RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-06590-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06590-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06590-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. www.consejodeestado.gov.co 10 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00 Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06590-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06590-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco
Accionados: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del trámite de
una acción de tutela

Decisión: Declarar la improcedencia de la acción por no cumplir los
requisitos de la sentencia de unificación SU-627 de 2015

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por el señor Kevin Bustamante Castelblanco, quien
actúa en nombre propio, en contra de la Presidencia de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la
Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida
digna, a la integridad personal, a la igualdad, a la dignidad humana y al mínimo
vital, con ocasión del auto de 21 de agosto de 2026, proferido dentro de la acción
de tutela seguida bajo el radicado 11001-02-04-000-2026-01673-00, mediante el
cual se concedió la impugnación formulada por el accionante y se ordenó la
remisión del expediente a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte
Suprema de Justicia para el trámite correspondiente.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que el señor Kevin
Bustamante Castelblanco instauró una acción de tutela contra diversas
autoridades, cuyo conocimiento correspondió a la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, actuación identificada con el radicado 11001-02-04-
000-2026-01673-00 (156043)1.

3. Mediante auto de 29 de mayo de 20262, la Sala de Casación Penal advirtió

1
Dicha solicitud fue repartida al despacho del magistrado José Joaquín Urbano Martínez.
2
Índice 21 cuaderno principal.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco

que el escrito de amparo no identificaba con claridad las actuaciones y decisiones
judiciales cuestionadas, por lo que requirió al accionante para que subsanara la
demanda y explicara, además, la presentación de varias acciones constitucionales
con contenido semejante.

4. Posteriormente, la Secretaría de la Sala de Casación Penal dejó constancia
de que el requerimiento fue notificado al actor y que el término concedido transcurrió
sin que este allegara escrito de subsanación o aclaración. En consecuencia,
mediante providencia ATP1930-2026 de 30 de junio de 2026, la Sala rechazó la
acción de tutela con fundamento en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 3.

5. Inconforme con esa determinación, el señor Bustamante Castelblanco
presentó escrito de impugnación el 4 de agosto de 20264, mediante el cual solicitó
revocar la providencia de rechazo y reiteró diversos cuestionamientos relacionados
con el trámite constitucional adelantado por la Sala de Casación Penal.

6. En atención a dicho recurso, mediante auto de 21 de agosto de 2026 la Sala
de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas núm. 2, concedió el recurso
formulado por el actor y ordenó remitir el expediente a la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia para que resolviera la impugnación,
decisión que fue notificada al accionante y cumplida por la Secretaría de la
Corporación5.

7. Finalmente, el actor instauró la presente acción de tutela contra la
Presidencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala
de Casación Civil, Agraria y Rural, al considerar que la remisión ordenada dentro
del trámite de impugnación vulneró sus derechos fundamentales, por lo que solicitó
dejar sin efectos la referida actuación y disponer que la Sala de Casación Penal
conservara el conocimiento del asunto.

2.2. Fundamento jurídico

8. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida digna, a la integridad
personal, a la igualdad, a la dignidad humana y al mínimo vital, con ocasión del auto
de 21 de agosto de 2026, mediante el cual la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia concedió la impugnación formulada contra la providencia
ATP1930-2026 y ordenó remitir el expediente a la Sala de Casación Civil, Agraria
y Rural para el trámite correspondiente.

9. Como fundamento principal de su inconformidad, sostuvo que la autoridad
judicial accionada desconoció el principio de prevención previsto en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991, pues, a su juicio, la Sala de Casación Penal debía
conservar el conocimiento del asunto debido a que otras autoridades judiciales ya
habían conocido actuaciones constitucionales relacionadas con los hechos

3
Índices 23, 24 y 25 del cuaderno principal.
4
Índices 27 ibidem
5
Índices 28,29,30 y 31 ibidem

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco

expuestos en sus reclamaciones.

10. Asimismo, alegó la configuración de un defecto por exceso ritual manifiesto,
al estimar que la autoridad accionada otorgó prevalencia a criterios meramente
procedimentales para apartarse del conocimiento del asunto.

11. Igualmente, adujo la existencia de un defecto fáctico, por cuanto consideró
que no fueron valoradas circunstancias relevantes para la definición del trámite
constitucional, particularmente aquellas relacionadas con su condición de
desplazado, habitante de calle y sujeto de especial protección constitucional, así
como la jurisprudencia que, en su criterio, impone una protección reforzada a las
personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

12. De igual forma, sostuvo que la decisión cuestionada desconoció los
precedentes contenidos, entre otras, en las sentencias T-025 de 2004, T-318 de
2011 y T-661 de 2013, al estimar que la autoridad accionada privilegió
consideraciones procedimentales sobre el análisis material de las solicitudes
formuladas en la acción de tutela inicialmente promovida.

13. En consideración a lo anterior, el señor Kevin Bustamante Castelblanco
instauró la presente acción de tutela, al estimar que el auto de 21 de agosto de
2026 vulneró sus derechos fundamentales.

2.3. Pretensiones

14. Con fundamento en los hechos y argumentos expuestos en su extenso
escrito de tutela, se colige que el accionante pretende lo siguiente:

PRIMERA. Amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, a la
dignidad humana y al mínimo vital.

SEGUNDA. Dejar sin efectos el auto de 21 de agosto de 2026, proferido por la
Presidencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mediante el cual se concedió la impugnación formulada dentro de la acción de tutela
radicada bajo el número 11001-02-04-000-2026-01673-00 y se ordenó la remisión del
expediente a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esa Corporación.

TERCERA. Declarar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
debía conservar el conocimiento del trámite constitucional, en aplicación del principio
de prevención previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTA. Ordenar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
asumir directamente el conocimiento de la impugnación presentada por el accionante y
resolverla de fondo.

QUINTA. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones
relacionadas con los hechos denunciados por el actor.

SEXTA. Ordenar a la Policía Nacional suministrar los registros videográficos y demás
elementos probatorios solicitados por el accionante.

SÉPTIMA. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar medidas de
protección a su favor.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco

OCTAVA. Ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV) adelantar las actuaciones necesarias para su inclusión en el Registro
Único de Víctimas.

NOVENA. Ordenar el cambio de radicación de los procesos judiciales y actuaciones
administrativas relacionados con su situación personal a la ciudad de Bogotá D.C.

DÉCIMA. Declarar la nulidad del comparendo identificado por el accionante en el escrito
de tutela.

15. No obstante, para efectos del análisis de procedencia y de la delimitación del
problema jurídico del asunto objeto de análisis, la Sala advierte que las
pretensiones realmente relevantes corresponden a las identificadas como segunda,
tercera y cuarta, por ser las únicas dirigidas específicamente contra el auto de 21
de agosto de 2026 y contra la actuación atribuida a la Presidencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues las demás solicitudes
corresponden a medidas ajenas a la decisión judicial cuestionada y no guardan
relación directa con el acto procesal objeto de censura en esta oportunidad.

2.4. Intervenciones

16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 21 de
agosto de 20266, por medio del cual se ordenó notificar a la Presidencia de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la misma Corporación, en calidad de accionadas.

2.4.1. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de
Justicia remitió el enlace electrónico para la consulta del expediente digital
correspondiente al trámite constitucional radicado bajo el número 11001-02-04-
000-2026-01673-01, conformado con ocasión de la impugnación promovida por el
accionante.

17. Igualmente, fueron incorporadas al expediente las piezas procesales
correspondientes a los radicados 11001-02-04-000-2026-01673-00 y 11001-02-04-
000-2026-01673-01, remitidas por la Corte Suprema de Justicia para efectos de la
presente actuación.

18. No obstante, las autoridades judiciales accionadas no rindieron informe ni
presentaron pronunciamiento de fondo frente a los hechos y pretensiones de la
demanda.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo

6
Índice 4 del aplicativo SAMAI

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco

080 de 20197 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico planteado en el
presente asunto se circunscribe a determinar si la Presidencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al proferir el auto de 21 de agosto
de 20268, posiblemente incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, por exceso ritual
manifiesto y por desconocimiento del precedente, y si con ellos, presuntamente
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, a
la dignidad humana y al mínimo vital del señor Kevin Bustamante Castelblanco.

21. Previo a lo anterior, resulta necesario establecer si la presente acción cumple
con los requisitos excepcionales de procedencia fijados por la jurisprudencia
constitucional cuando se pretende cuestionar una actuación surtida dentro del
trámite de otra acción de tutela.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

22. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la

7 Reglamento interno del Consejo de Estado .
8
Mediante el cual concedió la impugnación formulada por el señor Kevin Bustamante Castelblanco dentro de la acción de
tutela seguida bajo el radicado 11001-02-04-000-2026-01673-00 y ordenó remitir el expediente a la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia para el trámite correspondiente.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco

protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

25. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

26. Ahora bien, es preciso poner de presente que, después de un largo período
en el que se determinó la improcedencia absoluta de la tutela contra sentencia de
tutela, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, estableció el
carácter excepcional de este mecanismo de protección constitucional cuando se
pudiera constatar que se trata de un caso de fraude. En la referida providencia
señaló:

«4.3.1. Entre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales está el de que no se trate de una sentencia de tutela. En la
Sentencia SU-1219 de 2001, a partir de un caso en el cual se cuestiona que la
acción de tutela fallada por un juez era improcedente, este tribunal planteó el
siguiente problema jurídico: “¿Puede interponerse una acción de tutela contra una
sentencia de tutela, alegando que se ha incurrido en una vía de hecho?”. La
respuesta fue negativa. Sin embargo, conviene no perder de vista las
particularidades del caso, que el propio tribunal destacó al unificar su jurisprudencia
sobre la materia, en los siguientes términos:
(…)
4.3.2. En este contexto, que es imprescindible para comprender la Sentencia SU-
1219, este tribunal fija la regla de la no procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela, que se funda en la consideración de que es importante evitar
que la sentencia de tutela pueda ser objeto de la acción de tutela, pues con ello “la
resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la
seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales”. Así,
pues, admitir una nueva acción de tutela “sería como instituir un recurso adicional
ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela
ya concluido”, lo que es contrario a la Constitución y a las normas reglamentarias
en la materia. Y lo es, porque una vez ha concluido el proceso de selección “opera
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”, que tiene un trato diferente respecto
de la cosa juzgada no constitucional (…)

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco

4.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela

4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de que la
tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El principio de
cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en ciertas
circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del
cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión
del juez.

En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible distinguir dos
partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden específica y necesaria
para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de la decisión, “el principio
de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme a la inimpugnabilidad
que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha dicho que puede ser
complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”.

En este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos
los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a
través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad”.

Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido directamente por el
juez o con su anuencia. Con este fundamento, al constatar la existencia de fraude
en una sentencia de tutela que no fue objeto de revisión, para evitar que esta se
materialice, este tribunal advirtió que si bien “no puede revocar esa providencia, lo
que implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y transgredir las
consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de revisión en esta
Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104 de 2007, “hacer que
esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico, respetando la
prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el precepto fraus
omnia corrumpit”.

Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso
particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues
la decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han
pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión.
Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de
revisión de la sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de
selección para revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009).
En efecto, el auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos mil siete
(2007), mientras que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de dos mil
diez (2010). Como se observa, ambos términos son muy inferiores al máximo que
la legislación permite para el recurso extraordinario de revisión en materia civil. Por
lo mismo, a juicio de esta Sala, no existe fundamento para considerar que esta
medida, que protege al erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, sea
excesiva frente a la cosa juzgada. Finalmente, la Sala no se está refiriendo a si les
asiste o no derecho a recibir la pensión gracia a los demandantes, solo se pronuncia
sobre una causa específica en la cual se evidencia la necesidad de aplicar el
precepto que establece que el fraude lo corrompe todo.
(…)
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco

Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o
con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional»9.

4. Análisis del caso concreto

27. En el asunto bajo examen, la Sala advierte que la controversia planteada por
el señor Kevin Bustamante Castelblanco recae sobre el auto de 21 de agosto de
2026, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
dentro de la acción de tutela seguida bajo el radicado núm. 11001-02-04-000-2026-
01673-00, mediante el cual se concedió la impugnación presentada por el actor
contra la providencia ATP1930-2026 de 30 de junio de 2026 y se dispuso la
remisión del expediente a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esa
Corporación para el trámite correspondiente.

28. En consecuencia, antes de examinar los defectos: sustantivo, fáctico, por
exceso ritual manifiesto y por desconocimiento del precedente invocados por el
accionante, resulta indispensable verificar si la presente solicitud satisface las
estrictas exigencias de procedencia fijadas por la jurisprudencia constitucional
cuando se pretende cuestionar una actuación desplegada dentro de otro trámite de
tutela.

29. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó en la sentencia SU-627
de 2015 que:

«Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la

9
Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015, magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco

sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella».
Negrillas de esta Sala.

30. Esta precisión resulta determinante, pues el reproche del demandante
recae sobre una actuación procesal adoptada durante el trámite de una acción
constitucional y no sobre una sentencia de tutela.

31. Bajo esa perspectiva, se advierte que el auto cuestionado constituye una
decisión interlocutoria mediante la cual la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia se limitó a conceder la impugnación formulada por el
accionante y a ordenar la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural para que resolviera el recurso correspondiente.

32. Ahora bien, una vez identificada la naturaleza de la actuación cuestionada,
corresponde determinar si esta se enmarca en realidad dentro de los supuestos
excepcionales que habilitan la intervención del juez constitucional frente a
actuaciones ocurridas en otro trámite de tutela.

33. Al respecto, la misma sentencia SU-627 de 2015 señaló que:

«Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros
que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede». Negrillas y subrayas de esta Sala.

34. En ese entendido, la citada regla pone de presente que la procedencia
excepcional del amparo no opera frente a cualquier inconformidad surgida durante
el trámite constitucional, sino respecto de actuaciones que comprometan
directamente las garantías básicas del debido proceso de quienes debían ser
enterados o vinculados a la actuación.

35. En armonía con lo anterior, la Corte también explicó que:

«La vulneración de los derechos fundamentales no se predica de la sentencia de
tutela, sino del trámite del proceso de tutela, en particular de la omisión del juez en
el cumplimiento de su deber de vincular al proceso a todas las personas que pueden
verse afectados con la decisión que se tome, para que puedan ejercer su derecho
a la defensa».

36. Visto lo anterior, resulta evidente para esta Subsección que ninguna de las
circunstancias excepcionales descritas por la Corte Constitucional concurre en el
caso bajo estudio, toda vez que el actor no denuncia irregularidades relacionadas
con la falta de notificación, la omisión en la vinculación de terceros con interés
legítimo en el trámite constitucional, la afectación de derechos fundamentales
durante un incidente de desacato o la existencia de una actuación fraudulenta que
comprometa la validez del proceso de tutela.

37. Por el contrario, la inconformidad planteada se dirige exclusivamente contra
el auto de 21 de agosto de 2026, mediante el cual la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia concedió la impugnación formulada por el propio
accionante contra la providencia ATP1930-2026 de 30 de junio de 2026 y dispuso

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco

la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural para que
resolviera el recurso interpuesto.

38. Así las cosas, a diferencia de los supuestos excepcionales examinados por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, el demandante no
cuestiona una irregularidad estructural del trámite constitucional relacionada con la
falta de información, notificación o vinculación de sujetos con interés legítimo en la
actuación, sino únicamente la autoridad judicial llamada a resolver la impugnación.

39. En ese orden de ideas, la actuación objeto de censura no restringió el acceso
a la administración de justicia ni privó al actor de los mecanismos procesales
previstos para controvertir la decisión que rechazó la acción de tutela originalmente
instaurada por este. Antes bien, la providencia cuestionada materializó el
trámite de la impugnación presentada por el señor Bustamante Castelblanco
y garantizó que esta fuera sometida al conocimiento de la autoridad judicial
encargada de resolver la segunda instancia.

40. En consecuencia, la controversia propuesta por el accionante no versa sobre
una de las hipótesis excepcionales de procedencia identificadas en la sentencia
SU-627 de 2015, sino sobre su desacuerdo con la autoridad judicial llamada a
decidir el recurso de impugnación dentro de otro trámite constitucional.

41. Por lo anteriormente expuesto, el admitir el estudio de fondo de la presente
solicitud implicaría permitir que, paralelamente al trámite de la impugnación ya
concedida dentro de la acción de tutela seguida antes las autoridades judiciales
accionadas, se promoviera una nueva controversia constitucional respecto de las
actuaciones internas propias de ese procedimiento, escenario que precisamente
busca evitar la regla jurisprudencial de improcedencia fijada por la Corte
Constitucional.

42. En estas condiciones, la Sala concluye que la presente solicitud de amparo
no supera el examen preliminar de procedencia exigido por la jurisprudencia
constitucional, razón por la cual resulta improcedente abordar el estudio de fondo
de los defectos atribuidos al auto de 21 de agosto de 2026 y, en consecuencia, la
protección invocada no está llamada a prosperar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.