República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2026-00031-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00031-00
Recurrente: ROBERTO CARLOS CORREA MUÑOZ
Temas: PRUEBA RECOBRADA. CAUSAL 250.1 CPACA
SENTENCIA
La Sala se pronuncia sobre el recurso extraordinario de revisión formulado por el
señor Roberto Carlos Correa Muñoz, por medio de apoderada judicial, contra la
sentencia de 10 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 47001-23-33-000-
2024-00380-00 acumulado con el 47001-23-33-000-2024-00383-00 por considerar
que se configura la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda ordinaria
1.1. Pretensiones
1. Los señores Carlos Mario Rojas Centeno y Roberto Carlos Correa Muñoz,
actuando en nombre propio, presentaron demandas1, en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del CPACA, contra el acto de
elección del señor Pablo Hernán Vera Salazar, como rector de la Universidad del
Magdalena para el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2024 y el 25
de noviembre de 2028.
2. En tal sentido, solicitaron declarar la nulidad del Acuerdo Superior 08 de 28
de octubre de 2024 y del Acta de sesión del Consejo Superior de la misma fecha,
mediante los cuales se nombró al señor Pablo Hernán Vera Salazar como rector de
la Universidad del Magdalena.
1.2. Fundamentos fácticos
3. Los demandantes expusieron que, en sesión extraordinaria del Consejo
1 El 9 y 10 de diciembre de 2024.
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Superior Universitario celebrada el 28 de octubre de 2024, el señor Vera Salazar
fue elegido rector de la Universidad del Magdalena con 6 votos a favor y 3 en blanco,
estos últimos emitidos por el representante del departamento del Magdalena, el
delegado de la Presidencia de la República y el delegado del Ministerio de
Educación.
4. Asimismo, afirmaron que al interior de la universidad se habría consolidado
una práctica sistemática de clientelismo y nepotismo, atribuida al señor Pablo Vera,
consistente en un intercambio de favores que habría incidido en la elección
cuestionada.
5. Indicaron también que, en la sesión de 28 de octubre de 2024, participaron 6
miembros del Consejo Superior Universitario contra quienes formularon reparos por
encontrarse incursos en causales de impedimento, lo que viciaría, a su juicio, el acto
electoral. En particular, sostuvieron que el señor Óscar García Vargas como
miembro del Consejo Superior:
5.1. Votó a favor del señor Pablo Hernán Vera Salazar en la elección de 2016 y que
posteriormente, mediante la Resolución 339 de 2021, fue designado vicerrector
académico, configurándose un nombramiento recíproco en los términos prohibidos
por el artículo 126 de la Constitución Política.
5.2. Participó en la aprobación de la reforma estatutaria que permitió la reelección
del rector para un tercer período, actuación que igualmente contraría el inciso
segundo de la mencionada disposición constitucional.
6. Igualmente, señalaron que en la modificación del Estatuto General
participaron consejeros que tendrían interés en dicha reforma, por cuanto permitió
la nueva postulación del señor Vera Salazar. En ese contexto, mencionaron a: i)
Liliana Margarita Cortina Peñaranda, quien habría sido designada previamente
directora de programa en el año 2017 y luego apoyó los cambios que habilitaron la
reelección; y ii) Gustavo Rodríguez, suplente del representante del estamento de
los docentes, de quien afirmaron que tendría familiares vinculados laboral o
contractualmente con la universidad.
7. Afirmaron que otras personas que intervinieron en la elección debieron
declararse impedidas, como Gustavo Cotes Blanco, representante de los
exrectores, por la vinculación laboral de su hijo en la planta global de la Universidad;
y Ángela Romero Cárdenas, decana de la Facultad de Salud, por su condición de
empleada de libre nombramiento del entonces rector.
1.3. Concepto de la violación
8. Los actores estructuraron su reproche jurídico sobre la base de que los
hechos antes descritos configuraban una vulneración al régimen de inhabilidades,
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impedimentos y conflictos de interés aplicable a la elección del rector.
9. En primer lugar, sostuvieron que tales circunstancias desconocían el artículo
67 de la Ley 30 de 1992, en cuanto somete a los integrantes de los consejos
superiores universitarios y al rector, al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la ley y en los estatutos.
10. En segundo lugar, señalaron que también se infringieron los artículos 34 y
151 del Estatuto General de la Universidad del Magdalena, disposiciones que,
según su interpretación, imponen a los consejeros el deber de observar las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades previstas en el ordenamiento
jurídico y en la normativa interna de la institución.
11. A su vez, afirmaron que en la sesión de 28 de octubre de 2024 se presentaron
vicios procedimentales con aptitud para afectar la validez del acto: i) la convocatoria
y el orden del día no se habrían divulgado con la antelación prevista en el Estatuto;
ii) las recusaciones e impedimentos no se tramitaron conforme al reglamento
interno; iii) se permitió la intervención con voz del rector encargado en asuntos
sustantivos del debate; y iv) no se dejó constancia suficiente de la motivación de los
votos, en contravía de los principios de publicidad y transparencia.
12. En tercer lugar, alegaron la vulneración del artículo 126 de la Constitución
Política, al estimar que en el caso se presentaron designaciones recíprocas y
actuaciones de favorecimiento incompatibles con la prohibición constitucional, en
beneficio de quienes participaron en la propia elección, o de sus allegados, dentro
de esquemas de reciprocidad.
13. Bajo ese entendimiento, concluyeron que la elección del señor Pablo Vera
Salazar, su formalización en el Acuerdo Superior 08 de 2024 y en el acta respectiva
se encontraban viciadas de nulidad.
1.4. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
14. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 10 de
octubre de 2025, negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que
los problemas jurídicos se circunscribían a determinar si:
¿Está viciado o no de nulidad el Acuerdo superior 08 del 28 de octubre del 2024 “por
medio del cual se nombró al Rector de la Universidad del Magdalena para el periodo
2024-2028”?
¿Está viciado o no de nulidad parcial el Acta de sesión del Consejo Superior de la
Universidad del Magdalena del 28 de octubre del 2024 en el aparte que dispuso:
“Nombrar al doctor PABLO HERNÁN VERA SALAZAR, identificado con cédula de
ciudadanía […] como Rector de la Universidad del Magdalena para el periodo
comprendido entre el 26 de noviembre de 2024 hasta el 25 de noviembre de 2028”?
¿Están o no viciados de nulidad los actos demandados por haber sido expedidos con
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violación de normas constitucionales, legales y estatutarias relacionadas con el
régimen de inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses, en contravención
de lo dispuesto en los artículos 67 de la Ley 30 de 1992, 126 de la Constitución
Política, los artículos 44 y 45 de la Ley 1952 de 2019, y los artículos 34 y 151 del
Estatuto General de la Universidad del Magdalena?
15. En esa medida, después de indicar el marco normativo y jurisprudencial
sobre la autonomía de las instituciones de educación superior y del procedimiento
establecido para elegir rector en la Universidad del Magdalena; además de valorar
las pruebas obrantes en el expediente, consideró que no se acreditaron los
supuestos fácticos ni jurídicos necesarios para configurar los vicios alegados por las
siguientes razones:
16. De una parte, explicó que el supuesto conflicto de intereses de los electores
no constituye, por sí mismo, una causal autónoma de nulidad electoral en los
términos del artículo 275 del CPACA y, en esa medida, expuso que no se demostró
la existencia de un interés particular, actual y directo en cabeza de los consejeros
cuestionados, ni tampoco la existencia de designaciones recíprocas o de un
esquema de favorecimiento prohibido por el artículo 126 de la Constitución Política
de Colombia, así:
16.1. Respecto de la señora Liliana Margarita Cortina Peñaranda, concluyó que no
se probó la existencia de una designación recíproca en los términos del artículo 126
constitucional. Encontró acreditado que su vinculación como docente y que el
desempeño «como Directora del Programa de Ingeniería Agronómica obedeció a
una comisión conferida mediante Resoluciones Rectorales 545 y 546 del 15 de julio
de 2013», decisiones anteriores y autónomas, sin relación de reciprocidad con la
elección del rector demandado. Por ello, descartó que su participación en la reforma
estatutaria o en la elección, pudieran configurar, por sí sola, un intercambio
prohibido de favores.
16.2. En relación con la señora Ángela Romero Cárdenas advirtió su vinculación a
la universidad como docente de tiempo completo desde el año 2008 y que, con
posterioridad, fue comisionada para ejercer el cargo de decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud, mediante la Resolución 1075 de 1 de diciembre de 2016, lo
cual no demostraba un interés particular, actual y directo que comprometiera su
imparcialidad.
16.2.1. Destacó que su participación en la sesión de 28 de octubre de 2024 se dio
en calidad de representante de las directivas académicas, designada por el Consejo
Académico, esto es, un órgano colegiado distinto, y no por decisión personal del
rector elegido, concluyendo que:
Con todo, la comisión que habilitó a ambas profesoras para desempeñar funciones
directivas no las despoja de su condición de docentes de planta ni convierte per se
su voto en “intercambio prohibido”. Al respecto debe tenerse en cuenta que el Decreto
1279 de 2002 “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los
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docentes de las Universidades Estatales” y el Estatuto Docente interno de la
Universidad Del Magdalena, prevén que el profesor de planta (de dedicación tiempo
completo o medio tiempo y en cualquiera de las categorías del escalafón) pueda
ejercer cargos académicos-administrativos en comisión y, una vez finalizada ésta,
retorne a su plaza docente, de allí la remisión expresa al artículo 161 del Acuerdo 007
de 2003, en la Resolución 270 de 2017, que aceptó la renuncia de la docente. (Sic)
16.3. Frente al señor Gustavo Cotes Blanco, en su condición de representante de
los exrectores, indicó que tampoco se acreditó un conflicto de intereses con entidad
suficiente para anular la elección. Aunque se puso de presente la vinculación laboral
de su hijo con la universidad y se formuló recusación en su contra, esta fue resuelta
por el propio Consejo Superior y no fue aceptada2. Además, en sede judicial no se
probó de manera suficiente ni el parentesco alegado en los términos exigidos, ni un
beneficio concreto, actual y directo derivado del resultado de la elección.
17. Por otra parte, sostuvo que el proceso de elección se surtió conforme al
marco estatutario de la universidad, sin que se evidenciaran irregularidades
procedimentales con entidad suficiente para afectar la voluntad válida del órgano
colegiado. En tal sentido, descartó los reproches relacionados con supuestos vicios
procedimentales, en tanto no se demostró incumplimiento relevante en la
convocatoria o en el orden del día, ni irregularidades sustanciales en el trámite de
recusaciones e impedimentos.
18. Igualmente, concluyó que el acta de la sesión dejó constancia suficiente de
las intervenciones, fundamentos y sentido de los votos, en armonía con los
principios de publicidad y transparencia.
19. El 10 de noviembre de 2025 el demandante, Carlos Mario Rojas Centeno,
presentó recurso de apelación contra la anterior decisión y a través de auto de 1 de
diciembre de 2025 el Tribunal lo rechazó por extemporáneo3. Al resolver el recurso
de queja, mediante auto de 13 de febrero de 2026, la Sección Quinta lo estimó bien
denegado.
1.5. El recurso extraordinario de revisión
20. El señor Roberto Carlos Correa Muñoz, a través de apoderada, interpuso
recurso extraordinario de revisión4 contra la sentencia de 10 de octubre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones
de la demanda de nulidad electoral con radicado 47-001-2333-000-2024-00380-00
acumulado con el radicado 47001-23-33-000-2024-00383-00.
21. Solicitó que se declarara la nulidad del acto que designó como rector de la
2 Lo anterior conforme a lo consignado en el acta de la sesión del 28 de octubre de 2024. Página 25.
Archivo 67. Índice 73 del expediente ordinario Samai.
3 La providencia fue notificada el 28 de octubre de 2025 por correo electrónico.
4 Índice 5 de Samai.
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Universidad del Magdalena al señor Pablo Vera Salazar5 y la revocatoria de la
sentencia que dictó el mencionado Tribunal.
22. Precisó que la causal de revisión invocada es la prevista en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA, esto es, «haberse encontrado o recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos (…)».
23. Arguyó que no se tuvo en cuenta el Acta 15 de 24 de octubre de 2024, en la
cual se designó por unanimidad a la señora Ángela Romero Cárdenas como
representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario,
así como la Resolución 1075 de 2016 que la nombró como decana de la Facultad
de Ciencias de la Salud.
24. Destacó que, si los documentos mencionados hubiesen sido estudiados en
conjunto con el acto de elección del rector Pablo Vera Salazar, esto es, el Acuerdo
Superior 08 de 28 de octubre de 2024 y el Acta de Sesión del Consejo Superior de
la misma fecha, se habría podido advertir que la decana Romero votó por el señor
Vera Salazar.
25. Asimismo, indicó que, si se analizaban el Acta 15 de 24 de octubre de 2024
y la Resolución 1075 de 2016, era claro que el señor Pablo Vera Salazar nombró a
la señora Ángela Romero como decana, quien votó a favor para que este fuese
rector de la Universidad del Magdalena.
26. Señaló que debido a que no se encontró dentro del expediente el acta de
nombramiento de la decana y se obtuvo después de dictada la sentencia, se reúnen
los requisitos de la causal 1 del artículo 250 del CPACA, la cual valorada con los
demás documentos probatorios demuestran la vulneración del artículo 126 de la
Constitución.
27. Manifestó que se presentaron hechos nuevos y sobrevinientes en la
demanda, consistentes en que a través del Acuerdo Superior 13 de 2023, se
advierte la modificación del artículo 45 del Estatuto General de la Universidad del
Magdalena, en la cual se aprobó que el rector pudiera ser candidato para un tercer
periodo, lo que viola el debido proceso administrativo, ya que el Sindicato de
Trabajadores de la Universidad, órgano que propuso la modificación, no era
competente, conforme a lo establecido en el artículo 1.7.2. del Acuerdo 23 de 2019.
28. Finalmente, alegó que en la misma reglamentación se establece una serie de
estudios que se deben presentar para llevar a cabo dicha propuesta, que no fueron
acreditados.
5 Esto plasmado en el Acuerdo Superior 08 del 28 de octubre de 2024 y el acta de sesión del Consejo
Superior de la misma fecha.
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1.6. Intervenciones
29. Oportunamente, se recibieron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Universidad del Magdalena6
30. La apoderada de la universidad se opuso a la prosperidad del recurso
extraordinario de revisión, pues, en su criterio, el recurrente intenta presentar como
pruebas recobradas documentos que ya obraban en el expediente, fueron
aportados oportunamente, conocidos y controvertidos por las partes y, además,
analizados por el Tribunal en la sentencia.
31. Afirmó que no se configura el presupuesto esencial de la causal 1 del artículo
250 del CPACA, pues no se trata de documentos encontrados o recuperados con
posterioridad al fallo.
32. Agregó que el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera
instancia ni un mecanismo para reabrir el debate probatorio o jurídico clausurado,
de modo que no puede utilizarse para cuestionar la valoración de las pruebas hecha
por el juez ni para corregir la inactividad procesal del recurrente, quien no interpuso
los recursos ordinarios que tenía a su alcance.
33. En relación con los documentos invocados, esto es, el Acta 15 del Consejo
Académico de 24 de octubre de 2024 y la Resolución 1075 de diciembre de 2016,
la apoderada señaló que carecen del carácter decisivo exigido por la causal, puesto
que no tienen la virtualidad de producir un fallo sustancialmente distinto.
34. Expuso que, aún considerados esos documentos, no se desvirtúan los
fundamentos de la sentencia, puesto que la designación de Ángela Romero
Cárdenas como integrante con participación en la sesión del Consejo Superior, en
calidad de representante del estamento de los directivos académicos, obedeció a
una decisión del Consejo Académico, y no a una designación efectuada por el señor
Pablo Vera, de manera que no se configura la prohibición del artículo 126 de la
Constitución en los términos alegados por el recurrente.
35. Afirmó que tampoco se acreditó una causa extraña que hubiera impedido
aportar los documentos en el proceso ordinario, pues no se demostró ni fuerza
mayor, ni caso fortuito, ni obra de la contraparte. Por el contrario, del expediente y
del propio recurso se desprende que los documentos estuvieron disponibles durante
el trámite ordinario.
36. Aseguró que lo pretendido por el recurrente realmente es subsanar su propia
omisión o controvertir la apreciación judicial de las pruebas, propósito que resulta
ajeno al recurso extraordinario de revisión.
6 Índices 23 y 24 de Samai.
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1.6.2. Pablo Hernán Vera Salazar7
37. El rector de la Universidad del Magdalena, a través de apoderada judicial, se
opuso a la prosperidad del recurso extraordinario de revisión por cuanto no se
configuran los presupuestos de la causal 1 del artículo 250 del CPACA.
38. Afirmó que los documentos invocados por el recurrente, es decir, el Acta 15
de 2024 y la Resolución 1075 de 2016 no son pruebas nuevas ni recobradas, pues
ya obraban en el expediente, fueron aportadas oportunamente, conocidas,
controvertidas por las partes y, además, valoradas por el juez de instancia, de modo
que el recurso no busca introducir un verdadero elemento sobreviniente, sino reabrir
un debate probatorio ya concluido.
39. Alegó que los documentos carecen de carácter decisivo, porque el recurrente
no demostró de manera concreta que, de haber sido apreciados de otra forma,
habrían llevado necesariamente a una decisión distinta.
40. Reiteró que los hechos que se pretenden acreditar con esos documentos
fueron objeto de discusión dentro del proceso ordinario y que la sentencia se apoyó
en una valoración integral del acervo probatorio.
41. Frente a la Resolución 1075 de 2016 sostuvo que esta no desvirtúa la
conclusión del fallo dado que la participación de Ángela Romero Cárdenas en la
elección del rector no provino de un acto del señor Pablo Vera Salazar, sino de una
designación efectuada por el Consejo Académico conforme se advierte en el Acta
15 de 2024.
42. Subrayó que no existió fuerza mayor, caso fortuito ni conducta de la
contraparte que hubiera impedido al recurrente aportar o controvertir oportunamente
esos documentos y que el mismo recurrente reconoció que tales piezas fueron
allegadas al proceso, lo que descarta cualquier imposibilidad externa y revela, en
todo caso, una omisión o falta de diligencia procesal de su parte.
43. Recordó que el recurso extraordinario de revisión no procede para corregir
errores, descuidos u omisiones probatorias de las partes, ni para cuestionar
retrospectivamente la apreciación judicial de pruebas ya incorporadas.
44. Adicionó que el recurrente hace uso del recurso como si fuera una tercera
instancia para atacar la valoración probatoria y la interpretación jurídica de la
sentencia.
45. Concluyó que el recurso amenaza los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual solicitó su improcedencia, así como mantener incólume la
sentencia impugnada.
7 índice 25 de Samai.
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Recurrente: Roberto Carlos Correa Muñoz
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00031-00
1.6.3. Ministerio Público8
46. La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió
concepto dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión y solicitó declarar
infundado el mecanismo extraordinario.
47. Expuso que el recurso se sustentó en la causal prevista en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA, esto es, el hallazgo o recobro posterior a la sentencia de
documentos decisivos que no hubieran podido ser aportados oportunamente por
fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
48. Indicó que el recurrente atribuyó tal carácter a la Resolución 1075 del 1 de
diciembre de 2016, mediante la cual Ángela Verónica Romero Cárdenas fue
nombrada en el cargo de decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, al
considerar que dicho acto resultaba determinante para demostrar una situación
relevante frente a su participación en la elección cuestionada.
49. No obstante, sostuvo que en el caso concreto no se configuraban los
elementos exigidos por la causal de revisión invocada. Señaló, que el documento
presentado como recobrado no tenía esa condición, pues había sido aportado por
la Universidad del Magdalena dentro del proceso de nulidad electoral, fue decretado
como prueba en la audiencia inicial y, además, valorado expresamente en la
sentencia objeto de revisión.
50. Precisó que el Tribunal tuvo en cuenta ese acto administrativo para
establecer que Ángela Verónica Romero Cárdenas era docente de tiempo completo
desde 2008 y que posteriormente, fue comisionada para ejercer el cargo de decana
sin que ello permitiera concluir la existencia de designaciones recíprocas prohibidas
por el artículo 126 de la Constitución, ni de un interés particular, actual y directo
capaz de viciar su participación en la elección.
51. Añadió que tampoco se acreditó que hubiese mediado fuerza mayor, caso
fortuito u obra de la parte contraria que hubiera impedido aportar oportunamente el
documento al proceso, ni que este tuviera la entidad suficiente para modificar el
sentido de la decisión adoptada en la sentencia de nulidad electoral. En ese orden,
estimó que no concurría ninguno de los presupuestos legales requeridos para la
prosperidad del recurso extraordinario de revisión.
52. Consideró que la Resolución 1075 de 20169, invocada como documento
decisivo recobrado con posterioridad a la sentencia, no satisface las exigencias del
numeral 1 del artículo 250 del CPACA, por cuanto ya obraba en el expediente, fue
decretada como prueba y valorada por el Tribunal Administrativo del Magdalena al
momento de dictar la sentencia cuya revisión se pretende.
8 Índice 26 de Samai.
9Al respeto, se precisa que en el escrito no se refirió al Acta 15 de 2024.
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Recurrente: Roberto Carlos Correa Muñoz
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00031-00
53. Por su parte la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, guardó
silencio en esta oportunidad.
1.7. Trámite procesal
54. Mediante auto del 10 de marzo de 2026 10 se inadmitió el recurso
extraordinario de revisión, dado que el recurrente no indicó de forma precisa las
causales de revisión y su apoderada no adjuntó copia de la tarjeta profesional y de
la cédula de ciudadanía.
55. El 17 de marzo de 202611, la parte actora presentó escrito de subsanación
del recurso de revisión, en el cual precisó que la causal invocada es la prevista en
el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, adjuntó copia de la tarjeta profesional de
su apoderada, copia de su cédula de ciudadanía y la constancia del envío
electrónico del escrito de subsanación junto con sus anexos a la parte demandada 12.
56. Mediante auto de 20 de marzo de 202613, se admitió el recurso extraordinario
de revisión y se ordenó notificar a: i) la Universidad del Magdalena; ii) al señor Pablo
Hernán Vera Salazar, como parte demandada dentro del proceso de nulidad
electoral; iii) al Ministerio Público; iv) se dispuso comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y v) se requirió al Tribunal Administrativo
del Magdalena para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente del
proceso.
57. El señor Pablo Hernán Vera Salazar, mediante apoderada, contestó la
demanda sin presentar solicitudes probatorias14. A su vez, la abogada de la
Universidad del Magdalena contestó la demanda y pidió decretar como prueba la
totalidad del expediente ordinario15.
58. El Tribunal Administrativo del Magdalena remitió las copias del expediente
del proceso de nulidad electoral identificado con el número de radicación 47001-23-
33- 000-2024-00380-00 acumulado con el radicado 47001-23-33-000-2024-00383-
0016.
59. La parte demandante, mediante memorial de 16 de abril de 2026 17, se
pronunció sobre las contestaciones del recurso extraordinario de revisión y pidió: i)
no tener en cuenta la contestación de la Universidad del Magdalena por considerar
que los argumentos expuestos no correspondieron a la realidad y se presentaron
algunas irregularidades; ii) compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina
10 Índice 6 de Samai.
11 Índice 11 de Samai.
12Índice 11 de Samai.
13 Índice 13 de Samai.
14 Índice 24 de Samai.
15 Índice 25 de Samai.
16 Índice 20 de Samai.
17 Índices 27 y 28 de Samai.
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Recurrente: Roberto Carlos Correa Muñoz
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Judicial frente a las apoderadas de la institución de educación superior; y iii) que
fueran tenidas en cuenta, para efectos del presente trámite, la totalidad de las
pruebas y actuaciones surtidas en el expediente acumulado.
60. A su vez, la apoderada de la Universidad del Magdalena, mediante memorial
de 24 de abril de 202618, se pronunció respecto de las declaraciones realizadas por
la parte demandante, adujo que la información suministrada en su escrito de
contestación corresponde a las actuaciones que reposan en el aplicativo Samai y
reiteró los argumentos expuestos en la contestación.
61. A través de escrito de 24 de abril de 202619, la apoderada del señor Vera
Salazar, se opuso a la procedencia de lo pretendido por el recurrente en el memorial
presentado el 16 de abril de 2026.
62. Por auto de 27 de abril de 202620, se decretaron como prueba los
documentos21 aportados al proceso por cumplir con los requisitos de conducencia,
pertinencia, utilidad y licitud.
63. Contra la anterior decisión, el recurrente presentó solicitud de aclaración22, la
cual fue negada mediante auto de 8 de mayo de 202623 en tanto no reunía los
requisitos previstos en el artículo 285 del CGP aplicable por remisión expresa del
artículo 306 del CPACA.
64. Mediante auto de 21 de mayo de 202624, se ordenó vincular al señor Carlos
Mario Rojas Centeno, quien fungió como parte demandante en el proceso 47001-
23-33-000-2024-00380-00 y al que posteriormente, se acumuló el radicado 47001-
23-33-000-2024-00383-00.
65. Dentro del término otorgado el señor Rojas Centeno25 solicitó que se
revocara la sentencia cuestionada y, en su lugar, se profiera una nueva decisión,
con fundamento en que el Tribunal habría omitido valorar pruebas que, a su juicio,
resultaban determinantes para resolver el cargo relacionado con la presunta
vulneración del artículo 126 de la Constitución Política, bajo la regla denominada
«yo te elijo, tú me eliges».
66. Sostuvo que no fueron apreciadas integralmente la Resolución 1075 de 1 de
diciembre de 2016, mediante la cual Pablo Vera Salazar, en su condición de rector,
nombró a Ángela Verónica Romero Cárdenas como decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud, y el Acta 15 de 24 de octubre de 2024 del Consejo Académico,
18 Índices 30 y 31 de Samai.
19 Índice 32 de Samai.
20 Índice 33 de Samai.
21 Correspondientes a la actuación administrativa que obran en el expediente del proceso ordinario.
22 Índice 37 de Samai.
23 Índice 39 de Samai.
24 Índice 44 de Samai.
25 Índice 51 de Samai.
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por medio de la cual aquella fue escogida como representante de las directivas
académicas ante el CSU.
67. Aseguró que los referidos elementos probatorios eran esenciales para
determinar la existencia de la presunta infracción constitucional, pues permitían
establecer tanto el origen del vínculo de Ángela Romero con Pablo Vera como su
posterior participación en la elección del rector. Agregó que tales documentos fueron
aportados o puestos en conocimiento dentro del trámite, incluso por la defensa de
la Universidad del Magdalena y del elegido, pero no fueron incorporados al análisis
de la sentencia ni relacionados adecuadamente como fundamento de la decisión.
68. Expuso que dichas pruebas permitirían demostrar que Ángela Romero
Cárdenas, además de haber sido designada como decana por Pablo Vera Salazar
en un cargo directivo de libre nombramiento y remoción, fue posteriormente elegida
como representante de las directivas académicas ante el CSU pocos días antes de
la sesión en la que se escogió al rector. En esa condición, participó en la reunión
del 28 de octubre de 2024, en la que se eligió nuevamente a Pablo Vera Salazar
como rector de la Universidad del Magdalena, y votó favorablemente por él,
circunstancia que demuestra una relación de reciprocidad o tráfico de favores
prohibida por el inciso segundo del artículo 126 constitucional, pues quien había
sido nombrada por el rector terminó interviniendo en su elección.
69. De otra parte, consideró que el Tribunal habría incurrido en una indebida
valoración probatoria y en desconocimiento del principio de congruencia, al orientar
su análisis hacia asuntos que no correspondían al verdadero cargo propuesto en la
demanda. En ese sentido, afirmó que la controversia no se dirigía a cuestionar la
calidad de docente de Ángela Romero Cárdenas ni su habilitación para integrar el
CSU, sino a establecer si, al momento de votar por la reelección del señor Vera
Salazar, existía un conflicto de interés derivado de su vínculo funcional y jerárquico
con el candidato, quien previamente la había nombrado decana.
70. Adicionalmente, hizo referencia a la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 275 del CPACA, esto es, la relativa a la elección de candidatos o
nombramiento de personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad, o que se hallen incursas en causales de
inhabilidad. Bajo ese enfoque, indicó que la elección de Pablo Vera Salazar estaría
afectada no solo por la presunta vulneración del artículo 126 constitucional, sino
también por hechos sobrevinientes relacionados con la modificación del Estatuto
General de la Universidad del Magdalena, específicamente del artículo 45, que
habría permitido su elección para un tercer periodo como rector.
71. Sobre este último aspecto, resaltó que la modificación estatutaria aprobada
mediante el Acuerdo Superior 13 de 2023 habría desconocido el debido proceso
administrativo, pues la propuesta que permitió habilitar una nueva elección del rector
habría sido presentada por un sindicato de la universidad, pese a que el reglamento
interno, en particular, el Acuerdo Superior 23 de 2019, atribuiría la iniciativa para
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presentar proyectos de acuerdo superior únicamente a los miembros del Consejo
Superior y al rector.
72. También sostuvo que la modificación se habría introducido sin los estudios
exigidos por la normativa interna, tales como exposición de motivos, análisis de
impacto institucional y viabilidad técnica, financiera y jurídica, lo que, en su criterio,
configuraría falsa motivación y desviación de poder.
73. Señaló que la omisión en la valoración de las pruebas relativas al
nombramiento de Ángela Romero Cárdenas, su elección como representante de las
directivas académicas y su voto en favor de Pablo Vera Salazar impidió al Tribunal
advertir la existencia de un conflicto de interés y de una presunta infracción del
artículo 126 de la Constitución. Asimismo, que los hechos sobrevinientes
relacionados con la modificación estatutaria que habilitó el tercer periodo del rector
reforzaban la necesidad de revisar la sentencia, al comprometer la legalidad del acto
electoral cuestionado.
74. El 12 de junio de 202626, el proceso ingresó al Despacho para continuar con
el trámite procesal correspondiente.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
75. La Sección es competente para conocer del recurso extraordinario de
revisión interpuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 24927 del CPACA, así
como lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 434 de 202428.
2.2. Oportunidad
76. El señor Roberto Carlos Correa Muñoz, a través de apoderada judicial,
presentó recurso extraordinario de revisión contra la providencia del 10 de octubre
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, con fundamento en
la causal 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) esto es:
26 Índice 53 de Samai.
27 Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia (…).
Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C- 520 de 2009.
28 Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE
LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso
Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de
volumen de trabajo, así: (…) Sección Quinta: (…)
4. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de carácter electoral, dictadas en única
instancia por los tribunales administrativos. (…).
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«Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria».
77. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad
para presentar el recurso extraordinario de revisión varía de acuerdo con la causal
que se proponga.
78. Comoquiera que en este asunto se invocó la causal primera del artículo 250
del CPACA, el término para presentar el recurso es de 1 año contado a partir de la
ejecutoria de la providencia.
79. Según se tiene, la sentencia objeto del recurso, fue notificada el 28 de octubre
de 202529, en consecuencia, es claro que para el momento en que se radicó el
recurso extraordinario de revisión, esto es, el 2 de marzo de 2026 30, no había
vencido la oportunidad legal y, por tanto, el recurso fue presentado en forma
oportuna.
2.3. Cuestión previa
80. La Sala precisa que la vinculación que se realizó al señor Rojas Centeno tuvo
como propósito dar a conocer la existencia del presente recurso extraordinario de
revisión a quien fungió como demandante en el proceso 4100123-33-000-2024-
00380-00 y al que posteriormente, se acumuló el radicado 47001-23-33-000-2024-
00383-00.
81. Lo anterior, con el fin de que, si a bien lo consideraba, efectuara un
pronunciamiento respecto de los argumentos formulados por el señor Roberto
Carlos Correa Muñoz.
82. En ese sentido, la Sala precisa que el alcance del estudio que se llevará a
cabo en relación con la referida intervención, se limita a los aspectos que guarden
estricta relación con la causal invocada, esto es, la prevista en el 1 del artículo 250
del CPACA, pues en garantía del debido proceso no es posible extender el análisis
a otros fundamentos31 que no fueron planteados en el escrito inicial que apuntan a
demostrar la posible configuración de una causal diferente como la contenida en el
numeral 5 ibidem, esto es, nulidad originada en la sentencia.
2.4. Problema jurídico
83. Le corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado establecer si la
29 Índice 115 de Samai, en el caso con radicado 47-001-2333-000-2024-00380-00.
30 Índices 1 y 3 de Samai.
31 Como el presunto desconocimiento de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 275 del
CPACA.
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sentencia proferida el 10 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado 47001-
23-33-000-2024-00380-00 acumulado con el radicado 47001-23-33-000-2024-
00383-00, se encuentra incursa en la causal de revisión contemplada en el numeral
1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
2.5. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
84. El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las
diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable
y de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el
acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que
determinada sentencia es contraria a derecho32.
85. En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario
de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en
la Ley 1437 de 2011; su propósito es el de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico33, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley34.
86. Asimismo, conforme el artículo 248 del CPACA, procede «[c]ontra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos». A su vez, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C- 520 de 2009, consideró sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión que:
Encuentra la Corte que la expresión “dictadas por las Secciones y Subsecciones de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales
Administrativos, en única o segunda instancia”, contenida en el artículo 57 de la Ley
446 de 1998, sería inconstitucional por haber incurrido en una omisión legislativa
relativa al no permitir que las sentencias ejecutoriadas de primera o segunda instancia
de los Juzgados Administrativos y las de primera instancia de los Tribunales
32 Así lo definió la Corte Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un
mecanismo para evitar «que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el
debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución».
33 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que «Con todo, el
principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la
cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este
sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio «res iudicata pro veritate habertur» para
evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de
la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de
2013, Radicado 11001031500020120023100. M. P. Alberto Yepes Barreiro.
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Administrativos, fueran pasibles del recurso extraordinario de revisión, por lo que
detectada esta inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, es necesario
definir cuál es la mejor manera de subsanarla, siendo la que mayor seguridad jurídica
genera, la que conduce a declarar la inexequibilidad de la expresión “dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia”, con el
fin de que bajo la expresión “sentencias ejecutoriadas” empleada en el artículo
cuestionado, queden cobijadas todas las hipótesis de sentencias que admitirían el
recurso extraordinario de revisión: (i) las dictadas por las Secciones y Subsecciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las dictadas
en única, primera o segunda instancia por los Tribunales Administrativos y (iii) las
dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya
naturaleza permita la interposición de tal recurso».
87. Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio
origen a la sentencia cuya revisión se estudia, de forma que no puede entenderse
como una instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para
corregir los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en
hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el
trámite ordinario.
2.6. La causal de revisión contenida en el numeral 1 del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
88. El numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de «haberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria».
89. De la lectura de la norma se desprende que para la configuración de la causal
se requieren varios elementos que la jurisprudencia de la Corporación ha decantado
así35:
89.1. Que los documentos sean encontrados o recobrados después de proferida la
sentencia, lo cual implica que hayan existido al momento de proferirse el fallo objeto
de revisión, pero que llegaron a conocimiento o poder del impugnante con
posterioridad a aquella.
89.2. Que estos sean decisivos para resolver la controversia, en cuanto, de haber
obrado en el proceso, el sentido del fallo sería distinto.
35 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 23 Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de abril de 2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente
11001031500020160205700.
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89.3. Que el recurrente no haya podido aportarlos al proceso por «fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria», hipótesis que implica que, a través
del recurso extraordinario de revisión no es posible remediar la inactividad
probatoria o la negligencia de las partes en el aporte de la prueba al proceso.
90. Frente al primer presupuesto, se advierte que debe tratarse de documentos
y no de otros elementos o medios probatorios. Además, en criterio del Consejo de
Estado «no son admisibles aquellos que tengan fecha posterior a la sentencia objeto
del recurso, y tampoco los que existiendo con anterioridad a ella pudieron haber
sido allegados o solicitados oportunamente, pues este recurso extraordinario no es
una oportunidad para subsanar la negligencia de las partes frente a la carga
probatoria que les corresponde.»36
91. Ello, precisamente porque se ha entendido que el propósito de la causal es
«remediar la injusticia que se derivó para la parte afectada de verse en la
imposibilidad de aportar una prueba que, preexistiendo a la providencia objeto de
revisión, podía determinar que la decisión aportada fuera diferente y, sin embargo,
no pudo ser apreciada por el juzgador; situación distinta a aquella en la cual la
prueba no existía al momento de la sentencia pues, en este caso, las partes
desarrollaron su actividad probatoria sin limitaciones (…)»37.
92. Respecto del segundo, se ha insistido en que el documento encontrado o
recobrado debe tener tal entidad, que de haber sido aportado al proceso en la
oportunidad debida hubiera sustentado una decisión distinta a la recurrida, por lo
tanto «no se puede tratar de cualquier prueba, sino que debe tener la capacidad de
influir en el sentido de la decisión.»38.
93. Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer elemento, se ha dicho que
debería haber una verdadera imposibilidad objetiva para aportar el documento al
proceso la cual tiene que estar sustentada en razones de fuerza mayor, caso fortuito
u obra de la parte contraria, sin que baste alegar una simple dificultad.
94. En otras palabras, «es indispensable entonces que los documentos
aportados con la demanda de revisión existieran antes del pronunciamiento judicial
objeto del recurso, pero que solo hayan podido recobrarse, recuperarse o rescatarse
después de la sentencia, es decir, que antes de esta se encontraran extraviados,
ocultos, escondidos, perdidos o refundidos y que no hayan podido ser aportados
durante el trámite del proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra de
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de febrero de
2013. Expediente: 110010315000200800063800 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
37 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B.
Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente 2500023060001999003191. M.P. Dr. Danilo Rojas
Betancourth.
38 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de febrero de
2013. Expediente: 110010315000200800063800 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
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la parte contraria»39.
95. Al respecto, debe precisarse que la presencia de todos y cada uno de estos
elementos debe ser concurrente, es decir, para que la causal de revisión se
configure se debe acreditar que el documento existía al momento de proferirse el
fallo, pero que fue encontrado o recobrado por el recurrente con posterioridad a
aquel, que sea decisivo para resolver y que no haya sido aportado por las razones
de la que habla la norma; si uno solo de estos requisitos no se acredita, la causal
en comento, no está llamada a prosperar.
2.7. Caso concreto
96. El señor Roberto Carlos Correa Muñoz, en el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, invocó la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, aduciendo que la sentencia recurrida no tuvo en cuenta el
Acta 15 de 24 de octubre de 2024, en la cual se designó por unanimidad a la señora
Ángela Romero Cárdenas como representante de las directivas académicas ante el
Consejo Superior Universitario, así como la Resolución 1075 de 2016 en donde se
nombró a Romero Cárdenas como decana de la Facultad de Ciencias de la Salud,
razón por la cual se reúnen los requisitos de la referida causal, la cual valorada con
los demás documentos probatorios demuestran la vulneración del artículo 126 de la
Constitución.
97. Manifestó que se presentaron hechos nuevos y sobrevinientes no
presentados en la demanda, consistente en que a través del Acuerdo Superior 13
de 2023, se advierte la modificación del artículo 45 del Estatuto General de la
Universidad del Magdalena, en la cual se aprobó que el rector pudiera ser candidato
para un tercer periodo, lo que viola el debido proceso administrativo, ya que el
Sindicato de Trabajadores de la Universidad, órgano que propuso la modificación,
no era competente, conforme a lo establecido en el artículo 1.7.2. del Acuerdo 23
de 2019.
98. La Sala pone de presente que el primer presupuesto para la procedencia de
la causal invocada está relacionado con demostrar que los documentos fueron
encontrados o recobrados después de proferida la sentencia, lo cual requiere que
hayan existido al momento de proferirse el fallo cuya revisión se pretende, pero que
llegaron a conocimiento o poder del impugnante con posterioridad.
99. En este contexto, y con el fin de determinar si los documentos constituyen
pruebas recobradas, se hace necesario verificar, en el aplicativo Samai, el
expediente de nulidad electoral con radicado 47001-23-33-000-2024-00380-00
acumulado con el radicado 47001-23-33-000-2024-00383-00, del cual se observa
39 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B.
Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente 2500023060001999003191. M.P. Dr. Danilo Rojas
Betancourth.
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lo siguiente:
100. Respecto del Acta 15 de 24 de octubre de 2024 se considera que, contrario
a lo afirmado por la parte recurrente, esta fue aportada al proceso de la referencia
por la Universidad del Magdalena, como se evidencia en el índice 81, así:
101. En dicha Acta, el Consejo Académico de la Universidad del Magdalena,
designó a la señora Ángela Romero Cárdenas como representante de las directivas
académicas para que participara en la sesión extraordinaria del Consejo Superior
de 28 de octubre de 2024, de la siguiente manera:
102. A su vez el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia recurrida,
para negar las pretensiones de la demanda se fundamentó en las siguientes
pruebas, dentro de las cuales se relaciona la Resolución 1075 de 1 de diciembre de
2016:
Radicación 47-001-2333-000-2024-00380-00
Resolución No. 09 del 18 de enero de 2024 por medio de la cual se hace un
nombramiento ordinario a Álvaro José Méndez Navarro. (archivo 03.1 del expediente
digital).
Respuesta a la petición con radicado No. 9428 de 28 de octubre de 2024. (archivo
03.5 del expediente digital).
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Recurrente: Roberto Carlos Correa Muñoz
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00031-00
Certificado expedido por la Secretaría General de la Universidad del Magdalena en la
cual se certifica que en sesión celebrada el 28 de octubre de 2024, se nombró al señor
Pablo Hernán Vera Salazar como rector de la Universidad del Magdalena para el
periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2024 hasta el 25 de noviembre de
2028, (anexo 02 del link dispuesto en el archivo 06.1 del expediente digital).
Certificado de fecha 16 de diciembre de 2024, expedido por la Secretaría General de
la Universidad del Magdalena en la cual se certifica la publicación del acuerdo No. 08
de 2024. (Anexo 03 del link dispuesto en el archivo 06.1 del expediente digital).
Radicado 47-001-2333-000-2024-00383-00
Acuerdo Superior No. 08 del 28 de octubre de 2024 “por el cual se nombra al rector
de la Universidad del Magdalena para el período 2024-2028”. (fl. 1819 del índice 02
del expediente digital en SAMAI).
Resolución No. 1006 del 24 de noviembre de 2016 “por la cual se hace un
nombramiento provisional a GUSTAVO RAFAEL COTES ZAMBRANO”. (fl. 20 del
índice 02 del expediente digital en SAMAI).
Resolución No. 047 del 7 de febrero de 2024 “Por medio de la cual se hace un
nombramiento ordinario al señor FABIO ANDRES FERNANDEZ PINTO”. (fl. 21 del
índice 02 del expediente digital en SAMAI).
Respuesta a la petición con radicado No. 0429 de 28 de octubre de 2024 por medio
de la cual se solicitó copia completa e integral del acta de sesión extraordinaria del
Consejo Superior Universitario donde se eligió a Pablo Vera Salazar como Rector de
la Universidad del Magdalena. (fl.22 del índice 02 del expediente digital en SAMAI).
Extracto del acta No. 07 de 02 de septiembre de 2022 del Consejo Superior de la
Universidad del Magdalena. (fl. 23-25 del índice 02 del expediente digital en SAMAI).
Acta de posesión No. 36 del 26 de noviembre de 2024 por medio de la cual se dio
posesión a Pablo Hernán Vera Salazar en el cargo de Rector de Universidad, Nivel
Directivo, Código 067, Grado 25. (archivo 20 del índice 27 del expediente digital en
SAMAI).
Acta No. 08 del 28 de octubre de 2024 de sesión extraordinaria presencial del Consejo
Superior de la Universidad del Magdalena. (archivo 28 del índice 27 del expediente
digital en SAMAI).
Acuerdo Superior No.011 del 28 de septiembre de 2016 “por medio de la cual se
nombra Rector de la Universidad del Magdalena, periodo 2016-2020”. (archivo 2 del
índice 73 del expediente digital en SAMAI).
Acta de sesión de fecha 28 de septiembre de 2016. (archivo 2 del índice 73 del
expediente digital en SAMAI).
Extracto del acta No. 08 del 4 de agosto de 2017. (archivo 2 del índice 73 del
expediente digital en SAMAI).
Acuerdo Superior No. 23 de 2017 “por el cual se designa al Rector de la Universidad
del Magdalena, periodo 2016-2020”. (archivo 2 del índice 73 del expediente digital en
SAMAI).
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Resolución No. 280 del 2 de junio de 2004 por medio de la cual se realiza el
nombramiento del señor Oscar Humberto García Vargas como docente de tiempo
completo. (archivo 2 del índice 73 del expediente digital en SAMAI).
Resolución No. 339 del 28 de julio de 2021 por la cual se hace un nombramiento
ordinario y se concede al docente Oscar Humberto García Vargas comisión para
desempeñar un cargo de Libre Nombramiento y Remoción. (archivo 2 del índice 73
del expediente digital en SAMAI).
Resolución No. 0349 de 29 de noviembre de 1996, por medio de la cual se nombró a
la señora Liliana Cortina Peñaranda en calidad de docente de la Universidad del
Magdalena. (archivo 2 del índice 73 del expediente digital en SAMAI).
Resolución No. 270 del 15 de marzo de 2017, de por la cual se acepta una renuncia
y se da por terminada una comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento
y remoción a la docente Liliana Cortina Peñaranda. (archivo 2 del índice 73 del
expediente digital en SAMAI).
Resolución No. 544 del 24 de septiembre de 2008, por medio de la cual se nombró a
Ángela Verónica Romero Cárdenas, en el cargo de Docente de tiempo completo de
la Universidad del Magdalena (archivo 2 del índice 73 del expediente digital en
SAMAI).
Resolución No. 1075 del 1 de diciembre de 2016, por la cual se nombró a Ángela
Verónica Romero Cárdenas, en el cargo de Decano de Universidad Código 008,
Grado 19, de la Facultad de Ciencias de la Salud (archivo 67 del índice 73 del
expediente digital en SAMAI).
Certificado laboral del 25 de abril de 2025, del señor Gustavo Rafael Cotes Zambrano
expedido por la Dirección de Talento Humano de la Universidad del Magdalena.
(archivo 67 del índice 73 del expediente digital en SAMAI).
Antecedentes administrativos del acto de elección de Pablo Hernán Vera Salazar
como rector de la Universidad del Magdalena. (archivo 67 del índice 73 del expediente
digital en SAMAI).
Sentencia de 30 de junio de 2017 en la cual se decidió la nulidad electoral propuesta
contra el acto de elección del señor Pablo Hernán Vera Salazar como rector de la
Universidad del Magdalena para el periodo 2016-2020. (archivo 70 del índice 74 del
expediente digital en SAMAI).
Resolución No. 545 del 15 de julio de 2013 por medio de la cual se hace un
nombramiento ordinario a la docente Liliana Margarita Cortina Peñaranda. (archivo
70 del índice 74 del expediente digital en SAMAI).
Resolución No. 546 del 15 de julio de 2013 por medio del cual se comisiona a la
docente Liliana Margarita Cortina Peñaranda para desempeñar cargo de libre
nombramiento y remoción. (archivo 70 del índice 74 del expediente digital en SAMAI).
Copia del formato de verificación del perfil del cargo, por medio del cual se evaluó el
perfil de Gustavo Rafael Cotes Zambrano para el cargo de Profesional especializado.
(archivo 70 del índice 74 del expediente digital en SAMAI). (Sic) (Negrillas fuera de
texto)
103. Al valorar el acervo probatorio, en relación con la señora Ángela Romero
Cárdenas, el Tribunal consideró:
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Respecto de la señora Ángela Verónica Romero Cárdenas, obran pruebas
documentales que demuestra que es docente de tiempo completo desde el año 2008,
según acta de posesión del 1º de octubre de 2008 y que, con posterioridad, fue
comisionada para ejercer el cargo de Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud
mediante Resolución 1075 del 1º de diciembre de 2016 (archivo 67 del índice 73 del
expediente digital en SAMAI) (…).
En esas condiciones, observa la Sala que tampoco se estructura el presupuesto del
artículo 126 de la Constitución, porque: (i) no hay designación individual recíproca
entre el elegido y la electora; (ii) la representación se origina en un acto colegiado de
un órgano distinto; y (iii) no se probó interés particular, actual y directo de la profesora
Romero que viciara su voto. Adicionalmente, no obra en el expediente prueba alguna
que acredite que el acto de designación de la señora Romero Cárdenas como
Decana, ni como designada por el Consejo Académico al Consejo Superior haya sido
demandado, razón adicional para negar la prosperidad del cargo.
Con todo, la comisión que habilitó a ambas profesoras para desempeñar funciones
directivas no las despoja de su condición de docentes de planta ni convierte per se
su voto en “intercambio prohibido”. Al respecto debe tenerse en cuenta que el Decreto
1279 de 2002 “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los
docentes de las Universidades Estatales” y el Estatuto Docente interno de la
Universidad Del Magdalena, prevén que el profesor de planta (de dedicación tiempo
completo o medio tiempo y en cualquiera de las categorías del escalafón) pueda
ejercer cargos académicos-administrativos en comisión y, una vez finalizada ésta,
retorne a su plaza docente, de allí la remisión expresa al artículo 161 del Acuerdo 007
de 2003, en la Resolución 270 de 2017, que aceptó la renuncia de la docente. En
otras palabras: la comisión no crea una relación particular de “deudor-beneficiario”
con el rector que la otorga, sino que es una modalidad estatutaria ordinaria del servicio
académico que se decide dentro de la organización universitaria y no impide la
participación del profesor, cuando es el caso, en órganos colegiados. (Sic)
104. Con base en lo expuesto, se colige que el Acta 15 de 24 de octubre de 2024,
en la cual se designó por unanimidad a la señora Ángela Romero Cárdenas como
representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario,
así como la Resolución 1075 de 2016 que la nombró como decana de la Facultad
de Ciencias de la Salud no constituyen pruebas recobradas.
105. Lo anterior, por cuanto es claro que los documentos fueron aportados al
proceso de la referencia en las oportunidades procesales del trámite ordinario,
aspecto que demuestra que no se encontraban extraviados o refundidos, requisitos
indispensables para considerarlos recobrados.
106. Además, los referidos documentos fueron conocidos por el fallador y
valorados en la sentencia recurrida, en la que se consideró que la designación de
Ángela Romero Cárdenas como integrante con participación en la sesión del
Consejo Superior, obedeció a una decisión del Consejo Académico, y no a una
designación efectuada por el señor Pablo Vera, de manera que no se configura la
prohibición del artículo 126 de la Constitución Política.
107. En ese sentido, no es de recibo, como lo pretende hacer la parte
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demandante, que mediante el recurso extraordinario de revisión se repita el estudio
del caso concreto, para volver a valorar en sede del recurso extraordinario de
revisión, aquellas pruebas que fueron oportunamente practicadas y valoradas, pero
cuyo alcance terminó con un resultado adverso a sus intereses.
108. Dicho de otro modo, el mecanismo de revisión no es un medio idóneo para
suplir deficiencias de la actuación procesal que corresponde a las partes dentro de
la tramitación de la instancia ni tampoco para pretender que se haga una nueva
valoración del acervo probatorio ni para cuestionar los aspectos jurídicos decididos
por el fallador de instancia.
109. En conclusión, al no encontrarse demostrado el primer elemento que
configura la causal invocada por el recurrente, la Sala se releva de continuar con el
estudio de los demás requisitos mencionados previamente.
2.7.1. Sobre los hechos nuevos y la compulsa de copias
110. Ahora frente a los hechos nuevos y sobrevinientes no presentados por el
recurrente en la demanda ordinaria, en los que plantea una falta de competencia
del Sindicato de Trabajadores de la Universidad para modificar el artículo 45 del
Estatuto General de la Universidad del Magdalena y aprobar que el rector pudiera
ser candidato para un tercer periodo, es preciso indicar que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación40 ha sostenido lo siguiente:
El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la tercera
en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio
original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más […] En
efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada.
111. En esa medida, estos argumentos escapan del objeto de la causal invocada
por la parte recurrente, en la medida que a través de este recurso no se puede
replantear el asunto objeto del litigio original ni se pueden presentar argumentos
que no fueron planteados en las instancias correspondientes.
112. Finalmente, en relación con la solicitud del recurrente formulada en el
memorial de 16 de abril de 202641 relacionadas con no tener en cuenta la
contestación de la Universidad del Magdalena por considerar que los argumentos
expuestos no se ajustan a la realidad y se presentaron algunas irregularidades 42,
así como compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial frente a
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de
agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.
41 Índices 27 y 28 de Samai.
42 Relacionadas con el acervo probatorio que obra en el expediente.
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las apoderadas de la institución, la Sala precisa que no encuentra fundamento
alguno para acceder a las referidas peticiones en tanto los argumentos presentados
por la institución de educación superior corresponden a los planteados en el proceso
ordinario y las pruebas aportadas hacen parte de las piezas procesales que obran
en el expediente del proceso ordinario que por demás, fueron remitidas, por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
2.8. Condena en costas
113. De acuerdo con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 43, en
concordancia con el numeral 8 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de revisión, siempre que, «en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
114. Por su parte, el artículo 361 del CGP establece que las costas están
integradas por las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho. Asimismo, dispone que las costas serán tasadas y
liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente.
115. En el caso objeto de estudio, se encuentra probado que la apoderada de la
Universidad del Magdalena y la apoderada del señor Pablo Vera Salazar,
presentaron escrito de oposición al recurso extraordinario de revisión e intervinieron
activamente en el trámite del proceso, razón por la cual de conformidad con los
parámetros establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
modificado por el Acuerdo PCSJA25-12355 de 28 de noviembre de 2025, proferido
por el Consejo Superior de la Judicatura44 se impondrá a cargo de la parte vencida
y en favor de los referidos sujetos procesales, el reconocimiento de agencias en
derecho.
116. De este modo, se fijará por dicho concepto, a cargo de la parte recurrente la
suma equivalente a 2 SMLMV, uno para cada uno de los sujetos procesales.
43 Artículo 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo
250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia
revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones,
perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el
expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal
que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga
lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. «Artículo
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021».
44 «Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20
SMLMV»
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En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLO
Primero: Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el 10 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 47001-23-33-
000-2024-00380-00 acumulado con el radicado 47001-23-33-000-2024-00383-00,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Condénase en costas a la parte recurrente por concepto de agencias en
derecho a la suma equivalente a 2 SMLMV, uno para cada una de las partes que
intervinieron como sujetos pasivos en el proceso, esto es, uno para la Universidad
del Magdalena y otro, para el señor Pablo Vera Salazar, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva. La liquidación se llevará a cabo por la Secretaría de la
Sección.
Tercero: Por Secretaría, archívese el expediente, previas las anotaciones
pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx”.
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