Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06626-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06626-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06626-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06626-00
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco
Accionados: Sección Primera del Consejo de Estado
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del trámite de
una acción de tutela
Decisión: Declarar la improcedencia de la acción por no cumplir los
requisitos de la sentencia de unificación SU-627 de 2015
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por el señor Kevin Bustamante Castelblanco, quien
actúa en nombre propio en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la vida digna, a la integridad, a la igualdad,
a la dignidad humana y al mínimo vital, con ocasión del auto del 19 de agosto de
2026, proferido dentro de la acción tutela seguida bajo el radicado 11001-03-15-
000-2026-06541-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela1 y del expediente se colige que, en una actuación previa,
de fecha 18 de agosto de esta anualidad2, el accionante presentó una acción de
tutela en contra de diversas autoridades, que fue repartida inicialmente para su
conocimiento a la Sección Primera de esta Corporación.
3. No obstante, una vez analizada la solicitud de amparo por parte de la
autoridad judicial accionada, esta decidió remitirla mediante auto del 19 de agosto
de 2026 a los jueces del circuito para que avocaran conocimiento, invocando como
sustento normativo el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1, del Decreto 1069 de 26 de
mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 799 de 9 de julio de 2025,
relacionado con las reglas de reparto de la acción de tutela.
4. Inconforme con dicha decisión, el señor Bustamante Casteblanco presentó
la presente solicitud de amparo al considerar trasgredidos sus derechos
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Presentado el 20 de agosto de 2026
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Acción De Tutela
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Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco
fundamentales por la remisión del trámite constitucional realizado por la Sala
accionada.
2.2. Fundamento jurídico
5. El accionante consideró que, al declarar su falta de competencia para
conocer de la acción constitucional y ordenar remitir el expediente a los jueces del
circuito de Bogotá, la Sección Primera vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la vida digna, a la
integridad, a la igualdad, a la dignidad humana y al mínimo vital, pues en su sentir,
lo privó de que se adoptara una decisión de fondo.
6. Como eje central de su reproche, sostuvo que la Sala accionada desconoció
el principio de prevención previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, por
cuanto esta Corporación ya había conocido actuaciones previas relacionadas con
sus reclamaciones y, además, porque las presuntas vulneraciones atribuibles a
entidades del orden nacional tendrían ocurrencia en la ciudad de Bogotá D.C, por
lo que estimó que, desde su perspectiva, la Sección Primera debía conservar el
conocimiento del asunto.
7. Asimismo, alegó la existencia de un defecto por exceso ritual manifiesto, al
considerar que la autoridad judicial accionada aplicó una regla de reparto contenida
en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 como si se tratara de una
verdadera regla de competencia. En apoyo de esa censura invocó la Sentencia T-
661 de 2013 y adujo que las disposiciones de reparto no podían servir de
fundamento para que el juez constitucional declinara el conocimiento del
expediente.
8. Igualmente, adujo configurado un defecto fáctico, porque, desde la
perspectiva del actor, la Sala objeto de censura omitió considerar elementos
determinantes para resolver la cuestión sometida a su conocimiento,
particularmente su condición de desplazado, habitante de calle y sujeto de especial
protección constitucional, así como la jurisprudencia relacionada con flexibilización
probatoria, inversión de la carga de la prueba y protección reforzada a población
vulnerable.
9. Finalmente, sostuvo que la decisión de remisión desconoció los precedentes
contenidos en las sentencias T-025 de 2004, T-318 de 2011 y T-661 de 2013, al
estimar que la autoridad judicial accionada privilegió aspectos formales sobre el
examen material de sus solicitudes relacionadas con la inclusión en el Registro
Único de Víctimas, la protección estatal y las demás pretensiones formuladas en la
acción de tutela referida.
2.3. Pretensiones
10. Con fundamento en los hechos y argumentos expuestos en el escrito de
tutela, se colige que el accionante pretende lo siguiente:
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales invocados por el accionante, en
particular los relacionados con el debido proceso, el acceso a la administración de
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justicia, la igualdad y la protección como sujeto especial.
SEGUNDO. Dejar sin efectos el auto de 19 de agosto de 2026 proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante el cual declaró su falta de competencia para
conocer del asunto y ordenó remitir el expediente a los jueces del circuito de Bogotá.
TERCERO. Declarar que la Sección Primera del Consejo de Estado debía conservar el
conocimiento de la acción constitucional por aplicación del principio de prevención
previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Ordenar que la autoridad judicial accionada reasuma el conocimiento de la
tutela y procediera a tramitarla y decidirla de fondo.
2.4. Intervenciones
11. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 21 de
agosto de 20263, por medio del cual se ordenó notificar a la Sección Primera del
Consejo de Estado como accionada.
2.4.1. La Sección Primera del Consejo de Estado4 informó que la presente
acción de tutela se dirigió contra su auto del 19 de agosto de 2026 proferido dentro
del proceso seguido bajo el medio de control de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2026-06541-00, mediante el cual se ordenó remitir por competencia el
expediente a los jueces del circuito de Bogotá.
12. Precisó que dicha determinación obedeció a que entre las autoridades
accionadas figuraba la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional,
entidad del orden nacional cuyo conocimiento, en primera instancia, corresponde a
los jueces del circuito conforme al numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 799 de 2025.
13. Asimismo, sostuvo que la pretensión del actor estaba orientada a dejar sin
efectos una decisión adoptada dentro de otra acción de tutela, sin que se
advirtieran las circunstancias excepcionales que, de acuerdo con la Sentencia SU-
627 de 2015, permiten la procedencia del amparo frente a actuaciones dictadas en
un trámite constitucional previo, por lo que expuso que en consecuencia, al no
evidenciarse fraude ni una situación excepcional que habilite la intervención del juez
constitucional solicitaba declarar su improcedencia.
2.4.2. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural5
advirtió que carecía de competencia para conocer en primera instancia de la
presente acción de tutela, toda vez que el amparo se dirigió, entre otras
autoridades, contra la Sección Primera del Consejo de Estado.
2.4.3. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Presidencia 6
ordenó remitir el proceso a la Sección Primera para su trámite ya que adujo que no
era competente para resolver el asunto planteado por el accionante.
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II. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo
080 de 20197 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
15. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico planteado en el
presente asunto se circunscribe a determinar si la Sección Primera del Consejo de
Estado, al proferir el auto del 19 de agosto de 20268, por medio del cual remitió la
acción de tutela seguida bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-06541-00 para el
conocimiento de los juzgados de circuito, posiblemente incurrió en los defectos
fáctico, por exceso ritual manifiesto, por desconocimiento del precedente y
sustantivo, y si con ellos, presuntamente vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la justicia, a la vida digna, a la integridad, a la igualdad,
a la dignidad humana y al mínimo vital del señor Kevin Bustamante Castelblanco.
16. Previo a lo anterior resulta necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos excepcionales de procedencia cuando se ataca una actuación realizada
dentro del trámite de una acción de tutela.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
17. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
18. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
7 Reglamento interno del Consejo de Estado .
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19. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
20. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
21. Ahora bien, es preciso poner de presente que, después de un largo período
en el que se determinó la improcedencia absoluta de la tutela contra sentencia de
tutela, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, estableció el
carácter excepcional de este mecanismo de protección constitucional cuando se
pudiera constatar que se trata de un caso de fraude. En la referida providencia
señaló:
«4.3.1. Entre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales está el de que no se trate de una sentencia de tutela. En la
Sentencia SU-1219 de 2001, a partir de un caso en el cual se cuestiona que la
acción de tutela fallada por un juez era improcedente, este tribunal planteó el
siguiente problema jurídico: “¿Puede interponerse una acción de tutela contra una
sentencia de tutela, alegando que se ha incurrido en una vía de hecho?”. La
respuesta fue negativa. Sin embargo, conviene no perder de vista las
particularidades del caso, que el propio tribunal destacó al unificar su jurisprudencia
sobre la materia, en los siguientes términos:
(…)
4.3.2. En este contexto, que es imprescindible para comprender la Sentencia SU-
1219, este tribunal fija la regla de la no procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela, que se funda en la consideración de que es importante evitar
que la sentencia de tutela pueda ser objeto de la acción de tutela, pues con ello “la
resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la
seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales”. Así,
pues, admitir una nueva acción de tutela “sería como instituir un recurso adicional
ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela
ya concluido”, lo que es contrario a la Constitución y a las normas reglamentarias
en la materia. Y lo es, porque una vez ha concluido el proceso de selección “opera
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”, que tiene un trato diferente respecto
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de la cosa juzgada no constitucional (…)
4.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela
4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de que la
tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El principio de
cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en ciertas
circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del
cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión
del juez.
En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible distinguir dos
partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden específica y necesaria
para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de la decisión, “el principio
de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme a la inimpugnabilidad
que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha dicho que puede ser
complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”.
En este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos
los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a
través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad”.
Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido directamente por el
juez o con su anuencia. Con este fundamento, al constatar la existencia de fraude
en una sentencia de tutela que no fue objeto de revisión, para evitar que esta se
materialice, este tribunal advirtió que si bien “no puede revocar esa providencia, lo
que implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y transgredir las
consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de revisión en esta
Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104 de 2007, “hacer que
esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico, respetando la
prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el precepto fraus
omnia corrumpit”.
Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso
particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues
la decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han
pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión.
Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de
revisión de la sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de
selección para revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009).
En efecto, el auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos mil siete
(2007), mientras que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de dos mil
diez (2010). Como se observa, ambos términos son muy inferiores al máximo que
la legislación permite para el recurso extraordinario de revisión en materia civil. Por
lo mismo, a juicio de esta Sala, no existe fundamento para considerar que esta
medida, que protege al erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, sea
excesiva frente a la cosa juzgada. Finalmente, la Sala no se está refiriendo a si les
asiste o no derecho a recibir la pensión gracia a los demandantes, solo se pronuncia
sobre una causa específica en la cual se evidencia la necesidad de aplicar el
precepto que establece que el fraude lo corrompe todo.
(…)
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.
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4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o
con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional»9.
4. Análisis del caso concreto
22. En el asunto bajo examen, la Sala advierte que la controversia planteada por
el señor Kevin Bustamante Castelblanco recae sobre el auto de 19 de agosto de
2026, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la acción
de tutela seguida bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2026-06541-00,
mediante el cual se dispuso la remisión del expediente a los jueces del circuito de
Bogotá para su conocimiento en primera instancia.
23. En consecuencia, antes de examinar los defectos: sustantivo, fáctico, por
exceso ritual manifiesto y por desconocimiento del precedente invocados por el
accionante, resulta indispensable verificar si la presente solicitud satisface las
estrictas exigencias de procedencia fijadas por la jurisprudencia constitucional
cuando se pretende cuestionar una actuación desplegada dentro de otro trámite de
tutela.
24. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó en la sentencia SU-627
de 2015 que:
«Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella».
9
Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015, magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.
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Negrillas de esta Sala.
25. Esta precisión resulta determinante, pues el reproche del demandante
recae sobre una actuación procesal adoptada durante el trámite de una acción
constitucional y no sobre una sentencia de tutela.
26. Bajo esa perspectiva, se advierte que el auto cuestionado constituye una
decisión interlocutoria previa a cualquier pronunciamiento de fondo, mediante la
cual la Sección Primera de esta Corporación definió la autoridad judicial llamada a
conocer la solicitud de amparo inicialmente presentada por el accionante.
27. Ahora bien, una vez identificada la naturaleza de la actuación cuestionada,
corresponde determinar si esta se enmarca en realidad dentro de los supuestos
excepcionales que habilitan la intervención del juez constitucional frente a
actuaciones ocurridas en otro trámite de tutela.
28. Al respecto, la misma sentencia SU-627 de 2015 señaló que:
«Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros
que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede». Negrillas y subrayas de esta Sala.
29. En ese entendido, la citada regla pone de presente que la procedencia
excepcional del amparo no opera frente a cualquier inconformidad surgida durante
el trámite constitucional, sino respecto de actuaciones que comprometan
directamente las garantías básicas del debido proceso de quienes debían ser
enterados o vinculados a la actuación.
30. En armonía con lo anterior, la Corte también explicó que:
«La vulneración de los derechos fundamentales no se predica de la sentencia de
tutela, sino del trámite del proceso de tutela, en particular de la omisión del juez en
el cumplimiento de su deber de vincular al proceso a todas las personas que pueden
verse afectados con la decisión que se tome, para que puedan ejercer su derecho
a la defensa».
31. Visto lo anterior, resulta evidente para esta Subsección que ninguna de
esas circunstancias concurre en el caso bajo estudio, toda vez que el actor no
denuncia la falta de notificación, comunicación o vinculación de terceros con interés
legítimo en la actuación constitucional, sino que controvierte la decisión mediante
la cual la Sección Primera remitió el expediente al estimar que carecía de
competencia para conocer del asunto.
32. Aunado a lo anterior, se observa que dicha determinación estuvo
sustentada en las reglas de reparto previstas en el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 799 de 2025, luego de advertir
que dentro de las autoridades accionadas figuraba la Nación-Ministerio de Defensa
Nacional-Policía Nacional, circunstancia que la condujo a disponer la remisión del
expediente a los jueces del circuito.
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33. Así las cosas, la controversia planteada por el accionante corresponde a
un desacuerdo respecto de la interpretación y aplicación de las normas de reparto
efectuada por la autoridad judicial accionada, cuestión que no se identifica con la
hipótesis excepcional de procedencia delimitada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-627 de 2015 para actuaciones surtidas dentro de otro trámite de
tutela.
34. En estas condiciones, la Sala concluye que la presente solicitud de
amparo no supera el examen preliminar de procedencia exigido por la
jurisprudencia constitucional, razón por la cual resulta improcedente abordar el
estudio de fondo de los defectos atribuidos al auto de 19 de agosto de 2026 y, en
consecuencia, la protección invocada no está llamada a prosperar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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