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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2006-00134-00

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2006-00134-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva en esta providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente. CUARTO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por la abogada Johana Andrea Rodríguez Espitia, como apoderada de la Superintendencia de la Economía Solidaria en el presente proceso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2006-00134-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-24-000-2006-00134-00
Demandante: Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios
Demandada: Superintendencia de la Economía Solidaria
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Naturaleza y trámite del mecanismo de toma de posesión
para administrar los bienes, haberes y negocios de entidad
vigilada
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda

Sentencia de única instancia

La Sala procede a decidir la demanda promovida por la Cooperativa Multiactiva de
Servicios Solidarios, en adelante Copservir, contra las resoluciones 0318 de 2 de mayo
de 2005 y 000569 de 12 de julio de 2005 expedidas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Copservir, por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el Código Contencioso Administrativo - CCA,
presentó demanda contra la Superintendencia de la Economía Solidaria, con la finalidad
de que se accedieran a las siguientes pretensiones:

PRIMERA:- Que es nula la Resolución No. 318 del 2 de Mayo de 2005, por medio de la
cual la Superintendencia de la Economía Solidaria (i) Tomó posesión para administrar los
bienes, haberes y negocios de la entidad COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOLIDARIOS “COPSERVIR LTDA”; (ii) Separó de la administración de los bienes de
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA” a las
personas que desempeñaban los cargos de gerente, revisor fiscal y a los integrantes del
consejo de administración y junta de vigilancia o control social de la entidad intervenida; (iii)
Designó como agente especial a Jorge Andrés López Bautista; (iv) Designó como revisor
fiscal a la firma Audi Consultores; y, (v) Dispuso la adopción de algunas medidas
preventivas.

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Radicado: 11001-03-24-000-2006-00134-00
Demandante: Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios
Demandada: Superintendencia de la Economía Solidaria

SEGUNDA:- Que es nula la Resolución No. 569, expedida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria el 12 de Julio de 2005.

TERCERA:- Que, en consecuencia, se le ordene a la Superintendencia de la Economía
Solidaria: (i) terminar el proceso de toma de posesión en el estado en que se encuentre; (ii)
Convocar a los órganos sociales competentes de “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA”, para que designen el Consejo de
Administración, la Junta de Vigilancia o control social de la entidad intervenida y el Revisor
Fiscal principal y suplente y les fijen sus remuneraciones; (iii) ordenar la inmediata entrega
de los negocios, bienes y haberes de la entidad intervenida, y, (iv) ordenar la rendición de
cuentas que deberán presentar quienes han tenido a su cargo la administración de los
negocios bienes y haberes de la entidad intervenida.

CUARTA:- Que se ordene inscribir lo resuelto en el registro público de comercio que lleva
la Cámara de Comercio de Bogotá.

QUINTA:- Que se le ordene a la Superintendencia de la Economía Solidaria darle
cumplimiento al fallo en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

1.2. Fundamentos de hecho

La demandante refirió que es una entidad de carácter cooperativo que se constituyó en
1996.

Comentó que, mediante Resolución del 13 de septiembre de 2004, la Fiscalía 18
Delegada ante la Unidad de Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de
Activos la vinculó a una acción de extinción de dominio dentro de la cual se adoptaron
medidas cautelares de embargo y secuestro sobre sus activos.

Señaló que la Superintendencia de la Economía Solidaria es la encargada de ejercer las
funciones de inspección, vigilancia y control sobre ella y que, entre el 28 y 29 de abril de
2005 realizó visita a sus instalaciones en la ciudad de Cali.

La Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante los actos acusados, tomó
posesión de los bienes, negocios y haberes de la demandante, respecto de lo cual
reprocha que no se haya puesto «en marcha ni uno solo de los institutos de salvamento
de que trata el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero».

Afirmó que la demandada «no le dio traslado a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA del informe de visita antes mencionado,
tampoco le dio oportunidad de presentar descargos o aclaraciones y sin que Copservir
pudiera contradecir su dicho afirmó, sin prueba ni razón, que COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA persistía en manejar
los negocios en forma no autorizada o insegura y por ello, mediante la Resolución No.
318 del 2 de Mayo de 2005, resolvió tomar posesión para administrar los bienes, haberes
y negocios de esa entidad cooperativa».

Manifestó que contra la Resolución núm. 318 del 2 de mayo de 2005 interpuso recurso
de reposición, el cual fue desatado desfavorablemente mediante Resolución 569 de 12
de julio de 2005.

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1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación

La demandante consideró como normas vulneradas: i) el artículo 29 de la Constitución;
ii) el numeral 4 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998; iii) el numeral 6º del artículo 2º del
Decreto 186 de 2004; iv) el literal f) del numeral 1º del artículo 114 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero; y v) los artículos 2, 3 y 36 del Código Contencioso Administrativo.

Para sustentar el concepto de violación, se invocaron los siguientes cargos:

i) Violación al debido proceso

Sostuvo que, con la expedición de los actos acusados, la Superintendencia transgredió
el artículo 29 Superior porque no le dio «oportunidad para presentar descargos o
explicaciones sobre las conclusiones que se recogieron en el acta de visita que se
convirtió en antecedente de las resoluciones 318 del 2 de Mayo de 2005 y 569 del 12 de
Julio de 2005, y, en segundo término, esa norma constitucional resulta quebrantada
porque el Superintendente de la Economía Solidaria dispuso una sanción contra
Copservir sin detenerse a verificar que los hechos quedaron subsumidos en el tipo
normativo que contiene sus atribuciones para los efectos de la toma de posesión.
Adicionalmente, la regla constitucional resultó quebrantada porque la Superintendencia
de la Economía Solidaria tomó decisiones en contra de Copservir y sin apoyo en lo que
resultó probado en la visita».

ii) Violación del numeral 4 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998

Al respecto, manifestó lo siguiente:

La Superintendencia de la Economía Solidaria también quebrantó el numeral 4° del artículo
36 de la Ley 454 de 1998 porque si bien es cierto que esa autoridad administrativa puede
ordenar que sobre las cooperativas o sus administradores y revisores fiscales se tomen
diversas medidas, tales como multas institucionales o personales, remoción de los
administradores o la misma toma de posesión, siempre, sin excepción alguna, la medida
que adopte necesariamente ha de encaminarse a subsanar las irregularidades observadas
en desarrollo de las visitas. Por ello, si el Superintendente actúa para lograr otros efectos
cuales quiera sea la decisión que tome lo que resuelva será ilegal.

iii) Violación de los artículos 2, 3 y 36 del Código Contencioso Administrativo

Afirmó que la violación de estas disposiciones se dio porque la medida adoptada resultó
extrema y no fue razonable, pertinente ni proporcional a los hechos que le sirvieron de
causa.

iv) Falsa motivación y desviación de poder

Señaló que la demandada al expedir los actos acusados incurrió en falsa motivación y
desviación de poder «porque para dar la sensación de que el gobierno estaba
comprometido en una lucha frontal contra los comportamientos ilícitos de determinadas
personas decidió adoptar contra Copservir Ltda la más extrema y delicada de las medidas
que las leyes solo le autorizan bajo determinadas circunstancias que en este caso no se
tuvieron en cuenta ni se probaron».

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v) Violación del numeral 6º del artículo 2º del Decreto 186 de 2004

Indicó que, al expedirse los actos administrativos demandados la Superintendencia de la
Economía Solidaria quebrantó el numeral 6 del artículo 2 del Decreto 186 de 2004 porque
se abstuvo de ejercer las atribuciones relacionadas con institutos de salvamento y, sin
causa entendible decidió aplicar, sin más, la toma de posesión.

vi) Violación del literal f) del numeral 1º del artículo 114 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero

Aseguró que el literal f) del numeral 1º del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero fue quebrantado, debido a que su aplicación solo resulta procedente «cuando
el destinatario de la medida haya sido vanamente requerido para regularizar su
comportamiento o sus negocios o para superar su descuido y a pesar de ello “persista”
en el comportamiento desatinado», circunstancia que no ocurrió en este caso, pues, «la
Superintendencia nada le había reprochado a Copservir, nada le había prohibido, jamás
le había señalado que determinados negocios eran “inseguros” (en el lenguaje del
mencionado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) o que eran “ilegales” (también
dentro del contexto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y de repente, sin
apremio ni antecedente, resolvió decretar la toma de posesión apoyándose en la norma
que acabo de citar, inaplicada por el Superintendente para lograr la finalidad impuesta
desde el alto gobierno y para materializar la desviación de poder».

II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

Mediante auto de 7 de julio de 20061, se admitió la presente demanda, se ordenó notificar
personalmente a la Superintendencia de la Economía Solidaria y al Procurador delegado
ante esta Corporación.

A través de providencia de 19 de febrero de 20072, se reconoció personería a la abogada
de la Superintendencia de la Economía Solidaria y se requirió a dicha entidad para que
diera respuesta al oficio núm. 1428 de 2 de mayo de 2005, mediante el cual se le solicitó
aportar los antecedentes administrativos.

Por auto de 8 de agosto de 20073, se requirió «por segunda vez y bajo los apremios de
ley a la citada entidad para que de (sic) respuesta al oficio número 0763 del 31 de mayo
de 2006 y remita copia auténtica de los antecedentes administrativos de la Resoluciones
números 003222 del 11 de noviembre de 2004 y la 972 del 18 de mayo de 2005».

En providencia de 10 de diciembre de 20084, se negó la solicitud de desistimiento
presentada por el apoderado judicial constituido por el Agente Especial de Copservir5.

1 Folios 137 a 138.
2 Folio 292.
3 Folios 331 a 332.
4 Folios 406 a
5 Al respecto, se consideró lo siguiente: «5.- Según se advierte con claridad es COOPSERVIR LTDA. quien

se encuentra legitimada para formular la demanda, al ser la titular de los derechos subjetivos
presuntamente lesionados con los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Economía
Solidaria (Resoluciones números 00318 del 2 de mayo de 2005 y la 00569 del 12 de julio del mismo año),
en los que se dispuso la toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios de la misma y
se adoptaron otras disposiciones y, por ende, es ella misma, por intermedio de su apoderado judicial, quien
se encuentra facultada legalmente para renunciar a las pretensiones de la demanda y al derecho reclamado
mediante el ejercicio de esta demanda contencioso administrativa, y no el Agente Especial designado en
dichos actos administrativos, quien si bien a partir de esas decisiones actúa como representante legal de
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El 15 de diciembre de 20096, se abrió la etapa de pruebas, en la que se tuvo como
pruebas las presentadas por las partes y se ordenó el decreto de unos oficios; de los
testimonios de los señores Jorge Guzmán Guarín, Luis Fernando Sotelo y Ricardo Botero
Restrepo; la declaración de parte de Enrique Valderrama Jaramillo; la inspección judicial
con exhibición de documentos, entre otras determinaciones.

El 14 de mayo de 20107, se llevó a cabo la diligencia de práctica de los testimonios de
los señores Jorge Guzmán Guarín y Luis Fernando Sotelo.

Mediante auto de 6 agosto de 20108, se requirió al contador público, designado como
perito en el proceso de la referencia; y se le concedió ocho (8) días al Superintendente
de la Economía Solidaria para que informe sobre «las órdenes e instrucciones que recibió
del señor Ministro del Interior y de Justicia, como lo expresa el actor en el literal d) del
numeral 3 del acápite de pruebas de la demanda, visible a folio 6».

Por auto de 15 de abril de 20119, se requirió tanto a la Fiscalía 18 Delegada Unidad
Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de
Activos, como a la Oficina Federal del Control de Lavado de Activos Embajada de
Estados Unidos; se fijó fecha para la recepción del testimonio del señor Ricardo Botero
Restrepo; y se designó nuevo perito.

En auto de 26 de marzo de 201210, se resolvió la nueva solicitud de terminación del
proceso, en el sentido de «estarse a lo resuelto en el auto del 10 de diciembre de 2008,
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, visible a folios 406 a 411».

El 18 de enero de 201311, se aceptó el desistimiento de la prueba de inspección judicial
con intervención de perito.

Mediante auto de 21 de marzo de 201312, se requirió para que se allegara copia auténtica
de las licencias condicionadas, por los laboratorios norteamericanos para la venta de
productos a la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios. Posteriormente, por
providencia de 22 de enero de 201413, se puso de presente que los documentos
aportados no fueron los pedidos.

A través de auto de 5 de noviembre de 2014 14, se libró exhorto dirigido al Cónsul de
Colombia en Washington Estados Unidos de América para que la Oficina Federal de
Control de Lavado de Activos de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia
remitiera copia auténtica de las licencias condicionadas expedidas por los laboratorios
Norte Americanos para la venta de productos a Copservir. Igualmente, se fijó fecha para
la recepción del testimonio de Ricardo Botero Restrepo, la cual fue reprogramada por
auto de 9 de febrero 201515.

la entidad intervenida, no tiene disposición jurídica de los derechos que ésta cree lesionados con los actos
demandados en este asunto y que pretende le sean restablecidos.».
6 Folios 414 a 421.
7 Folios 514 a 520.
8 Folios 557 a 558.
9 Folios 564 a 565.
10 Folios 648 a 649.
11 Folio 656.
12 Folio 659.
13 Folio 663.
14 Folio 668.
15 Folio 674.

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A través de auto de 12 de enero de 201616, se fijó «por última vez como fecha para recibir
la declaración del señor Ricardo Botero Restrepo el día viernes 26 de enero del año en
curso a las 12 meridiano. La parte interesada en la prueba, esto es, la parte demandante
deberá procurar la comparecencia del testigo, so pena de tenerla por desistida».

Mediante auto de 6 de marzo de 201817, se tuvo por desistida la recepción del testimonio
del señor Ricardo Botero Restrepo, ante su no comparecencia a la diligencia de 26 de
enero de 2016. En esa misma decisión se declaró agotada la etapa probatoria.

Finalmente, por auto de 5 de junio de 2018 18, se corrió traslado a las partes para la
presentación de sus alegatos de conclusión. Igualmente, al Ministerio Público para que
rindiera concepto. Dentro del término concedido, el demandante y el Ministerio Público
guardaron silencio; mientras que la Superintendencia de la Economía Solidaria presentó
alegatos de conclusión.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de la Economía Solidaria contestó la demanda en oportunidad y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones19.

Explicó que la toma de posesión es una medida de intervención cautelar mediante la cual
la autoridad competente asume la administración de la entidad para enervar los hechos
que no le permiten desarrollar regularmente su actividad empresarial. Esta fórmula de
saneamiento lleva implícita una potestad de la autoridad competente para juzgar si, en
función de las situaciones de hecho que se presentan, adopta o no esta medida, con el
fin de tutelar el interés público, de sus asociados y proteger a los acreedores en general.

Advirtió que, para la fecha de intervención, Copservir se encontraba incursa en una
causal de toma de posesión, razón por la cual mal podría la Superintendencia haber
adoptado un instituto de salvamento, cuando legalmente la medida aplicar era la
inmediata toma de posesión para la administración de sus bienes, haberes y negocios,
dado el riesgo administrativo, jurídico y financiero en que se encontraba la cooperativa.

Indicó que la medida de intervención se fundamentó en las pruebas recaudadas por la
Fiscalía General de la Nación y, en la visita realizada durante los días 28 y 29 de abril de
2005, las cuales daban cuenta que la demandante se encontraba desarrollando su objeto
social en un ámbito de inseguridad jurídica, administrativa y financiera y, como tal, se
hacía obligatoria la toma de posesión para administrar sus bienes, haberes y negocios,
por encontrarse incursa en la causal establecida en el literal f, numeral 1, del artículo 114
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993).

Señaló que, de las pruebas recaudadas por la fiscalía se tenía que: 1. La existencia de
relaciones comerciales con empresas y personas que actualmente son objeto de
investigaciones de carácter penal por la presunta comisión de ilícitos relacionados con
narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, como también del proceso de
extinción de dominio. 2. La generación de erogaciones con destino a empresas y
personas igualmente comprometidas dentro de investigaciones de carácter penal por la
presunta comisión de los ilícitos mencionados anteriormente, lo cual evidencia la

16 Folio 732.
17 Folio 737.
18 Folio 739 del expediente.
19 Folios 151 a 164.

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existencia de factores exógenos que ponen en riesgo el desarrollo del objeto social de la
cooperativa. 3. Elevado pasivo a favor de personas y empresas que actualmente se
encuentran investigadas por las autoridades penales competentes, cuya amortización
compromete la estructura financiera de la cooperativa.

De la visita realizada a Copservir los días 28 y 29 de abril de 2005 se constató que: A)
Existían dificultades de carácter administrativo, jurídico y financiero, toda vez que no se
están atendiendo oportunamente las obligaciones de carácter comercial y laboral en el
giro ordinario de los negocios. B) Se percibe que la entidad solidaria presenta alto riesgo
en su dirección por la coadministración entre la Dirección Nacional de Estupefacientes y
los órganos de administración de la cooperativa, lo cual genera falta de unidad gerencial.
C) Uno de los dos establecimientos de crédito en los cuales se manejan los recursos
financieros de la cooperativa, dio por terminada su relación financiera, dejando ad-portas
de un nuevo bloqueo financiero a la misma, obligándola a manejar sus diferentes
transacciones con dinero en efectivo.

Posteriormente, se pronunció respecto de cada uno de los argumentos del concepto de
violación así:

Defensa del artículo 29 de la Constitución y el numeral 4 del artículo 36 de la Ley
454 de 1998.

Sostuvo que la toma de posesión por tratarse de una medida cautelar o preventiva, y no
sancionatoria, su trámite no prevé la oportunidad para rendir descargos, contradecir y
rendir aclaraciones, motivo por el cual desde ningún punto de vista ha quebrantado el
precepto constitucional al debido proceso, pues se encuentra ajustada al procedimiento
especial establecido por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de
1993) y demás normas reglamentarias.

Precisó que el acto administrativo que ordenó la toma de posesión de la demandante fue
notificado personalmente a su representante legal, quien contra la misma interpuso
oportunamente recurso de reposición, el cual fue resuelto a través de la Resolución
000569 del 12 de julio de 2005. Lo que refleja que se le dio la oportunidad de contradecir
y allegar las pruebas para contrarrestar los hechos que dieron origen a la intervención,
con el infortunio de que los argumentos de inconformidad esgrimidos por el recurrente no
fueron suficientes para enervar la medida decretada.

Anotó que, a la luz del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto
663 de 1993), la medida de toma de posesión, conlleva la separación de los
administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida, y la de
su revisor fiscal, razón por la que, en ejercicio de dicha facultad, consideró necesario y
apropiado separar de la administración de los bienes de la Cooperativa Copservir Ltda. a
las personas que, al momento de la medida de intervención, ejercían los cargos de
gerente, revisor fiscal, miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia
de la entidad intervenida.

Defensa de los artículos 2, 3 y 36 del Código Contencioso Administrativo

Aseguró que, los actos administrativos demandados gozan de plena legalidad, pues
fueron expedidos por funcionario competente, con el lleno de los requisitos legales y
precedidos de antecedentes y circunstancias que motivaron su decisión.

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Relató que la medida de toma de posesión de Copservir se adecuó a los hechos que la
originaron, toda vez que el bloqueo financiero, la negativa para la obtención de las
licencias para comprar directamente a los laboratorios internacionales, entre otros
eventos, eran circunstancias que amenazaban gravemente a la cooperativa y, que,
gracias a la intervención de esta Superintendencia, se han podido superar a lo largo del
proceso de intervención.

Defensa de la falsa motivación y desviación de poder

Manifestó que no incurrió en falsa motivación porque los actos acusados fueron
expedidos y motivados con base en los hechos que igualmente se demuestran con las
pruebas que se allegan al proceso y que fueron recaudadas, como ya se dijo, por esta
Superintendencia, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de
Estupefacientes.

No hay desviación de poder, por cuanto la toma de posesión conculcada se ejecutó con
base en la facultad legal, bajo el procedimiento establecido por las normas que regulan
la materia y con el objetivo único de salvaguardar los intereses de Copservir y, en
particular, el de los asociados y acreedores en general. Cometido este que se ha venido
cumpliendo de manera progresiva, gracias a la intervención de esta Superintendencia.

Defensa del numeral 6 del artículo 2 del Decreto 186 de 2004

Adujo que, ante la existencia de una causa de toma posesión, se encontraba en la
obligación legal de ejecutar la medida de toma de posesión, la cual se justificó en las
particulares del caso y, al encontrarse la demandante en la causal establecida en el literal
f, numeral 1 del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663
de 1993).

Defensa del numeral 1, literal f, del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero

Explicó que, la causal prevista en el literal f) el numeral 1º del artículo 114 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) no exige requerimiento previo
para tomar la medida de posesión, por el contrario, es de carácter imperativo aplicarla al
momento de detectar las causas de su procedencia.

En este caso, se detectó con base en las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de
la Nación y en la visita especial realizada a la cooperativa durante los días 28 y 29 de
abril de 2005, en las que se observa de que, los hechos constitutivos de esa
administración insegura venían ocurriendo de tiempo atrás, en forma reiterativa y
persistente con el consentimiento de sus administradores, como bien se anotó en la parte
motiva de la resolución de toma de posesión demandada.

Por lo anterior, consideró que no le asiste razón al demandante al decir que la medida se
hizo de repente, sin apremio ni antecedentes, por lo que es imperioso recabar, que en la
parte motiva de las resoluciones demandadas, la Superintendencia de la Economía
Solidaria expone una serie de hechos que cuentan, desde luego con suficiente respaldo
probatorio.

Adicionalmente, la entidad accionada acompañó sus ejes de defensa proponiendo la
excepción de cumplimiento de las normas, la cual fundamentó en la presunción de
legalidad y carga de la prueba.
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IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La Superintendencia de la Economía Solidaria presentó escrito de alegatos reiterando en
términos generales los argumentos que expuso en la contestación de la demanda, a partir
del cual solicitó negar las pretensiones de la parte demandante. Insistió en que, la
decisión adoptada a través de la Resolución 318 de 2 de mayo de 2005, se fundamentó
en la facultad que le confiere la ley para ordenar la toma de posesión para administrar o
liquidar las entidades sujetas a su vigilancia, cuando se dan las causales establecidas
por el artículo 114 del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Adicionalmente, solicitó declarar la terminación del proceso por desistimiento tácito, en
razón a que, la demanda se presentó desde «el mes de noviembre de 2005, sin que
desde esa época se haya realizado actuación alguna de parte del procurador judicial de
la demandante y tendiente a impulsar el proceso. Prueba de ello, son las audiencias
señaladas por el despacho las que dan fe de que el apoderado, pese a haber solicitado
la prueba testimonial, nunca asistió a su práctica, como tampoco, cumplió con la carga
procesal que le impone la Ley para garantizar la comparecencia de sus declarantes,
razón por la que el Despacho declaró el desistimiento de la misma. A lo anterior se suma
el hecho, de que el Despacho en dos (2) oportunidades ha negado el desistimiento de la
demanda presentada por el agente especial de COPSERVIR, por considerar entre otros,
la falta de legitimidad para ello, pues el único competente, es quien presentó la demanda
conforme al poder conferido, esto es el apoderado judicial de Copservir».

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer del presente asunto en única instancia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo,
el Acuerdo núm. 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de
2024, expedido por la Sala Plena de la Corporación, que regula la distribución de
negocios entre las secciones.

5.2. Cuestión previa

En el escrito de alegatos la parte demandada solicitó declarar la terminación del proceso
por desistimiento tácito, con base en el artículo 178 del CPACA, el cual no es aplicable a
este proceso por encontrarse regulado por el antiguo Código Contencioso Administrativo.
Ahora, analizando esta figura en vigencia de ese estatuto -CCA-, la Sala advierte, sin
mayores consideraciones, que no se cumplen con los requisitos del artículo 317 del
Código General del Proceso20, en razón a que, por el estado en que se encontraba el
proceso para el momento en que presentó dicha solicitud, la demandante no se hallaba
pendiente de adelantar un acto procesal.

5.3. Actos acusados

• El primer acto acusado es el siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 3 1 8 DE

(02 MAYO 2005)

20 Esta norma es aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 625 del Código General del Proceso.

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Por la cual se ordena la toma de posesión para administrar la COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS.- "COPSERVIR LTDA"

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Tomar posesión para administrar los bienes, haberes y negocios
de la entidad COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS -
"COPSERVIR LTDA", NIT 830.011.670-3, domicilio principal en la calle 13 # 39-10, de la
ciudad ce Bogotá D.C., con personería jurídica No. 3277 de 20 de noviembre de 1995
expedida por DANCOOP, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá con el No. 001929
de febrero 10 de 1997, en el libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente la medida al representante legal de la
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS- "COPSERVIR LTDA". En
caso de no poderse notificar personalmente se notificará por un aviso que se fijará por un
(1) día en un lugar visible y público de las oficinas de la administración da su domicilio social,
en los términos previstos en el artículo 3º del Decreto 2211 de 2004 y demás normas
concordantes.

ARTÍCULO TERCERO: Separar de la administración de los bienes de la COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS- "COPSERVIR LTDA" a las personas que
actualmente ejercen los cargos de Gerente, Revisor Fiscal y a los integrantes del consejo
de administración y junta de vigilancia o de Control Social de la entidad intervenida.

ARTÍCULO CUARTO: Designar como Agente Especial a JORGE ANDRES LOPEZ
BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía […], quien para todos los efectos actuará
como representante legal de la intervenida.

ARTÍCULO QUINTO: Designar como Revisor Fiscal a la firma AUDI CONSULTORES, con
domicilio en la ciudad de Bogotá, NIT 830.097.265-2, representado legalmente por el Doctor
RODRIGO RAMIREZ OCAMPO.

ARTÍCULO SEXTO: La Superintendencia de la Economía Solidaria comisiona al Doctor
GUILLERMO LEON HOYOS HIGUITA, identificado con la cédula de ciudadanía […], para
la ejecución de la medida que se adopta con la presente resolución, quien para el
cumplimiento de la misma dispone de las facultades necesarias para efectuar las
notificaciones que se requieran y podrá solicitar que se decreten y practiquen las medidas
necesarias para dar cumplimiento a la toma de posesión.

ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con lo señalado en los decretos 455 y 2211 de
2004, se disponen las siguientes medidas preventivas:

a) La inmediata guarda de los bienes de la institución intervenida y la colocación de
sellos y demás, seguridades indispensables;

b) Se ordena a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS-
'COPSERVIR LTDA" poner a disposición del Superintendente de la Economía
Solidaria y del funcionario designado por éste, sus libros de contabilidad y demás
documentos que se requieran;

c) La orden de registro del acto administrativo que dispone la Toma de Posesión en
la Cámara de Comercio del domicilio de la intervenida y en las del domicilio de sus
sucursales; y, la de los nombramientos del nuevo representante legal y del revisor
fiscal;

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d) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten
procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de ejecución
en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad
objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida,
y la obligación de dar aplicación a las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la
Ley 222 de 1995.

e) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o
actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al Agente
Especial, so pena de nulidad;

f) La comunicación a la Fiscal 18 Delegada ante la Unidad de Extinción del Derecho
de Dominio y Contra el Lavado de Activos, de la Fiscalía General de la Nación, para
los efectos que le competen dentro del trámite del proceso de extinción de dominio
que allí se adelanta y que compromete activos de la entidad intervenida;

g) La comunicación a la Dirección Nacional de Estupefacientes, para los efectos que
le competen en la administración de los bienes que han sido objeto de medidas
cautelares dentro del proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscal 18
Delegada ante la Unidad de Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de
Activos, de la Fiscalía General de la Nación;

h) La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha
entidad mediante circular ordene a todos los Registradores de Instrumentos Públicos
que dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión, realicen las
siguientes actividades y se abstengan de adelantar las que se mencionan a
continuación: - Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula
en los cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de
derechos; - Disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de
los bienes inmuebles de la organización solidaria intervenida; - Cancelar los embargos
decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de
posesión que afecten los bienes de la intervenida; y cancelar los gravámenes que
recaigan sobre los bienes de la institución intervenida a solicitud elevada sólo por el
Agente Especial mediante oficio.

Advertir además a los Registradores para que se abstengan de cancelar los
gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación
esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente Especial; así como de
registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida
a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada, caso en el
cual deben cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión;

i) La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente
o mediante solicitud a todas las Secretarías de Tránsito y Transporte proceda a
realizar la inscripción de la medida de toma de posesión en el registro de automotores
correspondiente o en el registro único nacional de tránsito; para que cancelen los
embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma
de posesión que afecten los vehículos de la intervenida; para que cancelen los
gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la institución intervenida a solicitud
unilateral del Agente Especial mediante oficio; para que se abstengan de cancelar los
gravámenes constituidos sobre vehículos a favor de la institución intervenida, cuya
mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente Especial; y
para que se abstengan de registrar cualquier acto que afecte el dominio de vehículos
de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la
persona mencionada;

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j) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su
poder activos de propiedad de la institución intervenida, para que proceda de manera
inmediata a entregar dichos activos al Agente Especial;

k) La advertencia de que el Agente Especial está facultado para poner fin a cualquier
clase de contratos existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no
son necesarios. Si se decide la liquidación, los derechos causados hasta la fecha de
la intervención serán reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen
el proceso de liquidación forzosa administrativa, especialmente las previstas en el
Decreto 2211 de 2004;

I) La prevención a los deudores de la intervenida que sólo podrán pagar al Agente
Especial, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, así como el
aviso a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de la
Economía Solidaria sobre la adopción de la medida, para que procedan de
conformidad;

m) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, que deben
entenderse exclusivamente con el Agente Especial, para todos los efectos legales;

n) La designación del funcionario comisionado para ejecutar la medida, quien está
facultado para posesionar al agente especial y al revisor fiscal y podrá solicitar que
se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la toma de
posesión.

o) La separación de los administradores, directores y de los órganos de
administración, dirección, vigilancia y control de "COPSERVIR", así como del revisor
fiscal.

ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar al Agente Especial y al Revisor Fiscal proceder conforme a
lo señalado en los decretos 455 y 2211 de 2004 y demás normas que regulen y
complementen el proceso de intervención, advirtiéndoles además que, en razón del
ejercicio de sus funciones públicas transitorias, son sujetos disciplinables por parte de la
Procuraduría General de la Nación.

ARTÍCULO NOVENO: Los honorarios del Agente Especial y del Revisor Fiscal serán
fijados de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 617 de 2000 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y la Resolución N° 0247 del 5 de marzo de 2001 proferida por
la Superintendencia de la Economía Solidaria, los cuales serán con cargo a la intervenida.

ARTÍCULO DÉCIMO: Fijar en un (1) año el término para adelantar el proceso de
intervención para administrar a "COPSERVIR LTDA", contado a partir de la notificación de
la presente resolución, el cual podrá ser prorrogado por (1) año adicional, previa solicitud
debidamente justificada por el Agente Especial.

ARTÍCULO DÉCIMOPRIMERO: Dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se
haga efectiva la medida, un extracto de la presente resolución se publicará por una sola vez
en un diario de circulación nacional, en el boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y se divulgará a través de los mecanismos de información electrónica de que
disponga la Superintendencia de la Economía Solidaria.

ARTÍCULO DÉCIMOSEGUNDO: Ordenar al Agente Especial que a partir de la fecha de
notificación de la presente providencia debe dar aviso de la misma a los asociados de
"COPSERVIR LTDA" y al público en general, mediante su publicación en un lugar visible
de todas las oficinas de la intervenida por el término de siete (7) días hábiles, en los términos
previstos en el artículo 13 del Decreto 2211 de 2004, así como la publicación de la parte
resolutiva dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto, en un diario

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de amplia circulación nacional por una (1) sola vez y con cargo a la intervenida, tal y como
lo dispone el artículo 30 del mismo decreto.

ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: Ordenar al Agente Especial que proceda a la confección
de los inventarios y avalúos en la forma y términos que ordena la ley, como también a la
constitución de la póliza de manejo que ampare su buen desempeño, de conformidad con
lo establecido en el artículo 112 de la ley 79 de 1988 y en el numeral 1º, Capítulo Tercero,
Titulo Quinto, de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 2003).

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse ante el Señor Superintendente de la Economía
Solidaria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, sin perjuicio de
su ejecución inmediata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 2211
de 2004.

• El segundo acto acusado:

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0 0 5 6 9 DE
(12 JUL 2005)

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de
la Resolución No. 0318 del 2 de mayo de 2005 proferida por la Superintendencia de
la Economía Solidaria.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 0318 del 2 de
mayo de 2005, mediante la cual se ordenó tomar posesión para administrar los bienes,
haberes y negocios de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS-
"COPSERVIR LTDA".

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente resolución al señor CARLOS
EDUARDO MARTÍNEZ BARRIOS, en su calidad de apoderado judicial de COPSERVIR, ya
identificado, quien se puede notificar en la calle 13 No. 39 10 de Bogotá D.C, advirtiéndole
que contra la misma no procede recurso alguno y por ende queda agotada la vía
gubernativa.

ARTÍCULO TERCERO. Remitir copia de la presente resolución a la Oficina Asesora
Jurídica y a la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y de la Forma Asociativa Solidaria
de esta Superintendencia.

5.4. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si los actos acusados deben ser declarados nulos
por haber incurrido en falsa motivación; desviación de poder; violación del artículo 29 de
la Constitución (debido proceso), del numeral 4 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, del
numeral 6º del artículo 2º del Decreto 186 de 2004, del literal f) del numeral 1º del artículo
114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículos 2, 3 y 36 del Código
Contencioso Administrativo.

Previamente, la Sala advierte que, aunque los actos administrativos acusados
actualmente no se encuentran surtiendo efectos21, ello no constituye en una causal de

21 Mediante Resolución 2020331010595 de 5 de noviembre de 2020, la Superintendencia de la Economía

Solidaria levantó la medida de toma de posesión decretada por Resolución 318 de 2 de mayo de 2005
(aquí acusada). Además, a través de la Resolución 2024100002535 de 16 de abril de 2024 dicha
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nulidad ni afecta su validez, dado que mantuvieron su presunción de legalidad por el
lapso en que produjeron efectos, por lo que resulta procedente emitir un pronunciamiento
de fondo sobre su legalidad, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta
corporación.

5.5. Caso concreto

Para efectos de resolver el problema jurídico, la Sala agrupará por ejes temáticos los
distintos cargos de violación expuestos en la demanda, atendiendo que algunos guardan
relación entre sí.

a) Análisis del debido proceso

El artículo 29 Constitucional señala que el «debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas». Dentro de las garantías del debido proceso
administrativo se encuentran los derechos a: (i) ser oído durante toda la actuación; (ii) la
notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii) que la actuación se surta sin
dilaciones injustificadas; (iv) que se permita la participación en la actuación desde su
inicio hasta su culminación; (v) que la actuación se adelante por la autoridad competente
y con el pleno respeto de las formas propias previstas por el ordenamiento jurídico; (vi)
gozar de la presunción de inocencia; (vii) el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción; (viii) solicitar, aportar y controvertir pruebas; (ix) impugnar las decisiones y
promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación al debido proceso22.

La parte demandante manifestó que, con la expedición de los actos acusados, la
demandada transgredió el artículo 29 Superior porque no le dio «oportunidad para
presentar descargos o explicaciones sobre las conclusiones que se recogieron en el acta
de visita que se convirtió en antecedente de las resoluciones 318 del 2 de Mayo de 2005
y 569 del 12 de Julio de 2005, y, en segundo término, esa norma constitucional resulta
quebrantada porque el Superintendente de la Economía Solidaria dispuso una sanción
contra Copservir sin detenerse a verificar que los hechos quedaran subsumidos en el tipo
normativo que contiene sus atribuciones para los efectos de la toma de posesión.
Adicionalmente, la regla constitucional resultó quebrantada porque la Superintendencia
de la Economía Solidaria tomó decisiones en contra de Copservir y sin apoyo en lo que
resultó probado en la visita».

Para resolver lo anterior, la Sala empieza por señalar que el artículo 3423 de la Ley 454
de 1998 establece que el Presidente de la República ejercerá por conducto de la
Superintendencia de la Economía Solidaria la inspección, vigilancia y control de las
cooperativas y de las organizaciones de la economía solidaria que determine mediante
acto general, que no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado.
La referida disposición es del siguiente tenor:

ARTÍCULO 34.- Modificado por el art. 98, Ley 795 de 2003 Entidades sujetas a su
acción. El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de la
Economía Solidaria la inspección, vigilancia y control de las cooperativas y de las
organizaciones de la Economía Solidaria que determine mediante acto general, que no se
encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado. En el caso de las
cooperativas de ahorro y crédito multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito,

Superintendencia adoptó nuevamente medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y
negocios de la demandante.
22 Ver sentencias T-105 de 2023 y T-129 de 2024.
23 Modificado por el artículo 98 de la Ley 795 de 2003.

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las funciones serán asumidas por esta Superintendencia, mediante el establecimiento de
una delegatura especializada en supervisión financiera, la cual recibirá asistencia
tecnológica, asesoría técnica y formación del recurso humano de la Superintendencia
Bancaria.

Para el efectivo ejercicio de sus funciones, así como de los objetivos de la supervisión, el
control y la vigilancia asignados por la Constitución Política y las leyes, el Superintendente
de la Economía Solidaria contará con las facultades previstas para el Superintendente
Bancario, en lo que resulte aplicable a las entidades sujetas de su vigilancia. En
consecuencia, el régimen de toma de posesión previsto en el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero se aplica a las entidades sujetas a la inspección, control y
vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria en lo que resulte pertinente
de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno
Nacional. [Negrillas por fuera del texto original]

Asimismo, el numeral 23 del artículo 36 ibidem24 señala que son facultades de la
Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro de sus objetivos ejercer las
funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las entidades cooperativas
de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito en los
mismos términos, con las mismas facultades y siguiendo los mismos procedimientos que
desarrolla la Superintendencia Bancaria con respecto a los establecimientos de crédito,
incluyendo dentro de ellas, las atribuciones relacionadas con institutos de salvamento y
toma de posesión para administrar o liquidar.

En virtud de lo anterior, se tiene que, para la toma de posesión respecto de las entidades
sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el trámite que se
debe impartir es el previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Los artículos
114 a 117 ibidem desarrollan, en su orden, las causales de la toma de posesión, la
procedencia de la medida, los efectos y la liquidación como consecuencia de dicha
decisión.

Por su parte, el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece los
principios que orientan la medida de la toma de posesión. Entre ellos, se resalta que,
únicamente puede adoptarse cuando se presente una de las causales previstas en la ley
(numeral 1), que estarán orientadas a la protección del sistema financiero y de los
recursos de los ahorradores (numeral 2). El numeral 3 señala que «Las decisiones que
se adopten tomarán en cuenta la posibilidad real de subsanar las causas que dieron lugar
a la toma de posesión y la necesidad de evitar situaciones que pongan en juego la
estabilidad del sector financiero y de la economía en general».

El numeral 4 de dicho artículo dispone que: «La decisión de toma de posesión será de
cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado para el efecto por el
Superintendente y si la misma no se puede notificar personalmente al representante
legal, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la
administración del domicilio social. El recurso de reposición no suspenderá la ejecución
de la medida». Por su parte, el numeral 20 señala que «Las medidas que se adopten
tomarán en cuenta la necesidad de proteger los activos de la entidad y evitar su pérdida
de valor».

24 Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las entidades cooperativas de

ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito en los mismos términos, con
las mismas facultades y siguiendo los mismos procedimientos que desarrolla la Superintendencia Bancaria
con respecto a los establecimientos de crédito, incluyendo dentro de las atribuciones relacionadas con
institutos de salvamento y toma de posesión para administrar o liquidar.
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De la revisión de las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se advierte
que el trámite para la toma de posesión carece de un procedimiento administrativo previo
a la expedición del respectivo acto (por ejemplo, no establece una oportunidad mediante
el cual se corra traslado del informe de visita o para presentar descargos). Igualmente,
que no se trata de una medida sancionatoria, sino de un procedimiento administrativo de
naturaleza cautelar, cuya finalidad consiste en garantizar la confianza en el sector y en el
deber de proteger los derechos de los asociados que podrían estar en riesgo, en procura
del interés público.

Bajo este mismo entendimiento lo ha concebido la Sección Cuarta del Consejo de
Estado25:

3- A juicio de las demandantes, la falta de notificación del informe de visita nro. 1355 al
representante legal de Seguros Cóndor S. A., así como la pretermisión del término para
rendir descargos, solicitar y aportar pruebas, contenido en los literales g) a k) del numeral
4.º del artículo 208 del EOSF, vulneró su derecho de defensa y contradicción.

Por su parte, la demandada destacó que, según el artículo 114 del EOSF, los únicos
requisitos exigidos en la ley para decretar una toma de posesión son el concepto del consejo
asesor y la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, los cuales acreditó.
Además, el derecho de defensa y contradicción del administrado, para ese tipo específico
de procedimiento preventivo, se materializa en la posibilidad de recurrir el acto
administrativo, como en efecto lo hizo el representante legal de las demandantes.

El a quo negó el cargo de nulidad al considerar que la actora confundió los procedimientos
sancionatorios, regulados en el artículo 208 del EOSF, con las funciones preventivas de la
Superintendencia Financiera, entre las que se encuentra la toma de posesión de entidades
vigiladas, prevista en los artículos 48, 114, 115 y 116 del mismo compendio normativo. De
modo que al ser la toma de posesión un procedimiento especial y de naturaleza distinta al
sancionatorio, no requiere que el informe de visita sea trasladado a la entidad objeto de la
medida, previa imposición de aquella.

3.1- El artículo 208 del EOSF, regula el régimen sancionatorio aplicable al sistema
financiero. Como bien lo destacó la demandada en el escrito de contestación, y el a quo en
el fallo de primera instancia, la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y
negocios de una institución vigilada, es un procedimiento administrativo de naturaleza
cautelar, fundamentado en las prerrogativas de intervención de la Superintendencia
Financiera, reconocidas en el artículo 48 del EOSF y reglado en los artículos 114 al 117 del
EOSF. Dichas disposiciones no contemplan como presupuesto para la adopción de la
medida un término previo de traslado del informe de la visita a la entidad vigilada o sus
accionistas, ni un periodo probatorio, ni remite al procedimiento del artículo 208 del EOSF.
De modo que no se puede concluir que el procedimiento de toma de posesión se deba
integrar con la etapa preliminar de la imposición de una sanción, ni mucho menos que el
artículo 208 del EOSF sea un fundamento normativo de la toma de posesión de una entidad
vigilada.

3.2- En ese orden de ideas, la Sala colige que la demandada no vulneró el derecho de
defensa y contradicción de las demandantes, por no haberle dado previo traslado del
informe de visita nro. 1355 al representante legal y a los accionistas de la aseguradora,
antes de expedir la Resolución 1204, del 12 de noviembre de 2003, por medio de la cual
tomó posesión de Seguros Cóndor S. A., en la medida en que es un procedimiento que no
hace parte del procedimiento de toma de posesión. [Se destaca]

25 Sentencia de 3 de diciembre de 2020, expediente 25000-23-24-000-2004-00479-02 (23260).

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En el presente caso, la Superintendencia de la Economía Solidaria adoptó la medida de
toma posesión mediante la expedición de la Resolución 0318 de 2 de mayo de 2005 y, a
partir de allí, agotó el procedimiento previsto para ese tipo de trámite, esto es, procedió a
notificar personalmente dicha decisión al representante legal de Copservir y puso de
presente que contra dicha decisión procedía el recurso de reposición.

De ahí que, la Sala considera que la actuación administrativa adelantada por la
Superintendencia de la Economía Solidaria al expedir los actos acusados se encuentra
ajustada a las normas que regulan lo concerniente a la medida de la toma de posesión,
dado que, para dicho trámite no se requiere el traslado del informe de visita, ni se prevé
una etapa probatoria y muchos menos se puede acudir a la aplicación de las garantías
propias de un proceso sancionatorio porque es una medida administrativa de naturaleza
cautelar.

Por tanto, el debido proceso en el marco de la medida de toma de posesión se garantiza
con la observancia del trámite previsto en el ordenamiento jurídico para ello, sin que resulte
valido admitir que dicha garantía constitucional es lesionada porque no se acudió a la
aplicación de otro procedimiento.

Es así por lo que se considera que, con el procedimiento adelantado por la
Superintendencia demandada se garantizó el derecho de defensa que le asistía a la parte
aquí demandante, razón por la cual no se evidencia la violación del artículo 29 Superior
en cuanto al hecho de no brindar las oportunidades para presentar descargos o
controvertir el informe de visita.

Ahora bien, en cuanto al argumento de la demandante consistente en que el artículo 29
Constitucional también resultó quebrantado «porque el Superintendente de la Economía
Solidaria dispuso una sanción contra Copservir sin detenerse a verificar que los hechos
quedaran subsumidos en el tipo normativo que contiene sus atribuciones para los efectos
de la toma de posesión», la Sala advierte que parte de una premisa errada al considerar
que la toma de posesión es un mecanismo de naturaleza sancionatoria, motivo por el
cual, sin mayores consideraciones, se despacha desfavorablemente.

Respecto del argumento relacionado con que «la regla constitucional resultó quebrantada
porque la Superintendencia de la Economía Solidaria tomó decisiones en contra de
Copservir y sin apoyo en lo que resultó probado en la visita», la Sala considera que se
encuentra subsumido en los argumentos que expuso el demandante para sustentar el
cargo de falsa motivación, razón por la que se analizará en el acápite posterior.

En conclusión, el cargo por violación al debido proceso no prospera.

b) Análisis de la falsa motivación

El demandante afirmó que el acto acusado se expidió con falsa motivación porque,
aunque no estaban acreditadas las circunstancias para la adopción de la medida de toma
de posesión, la Superintendencia la adoptó.

A efectos de resolver lo anterior, la Sala considera necesario traer a colación el contenido
de los actos acusados. Así:

• Mediante Resolución 0318 de 2 de mayo de 2005, la Superintendencia de la Economía
Solidaria ordenó la toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios de
la demandante, con fundamento en lo siguiente:
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PRIMERO.- Que corresponde a la Superintendencia de la Economía Solidaria ejercer la
vigilancia, inspección y control de las entidades del sector solidario, entre las cuales, se
encuentra la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS-
"COPSERVIR LTDA", identificada con NIT 830011.670-3, domicilio principal en la calle 13
# 39-10, de la ciudad de Bogotá D. C., con personería jurídica No. 3277 de 20 de noviembre
de 1995 expedida por DANCOOP, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, con el
No. 001929 de febrero 10 de 1997, en el libro L, de las entidades sin ánimo de lucro.

SEGUNDO.- Que en desarrollo de los objetivos y finalidades generales corresponde a la
Superintendencia de la Economía Solidaria ejercer la protección de los intereses de los
asociados de las organizaciones de la economía solidaria, de los terceros y de la comunidad
en general (Numeral 21, Articulo 35, de la Ley 454 de 1998).

TERCERO.- Que para el logro de los objetivos y finalidades previstos en el artículo 35 de
la Ley 454 de 1998, la Superintendencia de la Economía Solidaria cuenta con la función y
facultad general prevista en el numeral 60 del Artículo 20, del Decreto 186 de 2004, que
establece: […].
CUARTO.- Que mediante los decretos 455 y 2211 de 2004, se establecieron las normas
sobre toma de posesión para administrar y/o liquidar aplicables a entidades solidarias
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria que adelanten actividades
diferentes a la financiera, como es el caso de "COPSERVIR LTDA'.

QUINTO.- Que la cooperativa "COPSERVIR LTDA", mediante Resolución del 13 de
septiembre de 2004, emanada de la Fiscalía 18 Delegada Ante la Unidad de Extinción del
Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, de la Ciudad de Bogotá, Radicado N°
1969 E. D., fue vinculada a una acción de extinción de dominio dentro de la cual se han
adoptado medidas cautelares de embargo y secuestro sobre los activos de dicha
cooperativa. De los hallazgos producto del análisis de la documentación y pruebas
recaudadas por la Fiscalía, se evidenció, entre otros, lo siguiente:

a) Existen relaciones comerciales con empresas y personas que actualmente son
objeto de investigaciones de carácter penal por la presunta comisión de ilícitos
relacionados con narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, como
también del proceso de extinción de dominio. Pese a lo anterior, los órganos de
administración de la cooperativa, con pleno conocimiento de las investigaciones
adelantadas al origen de los recursos de las empresas y personas con las cuales
mantiene vínculos económicos y comerciales y de las medidas cautelares
determinadas por la Fiscalía General de la Nación, manejan los negocios en forma
insegura en detrimento de los intereses de los asociados, de terceros y del público en
general.

b) La generación de erogaciones con destino a empresas y personas igualmente
comprometidas dentro de investigaciones de carácter penal por la presunta comisión
de los ilícitos mencionados anteriormente, lo cual evidencia la existencia de factores
exógenos que ponen en riesgo el desarrollo del objeto social de la cooperativa.

c) Un elevado pasivo a favor de personas y empresas que actualmente se encuentran
investigadas por las autoridades penales competentes, cuya amortización
compromete la estructura financiera de la cooperativa.

SEXTO.- Que la Superintendencia de la Economía Solidaria ha estudiado y analizado la
situación de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS-
"COPSERVIR LTDA" relacionada con los riesgos a que está expuesta la entidad con motivo
de las medidas cautelares adoptadas por la Fiscalía General de la Nación y para corroborar
lo expuesto anteriormente, en ejercicio de sus facultades previstas en el numeral 4 del
artículo 36 de la Ley 454 de 1998, adelantó una visita de inspección, en la cual se evidenció:

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a) Existen dificultades de carácter administrativo, jurídico y financiero, toda vez que
no se están atendiendo oportunamente las obligaciones de carácter comercial y
laboral en el giro ordinario de los negocios.

b) Se percibe que la entidad solidaria presenta alto riesgo en su dirección por la
coadministración entre la Dirección Nacional de Estupefacientes y los órganos de
administración de la cooperativa, lo cual genera falta de unidad gerencial.

c) Uno de los dos establecimientos de crédito en los cuales se manejan los recursos
financieros de la cooperativa, dio por terminada su relación financiera con ésta el
pasado 30 de abril del año en curso, dejando ad-portas de un nuevo bloqueo
financiero a la misma, obligándola a manejar sus diferentes transacciones con dinero
en efectivo.

SÉPTIMO.- Que en lo referente al análisis de los riesgos financieros y jurídicos, se observó
lo siguiente:

a) De lo anterior se colige que sus administradores no están ejerciendo de forma
adecuada ni con la diligencia debida que le imponen sus deberes y responsabilidades,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 222
de 1995.

b) Al interior de "COPSERVIR LTDA" se genera en la actualidad una
coadministración, toda vez que si bien el representante legal designado por e! consejo
de administración de la cooperativa ejerce sus funciones, también es cierto que éste
las realiza en forma precaria, como quiera que no tiene la libre disposición de los
activos de la entidad. De igual forma los depositarios designados por la D. N. E, con
ocasión de las medidas cautelares dispuestas por la Fiscalía General de la Nación,
no pueden administrar adecuadamente los activos que para tal fin les han sido
entregados, al no poseer la representación legal, lo que conlleva un alto riesgo en las
diferentes operaciones de carácter comercial, administrativo y financiero de la citada
entidad solidaria.

c) Con la cancelación de uno de los servicios bancarios que poseía "COPSERVIR
LTDA" y una eventual cancelación de éstos por parte de la única entidad financiera
que en la actualidad se los presta, la cooperativa se vería avocada a un manejo
inseguro de sus recursos dinerarios, toda vez que tendría que realizar nuevamente
todas sus transacciones en efectivo.

d) El inminente bloqueo comercial al cual se vería avocada la entidad cooperativa
para poder realizar contratación directa con algunos de sus proveedores, dentro y
fuera del país, dificulta la obtención de las licencias que otorga el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica.

OCTAVO.- Que la Dirección Nacional de Estupefacientes, actualmente viene
desempeñándose, como administradora de los activos de la Cooperativa "COPSERVlR
LTDA", en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002, y por orden de
la Fiscalía 18 Unidad para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de
Activos.

NOVENO.- Que según lo señalado en los decretos 455 y 2211 de 2004 la Superintendencia
de la Economía Solidaria separará de la administración de los bienes de la entidad
intervenida, a las personas que actualmente ejercen los cargos de Gerente e integrantes
del consejo de administración y de la Junta de Vigilancia, así como al revisor fiscal y
designará a una persona en calidad de agente especial, quien actuará como representante
legal y al revisor fiscal.

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DÉCIMO.- Que en el numeral 1° del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 1993), en su literal f), aplicable en estos casos por virtud de lo
dispuesto en el Decreto 455 de 2004, se establece como causal de Toma de Posesión de
los bienes, haberes y negocios de la respectiva entidad, la siguiente:

“f) Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura,
…”.

Esta Superintendencia considera que al existir las circunstancias descritas en las anteriores
motivaciones, la Cooperativa se encuentra desarrollando su objeto social en un ámbito de
inseguridad jurídica, administrativa y financiera, en inminente perjuicio de los asociados, los
terceros y la comunidad, así como en la confianza en el sector solidario en general, tal y
como se demuestra en los considerandos SEXTO y SEPTIMO de la presente resolución.

DECIMOPRIMERO.- Que la evidencia probatoria analizada permite concluir que
efectivamente existe un alto riesgo jurídico, administrativo y financiero, circunstancias que
ameritan la adopción de la toma de posesión para administrar los bienes, haberes y
negocios de "COPSERVIR LTDA", medida de excepción que busca proteger los intereses
de los asociados, de los terceros y de la comunidad en general, así como preservar la
confianza pública en el sector solidario. [Subrayas por fuera del texto original]

• A través de la Resolución 000569 de 12 de julio de 2005, la Superintendencia de la
Economía Solidaria resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
anterior, así:

Argumentos del Recurrente y Consideraciones de la Superintendencia.
4.1. Violación al Debido Proceso y al Derecho de Defensa.

El recurrente, en términos generales señala que con la Resolución 0318 del 2 de mayo de
2005 se le violó a su representada el debido proceso en 3 aspectos: 1) No se le dio la
oportunidad de expresar sus opiniones en torno a la medida adoptada mediante la
Resolución atacada, máxime cuando se contradice con algunas declaraciones publicadas
por la Revista "Cambio' del 18 de abril de 2005. 2) No se le dio traslado del informe de visita
y 3) Se le violó el debido proceso, especialmente el derecho de defensa a las personas que
integran los órganos sociales desplazados, pues se les sancionó sin siquiera habérseles
formulado cargos y seguido una investigación y se les desconoció el principio de
imparcialidad previsto en el artículo a del C.C.A.

Estos argumentos no son de recibo para esta Superintendencia, por las siguientes razones:
En primer término, este Despacho considera importante advertir que la medida
administrativa adoptada por esta Superintendencia con la citada Resolución 0318, se tomó
con base en la facultad de policía administrativa preventiva propias de las autoridades
administrativas que cumplen funciones de inspección y vigilancia.

Respecto a dicha facultad, es preciso traer a colación algunos apartes de la "Doctrina" y la
"Jurisprudencia", veamos:

[…]

Acorde con dicha facultad, en la actuación administrativa que concluyó con la medida
cautelar de carácter preventiva de que trata la Resolución 0318 del 2 de mayo de 2005, la
Superintendencia de la Economía Solidaria observó en todo momento las normas
constitucionales y legales del debido proceso y, en particular, las del derecho de defensa.
El hecho de que la causal que dio origen a la toma de la medida administrativa se haya
probado con fundamento en el informe que recoge los resultados de la visita de inspección
practicada a Copservir en el mes de abril de 2005, rendido bajo la gravedad del juramento
en los términos del numeral 30 del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

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y demás documentos relacionados en el acto impugnado, especialmente, de los hallazgos
producto del análisis de la documentación y pruebas recaudadas por la Fiscalía General de
la Nación, de ninguna manera puede dar lugar a inferir el desconocimiento del debido
proceso o del derecho de defensa como equivocadamente lo entiende el apoderado de la
citada cooperativa. Aquí vale la pena advertir que sobre esta materia el régimen solidario
deja en libertad a la Superintendencia de la Economía Solidaria para que recurra a los
medios probatorios legalmente permitidos y, que, a su juicio, sean conducentes y
necesarios para verificar la existencia de una de las causales previstas en el artículo 114
del EOSF para la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una entidad
vigilada. Es así, como en el presente caso la inspección ejecutada encuentra su justificación
legal en el numeral 42 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, en armonía con el numeral 39
del artículo 337 ya referido.

Y es justamente en el marco de alta policía administrativa que se adopta la medida de
intervención para administrar a Copservir, toda vez que era inminente que ante la decisión
de retornar a sus administradores la cooperativa por parte de la Fiscalía General de la
Nación, el bloqueo de transacciones con el sector financiero formal y con proveedores en
general, la cooperativa se vería avocada a situaciones de difícil manejo del negocio, tal
como sucedió con el Banco de Occidente que dio por canceladas sus relaciones
comerciales con la cooperativa.

Seguramente que igual hubiera sucedido con los proveedores que gracias a una
salvaguarda expedida por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. pueden realizar
transacciones comerciales con Copservir. Salvaguarda que es expedida, sólo si la entidad
cooperativa está administrada por una persona designada por el Estado Colombiano, tal
como lo informara el Depositario designado por la D.N.E. en la ciudad de Cali a los
funcionarios comisionados por esta Superintendencia en esa ciudad, lo cual, ante el
evidente mejoramiento de las condiciones comerciales y financieras de Copservir que ya
no tenía que seguir creando varias cooperativas para el manejo de determinadas labores
mediante suscripción de contratos comerciales de mandato, se hacía necesario adoptar la
medida administrativa recurrida para preservar tal mejoramiento.

Lo anterior, se evidencia en el informe de visita realizado por funcionarios de esta
Superintendencia en la ciudad de Cali, en donde se señala: […].

Así mismo, se detectó una disminución bien significativa del costo que tenía que pagar por
concepto del manejo del recaudo del dinero en efectivo con una empresa transportadora
de valores cuya comisión es del 7.5% por cada millón transportado, lo que en condiciones
normales una transportadora de valores cobraría alrededor de 3.5% por cada millón
transportado, o sea, que el ahorro seria del 4% por cada millón, servicio que no sería
necesario si Copservir puede manejar el recaudo de sus recursos a través del sistema
financiero tradicional, como lo está haciendo en la actualidad gracias a la intervención de
que fue objeto por parte de esta Entidad.

En cuanto a las aludidas declaraciones suministradas por el Superintendente de la
Economía Solidaria a la Revista 'Cambio" en su edición del pasado 18 de abril de 2005, es
preciso tener en cuenta que en esa oportunidad sólo me limité a mencionar de manera
general, las causales de la toma de posesión para las entidades vigiladas previstas en el
artículo 114 del E.O.S.F. y opiné que hasta ese momento no tenía certeza esta
Superintendencia de que Copservir se encontrara en alguna de esas causales. Sin
embargo, lo anterior cambió, por las evidencias encontradas en la visita de inspección
practicada por funcionarios de esta Entidad a la citada cooperativa (Sedes Bogotá y Cali)
en los días 27 y 28 de abril de 2005, razón por la cual, no resulta de recibo para este
Despacho la supuesta contradicción señalada por el recurrente, pues se trata de dos
escenarios diferentes con elementos y documentos propios para cada evento.

Ahora bien, si de lo que se trata es de cuestionar que la decisión se hubiera adoptado sin
controvertir antes los hechos establecidos en la visita de inspección, entonces es imperativo
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aclarar que por tratarse de una medida cautelar preventiva, su determinación y ejecución
no puede estar supeditada a la contradicción previa de la persona contra quien se dirige la
medida. Pues como bien lo ha expresado la Corte Constitucional al analizar el alcance de
las medidas cautelares en Sentencia C-054/97 […] De no adoptar esta Superintendencia la
decisión en el momento oportuno, carecería de eficacia remedio alguno cuando el mal ya
está hecho, y las actuaciones posteriores serían paliativas las cuales no nos conducirían a
erradicar el mal de raíz y entonces la medida sería inocua.

No obstante, el recurrente no puede desconocer que la oportunidad de contradecir y refutar
los supuestos fácticos y de derecho de la decisión administrativa tuvo lugar a partir de la
notificación surtida de acuerdo con la ley. Prueba de ello es que en este momento estamos
examinando los motivos de inconformidad que en ejercicio del derecho de defensa ha
expuesto como apoderado judicial de la cooperativa a través de la interposición oportuna
del recurso de reposición concedido.

Las premisas anteriores nos parecen igualmente válidas para rebatir la opinión del
recurrente, según la cual la decisión administrativa adoptada en contra de las personas que
integran los órganos sociales, de separarlos de sus cargos, es una medida sancionatoria.
Con todo, no sobra reiterar que en criterio de la jurisprudencia una cosa son las medidas
cautelares y otras muy distintas las medidas sancionatorias. Las primeras persiguen como
objetivo tutelar o garantizar los derechos de las personas de buena fe y la confianza pública,
en tanto que las segundas castigan o reprimen una conducta infractora de la ley. En este
sentido la Resolución 0318 de 2005 tiene como fin último garantizar y proteger los intereses
de los asociados, de los terceros y de la comunidad en general, no los de sancionar a la
cooperativa y, por ende, a sus administradores.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia haciendo uso de la facultad discrecional
contemplada en el literal a), del numeral 20, del artículo 1º del Decreto 2211 de 2004, en
armonía con el artículo 116 del E.O.S.F, consideró necesario y apropiado como "medida
preventiva" para el proceso, separar de la administración de los bienes de la cooperativa
Copservir a las personas que actualmente ejercen los Cargos de Gerente, Revisor Fiscal y
miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia de la entidad intervenida.
Como se observa en las citadas disposiciones en ninguna parte se exige que en forma
previa a la aplicación de la medida se requiera oír en descargos a dichos administradores
seguida de la investigación administrativa correspondiente, pues recabamos, en el presente
caso, no se trata de una medida sancionatoria sino de una medida cautelar preventiva.

4.2. Falsa Motivación.

En este aparte el recurrente al referirse a los literales a), b) y c) del considerando "Quinto"
de la Resolución 0318 de 2005, aduce una falsa motivación con base en los siguientes
argumentos que sintetizamos de la siguiente manera:

• Literal a). Afirma que aquí la motivación aducida es falsa pues la resolución impugnada
no suministra como prueba el nombre de las "empresas y personas que actualmente son
objeto de investigaciones de carácter penal por la presunta comisión de ilícitos relacionados
con narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, como también del proceso de
extinción de dominio" con los cuales supuestamente Copservir Ltda. "mantiene relaciones
comerciales". Tampoco indica dónde están esas supuestas "investigaciones" y en qué
estado procesal se hayan.

Agrega que el señor Superintendente desconoce la presunción de inocencia prevista en el
artículo 29 de la Constitución Política y el articulo 248 ibídem.

A continuación señala que quienes en su Despacho hicieron el análisis de la documentación
y pruebas recaudadas por la Fiscalía omitieron el análisis de los fallos de ese mismo
organismo del 21 de febrero de 1997 confirmado el 26 de mayo del mismo año sobre la

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preclusión de la investigación penal contra algunos socios de "Distribuidora de Drogas la
Rebaja S.A.".

Por último, manifiesta que le causa extrañeza que la Superintendencia pretenda revivir con
el fin de perjudicar los derechos e intereses de Copservir, un debate que se planteó y definió
por el Dancoop desde el año 1996.

• Literal b). Señala el recurrente que aquí nuevamente la resolución impugnada incurre en
falsa motivación, pues, en primer término, no identifica esa supuesta "generación de
erogaciones", así como su cuantía, y, en segundo lugar, las empresas igualmente
comprometidas dentro de la investigación de carácter penal por la presunta comisión de los
ilícitos mencionados anteriormente.

Y que como la Superintendencia no aporta las pruebas para fundamentar la motivación de
su decisión, no puede legítimamente evidenciar "la existencia de factores exógenos que
ponen en riesgo el desarrollo social de la cooperativa", ni tampoco indica cuáles son esos
factores exógenos.

• Literal c) Por último, en relación con este considerando afirma el recurrente que la
resolución no identifica la "amortización", que, en su opinión subjetiva, "compromete la
estructura financiera de la cooperativa".

Señala que posiblemente la Superintendencia alude a la deuda que Copservir contrajo a
través de los contratos de compraventa que suscribió para la adquisición de los
establecimientos de Drogas la Rebaja S.A. Aduce, además que se trata de una operación
comercial legítima y de buena fe exenta de culpa contraída con dichas empresas cuyos
socios fueron exonerados de toda responsabilidad penal por la Fiscalía según los fallos
antes citados.

Este Despacho tampoco comparte estos argumentos del recurrente que se fundamentan
en una supuesta falsa motivación en estos considerandos por parte de la Superintendencia,
por las siguientes razones:

En cuanto al literal a), reitera este Despacho que la medida administrativa adoptada de
toma de posesión para administrar es una medida eminentemente de carácter preventivo
con fundamento en las facultades de policía administrativa de las Superintendencias que
tiene por una de sus funciones proteger los intereses de los asociados y de la comunidad
en general.

Por lo anterior, la Superintendencia al adoptar la medida lo que pretende es blindar a la
cooperativa y a los asociados precisamente frente a los riesgos a los que están sujetos por
el proceso de extinción de dominio que se viene adelantando por la Fiscalía General de la
Nación en ejercicio de sus funciones, para que la cooperativa pueda desarrollar
normalmente su objeto social. De esta forma, le otorga a la misma cooperativa y a los
asociados la oportunidad de continuar desarrollando su objeto social sin los tropiezos
propios de estar registrada en la LISTA CLINTON, que para nadie es un secreto le restringe
su libre desenvolvimiento en el mercado nacional ante una eventual carencia de cuentas
para el manejo de sus recursos, así como el libre comercio de productos farmacéuticos y
otros con laboratorios nacionales e internacionales, lo cual hoy es posible gracias a la
intervención del Estado, lo que redunda en tranquilidad para sus asociados y terceros.

Por tal razón, no consideró esta Superintendencia necesario y pertinente enunciar las
personas investigadas por los presuntos ilícitos aludidos, dónde están esas investigaciones
y en qué estado se encuentran, entre otras cosas, porque el organismo competente para
suministrar esa información si lo considera procedente es la Fiscalía General de la Nación,
pero además, porque ésta no fue la motivación de la toma de posesión.

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Acorde con lo antes expuesto, la Superintendencia no está reviviendo ni desconociendo los
pronunciamientos de la Fiscalía General de la Nación y del Dancoop sobre las operaciones
de compraventa de los establecimientos de Drogas la Rebaja, pues en ninguna parte de la
resolución recurrida hacemos alusión a ello y, además, porque insistimos, esta Entidad en
ejercicio de sus facultades legales adoptó una medida cautelar preventiva con los fines ya
mencionados tomando como bases hechos actuales.

Respecto a los literales b) y c), no existe la supuesta falsa motivación alegada por el
recurrente, toda vez que como resultado de la visita encontró esta Superintendencia que
desde el momento de la adopción de la medida de secuestro de los activos de Copservir
por parte de la Fiscalía General de la Nación (Resolución del 13 de septiembre de 2004),
la deuda adquirida por la compra de los establecimientos comerciales, cuyo saldo a 31 de
agosto de 2004 es de $24.043 millones de pesos, obligación renegociada en junio de 2003
a una tasa de 2.7% efectivo mes vencido, equivalente al 37.7% efectivo anual, a un plazo
de 16 años, no se volvió a cancelar. Por lo tanto, hasta el mes de abril de 2005 se ha dejado
de pagar la suma de $920 millones de pesos por capital y se han causado intereses por
valor de $5.100 millones de pesos, circunstancia que podría poner en riesgo la estructura
financiera de la cooperativa. Es de anotar que dicha tasa del 2.7% efectivo mes vencido
(37.7% efectivo anual) supera la tasa del mercado permitida (usura) a junio de 2003, la cual
era de 28.8% efectivo anual, lo que en un momento hace más gravoso el desarrollo del
objeto social de la cooperativa y puede ir en perjuicio de su patrimonio.

4.3. A las evidencias encontradas por la visita de inspección practicada por
funcionarios de la Superintendencia a Copservir.

En este acápite el recurrente al referirse a los literales a), b) y c) del considerando Sexto de
la Resolución 0318 de 2005, expone en su orden los siguientes argumentos, que serán
igualmente tratados por este Despacho:

[…]

Esto no es debatido por este Despacho, pues compartimos la apreciación del recurrente,
pero reiterándole que dichas medidas cautelares adoptadas por la Fiscalía, no fueron la
motivación principal de la medida administrativa preventiva adoptada por la
Superintendencia.

• "La resolución atacada no fundamenta en ninguna disposición legal la teoría del 'riesgo'
para justificar su intervención. Ni podría hacerlo pues en el derecho sólo se prevé los
llamados 'riesgos profesionales o laborales', pues los demás riesgos son propios de las
actividades comerciales."

Respecto a este argumento, le manifestamos al recurrente que la medida administrativa
preventiva adoptada por esta Superintendencia en ejercicio de su facultad de policía
administrativa, se adoptó en desarrollo de los objetivos y finalidades generales asignados
por la Ley 454 de 1998 y el Decreto 186 de 2004, siguiendo los parámetros previstos en los
Decretos 455 y 2211 de 2004 y por la causal prevista en el literal f, numeral 1, del artículo
114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como se señala en la Resolución 0318
del 2 de mayo de 2005.

Laborales.

• Como consta en los informes de visita antes citados, el depositario de la ciudad de Bogotá
(Ricardo Botero Restrepo) se ha negado a autorizar varios pagos que hacen parte del giro
ordinario del negocio de la cooperativa, entre los cuales están:

a) Negación de pago del sueldo al Director de Mercadeo y Ventas (Sr. Jorge Guzmán) por
la segunda quincena de marzo de 2005.

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b) Según la manifestación que reposa en el acta de tesorería de la Sucursal Bogotá del 29
de abril de 2005, el citado Sr. Ricardo Botero, retuvo el día 28 de abril de 2005, documentos
correspondientes a órdenes de pago de la nómina, de la segunda quincena del mes de abril
de 2005, de los Sres. Jorge Tulio Guzmán, Director de Mercadeo y Luis Fernando Sotelo,
Coordinador de Seguridad. (carpeta No 1, folio 112).

Administrativos.

La visita como riesgos administrativos y financieros evidenció el manejo inseguro que se le
dan a los títulos valores (cheques, facturas, entre otros) para pago de proveedores, porque
el depositario nombrado para la Sede Bogotá por la Dirección General de Estupefacientes
(Sr. Ricardo Botero Restrepo) desde el 1º de abril de 2005 no se presenta en la cooperativa
Copservir para la firma de los cheques, ante lo cual el Sr. Daniel Rodríguez (tesorero de la
cooperativa) debe acudir a diferentes sitios públicos (cafeterías o en un punto de venta de
la cooperativa del Centro Internacional de la ciudad de Bogotá), para la firma de los
cheques, generando un gran riesgo administrativo y operativo, máxime si no cuentan con
pólizas para transporte y manejo de títulos valores en esas condiciones.

Administrativos y Financieros.

• En criterio de esta Superintendencia, un riesgo administrativo y financiero que afecta a
Copservir, son las licencias otorgadas por el Gobierno de los Estados Unidos en forma
condicionada y por un año a todas aquellas empresas, sociedades comerciales o personas
naturales y/o jurídicas que quieran realizar operaciones comerciales o de cualquier índole
con dicha cooperativa, ya que estas licencias se encuentran sujetas a que la misma se
encuentre bajo el control del Gobierno de Colombia, riesgo que hoy no existe por la medida
adoptada por esta Superintendencia.

[…]

Se debe precisar, que la labor que desempeña el depositario es la de autorizar en forma
conjunta con la administración de la entidad, las erogaciones del giro ordinario del objeto
social de la Cooperativa, y que las decisiones sobre nuevas contrataciones o gastos
extraordinarios, deben ser conciliados entre éstos y los administradores de la entidad,
quienes tienen la representación y el poder decisorio en materia de operaciones de
Copservir, lo que ha generado ciertos tropiezos en el manejo ordinario de la Cooperativa.
La anterior situación, desvirtúa lo que debe ser una organización administrativamente
organizada, toda vez, que el manejo de la misma está en cabeza de dos organismos,
quienes presentan intereses diferentes, y pone en evidencia el riesgo financiero y jurídico
al que puede estar expuesta la entidad, por no contar con una administración unificada.

[…]

4.4. Literal f), numeral 1°, articulo 114 del E.O.S.F.

Señala el recurrente que la Superintendencia invoca como causal para justificar la toma de
posesión de los bienes, haberes y negocios de Copservir Ltda., la prevista en el literal f),
numeral l, del artículo 114 del E.O.S.F. por remisión del Decreto 455 de 2004: "Cuando
persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura".

Agrega, persista viene de persistir (del latín persistiere) que según el Diccionario de la Real
Academia Española, significa "durar por largo tiempo".

Hasta ahora, después de casi diez años, COPSERVIR no ha sido ni siquiera amonestada
por la Superintendencia por "manejar los negocios en forma no autorizada o insegura". Por
lo tanto, emplazamos a la Superintendencia a que aporte como prueba una resolución
donde se haya demostrado, previo los descargos correspondientes, que Copservir ha
manejado sus negocios" en forma no autorizada o insegura".
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Este Despacho pasa a demostrar la persistencia del manejo del negocio en forma insegura
por parte de Copservir, en los dos aspectos siguientes:

A. LAS COMPRAS DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y/O MEDICAMENTOS Y
DEMAS PRODUCTOS DE VENTA EN LOS ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
(Compra de medicamentos con intermediarios, constitución y liquidación periódica
de empresas).

Desde el momento en que Copservir fue incluida en la LISTA CLINTON ha tenido que
realizar sus operaciones comerciales a través de intermediarios, tales como empresas
comercializadoras, organizaciones cooperativas u otras sociedades comerciales que se
creaban y/o actuaban como agentes ante los grandes laboratorios farmacéuticos
nacionales o multinacionales, evadiendo con esto las restricciones comerciales impuestas
a dicha cooperativa y, consecuentemente, en el momento en que cualquiera de estas
empresas era incluida también en la referida lista, la cooperativa tenía que contratar con
una nueva entidad para que desarrollara la intermediación mencionada.

Estas operaciones realizadas de forma indirecta hicieron que los márgenes de rentabilidad
de Copservir se redujeran considerablemente, más si se trata de compras a gran escala
que al hacerse directamente con las empresas productoras o laboratorios farmacéuticos,
generarían una mayor ganancia para los asociados.

B. EL MANEJO DEL EFECTIVO Y DISPONIBLE. (Contratos de mandato, uso de
empresa transportadora de valores, constitución de pólizas de manejo).

De todas las operaciones y actividades que la cooperativa realiza para la comercialización
de los productos farmacéuticos en los establecimientos de comercio, el manejo de efectivo
es la que más riesgo presenta; el hecho de no poder tener acceso al sistema financiero a
través de la apertura de cuentas de ahorros, cuentas corrientes, de inversiones entre otras,
hizo que la cooperativa tuviera que hacer uso de medios o estrategias que generaron un
alto riesgo, ya que tuvo que contratar con terceras personas, empresas comerciales,
cooperativas y otras sociedades comerciales para poder acceder al sistema financiero.
Para tal propósito, Copservir constituyó contratos de mandato, en los cuales dicha
Cooperativa era la mandante y las empresas eran mandatarias, en donde en términos
generales se hacían los recaudos de las ventas de todos los establecimientos y se ordenaba
el pago a los proveedores, de nómina y cuentas por pagar de terceros, y obviamente que
esta triangulación generaba un sobrecosto por el pago de comisiones por el uso de estas
cuentas en desmedro de los intereses de los asociados al igual que con la compra de los
productos farmacéuticos, pues al momento en que esas empresas eran incluidas en la
LISTA CLINTON se liquidaban y se creaban otras para los mismos fines, en una cadena
interminable de creación de entidades para resolver transitoriamente las dificultades que
día a día "cercaban" a Copservir, dificultando su normal desenvolvimiento, obligándola a
asumir riesgos más allá de los normales para una entidad de similares características, tales
como el alto manejo de recursos dinerarios en efectivo, tercerización en sus actividades
comerciales por tener que acudir a otras cooperativas creadas para el efecto, altos costos
financieros por tener que pagar para poder desarrollar normalmente el giro de sus negocios
en desarrollo del objeto social, entre otras.

De otra parte, el transporte del dinero recaudado diariamente sin la constitución de las
pólizas de manejo respectivas hace que la cooperativa tenga que asumir directamente las
pérdidas ocasionadas por el hurto o pérdida que llegare a presentarse.

Con las anteriores motivaciones demuestra este Despacho que las diferentes operaciones
y actividades desarrolladas por COPSERVIR ponen de manifiesto que se persistió en
manejar el negocio de forma insegura y, permanente y en beneficio de terceros. [Subrayas
por fuera del texto original]

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De las consideraciones anteriormente transcritas, la Sala advierte que la
Superintendencia de la Economía Solidaria expidió los actos administrativos acusados,
teniendo en cuenta el contenido de la Resolución del 13 de septiembre de 2004 expedida
por la Fiscalía 18 Delegada ante la Unidad de Extinción del Derecho de Dominio y Contra
el Lavado de Activos, y los hallazgos de la visita de inspección practicada en las
instalaciones de Copservir. A partir de tales circunstancias, concluyó que dicha
cooperativa se encontraba desarrollando su objeto social en un ámbito de inseguridad
jurídica, administrativa y financiera, motivo por el cual resultaba procedente la toma de
posesión para administrar sus bienes, haberes y negocios, en virtud de la causal
establecida en el literal f) del numeral 1º del artículo 114 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero.

En el presente proceso, obra la Resolución del 13 de septiembre de 200426 expedida por
la Fiscalía 18 Delegada ante la Unidad de Extinción del Derecho de Dominio y Contra el
Lavado de Activos en la que se resolvió lo siguiente:

PRIMERO: INICIAR OFICIOSAMENTE el trámite de extinción del derecho de dominio
respecto de los bienes relacionados en el numeral segundo de esta resolución.

SEGUNDO: Decretar el EMBARGO, SECUESTRO, y consecuente SUSPENSIÓN DEL
PODER DISPOSITIVO de los ACTIVOS en cabeza de las empresas y cooperativa
identificadas en el numeral segundo de esta decisión como "BIENES OBJETO DE LA
ACCION", dejando a salvo respecto de COPSERVIR los aportes y ahorros de sus
asociados, conforme a lo señalado en la parte motiva de la misma.

TERCERO: Decretar el EMBARGO y la consecuente SUSPENSIÓN DEL PODER
DISPOSITIVO de las participaciones accionarías de las empresas identificadas en el
numeral segundo de esta decisión como "BIENES OBJETO DE LA ACCION". Para estos
efectos se oficiará al Gerente Liquidador de las mismas, a fin de que inscriba la medida en
los correspondientes libros.

CUARTO: Oficiar a las Cámaras de Comercio en las que se encuentran matriculados las
sociedades y los establecimientos comerciales afectados para que se inscriba la medida
ordenada en esta decisión. Así mismo se oficiará a la Superintendencia de Economía
Solidaria, en relación con la medida adoptada sobre la cooperativa.

QUINTO: Poner a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes los bienes objeto
de la acción, una vez que se materialicen las medidas, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12 de la Ley 793 de 2002.

SEXTO: Para la materialización de las medidas ordenadas, se solicitará el apoyo operativo
de la DIJIN – Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad DAS […].

Como consecuencia de lo anterior, tal como se indicó en los actos acusados, para el
momento de la toma de posesión, la administración de los bienes de Copservir radicaba
en la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través de depositarios.

Igualmente, obran en el proceso las comunicaciones dirigidas por el depositario
designado por la Dirección Nacional de Estupefacientes para la administración de los
bienes de la demandante para el mes de abril de 2005 dirigidos al director de esa entidad,
en las que se relatan los hechos adelantados por el secretario general de la cooperativa

26 Folios 170 a 250.

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tendientes a obstruir el cumplimiento de las funciones27, dentro de las cuales se destaca:
ordenó la suspensión del servicio del internet, efectuó compra de activos sin la
autorización del depositario, restringió el acceso a las instalaciones a través del personal
de seguridad de la cooperativa, dio por terminado el contrato de trabajo de una auditoría
interna nombrada por el anterior depositario, entre otras.

También, reposa en este expediente los informes28 rendidos por los inspectores que la
Superintendencia de la Economía Solidaria delegó para realizar la visita de inspección
ante Copservir en la que se evidencia deficiencias:

i) en la parte administrativa, por la coadministración entre la Dirección Nacional de
Estupefacientes y los órganos directivos de la cooperativa;

ii) en los libros oficiales de contabilidad, por la inconsistencia de «la cuenta por pagar
• otros, código 241595, con saldo de $28.404.051.484,2 pesos, al corte de diciembre
de 2004, presenta una diferencia con el registro en libros oficiales de
$263.276.000»;

iii) en el cumplimiento de los pagos de los contratos de compra-venta a drogas la
rebaja, por cuanto «el último pago fue realizado en fecha septiembre 07 de 2004,
las razones de dicha cesación no fueron justificadas por la cooperativa»;

iv) en la compra de medicamentos, dado que se realiza a través de la intermediación
de varios distribuidores, generándose costos adicionales que se reflejan en el poco
margen operacional que la entidad ha registrado durante los últimos años;

v) en el contrato de transporte de dinero por su alto costo, pues en el contracto
actual se pactó una comisión del 7.5% por cada millón transportado, mientras otras
empresas están cobrando alrededor de un 3.5% para la prestación de ese servicio;

vi) compra de los establecimientos de comercio, debido a que «la entidad al 31 de
agosto de 2004, registra un saldo de $24.043 millones por concepto de la compra
de los establecimientos comerciales, deuda que en junio de 2003 fue renegociada
a una tasa del 2.7% E.M.M.V. a una plazo de 16 años. […] Respecto a esta
situación, la entidad puede presentar serios inconvenientes de liquidez cuando deba
realizar el pago de los intereses y el capital de esta obligación a quien determine el
D.N.E., ya que a la fecha este valor asciende a $6.027 millones, valor que de
acuerdo al promedio manejado en el disponible, es un valor que puede afectar
seriamente el flujo de efectivo de la cooperativa»;

vi) incumplimientos a los estatutos y reglamentaciones internas de la cooperativa,
dado que: «la Asamblea General tiene la función de Aprobar los contratos o
transferencias comerciales que superen el 50% del capital social, valor que a
diciembre de 2004 correspondió a $5.037 millones ($10.074 millones por el 50%).
No obstante, el día 12 de noviembre de 2004, se realizó pedido No. 208698 a
FARMA000P por valor de $7.391 millones, valor que excede el límite permitido a la
administración de la entidad para realizar transacciones, y de acuerdo a lo
informado por la auditoria no cuenta con la autorización de la asamblea». Además,
que el gerente de la cooperativa celebró contratos o negocios con cifras superiores
a los topes permitidos en los estatutos.

27 Folios 522 a 525.
28 Folios 277 a

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A partir del contenido de los actos demandados de cara a las pruebas en que se
fundamentaron y que obran en este expediente, para la Sala es claro que el cargo por
falsa motivación alegado por la parte demandante no tiene vocación de prosperidad, en
razón a que, contrario a lo que sostuvo, los hechos invocados por la Superintendencia de
la Economía Solidaria para sustentar la adopción de la toma de posesión correspondían
a la situación jurídica, administrativa y financiera de Copservir para el año 2005 y que
venía desde tiempo atrás.

En efecto, en los actos administrativos se señaló con claridad y suficiencia los motivos
por los cuales Copservir se encontraba desarrollando su objeto social en un ámbito de
inseguridad jurídica, administrativa y financiera. Precisamente, en los apartes de los
numerales quinto, sexto y séptimo de la Resolución 0318 de 2 de mayo de 2005 se puso
de presente la existencia de relaciones comerciales con empresas y personas que son
objeto de investigaciones de carácter penal por la presunta comisión de ilícitos
relacionados con narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos; como también
del proceso de extinción de dominio; asimismo, las dificultades de carácter administrativo,
jurídico y financiero, en el entendido de que no se está atendiendo oportunamente las
obligaciones de carácter comercial y laboral en el giro ordinario de los negocios; y el
inminente bloqueo comercial para poder realizar contratación directa con algunos de sus
proveedores, dentro y fuera del país.

Las anteriores circunstancias daban lugar a ejercer la facultad de control y vigilancia de
toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Copservir, como en
efecto lo hizo la Superintendencia de la Economía Solidaria, con fundamento en la causal
prevista en el literal f) del numeral 1° del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero que establece que cuando «persista en manejar los negocios en forma no
autorizada o insegura».

Es de precisar que la causal de toma de posesión prevista en el literal f) del numeral 1º
del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se configura siempre y
cuando se encuentren acreditadas circunstancias objetivas que permitan evidenciar un
manejo inseguro de los negocios, supuestos que se hallaron en el presente asunto, a
partir de la visita realizada a las instalaciones de Copservir y de la medida de embargo y
secuestro adoptada por la Fiscalía 18 Delegada ante la Unidad de Extinción del Derecho
de Dominio y Contra el Lavado de Activos, mediante Resolución del 13 de septiembre de
2004.

Cabe recordar que, la falsa motivación, como causal de nulidad, supone que los hechos
invocados por la administración como sustento de la decisión sean inexistentes, hayan
sido tergiversados o no correspondan a la realidad fáctica del expediente administrativo;
o que, siendo ciertos, no guarden relación con la decisión adoptada, supuestos que no
concurren en el presente caso, por las razones explicadas previamente. Por tanto, este
cargo no prospera.

c) Análisis de la desviación de poder

En este punto, la Sala analizará desde la óptica de la causal de desviación de poder, los
argumentos expuestos por la demandante relacionados con la violación del numeral 4 del
artículo 36 de la Ley 454 de 1998, del numeral 6º del artículo 2º del Decreto 186 de 2004,
del literal f) del numeral 1º del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
y artículos 2, 3 y 36 del Código Contencioso Administrativo, en razón a que estos se
desarrollaron bajo la premisa de que la medida de posesión se utilizó para dar sensación
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de que se estaba luchando «contra los comportamientos ilícitos de determinadas
personas», por lo que no es proporcional y se adelantó sin agotar previamente
mecanismos menos gravosos (salvamento) y sin requerir a la cooperativa para corregir
las irregularidades.

La causal de nulidad de desviación de poder se configura cuando un acto administrativo
expedido por una autoridad competente y con las formalidades debidas, persigue fines
distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico. Como lo ha precisado esta Sección se
presenta «cuando se persigue un fin espurio, innoble o dañino como cuando se procura
un fin altruista o benéfico para el Estado o la sociedad, pero que en todo caso es distinto
del autorizado o señalado por la norma pertinente»29.

El artículo 35 de la Ley 454 de 1998 prevé que la Superintendencia de la Economía
Solidaria desarrollará su gestión bajo los siguientes objetivos y finalidades:

1. Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su acción para
asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de las normas
contenidas en sus propios estatutos.
2. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de economía solidaria, de
los terceros y de la comunidad en general.
3. Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas a su
supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y características
esenciales.
4. Vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la debida
utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas.
5. Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de guiar la
organización y funcionamiento de las entidades vigiladas.

Por lo anterior, se tiene que la facultad de la Superintendencia de la Economía Solidaria
para tomar posesión de las entidades que están bajo su control, inspección y vigilancia,
y, adoptar las decisiones que conlleva la intervención, está justificada en la necesidad de
garantizar la confianza en el sector y en el deber de proteger los derechos de los
asociados que podrían estar en riesgo, es decir, en procura del interés público30.

Como se pudo observar en el acápite anterior, los actos administrativos expedidos por la
Superintendencia de la Economía Solidaria tenían como propósito proteger a los
asociados, acreedores y garantizar el cumplimiento del objeto social de Copservir, como
consecuencia de las circunstancias derivadas de la Resolución del 13 de septiembre de
2004 expedida por la Fiscalía 18 Delegada Ante la Unidad de Extinción del Derecho de
Dominio y Contra el Lavado de Activos, y de los hallazgos de la visita de inspección
practicada en abril de 2005.

Precisamente, en los actos acusados se identificaron circunstancias objetivas como: i) la
existencia de relaciones comerciales con personas y empresas vinculadas a
investigaciones penales (lavado de activos, narcotráfico, etc); ii) problemas de
administración; iii) el incumplimiento de pasivos a proveedores y empleados; iv) dificultad
para comprar directamente los medicamentos, v) la existencia de medidas cautelares
decretadas por la Fiscalía General de la Nación; vi) terminación de relaciones bancarias
con la cooperativa, entre otras.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de

2012, número único de radicación: 66001-23-31- 000-1998-00645-01.
30 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia de 11 de

diciembre de 2025, expediente 25000-23-24-000-2004-00877-01.
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Como consecuencia de lo anterior, en los actos administrativos se consignó que, ante la
situación de inseguridad jurídica, administrativa y financiera de Copservir, se configuraba
la causal para la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de dicha
cooperativa prevista en el literal f) del numeral 1° del artículo 114 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero.

Lo anterior, permite evidenciar que la medida de toma de posesión obedeció única y
exclusivamente a que Copservir se encontraba desarrollando su objeto social en un
ámbito de inseguridad jurídica, administrativa y financiera, lo que desvirtúa el argumento
de la demandante consistente en que dicha medida se utilizó para dar sensación de que
se estaba luchando «contra los comportamientos ilícitos de determinadas personas».

Ahora, en cuanto al argumento del demandante relacionado con que la medida de
posesión fue desproporcionada porque no se acudió previamente a la adopción de
salvamento, como tampoco se le requirió para que subsanara las irregularidades
encontradas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Al respecto, debe decirse que, de la revisión de las normas que regulan el procedimiento
para la toma de posesión no se advierte aquella que establezca el agotamiento previo del
instituto de salvamento o la posibilidad de subsanar irregularidades, pues como se dijo
previamente en el acápite a) de esta providencia, se trata de un procedimiento
administrativo de naturaleza cautelar, que es de cumplimiento inmediato y cuya finalidad
consiste en garantizar la confianza en el sector y en el deber de proteger los derechos de
los asociados que podrían estar en riesgo, en procura del interés público.

Mientras que el instituto de salvamento previsto en el artículo 113 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero es facultativo, y no obligatorio para el ejercicio de la facultad de
toma de posesión, así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación, en los
siguientes términos:

La Sala aclara que las medidas contenidas en el artículo 113 del EOSF, de conformidad al
literal i), numeral 1.º, del artículo 48, son medidas de carácter facultativo, que puede adoptar
la Superintendencia Financiera con el fin de desarrollar las diferentes instituciones de
salvamento y en aras de protección de la confianza pública. Al respecto, según el inciso
adicionado por el artículo 19 de la Ley 510 de 1999, dicha entidad podrá adoptar
individualmente la mayoría de las medidas allí previstas.

No obstante, dichas medidas no son en ningún momento requisitos sine qua non para
la toma de posesión prevista en el artículo 114 del EOSF. Por lo tanto, no existe una
violación por parte de la entidad demandada de un procedimiento previo que viciara, ante
su pretermisión, la medida de la toma de posesión desarrollada en los actos demandados31.
[Se destaca]

Significa lo anterior que las causales para la toma de posesión de que trata el artículo
114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero operan de manera autónoma respecto
del instituto de salvamento previsto en el artículo 113 ibidem, por lo que la
Superintendencia puede aplicarlas sin acudir previamente a dicho instituto.

Así las cosas, no le asiste razón a la demandante al manifestar que la medida de toma
de posesión fue desproporcionada, puesto que, al estar acreditado que Copservir se

31 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, sentencia de 3 de
diciembre de 2020, expediente 25000-23-24-000-2004-00479-02(23260).
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encontraba desarrollando su objeto social en un ámbito de inseguridad jurídica,
administrativa y financiera, la Superintendencia de la Economía Solidaria se encontraba
en la atribución legal prevista en el literal f) del numeral 1° del artículo 114 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiera para su adopción, conforme al procedimiento
establecido para ello.

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala encuentra que tampoco le asiste razón a la
parte demandante al afirmar que la Superintendencia desconoció el numeral 4 del artículo
36 de la Ley 454 de 199832 y el numeral 6º del artículo 2º del Decreto 186 de 200433, por
cuanto, tal como se dijo previamente, la toma de posesión se trata de un mecanismo
autónomo e independiente que procede sin necesidad de agotar previamente otras
facultades de vigilancia y control.

Así las cosas, la Sala no encuentra acreditada la configuración de la causal de desviación
de poder, toda vez que no se demostró que la Superintendencia de la Economía Solidaria
hubiera perseguido una finalidad distinta a la prevista por el ordenamiento jurídico al
expedir los actos acusados. Por el contrario, se evidencia que la actuación administrativa
surgió con el único fin legítimo de (i) ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las
entidades que cobija su acción para asegurar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias y de las normas contenidas en sus propios estatutos, y, (ii)
proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de economía solidaria, de
los terceros y de la comunidad en general.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la parte
demandante no desvirtuó la legalidad de los actos administrativos, razón por la cual se
negarán las pretensiones de la demanda.

5.6. Costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo34
y la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se evidenció temeridad ni

32«ARTÍCULO 36.- Funciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Son facultades de la
Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro de sus objetivos:
[…]
4. Realizar, de oficio o a solicitud de parte interesada, visitas de inspección a las entidades sometidas a
supervisión, examinar sus archivos, determinar su situación socioeconómica y ordenar que se tomen las
medidas a que haya lugar para subsanar las irregularidades observadas en desarrollo de las mismas. Los
informes de visitas serán trasladados a las entidades vigiladas. En cuanto fuere necesario para verificar
hechos o situaciones relacionados con el funcionamiento de las entidades supervisadas, las visitas podrán
extenderse a personas no vigiladas».
33 «ARTÍCULO 2. Funciones y facultades generales. Además de las previstas en las Leyes 454 de 1998 y

795 de 2003 y demás disposiciones aplicables, la Superintendencia de la Economía Solidaria tendrá las
siguientes funciones y facultades generales:
[…]
6. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las organizaciones de la
economía solidaria distintas a las establecidas en el numeral 23 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, en
los términos previstos en las normas aplicables, incluyendo dentro de dichas funciones, las atribuciones
relacionadas con institutos de salvamento y toma de posesión para administrar o liquidar. El régimen de
toma de posesión previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se aplicará a las entidades
sujetas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria en lo que
resulte pertinente de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
34 En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta

asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los
términos del Código de Procedimiento Civil.
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mala fe en la actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia.

5.7. Otros pronunciamientos

Finalmente, se pone de presente que la abogada Johana Andrea Rodríguez Espitia, en
calidad de apoderada de la Superintendencia de la Economía Solidaria, presentó
renuncia al poder conferido para representar los intereses judiciales de esa parte, la cual
cumple con los requisitos previstos en el artículo 76 del Código de General del Proceso,
por lo que será aceptada, tal como quedará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva en esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

CUARTO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por la abogada Johana Andrea
Rodríguez Espitia, como apoderada de la Superintendencia de la Economía Solidaria en
el presente proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Presidente NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

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Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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