Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06481-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06481-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06481-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06481-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Diez [10] de septiembre de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
Demandante: CRISTIAN DAVID POVEDA JIMÉNEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por el señor Cristian David Poveda
Jiménez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Cristian David Poveda Jiménez, el 14 de agosto de 2026, presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de
que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y los principios a la
«confianza legítima, imparcialidad, inmediación y controversia de la prueba,
favorabilidad y los precedentes constitucionales».
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
las providencias de 30 de mayo de 2025 y de 12 de marzo de 2026 dictadas por las
autoridades judiciales accionadas, a través de las cuales se negaron las pretensiones
de la demanda y se confirmó esa decisión, respectivamente, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación, Ministerio de
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
Defensa, Policía Nacional, identificado con el radicado 25000-23-42-000-2023-00153-
00/01.
1.2. Pretensión
La parte actora planteó la siguiente petición:
Amparar los principios la correcta administración de justicia, debido proceso,
conocimiento del derecho, confianza legitima, imparcialidad, inmediación y
controversia de la prueba, favorabilidad y los precedentes constitucionales; la cosa
juzgada fraudulenta y de no convertir en una tercera instancia el control constitucional
de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otro; ordenando se dicte un fallo en
derecho o en su defecto su despacho lo emita2.
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El 10 de abril de 2021, a las 6:30 a.m., el subteniente Cristián David Poveda empezó
a prestar el servicio denominado «100-5» que terminaba a las 6:00 p.m., de ese mismo
día.
Adujo que, a las 11:30 p.m. del 10 de abril de 2021 el señor Poveda Jiménez salió del
lugar donde descansaba porque debía iniciar el servicio «100-5» a la media noche del
11 de abril de 2021, momento en el cual fue detenido por el coronel Livio Martínez,
quien lo pretendía llevar al Hospital de la Policía para que le practicaran una prueba
de alcoholemia.
Informó que se negó a ir al Hospital de la Policía y, en su lugar, sugirió al coronel
Martínez que la prueba de alcoholemia fuera practicada en Medicina Legal o en una
clínica privada, pero ello le fue negado, se le ordenó que entregara el arma y fue
enviado a su casa conducido por otro oficial.
A las 11:00 p.m. del 11 de abril de 2021, el patrullero Fernando Rueda recogió al
subteniente Poveda Jiménez y lo llevó a la oficina de control interno a efectos de que
rindiera una declaración «sin la presencia de la persona o del apoderado» contra quien
se pretendía aducir la declaración, «lesionando o desconociendo el principio de
inmediación y controversia de la prueba».
Precisó que el proceso disciplinario que se adelantó en su contra culminó con las
sentencias disciplinarias de: (i) 19 de julio de 2021 proferida por el inspector delegado
de la MEBOG que lo sancionó con la destitución e inhabilidad general por el término
2
Cita del texto original con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
de 20 años3; y (ii) 30 de diciembre de 2021 dictada por el inspector general (E) de la
Policía Nacional que modificó lo anterior en el sentido de imponer la suspensión e
inhabilidad especial para desempeñar cargos públicos, sin derecho a remuneración,
por el lapso de 7 meses.
Inconforme, refirió que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los fallos disciplinarios
mencionados. A título de restablecimiento del derecho solicitó la absolución de la
sanción y la restitución de los derechos que se lesionaron con la imposición de esta,
como lo son el «impedir ascender, no recibir remuneración y todo aquel daño colateral
ya sea material y moral tanto a él como a su familia».
El asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, autoridad que en providencia de 30 de mayo de 2025 negó
las pretensiones de la demanda al concluir que las decisiones demandadas se
encontraban ajustadas a derecho en las que se determinó la tipicidad, antijuridicidad y
culpabilidad de la conducta investigada, con sustento en una acertada valoración
probatoria. Lo anterior, luego de considerar lo siguiente:
(i) En cuanto al cargo relacionado con la presunta vulneración de las formas propias del
juicio y el derecho de defensa, indicó que el procedimiento disciplinario verbal se ajustó
a las normas disciplinarias aplicables, comoquiera que los investigados fueron
sorprendidos al momento de la comisión de la falta, la cual se catalogó como gravísima,
sin que la reducción de términos afecte el derecho de defensa, toda vez que, no se
omitieron las oportunidades procesales.
(ii) Frente al reparo consistente en la existencia de irregularidades sustanciales que
afectaron el debido proceso por cuanto no se notificó la apertura de la investigación a
la Procuraduría General de la Nación, precisó que dicha diligencia solo resulta
obligatoria cuando la investigación la inicia la oficina de control interno y que, en el
caso particular, esa dependencia consideró que no era competente. Advirtió que, en
todo caso, en el auto por medio del cual se citó a audiencia se ordenó notificar al ente
de control en cumplimiento de lo establecido en el artículo 176 de la Ley 734 de 2002.
(iii) Respecto al argumento concerniente a que no se configuró la ilicitud sustancial porque
el sancionado actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta se
ajustaba a derecho, resaltó que dentro del proceso disciplinario se probó que el
demandante se ausentó del lugar en donde prestaba el servicio, sin justa causa y omitió
pedir permiso, lo cual constituyó una falta que demuestra que no se inobservó el
principio de ilicitud sustancial.
(iv) Finalmente, sobre la vulneración al principio de inmediación, controversia probatoria,
autoridad competente y derecho de defensa, señaló que, si bien el referido principio al
que alude el CGP no es aplicable al proceso disciplinario, lo cierto es que se extiende
a las pruebas testimoniales que se practican en el proceso verbal y que, de cualquier
manera, las audiencias celebradas dentro del asunto disciplinario verbal fueron
3
Con esa decisión se sancionó a varios uniformados, entre ellos al Subteniente Poveda Jiménez, dado
que el 10 de abril de 2021, cuando se encontraba en servicio como Policía de Control COSEC-1, se
apartó del cargo a las 16:30 horas y fue encontrado a las 23:50 de ese mismo día en la localidad de
Tunjuelito, ajena a la jurisdicción del COSEC1, sin permiso o justificación alguna, dentro del horario de
servicio.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
presididas por el competente, esto es, por el inspector delegado especial de la Policía
Metropolitana de Bogotá. Además, aclaró que, pese a que el referido inspector
comisionó a un funcionario como secretario ad hoc, quien a su vez realizó algunas
intervenciones en las audiencias, dicha situación no violó el debido proceso, toda vez
que la autoridad competente siempre estuvo presente y practicó personalmente las
pruebas.
Acotó que, el recurso de apelación giró en torno a:
(i) Insistir en la violación al debido proceso por valorar pruebas que en su criterio eran
nulas como el testimonio de Fernando Rueda Ruiz, respecto al cual aseveró que se
practicó de forma irregular por cuanto se le permitió leer la declaración anterior y el
demandante no tuvo la oportunidad de controvertir la presunta ratificación del testigo;
ello, aunado a que el sustanciador del proceso objetó las preguntas realizadas con la
anuencia de la inspectora competente, y que la declaración inicial y la ratificación son
incongruentes.
(ii) Alegar que las pruebas fueron indebidamente valoradas, puntualmente el poligrama
009 código 1DS-PO-001 y las comunicaciones oficiales suscritas por los
subintendentes Machuca y Téllez, lo cual se evidencia con la decisión de la justicia
penal militar contenida en el auto de 27 de junio de 2024 correspondiente a la cesación
de la investigación a favor del demandante luego concluyó que no se presentó el
abandono del servicio.
(iii) Insistir en que debió adelantarse el proceso disciplinario en la modalidad ordinaria y no
verbal.
La alzada la resolvió el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en
sentencia de 12 de marzo de 2026, en el sentido de confirmar la decisión del a quo
que negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, luego de realizar el siguiente
análisis, del cual solo se señalarán aquellos aspectos que se relacionan con los
argumentos que se plantearon en el escrito de tutela:
(i) En cuanto al reproche concerniente a que se adelantó un proceso verbal sin que se
reunieran los requisitos para tal efecto, precisó que la Ley 734 de 2002 establece que
el proceso verbal se adelanta cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el
momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que
provengan de la ejecución de la condena, cuando haya confesión y en todo caso
cuando sea leve. Adicionalmente, estipula que también procederá cuando se conozca
la comisión de una falta gravísima prevista en el artículo 55 y otros, evento en el cual
se procederá según lo señalado en el artículo 175.
La conducta contenida en el pliego de cargos de 26 de abril de 2021 consistió en
«[a]usentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa
justificada», supuesto determinado como falta gravísima en el artículo 34.27 de la Ley
1015 de 2006, esto es, el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional.
No le asiste razón al apelante en lo referente a que el proceso mutó del ordinario al
verbal por el hecho de que se adelantó una indagación preliminar, toda vez que esa
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
actuación es preprocesal y se realiza para constatar si hay lugar o no a la apertura del
proceso disciplinario, además, no constituye supuesto legal para determinar la
modalidad del asunto debido a que es el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 la norma
que establece los supuestos para tal efecto.
En la sentencia C-070 de 2003 la Corte Constitucional definió la naturaleza de la
indagación preliminar como una etapa preprocesal cuyo trámite no vulnera norma
superior alguna porque se lleva a cabo con el fin de identificar o individualizar al
presunto disciplinado, y mientras no se haya hecho, no afecta a ninguna persona
indeterminada.
(ii) Respecto a la práctica de pruebas ilegales como la declaración del conductor del
tutelante en la madrugada del 11 de abril de 2021, concluyó que, de conformidad con
lo señalado en los artículos 174, 188 y 222 del CGP, no se vulneró el debido proceso
debido a que dicha declaración constituyó en ese momento una prueba sumaria la cual
fue ratificada en la diligencia que contó con la previa citación del investigado quien tuvo
la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción. Ello, en armonía con lo precisado
por la Corte Constitucional en la SU-371 de 2021.
1.4. Fundamentos de la solicitud4
Del escrito confuso de tutela, la Sala logra extraer que la parte actora indicó que sus
derechos fundamentales fueron vulnerados con ocasión de la expedición de las
sentencias dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por
cuanto, a su juicio, al haber denegado las pretensiones de la demanda avalaron la
legalidad de un proceso disciplinario que considera que quebrantó su derecho al
debido proceso.
En ese sentido, reprochó que la causa disciplinaria mutara del proceso ordinario al
verbal con ocasión a que se adelantó la indagación preliminar como si se tratara de un
caso de flagrancia, lo cual no ocurrió en este evento. En su criterio, los jueces
ordinarios erraron al indicar que esa actuación no constituye un supuesto legal para
determinar si el asunto debe adelantarse bajo una u otra modalidad de conformidad
con lo estipulado en el artículo 1755 de la Ley 734 de 2002.
4
Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener posibles
errores.
5
«ARTÍCULO 175. Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento verbal se adelantará contra
los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la
comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la
conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.
También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48
numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62
de esta ley.
En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en cualquier estado de la
actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos.
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión
de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos
se citara a audiencia».
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
Al respecto, censuró que los funcionarios judiciales señalaran que la indagación
preliminar, que es un pilar fundamental del debido proceso y de todos los «códigos
disciplinarios» tiene naturaleza preprocesal, es decir, que se considere «fuera del
proceso disciplinario, o sea; la puede practicar un notario o cualquier otra autoridad
distinta a un juez disciplinario, tenía y tengo el total y pleno conocimiento que esta se
adelanta dentro del proceso disciplinario cuando existe duda sobre la identificación de
los presuntos encartados para determinar si es viable dar apertura a una investigación
disciplinaria […]».
En cuanto a la valoración del testimonio del conductor del señor Poveda Jiménez, esto
es, el patrullero Fernando Rueda Ruiz, aseveró que se desconoció el precedente
judicial consistente en no convertir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en una tercera instancia de la acción disciplinaria, por cuanto frente a dicho
elemento se adujo en la sentencia lo siguiente:
Por otro lado, resultan evidentes las contradicciones del conductor del demandante
frente a la hora en que dejó en el lugar de destino al Subintendente. No obstante, en el
testimonio que rindió durante el trámite del proceso disciplinario, precisó que no había
sido a las 16:50 horas, sino a las 18 horas y, al ser cuestionado por la diferencia horario
expuesta en la primera declaración, respondió:
Adicionó que los jueces también justificaron que el testimonio del patrullero Rueda Ruiz
se recibió a la 1 de la mañana sin que el señor Poveda Jiménez o su defensor estuviera
presente, y para avalar dicha situación irregular, indicaron que el testimonio fue
remitido a la Inspección Especial de la MEBOG, todo ello sin permitirle al tutelante el
ejercicio de su defensa técnica, del principio de inmediación y de la controversia de la
prueba.
Agregó que, en todo caso, la referida prueba no es legal en atención a que, durante la
práctica de esta, «me ha tocado encontrar a un patrullero investigando, cuestionando,
preguntando y repreguntando a un oficial y, no solo constituye una falta de respeto al
orden y jerarquía, lo más grave; es la falta de preparación del patrullero o
subintendente comisionado para ejercer tal labor». Ello, por cuanto aseguró que la
directora del proceso, esto es, la inspectora delegada permitió que fuera un
subintendente quien llevara a cabo la mayor parte de la diligencia pese a que «el juez
es quien podía preguntar repreguntar y dirigir la audiencia no dejar está en manos de
un sustanciador como sucedió y se demostró y por lo cual se solicitó la nulidad de los
actos administrativo […].
Acotó que la decisión de la Fiscalía 141 Penal Militar que investigó los mismos hechos,
con las mismas pruebas, ordenó cesar el procedimiento por cuanto concluyó que no
existían elementos que demostraran de manera contundente que el demandante había
abandonado el puesto, sino que se encontraba en descanso reglamentario.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con proveído de 18 de agosto de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como parte accionada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional
se dispuso la vinculación de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y se
reconoció personería al abogado Luis Antonio Rodríguez de la Rosa como apoderado
de la parte accionante.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
memoriales:
1.6.1. La Policía Nacional solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda
ante la inexistencia de la violación de los derechos fundamentales invocados por el
extremo actor.
Agregó que frente al caso sometido a consideración no se acreditó el acontecimiento
de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e injustificada que amerite
la procedencia de la tutela como un mecanismo para acceder al reconocimiento de lo
pretendido por el accionante, máxime, porque el asunto que se debatió en el marco de
las vías de protección jurisdiccional idóneas corresponde con lo que se plantea en la
presente acción, lo cual, en consecuencia, constituye la razón que genera su
improcedencia comoquiera que este es un mecanismo de protección subsidiario.
Además, resaltó que los hechos constitutivos del perjuicio irremediable por no estar
exentos de prueba, deben acreditarse con carga probatoria, lo cual no ocurrió.
1.6.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B luego de hacer un
recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario y de señalar que no se
acreditaron los argumentos que el accionante elevó contra las decisiones judiciales,
precisó que la solicitud de amparo debe ser negada por no existir vulneración alguna
de los derechos fundamentales del señor Poveda Jiménez.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Cristian David Poveda Jiménez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y otro, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
2.2. Cuestión previa
En este punto se aclara que, si bien el extremo actor demandó las dos sentencias
dictadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es
que en esta sede el análisis se realizará respecto del fallo dictado el 12 de marzo de
2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por ser la
decisión que puso fin al proceso ordinario.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia de
12 de marzo de 2026 dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se
identificó con el radicado 25000-23-42-000-2023-00153-00/01.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional
no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud
de amparo elevada por el señor Cristian David Poveda Jiménez no cumple con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de
16 de junio de 2022.
2.5.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal10.
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»12.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”13. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
10
Parafraseo de la SU 215 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Ibídem.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»14.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso15, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
2.5.1.2. Este juez constitucional, al descender al análisis de los argumentos planteados
por el señor Cristian David Poveda Jiménez, advierte que el asunto carece de la carga
argumentativa mínima y desde la perspectiva constitucional para que proceda su
análisis en sede de tutela contra providencia judicial.
En síntesis, el señor Poveda Jiménez manifestó que, con la decisión de 12 de marzo
de 2026, consistente en negar las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, se desconocieron sus derechos fundamentales.
Ello, por cuanto alegó que: (i) la causa disciplinaria se adelantó en la modalidad de un
proceso verbal pese a que correspondía a una ordinaria; (ii) la decisión se basó en una
prueba ilegal por cuanto el testimonio del conductor del señor Poveda Jiménez fue
recibido en horas de la madrugada sin presencia del sancionado o de su apoderado,
y porque al efectuar su práctica, la directora del proceso permitió que fuera un
subintendente quien llevara a cabo la mayor parte de la diligencia; y (iii) en el asunto
penal militar, en el que era investigado por los mismos hechos, resultó absuelto.
En ese orden, es claro para la Sala de decisión que el debate propuesto por la parte
accionante carece de la carga argumentativa mínima requerida, en tanto se limitó a
plantear argumentos generales y omitió señalar y desarrollar con precisión cuáles son
los defectos de los cuales adolece la sentencia de 12 de marzo de 2026, lo cual, por
contera, también descarta el ejercicio argumentativo desde la perspectiva
iusfundamental.
En otras palabras, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinadas garantías superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado cumpla con el deber de precisar y sustentar
cuáles son los yerros en que incurrió la providencia censurada, el concepto de la
violación que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de los
postulados constitucionales, que implique por parte de este juez un pronunciamiento
respecto al análisis que ha efectuado el juez natural en la materia.
14
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
15
Sentencia SU-573 de 2019.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, además, dictada por un órgano de cierre, requiere con mayor énfasis que el
extremo accionante ejecute una exposición que sin lugar a duda demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible afectación
de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de las prerrogativas superiores del
accionante con ocasión de la expedición de la decisión dictada por la autoridad
censurada.
En resumen, no se evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración de
garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia constitucional
tratándose de acción de tutela contra providencia judicial expedida por una alta corte;
ello comoquiera que el debate carece de la carga argumentativa necesaria y desde la
perspectiva iusfundamental, y no se evidencia una vulneración palmaria que amerite
la intervención del juez de tutela16. Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala declare
la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
2.6. Conclusión
Se declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Cristian David
Poveda Jiménez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro,
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Cristian David Poveda Jiménez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y otro.
16
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Cristian David Poveda Jiménez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06481-00
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.