente notificada el 30 de octubre, en virtud de lo previsto en el artículo 205
del CPACA. Concluyó que el término de 5 días para presentar el recurso de
apelación vencía el 7 de noviembre de 2025.
1 Radicado: 47001-23-33-000-2024-00380-00.
2 Radicado: 47001-23-33-000-2024-00383-00.
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8. El 9 de diciembre de 2025, el señor Rojas Centeno interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de queja, al considerar que existió un yerro en la
contabilización de los términos, pues no se efectuó una apreciación integral de las
normas relativas a la efectividad de la notificación electrónica, en particular del
artículo 52 de la Ley 2080. Sostuvo que dicha disposición otorgaba 2 días hábiles
para que se entendiera surtida la notificación judicial a través de correo electrónico
y que, una vez transcurridos, la decisión se entendía notificada el día 3, mientras
que el término procesal comenzaba a correr a partir del día siguiente. Con
fundamento en esa interpretación, afirmó que el 10 de noviembre de 2025 era el
último día para presentar el recurso, fecha en la cual efectivamente lo interpuso, y
no el 7 de noviembre de 2025, como lo consideraba el despacho de la magistrada.
9. El 20 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del Magdalena dispuso
no reponer la providencia de 1 de diciembre de 2025, mediante la cual se rechazó
por extemporánea la apelación contra el fallo de primera instancia, y ordenó dar
trámite al recurso de queja. Sostuvo que el señor Rojas Centeno realizó una
interpretación errada del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, al confundir el
momento en que se entendía surtida la notificación electrónica de la sentencia con
el inicio del cómputo del término para apelar.
10. El 13 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
consideró ajustado a derecho el rechazo del recurso de apelación interpuesto contra
la Sentencia de 10 de octubre de 2025, en la medida en que estableció que la
notificación de la sentencia se realizó el 28 de octubre de 2025 y que el término de
2 días hábiles previsto en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 transcurrió los días
29 y 30 de octubre de 2025. Determinó que el término de 5 días hábiles para apelar,
de conformidad con el artículo 292 de la Ley 1437 de 2011, transcurrió los días 31
de octubre, 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 2025. Concluyó que el plazo máximo para
interponer la apelación vencía el 7 de noviembre de 2025, mientras que el recurso
fue presentado mediante escrito remitido el 10 de noviembre siguiente, razón por la
cual resultaba extemporáneo.
11. El 27 de febrero de 2026, el hoy accionante interpuso recurso extraordinario
de revisión contra la Sentencia de 10 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena dentro del proceso de nulidad electoral radicado con
el No. 47001-23-33-000-2024-00380-00. Sostuvo que se configuraba la causal
prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, al advertir que no se tuvo en
cuenta el Acta 15 de 24 de octubre de 2024, en la cual se designó por unanimidad
a la señora Ángela Romero Cárdenas como representante de las directivas
académicas ante el Consejo Superior Universitario, ni la Resolución 1075 de 2016,
mediante la cual fue nombrada decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Indicó que, de haberse analizado el Acta 15 de 24 de octubre de 2024 y la
Resolución 1075 de 2016, habría sido claro que el señor Pablo Vera Salazar nombró
a la señora Ángela Romero como decana y que esta votó a favor de su elección
como rector de la Universidad del Magdalena.
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12. El 9 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión. Consideró que no era de recibo la
pretensión del hoy accionante de utilizar ese mecanismo para cuestionar el
resultado adverso de pruebas que fueron oportunamente practicadas y valoradas
en el proceso. Señaló que el recurso extraordinario de revisión no constituía un
medio idóneo para suplir deficiencias de la actuación procesal que correspondía a
las partes durante la tramitación de la instancia, ni para provocar una nueva
valoración del acervo probatorio o cuestionar los aspectos jurídicos decididos por el
fallador de instancia. Concluyó que los documentos invocados fueron aportados al
proceso dentro de las oportunidades procesales del trámite ordinario, circunstancia
que demostraba que no se encontraban extraviados o refundidos, requisitos
indispensables para considerarlos recobrados. Agregó que, incluso, habían sido
conocidos por el fallador y, más aún, valorados en la sentencia recurrida.
13. Como fundamentos de derecho, la parte actora sostuvo que la Sección
Quinta del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, al incurrir en un defecto fáctico,
pues resolvió un asunto distinto del planteado en el recurso extraordinario de
revisión. Explicó que su cuestionamiento se dirigía a demostrar que el señor Pablo
Hernán Vera Salazar nombró a la señora Ángela Verónica Romero Cárdenas como
decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, mediante la Resolución 1075 de
2016, y que esta posteriormente participó en la elección de aquel como rector.
Señaló que nunca planteó que el señor Vera Salazar la hubiera designado como
integrante del Consejo Académico y que, pese a ello, este fue el aspecto analizado
en la providencia cuestionada.
14. Afirmó que la Sección Quinta realizó una valoración errada del material
probatorio, en particular del Acta 15 de 24 de octubre de 2024, pues dicho
documento no hacía parte del expediente remitido por el Tribunal Administrativo del
Magdalena y tampoco aparecía en la certificación expedida por la Secretaría de la
Sección Quinta sobre los documentos recibidos. Consideró que, no obstante, la
providencia utilizó dicho documento para sustentar la decisión y que el magistrado
ponente acudió a un expediente diferente del correspondiente al recurso
extraordinario de revisión.
Intervenciones3
15. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional o de
subsidiariedad o, en su defecto, que se negaran las pretensiones, al considerar que
los cuestionamientos en que se sustentó correspondían, en realidad, a los mismos
argumentos expuestos en el proceso ordinario y en el recurso extraordinario de
revisión mediante el cual se pretendía la nulidad del acto acusado.
3 Mediante Auto de 19 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Consejo de
Estado – Sección Quinta y se vinculó Pablo Hernán Vera Dagua, a la Universidad del Magdalena, al
Departamento del Magdalena – Gobernación del Magdalena y a Ángela Verónica Romero Cárdenas.
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16. Afirmó que el accionante pretendía que, por medio de la acción de tutela, el
juez constitucional realizara un nuevo estudio orientado a determinar la viabilidad
de acceder a las pretensiones planteadas en el proceso ordinario, debate que fue
resuelto por el juez natural competente. Sostuvo que la controversia no se originaba
en la transgresión de una garantía fundamental, sino en la inconformidad del actor
con el análisis efectuado respecto de la configuración de la causal invocada en el
mecanismo extraordinario. Señaló que no era cierto que se hubiera omitido
información, decidido un asunto distinto al solicitado o introducido información falsa
al proceso.
17. La Gobernación del Magdalena solicitó su desvinculación del trámite, al
considerar que no existía ningún hecho u omisión que pudiera atribuírsele respecto
de una eventual afectación de los derechos fundamentales invocados. Señaló que
no fue notificada ni vinculada al trámite del recurso extraordinario de revisión, pese
a su interés legítimo derivado de su calidad de coadyuvante en el proceso de nulidad
electoral de origen.
18. Precisó que la sola falta de notificación formal a un tercero no conllevaba,
de manera automática, la invalidez de la decisión adoptada, pues era necesario
verificar si dicha omisión había tenido una incidencia real y trascendente en el
sentido del fallo, de conformidad con el principio según el cual las formas procesales
son instrumentales y no debía declararse una nulidad o afectación cuando no se
acreditara un perjuicio cierto para quien la invocaba.
19. Concluyó que no tenía mayoría, capacidad de veto ni ascendencia decisoria
sobre las determinaciones del órgano de gobierno universitario, pues ni la
intervención del Departamento del Magdalena como coadyuvante en el proceso de
nulidad electoral ni la reclamación de su derecho a ser notificado y oído en el trámite
del recurso extraordinario de revisión comportaban una injerencia en la autonomía
universitaria reconocida a la Universidad del Magdalena por el artículo 69 de la
Constitución Política y la Ley 30 de 1992.
20. La Universidad del Magdalena solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela por ausencia del requisito de relevancia constitucional y, en
caso de que se procediera al estudio de fondo, que se negara el amparo solicitado
ante la inexistencia de prueba que demostrara la vulneración de los derechos
fundamentales alegados.
21. Expuso que el requisito de relevancia constitucional tenía como finalidad
preservar la competencia de los jueces naturales, impidiendo que este mecanismo
excepcional fuera utilizado para reabrir controversias propias de otras jurisdicciones
o para convertir al juez constitucional en una instancia adicional de revisión de las
decisiones judiciales. Señaló que dicho presupuesto imponía al accionante una
carga argumentativa consistente en exponer de manera clara y razonable las
circunstancias en las que se produjo la afectación, precisar los derechos
fundamentales que consideraba comprometidos y explicar su relación con la
providencia cuestionada, así como demostrar que el asunto tenía una verdadera
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dimensión constitucional y no se reducía a una discusión de mera legalidad, a una
discrepancia con la interpretación efectuada por el juez natural o a la pretensión de
obtener una nueva valoración de asuntos ya decididos.
22. Afirmó que el accionante identificó formalmente los derechos que
consideraba vulnerados, pero no desarrolló la carga argumentativa necesaria para
demostrar su afectación constitucional, toda vez que no precisó con claridad cuál
fue la actuación concreta del Consejo de Estado que habría desconocido una
garantía esencial del debido proceso ni explicó de qué manera aquella habría
restringido efectivamente sus posibilidades de defensa y contradicción. Tampoco
demostró por qué los cuestionamientos formulados trascendían la esfera de la
legalidad y adquirían una dimensión constitucional que justificara la intervención
excepcional del juez de tutela.
23. Ángela Verónica Romero Cárdenas alegó falta de legitimación en la causa
por pasiva dentro del trámite constitucional y, en consecuencia, solicitó su
desvinculación, al considerar que no existía conducta activa u omisiva atribuible a
ella que hubiera vulnerado o amenazado los derechos fundamentales invocados por
el accionante.
24. Pablo Hernán Vera Salazar solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela por no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia
constitucional, pues este no se cumplía con la sola invocación de derechos
fundamentales, sino que exigía que los argumentos expuestos permitieran advertir
una afectación concreta de su contenido constitucional y que el asunto trascendiera
la discusión propia del proceso judicial.
25. Afirmó que los argumentos de la parte actora no demostraban una
afectación autónoma del debido proceso o del acceso a la administración de justicia,
por cuanto la inconformidad se concentraba en las razones que llevaron a la Sección
Quinta del Consejo de Estado a declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión. Sostuvo que el hecho de que el accionante discrepara del alcance otorgado
por dicha autoridad a la causal alegada no significaba que se hubiera desconocido
el debido proceso, máxime cuando no demostró de qué manera concreta se
afectaron sus derechos ni cuál había sido la incidencia de esa afectación en la
decisión adoptada.
26. Consideró que no se configuraba el defecto fáctico alegado por el
accionante, pues no existió ningún desacierto probatorio ni desafuero interpretativo
por parte del Consejo de Estado, máxime cuando, en sede de revisión, este carecía
de competencia para revaluar los méritos o efectos de las pruebas del proceso de
nulidad electoral, por tratarse de valoraciones de fondo ajenas a la finalidad
restrictiva de ese mecanismo. Concluyó que el desacuerdo del actor obedecía a una
lectura sesgada y descontextualizada de las consideraciones de la Sentencia de 9
de julio de 2026, al entender erróneamente que las afirmaciones allí contenidas
constituían una valoración autónoma, cuando en realidad correspondían a una
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reseña meramente descriptiva de las conclusiones probatorias consignadas en la
sentencia de primera instancia del proceso electoral.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
28. Antes de abordar el análisis de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala
considera necesario precisar el alcance de la controversia sometida a su
consideración. El accionante formuló varias solicitudes orientadas a obtener la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y, de manera genérica, al derecho de petición. Asimismo,
hizo referencia a una presunta irregularidad relacionada con la falta de vinculación
y notificación de una de las partes que participaron en el proceso judicial ordinario.
No obstante, del examen integral de los hechos, de los fundamentos jurídicos de la
demanda y de los argumentos desarrollados para sustentar la alegada vulneración
de derechos fundamentales, la Sala advierte que el reproche constitucional se
dirige, en esencia, contra la Sentencia de 9 de julio de 2026 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado dentro del recurso extraordinario de revisión No.
11001-03-28-000-2026-00031-00, providencia a la que el accionante atribuye la
configuración de un defecto fáctico.
29. En ese sentido, la argumentación de la tutela se concentra en afirmar que
dicha autoridad judicial habría resuelto un asunto distinto del planteado en el recurso
extraordinario de revisión y habría realizado una valoración errada del material
probatorio, particularmente respecto del Acta 15 de 24 de octubre de 2024 y de la
Resolución 1075 de 2016.
30. Por el contrario, la supuesta vulneración del derecho de petición y las
manifestaciones relativas a la falta de vinculación o notificación de terceros dentro
del trámite judicial no fueron desarrolladas mediante una carga argumentativa
mínima que permita identificar una actuación concreta constitutiva de una afectación
autónoma de derechos fundamentales ni evidencian un reproche independiente
susceptible de análisis constitucional.
31. En consecuencia, la Sala entiende que la presente controversia
corresponde a una acción de tutela promovida contra una providencia judicial y, por
tanto, el estudio se circunscribirá a determinar si la Sentencia de 9 de julio de 2026
incurrió en el defecto fáctico que le atribuye el accionante, sin que resulte
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procedente extender el examen a inconformidades genéricas que carecen de
desarrollo argumentativo autónomo y suficiente.
Problema jurídico
32. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del accionante al proferir la Sentencia de 9 de julio de
2026, dentro del recurso extraordinario de revisión radicado No. 11001-03-28-000-
2026-00031-00, presuntamente por haber incurrido en un defecto fáctico, al resolver
un asunto distinto del planteado en dicho recurso y efectuar una valoración errada
del material probatorio.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
33. La acción de tutela satisface los requisitos generales de procedibilidad, toda
vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional, comoquiera que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, no se trata de una discusión
de raigambre eminentemente legal ni una reiteración de los argumentos planteados
en el trámite ordinario y, en todo caso, el reparo (defecto fáctico) fue dirigido
concretamente contra la decisión que resolvió el recurso extraordinario de revisión;
(2) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva,
debido a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el
trámite y, por el otro, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió la decisión
que se cuestiona; (3) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad,
comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que tenía para
procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela se presentó el 14 de
agosto de 2026, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la
Sentencia de 9 de julio de 2026; (5) se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual
naturaleza.
34. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.
Análisis de la vulneración alegada: estudio de defecto
35. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:
36. En el caso concreto, la Sala advierte que el reparo formulado por el
accionante se dirige contra la valoración que la Sección Quinta efectuó de los
elementos probatorios relacionados con la señora Ángela Verónica Romero
Cárdenas, particularmente el Acta 15 de 24 de octubre de 2024 y la Resolución
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1075 de 2016. Sin embargo, esas mismas piezas fueron objeto de discusión dentro
del proceso de nulidad electoral. En la sentencia de primera instancia se examinó
la situación de la señora Romero Cárdenas, incluida su condición de decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud, su designación por el Consejo Académico como
representante de las directivas académicas y su participación en la elección del
rector. En el recurso extraordinario de revisión, el hoy accionante volvió a plantear
que dichos documentos permitían establecer que el señor Pablo Hernán Vera
Salazar la había nombrado decana y que ella posteriormente había votado por aquel
en la elección rectoral.
37. Frente a ese planteamiento, la Sección Quinta estudió expresamente la
condición de los documentos invocados y concluyó que no constituían pruebas
recobradas, pues habían sido aportados al proceso en las oportunidades
correspondientes e incluso las identificó en el aplicativo SAMAI y, habían sido
conocidos y valorados por el fallador de instancia. Asimismo, precisó que en la
sentencia objeto de revisión se había considerado que la participación de la señora
Romero Cárdenas en la sesión del Consejo Superior obedeció a una decisión del
Consejo Académico y no a una designación efectuada por el señor Pablo Vera. De
este modo, el cuestionamiento que ahora se formula en sede constitucional recae
nuevamente sobre la apreciación que los jueces de la causa hicieron de unas
pruebas y sobre la conclusión que de ellas se obtuvo.
38. Tampoco observa la Sala que la providencia cuestionada hubiera resuelto
una controversia ajena a la planteada por el recurrente o que hubiese desbordado
el ámbito de cognición propio del recurso extraordinario de revisión. En efecto,
aunque el accionante sostiene que la Sección Quinta decidió un asunto distinto del
sometido a su consideración, lo cierto es que dicha autoridad judicial sí examinó los
documentos que fueron invocados para sustentar la causal prevista en el numeral
1 del artículo 250 del CPACA y se pronunció expresamente sobre la imposibilidad
de conferirles la condición de pruebas recobradas. Por ello, la discrepancia del actor
no se origina en la falta de correspondencia entre lo pedido y lo decidido, sino en el
desacuerdo con la valoración jurídica efectuada respecto de los presupuestos de
procedencia del recurso extraordinario de revisión.
39. Así las cosas, aun si el cargo se analizara desde la perspectiva de una
eventual incongruencia o de una supuesta desatención de los argumentos
planteados por el recurrente, no se advierte, prima facie, una cuestión con entidad
constitucional autónoma. Por el contrario, el reproche supone cuestionar la manera
como el juez natural entendió y resolvió la causal invocada, aspecto que pertenece
al ámbito propio de la interpretación judicial y no configura, por sí mismo, una
vulneración de derechos fundamentales susceptible de ser estudiada mediante la
acción de tutela.
40. De igual manera, la Sala advierte que el accionante sostiene que el Acta 15
de 24 de octubre de 2024 no hacía parte del expediente remitido para el trámite del
recurso extraordinario de revisión y que, pese a ello, habría sido utilizada por la
Sección Quinta para fundamentar su decisión. Sin embargo, dicho señalamiento
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tampoco evidencia una controversia constitucional autónoma, ya que lo que se
observa es una discrepancia acerca del alcance que debe atribuirse al contenido
del expediente y a las referencias efectuadas por la autoridad judicial en la sentencia
cuestionada, sin que el actor aporte elementos que permitan concluir, al menos de
manera sumaria, que la decisión se sustentó en pruebas inexistentes, ajenas al
proceso o incorporadas con desconocimiento de las garantías propias del debido
proceso.
41. Además, contrario a lo afirmado por el accionante, el Acta 15 de 24 de
octubre de 2024 sí hacía parte del material documental conocido en el proceso,
máxime cuando la autoridad judicial verificó directamente en el aplicativo SAMAI del
expediente de nulidad electoral acumulado y estableció que dicho documento había
sido aportado al proceso por la Universidad del Magdalena, según constaba en el
índice 81, razón por la cual carece de sustento la afirmación según la cual la Sección
Quinta acudió a un expediente distinto o utilizó información extraña a la actuación
judicial. En consecuencia, el cuestionamiento se contrae nuevamente al desacuerdo
con la valoración de una prueba regularmente incorporada al proceso y no a la
acreditación de un defecto fáctico.
42. De esta manera, la circunstancia de que la Sección Quinta hubiera
considerado la Resolución 1075 de 2016 y el Acta 15 de 24 de octubre de 2024 para
examinar la causal de revisión no implicó que hubiera modificado el objeto del
recurso. Por el contrario, la valoración de esos documentos resultaba necesaria
para establecer si se cumplían los presupuestos de la causal invocada por el
recurrente. La propia providencia precisó que la revisión no podía utilizarse para
repetir el estudio del caso ni para volver a valorar pruebas que habían sido
oportunamente practicadas y apreciadas, cuyo alcance había resultado
desfavorable para los intereses del recurrente.
43. Bajo ese entendimiento, el hecho de que el accionante considere que los
documentos debieron conducir a una conclusión diferente no permite establecer,
por sí solo, la existencia de un defecto fáctico. Lo que se evidencia es una
discrepancia con la valoración efectuada por la Sección Quinta al determinar que la
documentación invocada no reunía las condiciones exigidas para configurar la
causal de revisión. Particularmente, la Sala advierte que el Tribunal había tenido en
cuenta la Resolución 1075 de 2016 al analizar la situación de la señora Romero
Cárdenas y que la Sección Quinta, al resolver la revisión, confrontó nuevamente
ese elemento con el Acta 15 y con las demás piezas del expediente.
44. En consecuencia, no se encuentra acreditado que la Sección Quinta hubiera
omitido valorar pruebas determinantes, hubiera resuelto con fundamento en
elementos extraños al proceso o hubiera desconocido el contenido objetivo de las
piezas probatorias invocadas por el accionante. Por el contrario, la providencia
cuestionada examinó expresamente el Acta 15 de 24 de octubre de 2024 y la
Resolución 1075 de 2016, verificó su incorporación al expediente y explicó las
razones por las cuales, a partir de su contenido y de su valoración previa, no podían
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06460-00
Demandante: Roberto Carlos Correa Muñoz
sustentar la causal de revisión propuesta. Por tanto, no se configura el defecto
fáctico alegado y se negará la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo de la acción de tutela interpuesta por
Roberto Carlos Correa Muñoz.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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