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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2004-00877-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2004-00877-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de enero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en descongestión, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme con lo señalado en la parte motiva. TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, devolver el expediente al tribunal de origen. 20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29 de mayo de 2015. Expediente radicado 13001 2331 000 1994 09976 01. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01 Demandante: C Y V Consultores Ltda. Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2004-00877-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000 23 24 000 2004 00877 01
Demandante: C Y V Consultores Ltda.
Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Nulidad de los actos que ordenaron la remoción del revisor fiscal
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la
sentencia proferida el 30 de enero de 2012 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en descongestión, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las pretensiones1

La sociedad C Y V Consultores, por conducto de apoderado, radicó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en la que formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Se declare la nulidad del acto administrativo – Resolución número
0348 de fecha 22 de mayo de 2003, aclarado mediante Resolución 0379 de 30 de
mayo de 2003, emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria,
mediante la cual se removió a mi representada del cargo que como revisor fiscal

1 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324

000 2004 00877 01.

Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01
Demandante: C Y V Consultores Ltda.
Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

ejercía en el Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa
Fe de Bogotá – “FONTEBO”.

SEGUNDO: Se restablezca el derecho de mi representada a continuar como revisor
fiscal del Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe
de Bogotá D.C. “FONTEBO”

TERCERO: Se condene a la Nación – Ministerio de Hacienda – Superintendencia
de la Economía Solidaria al pago de las prestaciones que mi representada ha
dejado de percibir desde que fue removida del cargo que como revisor fiscal estaba
desempeñando en el Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones
de Santa Fe de Bogotá D.C. “FONTEBO”, esto es, 6 de junio de 2003 y hasta la
fecha en que se ordene el restablecimiento del derecho de que trata el numeral
SEGUNDO anterior.

CUARTA: Se condene a la Nación – Ministerio de Hacienda – Superintendencia de
la Economía Solidaria al pago de los perjuicios ocasionados a mi representada por
cuenta del detrimento que sufrió el GOOD WILL del que gozaba la sociedad C Y V
CONSULTORES LIMITADA ente (sic) el sector de economía solidaria, a
consecuencia de la determinación de remoción del cargo de revisoría fiscal,
adoptada sin motivación, mediante el acto administrativo resolución 0348 emitido
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para lo cual se tasaran en el
curso del proceso perjuicios los cuales no solo se ocasionaron en el presente caso
sino también en la Cooperativa de Trabajadores de la Compañía de Tabaco en
liquidación, Cooperativa de Sedeco Ltda. en liquidación, Cooperativa de
Trabajadores de la Caja Popular en liquidación, entre otras.

QUINTA: Se ordene abrir investigación al señor RICARDO LOZANO PARDO en su
calidad de Superintendente de la Economía Solidaria y a la firma CONSULTORIA
Y ALTA GERENCIA LTDA por las irregularidades que, para el nombramiento de
esas sociedades como revisores fiscales, en reemplazo de mi representada, se
presentaron de acuerdo con los hechos y omisiones que más adelante se sustentan
[…].

1.2. Fundamentos de hecho y de derecho2

En el acápite de fundamentos de hecho de la demanda, explicó que el 2 de marzo de
2002, la asamblea ordinaria de delegados del Fondo de Empleados de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá – FONTEBO eligió a la sociedad C Y V Consultores como
revisor fiscal de esa entidad.

2 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324

000 2004 00877 01.
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Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01
Demandante: C Y V Consultores Ltda.
Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

Afirmó que mediante la Resolución 2762 de 6 de noviembre de 2002, la Superintendencia
de la Economía Solidaria tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de FONTEBO
«por cuanto se encontraba incursa en las causales que para tal efecto establecen los
literales c, e y g del artículo 1 de la Resolución 954 de 2002 de la Superintendencia de la
Economía Solidaria».

Acotó que en la misma Resolución 2762 de 2002, la Superintendencia indicó que la
sociedad C Y V Consultores continuaría desempeñando la función de revisor fiscal en
FONTEBO.

Precisó que en la Resolución 0146 de 6 de marzo de 2003, la Superintendencia ratificó a la
precitada sociedad como revisora fiscal de FONTEBO, «entidad a la cual, mediante este
mismo acto administrativo, resolvió intervenir con el objeto de administrarla».

Indicó que, a pesar de la eficiente labor desarrollada en la revisoría fiscal, por Resolución
0348 de 22 de mayo de 2003, aclarada mediante Resolución 0379 de 30 de mayo de
2003, la Superintendencia removió del cargo de revisoría fiscal a la sociedad C Y V
Consultores, «para en su lugar nombrar a una firma que (…) no cumple con los requisitos
exigidos para desempeñar esa función a más de esto la sociedad CONSULTORIA Y ALTA
GERENCIA no tiene experiencia siquiera comparable con la de mi representada».

Sostuvo que:

[…] Durante el lapso de tiempo comprendido entre el 6 de noviembre de 2002 fecha en la
cual la Supereconomiasolidaria (sic) tomó posesión del Fondo de Empleado de la Empresa
de Telecomunicaciones de Bogotá y el 22 de mayo de 2003, fecha en la cual se removió del
cargo de revisor fiscal a mi representada, mediante resolución que no tiene motivación
alguna a pesar de ser suscrita por el mismo Superintendente que había ratificado en el cargo
a la sociedad C Y V CONSULTORES LIMITADA, no hubo comunicación alguna de esa
Superintendencia en la cual se solicitara, requiera o amonestara a mi representada para que
cumpliera con las funciones en ella encargadas.

La discrecionalidad que tiene el Superintendente de la Economía Solidaria para remover de
su cargo a los revisores fiscales designando a otro (…) se encuentra enmarcada dentro de
ciertos parámetros, dentro de los cuales se encuentra que la persona natural o jurídica que
entre en remplazo de otra debe tener por lo menos iguales o mejores aptitudes, experiencia
y capacidad que la que se remueve del cargo (…) la sociedad CONSULTORIA Y ALTA
GERENCIA no cumple con las exigencias propias del cargo establecidas por las autoridades
(…) […].

En el capítulo de fundamento de derecho, invocó como normas infringidas el artículo 18 del
Código Civil porque la Superintendencia «al nombrar como reemplazo de mi representada
a la sociedad CONSULTORIA Y ALTA GERENCIA LTDA y esta al aceptar el cargo (…)
violaron lo preceptuado por las resoluciones 042 y 074 emitidas por la Junta Central de
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Demandante: C Y V Consultores Ltda.
Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

Contadores en uso de las facultades a ellas conferidas mediante la Ley 43 de 1990 y el
Decreto 1510 de 1998».

Aseguró que:

[…] En el artículo 4 de la Ley 43 de 1990 se establece cuáles son las actividades relacionadas
con la ciencia contable en general entre las cuales, de manera expresa, se encuentra la de
revisoría fiscal encontrándose aquí la génesis de la violación de lo allí preceptuado, en virtud
a que la sociedad CONSULTORIA Y ALTA GERENCIA LIMITADA, no ha cumplido lo exigido
por las circulares antes mencionadas […].

Explicó que en la «Circular 042 de 13 de mayo de 1999» se «establece las normas e
inscripción de las sociedades que ejercen funciones propias de la ciencia de la contaduría
pública», la cual no fue observada por la Superintendencia y la sociedad Consultoría y Alta
Gerencia, puesto que, dicha sociedad no estaba inscrita en la Junta Central de
Contadores, requisito para que pudiera ejercer las funciones de revisor fiscal.

Agregó que:

[…] También estimo que el parágrafo del artículo primero de la Resolución 042 de 1992
(sic) de la Junta Central de Contadores fue violado, toda vez que en el mismo se establece
que “los servicios de revisoría fiscal y de auditoria en aquellos aspectos en que se
requieren dictamen de estados financieros en calidad de auditor independiente, es
privativa de contadores públicos, personas naturales, de sociedades de contadores
públicos debidamente constituidas” y en el presente caso la sociedad CONSULTORÍA Y
ALTA GERENCIA LTDA no cumple con este último requisito puesto que no cumple con lo
ordenado por el artículo 4 de la Ley 43 de diciembre 13 de 1990, en la cual se establece
que para que una sociedad de contadores públicos sea tenida por tal, el 80% o más de
los socios deberán tener la calidad de contadores públicos, constituyéndose en otra norma
violada […].

Expuso que el artículo 5 de la Ley 145 de 1990 establece que los contadores públicos
están sometidos a la vigilancia de la Junta Central de Contadores y para que la junta
pueda ejercer dicha vigilancia, las sociedades de contadores públicos deben estar
inscritas.

Señaló que, como la sociedad de Consultoría y Alta Gerencia no cumplía con lo exigido
para ser una sociedad de contadores públicos, tampoco puede ser vigilada por la Junta
Central de Contadores «y por abstracción de materia no puede desempeñar la función de
revisoría fiscal».

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Demandante: C Y V Consultores Ltda.
Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

II. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La demanda fue radicada el 7 de octubre de 2003 en el Consejo de Estado y por
auto de 28 de noviembre de 2003 se declaró la falta de competencia para conocer del
asunto y lo remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Contra la precitada
decisión se interpuso recurso de reposición y por auto de 6 de septiembre de 2004 se
resolvió no reponer3.

2.2. El asunto correspondió por nuevo reparto a la Subsección B, Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que por auto de 14 de abril de 2005 admitió la
demanda interpuesta contra la Superintendencia de la Economía Solidaria 4.

2.3. La apoderada de la Superintendencia de la Economía Solidaria contestó la
demanda en los siguientes términos5:

Alegó que en este asunto existen dos situaciones diferentes, por un lado, la remoción de
la revisoría fiscal de la firma C Y V Consultores y que constituye el motivo de la demanda,
y, por otro, «que no debe ser materia de estudio», el cumplimiento de los requisitos que
según la parte actora no cumplió la sociedad Consultoría y Alta Gerencia.

Aseguró que está probado que la sociedad Consultoría y Alta Gerencia cumplió con las
exigencias de la Resolución 2836 de 2003, incorporada en la Circular 007 de 2004, Circular
Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Formuló como excepción la de caducidad de la acción que fundamentó en que la Resolución
0348 de 22 de mayo de 2003, por la cual se removió del cargo de revisor fiscal a la firma C
Y V Consultores y la Resolución 0379 de 30 de mayo de 2003, fueron notificadas
personalmente y ejecutoriadas el 3 de junio de 2003, pero la demanda fue radicada el 27
de octubre de 2004, es decir que, entre la fecha de notificación de los actos administrativos
y la presentación de la demanda, transcurrieron más de cuatro meses, por lo que operó la
caducidad establecida por el artículo 136 del CCA.

Invocó la excepción genérica «derivadas de hechos que resulten probados en el proceso»
y que deba reconocerse oficiosamente en la sentencia.

3 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324

000 2004 00877 01.
4 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324

000 2004 00877 01.
5 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324

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Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01
Demandante: C Y V Consultores Ltda.
Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

2.4. Por auto de 13 de octubre de 2005 se abrió a pruebas el proceso y por auto de 12 de
abril de 2007 se corrió traslado a las partes para alegaran de conclusión6.

2.5. Por auto de 23 de septiembre de 2010, se ordenó vincular, en calidad de tercero
interesado en el proceso, a la sociedad Consultoría y Alta Gerencia7.

2.6. La Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
rindió informe el 26 de noviembre de 2010, en el que señaló que no fue posible notificar al
representante legal de la sociedad Consultoría y Alta Gerencia8.

2.7. Por lo anterior, en auto de 3 de marzo de 2011, se ordenó oficiar a la Cámara de
Comercio para que allegara el certificado de existencia y representación de la sociedad
Consultoría y Alta Gerencia, los cuales fueron aportados9.

2.8. Por auto de 2 de septiembre de 2011, se remitió el expediente a la Subsección de
Descongestión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
aplicación de lo previsto por el Acuerdo PSAA11 – 8365 de 29 de julio de 2011 emitido por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura10.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en
descongestión, en sentencia proferida el 30 de enero de 2012, resolvió11:

[…] PRIMERO: DECLÁRASE no probada la excepción de caducidad propuesta por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.

SEGUNDO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda conforme la parte expuesta.

TERCERO: Sin lugar a condenar en costas y agencias en derecho a las partes […]

6 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324
000 2004 00877 01.
7 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324

000 2004 00877 01.
8 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324

000 2004 00877 01.
9 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324

000 2004 00877 01.
10 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000

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11 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000

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Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01
Demandante: C Y V Consultores Ltda.
Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

Frente a la excepción de caducidad, explicó que la notificación de la Resolución 0379 de
30 de mayo de 2003 se surtió el 6 de junio de 2003, por lo que el término para interponer
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 7 de octubre de 2003, fecha
en la que se presentó ante la secretaría del Consejo de Estado, por lo que no operó la
caducidad.

Para resolver el fondo del asunto, precisó que revisado el acto demandado «se observa
que se trata de dos asuntos diferentes, de un lado, la remoción (sic) C Y V CONSULTORES
como revisor fiscal y de otro lado la designación de Consultoría y Alta Gerencia como nuevo
revisor fiscal de la entidad intervenida».

En relación con la remoción de C Y V Consultores como revisor fiscal, indicó que
conforme con el numeral 8 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, la Superintendencia de
la Economía Solidaria estaba facultado para remover a los revisores fiscales de las
organizaciones sometidas a su control.

Precisó que el artículo 34 de la Ley 454 de 1998 permitía a la Superintendencia de la
Economía Solidaria utilizar las facultades previstas para el Superintendente Bancario en
lo que resultara aplicable a las entidades sujetas a vigilancia de la Superintendencia de
la Economía Solidaria.

En ese contexto, indicó que el literal b) del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero habilitaba a la Superintendencia de la Economía Solidaria para proferir el acto
de remoción de la firma C Y V Consultores, sin incurrir en violación de ninguna norma de
rango constitucional o legal.

En cuanto a que la sociedad Consultoría y Alta Gerencia no cumplía con los requisitos
legales para ser designada como revisor fiscal de FONTEBO, expuso que la declaratoria
de nulidad de los actos acusados, no implicaba necesariamente que el restablecimiento
del derecho sea que se remueva como revisor fiscal a la sociedad Consultoría y Alta
Gerencia.

Agregó que la Superintendencia no sólo tenía la facultad legal de remover al revisor fiscal
en el momento de la toma posesión, «sino que además define sobre quién recae la nueva
designación, lo que hace innecesaria la comparación entre las calidades de revisor fiscal
removido y el designado para definir por esta jurisdicción si es uno u otro quien debe ocupar
el cargo de revisor fiscal».

Concluyó que:

[…] Atendiendo a que la designación se hizo en uso de las facultades discrecionales de la
Superintendencia de la Economía Solidaria; que las pruebas del demandante están enfiladas
a demostrar la falta de calidades de la sociedad designada, sin que estas tengan injerencia
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Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01
Demandante: C Y V Consultores Ltda.
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en la remoción del actor; y, que la parte actora no sería la legitimada para solicitar la nulidad
del artículo segundo de la Resolución nro. 0345 de 22 de mayo de 2003, ni la Resolución
nro. 0379 de mayo de 2003 mediante los cuales se designó el nuevo revisor fiscal de
FONTEBO, se entiende que no se desvirtuó la legalidad de la decisión proferida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria en lo referente a la remoción de la sociedad C Y
V Consultores como revisor fiscal, y por ende se negarán las pretensiones de la demanda
[…].

IV. RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la precitada
decisión, con fundamento en lo siguiente12:

Precisó que no pretendía discutir las facultades de la Superintendencia de la Economía
Solidaria para remover los órganos de control cuando se presenta un tipo de intervención
«puesto que ellas son claras y expresas en su contenido, pero que de ninguna manera son
óbice para rechazar las pretensiones de la demanda».

Igualmente, aclaró que:

[…] El tribunal en su análisis por demás totalmente errado señala que lo pretendido en el
sumario demandatorio obedece a dos puntos diferentes, siendo uno de ellos el que se
determine que la entidad nombrada en reemplazo de mi poderdante no cumplía los requisitos
y la otra la que se declare la nulidad del acto administrativo y que se restablezca el derecho,
conclusión totalmente fuera de contexto, pues la primera tan solo se señala con el fin de
determinar la LIMITACIÓN AL LIBRE ALBEDRIO QUE TIENEN LAS ENTIDADES
ESTATALES EN SU DISCRECIONALIDAD, pues la misma señala que la persona, natural o
jurídica que reemplazo al depuesto, debe ser de unas mejores condiciones para que opere
tal determinación por parte de la entidad estatal […] (Mayúsculas originales).

Adujo que el a quo y el Consejo de Estado, en caso de confirmar la providencia, dejarían
en total desprotección la profesión de contador público, en ejercicio de la revisoría fiscal,
puesto que, en este caso, las funciones se cumplieron con toda cabalidad y lo que se
estaría indicando es que «el profesional de la contaduría pública no debe, ni puede delatar
a las infractores de las normas técnicas contables o legales (…), pues en caso de cumplir
con sus deberes, se estaría exponiendo a la remoción inmediata por su diligencia y
eficiencia».

Explicó que la resolución de intervención se sustentó en los informes de la revisoría fiscal
de turno, lo que evidenciaba el cumplimiento de las funciones de la parte actora y la
eficiencia de la revisoría fiscal «removida bajo el amparo de la discrecionalidad del

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funcionario estatal, concluyéndose una total arbitrariedad y abuso de autoridad
administrativa».

Mencionó que «2.2. Resolución de intervención. Contenido // Obsérvese igualmente que la
misma no se encuentra debidamente motivada» y seguidamente recalcó que la remoción
«obedeció al libre y arbitrario albedrío del superintendente de turno, el cual recién se
encontraba posesionado y debía cumplir con sus cuotas burocráticas, pues insisto dicha
resolución no estaba debidamente motivada».

Manifestó que la sociedad nombrada en reemplazo de la parte actora, «no tenía el perfil
adecuado para reemplazar a la removida», dado que, la sociedad Consultoría y Alta
Gerencia no estaba inscrita en la Junta Central de Contadores para el ejercicio de la
profesión, tal y como lo exige la Resolución 042 de 1999 de la Junta Central de Contadores,
ni tampoco estaba inscrita en la entidad de supervisión.

Añadió que «la entidad nombrada como reemplazante debe establecer una mejor y mayor
experiencia de la persona tanto jurídica como natural reemplazada, para que opere la
discrecionalidad, sustentada en el libre albedrio del funcionario público, hecho (…) que no
operaba pues tal y como se encuentra demostrado» la sociedad Consultoría y Alta Gerencia
no tenía experiencia en el sector solidario.

Expuso que lo puntos anteriormente señalados «no tienen otro sentido que demostrar que
el libre albedrio, ello es la discrecionalidad, no podría haber operado en este caso, pues se
encuentra demostrado que existen importantes limitantes en dicha decisión».

Sostuvo que:

[…] La remoción de un revisor fiscal se encuentra limitada frente a las circunstancias que
dieron origen a la intervención, manifestación que indica que si, el revisor fiscal no cumplió
con sus deberes a cabalidad debe ser sin lugar a duda removido del cargo, pues lo contrario
indicaría la ratificación en el ejercicio de dicho cargo, hecho que debe aplicarse para el caso
en discusión […].

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de reparto de 7 de
mayo de 2012 a la Sección Primera de la Corporación y por auto del 27 de julio de 2012
se admitió13.

13 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000

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Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01
Demandante: C Y V Consultores Ltda.
Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

5.2. Por auto de 26 de octubre de 2012 se corrió traslado a las partes para que alegaran
de conclusión y que el Ministerio Público emitiera concepto14.

La apoderada de la Superintendencia de la Economía Solidaria, descorrió el traslado en
oportunidad y señaló que la remoción del cargo de revisora fiscal que ejercía la firma C
Y V Consultores en el Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá– FONTEBO, estuvo fundamentada en la facultad prevista en el numeral 23 del
artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y el artículo 116 del Decreto 663 de 1993, dado que la
intervención tiene como consecuencia la separación de los cargos de los administradores
y de la revisoría fiscal que existían al momento de la toma de posesión, puesto que es la
manera de garantizar la efectividad de la medida de intervención.

5.3. Por auto del 4 de agosto de 2014, se ordenó poner en conocimiento a la sociedad
Consultoría y Alta Gerencia la configuración de una nulidad, para lo cual advirtió que, si
en el término concedido no se alegaba, aquella quedaba saneada15.

Lo anterior, dado que, se consideró que la precitada sociedad es un tercero con interés
en las resultas del proceso, puesto que, los actos acusados remueven a la parte
demandante del cargo de revisor fiscal de FONTEBO y, en su lugar, designaron a la
sociedad Consultoría y Alta Gerencia, sin que se evidencie que haya sido notificada de
la demanda.

5.4. Por autos de 2 de abril de 2019 y 23 de septiembre de 2019, se ordenó surtir la
notificación a la sociedad Consultoría y Alta Gerencia de la providencia proferida el 4 de
agosto de 2014.

5.5. Por auto de 8 de septiembre de 2021 se ordenó surtir la aludida notificación a la
dirección electrónica que figura en el certificado de la cámara de comercio de la sociedad
Consultoría y Alta Gerencia 16.

5.6. Por auto de 29 de junio de 2022 se declaró saneada la nulidad advertida en el
proceso17.

14 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000

2324 000 2004 00877 01.
15 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000

2324 000 2004 00877 01.
16 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000

2324 000 2004 00877 01.
17 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000

2324 000 2004 00877 01.
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Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01
Demandante: C Y V Consultores Ltda.
Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia

La Sección Primera es competente para decidir el asunto acorde con lo dispuesto por el
artículo 237 de la Constitución Política, el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo, aplicable según lo establecido por el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011,
y el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019, modificado por el artículo 1 del
Acuerdo 434 de 2024 expedidos por la Sala Plena de la Corporación.

6.2. Los actos administrativos demandados

La parte actora pretende que se declare la nulidad de la Resolución 0348 de 22 de mayo
de 2003, «por la cual se remueve la revisoría fiscal del FONDO DE EMPLEADOS DE LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ EN
LIQUIDACIÓN y se designa la nueva Revisoría Fiscal», expedida por la Superintendencia
de la Economía Solidaría en la que se dispuso:

[…] ARTÍCULO PRIMERO: Remover a la firma C Y V CONSULTORES LTDA con NIT
nro. 8300004867 quien en la actualidad ejerce la revisoría fiscal del FONDO DE
EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE
BOGOTÁ D.C “FONTEBO” (…).

ARTÍCULO SEGUNDO: Designar a la firma AUDITORES & REVISORES FISCALES CIA.
AUDIREF (…) para continuar con la Revisoría Fiscal del FONDO DE EMPLEADOS DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C
“FONTEBO”.

ARTÍCULO TERCERO: La Revisoría Fiscal saliente, deberá hacer entrega formal y
material de los asuntos a su cargo a la revisoría fiscal entrante, sin perjuicio del
cumplimiento de rendir informe de su gestión de conformidad con la ley y de los que deba
presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria.

(…)

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso quedando
agotada la vía gubernativa […]

Igualmente, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución
0379 de 30 de mayo de 2003, «por la cual se modifica la Resolución Número 0348 del 22
de mayo de 2003», en la que se señaló:

[…] ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución Número 0348 del
22 de mayo de 2003 en el sentido de designar a la firma CONSULTORÍA Y ALTA GERENCIA

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Demandante: C Y V Consultores Ltda.
Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

(…) para que continúe con la revisoría fiscal del FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FÉ DE BOGOTÁ D.C “FONTEBO” y no
AUDITORES & REVISORES FISCALES CIA. AUDIREF, como quedó consagrado en el
artículo que se modifica.

ARTÍCULO SEGUNDO: En todo lo demás continúa vigente la Resolución 0348 del 22 de
mayo de 2003 […].

6.3. Análisis de la Sala

La parte actora pretende la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la
Superintendencia de la Economía Solidaria removió a C Y V Consultores del cargo de
revisor fiscal de FONTEBO, y, en su lugar, designó a la sociedad Consultoría y Alta
Gerencia.

Lo anterior, porque, según expuso en la demanda, C Y V Consultores desarrolló con
diligencia las funciones de revisoría fiscal y, en ese sentido, alegó que aunque la
Superintendencia tenía la facultad discrecional de retirarla del cargo, dicha atribución
estaba limitada a que la persona nombrada en reemplazo «debe tener por lo menos
iguales o mejores aptitudes, experiencia y capacidad que la que se remueve del cargo», lo
que no ocurrió, circunstancia que implicaba la vulneración de las normas superiores
invocadas, estas son, el artículo 18 del Código Civil; la Ley 43 de 1990; la Resolución 042
de 1999 y el artículo 5 de la Ley 145 de 1990.

La sentencia de primera instancia negó las pretensiones con fundamento en que la
Superintendencia de la Economía Solidaria, con ocasión de la toma de posesión a
FONTEBO, sí estaba facultada para remover al revisor fiscal, por lo que no se infringió
ninguna norma de rango constitucional o legal. Precisó que la falta de calidades de la
sociedad Consultoría y Alta Gerencia no tenían ninguna injerencia en la remoción de C Y V
Consultores, y, además, que la parte actora no estaba legitimada para perseguir la nulidad
del artículo segundo de la Resolución 0348 de 2003, ni de la Resolución 0379 de 2003,
mediante los cuales se designó un nuevo revisor fiscal.

En el recurso de apelación, la parte actora precisó que no controvertía la competencia de
la Superintendencia de la Economía Solidaria para remover al revisor fiscal de FONTEBO
y que la argumentación que expuso en la demanda frente a la designación de la sociedad
Consultoría y Alta Gerencia tenía como propósito señalar los límites a la discrecionalidad
de las entidades para adoptar la decisión atacada.

En ese sentido, es que la parte actora, en el recurso de apelación, alegó que «la remoción
tan solo y sin lugar a dudas obedeció al libre y arbitrario albedrio del superintendente de
turno»; aseguró que «la remoción de un revisor fiscal se encuentra limitada frente a las
circunstancias que dieron origen a la intervención, manifestación que indica que si el revisor
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fiscal no cumplió con sus deberes a cabalidad debe ser sin lugar a dudas removido del
cargo, pues lo contrario indicaría la ratificación en el ejercicio de dicho cargo» y que «la
entidad nombrada como reemplazante debe establecer una mejor y mayor experiencia de
la persona tanto jurídica como natural reemplazada, para que opere la discrecionalidad,
sustentada en el libre albedrio del funcionario público, hecho (…) que no operaba pues tal
y como se encuentra demostrado» la sociedad Consultoría y Alta Gerencia no tenía
experiencia en el sector solidario.

Atendiendo lo que es motivo de apelación, la Sala advierte que la inconformidad puntual de
la parte actora radica en que la orden de removerlo de la revisoría fiscal, si bien es una
facultad discrecional, fue arbitraria porque C Y V Consultores estaba cumpliendo con las
funciones asignadas de manera diligente, por lo que los actos acusados desconocen las
limitaciones a las decisiones discrecionales de la administración que, para este caso,
radicaban en que, si el revisor fiscal ejecutó sus funciones a cabalidad, no había lugar a
remplazarlo y que «la entidad nombrada como reemplazante debe establecer una mejor y
mayor experiencia».

Con el fin de determinar si la decisión adoptada en los actos acusados fue arbitraria y
desconoció los límites a los que alude la parte actora, la Sala comienza por recordar que
conforme con el artículo 335 de la Constitución Política las actividades financiera, bursátil,
aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de
los recursos de captación, a las cuales se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150
ibidem, son de interés público.

El artículo 3418 de la Ley 454 de 1998 establece que el Presidente de la República
ejercerá por conducto de la Superintendencia de la Economía Solidaria la inspección,
vigilancia y control de las cooperativas y de las organizaciones de la economía solidaria
que determine mediante acto general, que no se encuentren sometidas a la supervisión
especializada del Estado.

Asimismo, el numeral 23 del artículo 36 ibidem señala que son facultades de la
Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro sus objetivos ejercer las
funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las entidades cooperativas
de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito en los
mismos términos, con las mismas facultades y siguiendo los mismos procedimientos que
desarrolla la Superintendencia Bancaria con respecto a los establecimientos de crédito,
incluyendo dentro de ellas, las atribuciones relacionadas con institutos de salvamento y
toma de posesión para administrar o liquidar.

A su turno, los numerales 1 y 2 del artículo 35 ibidem prevén que la Superintendencia de
la Economía Solidaria persigue como objetivos y finalidades, respectivamente, (i) ejercer

18 Modificado por el artículo 98 de la Ley 795 de 2003.

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el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su acción para asegurar
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de las normas contenidas
en sus propios estatutos, y, (ii) proteger los intereses de los asociados de las
organizaciones de economía solidaria, de los terceros y de la comunidad en general.

Luego, la facultad de la Superintendencia de la Economía Solidaria para tomar posesión
de las entidades que están bajo su control, inspección y vigilancia, y, adoptar las
decisiones que conlleva la intervención, tales como la remoción del revisor fiscal, está
justificada en la necesidad de garantizar la confianza en el sector y en el deber de
proteger los derechos de los asociados que podrían estar en riesgo, es decir, en procura
del interés público.

Ahora, la Sala advierte que la Resolución 0348 de 22 de mayo de 2003, «por la cual se
removió la revisoría fiscal de FONTEBO y se designó una nueva», se expidió con
fundamento en las siguientes consideraciones:

[…] Que mediante asamblea general el FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES SE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. “FONTEBO”, eligió a la firma
C Y V CONSULTORES LTDA., (…) para ejercer la revisoría fiscal.

Que en la Resolución nro. 2762 del 6 de noviembre de 2002, mediante la cual se ordena
la toma de posesión en el artículo cuarto de la parte resolutiva se ordena a la firma C Y V
CONSULTORES LTDA (…) continuar con la revisoría fiscal del FONDO DE EMPLEADOS
DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
“FONTEBO”.

Que en la Resolución 0146 del 6 de marzo de 2003, mediante la cual se ordena la toma
de posesión para administrar el FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C “FONTEBO”, en el artículo
segundo de la parte resolutiva se ratifica la firma C Y V CONSULTORES LTDA (…) para
ejercer la revisoría fiscal del FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA D.C. “FONTEBO” EN
LIQUIDACIÓN.

Que el Superintendente de la Economía Solidaria considera necesario remover a la actual
revisora fiscal del FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C “FONTEBO” EN
LIQUIDACIÓN.

Que la Superintendencia designará de los Agentes Especiales Liquidadores, Contralores
y Revisores Fiscales de una lista de candidatos inscritos conforme lo establecido en la
Resolución 2836 del 13 de diciembre de 2003 […]

De lo anterior, se evidencia que, la decisión de remover a la sociedad C Y V Consultores
como revisora fiscal de FONTEBO se adoptó en el marco de la toma de posesión para
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administrar que hizo la Superintendencia de Economía Solidaria sobre dicho fondo de
empleados.

Como lo indicó el tribunal y la parte demandada en la contestación, el artículo 34 de la
Ley 454 de 1998 permitía a la Superintendencia de la Economía Solidaria aplicar las
facultades previstas para el Superintendente Bancario, en lo que fuera procedente
respecto de las entidades sujetas a su vigilancia, así:

[…] Para el efectivo ejercicio de sus funciones, así como de los objetivos de la supervisión,
el control y la vigilancia asignados por la Constitución Política y las leyes, el
Superintendente de la Economía Solidaria contará con las facultades previstas para el
Superintendente Bancario, en lo que resulte aplicable a las entidades sujetas de su
vigilancia. En consecuencia, el régimen de toma de posesión previsto en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero se aplica a las entidades sujetas a la inspección, control
y vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria en lo que resulte pertinente de
conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional […].

De este modo, el literal b) del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
establece:

[…] ARTICULO 116. TOMA DE POSESION PARA LIQUIDAR. <Artículo modificado por el
artículo 22 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:>

La toma de posesión conlleva:
(…)

b) La separación del revisor fiscal, salvo que en razón de las circunstancias que dieron
lugar a la intervención, la Superintendencia decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio
de que posteriormente pueda ser removido por la Superintendencia Bancaria. El
reemplazo del revisor fiscal será designado por el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras. En el caso de liquidación Fogafin podrá encomendar al revisor fiscal el
cumplimiento de las funciones propias del contralor.

(…)

PARAGRAFO. La separación de los administradores y del revisor fiscal por causa de la
toma de posesión, al momento de la misma o posteriormente, da lugar a la terminación
del contrato de trabajo por justa causa y por ello no generará indemnización alguna […].

La precitada disposición, cuya aplicación no controvierte el demandante, facultaba a la
Superintendencia de la Economía Solidara a remover o no al revisor fiscal al momento

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de la intervención, sin perjuicio de que posteriormente a la intervención pueda ser
remplazado, si no lo hizo, tal como ocurrió en el presente caso19.

Frente a la mencionada atribución legal del literal b) del artículo 116 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, resulta pertinente traer a colación lo dicho por la Corte
Constitucional en la sentencia C 031 de 1995 en la que explicó las características de una
facultad o competencia discrecional:

[…] hay facultad o competencia discrecional cuando la autoridad administrativa en
presencia de circunstancias de hecho determinadas es libre (dentro de los límites que fije
la ley) de adoptar una u otra decisión; es decir, cuando su conducta no le está determinada
previamente por la ley. A contrario sensu, hay competencia reglada cuando la ley ha
previsto que frente a determinadas situaciones de hecho el administrador debe tomar las
medidas a él asignadas en forma expresa y sujetarse a las mismas […].

En la misma sentencia C 031 de 1995, la Corte Constitucional diferenció entre un acto
discrecional y una decisión arbitraria de la administración, así:

[…] La discrecionalidad en cabeza de la administración no faculta al funcionario para
imponer sus caprichos ni para incurrir en arbitrariedades: ella estriba en la posibilidad de
apreciar libremente la oportunidad o conveniencia de la acción dentro de los límites fijados
por la ley, uno de los cuales surge del fin que debe presidir toda actividad administrativa,
cual es la prevalencia del interés público. En consecuencia, un fin extraño a él es ilícito y
susceptible de ser anulado y controvertido judicialmente, como se anotó. No debe
confundirse lo arbitrario con lo discrecional. En lo arbitrario se expresa el capricho
individual de quien ejerce el poder sin sujeción a la ley. El poder discrecional por el
contrario, está sometido a normas inviolables como las reglas de derecho preexistentes
en cabeza del órgano o funcionario competente para adoptar la decisión en cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares, a fin de proteger la vida, honra y
bienes de los asociados, así como sus derechos y libertades […].

Conforme con lo expuesto, se concluye que no le asiste razón al recurrente cuando
señala que «la remoción tan solo y sin lugar a dudas obedeció al libre y arbitrario albedrio
del superintendente de turno» y que C Y V Consultores fue «removida bajo el amparo de la
discrecionalidad del funcionario estatal, concluyéndose una total arbitrariedad y abuso de
autoridad administrativa», puesto que, contrario a lo afirmado, la remoción de la revisoría
fiscal tuvo lugar en el marco de la toma de posesión para administrar de la Superintendencia
a FONTEBO y con fundamento en una atribución legal señalada en el literal b) del artículo
116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que le permitía adoptar una u otra

19 En efecto, por Resolución 2762 de 6 de noviembre de 2002, la Superintendencia de Economía Solidaria

tomó posesión de FONTEBO y en la Resolución 0146 del 6 de marzo de 2003 dispuso la toma de posesión
para administrar; posteriormente, esto es, mediante la Resolución 0348 de 22 de mayo de 2003, se removió
a la sociedad C Y V Consultores Ltda., como revisor fiscal de FONTEBO.

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decisión sobre el revisor fiscal de turno, sin que se evidencie que dicha remoción sea
contrario al interés público.

La parte recurrente también asegura que «la remoción de un revisor fiscal se encuentra
limitada frente a las circunstancias que dieron origen a la intervención, manifestación que
indica que, si el revisor fiscal no cumplió con sus deberes a cabalidad de ser sin lugar a
dudas removido del cargo, pues lo contrario indicaría la ratificación en el ejercicio de dicho
cargo, hecho que debe aplicarse para el caso en discusión»

Frente a esta argumentación, debe tenerse en cuenta que el literal b) del artículo 116 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no establece la limitación a la que refiere el
recurrente, en el sentido que, cuando se lleva a cabo la toma de posesión, la remoción
del revisor fiscal depende de la diligencia en el cumplimiento de sus deberes; por el
contrario, lo que se observa es que la precitada disposición faculta a la Superintendencia
para ordenar la remoción del revisor fiscal, sin que dicha habilitación esté supeditada a
alguna otra circunstancia más que al hecho de que tenga lugar la toma de posesión.

En ese escenario, se advierte que la atribución legal de la Superintendencia de la
Economía Solidaria de remover al revisor fiscal se aplicó en las circunstancias de hecho
en las que la ley establece era procedente, esto es, cuando ocurre la toma posesión de
las entidades sometidas a control, y, no se observa que la decisión que aquí se
controvierte, ni el recurrente lo alega, sea contraria al interés público, por lo que no se
evidencia que haya sido arbitraria como lo afirma la parte actora.

En la misma línea, en el recurso de apelación la parte actora argumentó que cumplió de
manera diligente la función de revisoría fiscal; que de confirmarse la sentencia del a quo
se estaría indicando que «el profesional de la contaduría pública no debe, ni puede delatar
a las infractores de las normas técnicas contables o legales (…) pues en caso de cumplir
con sus deberes, se estaría exponiendo a la remoción inmediata por su diligencia y
eficiencia»; que la sociedad que fue nombrada en remplazo no tenía el perfil adecuado
porque no estaba inscrita en la Junta Central de Contadores ni en la entidad de supervisión;
y que «la entidad nombrada como reemplazante debe establecer una mejor y mayor
experiencia de la persona (…) reemplazada, para que opere la discrecionalidad, sustentada
en el libre albedrio del funcionario público, hecho (…) que no operaba pues (…)» la sociedad
Consultoría y Alta Gerencia no tenía experiencia en el sector solidario.

Frente a dichas argumentaciones, la Sala observa que en el recurso de apelación se indicó
que se formulaban con el propósito de «demostrar que el libre albedrio, ello es la
discrecionalidad, no podría haber operado en este caso, pues se encuentra demostrado
que existen importantes limitantes en dicha decisión»; sin embargo, como se explicó en
precedencia, la atribución legal de la Superintendencia para remover el revisor fiscal no fue
limitada por ninguna de las circunstancias a las que alude el recurrente y que se anotaron
en precedencia, sino que dicha habilitación tiene lugar por el hecho de la toma de posesión
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de las entidades vigiladas, presupuesto que en este caso sí se presentó. Por lo tanto, los
reproches anteriormente mencionados no desvirtúan la presunción de legalidad de los
actos acusados.

La Sala confirmará la decisión del a quo, en la medida que, para fundamentar la nulidad
de los actos, tanto la demanda como el recurso de apelación parten de una premisa y es
que, si bien la remoción del revisor fiscal es una facultad discrecional de la
Superintendencia, aquella está limitada, circunstancia que estima no se tuvo en cuenta
en los actos acusados e implicó la vulneración de las normas superiores invocadas, estas
son, el artículo 18 del Código Civil; la Ley 43 de 1990; la Resolución 042 de 1999 y el artículo
5 de la Ley 145 de 1990.

Sin embargo, como quedó explicado, la facultad de la Superintendencia para la remoción
del revisor fiscal no está limitada en las circunstancias señaladas por la parte actora, por lo
que el presupuesto en el que se fundamenta la demanda no se acredita y, por ende,
tampoco el cargo de infracción de norma superior.

Por último, se advierte que, en el recurso de apelación, la parte actora mencionó lo
siguiente:

[…] 2.2. Resolución de intervención, contenido.
Obsérvese igualmente que la misma no se encuentra debidamente motivada tal y como
lo indican la doctrina y la reiterada jurisprudencia de la corte y del mismo consejo de
estado.

A más de lo anterior cabe resaltar que la remoción tan solo y sin lugar a dudas obedeció
al libre y arbitrario del superintendente de turno, el cual recién se encontraba posesionado
y debería cumplir con sus cuotas burocráticas, pues, insisto dicha resolución no estaba
debidamente motivada […] (Subrayas ajenas)

De lo previamente transcrito, se evidencia que, si bien la parte actora alude a una
indebida motivación, aquella la predica de la resolución de intervención, acto que no fue
aquí cuestionado.

Al respecto, se tiene que, por Resolución 2762 de 6 de noviembre de 2002, la
Superintendencia de Economía Solidaria tomó posesión de FONTEBO y en la Resolución
0146 del 6 de marzo de 2003 dispuso la toma de posesión para administrar;
posteriormente, esto es, mediante la Resolución 0348 de 22 de mayo de 2003, se removió
a la sociedad C Y V Consultores como revisor fiscal de FONTEBO, acto que precisamente
aquí se demanda.

Por consiguiente, frente a la afirmación que el demandante hizo en el recurso de
apelación sobre la indebida motivación no hay lugar a hacer pronunciamiento alguno
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pues se refiere a un acto que en este proceso no está siendo controvertido; a lo que se
agrega que, el cargo que fue estudiado por el a quo y respecto del cual ejerció el derecho
de defensa la entidad demandada fue el relacionado con vulneración de norma superior,
que además fue el que expresamente se invocó y sustentó en la demanda en el acápite
de «fundamentos de derecho».

Conforme con lo aquí señalado, la Sala confirmará la sentencia proferida el 30 de enero
de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, en descongestión que negó las pretensiones de la demanda.

6.4. Condena en costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en la
medida en que su conducta sea temeraria porque no les asiste al demandar u oponerse
un fundamento razonable, o existe de su parte una injustificada falta de colaboración en
el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con interés
meramente dilatorio20.

En este caso, la parte demandante, radicó demanda, participó de la práctica de pruebas
y presentó recurso, sin abusar de su derecho a acceder a la administración de justicia.
Por lo tanto, no hay lugar a condenar en costas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de enero de 2012 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en descongestión, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, conforme con lo señalado en la
parte motiva.

TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, devolver el expediente al
tribunal de origen.

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia

de 29 de mayo de 2015. Expediente radicado 13001 2331 000 1994 09976 01. C.P.: Ramiro de Jesús
Pazos Guerrero.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de
diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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