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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2006-00324-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2006-00324-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 2.06.05.-1015 de 14 de octubre de 2005 y 2.6.06.0008 de 13 de enero de 2006, proferidas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DIFERIR la ejecución de la condena de nulidad, por el término de dieciocho (18) meses, conforme a lo expuesto en los párrafos 295 a 309 de la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: COMPULSAR copias de la presente decisión, acompañada del expediente de la referencia, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, con miras a que ejerza sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias durante el plazo dispuesto en el ordinal segundo de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2006-00324-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Acción de nulidad simple
Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Iriqué y otros
Demandado: Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena – Cormacarena
Tema: Debido proceso administrativo. Trámite de otorgamiento de Licencia
Ambiental. Primacía del derecho sustancial sobre el formal. Diagnostico
Ambiental de Alternativas. Verificación del cumplimiento de los requisitos
legales para otorgamiento de licencia ambiental de un relleno sanitario. Se
declara la nulidad de los actos demandados, pero se difiere la ejecución
de la condena de nulidad durante un plazo prudencial.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por la Junta
de Acción Comunal de la Vereda Alto Iriqué y por los ciudadanos José Uriel
Peña Cortes, Luis Alberto Rivera Ramírez, Rodrigo Rivera Vega, Marcos Fidel
Rubiano González, Luis Eduardo Sánchez López y Luz Marina Sánchez de
Cortés, en contra de las Resoluciones 2.06.05.-1015 de 14 de octubre de 20051 y
2.6.06-0008 de 13 de enero de 20062, expedidas por la Corporación Autónoma
para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La parte actora presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad
consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo3, en contra de
la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena - Cormacarena, con miras a obtener las siguientes
declaraciones y condenas:

«[…] 1.1. Que se declare nula la Resolución No. 2.6.05.-1015 expedida el 14
de octubre de 2005 por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”, mediante la cual se otorgó Licencia Ambiental a la

1 «Por medio de la cual se otorga Licencia Ambiental a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de

Granada E.S.P., en el Departamento del Meta para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO RELLENO SANITARIO MUNICIPIO DE GRANADA – META».
2 «Por medio del cual se resuelve un recurso de Reposición presentado por señor ISRAEL OSWALDO

CORTÉS, en contra de lo dispuesto en la Resolución No. 2.6.05-1015 del 14 de octubre de 2005».
3 Folios 267 a 334 cuaderno 2 del Expediente.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA META E.S.P., para el
proyecto denominado “Construcción y Funcionamiento del Relleno Sanitario
del Municipio de Granada – Meta” y se aprobó en todo su contenido el Plan de
Manejo Ambiental presentado.

1.2. Que igualmente se declare nula la Resolución No. 2.6.06.-0008.- expedida
el 13 de enero de 2006 por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA” […]»

I.2. Los hechos

2. En el acápite de supuestos fácticos, la parte actora presentó el siguiente
recuento de los antecedentes del proyecto de relleno sanitario y del procedimiento
de expedición de los actos enjuiciados:

2.1. Informó que, entre el año 1999 y hasta principios del año 2000, el municipio de
Granada y la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESP efectuaron «la
disposición final de residuos sólidos a cielo abierto en el predio denominado “La
Sabana", situado en la Vereda Alto Iriqué, identificado con las Cedulas Catastrales
Nos. 000100040001000 y 000100040185000 y Matrículas Inmobiliarias Nos. 236-
46374 y 236-46375, respectivamente, que actualmente figura a nombre de los
Doctores ALFONSO TOLEDO ZABALA y NOHORA TOLEDO ZABALA».

2.2. Sostuvo que el predio “La Sabana" era un bien baldío que fue adjudicado a los
citados ciudadanos, mediante Resoluciones Nos. 0031 y 0035 de 7 de marzo de
2002 del INCORA.

2.3. Agregó que, mediante Resolución 0016 de 13 de abril de 2000, la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquia -autoridad ambiental competente en esa época-,
«ordenó a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P., la
suspensión inmediata de la disposición de Residuos Sólidos; la prestación del Plan
de Clausura, Recuperación y Manejo Paisajístico del Área; y, el archivo de la
solicitud de la Licencia Ambiental presentada por el Municipio de Granada Meta,
porque con ello se había provocado alteraciones y cambios sobre el recurso suelo,
subsuelo y aire». Dicha decisión no fue objeto de recursos.

2.4. Explicó que, con ocasión de lo anterior, la Empresa de Servicios Públicos de
Granada E.S.P. dispuso los residuos sólidos a cielo abierto, primero en el predio
denominado "El Guadual" en jurisdicción del Municipio de Fuentedeoro, y
posteriormente en la finca "El Paraíso" ubicada en la Vereda Alto Iriqué del
municipio de Granada.

2.5. Informó que, a través de Auto No. G.2.05.089 de 12 de mayo de 2005, la
Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial

3

Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

La Macarena ordenó el cierre del sitio de disposición final ubicado en el predio “El
Paraíso”. La diligencia se llevó a cabo el 18 de mayo de 2005.

2.6. Indicó que el 15 de mayo de 2005, la Empresa de Servicios Públicos de
Granada E.S.P. solicitó una licencia ambiental para la ejecución del proyecto
denominado «Construcción y operación del Relleno Sanitario en el municipio de
Granada, departamento del Meta».

2.7. Con fecha 27 de mayo de 20054 el alcalde de Granada solicitó a Cormacarena
el levantamiento de la medida de cierre del predio El Paraiso, por el término de 75
días, mientras culminaba el trámite de licenciamiento para la construcción del
relleno sanitario, debido a la emergencia sanitaria que podría generar la medida
preventiva. Mediante Resolución 2.6.05.4615 de 3 de junio de 2005, Cormacarena
accedió a dicha solicitud.

2.8. Mencionó que, con fecha 6 de julio de 2005, la Empresa de Servicios Públicos
de Granada aportó un Diagnóstico Ambiental de Alternativas, a pesar de que, desde
antes del 11 de mayo de 2005, había seleccionado el lote en donde finalmente se
desarrollaría el proyecto.

2.9. Adujo que, en el Concepto Técnico No. G-5.05.2016 de 18 de julio de 2005,
Cormacarena evaluó el Diagnóstico Ambiental de Alternativas seleccionando la
alternativa 3.

2.10. Posteriormente, a través del Auto No. G.2.05.153 de 19 de julio de 20057,
Cormacarena ordenó la apertura del trámite de evaluación del licenciamiento, validó
el Concepto Técnico No. G.5.05.201 de 18 de julio de 2005, y entregó los términos
de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

2.11. Agregó que, mediante autos Nos. G.2.05.153 de 19 de julio de 2005 y
G.5.05.200 de 5 de septiembre de 2005, Cormacarena ordenó cancelar las sumas
de $172.700 y de $3.052.000, por concepto de publicación del auto de inicio y por
los servicios de evaluación del proyecto, respectivamente.

2.12. El 29 de agosto de 2005, el municipio de Granada y la Empresa de Servicios
Públicos de Granada E.S.P. iniciaron las obras de construcción del relleno en el
predio "La Sabana". Sin embargo «los operarios informaron a la comunidad vecina,
que se trataba de la construcción de un Jagüey, hecho que dimos por cierto al ver
la presencia de un Buldócer, varias Retroexcavadoras y el brote de agua».

4 Folios 2 a 4 del Expediente Administrativo.
5 Folios 8 a 14 del Expediente Administrativo.
6 Folios 246 a 248 del Cuaderno 2 del Expediente.
7 Folios 50 a 54 del Expediente Administrativo.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

2.13. Señaló que la Empresa de Servicios Públicos de Granada el 30 de agosto de
2005 nuevamente solicitó a Cormacarena extender el plazo otorgado para
suspender la disposición final de residuos en el predio “El Paraíso” debido a los
problemas que afrontaba para legalizar la adquisición del lote del nuevo relleno
sanitario y para presentar los estudios exigidos para obtener la licencia ambiental8.

2.14. Indicó que, con fecha 5 de septiembre de 2005, la Empresa de Servicios
Públicos de Granada presentó el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción
del relleno sanitario del municipio de Granada. En la misma fecha, Cormacarena
expidió el Auto G.2.05.2009, por medio del cual continuó con el trámite de
evaluación de la licencia.

2.15. Adujo que la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de Cormacarena, a
través del Concepto Técnico No. G-5.05.325 de 13 de octubre de 200510, evaluó el
citado Estudio de Impacto Ambiental, concluyendo que el licenciamiento era viable.
Con fundamento en ello, Cormacarena, mediante Resolución 2.6.05-1015 de 14 de
octubre de 200511, otorgó la licencia ambiental a la Empresa de Servicios Públicos
del Municipio de Granada, por un término inicial de diez (10) años.

2.16. Mencionó que la empresa de servicios públicos, en los primeros días de
octubre de dicha anualidad, inició el depósito de residuos sólidos a cielo abierto en
un costado de la obra. Por ello, la «Procuradora 14 Judicial Ambiental Agrario -
Sede Villavicencio, citó a la comunidad afectada para el 4 de Noviembre de 2005 a
la hora de las 9:00 a.m., a una reunión en el Salón de la Casa de la Cultura de
Granada».

2.17. Reseñó que, en esa reunión, la comunidad manifestó su inconformidad con el
proyecto y agregó que el «Coordinador de Gestión Integral de Recursos Hídricos
de Cormacarena - Subsede Granada, informó a la comunidad afectada que las
obras se estaban ejecutando con el aval de Cormacarena, que la licencia ambiental
aún no había sido expedida, y que el día anterior con base en el informe nuestro
había constatado que el Municipio al lado de las obras estaba disponiendo residuos
sólidos a cielo abierto».

2.18. Anotó que la Procuradora 14 Judicial para Asuntos Ambientales y Agrarios
ordenó a la Alcaldía de Granada que cesara la disposición de los residuos sólidos
y citó a los funcionarios competentes a una reunión que se celebraría el 11 de
noviembre de dicha anualidad, con miras a continuar con la discusión y a fin de
examinar el expediente de licenciamiento. Sin embargo, tales funcionarios no
asistieron al encuentro.

8 Folios 63 a 64 del Expediente Administrativo.
9 Folios 66 a 70 del Expediente Administrativo. «Por medio del cual se da continuidad al trámite de licencia

ambiental para la construcción del relleno sanitario del Municipio de Granada y se cobra una visita de
evaluación».
10 Folios 79 a 86 del Expediente Administrativo.
11 Folios 87 a 103 del Expediente Administrativo.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

2.19. Consideró que el 9 de noviembre de 2005 la referida empresa de servicios
públicos canceló los valores exigidos por la autoridad ambiental por la publicación
del auto de inicio del respectivo trámite de licenciamiento ambiental y por los
servicios de evaluación del proyecto.

2.20. Precisó que, a través de derecho de petición, la autoridad ambiental comunicó
al demandante que el 14 de octubre de 2005 otorgó la respectiva licencia ambiental.
Esta nueva comunicación contradecía la información que había suministrado la
autoridad ambiental a la comunidad el 4 de noviembre. Por ello, con fecha 6 de
diciembre de 2005, distintos ciudadanos12, entre ellos, Oswaldo Cortés y Luz
Marina Sánchez presentaron recurso de reposición en contra de la anterior
determinación13.

2.21. Anotó que Cormacarena avocó conocimiento del recurso interpuesto mediante
el Auto G.2.05.263 de 19 de diciembre de 200514 y ordenó la práctica de una visita
al sitio de ubicación del relleno sanitario La Guaratara de Granada y, con sustento
en las visitas realizadas los días 28 y 29 de diciembre de 2005, la citada corporación
autónoma emitió el Concepto Técnico No. G.5.06.00315 de 3 de enero de 2006.

2.22. Finalmente, indicó que, mediante Resolución No. 2.6.06.0008 de 13 de enero
de 200616, Cormacarena decidió no reponer la Resolución No. 2.6.05-1015 de 14
de octubre de 2005.

I.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

3. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que los actos
acusados transgreden el preámbulo, los artículos 2°, 4°, 8°, 29, 65, 79, 80, 95
(numeral 8) y 313 (numeral 9) de la Constitución Política; los artículos 1°, 3°, 31
(numerales 3°, 4° y 9°, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71 y 73 de la Ley 99
de 1993; los artículos 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 34, 35, 36, 37, 73, 77, 178 y 314 del
CNRNRR, los artículos 1°, 8°, 9°, 11 y 116 del Decreto 1713 de 2002; los artículos
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 12 y 24 del Decreto 838 de 2005; los artículos 1°,
3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 12, 13 y 15 a 25 del Decreto 1220 de 2005, el artículo 70 de la
Ley 962 de 2005, las Resoluciones 958 y 1390 de 2005, las Resoluciones 031 y 035
de 2002, los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y el RAS 2000.
Igualmente, invocó la configuración de las causales de nulidad relacionadas con la
expedición irregular de los actos acusados, falsa motivación y desviación de poder.

12 Israel Oswaldo Cortés, Luz Marina Sánchez, Edmundo Castro Escamilla, José Uriel Peña Cortés, Luis Alberto

Rivera Ramírez, Calixto A. Quinterio M., Luis Eduardo Sánchez López, Celia Sánchez Sánchez, Eduardo
Sánchez Muñoz, Edilma Quiroga F., Félix Becerra y Oscar Cardona Dussan.
13 Folios 140 a 172 del Expediente Administrativo.
14 Folios 324 a 327 del Expediente Administrativo.
15 Folios 368 a 378 del Expediente Administrativo.
16 Folios 380 a 435 del Expediente Administrativo.

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

4. Sin embargo, al exponer la carga argumentativa de la demanda, no explicó
expresamente el motivo por el cual los actos acusados conculcaban los artículos
65, 95 (numeral 8) y 313 (numeral 9) de la Constitución Política; los artículos 31, 51,
53, 57 de la Ley 99 de 1993; los artículos 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 34, 35, 36, 37, 73, 77,
178 y 314 del CNRNRR; los artículos 1°, 8°, 9°, 11 y 116 del Decreto 1713 de 2002;
los artículos 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10, 12 y 24 del Decreto 838 de 2005 y los artículos
21 y 25 del Decreto 1220 de 2005. Tampoco mencionó cuáles fueron los motivos
ajenos a la ley que llevaron a una autoridad competente a adoptar una decisión que,
respetando el procedimiento legal, desconociera los fines encomendados por el
ordenamiento jurídico.

5. Efectuada la anterior precisión, la Sala pone de relieve que los cargos
efectivamente sustentados, por razones metodológicas, se resolverán de forma
conjunta, teniendo en cuente la etapa en la que presuntamente ocurrió la
irregularidad sustancial o procesal, así:

I.3.1. Errores de la fase de prefactibilidad

6. La parte actora puso de presente que la autoridad ambiental cometió cuatro
errores medulares al analizar y aprobar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas –
DAA, estos son:

I.3.1.1. Transgredir el derecho a la participación consagrado en los artículos
79 de la Constitución Política, en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, en
los artículos 18 y 19 del Decreto 1220 de 2005 y en los artículos 14 y 15 del
Código Contencioso Administrativo

7.Los demandantes informaron que Cormacarena, durante el trámite de evaluación
del licenciamiento ambiental, omitió garantizar el derecho a la participación de la
comunidad porque no promovió espacios de socialización del proyecto y tampoco
publicó el auto de inicio de esa evaluación. Aunado a ello, los vecinos se enteraron
de forma tardía sobre el desarrollo de la obra, tal y como se indicó en el apartado
de supuestos fácticos, por lo que algunos presentaron un recurso de reposición en
contra de la Resolución 2.06.05.-1015 de 14 de octubre de 2005.

8. Adujeron que la entidad demandada «no involucró en el trámite de licenciamiento
ambiental a la comunidad de Fuentedeoro y a sus autoridades administrativas para
que se hicieran parte del proceso de evaluación ambiental del nuevo relleno
sanitario que afectaría al Caño Cural que abastece su Acueducto», lo que permite
afirmar, según su criterio, que fueron conculcados «los arts. 79 de la Constitución
Política, 69 de la Ley 99 de 1993 y 18-6 y 19 del Decreto 1220 de 2005».

9.Adicionalmente, señalaron que la autoridad ambiental transgredió el artículo 70
de la Ley 99, así como los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo
porque la peticionaria de la licencia consignó el 9 de noviembre de 2005 los valores

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exigidos para la publicación del auto de inicio, fecha en la que el trámite de
evaluación había finalizado.

I.3.1.2. La incompatibilidad entre la alternativa seleccionada y los usos del
suelo establecidos en el PBOT

10. Indicaron que: «el artículo 18 del Decreto 1220 de 2005 exige que el estudio
ambiental en cuestión presente la información sobre la compatibilidad del proyecto
con los usos del suelo establecidos en el Plan Básico de Ordenamiento territorial.
Requisito que no fue cumplido durante la presentación del diagnóstico ambiental ni
el servicio de evaluación del mismo. Solo tres días antes del otorgamiento de la
licencia ambiental fue determinado que el emplazamiento de la alternativa 3
seleccionada no es compatible con el uso del suelo previsto allí, dado que el
proyecto fue seleccionado mediante Acuerdo para estar localizado en otro lugar de
la Vereda Alto Iriqué».

11. Agregaron que el proyecto debía «realizarse en el área indicada en el PBOT del
Municipio, según los artículos 3° y 5° parágrafo 2 del Decreto Reglamentario 838 de
2005, esto es "cerca al Caño Fontibón, y no en el área de la alternativa tres donde
se está construyendo y operando actualmente».

12. Mencionaron que, según lo previsto en los «artículos 120 y 126 del PBOT vigente
del Municipio» los usos principales autorizados en el predio en donde se desarrolla
la obra son «la "conservación de suelos" y "pastoreo semintensivo" y sus
prohibiciones entre otras son las de "disposición de residuos sólidos" e
"industriales"».

13. A su juicio, son falsos los motivos relacionados con que el proyecto se ubica en
un lugar autorizado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Granada
vigente.

I.3.1.3. El Diagnostico Ambiental de Alternativas no fue objetivo

14. Los demandantes alegaron que la Empresa de Servicios Públicos de Granada
ESP seleccionó el predio en donde desarrollaría el proyecto desde antes de
elaborar el DAA y, por eso, no presentó otras opciones que cumplieran
objetivamente con los criterios exigidos para ese tipo de obras, conculcando el
artículo 56 de la Ley 99 y los artículos 17, 18, 19 y 22 del Decreto 1220 de 2005.

15. Afirmaron que: «el Coordinador de Gestión Integral de Recursos Hídricos de
Cormacarena - Subsede Granada, antes del 11 de mayo de 2005, había
seleccionado el lote de terreno correspondiente a la alternativa tres donde a la
postre se construyó el Relleno Sanitario», motivo por el cual cuestionaron la
efectividad de los «Términos de Referencia, del Diagnóstico Ambiental de

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

Alternativas y de la Evaluación del mismo», teniendo en cuenta «la incoherencia e
inviabilidad proyecto en varias de sus alternativas propuestas».

16. En materia procedimental, manifestaron que la Empresa de Servicios Públicos
de Granada E.S.P. no presentó la solicitud exigida para determinar si el proyecto
requería o no de Diagnostico Ambiental de Alternativas - DAA. Además, la autoridad
ambiental no profirió el acto administrativo en el que informaba al peticionario si
requería o no de ese instrumento, a pesar de lo normado en los artículos 17 y 22
del Decreto 1220.

I.3.1.4. El DAA contenía información incompleta de las características
ecosistémicas de las tres alternativas

17. Adujeron que el Diagnostico Ambiental de Alternativas es un instrumento de
planificación ambiental que debe ser elaborado en la etapa de prefactibilidad
siguiendo lo señalado en los artículos 56 de la Ley 99, y en los artículos 18 y 20 del
Decreto 1220 de 2005, y agregaron que, en el caso concreto, «el Diagnostico
Ambiental de Alternativas no contenía en forma específica la localización del
proyecto, el entorno geográfico, ambiental y social de las tres alternativas. Tampoco
el análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad y de
las posibles soluciones, medidas de control y mitigación para cada una de las
alternativas». Adicionalmente, indicaron que: «la ubicación, la construcción y la
operación de la disposición de Residuos Sólidos (…) no era posible en ninguna de
las tres alternativas, puesto que se encuentran ubicadas en el mismo Sector Vereda
Alto Iriqué, al lado y lado del antiguo Camellón Ganadero, dentro de la misma
corriente subterránea de agua y dentro de la misma cadena de lagunas o jagüeyes,
esteros y humedales».

18. Explicaron que el preámbulo y los artículos 4°, 79 y 80 de la Constitución Política
consagran el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de la administración
y de todos los ciudadanos de proteger los recursos naturales, siguiendo los
principios de prevención y de planificación ambiental.

19. Alegaron que: «a la Autoridad Ambiental dentro de su jurisdicción, le asistía el
derecho y deber de procurar diligentemente que las acciones de saneamiento
ambiental y sanitario por parte del Municipio, estén acordes a derecho, sean
diseñadas y planificadas bajo métodos dispuestos por las reglamentaciones (…), y
sobre todo que garanticen el derecho a un ambiente sano y a la participación de
todos los interesados en los procesos de desarrollo municipal».

20. Por las mismas razones, advirtieron que era «innegable el error fáctico de la
evaluación ambiental realizada por CORMACARENA que motivo falsamente la
licencia otorgada al nuevo proyecto de relleno sanitario», teniendo en cuenta que:
«hay una divergencia entre los hechos presentados por el Municipio para la

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

obtención de la licencia, los hechos valorados por la Corporación y las verdaderas
condiciones climáticas, hidrológicas y naturales de los predios».

21. Concretamente, desarrollaron la transgresión de los artículos 5° y 6° del Decreto
838 de 2005 y el cargo de falsa motivación, con sustento en las siguientes
consideraciones:

• Los documentos «técnicos de los estudios ambientales, la evaluación de los
mismos y la licencia consideraron la aptitud de la alternativa 3 en la calificación
porque no "presentaba cercanía a caños" y manantiales». Sin embargo, la zona
en cuestión «corresponde a un área de protección ambiental de recursos
naturales, orientada a la conservación de suelos, restauración de la vegetación
y alta producción de carne y leche, cubiertas con bosques y pastos manejados
y libres de malezas altamente tecnificado», ubicada «A escasos 70.00 metros
desde el Canal Perimetral del proyecto por el costado occidental pasa el Caño
Gualas, el cual en época de invierno se rebosa y nace en las lagunas ubicadas
en la parte superior del proyecto». A lo que se suma que: «Dentro del lote
denominado "La Sabana" se encuentra una laguna, un humedal estacionario y
varias zonas saturadas de agua, donde precisamente nace el Caño Cural»,
debiendo resaltarse que: «El Caño Cural abastece el acueducto municipal de
Fuente de Oro (Meta) con 3,500 usuarios en el casco urbano», y que: «La
alternativa 3 seleccionada está localizada a 900 metros del Caño Iriqué».

Con fundamento en lo expuesto, «CORMACARENA, al errar sobre el objeto
hídrico e hidrológico, desconoce la existencia de cadena de humedales y
esteros veraniegos vulnerando específicamente la disposición especial del
Parágrafo del Artículo 10 del Decreto 1220 de 2005».

• La dirección «de los vientos desde el relleno sanitario con relación al casco
urbano apunta hacía la zona céntrica de la ciudad, esto es, de oriente a
occidente y no como erradamente se dijo en el Diagnostico Ambiental de
Alternativas de "Granada a San Martín" y en el concepto técnico que sirvió de
base para resolver la reposición, "de nororiente a sur occidente"». Ello se
traduce en que: «la alternativa 3 seleccionada presenta unas condiciones de
viento desfavorables que incrementan la posibilidad de los impactos a la salud
pública porque la dirección de los vientos es precisamente hacía el centro de la
ciudad».

• La distancia mínima «con respecto al límite del casco urbano es inferior a
1.000.00 metros, contados desde el Canal Perimetral hasta la Carrera 9 este».
Adicionalmente «Las viviendas más cercanas se localizan a menos de 500.00
metros desde el Canal Perimetral».

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

• Además: «El nivel freático se encuentra a escasos 0.80 metros de profundidad
de la superficie del suelo y en época de pleno invierno a 0.00 metros».

• La localización de la alternativa 3 «contenida en el Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, en el concepto Técnico No. G-5.05.201 del 18 de julio de 2005 y
en el auto No. G.2.05.153 del 19 de los mismos mes y año no concuerda con la
contenida en el Estudio del Impacto Ambiental, en el Concepto Técnico No, G-
5.05.325 del 13 de octubre de 2005 y en la Resolución No. 2.6.05.1015 del 14
de los mismos mes y año»

• Las «deficiencias en el servicio de evaluación de los estudios ambientales que
seleccionaron la alternativa 3 propuesta».

I.3.2. Errores de la fase de prefactibilidad

22. Precisaron que Cormacarena adoptó una decisión de viabilidad ambiental: (i)
sin contar con suficiente información técnica; (ii) sin tener en cuenta la información
que obraba en el mismo expediente administrativo sobre las características
ecosistémicas del sector; (iii) sin verificar las condiciones técnicas del RAS 2000
respecto de la propiedad y los usos del suelo permitidos en el predio “La Sabana”
(iv) sin verificar que el peticionario no construyera las obras hasta que obtuviera la
licencia ambiental; (v) sin verificar el pago oportuno de la evaluación ambiental; y
(vi) sin impartir los lineamientos técnicos necesarios para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental.

23. Sostuvieron que, de conformidad con «el artículo 24 del Decreto 1220 de 2005,
que fue reiterado por el artículo 70 de la Ley 962 de 2005, reglamentado por los
artículos 1, 2, 3 y 4 de la Resolución 958 de 2005 emitida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial», el interesado debió presentar el
Formato Único Nacional de solicitud de Licencia Ambiental.

24. En cuanto a la información relacionada con la propiedad y usos del predio,
afirmaron que «la Administración Municipal, para adquirir el lote, debió cumplir
estrictamente el procedimiento indicado en el artículo 17 del Decreto Reglamentario
855 de 1994, cancelar el precio solamente después del registro de la escritura y con
ello acreditar la propiedad legal, exigida por el RAS 2000». Por las anteriores
razones, consideran que se configuró una «violación a los principios generales del
derecho (…) dando oportunidad a un enriquecimiento ilícito de la Administración o
de terceros por la utilización de un lote que estará afectado por más de quince años
dada la legislación vigente del INCORA, referente a la titulación de predios baldíos
de la Nación».

25. Consideraron que: «esos terrenos hasta el día de hoy figuran a nombre de los
Doctores Alfonso Toledo Zabala y Nohora Toledo Zabala, quienes los adquirieron
por adjudicación del INCORA, con las restricciones indicadas (previamente) (…)».

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26. Agregaron que, contradictoriamente, «la Administración Municipal, al resolver
nuestro derecho de petición, nos informó que el predio había sido adquirido al Señor
Reinel Gaitán Tangarife y la Autoridad Ambiental, al resolver nuestro recurso de
reposición, considero que el lote denominado "La Sabanita" había sido de propiedad
del señor Wilmer Ospina Murillo».

27. Manifestaron que las Resoluciones 031 y 035 de 2002, expedidas por el INCORA
«en sus artículos 6 y 8 impusieron a los propietarios el deber de observar las
disposiciones sobre la conservación de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente, protección de bosques nativos, vegetación protectora y reservas
forestales, la no destinación del predio a explotaciones no aptas al tipo de tierra que
se adjudica, y se les exigió no fraccionar el predio en extensiones inferiores a la
unidad agrícola familiar».

28. Indicaron que: «la obra del nuevo relleno sanitario comienza a ejecutarse por
parte de la Empresa de Servicios Públicos de Granada el día 29 de agosto de 2005,
(a pesar de que) la expedición de la licencia por parte de CORMACARENA fue el
día 14 de octubre de 2005», contraviniendo así lo dispuesto en la Ley 99, en el
artículo 3° del Decreto 1220 de 2005 y en la Resolución 1390 de 2005.

29. Declararon que: «el trámite de licenciamiento ambiental debió preverse con el
Decreto 1220 de 2005, y no con el derogado Decreto 1180 de 2003 a que hace
mención la Resolución» y, sin embargo, la autoridad ambiental aplicó ambas
normas.

30. Señalaron que solo hasta el 9 de noviembre de 2005 la empresa de servicios
públicos consignó el servicio de evaluación, de forma extemporánea, cuando ya
había finalizado ese procedimiento.

31. Aseveraron que: «CORPORINOQUIA había negado y había ordenado el archivo
de la solicitud de licencia ambiental para tal disposición de los residuos sólidos en
el predio denominado "La Sabana", bajo la modalidad de Relleno Sanitario, según
Resolución 0016 del 13 de abril de 2000 (…). El MUNICIPIO DE GRANADA META
y la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA META - ESP, no
interpusieron recurso de reposición ni demandaron la nulidad de ese acto
administrativo, por lo que se encuentra totalmente ejecutoriado».

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

32. El apoderado de Cormacarena se opuso a las pretensiones de la demanda, para
lo cual indicó que los actos acusados habían sido expedidos con el lleno de los
requisitos legales, y con apego a las disposiciones ambientales vigentes, razón por

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

la que la mayoría de las afirmaciones efectuadas en el libelo demandatorio carecían
de sustento fáctico y jurídico17.

33. Precisó que los actos cuestionados cumplieron con los requerimientos y
exigencias legales, obtuvieron la evaluación del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, y respetaron los criterios técnicos diseñados por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el documento “Guía Ambiental para
Rellenos Sanitarios” y los lineamientos establecidos en el Decreto 838 de 2005.

34. Destacó que el desarrollo sostenible de que trata la Ley 99 de 1993 reconoce que
las actividades económicas tienen afectación o impacto ambiental, por lo que se
deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar la sostenibilidad del recurso
a través de los instrumentos de manejo ambiental, como lo establece el artículo 49
de la Ley 99 de 1993 y el Plan de Manejo Ambiental, en concordancia con el Decreto
1220 de 2005.

35. Indicó que, en el presente asunto, Cormacarena había evaluado los estudios
presentados para mitigar los impactos negativos que pudiera tener el relleno
sanitario en el ambiente, así como las medidas de manejo ambiental contempladas
para prevenirlos, mitigarlos, controlarlos y compensarlos. Por ello, la evaluación
contempló los aspectos relacionados con los olores ofensivos, los vectores, el
control de plagas, y la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, entre
otros.

36. Insistió en que el proyecto de Relleno Sanitario que autorizó Cormacarena a
través de los actos demandados, esta soportado en estudios y en visitas técnicas
que demuestran la corrección, mitigación y prevención de los impactos ambientales.

37. Resaltó que los demandantes sostienen que el escrito a través del cual el
peticionario solicitó a la autoridad ambiental su concepto respecto de si era
necesario elaborar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas no obraba en el
expediente administrativo. Sin embargo, era una realidad que otros documentos
demostraban que la Empresa de Servicios Públicos de Granada cumplió con dicho
paso el 15 de mayo de 2005 y, por eso, mediante Oficio No. 5.5.05.022 de 27 de
mayo de 200518, el Coordinador de la Unidad del Recurso Hídrico de Cormacarena
remitió a su gerente los respectivos términos de referencia.

38. Afirmó que los demandantes no acreditaron la ocurrencia de las supuestas
irregularidades que se habrían cometido en el trámite de licenciamiento ambiental
del relleno sanitario de Granada. A manera de ejemplo, señaló que la parte actora
aseguró que el relleno entró en funcionamiento antes de obtener licencia, pero no
existe prueba alguna que respalde tal aseveración.

17 Folios 402 a 416 del Cuaderno 3 del Expediente.
18 Folio 333 del Expediente Administrativo 97-2998. Folio 39 del Expediente Administrativo.

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

39. De otro lado, aseveró que los accionantes están sustentando las supuestas
irregularidades del trámite administrativo de licenciamiento ambiental del relleno
sanitario de Granada en su particular interpretación de las normas. Aseguró que la
parte actora le está dando a los artículos 56 de la Ley 99 de 1993 y 18 del Decreto
1220 de 2005, un alcance que no tienen. Aclaró que estos preceptos no exigen que
el DAA deba contemplar alternativas en sitios distintos del territorio del municipio,
como lo pretenden los actores.

40. Explicó que el «Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental» no
era un requisito exigible durante esta evaluación ambiental, porque la norma que
reglamentó ese formato (Resolución 958 de 15 de julio de 2005) entró a regir el 19
julio de 2005, cuando la evaluación ambiental del caso concreto ya había
comenzado.

41. Respecto del pago de la tarifa por los servicios de evaluación ambiental, puso de
presente que dicho pago sí se había realizado por parte de la Empresa de Servicios
Públicos de Granada, por lo que, en su concepto, pierde sustento la afirmación de
la parte actora.

42. El apoderado judicial de Cormacarena también afirmó que, en lo relativo a la
ausencia de la información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del
suelo establecidos en el PBOT para realizar el Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, a esa autoridad no le corresponde verificar tal aspecto urbanístico.

43. Sin embargo, era necesario recordar que dicha circunstancia se había subsanado
por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Granada al haber allegado el
Certificado de Uso de Suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal de
Granada, que reposa a folio 370 del expediente administrativo.

44. También negó que la autoridad ambiental hubiera desconocido el debido proceso
y la participación ciudadana durante el trámite de licenciamiento. Recalcó que,
durante el procedimiento adelantado, ninguno de los interesados solicitó ante la
corporación autónoma la realización de una audiencia pública ambiental ni hizo uso
de alguno de los instrumentos o mecanismos que otorga la ley para participar en el
proceso.

45. Sin embargo, aseguró que dentro del trámite de licenciamiento se habían dado
procesos de socialización, tanto del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
del municipio de Granada, como del Programa de selección en la fuente de residuos
sólidos y del proyecto del relleno sanitario como solución para la gestión de residuos
en ese municipio, y agregó que, con ese mismo propósito, se habían celebrado
varias reuniones y capacitaciones desde agosto de 2005 y hasta finales de
noviembre de ese mismo año.

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

46. Resaltó que la parte demandante tuvo la oportunidad de controvertir la decisión
del licenciamiento, teniendo en cuenta que presentó recurso de reposición en contra
de la Resolución 2.6.05-1015 de 14 de octubre de 2005.

47. Indicó que, contrario a lo manifestado por la parte actora, cada una de las
alternativas propuestas fue objeto de examen respecto de los aspectos ambientales
y posibles impactos del relleno sanitario. Frente al tema de los cuerpos de agua y
respecto del nivel freático del terreno elegido, resaltó la existencia del Concepto
Técnico G-5.05.325 (Folio 373 del Expediente Administrativo), ratificado por lo
también consignado en el Concepto Técnico G-5.06.003 (folio 672 ibidem).

48. Aseguró que en dichos conceptos se indica, claramente, que de las visitas al
predio se había podido establecer que los cuerpos de agua se encuentran a una
distancia superior a los 1.000 metros con respecto al relleno sanitario. Anotó que
había un par de lagunas a 483 y 462 metros en contra pendiente respecto del
relleno, esto es, aguas arriba de la ubicación del relleno. Respecto de estas aclaró
que se hallaban en predios vecinos y no dentro del predio donde se construiría el
relleno sanitario. Adicionalmente, indicó que tales lagunas no eran de agua potable
ni de abastecimiento para el consumo humano.

49. Explicóque las lagunas estaban intervenidas, toda vez que habían sido
profundizadas con maquinaria para servir de abrevaderos del ganado en época de
verano. También había encontrado que estaban parcialmente deforestadas. Por
todo lo anterior, y teniendo en consideración que se encontraban en contra
pendiente respecto del relleno, no podían ser afectadas por las posibles filtraciones
que se presentaran.

50. En ese sentido, destacó que la prohibición contemplada en el RAS 2000 para la
ubicación de rellenos sanitarios hace referencia a la imposibilidad de ubicarlos a
una distancia menor de 500 metros aguas arriba de un manantial o de un sitio de
abastecimiento de agua potable. Reiteró que el relleno está ubicado aguas abajo a
una distancia de 462 y 482 metros, respectivamente, de unas lagunas que no son
manantiales ni sitios de abastecimiento. En consecuencia, la prohibición no le
resulta aplicable al caso concreto.

51. Afirmó que, de acuerdo con los estudios técnicos considerados durante esa
evaluación ambiental, el nivel freático del lugar en donde está ubicado el proyecto,
se encuentra a dos metros de profundidad, es decir que las obras cumplieron con
los requisitos mínimos previstos para evitar la contaminación de las aguas
subterráneas.

52. Criticó
que los demandantes hicieran alusión constante a la disposición de
residuos sólidos a cielo abierto por parte del municipio de Granada en el año 2000,
como si se tratara del mismo trámite. Y explicó que Corporinoquia fue la autoridad
ambiental en el municipio de Granada, hasta que la Ley 812 de 2003 amplió la

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

jurisdicción de Cormacarena. Por eso, Corporinoquía negó mediante Resolución
0016 de 2000 una licencia ambiental de un proyecto cuyas condiciones técnicas y
ambientales eran totalmente distintas a las del actual relleno sanitario.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

53. La Junta de Acción Comunal Vereda Alto Iriqué y los ciudadanos José Uriel
Peña Cortes, Luis Alberto Rivera Ramírez, Rodrigo Rivera Vega, Marcos Fidel
Rubiano González, Luis Eduardo Sánchez López y Luz Marina Sánchez de
Cortés radicaron la demanda el 2 de octubre de 200619.

54. Mediante auto de 22 de febrero de 200720, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la demanda, negó la solicitud de suspensión
provisional, vinculó como terceros interesados en el proceso al municipio de
Granada y a la Empresa de Servicios Públicos de Granada, y ordenó notificar
personalmente al Procurador Delegado ante el Consejo de Estado.

55. Elapoderado de CORMACARENA contestó oportunamente la demanda 21.
Posteriormente, el despacho sustanciador abrió a pruebas el proceso mediante auto
de 28 de junio de 201022.

56. Finalmente, a través de auto de 26 de febrero de 201623, se corrió traslado a las
partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto.

57. En dicha oportunidad, las partes reiteraron sus argumentos24. Sin embargo, el
apoderado judicial de la parte actora propuso de forma extemporánea nuevos
cargos e insistió en que el expediente administrativo estaba incompleto25.

58. Por su parte, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa guardó
silencio en esta oportunidad.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia
59.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12826 del Código Contencioso
Administrativo - CCA, esta Sala es competente para conocer en única instancia los

19 Folio 334 Cuaderno 2 del Expediente.
20 Folios 338 a 349 Cuaderno 3 del Expediente.
21 Folios. 402 a 416 Cuaderno 3 del Expediente.
22 Folios 475 a 478 Cuaderno 3 del Expediente.
23 Folio 539 Cuaderno 3 del Expediente.
24 Folios 540 a 547 reverso y 554 a 572 Cuaderno 3 del Expediente.
25 Folio 554 a 572.
26 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en de los siguientes procesos

privativamente y en única instancia:

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

procesos de nulidad simple de los actos administrativos expedidos por autoridades
del orden nacional. La citada norma resulta armónica con los artículos 1° del
Acuerdo No. 55 de 5 de agosto de 2003 y del Acuerdo 80 de 201927, disposiciones
que contienen las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. Los actos administrativos demandados

60. Los actos administrativos objeto del litigio son la Resolución 2.06.05.-1015 de
14 de octubre de 2005 «Por medio de la cual se otorga Licencia Ambiental a la
Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Granada E.S.P., en el
Departamento para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO RELLENO SANITARIO MUNICIPIO DE GRANADA – META»
y la Resolución 2.6.06.-0008 de 13 de enero de 2006 «Por medio del cual se
resuelve un recurso de Reposición presentado por señor ISRAEL OSWALDO
CORTÉS, en contra de lo dispuesto en la Resolución No. 2.6.05-1015 del 14 de
octubre de 2005».

61. La parte considerativa de la Resolución 2.06.05.-1015 de 2005 reseña las
actuaciones administrativas que precedieron a la emisión de la decisión, a saber:

[…] Que el 15 de mayo de 2005, se recibió y radicó en las oficinas de esta
Corporación, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Granada
E.S.P., representada legalmente por la señora MONICA GALLEGO
HINCAPIE, solicitud del trámite para el Licenciamiento Ambiental, para el
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
RELLENO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE GRANADA, EN EL
DEPARTAMENTO DEL META.

Que a dicha solicitud se le acompaño copia del proyecto antes mencionado.
(…)

La Oficina Jurídica de CORMACARENA, una vez revisada la información
aportada por el solicitante, consistente en un proyecto con su Estudio de
Alternativas, profirió auto No. G.2.05.153 del 19 de Julio de 2005 perteneciente
al expediente 97-2998, por medio del cual se da inicio al trámite de
licenciamiento ambiental, y se entregan términos de referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

Que dicho Auto fue notificado personalmente al Representante legal de la
Empresa de Servicios Públicos E.S.P. señora Mónica Gallego Hincapié, el
día 26 de julio de 2005.

Que una vez notificado personalmente el correspondiente acto administrativo
al representante legal de la Empresa de Servicios Públicos de Granada

1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades por las autoridades del orden
nacional […]
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan
actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepciones de los de carácter laboral
[…]”:
27 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad

de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

E.S.P., este fue publicado conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley
99 de 1993.

Que de acuerdo a lo anterior el día 05 de septiembre de 2005, se radicó ante
esta oficina, el Estudio de Impacto Ambiental, para su correspondiente
evaluación.

Que mediante Auto No.G.2.05.200 de 05 de septiembre de 2005, se procedió
a cobrar la correspondiente visita de evaluación.

Que de acuerdo a lo anterior, se procedió a llevar a cabo la correspondiente
visita de evaluación con el fin de verificar las condiciones técnicas planteadas
en el proyecto y en el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, de lo cual
se rindió el correspondiente informe técnico, base para decidir sobre el
otorgamiento o no de la correspondiente Licencia Ambiental. […] (negrillas de la
Sala)

62. Con fundamento en lo anterior, Cormacarena resolvió:

[…] ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a la Empresa de Servicios
Públicos de Granada E.S.P. en el Departamento del Meta para el proyecto
denominado “CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GRANADA – META" presentado por la señora
MÓNICA GALLEGO HINCAPIÉ, obrando en su calidad de representante legal de la
Empresa de servicios Públicos de Granada, y aprobar en todo su contenido el Plan
de Manejo Ambiental presentado.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Licencia Ambiental se otorga por un período
inicial de 10 años (…)

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a la Empresa de Servicios Públicos de Granada
Meta E.S.P., Concesión de Aguas por un caudal de 0.05 lt/seg para uso
doméstico, la cual será captado de un aljibe ubicado dentro de las instalaciones
del mismo relleno sanitario, por un término de cinco (5) años.

ARTÍCULO CUARTO: La Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P. deberá
destinar el 1% previsto en el parágrafo único del artículo 43 de la Ley 99 (…) en las
obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la Ronda del
Caño Irique, para lo cual deberá presentar dentro de los sesenta (60) días siguientes
a la notificación del presente acto administrativo, un plan de inversión del 1% antes
descrito, con su correspondiente cronograma de actividades.

ARTICULO QUINTO: El beneficiario deberá contribuir por el uso del recurso hídrico
con la tasa por este concepto establecida por la Corporación (…)

ARTÍCULO SEXTO: La Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P., deberá
hacer los estudios de infiltración para determinar la permeabilidad del terreno y de
esta forma saber la longitud del campo de infiltración para el tratamiento y disposición
en el suelo de las aguas residuales domésticas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: la licencia ambiental para la construcción y operación del
relleno sanitario no incluye el permiso de vertimientos de aguas residuales
industriales, pero si acoge la propuesta de recirculación de los líquidos lixiviados
como sistema de tratamiento de estos líquidos.

ARTÍCULO OCTAVO: La Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.,
deberá presentar a la Corporación los sitios definitivos de localización de los tres

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

pozos de monitoreo para inspeccionar las aguas subterráneas, así como las
especificaciones técnicas para la construcción, en un término máximo de 20 días.
Así mismo, debe hacer un monitoreo físico químico bacteriológico una vez
construidos los pozos de monitoreo pero antes de iniciar la disposición de residuos
sólidos.

ARTÍCULO NOVENO: Previo a la disposición de residuos sólidos dentro del relleno
sanitario, se debe hacer una separación en el sitio para evitar el ingreso de
elementos corto punzantes de metal, vidrio, hueso, madera, plástico que rompan la
geomembrana, para lo cual se deberá acondicionar un sitio de recepción de residuos
sólidos donde se hará la separación de estos elementos así como la recuperación
de otros reciclables que no se separaron en la fuente.

PARÁGRAFO: Por ningún motivo la Empresa de Servicios Públicos de Granada
debe permitir la actividad de los recicladores o recuperadores en las celdas del
relleno sanitario.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Empresa de Servicios Públicos de granada E.S.P., deberá
hacer una caracterización cada seis meses de los pozos de monitoreo, así como de
la corriente de agua superficial más cercana (caño Irique aguas arriba y aguas abajo
del relleno sanitario), para lo cual deberá presentar para aprobación el plan de
monitoreo a la corporación en un término de 30 días, una vez se inicie la operación
del relleno, dicha caracterización deberá ser realizada en un laboratorio acreditado
o en proceso de acreditación ante el IDEAM. Este monitoreo debe hacerse durante
el tiempo que dure en operación el relleno sanitario y cinco años más o antes
dependiendo de los resultados de los monitoreos y a criterio de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Semestralmente se debe hacer un monitoreo de la
calidad del aire, dependiendo de los resultados obtenidos, se debe estudiar la
posibilidad de recuperación de los gases generados o de la instalación de
quemadores en las chimeneas para quemar los gases y controlar los malos olores.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los monitoreos de calidad del agua y aire se
deben hacer en los términos establecidos en el Título II, capítulo II Artículo 11 del
Decreto 838/05.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación realizará seguimiento y control a
la reforestación con 2900 plántulas que se ejecutará en la ronda de canal de agua
lluvias, en la restauración paisajística y la ubicación de cerca viva, en el área de
aislamiento del Relleno Sanitario. Igualmente el mantenimiento de la arborización
deberá ser mínimo durante dos años a partir del momento de la plantación.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Empresa de Servicios Públicos de Granada
E.S.P., deberá presentar informes mensuales durante la construcción del relleno
sanitario y las actividades de educación y socialización, campaña de separación en
la fuente, los programas de reforestación así como también la presentación de
informes semestrales durante la operación del relleno sanitario. Estos informes
deben estar soportados con registro fotográfico, listado de firma de asistencia a las
personas involucradas en cada de una de las actividades e indicar cuantitativa y
cualitativamente los resultados obtenidos con la campaña de separación de residuos
sólidos en la fuente.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Empresa de Servicios Públicos deberá
suministrar a los operarios del relleno sanitario los implementos de seguridad
personal con el fin de evitar infecciones, enfermedades o accidentes de trabajo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Corporación realizará control y vigilancia a las
instalaciones y funcionamiento del relleno sanitario para verificar el cumplimiento de

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

las medidas ambientales, en caso del incumplimiento se impondrán las medias que
correspondan.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La Empresa de Servicios Públicos de Granada
debe informar a la Corporación cualquier modificación a las condiciones con las
cuales se otorga la Licencia Ambiental del proyecto.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Hasta tanto la Empresa de Servicios Públicos de
Granada no haga entrega final de las obras del relleno sanitario a CORMACARENA,
y ésta no se haya pronunciado, no se puede disponer residuos sólidos en este sitio.
La Corporación verificará el funcionamiento hidráulico, la estanqueidad de las celdas
y las conducciones, así como el sistema para la recirculación de los lixiviados, siendo
requisito previo para iniciar las actividades de disposición de residuos sólidos.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: En todo caso la ESPG debe seguir los lineamientos
de la Guía Ambiental de Rellenos Sanitarios del Ministerio del Medio Ambiente. Año
2002.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: La (sic) Empresa de Servicios Públicos de Granada Meta
E.S.P., deberá dar cumplimiento a los requerimientos hechos mediante Auto No.
G.2.05.098 del 13 de mayo de 2005, en un término no mayor a 20 días contados a
partir de la notificación del presente acto administrativo, respecto al Plan de Clausura
y Postclausura del Botadero de Basura ubicado en el Predio el Paraíso, Vereda Alto
Iriqué del Municipio de Granada Meta.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La licencia ambiental sujeta al licenciatario al
cumplimiento de lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental presentado y lo
señalado en la presente resolución.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El beneficiario de la Licencia Ambiental deberá
realizar el proyecto de acuerdo a la información suministrada a CORMACARENA en
el Plan de Manejo Ambiental.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: El otorgamiento de la Licencia Ambiental no
ampara la captura o extracción de especímenes de fauna o flora.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Terminados los diferentes trabajos de campo
relacionado con el proyecto, deberán desaparecer todas las evidencias de los
elementos y materiales sobrantes, de manera que no se altere el paisaje o se
contribuya al deterioro ambiental.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: El beneficiario de la Licencia Ambiental, será
responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los
contratistas a su cargo y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los
efectos causados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: La presente resolución una vez ejecutoriada
constituye en sujeto de derecho y obligaciones al beneficiario de la Licencia
Ambiental.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: En ningún caso se podrá usar, aprovechar o
afectar un recurso natural renovable que no se encuentre contemplado en el Plan de
Manejo Ambiental, o en condiciones diferentes a las establecidas en la presente
resolución.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: El beneficiario de la presente Licencia Ambiental
deberá publicar a su costa, en la Gaceta Oficial de CORMACARENA, el encabezado
y la parte resolutiva de esta providencia con sujeción a la Resolución No. 126 de
2003 emanada de CORMACARENA, para lo cual deberá consignar la suma de

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($381.400), en la cuenta de ahorros […].
[…]
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el
Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse por escrito, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación personal, o a la desfijación del edicto, o la
publicación, según sea el caso ante la Dirección General de la Corporación, de
conformidad con el artículo 51 del código Contencioso Administrativo. […] (Negrillas
de la Sala)

63. En la Resolución 2.6.06.-0008 de 13 de enero de 2006, el director general de
Cormacarena resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor Israel
Oswaldo Cortés en contra de la resolución 2.6.05-1015 de 2005, en los siguientes
términos:

[…] ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la resolución No. 2.6.05-1015 del 14 de
octubre de 2005 a que hace referencia el recurrente en su escrito presentado, en
razón de lo expresado en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Levántese la medida impuesta en el artículo 4 del Auto
No. G.2.05.263 del 19 de diciembre de 2005.

ARTÍCULO TERCERO: La Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.
antes de poner en funcionamiento el Relleno Sanitario, deberá tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:

• Continuar y fortalecer la campaña de selección en la fuente en el municipio con
el fin de garantizar separación de lo orgánico e inorgánico y así disminuir el
volumen a disponer en la celda y evitar al máximo el ingreso a dicha celda de
elementos cortopunzantes como vidrio, metales, huesos, etc. que puedan
poner en riesgo la geomembrana que garantiza la impermeabilización.
• Se deberán ubicar llantas en las paredes laterales internas de la celda de
disposición con el fin de evitar daños en la geomembrana, por disposición
directa, teniendo en cuenta que existen elementos cortopunzantes que pueden
dañarla y dicha colocación de llantas deberá realizarse a medida que aumenta
el nivel de residuos sólidos dentro de la celda de disposición.
• Se deberá realizar el proceso de tratamiento de los lixiviados mediante el
proceso de recirculación, según lo establecido en la resolución No. 2.6.05-1015
artículo séptimo, realizando dicha recirculación desde los tanques
provisionales de almacenamiento hasta la celda de disposición mediante
bombeo, dentro de la cual se manejará un sistema por aspersión que garantice
la evaporación de los lixiviados. En este proceso se realizará también la
aplicación de microorganismos para acelerar el proceso de descomposición de
los residuos sólidos y controlar los malos olores.
• Se deberá colocar un material sintético adecuado para cubrir los residuos
sólidos dispuestos en la celda antes de la construcción de la cubierta definitiva,
con el fin de evitar propagación de malos olores y producción de vectores.
• Se realizará el proceso de fumigación diariamente para controlar las plagas.
• Iniciar la reforestación y ubicación de la cerca viva en el perímetro del lote
donde se construye el relleno sanitario como se estipula en el Estudio de
Impacto Ambiental.

ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a lo anterior, queda en firme y ejecutoriado el
correspondiente acto administrativo objeto del recurso. […]

64. La anterior determinación se soportó en las siguientes consideraciones:

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

[…] 4. En cuanto a los puntos 1.17 a 1.24 tenemos que la Empresa de Servicios
Públicos de Granada Meta ESP realizó el diagnóstico ambiental de
alternativas, de conformidad con los términos entregados por esta
Corporación, en donde se analizaron 3 sitios tal como se menciona en el
concepto técnico número G.5.05.201 del 18 de julio de 2005 visible a folio 342
(…)
De lo anterior concluimos que si se incluyeron 3 sitios ubicados en diferentes
coordenadas geográficas dentro del Municipio de Granada Meta y que el sitio
seleccionado se encuentra contemplado en el PBOT del municipio según
consta en el concepto de uso del suelo visible a folio 370 del expediente.

En cuanto a los humedales y corrientes superficiales de aguas que
manifiesta el recurrente que se encuentra muy cerca al sitio de ubicación del
relleno sanitario, tenemos que según concepto técnico número G.5.06.003
emitido por esta Corporación, de acuerdo a visitas realizadas el día 28 y 29 de
diciembre de 2005, solamente se pudo comprobar que el caño Gualas en
distancia con relación al relleno sanitario se encuentra a 1.132 m y el Caño
Cural Sabanero a 1200 m. en cuanto a los acuíferos o lagunas se pudieron
identificar 8, los cuales se encuentran en un radio menor de 2 km con
relación al relleno sanitario, en donde los dos cuerpos de aguas más
cercanos se encuentran 483 m de la Laguna número 3 y 462 m de la
Laguna número 4, según plano anexo, en contrapendiente al relleno
sanitario. (…)

Manifiesta el recurrente en los puntos 2.2.1.7 al 2.2.1.21 que la Corporación erró
en la decisión tomada mediante la Resolución 2.6.05-1015 teniendo en cuenta
que no hizo una comparación con otros estudios anteriores, no estuvo bien
formulado el diagnóstico ambiental de alternativas, dado que no se tuvo en
cuenta el artículo 56 de la ley 90 y de 19993 y el artículo 18 del decreto 12202
1005, no hubo una plena identificación del sitio seleccionado el cual no
corresponde al seleccionado por el municipio en el PBOT, no se consideraron
los impactos a la salud de los habitantes, hubo una indebida caracterización de
los suelos, los platos y el sistema hídricos, no se tuvieron en cuenta los impactos
directos a las aguas superficiales, caños, humedales y esteros.

A lo anterior es necesario manifestar tal como se aclaró en el acápite de los
hechos de las consideraciones de la Corporación, que la empresa servicios
públicos dentro del trámite de licenciamiento ambiental hizo entrega del
diagnóstico ambiental de alternativas el día 6 de julio de 2005, visible a folio
332 del expediente, estudio en el cual se tuvieron en cuenta 3 alternativas de
cuya ubicación ya hablamos. No obstante, es necesario aclarar que tanto el
artículo 56 de la Ley 99 de 1993 como el artículo 18 del Decreto 1220 de 2005
establecen que puede ser una o varias alternativas y que para el caso que
nos ocupa se presentaron 3 alternativas.

En cuanto a la alternativa 3 seleccionada por esta Corporación tenemos que la
casa más cercana al relleno sanitario se encuentra a una distancia de 1148 m,
tal como consta el concepto técnico número G 5.06.003 y en el plano anexo en
donde se puede determinar que la casa perteneciente a la finca El Paraíso se
encuentra a una distancia de 1.166 m con relación al relleno sanitario. la casa
de la finca la Fortuna se encuentra a una distancia de 2410 m con relación al
relleno sanitario. La casa de la finca del señor Wilson Daza se encuentra a una
distancia de 2954 m con relación al relleno sanitario. en cuanto a la finca que
Quillacinga, la cual tiene 3 casas se tiene que la casa número 1 está ubicada a

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

1240 m con relación al relleno, la casa 2 está ubicada a 1178 m con relación al
rellano y la casa 3 está ubicada a 1148 m con relación al relleno sanitario.

Igualmente, en el mismo concepto se pudo determinar en relación con las
fuentes hídricas que las lagunas o cuerpos de aguas más cercanos al
relleno sanitario son la Laguna 3 ubicada en la finca San Fernando a una
distancia del relleno de 483 metros aguas arriba, es decir contrapendiente,
y la Laguna cuatro y en la finca del señor el rey del Gaitán, a una distancia
de 462 m en contrapendiente del relleno sanitario. En cuanto a la distancia
existente entre el relleno sanitario con respecto al caño Cural y al caño Gualas
se pudo constatar que la distancia existente entre el relleno sanitario y el
caño Gualas es de 1132 m cuyo nacedero está ubicado en la finca
Quillacinga de propiedad del señor Cortés y la distancia del nacedero del
caño fue de 1200 m.

En cuanto a la dirección de los vientos se manifiesta en el mismo concepto
técnico que dichos vientos viene del noroeste y se dirigen hacia el suroeste, sin
embargo, el proyecto contempla un programa de reforestación,
arborización y establecimiento de plantaciones lineales denominadas
cortinas rompe olores en los linderos del lote que permitirá reducir la
velocidad del viento, disminuyendo la dispersión de los olores ofensivos
provenientes de los residuos sólidos.

Igualmente se manifiesta que el casco urbano del municipio de Granada está
a 2240 m es decir a más de 1000 m de distancia con relación al relleno
sanitario por lo cual no hay posibilidad de poner en riesgo la salud pública de
los habitantes del pueblo granadino. (…)

En conclusión se puede determinar que se siguieron todos los preceptos legales
y técnicos para la toma de la decisión por parte de esta corporación y que no
hay posibilidad alguna de que el proyecto ponga en riesgo los recursos
naturales y el medio ambiente por contaminación con lixiviados y malos olores,
toda vez que en la etapa de construcción de las celdas de disposición del relleno
sanitario se tuvo en cuenta lo siguiente: la puesta sobre la celda de una
geomembrana y un geotextil cuya instalación estuvo supervisada por la
corporación, igualmente en la celda se instalaron filtros de tipo francés, con el
fin de abatir el nivel freático y mantenerlo separado del relleno en cualquier
época del año. Igualmente fueron instalados pozos de monitoreo con el fin de
detectar las posibles fugas que se puedan presentar por el mal manejo del
mismo y poder tomar las medidas que sean necesarias. Igualmente los
lixiviados son recogidos del fondo del relleno sanitario y llevados a unos pozos
de donde son recirculados mediante aspersión a las celdas de disposición de
los residuos sólidos, este sistema de manejo de lixiviados fue supervisado para
determinar que las tuberías no tuvieran fugas así como los pozos de inspección
punto en cuanto a la cobertura se utilizará un material sintético que permita
cubrir los residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario, y de esta forma
controlar por olores desagradables y proliferación de vectores. […] (Negrillas de
la Sala)

IV.2. El problema jurídico

65. En el asunto sub examine, la parte actora sostiene que las Resoluciones
2.06.05.-1015 de 2005 y 2.6.06.-0008 de 2006 están viciadas de nulidad por haber
sido expedidas irregularmente, con falsa motivación, y con desconocimiento del

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

preámbulo y de los artículos 2°, 4°, 29, 79 y 80 de la Constitución Política; de los
artículos 1°, 3°, 49, 59, 69 y 70 de la Ley 99 de 1993; de los artículos 3°, 5° y 6° del
Decreto 838 de 2005; de los artículos 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 12, 13 y 15, 17, 18, 19,
20, 22, 23 y 24 del Decreto 1220 de 2005; del artículo 70 de la Ley 962 de 2005; de
las Resoluciones 958 y 1390 de 2005, de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo; del artículo 17 del Decreto 855 de 1994; del RAS 2000
y de las Resoluciones 031 y 035 de 2002.

66. Los reparos formulados por los accionantes cuestionan aspectos sustanciales
y procedimentales de las fases de prefactibilidad y factibilidad del procedimiento de
evaluación de esa licencia ambiental.

67. Respecto de la fase de prefactibilidad, la parte actora puso de presente que
la autoridad ambiental cometió cuatro errores al analizar y aprobar el Diagnóstico
Ambiental de Alternativas – DAA. El primer error consistió en que Cormacarena no
publicó el acto administrativo de apertura de la evaluación ambiental según lo
dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política, en los artículos 69 y 70 de la
Ley 99 de 1993, en los artículos 18 y 19 del Decreto 1220 de 2005 y en los artículos
14 y 15 del Código Contencioso Administrativo, violando así el derecho al debido
proceso de los vecinos del predio, de la comunidad de Fuentedeoro, y de los demás
interesados en las resultas del procedimiento.

68. El segundo error estaba asociado a que la alternativa seleccionada para llevar
a cabo el Estudio de Impacto Ambiental, estaba ubicada en un predio que no fue
identificado en el Acuerdo 039 de 2004 como apto para la construcción de un relleno
sanitario. Por ende, las Resoluciones 2.06.05.-1015 de 2005 y 2.6.06.-0008 de 2006
fueron expedidas de forma irregular, se encuentran falsamente motivados y
transgreden el ordenamiento jurídico superior.

69. El tercer error se relacionaba con que «el Diagnóstico Ambiental de Alternativas
tampoco contiene los reales criterios y metodología específicos para la evaluación
de la localización de las tres alternativas, como son la capacidad, la ocupación
actual del área, la accesibilidad vial, las condiciones del suelo y topografía, la
distancia entre el perímetro urbano respecto del área, la disponibilidad de material
de cobertura, la densidad poblacional en el área, la incidencia en la congestión de
tráfico en la vía principal, la distancia a cuerpos hídricos, la dirección de los vientos,
la geoformas del área respecto al entorno, las restricciones en la disponibilidad del
área, las prohibiciones y las restricciones, indicadas taxativamente en los
artículos 5° y 6° del Decreto Reglamentario 838 de 2005».

70. El cuarto error consistió en que la Empresa de Servicios Públicos de Granada
seleccionó el predio en donde construiría el relleno sanitario desde antes de solicitar
la licencia y de elaborar el DAA. Por eso, no presentó otras opciones que cumplieran
objetivamente con los criterios exigidos para ese tipo de obras.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

71. En cuanto a la fase de factibilidad, la parte actora indicó que Cormacarena
adoptó una decisión de viabilidad ambiental: (i) sin contar con suficiente información
técnica; (ii) sin tener en cuenta la información que obraba en el mismo expediente
administrativo sobre las características ecosistémicas del sector; (iii) sin verificar las
condiciones técnicas del RAS 2000 respecto de la propiedad y los usos del suelo
permitidos en el predio “La Sabana” (iv) sin verificar que el demandante no
construyera las obras hasta que obtuviera la licencia ambiental; (v) sin verificar el
pago oportuno de la evaluación ambiental; y (vi) sin impartir los lineamientos
técnicos necesarios para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

IV.2.1. Cuestión preliminar sobre los asuntos acreditados en el plenario

72. Tal y como se indicó en el apartado III de esta providencia, esta autoridad judicial
abrió la etapa probatoria del proceso mediante auto de 28 de junio de 201028. En
dicha oportunidad, se le solicitó a Cormacarena que aportará los documentos
enunciados en el numeral 5.1.06 de la demanda, esto es, «la fotocopia auténtica del
expediente 1997-2998, correspondiente a la Licencia Ambiental para el Proyecto de
"Construcción y Funcionamiento del Relleno Sanitario del Municipio de Granada
Meta", (…) junto con el DAA, EIA, PMA y demás documentos anexos»29.

73. Mediante memorial de 21 de octubre de 2010, el entonces subdirector de
Gestión y Control Ambiental de Cormacarena aportó en medio digital el expediente
administrativo 97-2998. Dicho CD contenía 4 cuadernos escaneados en un solo
archivo de 839 folios30.

74. El expediente digitalizado comprendía las evaluaciones ambientales de los 4
proyectos que había adelantado el municipio de Granada desde el año de 1997
hasta el año 2010 para la construcción de un relleno sanitario. De los aludidos
proyectos, el primero y el último estaban ubicados en el predio que es objeto del
debate judicial. Los primeros 2 cuadernos recopilan las actuaciones que adelantó
Corporiniquia mientras fue la autoridad ambiental en la jurisdicción del municipio de
Granada, hasta que la Ley 812 de 2003, amplió la jurisdicción de Cormacarena. El
último proyecto fue evaluado por Cormacarena y se denomina: «Relleno Sanitario
La Guaratara». El mismo obtuvo su licenciamiento a través de las resoluciones
demandadas 2.06.05.-1015 de 2005 y 2.6.06.-0008 de 2006.

75.La Sala también resalta que 5 documentos determinantes de esa evaluación
ambiental no obran en el citado expediente administrativo, a pesar de que deberían
hacerlo. Estos son: (i) el Diagnostico Ambiental de Alternativas; (ii) el Estudio de
Impacto Ambiental; (iii) el Plan de Manejo Ambiental; (iv) los anexos de esos

28 Folios 475 a 478 Cuaderno 3 del Expediente.
29 Ver folio 327 del cuaderno 1 y folio 475 del cuaderno 3.
30 El cuaderno 1 inicia en el folio 1 y termina en el folio 113. El cuaderno 2 inicia a folio 114 y finaliza en el folio

247. El cuaderno 3 inicia en el folio 248 hasta el 304. El cuaderno 4 inicia en el folio 305 hasta el 839. Los
cuadernos 1 y 2 en el folio 112 y 247 tienen una constancia de la foliación y del número de páginas, pero no
obra la respectiva constancia de los cuadernos 3 y 4.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
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instrumentos; y (v) el documento de términos de referencia para la elaboración del
EIA.

76. Dado que el expediente administrativo 97-2998 contenía los oficios remisorios
de dichos documentos, pero no el escrito principal o sus anexos, a través de
memorial de 23 de agosto de 2011, el ciudadano Israel Oswaldo Cortes, en calidad
de apoderado judicial de la parte actora, informó al Despacho sustanciador que la
prueba documental solicitada obraba de forma incompleta en el plenario.

77. Con ocasión de lo anterior, mediante auto de 29 de julio de 2014, esta
Corporación judicial requirió nuevamente a la entidad demandada para que
adicionara la prueba. Ese requerimiento fue objeto de contestación mediante
memorial de 25 de septiembre de 2014, en el sentido de allegar (2) medios
magnéticos con la copia del expediente 119-299831. Ambos CDs contenían
información relacionada con el proyecto, pero posterior a la expedición de los actos
acusados (2010-2014).

78. Igualmente, los demandantes en el escrito de alegatos de conclusión de 13 de
abril de 2016 insistieron en que el expediente administrativo estaba incompleto y
allegaron las piezas documentales que consultaron en el archivo de esa entidad
(anexo 2). Sin embargo, tales documentos ya obraban en el CD que Cormacarena
aportó el 21 de octubre de 2010.

79. En este orden de ideas, la Sala pone de presente que el expediente
administrativo 97-2998 no contiene el Diagnostico Ambiental de Alternativas, el
Estudio de Impacto Ambiental, ni el Plan de Manejo Ambiental, o los documentos
anexos que fueron evaluados durante la actuación administrativa que culminó con
la expedición de las Resoluciones 2.06.05.-1015 de 2005 y 2.6.06-0008 de 2006.

80. Este material probatorio constituía la línea base a efectos de verificar si
Cormacarena erró o no cuando confrontó la realidad territorial del lote en donde se
desarrolló el proyecto, con los resultados y las medidas de manejo, control y
corrección de los impactos planteadas en esos estudios.

81. Sin embargo, dado que la documentación aportada por el demandante, junto
con el escrito de alegatos de conclusión, es la misma que Cormacarena allegó en
su primera comunicación, es claro que los documentos obrantes son los únicos que
reposaban en el archivo de Cormacarena, razón por la que resultaba inane efectuar
un nuevo requerimiento sobre el particular a la autoridad ambiental.

82. En consecuencia, como la entidad demandada si aportó los conceptos que
contienen el resumen de aquellas evaluaciones, la Sala resolverá los

31 Folio 532 del cuaderno 3.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
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planteamientos a la luz del postulado de la buena fe, teniendo en cuenta las razones
plasmadas en la parte motiva de las Resoluciones 2.06.05-1015 de 2005 y 2.6.06-
0008 de 2006 y en los conceptos técnicos de la autoridad ambiental que hacen parte
del expediente administrativo 97-2998.

83. Aun así, se pone de relieve que la no satisfacción de las cargas procesales
supone para el sujeto procesal negligente consecuencias desfavorables «inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso»32, de manera que
la Sala pasa a resolver los cargos en el contexto de la anterior premisa.

IV.2.2. La etapa de prefactibilidad de esa evaluación ambiental

84. A efectos de determinar si la autoridad ambiental incurrió en los errores
invocados por el demandante durante la evaluación y aprobación del Diagnóstico
Ambiental de Alternativas - DAA, la Sala estudiará en el presente acápite las normas
superiores que la parte actora citó como transgredidas.

85. Al respecto, sea lo primero recordar que el procedimiento de evaluación de la
licencia ambiental, según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 99, inicia en la
etapa de prefactibilidad con la solicitud que presenta el interesado a la autoridad
ambiental competente para que esta decida si el proyecto requiere o no de un
Diagnostico Ambiental de Alternativas.

86. En los eventos en que la autoridad ambiental considere necesaria la elaboración
de ese instrumento, deberá definir «sus términos de referencia en un plazo no mayor
de 30 días hábiles». A partir de esta información, el interesado presenta un estudio
que contenga todos los requisitos enunciados en el artículo 56 ibidem, es decir: «la
información sobre la localización y características del entorno geográfico, ambiental
y social de las alternativas del proyecto, además de un análisis comparativo de los
efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad y de las posibles soluciones y
medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas».

87. Una vez analizado el respectivo diagnóstico, la autoridad ambiental elegirá la
alternativa o las alternativas que constituirán el fundamento para la elaboración del
estudio de impacto ambiental. Sin embargo, si la información allegada resulta
insuficiente para la toma de decisiones, la autoridad ambiental requerirá al
interesado, por una sola vez, «para que aporte lo que haga falta».

88. Valga anotar que la Corte Constitucional, en la sentencia C-035 de 1999,
declaró la exequibilidad del artículo 56 de la Ley 99, luego de explicar que «el
diagnóstico ambiental de alternativas, que debe elaborar la persona interesada en
la obtención de una licencia ambiental, consiste en la declaración objetiva y
debidamente fundamentada que ésta debe hacer a la autoridad ambiental sobre
32 Corte Constitucional, Sentencias C-1512 de 2000, C-1104 de 2001, C-662 de 2004, C-275 de 2006, C-227

de 2009 y C-279 de 2013, entre otras.

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las diferentes opciones escogidas para el desarrollo de un proyecto o actividad, con
el fin de racionalizar el uso y manejo de los recursos o elementos ambientales
y de prevenir, mitigar, corregir, compensar o reversar los efectos e impactos
negativos que pueda ocasionar la realización de dicho proyecto. (…) (y, por
eso) el referido diagnóstico debe hacerse con base en una información mínima».

89. En la misma providencia el máximo Tribunal Constitucional precisó que: «la
elección de la alternativa que se considera más favorable según la autoridad
ambiental constituye un instrumento adecuado para orientar desde el punto
de vista científico y técnico la elaboración del estudio del impacto ambiental,
que es un elemento de juicio necesario para que la comunidad pueda hacer
uso racional y efectivo de su derecho de participación en el trámite de la
licencia ambiental».

90. La Corte Constitucional igualmente señaló que: «la exigencia del diagnóstico
ambiental de alternativas favorece la eficacia en el pronunciamiento sobre la
petición de licencia, en la medida en que se erige en un instrumento que orienta
y facilita la elaboración del estudio de impacto ambiental, y concierta las
voluntades de la administración y del peticionario de la licencia, en cuanto a la
mejor manera de impedir los efectos desfavorables de la obra o actividad en
el ambiente».

91. En atención a este marco normativo, el artículo 1733 del Decreto 1220 de 200534
(norma reglamentaria aplicable al caso) indicó que el interesado en construir y
operar un proyecto de relleno sanitario debía solicitar a la autoridad ambiental que
se pronunciara sobre la exigibilidad o no del respectivo diagnóstico.

92. En lo que atañe a los componentes de este instrumento, el artículo 18 ibidem,
precisó lo siguiente:

[…] Artículo 18. Contenido básico del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas. El Diagnóstico Ambiental de Alternativas deberá contener:

1. Objetivo y alcance del proyecto, obra o actividad.

2. La descripción del proyecto, obra o actividad.

33 Artículo 17. Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El interesado deberá solicitar
pronunciamiento respecto de sí el proyecto, obra o actividad que se pretende realizar requiere de la presentación
del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en los siguientes casos: (…)
2. Los proyectos, obras o actividades de competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales a que se
refieren los numerales 2, 3 literal a), 7 literal a) y 10, del artículo 9º del presente decreto.
Artículo 9º. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas
mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
10. La construcción y operación de rellenos sanitarios.
34 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
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3. La descripción general de las alternativas de localización del proyecto,
obra o actividad caracterizando ambientalmente el área de interés e
identificando las áreas de manejo especial, así como también las
características del entorno social y económico para cada alternativa
presentada.

4. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del
suelo establecidos en el POT. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Decreto 2201 de 200335, o la norma que lo modifique o sustituya.

5. La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y
efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables para
las diferentes alternativas estudiadas.

6. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para
informarles sobre el proyecto, obra o actividad.

7. Selección y justificación de la mejor alternativa.

8. Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas. […] (negrillas de la Sala)

93. Cabe resaltar que el Decreto 1220 detalló con mayor profundidad los
componentes de ese instrumento y, en materia de ordenamiento territorial, señaló
que las alternativas deberían ser compatibles con los usos del Plan de
Ordenamiento Territorial - POT o del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT,
salvo para los proyectos de utilidad pública e interés social ejecutados por la Nación.

94. Este precepto resulta plenamente armónico con lo dispuesto en el artículo 3°
del Decreto 838 de 2005, norma según la cual los lugares destinados en el POT o
en el PBOT para la construcción de rellenos sanitarios, son suelo de protección y
utilidad pública36. Por su parte, el artículo 4º del Decreto 838 estableció el
procedimiento para la localización y definición de áreas potenciales para la
ubicación de infraestructuras que permitan la provisión del servicio público de aseo
mediante la utilización de la tecnología de relleno sanitario37; procedimiento en el

35 La Sala pone de presente que el Decreto 2201 de 2003 reglamentó el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 en

el sentido de precisar que «los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de utilidad pública
e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados por esta en todo el
territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad contractual, previa la
expedición de la respectiva licencia o del correspondiente instrumento administrativo de manejo y control
ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente».
36 Artículo 3°. Del interés social y utilidad pública. Las áreas potenciales que la entidad territorial seleccione y

determine en los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, PBOT,
o Esquemas de Ordenamiento Territorial, EOT, según sea el caso, como Suelo de Protección-Zonas de Utilidad
Pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión del servicio público de aseo en la actividad
complementaria de disposición final, mediante la utilización de la tecnología de relleno sanitario, hacen parte
de los bienes y servicios de interés común, los cuales prevalecerán sobre el interés particular.
37 Las siguientes son las fases de dicho procedimiento:

1. En primer lugar, es deber de la entidad territorial que, en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos -P.G.I.R.S.-, seleccione y establezca las áreas potenciales para ubicar el relleno sanitario.
2. Posteriormente, la entidad territorial debe realizar visitas técnicas a cada una de las áreas potenciales de
ubicación del relleno sanitario -definidas en el P.G.I.R.S.- y, con base en la información recolectada, suscribirá
un acta de evaluación en la que se especificarán los puntajes asignados a cada una de las áreas
evaluadas. Los criterios de evaluación de tales áreas se encuentran señaladas en el artículo 5.º.

29

Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

que el ente territorial selecciona y evalúa varias áreas potenciales antes de adoptar
la decisión definitiva que consigna en su POT o PBOT.

95. Adicionalmente, el artículo 19 del Decreto 1220, en materia de evaluación del
Diagnostico Ambiental de Alternativas, señaló que: «la autoridad ambiental
competente deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos
en los artículos 13, 16 y 18 del presente decreto, y que presente claramente las
diferentes alternativas del proyecto con un análisis comparativo de los
diferentes impactos ambientales de cada una de ellas, especificando cuáles
de estos no se pueden evitar o mitigar», y la misma norma agregó que: «se debe
revisar y evaluar que la información del diagnóstico sea relevante y suficiente para
la selección de la mejor alternativa del proyecto, y que presente respuestas
fundamentadas a las inquietudes y observaciones de la comunidad».

96. Lo anterior significa que Cormacarena, en el caso concreto, debía verificar el
cumplimiento de los requisitos antes enlistados, así como la obligación de los
interesados de acatar los términos de referencia (artículo 13) y de lograr el objetivo
al que alude el artículo 16 del Decreto 1220, norma del siguiente tenor:

[…] Artículo 16. Objeto del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Tendrá
como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las
diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible
desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones deberán
tener en cuenta el entorno geográfico y sus características ambientales y
sociales, análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o
actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para
cada una de las alternativas.

Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar
la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso
de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos
que puedan generarse. […] (negrillas de la Sala)

97. Significa lo anterior que el diagnostico presentado por el interesado tiene que
caracterizarse por contener una declaración objetiva y debidamente fundamentada
sobre la localización y las circunstancias del entorno geográfico, ambiental y social
de las alternativas del proyecto y, además, debe contener un análisis comparativo
de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, así como de las posibles
soluciones y medidas de control y mitigación. A ello se agrega que tales alternativas
tienen que ser objetivamente viables en tanto el artículo 16 del Decreto 1220 exige
que en esos lugares debe ser «posible desarrollar un proyecto, obra o actividad».

3. De conformidad con dicha acta de evaluación, las áreas potenciales de ubicación del relleno sanitario
proyectado que obtengan un puntaje igual o superior al 60% del puntaje obtenido por el área mejor calificada,
serán incorporadas a la respectiva herramienta de ordenación territorial: P.O.T., P.B.O.T. o E.O.T. Esa
incorporación se hará durante o mediante el proceso de adopción o de revisión, modificación y ajustes de la
herramienta de ordenación territorial correspondiente.
4. Una vez concluido dicho trámite, le corresponde a la persona prestadora del servicio público de
aseo en la actividad complementaria de disposición final, iniciar el proceso de licenciamiento ambiental.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

98.Tal análisis debe acatar el procedimiento reglado por el artículo 22 del Decreto
1220 de 2005, precepto que es del siguiente tenor:

[…] Artículo 22. De la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. En
los casos en que se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad o no de
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, se surtirá el siguiente procedimiento:

1. El interesado en obtener licencia ambiental deberá formular petición por
escrito dirigida a la autoridad ambiental competente, en la cual solicitará que se
determine si el proyecto, obra o actividad requiere o no de la elaboración y
presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas.

2. Dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud, la
autoridad ambiental mediante acto administrativo se pronunciará sobre si el
proyecto requiere o no de la presentación de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas. En el evento de no requerirse, expedirá los términos de referencia
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, cuando estos no hayan
sido previamente establecidos para el sector. En este caso se continuará con el
procedimiento señalado en el artículo 23 de este decreto.

3. En caso de que se requiera la presentación de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, y dentro del mismo término antes señalado, la autoridad ambiental
expedirá los términos de referencia para su elaboración, cuando estos no hayan
sido previamente establecidos para el sector.

4. Presentado el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, la autoridad
ambiental competente expedirá en un término de diez (10) días hábiles
siguientes a la radicación del mismo, el acto de iniciación de trámite, que
se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de
1993, y procederá a la evaluación del mismo.

5. La autoridad ambiental competente, en un plazo de treinta (30) días
hábiles, contados a partir de la expedición del auto de iniciación de
trámite, elegirá la alternativa o las alternativas sobre las cuales debe
elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y fijará los
términos de referencia para la elaboración del mismo. […]

99. En este contexto normativo, la Sala de Decisión pasa a evaluar si: (i)
Cormacarena publicó el acto administrativo de apertura de la evaluación ambiental;
(ii) si la alternativa seleccionada era compatible con los usos del suelo establecidos
en el PBOT de Granada vigente para ese momento; (iii) si el Diagnóstico Ambiental
de Alternativas fue o no objetivo; y (iv) si el Diagnóstico Ambiental de Alternativas
contenía información completa de las características ecosistémicas de las tres
alternativas.

IV.2.2.1. De la publicación del auto de apertura del procedimiento de
evaluación ambiental

100. En su primer reparo, la parte actora consideró que Cormacarena desconoció
los derechos a la participación en asuntos ambientales y al debido proceso de los

31

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

vecinos del predio en donde se construyó ese relleno sanitario, y de los residentes
de la vereda del Alto Iriqué y del municipio de Fuente de Oro porque no publicó el
auto de inicio del trámite ambiental, ni promovió espacios de socialización, a pesar
de lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política, en los artículos 69 y 70
de la Ley 99 de 1993, en los artículos 18 y 19 del Decreto 1220 de 2005, y en los
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo.

101. A efectos de resolver el mencionado cargo, lo primero es resaltar que el
derecho de las personas a participar en la toma de decisiones relacionadas con el
goce de un ambiente sano tiene un origen constitucional (art. 79 superior) y, por
eso, todas las autoridades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental – SINA
están llamadas a promover dicha participación al interior de sus procesos
evaluativos, de conformidad con los artículos 1º (numerales 1 y 12º) y 2º de la Ley
99 de 199338.

102. La misma Corte Constitucional ha reconocido que la licencia ambiental es el
resultado del agotamiento de un proceso complejo en el que la «Ley 99/93 (arts.
69, 70, 71, 72 y 74), acorde con los arts. 1, 2 y 79 de la Constitución, ha regulado
los modos de participación ciudadana (…), con el fin de que los ciudadanos puedan
apreciar y ponderar anticipadamente las consecuencias de naturaleza
ambiental que se puedan derivar de la obtención de una licencia
ambiental»39.

103. En armonía con lo anteriormente expuesto, el artículo 69 de la ley 99 prevé lo
siguiente:

[…] ARTÍCULO 69. Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos
Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica o privada,
sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las
actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o
cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por
el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. […]

104. Adicionalmente, y con miras a promover la materialización de la precitada
garantía, el artículo 70 de la Ley 99 señaló que el auto de inicio de las actuaciones
administrativas ambientales debe surtir el siguiente trámite de publicidad:

[…] ARTÍCULO 70. Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como

38 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
39 Sentencia C-035/99

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente
identificación y dirección domiciliaria.

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite […] (negrillas
de la Sala)

105. A su vez, los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo señalan
lo siguiente:

[…] ARTICULO 14. CITACION DE TERCEROS. Cuando de la misma petición
o de los registros que lleve la autoridad, resulte que hay terceros determinados
que pueden estar directamente interesados en las resultas de la decisión, se
les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La
citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro
medio más eficaz.
En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del peticionario
y el objeto de la petición.
Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o
demorada, se hará la publicación de que trata el artículo siguiente.

ARTICULO 15. PUBLICIDAD. Cuando de la misma petición aparezca que
terceros no determinados pueden estar directamente interesados o resultar
afectados con la decisión, el texto o un extracto de aquélla que permita
identificar su objeto, se insertará en la publicación que para el efecto tuviere
la entidad, o en un periódico de amplia circulación nacional o local, según
el caso. […] (negrillas de la Sala)

106. En cuanto al momento en que debe publicarse el acto de inicio, el artículo 22
del Decreto 1220 de 2005, explica que esto depende si el proyecto requiere o no de
Diagnostico Ambiental de Alternativas. En el evento en que si sea procedente el
DAA esa publicación se hace así:

[…] 4. Presentado el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, la autoridad
ambiental competente expedirá en un término de diez (10) días hábiles
siguientes a la radicación del mismo, el acto de iniciación de trámite, que
se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de
1993, y procederá a la evaluación del mismo.

5. La autoridad ambiental competente, en un plazo de treinta (30) días
hábiles, contados a partir de la expedición del auto de iniciación de
trámite, elegirá la alternativa o las alternativas sobre las cuales debe
elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y fijará los
términos de referencia para la elaboración del mismo. […]

107. Significa lo anterior que la autoridad ambiental que desconoce las pautas
fijadas en el artículo 70 de la Ley 99 y en el artículo 22 del Decreto 1220 de 2005
consecuentemente quebranta el derecho a la participación ciudadana en esa
actuación administrativa.

108. Es más, cuando se trata de proyectos que deben agotar la fase de

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
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prefactibilidad consistente en la presentación de un Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, el numeral 6° de artículo 18 del Decreto 1220 de 2005 también exige
que el interesado identifique «las comunidades y los mecanismos utilizados para
informarles sobre el proyecto, obra o actividad» (ver párrafo 102), en consideración
a su deber de colaboración.

109. Todo lo dicho quiere decir que la Empresa de Servicios Públicos de Granada
E.S.P. debía indicar, como mínimo, en el Diagnostico Ambiental de Alternativas
quienes eran los miembros de la comunidad interesados en el proyecto, para que
la autoridad ambiental citará a los terceros determinados e indeterminados.

110. El cumplimiento de esta obligación era independiente al hecho consistente en
que no existiera presencia de grupos étnicos en el lugar en donde se desarrollaría
el proyecto, en los términos del artículo 1440 del Decreto 1220 de 2005, pues ese
mismo estatuto contempló un requisito de publicidad específico para todos aquellos
proyectos que requieren de Diagnostico Ambiental de Alternativas.

111. Frente a este tipo de exigencias, esta Sección, en el medio de control de nulidad
resuelto a través de la sentencia de 27 de enero de 202241, recordó que los mismos
son «de obligatorio cumplimiento, en tanto permiten materializar el derecho de las
personas a participar en las decisiones ambientales que puedan afectarlas.
Propósito encomendado principalmente a las corporaciones autónomas regionales,
al tener la responsabilidad de “[p]romover y desarrollar la participación comunitaria
en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de
manejo adecuado de los recursos naturales renovables”42».

112. Para la Sección Primera de esta Corporación judicial «el trasfondo
constitucional de la participación no solo comporta una mera comunicación, sino
que abarca estrategias publicitarias tendientes a permitir la vinculación directa de
los posibles afectados con la decisión y, por ende, otorgarle validez a la actuación
administrativa. La participación43, en esas condiciones “actúa entonces, como un
mecanismo para el manejo del conflicto, lo cual permite mantener la estabilidad del
tejido social, siempre y cuando tengamos claros los alcances, límites, objetivos,
estrategias y alcance de la misma”44».

113. Ahora bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala, a través del Auto No.

40 “Artículo 14. Participación de las comunidades. En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades indígenas
y negras tradicionales, y al Decreto 1320 de 1998 o al que lo sustituya o modifique”.
41 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA, Consejero

Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, medio de control del nulidad, radicación: 11001-0324-
000-2011-00216-00 y demandante: Corporación Autónoma Regional Rionegro – CORNARE.
42 Artículo 31, numeral 3.
43 ARRIETA QUESADA, Lilliana, “Principio de información y participación de la sociedad civil en materia

ambiental. Restos de gobernabilidad: el caso de Costa Rica”, en Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente,
tomo IV, Bogotá D. C., Universidad Externado de Colombia, 2003, pp. 53-71.
44 https://huespedes.cica.es/gimadus/05/colombia.htm MACÍAS G., Luis Fernando. “Aspectos jurídicos de la

participación ciudadana en la gestión ambiental en Colombia”. 2000:4.

34

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

G.2.05.153 de 19 de julio de 200545, Cormacarena resolvió lo siguiente:

[…] ARTICULO PRIMERO: con sujeción al numeral 4 del artículo 22 del
Decreto 1220 de 2005, iniciar el correspondiente trámite administrativo
para el proceso de Licenciamiento Ambiental para la Construcción y
Operación del Relleno Sanitario del Municipio de Granada, solicitado por la
Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Granada E. S. P.

ARTICULO SEGUNDO: Acéptese en todo su contenido el Concepto
Técnico No. G.5.05.201del 18 de Julio de 2005, emanado de la Subdirección
de Gestión y Control Ambiental, y apruébese la alternativa tercera planteada
en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por la Empresa de
servicios Públicos del municipio de Granada Meta. (…)

ARTICULO CUARTO: La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de
Granada E. S. P, por intermedio de su Alcalde y Representante Legal señora
MONICA GALLEGO HINCAPIE, o por quien haga sus veces, deberá publicar
a su costa, en la gaceta oficial de CORMACARENA, el encabezado y la
parte dispositiva del presente auto, con sujeción a la Resolución No. 126
del 2003 emanada de CORMACARENA, para lo cual deberá consignar la
suma de CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE
($172.700), en la cuenta de ahorro No. 36417398338 de Bancolombia y
deberá allegar dentro de los diez (10) siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, original de la consignación, con destino a la subdirección
Administrativa y Financiera y al Expediente No.97.2998. […]46 (negrillas de la
Sala)

114. Lacitada autoridad ambiental en primer lugar desconoció que, según el
procedimiento que regula la etapa de prefactibilidad, debían transcurrir «treinta (30)
días hábiles, contados a partir de la expedición del auto de iniciación de trámite», para que
pudiera elegir «la alternativa o las alternativas sobre las cuales debe elaborarse el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental».

115. Tal periodo materializa el efecto útil de las normas ambientales, pues no tendría
sentido que la comunidad interesada careciera de un plazo prudencial para
oponerse o coadyuvar este tipo de iniciativas antes de que Cormacarena definiera
la alternativa seleccionada.

116. En segundo lugar, la Sala de Decisión pone de presente que no existe prueba
de la oportuna publicación del auto de apertura en la etapa subsiguiente de
factibilidad, porque la respectiva gaceta no obra en el expediente administrativo
97-2998.

117. Lo que si se demostró es que el interesado canceló el costo exigido para
realizar esa publicación el 9 de noviembre de 2005, cuando tal publicidad carecía
de objeto en la medida en que la autoridad ambiental ya había otorgado la licencia

45 «Por medio del cual se da inicio al respectivo trámite de licenciamiento Ambiental, para la construcción y

operación de un Relleno Sanitario para el Municipio de Granada, en el departamento del Meta, y se entregan
términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental». Folio 50 a 54 del Expediente Administrativo.
46 Folio 363 Expediente administrativo 1.

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ambiental mediante Resolución 2.06.05.-1015 de 14 de octubre de 2005, como se
observa a continuación:

[…]47

118. La misma autoridad ambiental reconoció la existencia de ese pago
extemporáneo en la Resolución 2.6.06.-0008 de 13 de enero de 2006, al momento
de resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor Israel Oswaldo Cortés
en contra de la resolución 2.6.05-1015 de 2005 y, sin embargo, erróneamente
concluyó que el deber de publicación estaba acreditado, aun cuando la única
prueba capaz de corroborar esa premisa es la gaceta respectiva que ni si quiera
obra48.

119. El único documento objeto de publicación, a la luz de las pruebas, fue la
Resolución demandada 2.06.05.-1015 de 14 de octubre de 2005, en la gaceta de
enero de 200649, pero no el respectivo auto que dio inicio a la misma.

120. Tampoco en el acervo se acreditó que el peticionario hubiese realizado la
«identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles
sobre el proyecto, obra o actividad» en su documento de Diagnostico Ambiental de
Alternativas, como lo exigen expresamente los artículos 18 y 19 del Decreto 1220
de 2005.

121. Esto es mucho más grave si se tiene en cuenta que, en el segundo tomo del
expediente administrativo 97-2998, se encuentra el oficio de 4 de febrero 2000, a
través del cual los vecinos del predio en donde se ubica la alternativa 3, advirtieron
a la autoridad ambiental competente de la época que no estaban de acuerdo con
construir un relleno sanitario en dicho territorio por el impacto que ocasionaría esa
actividad en el recurso hídrico.

47
CD a folio 492 del expediente judicial. Página 447. (con foliatura a mano 427).
48 Folio 243 Expediente Administrativo Anexo. El acto administrativo en comento, señala lo siguiente: […]
Igualmente, a folio 427 encontramos la constancia del pago de la publicación. La cual se realiza de manera
periódica en la gaceta oficial de Cormacarena de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 1993,
entendiéndose de esta manera surtida la misma.
49 Folio 144 Expediente administrativo 1.

36

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122. Sin embargo, tampoco se demostró que Cormacarena haya citado a los
particulares que suscribieron ese memorial, a saber:

[…]50

123. Con base en lo expuesto, y atendiendo los aspectos que se debaten a través
del presente medio de control, la Sala concluye que los vecinos de la obra eran
terceros determinables en el caso que nos ocupa, y que todos los residentes del
municipio de Granada y de los municipios aledaños, podían resultar afectados con
la decisión administrativa que se iba a emitir. Sin embargo, Cormacarena omitió
publicar el auto de inicio del procedimiento administrativo que iba a comenzar,
desconociendo así la posibilidad de controvertir e intervenir en la discusión de
asuntos socio-ambientales de las referidas personas.

124. Por ende, es clara la transgresión del artículo 79 de la Constitución Política, de
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, del artículo 18 del Decreto 1220 de 2005
y de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo.

125. La Sala pone de relieve que el mismo apoderado judicial de Cormacarena en
el escrito a través del cual contestó la demanda incoada, implícitamente reconoce
la omisión que se viene poniendo de presente, cuando señala lo siguiente:

[…] cabe resaltar que durante el trámite de la licencia ambiental del relleno
sanitario o posteriormente, los demandantes no solicitaron a la Corporación la
realización de ninguna audiencia pública ambiental, como tampoco utilizaron
otros mecanismos o instrumentos que les otorga la ley, para el ejercicio de
participar y dar sus opiniones u objeciones. Lo cual no fue porque no estuvieran
enterados, de tal manera que incluso interpusieron recurso de reposición contra
la licencia ambiental donde expresaron todos los reparos que tuvieron a bien
plantear contra el relleno sanitario, los que fueron efectivamente evaluados y
resueltos mediante acto administrativo debidamente motivado. Por tanto,
cualquier situación de irregularidad por la no publicación del auto de
iniciación de trámites, quedó saneada por conducto de los mismos
actores quienes enterados ejercitaron efectivamente su derecho a
interponer los recursos que consideraron procedentes contra la licencia
ambiental. […] (negrillas y subrayado de la Sala)

50
CD a folio 492 del expediente judicial. Página 56.

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126. Frente a estos argumentos, la Sala recuerda que las formas previstas por el
legislador para garantizar la participación comunitaria en esta actuación
administrativa, son de orden público y no son desistibles o transables.

127. Además, el apoderado recae en una falacia argumentativa cuando sostiene que
el recurso interpuesto por una persona en contra de la Resolución 2.06.05.-1015,
significa que la autoridad ambiental no desconoció el artículo 70 de la Ley 99. Su
premisa olvida que el derecho colectivo a la participación no puede recaer en un
sujeto determinado. Ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico confirió al
señor Israel Oswaldo Cortés la capacidad para representar a toda la comunidad
interesada, este ciudadano únicamente vela por sus intereses particulares, y por
eso, si bien pudo participar en este trámite, eso no inhibe el hecho de que la
autoridad ambiental haya transgredido el derecho de audiencia y defensa de los
demás miembros de la comunidad.

128. Finalmente, y en cuanto a la afirmación consistente en que la comunidad no
solicitó el desarrollo de una audiencia pública, lo cierto es que la parte actora no
desarrolló ninguna carga argumentativa asociada a que los actos acusados
transgredieran el artículo 72 de la Ley 99 de 1993. Es decir que tal asunto excede
el juicio de legalidad de la presente controversia, más aún porque ese precepto
consagra que los únicos legitimados para el desarrollo de esa instancia son: «el
Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales, el
Defensor del Pueblo, el Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades
ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o
tres (3) entidades sin ánimo de lucro».

129. Por ende, la Sala considera que efectivamente se produjo la transgresión del
artículo 79 de la Constitución Política, de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993,
del artículo 18 del Decreto 1220 de 2005 y de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.

IV.2.2.2. La compatibilidad entre la alternativa seleccionada y los usos del
suelo establecidos en el PBOT

130. Como ya se mencionó el expediente administrativo 97-2998 no contiene el
documento contentivo del «Diagnóstico Ambiental de Alternativas Relleno Sanitario,
Municipio de Granada Meta». En el folio 344 ibidem reposa exclusivamente el
documento de 5 de julio de 2005, suscrito por el gerente de la ESP y dirigido a
Cormacarena, a través del cual remite dicho estudio, sin que la copia del documento
y sus archivos anexos hagan parte del registro de Cormacarena.

131. Sin embargo, en el folio 345, si reposa el oficio No. 5.5.05.022 de 27 de mayo
de 2005, suscrito por el Coordinador de Recurso Hídrico de Cormacarena y dirigido
a la empresa de servicios públicos, a través del cual hizo entrega de los términos

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de referencia para la elaboración del referido DAA, junto con los respectivos
términos.

132. El documento de términos hizo énfasis en que el Diagnostico debía contener un
mapa del uso y de la cobertura del suelo, así como la información sobre la
compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT, según
lo ordenado en el siguiente apartado:

[…] 8.2 INFORMACIÓN TEMÁTICA
A continuación se resumen en un diagrama los mapas definidos para agrupar
información temática (…)
MAPA TEMÁTICO ASPECTOS A ESTUDIAR
USO Y COBERTURA DEL SUELO (…)

SOCIAL (CULTURAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO): densidad de población,
actividades productivas, tenencia de la tierra, potencial arqueológico,
conflictos sociales, composición étnica y cultural. Sociedades negras e
indígenas (…)

(…) 9. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
Sobre el mapa síntesis se ubicarán las diferentes alternativas de localización,
siguiendo algún tipo de criterio el cual debe explicarse. (…)

Lo anterior concordante con lo establecido en el Decreto 1220 de licencias
ambientales artículo 18, contenido básico del diagnóstico ambiental de
alternativas el diagnóstico ambiental de alternativas deberá contener: (…)

4. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del
suelo establecidos en el POT.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003, o la
norma que lo modifique o sustituya. […]51 (negrillas de la Sala)

133. En el plenario también obra el documento de 5 de julio de 2005 suscrito por el
gerente de la ESP y dirigido a Cormacarena, a través del cual remite el «Diagnóstico
Ambiental de Alternativas Relleno Sanitario, Municipio de Granada Meta».

134. Luego de evaluar el anterior instrumento, el Coordinador de Gestión Integral del
Recurso Hídrico, señor Néstor Iván Hernández, y el Coordinador de la Regional
Ariari, señor Andrés Felipe Barney Berrio, ambos funcionarios de Cormacarena,
emitieron el Concepto Técnico No. G-5.05.201 de 18 de julio de 200552. Este
documento no contiene ninguna información sobre cuál es el uso del suelo
autorizado para cada alternativa. Sin embargo, indica que tal variable fue evaluada,
de conformidad con el siguiente extracto:

[…] De acuerdo con el análisis realizado en el DAA de acuerdo con la
metodología establecida en la guía ambiental para de rellenos sanitarios del
Ministerio del medio ambiente se estudiaron los siguientes criterios: (…)
• Condiciones de suelo y topografía

51
CD a folio 492 del expediente judicial. Páginas 349 a 253.
52 Folio 246 a 248 del Cuaderno 2 del Expediente.

39

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

• Restricciones en la disponibilidad de terreno […] (negrillas de la Sala)

135. Como el Concepto Técnico No. G-5.05.201 seleccionó la alternativa 3,
Cormacarena expidió el Auto No. G.2.05.153 de 19 de julio de 2005 53 mediante el
cual dio inicio al trámite de licenciamiento del relleno sanitario del municipio de
Granada, y solicitó al interesado allegar el EIA de la alternativa 3, entre otras
decisiones.

136. Ahora bien, las demás pruebas que obran en el expediente 97-2998
demuestran que la autoridad ambiental, durante la etapa de prefactibilidad del
proyecto, no indagó sí las alternativas cumplían con el ordenamiento territorial
vigente de Granada.

137. Tan sólo el 10 de octubre de 200554, el Coordinador de la Regional Ariari solicitó
a la administración municipal la siguiente información:

138. Por ello, hasta el 12 de octubre de 2005, esto es, dos (2) días antes de la
expedición de la Resolución demandada 2.06.05.-1015 de 14 de octubre de 2005,
la autoridad ambiental advierte, en el marco de la certificación de 12 de octubre de
2005 de la Secretaría de Planeación del municipio de Granada55, que las
instalaciones de la Planta Regional de Residuos Sólidos, según lo dispuesto en el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Granada, debían ubicarse
«en la vereda Alto Iriqué, cerca del caño Fontibón (…) de acuerdo con las normas
ambientales vigentes y sus respectivas licencias».

139. A partir de la anterior premisa, la parte motiva de la Resolución 2.6.06.0008 de
2006 indicó expresamente que: «el sitio seleccionado se encuentra
contemplado en el PBOT del municipio según consta en el concepto de uso
de suelo visible a folio 370 del expediente».

140. Ese folio 370 contenía la siguiente nota interna de 12 de octubre de 2005,
suscrita por el funcionario de Cormacarena, señor William Alberto Herrera Cuervo,
en la cual se señala lo siguiente:

[…] una vez revisados los documentos del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del municipio de Granada, aprobados por la Corporación, se
encontró que en el Capítulo VII, Implementación, Dimensión Ambiental, Ítem

53 «Por medio del cual se da inicio al respectivo trámite de licenciamiento Ambiental, para la construcción y

operación de un Relleno Sanitario para el Municipio de Granada, en el departamento del Meta, y se entregan
términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental». Folio 50 a 54 del Expediente Administrativo.
54 Folio 77 Expediente administrativo.
55 Folio 75 Expediente administrativo.

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

1.3.2. PROYECTO 2. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA
REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, se tiene contemplada la construcción
de las instalaciones del proyecto en la vereda Alto Iriqué, cerca del caño
Fontibón y la puesta en funcionamiento del mismo, de acuerdo con las
normas vigentes y sus respectivas licencias. […]

141. Nótese que el funcionario de Cormacarena no afirmó en dicho oficio que el
predio de la alternativa 3 estuviera localizado en el lugar definido como apto para la
construcción del relleno sanitario por el Acuerdo Municipal No. 039 de 2004 (PBOT
de Granada vigente para la época de los hechos), sino que explicó cuál era el lugar
en donde debería estar ubicado el relleno.

142. Por el contrario, el certificado de 17 de septiembre de 2010, suscrito por el
secretario de Planeación e Infraestructura del municipio, señor Jimy Abelardo Leal
Ruíz, y por el funcionario de esa misma dependencia, señor Hugo Andrés Muñoz
Ovalle, contradice lo afirmado por la autoridad ambiental en la Resolución
demandada, en tanto señala que el proyecto construido en la alternativa 3
(denominado Relleno Sanitario La Guaratara) no cumplió con lo ordenado en el
PBOT vigente de Granada (Acuerdo Municipal No. 039 de 2004) por las siguientes
razones:

[…] Que una vez revisada la cartografía existente en el soporte del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Granada elevado a acuerdo
municipal mediante el No. 039 de 2004, se ha podido constatar que el sitio en
donde actualmente se realiza la disposición de los residuos sólidos,
denominado La Guaratara, localizado en la vereda Alto Iriqué no figura
como equipamiento municipal y se encuentra localizado en una zona cuyo
uso del suelo está direccionado a los cultivos transitorios y
semipermanentes como se establece en el artículo 123 del documento
citado y que textualmente aparece como sigue:

ARTICULO 123: ÁREAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS Y
SEMIPERMANENTES
MIXTOS. Son zonas de alta actividad agrícola, con cultivos transitorios y
semipermanentes. El área apta cuenta con 19.061,43 hectáreas y se localiza
en las veredas de: Aguas Claras, Alto Iriqué, Canaguaro. Dos Quebradas, El
Crucero, El Delirio, Florida Alta, Florida Baja, Guayaquil, Guanayas, Guape, La
Cabaña, La Cubillera, La Esperanza, La Isla, La Mariela, La Palmilla, La Playa,
La Rivera, Los Andes, Los Mangos, Los Maracos, Mucuya, Patio Bonito, Puerto
Caldas, Puerto Suarez, Santa Helena, Sardinata y Urichare.
Uso principal: Cultivos transitorios y semi-permanentes.
Usos compatibles. Ganadería semi-intensiva
Usos Condicionados: áreas de cultivos transitorios de secano e inundación
Usos prohibidos: Industria, minería, asentamientos urbanos

Por lo expuesto anteriormente el relleno sanitario de Granada No cumple con
la Normativa vigente del uso del suelo respecto de lo establecido en el
PBOT vigente. […] (negrillas de la Sala)

143. Esta información concuerda con la prueba documental presentada por la parte
actora, titulada “EVALUACIÓN TÉCNICO AMBIENTAL UBICACIÓN RELLENO

41

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SANITARIO MUNICIPIO META” de 2 de mayo de 200656, la cual contiene un anexo
cartográfico que demuestra que la alternativa 3 no estaba ubicada cerca al Caño
Fontibón, tal y como lo demuestra el siguiente acercamiento que elaboró la Sala:

144. Además, el mapa que elaboró el demandante y que reposa en el folio 159 del
expediente judicial reitera lo anterior, como puede apreciarse en el siguiente
acercamiento:

56 Elaborada por la ingeniera Ambiental y Sanitaria, Nohora Emily Gutiérrez. Folio 240 del cuaderno 2 del

expediente judicial.

42

Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

57

145. Sin lugar a dudas, Cormacarena estaba en la obligación de verificar la
compatibilidad del proyecto con el uso del suelo dispuesto en el PBOT, pero omitió
cumplir con el deber previsto en los artículos 16 y 18 del Decreto 1220, por lo que
resulto falsa la afirmación consignada en la Resolución 2.6.06.0008 de 2006, según
la cual «el sitio seleccionado se encuentra contemplado en el PBOT del municipio
según consta en el concepto de uso de suelo visible a folio 370 del expediente».

146. Previamente se explicó que la alternativa 3 del DAA, en donde finalmente se
construyó el proyecto, no estaba ubicada cerca del caño Fontibón. Es más,
Cormacarena nunca solicitó al peticionario que adicionara la información
presentada con el respectivo certificado de uso del suelo de ese predio (art. 56 Ley
99). Tal aspecto era un elemento central de la valoración del Diagnostico Ambiental
de Alternativas (num.4 art.18 Decreto 1220).

147. Aunado a ello, según lo dispuesto en el artículo 123 del PBOT de Granada -
Acuerdo municipal 039 de 2004-, el lugar en donde se construyó esa infraestructura no
estaba catalogado como equipamiento municipal y se encontraba localizado en una
zona cuyo uso del suelo se direccionaba al desarrollo de cultivos transitorios y
semipermanentes, a pesar de que el artículo 3° del Decreto 838 de 200558, exige

57 Folio 253 del cuaderno 2 del expediente judicial.
58 Artículo 3°. Del interés social y utilidad pública. Las áreas potenciales que la entidad territorial seleccione y

determine en los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, PBOT,
o Esquemas de Ordenamiento Territorial, EOT, según sea el caso, como Suelo de Protección-Zonas de Utilidad
Pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión del servicio público de aseo en la actividad
complementaria de disposición final, mediante la utilización de la tecnología de relleno sanitario, hacen parte
de los bienes y servicios de interés común, los cuales prevalecerán sobre el interés particular.

43

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

que el ente territorial debe identificar en su PBOT el suelo de protección y de utilidad
pública en donde construirá este tipo de obras.

148. Siendo ello así, carece de validez el argumento expuesto por la entidad
demandada para efectos de justificar el hecho consistente en que el proyecto no
respetaba el uso del suelo, según el cual esta materia excedía el objeto de sus
competencias, pues era claro que nuestro ordenamiento jurídico si le exigía
considerar esa variable durante la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental
en la fase de prefactibilidad. De manera que el primer cargo de la demanda
efectivamente está llamado a prosperar.

149. Por todo lo dicho, es dable concluir que la omisión en que incurrió la autoridad
ambiental en materia de ordenamiento territorial, consistente en no verificar si las
tres alternativas eran compatibles con el PBOT del municipio, generó el
quebrantamiento del artículo 56 de la Ley 99, de los artículos 16 y 18 del Decreto
1220 de 2005, del artículo 3° del Decreto 838 de 2005, y del artículo 123 del Acuerdo
039 de 200459, así como la materialización de la causal de falsa motivación, tal y
como lo afirmó el demandante.

IV.2.2.3. La objetividad del Diagnostico Ambiental de Alternativas

150. Los demandantes alegan que la Empresa de Servicios Públicos de Granada
ESP seleccionó el predio en donde desarrollaría el proyecto desde antes de
elaborar el DAA y, por eso, no presentó otras opciones que cumplieran
objetivamente con los criterios exigidos para ese tipo de obras.

151. Para resolver este punto de la controversia, valga recordar que el Relleno
Sanitario La Guaratara surgió en un contexto de una emergencia sanitaria en el que
era necesario adoptar acciones urgentes. El entonces director de Cormacarena 60,
mediante Resolución 2.6.04.-470 de 6 de septiembre de 200461, había ordenado la
suspensión de la disposición a cielo abierto de residuos sólidos que la Empresa de
Servicios Públicos de Granada E.S.P. llevaba a cabo desde el año 2002 en el predio
El Paraíso62. Y, por eso, el municipio debía definir cuál sería la estrategia que
implementaría a efectos de corregir esta problemática.

152. En este contexto, la representante legal de la referida empresa de servicios
públicos suscribe el 2 de mayo de 2005 con el señor Reinel Gaitán Tangarife un
acuerdo titulado «intención de realizar un contrato de compraventa sobre un predio
rural con la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESP», el cual contaba con
el siguiente alcance:

59 Por las razones enunciadas en el titulo A del apartado IV2.1. de esta providencia.
60 Joaquín Hernán Patarroyo Varón.
61 Pág. 257 y ss del documento anexo.
62 Aunado a ello, exigió la presentación del Plan de Clausura y Posclausura del sitio actual. También, solicitó
la presentación del preproyecto para la solución definitiva de disposición de residuos sólidos del municipio.

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[…] Entre los suscritos, REINEL GAITÁN TANGARIFE (…), por medio del
presente escrito manifiesto mi intención de realizar un Contrato de Compraventa
de un predio rural (…) con la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P
(…) hemos acordado celebrar el presente contrato de promesa bilateral de
compraventa de un bien inmueble que se regirá por las siguientes cláusulas.
PRIMERA; OBJETO. EL PROMITENTE VENDEDOR promete vender y el
Promitente Comprador promete comprar, el derecho de dominio, posesión de
un lote de terreno de diez (10) hectáreas; que hace parte del siguiente bien
inmueble rural del municipio de Granada (meta), denominado La Sabana,
ubicado en la vereda Alto Iriqué, con cédula catastral No 00-01-004-000-
000, Inmueble que sea alindera así: NORTE; con el predio denominado San
Fernando. ORIENTE; con el predio denominado J.R. SUR; con la trocha Iriqué.
OCCIDENTE; con la trocha antiguo camino ganadero. SEGUNDA: Valor. El
prominente vendedor se acogerá al valor estipulado en el correspondiente
avalúo comercial que se practique al lote que se va a comprar. TERCERO: la
legalización del contrato estará sujeta a la normatividad vigente para las
entidades públicas. Dado en Granada meta, a los dos (2) días del mes de mayo
de 2005. […]63 (Negrillas de la Sala)

153. El acta de la visita técnica llevada a cabo el 5 de mayo de 2005 por la entonces
Procuradora Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios del departamento del
Meta, doctora María del Pilar Buitrago, demuestra que la administración municipal
suscribió el precitado acuerdo con el propósito de construir un relleno sanitario en
el predio La Sabana ubicado en la vereda Alto Iriqué.

154. Dicho documento relata que la funcionaria del Ministerio Público se desplazó
hasta la planta de tratamiento del predio El Paraíso, acompañada del alcalde
municipal de Granada, señor William Reinoso Rodríguez, de la gerente de la E.S.P.
de Granada, Mónica Gallego Hincapié, y del funcionario de Cormacarena, señor
Néstor Iván Hernández Salazar, quienes le informaron que el municipio ya había
identificado el predio en donde finalmente desarrollaría el proyecto, según lo
consignado en el siguiente aparte de ese documento:

[…] Observaciones a los problemas

PROCURADURIA: (…) requerir al alcalde (…) el cumplimiento de lo dispuesto
en la citada resolución (…)

ALCADE MUNICIPAL WILLIAM REINOSO RODRIGUEZ. La administración
ha adelantado las acciones que han estado a su alcance en procura de darle
solución a la problemática de la disposición final de basura, para ello, lo
primero que ha hecho es buscar recursos que permitan atender la
problemática asignando al terminar la vigencia 2004 recursos del orden de
120.000.000 en la vigencia 2005 135'000.000, recursos destinados
exclusivamente la construcción de una solución de disposición final de RSU y
para el plan de clausura y post clausura del actual sitio, igualmente se está
adelantando la elaboración del proyecto respectivo, tanto en parte
técnica y financiera, puesto que para la inversión de estos recursos por
disposición legal se requiere del correspondiente proyecto igualmente
se han adelantado las gestiones para la consecución de un lote de

63
CD a folio 492 del expediente judicial. Página 815.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
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terreno donde podamos desarrollar la solución planteada en estudio
realizado además con el apoyo de la Corporación se formuló igualmente
un proyecto que fue radicado en el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial el 4 de Mayo del 2005, proyecto que fue montado
sobre la base del estudio técnico y financiero elaborado.

(…)

Simultáneamente a estas acciones adelantamos gestiones para la adquisición
del terreno, inicialmente un terreno localizado sobre la vía Granada San
Martín, un KM. antes del peaje IRACA, terreno que fue imposible de adquirir
por situación de tipo legal, sin embargo, la administración ha persistido en
buscar ese terreno apropiado y finalmente tenemos un predio ubicado en
la vereda IRIQUE, aproximadamente a 1 KM del actual sitio en donde se
está disponiendo los residuos sólidos, denominado La Sabana, y donde
su propietario el señor REYNEL GAITAN TANGARIFE, ha suscrito con la
empresa un documento de intención de realizar un contrato de
compraventa, sobre un área de 10 Ha. de dicho predio, terreno que en
principio tiene la manifestación verbal de ser un predio apto para desarrollar
un proyecto de este tipo del ingeniero NÉSTOR IVÁN HERNÁNDEZ, la razón
de que no se haya avanzado más sobre el tema de requisitos sobre este
terreno, era que en el momento de la visita hubiera una posibilidad de
adquisición y estábamos pendientes de que el propietario accediera de
manera voluntaria a la venta, precisamente hoy logramos de manera escrita
la intención de venta, hecho que nos permite iniciar acciones de evaluación
técnica, de levantamiento topográfico, de la elaboración del avalúo
correspondiente, porque este último es un requisito indispensable para
proceder con la compra; con todo respeto hemos buscado una solución
definitiva y efectiva a esa problemática de nuestro Municipio, pero que la
misma demanda tiempo por todos los requisitos técnicos y legales que se
deben cumplir, además con el acompañamiento de la corporación se
buscó desarrollar un proyecto regional con los municipios de San
Martín, San Juan de Arama, Fuente de Oro, y Granada […]64 (negrillas de la
Sala)

155. Nótese que la selección del predio “La Sabana” fue anterior a la fecha en que
esa empresa inició el trámite exigido para obtener un licenciamiento, pues solo con
el oficio de 17 de mayo de 2005 la gerente de esa empresa, Mónica Gallego
Hincapié, requirió «los términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico
Ambiental de Alternativas para la ubicación del relleno Sanitario para la disposición
final de residuos Sólidos del Municipio de Granada»65.

156. Como consecuencia de lo anterior, en el folio 345 del Anexo 1, reposa el oficio
No. 5.5.05.022 de 27 de mayo de 2005, suscrito por el Coordinador de Recurso
Hídrico de Cormacarena, a través del cual hizo entrega de los términos de
referencia para la elaboración del referido DAA.

157. La Sala observa adicionalmente que en el expediente administrativo 97-2998
no obra ningún otro documento que acredite que la administración municipal de

64
CD a folio 492 del expediente judicial. Página 267.
65 Pág. 816.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
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Granada adelantó otras gestiones administrativas con miras a suscribir un acuerdo
de voluntades para la adquisición de otro predio, o para evaluar la posibilidad de
construir esa infraestructura en las demás fincas que propondría como parte de su
DAA.

158. El 5 de julio de 2005 la gerente de la ESP remite a Cormacarena el «Diagnóstico
Ambiental de Alternativas Relleno Sanitario, Municipio de Granada Meta», en cuyo
marco la empresa presentó tres propuestas, de las cuales la alternativa 3 estaba
ubicada en el predio “La Sabana”, tal y como se deduce del contenido del Concepto
Técnico No. G-5.05.201 de 18 de julio de 2005, dado que el Diagnostico no reposa
en el archivo allegado por la autoridad ambiental.

159. En dicho concepto, el Coordinador de Gestión Integral del Recurso Hídrico de
Cormacarena, señor Néstor Iván Hernández, y el Coordinador de la Regional Ariari
de Cormacarena, señor Andrés Felipe Barney Berrio, concluyeron literalmente lo
siguiente:

[…] El día 6 de julio del 2005, se radica en la corporación el documento con el
estudio de diagnóstico ambiental de alternativas elaborado por la empresa de
servicios públicos de Granada.

Se realizó visita el 15 de julio de 2005 a los tres sitios propuestos por la empresa
de servicios públicos de Granada, para la construcción de relleno sanitario por
parte de los funcionarios de CORMACARENA Paola Ferreira y Néstor Iván
Hernández para determinar que su ubicación no afectará ecosistemas
estratégicos o que comprometerán el medio ambiente y la salud de las
personas.

DESARROLLO DE LA VISITA

Durante la visita realizada a las tres alternativas de localización del relleno
sanitario se pudo determinar que:

La primera alternativa se localiza en las coordenadas 892600 Norte y 1040700
Este, tiene la dificultad de encontrarse relativamente cerca del caño Iriqué y
de unas lagunas cercanas al lote y además se tiene una vivienda cercana
a menos de 500 m. Otro inconveniente que presenta esta alternativa es su
localización cerca de la carretera nacional de alto tráfico vehicular y de las 3
alternativas es la que se encuentra más retirada del perímetro urbano,
aunque con la mejor vía, teniendo en cuenta que es pavimentada en todo
su recorrido, con excepción del acceso al lote propiamente dicho.

La alternativa segunda localizada 883800 Norte y 1043830. Este corresponde
al lote en donde la administración municipal de Granada y la empresa de
servicios públicos han venido disponiendo residuos sólidos en los
últimos 2 años. Localizada en la vereda alto Iriqué en el predio denominado El
Paraíso, en un área de cuatro hectáreas en donde existe un botadero a cielo
abierto y no reúne las condiciones para el montaje de un relleno sanitario
teniendo en cuenta que prácticamente se encuentra colmatado y los
costos de recuperación de este terreno son muy altos y requiere de tiempo
para sacar los residuos sólidos allí dispuestos. Además, se encuentra
rodeado de cuerpos de agua superficiales muy cercanos, la corporación ya

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
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requirió a la empresa de servicios públicos para que clausurara este
botadero.

Por último, la tercera alternativa localizada en las coordenadas 885940 Norte y
1043444. Este tiene un área de 10 hectáreas, corresponde a la mejor de las
3 alternativas, se encuentra localizada en la vereda alto Irique cercana a la
alternativa dos, pero con unas condiciones de drenaje y de ubicación con
respecto a cuerpos de agua superficiales muy favorables en comparación
con las dos alternativas primeras.
Con base en la visita realizada se hace el siguiente análisis.

ANÁLISIS

De acuerdo con el análisis realizado en el DAA de acuerdo con la metodología
establecida en la guía ambiental para de rellenos sanitarios del Ministerio del
medio ambiente se estudiaron los siguientes criterios:
• Distancia de transporte
• Accesibilidad al sitio
• Capacidad
• Ocupación actual
• Condiciones de suelo y topografía
• Restricciones en la disponibilidad de terreno
• Disponibilidad de material de cobertura
• Profundidad el nivel freático
• Condiciones ambientales locales
• Densidad poblacional en el sitio
• Condiciones hidrogeológicas y de permeabilidad del sitio
• Uso el relleno sanitario posclausura
• Incidencia en la congestión de tráfico
• Impacto sobre la comunidad debido al transporte

El análisis cuantitativo de esta evaluación determina que la tercera alternativa
fue la que obtuvo mayor puntaje por lo tanto es la que reúne las mejores
condiciones para la operación de un relleno sanitario con la capacidad
para la disposición adecuada de residuos sólidos del municipio de
Granada que debe tener un valor promedio de 35 t diarias durante 6 días a
la semana.

Los puntajes obtenidos fueron de 236 para la tercera alternativa, 157 para
la primera y 141 para la segunda alternativa, y de acuerdo con la
metodología establecida en la guía del mayor puntaje es la alternativa
seleccionada. Debe reunir todas las condiciones técnicas, durante su
construcción y el manejo adecuado durante su operación. Siguiendo las
recomendaciones de la guía de rellenos sanitarios del Ministerio del medio
ambiente.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados del análisis de la información presentada y las
visitas de campo se establece que la alternativa seleccionada para la
construcción del relleno sanitario del Municipio de Granada corresponde
a la Tercera alternativa localizada en la Vereda Alto Iriqué en las
coordenadas 885940 norte y 1043444 Este. Y de esta manera la Empresa de
Servicios Públicos de Granada debe continuar el trámite correspondiente de
Licencia Ambiental del relleno sanitario y hacer el Estudio de Impacto Ambiental

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de acuerdo con los términos de Referencia que aquí se entregan […]66 (negrillas
de la Sala)

160. A partir de esos resultados, Cormacarena expidió el Auto No. G.2.05.153 de 19
de julio de 200567 mediante el cual inició el trámite de licenciamiento del relleno
sanitario del municipio de Granada, y aceptó el Concepto Técnico No. G.5.05.201
de 18 de julio de 2005, entre otras decisiones.

161. Del citado concepto, la Sala observa que la primera y la segunda alternativa
eran materialmente inviables, porque la primera estaba cerca tanto del Caño Iriqué,
como de algunas lagunas y a una vivienda y, en consecuencia, no cumplía con las
prohibiciones legales previstas en el artículo 6° del Decreto 838 de 2005.

162. A su vez, la segunda alternativa coincidía con el predio en donde la autoridad
ambiental recientemente había ordenado suspender la disposición de residuos
sólidos por razones de orden técnico, ambiental y social, de manera que no era
factible que Cormacarena aceptará la construcción del proyecto en el predio 2, que
colindaba con la alternativa tres, pues reiteradamente había conceptuado sobre los
graves daños ambientales generados por esas obras.

163. Aunado a lo anterior, en el apartado IV.2.2.2. de este capítulo, la Sala explicó
que el interesado no demostró que alguna de las tres alternativas respetase el
ordenamiento territorial de Granada. Por el contrario, lo que sí estaba acreditado
era que la alternativa 3, en donde finalmente se construyó el proyecto, no figuraba
como equipamiento municipal y desconoció el artículo 123 del Acuerdo 039 de
2004.

164. Visto lo anterior, la Sala concluye que el estudio de prefactibilidad no contenía
una propuesta objetiva ni presentaba información clara que permitiera a la autoridad
ambiental evaluar diversas opciones viables para elegir la alternativa o las
alternativas más favorables, con miras a continuar la siguiente fase de ese
procedimiento legal.

165. En las tres alternativas presentadas estaba prohibido el desarrollo de un relleno
sanitario; resaltando el hecho consistente en que la autoridad ambiental no exigió
al interesado que allegará información adicional sobre la compatibilidad del proyecto
con el uso del suelo o sobre las características ecosistémicas de ese sector, a pesar
de que el último inciso del artículo 56 de la Ley 99 exigía dicha conducta.

166. Es más, la única explicación dispuesta en el Concepto Técnico No. G-5.05.201
de 18 de julio de 2005, para justificar esa selección era que el predio La Sabana era
«cercano a la alternativa dos, pero con unas condiciones de drenaje y de ubicación

66
CD a folio 492 del expediente judicial. Páginas 342 a 434.
67 «Por medio del cual se da inicio al respectivo trámite de licenciamiento Ambiental, para la construcción y

operación de un Relleno Sanitario para el Municipio de Granada, en el departamento del Meta, y se entregan
términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental». Folio 50 a 54 del Expediente Administrativo.

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con respecto a cuerpos de agua superficiales muy favorables en comparación con
las dos alternativas primeras». Sin embargo, las pruebas recapituladas en el
siguiente acápite desvirtúan esta premisa, pues lo cierto es que esa finca hacia
parte un ecosistema de humedal tipo lentico que nutre una cadena de lagunas.

167. Todas estas circunstancias refuerzan la tesis expuesta por la parte actora
conforme a la cual el estudio desde un inicio no buscó identificar cuál era el mejor
lugar en donde se podía desarrollar el proyecto, sino avalar una decisión previa de
la administración con fundamento en información parcializada.

168. En el referido contexto, es preciso resaltar que el Diagnostico Ambiental de
Alternativas, en palabras de la Corte Constitucional, es un «instrumento que orienta
y facilita la elaboración del estudio de impacto ambiental, y concierta las voluntades
de la administración y del peticionario de la licencia, en cuanto a la mejor manera
de impedir los efectos desfavorables de la obra o actividad en el ambiente».

169. Por ello el legislador contempló que dicho instrumento no sería un documento
formal que careciera de objeto útil, sino que tal orientación científica y técnica
constituiría el primer elemento de juicio a considerar por parte de la autoridad
ambiental, así como la primera herramienta técnica prevista «para que la
comunidad pueda hacer uso racional y efectivo de su derecho de participación en
el trámite de la licencia ambiental»68.

170. A ello se agrega que algunas de las tres alternativas tenían que ser
objetivamente viables en tanto el artículo 16 del Decreto 1220 exige que en esos
lugares debe ser «posible desarrollar un proyecto, obra o actividad».

171. En este contexto, es una realidad que esa evaluación quebrantó el artículo 56
de la Ley 99, los artículos 17, 18 y 19 del Decreto 1220 de 2005, los artículos 3° y
5° del Decreto 838 de 2005 y el Acuerdo 039 de 2004, por las razones antes
enunciadas.

IV.2.2.4. El DAA contenía información incompleta de las características
ecosistémicas de las tres alternativas

172. Los demandantes afirmaron que las Resoluciones 2.06.05-1015 de 2005 y
2.6.06-0008 de 2006 incurren en la causal de falsa motivación y transgreden el
preámbulo, los artículos 4°, 79 y 80 de la Constitución Política, los artículos 5° y 6°
del Decreto 838 de 2005, y los artículos 17, 18, 19, 20 y 22 del Decreto 1220 de
2005, porque Cormacarena, en el trámite de evaluación ambiental, no respetó las
prohibiciones y restricciones previstas en el Decreto 838 en cuanto a los lugares en
donde no es posible construir rellenos sanitarios.

68La sentencia C-035 de 1999.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

173. Para la parte actora, la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas
contiene los siguientes yerros:

• No es cierto que la alternativa 3 "no presentaba cercanía a caños" y
manantiales. El lugar, «corresponde a un área de protección ambiental». «A
escasos 70.00 metros desde el Canal Perimetral del proyecto por el costado
occidental pasa el Caño Gualas, el cual en época de invierno se rebosa y nace
en las lagunas ubicadas en la parte superior del proyecto». «Dentro del lote
denominado "La Sabana" se encuentra una laguna, un humedal estacionario y
varias zonas saturadas de agua, donde precisamente nace el Caño Cural». «El
Caño Cural abastece el acueducto municipal de Fuente de Oro (Meta) con 3,500
usuarios en el casco urbano». «La alternativa 3 seleccionada está localizada a
900 metros del Caño Irjqué».

• La dirección «de los vientos desde el relleno sanitario con relación al casco
urbano apunta hacía la zona céntrica de la ciudad, esto es, de oriente a
occidente y no como erradamente se dijo en el Diagnostico Ambiental de
Alternativas de "Granada a San Martín" y en el concepto técnico que sirvió de
base para resolver la reposición, "de nororiente a sur occidente"». Ello se
traduce en que: «la alternativa 3 seleccionada presenta unas condiciones de
viento desfavorables que incrementan la posibilidad de los impactos a la salud
pública porque la dirección de los vientos es precisamente hacía el centro de la
ciudad».

• La distancia mínima «con respecto al límite del casco urbano es inferior a
1.000.00 metros, contados desde el Canal Perimetral hasta la Carrera 9 este».
«Las viviendas más cercanas se localizan a menos de 500.00 metros desde el
Canal Perimetral».

• Adicionalmente: «El nivel freático se encuentra a escasos 0.80 metros de
profundidad de la superficie del suelo y en época de pleno invierno a 0.00
metros».

• La localización «de la alternativa tres contenida en el Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, en el concepto Técnico No. G-5.05.201 del 18 de julio de 2005 y
en el auto No. G.2.05.153 del 19 de los mismos mes y año no concuerda con la
contenida en el Estudio del Impacto Ambiental, en el Concepto Técnico No, G-
5.05.325 del 13 de octubre de 2005 y en la Resolución No. 2.6.05.1015 del 14
de los mismos mes y año»

• Las «deficiencias en el servicio de evaluación de los estudios ambientales que
seleccionaron la alternativa 3 propuesta».

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

174. En ese orden, para resolver los aludidos reparos, la Sala primero estudiará: (i)
el contenido de las normas superiores supuestamente transgredidas y,
posteriormente, (ii) evaluará la situación fáctica acreditada en el plenario respecto
del presente cargo.

A. El régimen legal que determina las prohibiciones y restricciones que deben
ser consideradas respecto de la construcción y puesta en marcha de un
relleno sanitario

175. Los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagraron cuatro deberes
relacionados con el caso concreto. El primero es la obligación del Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente. El segundo consiste en el deber,
el derecho y el interés colectivo que implica el goce de un ambiente sano 69. El
tercero se refiere al deber de la administración de actuar en el marco de los
principios de planeación y de desarrollo sostenible. Y el cuarto versa sobre la
obligación estatal de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

176. Estos parámetros constitucionales condujeron a que, en materia de servicios
públicos, el artículo 5° del Decreto 838 de 2005 definiera una metodología de
evaluación de las alternativas para la construcción de rellenos sanitarios, en la que
el municipio evalúa doce criterios socioambientales a la hora de seleccionar el lugar
de su POT o PBOT en donde ubicará un relleno sanitario.

177. Estos criterios están relacionados con la dirección de los vientos, con las
distancias a cuerpos hídricos, con la densidad poblacional, con la distancia entre el
perímetro urbano y con la accesibilidad vial, entre otros aspectos, teniendo en
cuenta la redacción literal de esa norma:

[…] Artículo 5°. Criterios y metodología para la localización de áreas para
disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno
sanitario. Para la localización de áreas potenciales para disposición final de
residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario, las entidades
territoriales, considerando la totalidad del área bajo su jurisdicción, tendrán en
cuenta los criterios y la metodología de evaluación que se expone:
1. Capacidad. (…)

69 Al respecto, ver la sentencia de 8 de junio de 2017, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado

(Rad. N.º 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP), en la que señaló lo siguiente: “[…]En este sentido, el ambiente
sano es un derecho colectivo, no solo por su pertenencia al capítulo 3 Título II de la Constitución, que se refiere
a los derechos colectivos y del ambiente, sino por cuanto su contenido es tal que no puede ser asignado a
ninguna persona en particular. […] la protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución
un carácter de objetivo social, […] “La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio
dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho.
Además, esta sección ha hecho alusión a las distintas dimensiones de este derecho, destacando que ostenta
la calidad de: “[…] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con los derechos
fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un
ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación
de las condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales por parte
de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a
que haya lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior […]”(Rad.
76001-23-31-000-2011-01300-01(AP).

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
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2. Ocupación actual del área. (…)
3. Accesibilidad vial. (…)
4. Condiciones del suelo y topografía. (…)
5. Distancia entre el perímetro urbano, respecto del área para la
disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno
sanitario. (…)
6. Disponibilidad de material de cobertura. (…)
7. Densidad poblacional en el área. (…)
8. Incidencia en la congestión de tráfico en la vía principal.
9. Distancias a cuerpos hídricos. (…)
10. Dirección de los vientos. (…)
11. Geoformas del área respecto al entorno. (…)
12. Restricciones en la disponibilidad del área. (…)
El puntaje máximo de la evaluación será de 1.000 puntos. El puntaje obtenido
por cada área potencial no indica el descarte o rechazo de alguna de las
mismas, sino que indica una posición dentro de un orden de elegibilidad, de
mayor a menor, de acuerdo con el valor del puntaje obtenido, y con base en
este orden se incorporarán al POT, EOT o PBOT, según sea el caso, de cada
entidad territorial.

Parágrafo 1°. Deberá incluirse, en los Planes de que trata el numeral 4 del
artículo 4° del presente decreto, todas aquellas áreas que obtengan un puntaje
igual o superior al 60% del puntaje obtenido por el área mejor calificada en el
orden de elegibilidad.

Parágrafo 2°. La identificación y ubicación de los proyectos de rellenos
sanitarios, dentro de las áreas potenciales para la disposición final de residuos
sólidos señaladas en el POT, EOT o PBOT, según sea el caso, de cada entidad
territorial, corresponderá a los prestadores del servicio público de aseo en la
actividad complementaria de disposición final, mediante la tecnología de relleno
sanitario. […] (Negrillas de la Sala)

178. Aunado a ello, el artículo 6° del Decreto 838 de 2005 fijó las siguientes
prohibiciones y restricciones relacionadas con el caso concreto:

[…] Artículo 6°. Prohibiciones y restricciones en la localización de áreas
para disposición final de residuos sólidos. En la localización de áreas para
realizar la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de
relleno sanitario, se tendrán en cuenta las siguientes:

1. Prohibiciones: Corresponden a las áreas donde queda prohibido la
localización, construcción y operación de rellenos sanitarios:

Fuentes superficiales. Dentro de la faja paralela a la línea de mareas máximas
o a la del cauce permanente de ríos y lagos, como mínimo de treinta (30) metros
de ancho o las definidas en el respectivo POT, EOT y PBOT, según sea el caso;
dentro de la faja paralela al sitio de pozos de agua potable, tanto en
operación como en abandono, a los manantiales y aguas arriba de
cualquier sitio de captación de una fuente superficial de abastecimiento
hídrico para consumo humano de por lo menos quinientos (500) metros;
en zonas de pantanos, humedales y áreas similares.

Fuentes subterráneas: En zonas de recarga de acuíferos. (…)

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2. Restricciones: Corresponden a las áreas donde si bien se pueden localizar,
construir y operar rellenos sanitarios, se debe cumplir con ciertas
especificaciones y requisitos particulares, sin los cuales no es posible su
ubicación, construcción y operación:
Distancia al suelo urbano. (…)
Fuentes subterráneas. La infraestructura instalada, deberá estar ubicada a
una altura mínima de cinco (5) metros por encima del nivel freático.
Áreas inestables. (…)
Zonas de riesgo sísmico alto. (…)

Parágrafo. En el evento en que por las condiciones geotécnicas,
geomorfológicas e hidrológicas de la región, se deba ubicar infraestructura para
la disposición final de residuos sólidos en áreas donde existen restricciones, se
garantizará la seguridad y estabilidad de la infraestructura en la adopción
de las respectivas medidas de control, mitigación y compensación que
exija la autoridad ambiental competente. […] (Negrillas de la Sala)

179. Todos estos parámetros debieron ser considerados por la autoridad ambiental
que valoró el Diagnostico Ambiental de Alternativas y el Estudio de Impacto
Ambiental del relleno sanitario, siguiendo los parámetros legales, reseñados en el
acápite IV.2.2. de este proveído, respecto del contenido, la exigibilidad y la
evaluación del DAA (arts.17, 18, 19 y 22 del Decreto 1220 de 2005).

B. Las pruebas asociadas a la transgresión de los artículos 5° y 6° del Decreto
838

180. ElConcepto Técnico No. G-5.05.201 de 18 de julio de 2005 señala que
Cormacarena evaluó las variables exigidas por el artículo 5° del Decreto 838 al
momento de seleccionar la alternativa 3, en la medida en que expresamente
consigna lo siguiente:

[…] De acuerdo con el análisis realizado en el DAA de acuerdo con la
metodología establecida en la guía ambiental para de rellenos sanitarios del
Ministerio del medio ambiente se estudiaron los siguientes criterios:
• Distancia de transporte
• Accesibilidad al sitio
• Capacidad
• Ocupación actual
• Condiciones de suelo y topografía
• Restricciones en la disponibilidad de terreno
• Disponibilidad de material de cobertura
• Profundidad el nivel freático
• Condiciones ambientales locales
• Densidad poblacional en el sitio
• Condiciones hidrogeológicas y de permeabilidad del sitio
• Uso el relleno sanitario posclausura
• Incidencia en la congestión de tráfico
• Impacto sobre la comunidad debido al transporte […]

181. La autoridad ambiental igualmente debía verificar que las propuestas
respetaran las prohibiciones indicadas en el artículo 6° del Decreto 838 de 2005,

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según lo dispuesto en los siguientes apartados de los términos de referencia para
la elaboración de ese DAA:

[…] 6.1. ALTERNATIVAS

Se presentará en un plano general la ubicación de las diferentes alternativas
Se deberán especificar los criterios tenidos en cuenta para la
conformación de las diferentes alternativas.

Para cada una de las alternativas, se describirán el área y los costos estimados

Identificar el área de estudio de los criterios utilizados para su definición (…)

Con base en información secundaria y verificación del campo, consultas a
entidades regionales y juicios de expertos, se caracterizará ambientalmente
el área de estudio considerando los aspectos físicos, bióticos y sociales,
teniendo en cuenta su estado actual, y las interrelaciones entre los
diferentes componentes.

Sobre un mapa base se elaborarán mapas temáticos, y con base en estos,
se realizará un mapa síntesis que presente la caracterización ambiental de las
alternativas.

8.1 INFORMACIÓN DEL MAPA BASE
De acuerdo con la escala de trabajo particular de cada proyecto se elaborará el
mapa base con la siguiente información: curvas de nivel, red hidrográfica,
límites y cabeceras municipales.

8.2 INFORMACIÓN TEMÁTICA
A continuación se resumen en un diagrama los mapas definidos para agrupar
información temática (…)
MAPA TEMÁTICO ASPECTOS A ESTUDIAR
USO Y COBERTURA DEL SUELO zonas de bosques, rastrojos, cultivos,
pastos, áreas mineras, ecosistemas frágiles, información de fauna asociada
CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA: Isolíneas de precipitación, temperatura, red
hidrográfica y clasificación de cuerpos de agua (…)
SOCIAL (CULTURAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO): densidad de población,
actividades productivas, tenencia de la tierra, potencial arqueológico, conflictos
sociales, composición étnica y cultural. Sociedades negras e indígenas (…)

8.3. MAPA SÍNTESIS
Mediante el cruce de los mapas temáticos y la definición de los diferentes
grados de aptitud técnico-ambiental para las variables mencionadas en el ítem
anterior, se elaborará un mapa síntesis de la caracterización. Se
identificarán las áreas ambientalmente sensibles y críticas. El consultor debe
presentar la metodología utilizada para definir los diferentes grados de
aptitud.

(…) 9. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
Sobre el mapa síntesis se ubicarán las diferentes alternativas de localización,
siguiendo algún tipo de criterio el cual debe explicarse. (…)

Se identificarán y evaluarán de manera preliminar los impactos ambientales
para cada una de las alternativas del proyecto, comparándolas con la línea base
y sus tendencias. Es decir, la situación del área sin proyecto y con proyecto

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tomando en consideración, en este último caso, las diversas etapas:
construcción y operación.
Se analizarán las interacciones entre los diversos componentes ambientales, el
propósito del proyecto y las acciones del mismo.

Lo anterior concordante con lo establecido en el decreto 1220 de licencias
ambientales artículo 18, contenido básico del diagnóstico ambiental de
alternativas el diagnóstico ambiental de alternativas deberá contener: (…)

5. La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y
efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables para
las diferentes alternativas estudiadas. […] (negrillas de la Sala)

182. Respecto del cumplimiento de los aludidos parámetros normativos, se destaca
que la parte actora aportó, junto con el libelo petitorio, un estudio técnico titulado
“EVALUACIÓN TÉCNICO AMBIENTAL UBICACIÓN RELLENO SANITARIO
MUNICIPIO META” de 2 de mayo de 2006, que obtuvo como resultado de la
consultoría que lideró la ingeniera Ambiental y Sanitaria Nohora Emily Gutiérrez70.

183. El documento literalmente indica que fue elaborado por: «un equipo
interdisciplinario conformado por personal de la firma D&G Solutions Group»,
liderado por la ingeniera Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle Nohora
Emiley Gutiérrez, con especialización en Evaluación Social de Proyectos y Maestría
en ingeniería Civil de la Universidad de Los Andes, quien para la época tenía 12
años de experiencia especifica71.

184. La consultoría aplicó la metodología reglada por el artículo 5° del Decreto 838
de 2005, con miras a determinar el puntaje real del predio “La Sabana”, obteniendo
los siguientes resultados:

[…] el sitio seleccionado como óptimo cumple tan solo un 50.6 % de lo exigido
en la norma actual. (…)
Observamos que se no se tienen en cuenta 2 aspectos de Prohibición y 2
restricciones descritos en el Decreto 838 de 2005.

Como conclusión a la calificación anterior se designa el lugar como NO
OPTIMO NI APROPIADO para la disposición de residuos sólidos
municipales.

(…) Dentro del Diagnóstico Ambiental de Alternativas existentes, se prevé el
no haber tenido en cuenta los lineamientos de la Norma ambiental vigente para
selección de un sitio de disposición final de residuos, y que es el actual Decreto

70 Folio 240 del cuaderno 2 del expediente judicial.
71 «NOHORA EMILEY GUTIERREZ Z, Ingeniera Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle, con

especialización en Evaluación Social de Proyectos y Maestría en ingeniería Civii de la Universidad de Los Andes
(en proceso ésta última); posee (12) doce años de experiencia en evaluaciones ambientales para proyectos de
diversa índole, en particular de saneamiento básico, manejo integral de residuos sólidos a nivel municipal,
manejo de residuos anatomopatológicos, hospitalarios y peligrosos. Ha trabajado como interventora del relleno
sanitario Doña Juana, como asesora ambiental en el relleno sanitario El Carrasco de Bucaramanga por parte
de ACODAL Y MINAMBIENTE y en plantas de aprovechamiento y valorización a nivel nacional. También posee
amplia experiencia en el tema de tratamiento de aguas residuales; proyectos viales y calidad del aire».

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838 del 23 de marzo de 2005, se observa que se tuvieron en cuenta
lineamientos generales teóricos que se tenían para ello, antes de salir la norma
vigente. El sitio de disposición final actual NO SE CONSIDERA APTO para
relleno sanitario ya que según lo establecido en el decreto 838 de 2005 se
incumplen dos aspectos técnicos fundamentales y además 2
restricciones. Se hace la aclaración que con el sólo hecho de incumplir una
prohibición ni siquiera se debería tener en cuenta el lugar como posible sitio,
pues los impactos a causarse son tan graves que no facilitan el mitigar, controlar
y compensar los impactos generados. […] (Negrillas de la Sala)

185. El estudio de 2 de mayo de 2006 incluye la siguiente tabla compilatoria de los
hallazgos, conforme a la cual, el lugar en donde se ubicaba la alternativa 3 no
cumple con el porcentaje mínimo de evaluación del 60% a que alude el parágrafo
1° del artículo 5° del Decreto 838 de 2005, por las siguientes razones:

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186. La citada prueba, de cara al hecho consistente en que los usos previstos para
el predio “La Sabana”, según el Acuerdo No. 039 de 2004, no eran compatibles con
la destinación que autorizó la autoridad ambiental, ciertamente cuestiona la
suficiencia de la información con la que Cormacarena adoptó una decisión tan
trascendental para el desarrollo de ese municipio.

187. Además, la Sala observa que no era cierta la afirmación consignada en el
Concepto Técnico No. G-5.05.201 de 18 de julio de 2005, según la cual «la
alternativa 3 no presentaba cercanía a caños y manantiales», pues la valoración de
los impactos generados al recurso hídrico y del nivel freático de ese sector, presentó
los siguientes yerros:

i) Valoración inadecuada de los impactos al recurso hídrico

188. Como ya se mencionó, a juicio de los demandantes, ese proyecto estaba
inmerso en la siguiente prohibición dispuesta en el literal 1° del artículo 6° del
Decreto 838:

[…] Artículo 6°. Prohibiciones y restricciones en la localización de áreas
para disposición final de residuos sólidos. En la localización de áreas para
realizar la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de
relleno sanitario, se tendrán en cuenta las siguientes:

1. Prohibiciones: Corresponden a las áreas donde queda prohibido la
localización, construcción y operación de rellenos sanitarios:

Fuentes superficiales. Dentro de la faja paralela a la línea de mareas máximas
o a la del cauce permanente de ríos y lagos, como mínimo de treinta (30) metros
de ancho o las definidas en el respectivo POT, EOT y PBOT, según sea el caso;
dentro de la faja paralela al sitio de pozos de agua potable, tanto en operación
como en abandono, a los manantiales y aguas arriba de cualquier sitio de
captación de una fuente superficial de abastecimiento hídrico para
consumo humano de por lo menos quinientos (500) metros; en zonas de
pantanos, humedales y áreas similares. […] (Negrillas de la Sala)

189. Para los demandantes era falso el planteamiento consignado en la evaluación
del DAA, consistente en que «la alternativa 3 "no presentaba cercanía a caños" y
manantiales». Por el contrario, el lugar «corresponde a un área de protección
ambiental», en donde «a escasos 70.00 metros desde el Canal Perimetral del
proyecto por el costado occidental pasa el Caño Gualas, el cual en época de
invierno se rebosa y nace en las lagunas ubicadas en la parte superior del
proyecto». Además, «dentro del lote denominado "La Sabana" se encuentra una

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
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laguna, un humedal estacionario y varias zonas saturadas de agua, donde
precisamente nace el Caño Cural (…) que abastece el acueducto municipal de
Fuente de Oro (Meta) con 3,500 usuarios en el casco urbano».

190. Respecto de esos argumentos, se destaca que el 15 de julio de 2005, los
funcionarios de Cormacarena Paola Ferreira y Néstor Iván Hernández visitaron los
tres sitios propuestos por la Empresa de Servicios Públicos de Granada en el
Diagnostico Ambiental de Alternativas, para la construcción del relleno sanitario.

191. Como resultado de la visita, el coordinador de Gestión Integral del Recurso
Hídrico y el coordinador de la Regional Ariari presentaron el concepto técnico No G-
5.05.201 del 18 de julio de 2005, a través del cual selección la alternativa 3, tras
afirmar que:

[…] la tercera alternativa localizada en las coordenadas 885940 Norte y
1043444. Este tiene un área de 10 hectáreas, corresponde a la mejor de las
3 alternativas, se encuentra localizada en la vereda alto Iriqué cercana a la
alternativa dos, pero con unas condiciones de drenaje y de ubicación con
respecto a cuerpos de agua superficiales muy favorables en comparación
con las dos alternativas primeras. […] (negrillas de la Sala)

192. Posteriormente, en el marco del Concepto Técnico No. G-5.05.325 de 13 de
octubre de 2005, el coordinador de Gestión Integral del Recurso Hídrico de
Cormacarena, Néstor Iván Hernández, y el coordinador de la Regional Ariari de la
misma entidad, señor Andrés Felipe Barney Berrio, identificaron erróneamente las
fuentes hídricas del área de influencia de ese proyecto.

193. El referido concepto señaló que: «el Estudio de Impacto Ambiental para la
construcción del relleno sanitario del municipio de Granada contiene los siguientes
capítulos: introducción, marco legal, consideraciones generales sobre residuos
sólidos, descripción del proyecto, línea base ambiental, identificación y evaluación
de impactos ambientales, plan de manejo ambiental, plan de contingencias, plan de
seguimiento y monitoreo, glosario, bibliógrafa y registro fotográfico».

194. También reiteró que: «de acuerdo con los resultados del estudio de DAA la
Corporación determino que desde el punto de vista técnico, económico y ambiental,
el lote localizado en la vereda Alto Iriqué en las coordenadas Norte 888150 y Este
1053050 es el adecuado para la construcción de un relleno sanitario tecnificado,
considerando entre otras ventajas su cercanía al perímetro urbano, la ausencia de
cuerpos de aguas permanentes cercanos al lote y las condiciones de drenaje
hicieron de este sitio la mejor alternativa de localización del relleno sanitario».

195. Sin embargo, cuando identificó cuáles son los cuerpos de agua cercanos, adujo
que el único afluente: «corresponde al caño Irique el cual se encuentras a más
de 1000 m del relleno sanitario. Este caño en una corriente transitoria, es decir
durante el invierno corre el agua mientras que en el verano no».

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

196. Por todo lo anterior, el artículo 10 de la Resolución 2.06.05.-1015 de 14 de
octubre de 2005 contempló una vigilancia permanente del caño Irique, sin incluir las
demás corrientes hídricas que hacían parte del área de influencia, tal como se
puede apreciar a continuación:

[…] ARTÍCULO DÉCIMO: La Empresa de Servicios Públicos de Granada
E.S.P., deberá hacer una caracterización cada seis meses de los pozos de
monitoreo, así como de la corriente de agua superficial más cercana (caño
Irique aguas arriba y aguas abajo del relleno sanitario), para lo cual deberá
presentar para aprobación el plan de monitoreo a la corporación en un término
de 30 días, una vez se inicie la operación del relleno, dicha caracterización
deberá ser realizada en un laboratorio acreditado o en proceso de acreditación
ante el IDEAM. Este monitoreo debe hacerse durante el tiempo que dure en
operación el relleno sanitario y cinco años más o antes dependiendo de los
resultados de los monitoreos y a criterio de la Corporación. […] (negrillas de la Sala)

197. Pues bien, el 29 de noviembre de 2005, el señor Israel Oswaldo Cortés
interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 2.6.05-1015, en
donde informó que el relleno sanitario que operaría en el predio La Sabana podría
afectar otras vertientes como el Caño Gualas y el Caño Cural Sabanero. Además,
mencionó que esta última vertiente era utilizada para el suministro de agua potable
del municipio de Fuente de Oro. También informó que dicho ecosistema era un
humedal conformado por una cadena lagunar.

198. Mediante Auto No. G2.05.263 del 19 de diciembre de 2005 Cormacarena
admitió el recurso de reposición presentado, y ordenó realizar una visita técnica, la
cual se llevó a cabo los días 28 y 29 de diciembre de 2005 «por parte del topógrafo
Mauricio Cataño y el T.L. Jaime Rey Mora a los alrededores del relleno sanitario
para verificar la distancia de los acuíferos y viviendas que se encuentran
cercanas a este sitio».

199. En el contexto de esa visita, los funcionarios de Cormacarena Jaime Rey
Mora72, Paola Ferreira73, Mauricio Cataño74, Néstor Iván Hernández75 y Andrés
Felipe Barney Berrio76 emitieron el Concepto Técnico No. G-5.06.003 de 29 de
diciembre de 2005, en el cual se consignan las siguientes conclusiones:

[…] Se inicio el recorrido por la finca El Paraíso de señor Jorge Gaitán ubicada
en la vereda Alto Irique a 1.166 metros de distancia del relleno sanitario; en esta
finca se encuentra el nacimiento del caño Cural Sabanero que tiene una
cobertura de palma de moriche y arbustos de altura media con gramíneas en la
parte alta del aguajal, entre este sitio y el relleno hay una distancia de 1.382
metros de acuerdo a las coordenadas: N 885.353 W 1043473; (…)

72 Administración Agropecuaria Sanitaria
73 Ingeniera Ambiental
74 Topógrafo
75 Coordinador de Gestión Integral del Recurso Hídrico
76 Coordinador de la Regional Ariari

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En la finca la Fortuna de 49 Has de propiedad del señor Fabio Barrera, en la
vereda Alto Irique, ubicada a una distancia de 2.410 metros del relleno
sanitario de acuerdo a las coordenadas N 884.116 W 1.044.342; en esta finca
viven 6 personas 4 adultos y 2 menores allí se encuentra una laguna de
aproximadamente 1 Ha de espejo de agua, que tiene una protección de
bosque de aproximadamente del 60 %, cerca de este lugar pasa el caño Cural
Sabanero a una distancia de 200 metros de la casa; esta fuente hídrica no es
contaminada, tiene un ancho de 2 metros y presenta una buena cobertura de
bosque y sotobosque con una ronda de aproximadamente 150 metros. Dentro
del plano anexo se ubica como la Laguna 2 y se ubica en las siguientes
coordenadas N 883.725 w 1044982. (…)

En la finca San Fernando de propiedad del señor Oscar Arcila, está ubicada
una laguna a 483 metros del relleno, tiene una cobertura de pasto
mejorado sobre su ronda, su pendiente tiende sobre la microcuenca del caño
Iraca. Dentro del plano se ubica como la Laguna 3 y se encuentra en las
siguientes coordenadas N 886.786 W 1043.543

En la finca del señor Reinel Gaitán, lote que colinda con el terreno donde
se localiza el relleno sanitario, se encuentra una laguna en la parte
Noroccidente de este sitio, a una distancia de 462 metros esta fuente
hídrica se encuentra un poco intervenida. Ubicada en el plano como
Laguna No 4 y con las siguientes coordenadas N 886.737 W 1.043.175.

En la finca Quillacinga de 600 Has aproximadamente de propiedad del señor
Oswaldo Cortes (…). En esta finca se encuentran ubicadas 5 lagunas de
las cuales 3 de ellas han sido intervenidas con maquinaria para
profundizarlas y conservar el agua durante el tiempo del verano como
bebedero del ganado, estas tienen una cobertura de bosque de un 40 % y el
agua se torna turbia. Las que no han sido intervenidas el agua es clara,
tienen una cobertura del 60 % de bosque y llegan aves como garzas, patos,
chirringos y pájaros. (…)

Dentro de la visita realizada el día 29 al relleno sanitario, el señor Oswaldo
Cortes asegura que el nacimiento del caño Cural Sabanero es la laguna
ubicada en el terreno del señor Reinel Gaitán, sin embargo, en la visita
realizada con el topógrafo se verifico que las aguas de esta laguna son
afluentes del nacimiento del caño Cural Sabanero ubicada en el plano
anexo.

[…] El Municipio de Fuente de Oro no fue involucrado dentro del proceso de
licenciamiento del Relleno Sanitario ya que dentro del RAS 2000 (F.6.2.1)
Numeral de Restricciones generales y distancias mínimas sobre fuentes de
agua potable, como es el caso del caño Cural Sabanero, se especifica que
debe existir una distancia mínima de 500 metros desde un cuerpo de
agua potable a un relleno sanitario y desde el nacimiento del caño hasta
el relleno sanitario existe una distancia de 1.382 metros, trayecto que
supera lo permitido por el RAS.

Dentro del RAS 2000 Titulo F (F.6.2.1) se tiene que la distancia mínima con
respecto al límite del casco urbano es de 1,000 m, y la distancia existente
entre el casco urbano y el relleno sanitario es de 2.225 m y las casas
mas cercanas al lote donde se construye el relleno sanitario es de 1.166
finca El Paraíso, 1.240 metros, 1.178 metros y 1.148 metros de tres
viviendas que se encuentran ubicadas dentro de la Finca Quillacinga;

61

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

distancias que también se encuentran cumpliendo con los parámetros
establecidos en el RAS 2000.

Es cierto que cerca al lote donde se construye el relleno sanitario se
encuentran cuerpos de agua como son las lagunas 3 y 4 descritas
anteriormente y ubicadas dentro del plano anexo; los escurrideros de
agua de estas dos laguna se podrían ver afectados por el
funcionamiento del relleno sin embargo el proyecto cuenta con sistema
de manejo de lixiviados, canalización de las aguas de las lagunas, el
proyecto no presentara ningún vertimiento al suelo, las celdas tienen
geomembrana, geotextil y tubería de recolección de lixiviados además
de esto se ubicaron pozos de monitoreo; para detectar posibles fugas
que se puedan presentar. Por lo tanto, el relleno cuenta con todas las
precauciones necesarias para evitar la contaminación del agua superficial y
subsuperficial.

Igualmente, la empresa de servicios públicos de Granada, allegó los
resultados del análisis de calidad del agua, que servirán como de base
para determinar fugas que se puedan presentar.

Se realizaron pruebas de estanqueidad de la celda construida y de los pozos
para la recirculación de los lixiviados donde se pudo comprobar y garantizar
que no se presenten fugas que puedan contaminar el agua superficial y
subsuperficial.

No es cierto que el nacimiento del caño Gualas se encuentre a 25 metros del
relleno sanitario como se especifica en el Recurso de Reposición, este
nacimiento se encuentra ubicado dentro finca Quillacinga de propiedad
del señor Oswaldo Cortes a una distancia de 1.132 metros del relleno
sanitario; laguna que en la actualidad se encuentra intervenida por ser
utilizada como bebederos de ganado, igualmente la laguna ha sido
parcialmente deforestada y profundizada con maquinaria pesada; desde esta
laguna y por el drenaje del caño no se encuentra ninguna ronda de
protección de esto. El lote donde se ubica el nacimiento del caño Gualas y
parte del recorrido del cauce es utilizado en la actualidad para pastoreo de
ganado. (Ver anexo fotográfico).

(…) Como se ha descrito con anterioridad el RAS 2000 estipula que la
distancia mínima que puede tener un relleno sanitario respecto cuerpo de
agua es 500 metros las únicas dos lagunas que no cumplen con este
parámetro son las lagunas ubicadas en los predios de los señores Oscar
Arcila y Reinel Gaitan y el terreno donde se ubican se encuentra en
contra pendiente con el relleno, por tal razón no se podrán ver
afectadas por los lixiviados si se llegara a producir alguna infiltración.

La divisoria de aguas se encuentra en el camellón ganadero según
topográfica realizada por CORMACARENA por lo tanto esta afirmación no
es inexperta como se describe en el recurso de reposición.

(…) la Corporación no entiende como la mayoría de los humedales y
lagunas se encuentran totalmente intervenidas por el hombre,
profundizándolas como abrevaderos de ganado y deforestándolas parcial o
total como ocurre con el nacimiento del caño Gualas y en el recorrido del
cauce que igualmente se encuentra totalmente deforestado ubicado en
Propiedad del señor Oswaldo Cortes, estos impactos igualmente afectan
negativamente al medio ambiente, a la fauna y flora del sector. (…)

62

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

(…) El proyecto construcción del relleno sanitario del municipio de Granada
no tiene impedimento para su funcionamiento ya que los cuerpos de aguas
más cercanos se encuentran a 483 m y 462 m del relleno sanitario, una
distancia que no cumple con el RAS 2000, sin embargo los terrenos
donde se ubican estas lagos están en contra pendiente terreno donde
se ubican las celdas por tal motivo no se verían afectadas o impactadas
si se llegara a presentar alguna infiltración de lixiviados y las viviendas
más cercanas se encuentra fuera de los parámetros mínimos establecidos
igualmente por el RAS 2000. […]77 (negrillas de la Sala)

200. Dicho concepto concluyó lo siguiente:

[…]

• Se encontraron 8 acuíferos o lagunas en un radio menor de 2
kilómetros del relleno sanitario.
• Que el nacimiento del Caño Cural Sabanero se encuentra a una
distancia mayor de 1200 metros del relleno sanitario.
• Que la vivienda o sitios habitados se encuentran a una distancia mayor
de 1 kilómetro del sitio del relleno sanitario.
• Respecto a las lagunas que han sido intervenidas con maquinaria para
profundizarlas como reserva de agua en el tiempo de verano como
bebederos del ganado; deben ser protegidas y conservadas por los
mismos propietarios.
• Que el nacimiento del caño Gualas se encuentra ubicado en la Finca
Quillacinga a más de 1.000 metros de distancia del relleno sanitario y
no en la finca La Sabana a una distancia de 25 metros.
• Que el caño Irique se encuentra a una distancia mayor de 1000
metros de distancia del relleno sanitario.
• Que el perímetro urbano se encuentra a más de 1000 metros de
distancia del relleno sanitario.
• Que la mayoría de las lagunas y cuerpos de agua intervenidos por los
mismos propietarios de las fincas (…)

Para poder entrar el relleno sanitario en funcionamiento se deberá tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:

• Continuar y fortalecer la campaña de selección en la fuente (…)

• Se deberán ubicar llantas en las paredes laterales internas de la celda
de disposición con el fin evitar daños en la geomembrana (…)

• Se deberá realizar el proceso de tratamiento de los lixiviados
mediante el proceso de recirculación, según lo establecido en la
resolución no. 2.6.05-1015 artículo séptimo, realizando dicha
recirculación desde los tanques provisionales de almacenamiento
hasta la celda de disposición mediante bombeo, dentro de la cual
se manejará un sistema por aspersión que garantice la evaporación
de los lixiviados. En este proceso se realizará también la aplicación de
microorganismos para acelerar el proceso de descomposición de los
residuos sólidos y controlar los malos olores.

77
CD a folio 492 del expediente judicial. Páginas 680 a 691.

63

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• Se deberá colocar un material sintético adecuado para cubrir los
residuos sólidos dispuestos en la celda antes de la construcción de la
cubierta definitiva, con el fin de evitar propagación de malos olores y
producción de vectores.

• Se realizará el proceso de fumigación diariamente para controlar las
plagas.

• Iniciar la reforestación y ubicación de la cerca viva en el perímetro del
lote donde se construye el relleno sanitario como se estipula en el
Estudio de Impacto Ambiental. […] (Negrillas de la Sala)

201. A partir de la anterior información, la Resolución 2.6.06.0008 de 2006 denegó
el recurso de reposición porque «se pudo comprobar que el caño Gualas en
distancia con relación al relleno sanitario se encuentra a 1.132 m y el Caño Cural
Sabanero a 1200 m. en cuanto a los acuíferos o lagunas se pudieron identificar 8,
los cuales se encuentran en un radio menor de 2 km con relación al relleno sanitario,
en donde los dos cuerpos de aguas más cercanos se encuentran 483 m de la
Laguna número 3 y 462 m de la Laguna número 4, según plano anexo, en
contrapendiente al relleno sanitario».

202. De los documentos transcritos y atendiendo a los hechos acreditados, se
observa que la entidad demandada incurrió en un error fáctico cuando concluyó
que los supuestos de la prohibición legal dispuesta en el numeral 1° del artículo 6°
del Decreto 838 no se presentaban en el caso concreto. Nótese que este precepto
no solo prohibió que los rellenos sanitarios colindaran a menos de 500 metros del
lugar de nacimiento de las fuentes hídricas, sino que hizo énfasis en que también
se deben proteger los recursos hídricos ubicados «aguas arriba de cualquier sitio
de captación de una fuente superficial de abastecimiento hídrico para consumo
humano de por lo menos quinientos (500) metros».

203. Con base en ello y atendiendo a los hechos consignados en el Concepto
Técnico No. G-5.06.003, se tiene que «el topógrafo (de Cormacarena) verificó
que las aguas de la laguna (ubicada a una distancia de 462 metros del relleno)
son afluentes del nacimiento del caño Cural Sabanero».

204. El termino afluente78 en hidrología se utiliza para describir un caudal secundario
que lleva sus aguas a otro mayor o principal. Ello significa que las aguas de la
laguna ubicada a 462 metros del relleno confluyen en el lugar de nacimiento del
caño Cural Sabanero, esto es «aguas arriba de un sitio de captación de una fuente
superficial de abastecimiento hídrico para consumo humano».

205. En armonía con lo anterior, el Concepto Técnico No. G-5.06.003 y la misma
Resolución 2.6.06.0008 de 2006 reconocen que el suministro del agua potable por

78 La RAE decribe el concepto de afluente como el
«arroyo o río secundario que desemboca o desagua en otro principal.»

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parte del acueducto de Fuentedeoro se hace a partir de las aguas del Caño Cural
Sabanero.

206. Precisamente, el oficio de 6 de abril de 2006, suscrito por la secretaria de
servicios públicos del municipio señora Diana Patricia Mancera, explica lo siguiente:

[…] Dentro del inventario hídrico del municipio, existe una fuente de agua con el
nombre de CAÑO CURAL SABANERO, que al unirse con el Auralito forman
el Cural o Curalito.
El acueducto municipal se surte con agua de dos (2) pozos profundos y
del cauce denominado Caño Curalito, del cual la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo especial la Macarena (...)
concedió la Concesión de aguas superficiales correspondiente al caño
antes mencionado, para consumo Humano y uso doméstico beneficio del
Acueducto Municipal de Fuentedeoro (...)
El acueducto de Fuentedeoro cuenta con 832 usuarios […]79 (Negrillas de la
Sala)

207. Cabe resaltar que el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 838 no señaló
ninguna circunstancia geológica que permitiera desconocer el criterio técnico de los
500 metros, porque esa norma buscaba materializar el principio de prevención de
los daños ambientales, motivo por el cual el argumento asociado a que la laguna
se ubicaba «a una distancia de 462 m en contrapendiente del relleno sanitario» no
justificaba el desconocimiento de esta determinante técnica y ambiental.

208. En efecto, como las aguas de la “laguna 4” -ubicada a menos de 500 metros del
relleno sanitario- son un afluente del lugar de nacimiento del Caño Cural Sabanero,
no cabe duda que esas aguas se encuentran arriba del sitio de captación del
acueducto de Fuentedeoro, independientemente del hecho consistente en que la
laguna estuviera situada en sentido opuesto al de la caída de la pendiente del lote
del relleno sanitario.

209. Además, esa norma a renglón seguido señaló que tampoco es posible construir
esa infraestructura en «zonas de pantanos, humedales y áreas similares», aspecto
que reforzaba la inadecuada identificación del predio, pues en diferentes partes del
Concepto Técnico No. G-5.06.003 se mencionó que ese sector comprendía un
humedal que había sufrido intervenciones antrópicas.

210. Respecto de la cadena de lagunas que hacen parte de ese humedal, el estudio
técnico titulado “EVALUACIÓN TÉCNICO AMBIENTAL UBICACIÓN RELLENO
SANITARIO MUNICIPIO META” explicó lo siguiente:

[…] En el municipio de Granada, se distinguen tres tipos de aguas subterráneas:
manantiales, aguas subterráneas superficiales y aguas subterráneas
profundas. Se encuentran algunos sistemas de tipo Léntico, constituidos
por las aguas cuya característica principal es la confinación entre límites

79 Folio 266 expediente judicial cuaderno 2

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determinados de tierra como son: lagos, lagunas y jagueyes (Ve Anexo No.
1 — cadena de jagueyes a lo largo de los predios en estudio). Las aguas
subterráneas superficiales se encuentran en toda el área del municipio, el nivel
freático fluctúa entre 0 y 4 metros del nivel terrestre (es el caso actual de los
terrenos en estudio). Los sectores con nivel freático mayor de 50 cm son propios
de terrenos de gradientes suaves, pies de plataformas y terrazas, terrenos
cóncavos, terrenos inundables y sectores con predominio de sedimentos finos.

Si bien podemos observar en inmediaciones del área de influencia directa del
relleno sanitario tenemos los siguientes aspectos ABIÓTICOS:

A tan sólo 400 m está el Jaguey No. 9, a 450 m se ubica el Jaguey No. 10, A
tan sólo 510 m está ubicado el Jaguey No. 9B, a tan sólo 200 m de un lado y a
70 m de la entrada al relleno, cruza el Caño Gualas (que partiendo de las celdas
del relleno no sobrepasa los 500 m), a 400 m se observa el flujo del Caño Cural
Sabanero y a 680 metros desde el perímetro urbano a la entrada del relleno (la
celda de disposición final actual se ubica a tan sólo 800 m desde el perímetro
urbano). Ver Anexo No. 1 — Plancha IGAG No.285-lV-C. Se detecta que son
terrenos totalmente planos propensos a fácil inundación más si se trata de
tiempos de invierno. Igualmente, las fincas ubicadas de manera contigua (no
sobrepasando los 1000m) permanecen cubiertas de lámina de agua
superficial y poseen varias lagunas naturales en donde permanecen
especies tanto de microflora como de microfauna. […]80 (Negrillas de la Sala)

211. El estudio presenta la siguiente recopilación fotográfica de 11 de marzo de 2006
de los predios colindantes al proyecto:

[…]81

212. También contiene el siguiente anexo fotográfico capturado en la misma fecha
en la finca La Sabana, en donde se observa la retención del agua sobre la superficie
del terreno del proyecto:

[…]

80
Folio 210-240 del cuaderno 2 del expediente judicial.
81
Folio 210-240 del cuaderno 2 del expediente judicial.

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[…]82

213. El mismo documento incluye el siguiente cuadro descriptivo con relación a los
requerimientos técnicos que no cumplió ese proyecto para evitar afectaciones al
recurso hídrico:

(…)

(…)

82
Folio 210-240 del cuaderno 2 del expediente judicial.

67

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(…)

(…)

(…)

68

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83

214. Conforme al citado informe, el predio “La Sabana” hacia parte de un ecosistema
lentico de tipo humedal en el que no era posible cumplir con las especificaciones
del RAS 2000. A pesar de ello, a través de la Resolución 2.6.06.0008 de 2006 la
autoridad demandada no repone su decisión inicial en contravía con el reglamento.

215. Pero aún más grave, resulta el hecho consistente en que Cormacarena ni
siquiera modificara como mínimo el sentido del artículo 10 de la Resolución
2.06.05.-1015 de 2005, a pesar de que sus estudios hidrogeológicos iniciales fueron
tan insuficientes que desconocieron la existencia del Caño Cural Sabanero y del
Caño Gualas. Por ese error, no existía ningún método de control de los impactos
negativos causados a esas aguas, y aun así la Resolución inicial que otorgó el
licenciamiento mantuvo tal problemática estructural.

216. En relación con este aspecto, y según el estudio técnico titulado “EVALUACIÓN
TÉCNICO AMBIENTAL UBICACIÓN RELLENO SANITARIO MUNICIPIO META”84,
cuya autoría se ratificó durante el transcurso del debate judicial85, se destaca que el
Caño Iriqué está «ubicado a 1500 metros de la celda de disposición final y a 1200
m de la entrada al mismo», mientras que, en los términos de la Resolución
2.6.06.0008 de 2006, «la distancia existente entre el relleno sanitario y el caño
Gualas es de 1132 m cuyo nacedero está ubicado en la finca Quillacinga de
propiedad del señor Cortés y la distancia del nacedero del caño fue de 1200 m».

217. Sin lugar a dudas la decisión de la autoridad contenida en los actos acusados
afectó de forma desproporcional el recurso hídrico, tal y como lo señala la matriz de
impactos que aportó la parte actora junto con el escrito de la demanda, en donde
explica lo siguiente:

[…] Si observamos la Matriz Ambiental (Ver Anexo No. 2), nos damos cuenta
que el elemento más sensible a la instalación del relleno sanitario en un
sitio de las condiciones donde se encuentra el actual relleno sanitario, es el
AGUA tanto superficial como sub-superficial (…). Es claro que en una zona
donde los niveles de precipitación son altos (2400-2800 mm/año) y donde las
posibilidades de drenaje son bajas por ser zonas tan planas, el nivel freático
muchas veces llega al orden de los 0.50 m hasta los 0 metros. El Agua de

83
Folio 210-240 del cuaderno 2 del expediente judicial.
84 Elaborada por la ingeniera Ambiental y Sanitaria, Nohora Emily Gutiérrez. Folio 210-240 del cuaderno 2 del

expediente judicial.
85 En el folio 497 obra el acta de la diligencia de reconocimiento de esos documentos por parte de la señora

Nohora Emily Gutiérrez Zarate.

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estas zonas es abundante y de buenas características, propicia muchas la
saturación del subsuelo y aflora a la superficie incrementando los
volúmenes en los jagueyes y reservorios que existen en el área de
influencia directa del relleno. Por lo anterior, se puede inferir grado alto de
sensibilidad y por ende las exigencias para el establecimiento de relleno
sanitario no se deben desconocer al punto de verse la muy poca y nada
posibilidad de manejar residuos sólidos en medio de dichos terrenos. […]
(Negrillas de la Sala)

218. En el mismo sentido, la Sala pone de presente que el apoderado de
Cormacarena, en el escrito de contestación de la demanda de 1° de agosto 86 de
2007, frente al hecho 2.40 del libelo petitorio, indicó que:

[…] AL HECHO 2.40.- Es cierto, pero es de aclarar que el Concepto Técnico
No. G5.06.003 de 2005, emitido por el Coordinador de la Unidad de Recurso
Hídrico, quien es un funcionario idóneo y de plena credibilidad, señala que el
Caño Cural, está ubicado a una distancia con relación al relleno sanitario de
1.382 metros […]

219. Los demandantes habían afirmado en este hecho que: «dentro del lote
denominado "La Sabana" se encuentra una laguna, un humedal estacionario y
varias zonas saturadas de agua, donde precisamente nace el Caño Cural».

220. Es decir que la autoridad ambiental, durante el transcurso del debate judicial,
estuvo parcialmente de acuerdo con las características ambientales de este
ecosistema. En todo caso, se resalta que esa zona -además de pertenecer a un humedal
con ecosistemas de tipo lentico-, contenía una laguna a 462 metros del proyecto cuyas
aguas confluían con el punto en donde iniciaba el Caño Cural Sabanero y en donde
se surte el acueducto del municipio de Fuentedeoro.

221. Siendo ello así, la Sala de Decisión concluye que el DAA contenía información
incompleta de las características ecosistémicas de las tres alternativas y, por eso,
son falsos los motivos dispuestos en las Resoluciones 2.06.05-1015 de 2005 y
2.6.06-0008 de 2006 sobre las medidas de prevención, compensación y corrección
de los impactos al recurso hídrico.

222. Además, esos actos administrativos conculcaron el preámbulo, los artículos 4°,
79 y 80 de la Constitución Política, el artículo 6° del Decreto 838 de 2005, y los
artículos 17, 18, 19 y 22 del Decreto 1220 de 2005, porque Cormacarena, en el
trámite de evaluación ambiental, no respetó las prohibiciones previstas en el
Decreto 838 en cuanto a los lugares en donde no es posible construir rellenos
sanitarios.

ii) Valoración inadecuada del nivel freático

86 Folio 406 expediente judicial (cuaderno 3).

70

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223. Es importante también destacar que el artículo 6° del Decreto 838 permite la
construcción de rellenos sanitarios en los lugares que cuentan con fuentes hídricas
subterráneas, siempre que no sean zonas de recarga de acuíferos y mientras se
respeten las siguientes determinantes:

[…] Artículo 6°. Prohibiciones y restricciones en la localización de áreas
para disposición final de residuos sólidos. En la localización de áreas para
realizar la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de
relleno sanitario, se tendrán en cuenta las siguientes:

1. Prohibiciones: Corresponden a las áreas donde queda prohibido la
localización, construcción y operación de rellenos sanitarios:

(…) Fuentes subterráneas: En zonas de recarga de acuíferos. (…)

2. Restricciones: Corresponden a las áreas donde si bien se pueden localizar,
construir y operar rellenos sanitarios, se debe cumplir con ciertas
especificaciones y requisitos particulares, sin los cuales no es posible su
ubicación, construcción y operación: (…)

Fuentes subterráneas. La infraestructura instalada, deberá estar ubicada a
una altura mínima de cinco (5) metros por encima del nivel freático. […]
(Negrillas de la Sala)

224. La enunciada garantía se cumplió “formalmente” en el caso concreto si se tiene
en cuenta que el Concepto Técnico No. G-5.05.325 de 13 de octubre de 2005 señaló
lo siguiente:

[…] de acuerdo con los resultados del estudio de DAA la Corporación determino
que desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, el lote localizado
en la vereda Alto Iriqué en las coordenadas Norte 888150 y Este 1053050 es el
adecuado para la construcción de un relleno sanitario tecnificado, considerando
entre otras ventajas su cercanía al perímetro urbano, la ausencia de cuerpos de
aguas permanentes cercanos al lote y las condiciones de drenaje hicieron de
este sitio la mejor alternativa de localización del relleno sanitario».

(…) El nivel freático se encontró a dos metros de profundidad de la superficie
del suelo en temporada de invierno. El nivel freático disminuye drásticamente
en los periodos de estiaje.

(…) de acuerdo con las condiciones del suelo y de localización del nivel de
las aguas freáticas, se determinó que la profundidad de excavación para la
conformación de las celdas es de máximo un metro por debajo del nivel
del terreno y la altura total de las celdas por encima del nivel del terreno
es de 3 metros. […] (negrillas de la Sala)

225. Sin embargo, en la praxis, el Concepto Técnico No. G-5.06.003 de 29 de
diciembre de 2005, en el acápite de conclusiones, indicó que: «se encontraron 8
acuíferos o lagunas en un radio menor de 2 kilómetros del relleno sanitario», y a
pesar de ello, en el plenario no obran estudios hidrogeológicos que permitan
descartar que el lote se acompasa con una zona de recarga de acuíferos.

71

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226. En el mismo sentido, la consultoría allegada por la parte actora explicó que: «el
nivel freático muchas veces llega al orden de los 0.50 m hasta los 0 metros»,
hecho reforzado por el material fotográfico aportado. Esto en principio indicaría que
las celdas habrían desconocido la norma que exige una altura mínima de 5 metros
por encima del nivel freático, en la medida en que Cormacarena aprobó que fueran
entre 3 metros y 3.5 metros contando a partir de la superficie del suelo.

227. Aquella decisión se soportó en el contenido del Concepto Técnico No. G-
5.05.325 de 13 de octubre de 200587, conforme al cual el nivel freático «se encontró
a dos metros de profundidad de la superficie del suelo en temporada de invierno. El
nivel freático disminuye drásticamente en los periodos de estiaje». De manera que:
«de acuerdo con las condiciones del suelo y de localización del nivel de las aguas
freáticas, se determinó que la profundidad de excavación para la conformación de
las celdas es de máximo un metro por debajo del nivel del terreno y la altura total
de las celdas por encima del nivel del terreno es de 3 metros».

228. Este aspecto técnico tiene que ver con que la Resolución 2.06.05-1015 de 2005,
en su artículo 7°, acogiera «la propuesta de recirculación de los líquidos lixiviados
como sistema de tratamiento de estos líquidos», a pesar de los impactos que podría
generar el haber construido las obras a una altura menor a la exigida en el
reglamento técnico para evitar la infiltración de lixiviados en el suelo.

229. Sobre este punto, el estudio técnico titulado “EVALUACIÓN TÉCNICO
AMBIENTAL UBICACIÓN RELLENO SANITARIO MUNICIPIO META”, explica lo
siguiente:

[…] Para las actividades generales de construcción y operación del relleno
sanitario en una zona con las características del lote seleccionado para
disposición de residuos, los impactos son de tipo Negativo Alto y Negativo
Medio. Se evidencia que la generación de lixiviados es una actividad de especial
manejo y que en el terreno hay un alto grado de susceptibilidad en su
manejo, pues los terrenos se inundan y el tanque subterráneo que los
contiene puede quedar fácilmente sumergido, razón que acarrearía un
problema grave. […] (negrillas de la Sala)

230. De manera que las Resoluciones 2.06.05-1015 de 2005 y 2.6.06-0008 de 2006
también transgreden el preámbulo, los artículos 4°, 79 y 80 de la Constitución
Política, el artículo 6° del Decreto 838 de 2005, y los artículos 17, 18, 19, 20 y 22
del Decreto 1220 de 2005, porque Cormacarena, en el trámite de evaluación
ambiental, no demostró haber acatado las restricciones previstas en el Decreto 838
en cuanto a la altura mínima de las instalaciones con relación al nivel freático del
suelo, y tampoco acreditó haber exigido los estudios hidrológicos que permitieran
conocer si el interesado construyó ese relleno en una zona de recarga de acuíferos.

87Elaborado por el coordinador de Gestión Integral del Recurso Hídrico Néstor Iván Hernández, y por el
coordinador de la Regional Ariari, señor Andrés Felipe Barney Berrio, en cuyo marco la autoridad ambiental
evaluó el Estudio de Impacto Ambiental.

72

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IV.2.3. La etapa de factibilidad de esa evaluación ambiental

231. El legislador definió la Licencia Ambiental como «la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad,
sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que
la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada» (art. 50 Ley 99).

232. En el mismo sentido, el artículo 3° del Decreto 1220 de 2005 explicó que ese
instrumento lleva «implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables,
que sean necesarios para el desarrollo de la actividad autorizada». Y, por ende, «la
licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto,
obra o actividad».

233. En ese contexto, el artículo 20 del Decreto 1220 de 2005 explica que el
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o
actividades que requieren licencia ambiental es el Estudio de Impacto Ambiental. Y
agrega que ese instrumento debe contener la siguiente información:

[…] Artículo 20. Del estudio de impacto ambiental. (…) Este estudio deberá
corresponder en su contenido y profundidad a las características y entorno del
proyecto, obra o actividad, e incluir lo siguiente:

1. Objeto y alcance del estudio.

2. Un resumen ejecutivo de su contenido.

3. La delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto,
obra o actividad.

4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización,
etapas, dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecución,
procesos, identificación y estimación básica de los insumos, productos,
residuos, emisiones, vertimientos y riesgos inherentes a la tecnología a
utilizar, sus fuentes y sistemas de control.

5. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del
suelo establecidos en el POT.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003.

6. La información sobre los recursos naturales renovables que se
pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra
o actividad.

7. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para
informarles sobre el proyecto, obra o actividad.

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8. La descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico,
socioeconómico en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o
actividad.

9. La identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan
ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden
prevenirse, mitigarse, corregirse o compensarse.

10. La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad
[…] (Negrillas de la Sala)

234. Respecto de la evaluación del EIA, el artículo 23 del Decreto 1220 reguló lo
siguiente:

[…] Artículo 23. De la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. En los
casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad de
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, o una vez surtido el procedimiento
señalado en el artículo anterior, el interesado deberá presentar el Estudio
de Impacto Ambiental acompañado con el Formato Único Nacional de
Solicitud de licencia ambiental, a que se refiere el artículo 24 de este decreto,
según lo dispuesto a continuación:

1. A partir de la fecha de radicación del Estudio de Impacto Ambiental, la
autoridad ambiental contará con diez (10) días hábiles para verificar que la
documentación esté completa, expedir el auto de iniciación de trámite en los
casos a que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, y comprobar que el
valor cancelado por concepto del servicio de evaluación esté conforme a
las normas vigentes.

2. Cumplido este término, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, la
autoridad ambiental podrá solicitar al interesado la información adicional
que se considere indispensable. En este caso se suspenderán los términos
que tiene la autoridad para decidir.

3. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de quince
(15) días hábiles para solicitar a otras autoridades o entidades los conceptos
técnicos o informaciones pertinentes que deben ser remitidos en un plazo no
superior a treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de radicación de la
comunicación correspondiente.

4. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de
informaciones a otras autoridades o entidades, se expedirá el auto de
trámite que declare reunida toda la información requerida para decidir.

5. La autoridad ambiental competente decidirá sobre la viabilidad ambiental del
proyecto, obra o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental,
en un término no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de la
expedición del citado auto.

6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental
procede el recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental que profirió
el acto.

7. Para los efectos de la publicidad de las decisiones que pongan fin a la
actuación, se observará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

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Parágrafo. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, las autoridades
ambientales tendrán en cuenta el sistema y método de cálculo establecido
en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y sus normas reglamentarias, para lo
cual deberán considerar que esta comprende el Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, en los casos que haya lugar, y el Estudio de Impacto Ambiental.
[…] (Negrillas de la Sala)

235. De las normas transcritas, la Sala enfatiza que la información que presenta el
interesado en esta fase debe cumplir con suficientes parámetros técnicos y
científicos, pues de ello depende la efectividad de la decisión ambiental. Por ello, el
artículo 24 del Decreto 1220 estableció los datos y los requisitos que debía contener
el Formato Único Nacional de Solicitud de licencia ambiental, así:

[…] Artículo 24. Del Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia
Ambiental. El Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental a que
se refiere el artículo 22, contendrá los datos del solicitante, la relación de los
recursos naturales renovables que requiere utilizar para el desarrollo del
proyecto, la manifestación de afectación o no al Sistema de Parques Nacionales
Naturales, sus zonas de amortiguación, cuando estas estén definidas, o a otras
áreas de manejo especial. Adicionalmente deberá anexar la siguiente
documentación:
a) Plano de localización del proyecto, obra o actividad, en base
cartográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC;
b) Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
c) Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona
jurídica;
d) Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que incluya por
lo menos su localización, dimensión y costo estimado de inversión y
operación;
e) Descripción de las características ambientales generales del área de
localización del proyecto, obra o actividad;
f) Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área
de influencia directa del proyecto, obra o actividad propuesta;
g) Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre comunidades
indígenas y/o negras tradicionales;
h) Autoliquidación y dos (2) copias de la constancia de pago por los
servicios de evaluación de la licencia ambiental, para las solicitudes
radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
i) El estudio de impacto ambiental en original y medio magnético. […]

236. Ahora bien, el parágrafo 1° del artículo 23 indicó que el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial determinaría el diseño del «Formato
Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental» dentro del término de tres
meses. También, el artículo 70 de la Ley 962 de 200588, desarrolló el alcance de
esa competencia, así:

[…] ARTÍCULO 70. De los formularios únicos para la obtención de los
permisos, licencias, concesiones y/o autorizaciones para el uso y/o

88 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los

organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.”

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aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Dentro de los dos
(2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación con las
Corporaciones Autónomas Regionales, establecerá unos formularios únicos
para la obtención de los permisos, licencias, concesiones y/o autorizaciones
para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de
control del medio ambiente.

PARÁGRAFO. Los formularios así expedidos, serán de obligatoria
utilización por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales. […] (negrillas de la Sala)

237. En ejercicio de tal función, la mencionada cartera ministerial, a través de la
Resolución 958 de 15 de julio de 200589, adoptó el Formato Único Nacional de
Solicitud de Licencia Ambiental que entró a regir a partir del 19 de julio de 2005,
resaltando que el mismo fue publicado en el Diario Oficial No. 45.974.

238. El artículo 2° de la Resolución 958 estableció que el «el Formato Único Nacional
de Solicitud de Licencia Ambiental será de carácter obligatorio para todas las
autoridades ambientales competentes y definidas por la ley y los reglamentos para
el otorgamiento de las Licencias Ambientales de que tratan los artículos 8o y 9o del
Decreto 1220 de fecha 21 de abril de 2005 en todo el territorio nacional, quienes
deberán tenerlo a disposición de los usuarios sean personas naturales o jurídicas
en medio físico o en sus respectivas páginas web».

239. A partir del anterior recuento normativo la Sala presenta cuatro conclusiones
con relación a las temáticas propuestas por el accionante respecto de esta etapa de
la evaluación ambiental. La primera es que «la licencia ambiental deberá obtenerse
previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad».

240. La segunda es que el Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento básico
para la toma de decisiones sobre los proyectos que requieren licencia ambiental y,
por eso, el Gobierno nacional adoptó un formato y determinó unos documentos que
debe presentar quien pretenda obtener un licenciamiento ambiental.

241. La tercera es que el EIA debe contener como mínimo: (i) la información sobre
la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT; (ii) la
delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto; (iii) la descripción
del proyecto haciendo énfasis en la localización, las etapas, y el cronograma de
ejecución; (iv) la información sobre los recursos naturales renovables que se
pretenden afectar; (v) la identificación y evaluación de los impactos ambientales; y
(vi) la propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad.

242. La cuarta es que, una vez surtido el procedimiento de evaluación del DAA, el
interesado deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental acompañado con el
Formato Único Nacional de Solicitud de licencia ambiental. A partir de la fecha de
89 Por la cual se adopta el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental.

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radicación del EIA, la autoridad ambiental verificará tres aspectos. Primero que la
documentación esté completa. Segundo expedirá el auto de iniciación de trámite y
«los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental»90. Y tercero comprobará que el valor cancelado por concepto del
servicio de evaluación esté conforme a las normas vigentes. Cumplido lo anterior,
solicitará la información adicional que estime necesaria, para expedir el auto de
trámite que declare reunida toda la información y finalmente adoptará la decisión
definitiva.

243. Con base en lo dicho y atendiendo a los hechos que se debaten a través de la
presente acción de nulidad, la Sala pasa a determinar si Cormacarena adoptó una
decisión de viabilidad ambiental: (i) sin contar con suficiente información técnica; (ii)
sin tener en cuenta la información que obraba en el mismo expediente
administrativo sobre las características ecosistémicas del sector; (iii) sin verificar las
condiciones técnicas del RAS 2000 respecto de la propiedad y los usos del suelo
permitidos en el predio “La Sabana” (iv) sin verificar que el peticionario no
construyera las obras hasta que obtuviera la licencia ambiental; (v) sin verificar el
pago oportuno de la evaluación ambiental; y (vi) sin impartir los lineamientos
técnicos necesarios para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental

IV.2.3.1. Cormacarena adoptó una decisión de viabilidad ambiental sin contar
con suficiente información técnica

244. En cuanto a la irregularidad asociada a que el interesado no presentó el Formato
Único Nacional de solicitud de Licencia Ambiental, Cormacarena explicó en el
escrito de contestación de la demanda que dicho formato no era un requisito exigible
durante esta evaluación ambiental, porque la norma que reglamentó ese formato
(Resolución 958 de 15 de julio de 2005) entró a regir el 19 julio de 2005, cuando la
evaluación ambiental del caso concreto ya había comenzado.

245. Sin embargo, es necesario poner de presente que el Decreto 1220 de 2005, en
su artículo 23, consagró que: «el interesado deberá presentar el Estudio de Impacto
Ambiental acompañado con el formato único nacional de solicitud de licencia
ambiental», una vez finaliza el procedimiento de evaluación del Diagnostico
Ambiental de Alternativas.

246. Ello significa que ese requisito si era aplicable en el presente asunto porque la
Resolución 958 de 15 de julio de 2005 entró a regir el 19 de julio de 2005 y, en esa
misma fecha, finalizó el procedimiento de evaluación del Diagnostico Ambiental de
Alternativas dado que Cormacarena expidió el 19 de julio de 2005 el Auto No.
G.2.05.153 que inicio al trámite de licenciamiento del relleno sanitario del municipio
de Granada y aceptó el Concepto Técnico No. G.5.05.201 de 18 de julio de 2005
sobre el DAA.

90 Numeral 2 del artículo 22.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

247. La Sala recuerda que las normas de orden público tienen aplicación inmediata,
y en consecuencia, tanto la Corte Constitucional91 como la Sección Primera del
Consejo de Estado92 pacíficamente han sostenido que las autoridades estatales
pueden introducir reformas procesales y sustanciales durante el término en el que
evalúan las peticiones de los administrados, porque mientras cursa la actuación
administrativa, los peticionarios gozan de una mera expectativa.

248.En otras palabras, como el presente procedimiento de evaluación se
encontraba en trámite y en la etapa en la que era obligatorio aportar ese formato
con sus documentos anexos, es claro que la autoridad ambiental desconoció las
normas invocadas como transgredidas.

249. A modo de ejemplo se resalta que, si el peticionario hubiese allegado los
documentos anexos a ese formato, previstos en el artículo 24 ibidem, la autoridad
ambiental contaría con los documentos pertinentes para corregir los yerros
recapitulados en los subtítulos IV.2.2.2. y IV.2.2.4. de este proveído.

250. Vale al respecto señalar que, de haber acatado ese requisito legal y
reglamentario, en el archivo de la Corporación Autónoma obrarían documentos tales
como: (i) el plano de localización del proyecto en base cartográfico del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, (ii) la descripción completa de las características
ambientales generales del área de localización del proyecto, obra o actividad, (iii) la
información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de
influencia directa del proyecto, (iv) la constancia de pago oportuno por los
servicios de evaluación de la licencia ambiental, y (v) el Estudio de Impacto
Ambiental en original y medio magnético.

251. Por ende, resulta evidente el desconocimiento de los artículos 24 del Decreto
1220 de 2005, 70 de la Ley 962 de 2005 y de la Resolución 958 de 2005; omisión
que afecto de forma directa las conclusiones de ese estudio.

IV.2.3.2. Desconocimiento de la información que obraba en el mismo
expediente administrativo

252. Los demandantes reprocharon a la autoridad ambiental no haber considerado
las razones por las que Corporinoquia en el año 2000 negó una solicitud de licencia
ambiental cuyo objeto era la operación y construcción de un relleno sanitario en el
predio “La Sabana”.

91 Sentencia C-192 de 2016
92 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero

Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, 14 de marzo de 2019, Radicación: 17001-23-00-000-
2011-00337-01, Actor: SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS.

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

253. Sobre este planteamiento, cabe mencionar que el expediente administrativo
97-2998 inicia con el oficio 23 de mayo de 199793 del entonces gerente de la
Empresa de Servicios Públicos de Granada ESP94, dirigido a la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquía -autoridad competente para la época95-, por medio
del cual informa que suscribió un contrato de arrendamiento de un lote ubicado en
la vereda Alto Iriqué, en donde está efectuando el «enterramiento técnico» de los
residuos sólidos municipales, con el fin de conjurar la crisis sanitaria generada por
la «inesperada determinación de la comunidad del Municipio de San Martín al
suspender el Convenio con la Fundación Colombiana de Ciencias y la Asociación
de Municipios del Ariari».

254. Igualmente se encuentra el concepto técnico de 8 de septiembre de 1997,
elaborado por la ingeniera sanitaria y ambiental de Corpoorinoquia, Adriana
Cortazar, según el cual ese primer lote no era apto para el desarrollo de tales obras
por las siguientes razones:

[…] Informe de la visita

El lote se encuentra localizado en la vereda Alto Iriqué a 1,5 km del casco
urbano del municipio zona oriental.

El área aproximada es de 20 Ha y terreno plano con rastrojo bajo; hacia el centro
del lote se localiza una pequeña Laguna bordeada de bosque secundario y
vegetación frondosa. Se puede apreciar varias zonas saturadas de agua lo
que puede indicar que los niveles freáticos de este son muy altos.

En el costado derecho por el camino de acceso principal se encuentra una
vivienda propiedad del lote, la cual consume agua de un aljibe localizado allí
mismo, con una profundidad estimada en 6 m. se destaca además que hacia
este costado pasa un caño NN que el invierno se rebosa inundando las
zonas cercanas a la vivienda, llegando inclusive hasta el interior de la misma.
este caño es utilizado para labores domésticas aguas arriba.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La cercanía al casco urbano es de 1,5 km y se encuentra dentro del
perímetro urbano, lo cual es susceptible de ocasionar molestias a los
habitantes aledaños a la zona de influencia del proyecto.
• A pesar de ser un lote que ofrece una solución a largo plazo para la
disposición de residuos 20 HA del municipio, éste se encuentra
bordeado por una fuente superficial NN que en época de invierno anega
parte del lote; además la existencia de una Laguna en el centro del
lote y bosque secundario frondoso indica que éste presenta zonas
de saturación, lo cual es de difícil manejo en la operación de
rellenos sanitarios (lixiviación).

93 Folios 1 a 2 del Expediente Administrativo.
94José Ricarte Quintero Celis.
95 CORPORINOQUIA fue la autoridad ambiental en la jurisdicción que abarcaba el municipio de Granada, Meta

hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, mediante la cual se amplió la jurisdicción de CORMACARENA
a todos los municipios del departamento del Meta, por tal motivo, mediante Auto No. 130.05.03.2520 del 25 de
agosto de 2003, CORPORINOQUÍA remitió el expediente No. 97-2998 a CORMACARENA, en cumplimiento de
lo ordenado por el artículo 120 de la Ley 812 de 2003.

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• Se sugiere que el municipio estudia otras alternativas 1 o dos lotes para
la construcción del relleno sanitario, teniendo en cuenta la localización,
topografía niveles freáticos de estos. […]96 (Negrillas de la Sala)

255. Posteriormente, en el folio 9 del expediente administrativo aparece la
constancia de la queja presentada el 15 de septiembre de 1999 por el señor Israel
Oswaldo Cortes con ocasión de aquel proyecto.

256. En el acervo se observa que el proyecto estaba ubicado en la finca «La
Sabana» con «cedula catastral 00-01-004-000-000», como lo reconoce el
certificado de 1° de octubre de 1999, expedido por la secretaria de Planeación y
Proyección del Municipio97, y el oficio 3132 de 4 de octubre de 1999 98 del alcalde
de Granada, Orlando Alfonso Martínez, en el que solicitó a Corporinoquía priorizar
aquella evaluación ambiental.

257. También se demostró que, mediante Auto 0443 de 5 de noviembre de 199999,
Corporinoquia inició ese procedimiento administrativo, para lo cual la Unidad de
Gestión Ambiental100 emitió un concepto técnico el 20 de enero de 2000, en el que
concluyó que el manejo de los residuos sólidos era inadecuado y que ese lugar,
aunque estaba alejado de fuentes hídricas, se caracterizaba por tener un alto nivel
freático.

258. Concretamente, el acta de 20 de enero de 2000101, suscrita por la directora
Regional de Villavicencio Elizabeth Sáenz Motta, por el Ingeniero Sanitario de la
misma entidad Samuel Manrique, y por la Geóloga Ilma Consuelo Diaz, indica lo
siguiente:

[…] El predio se ubica en la vereda Alto Iriqué alejado de fuentes hídricas que
puedan verse afectadas por la operación del proyecto (…) El cual se
encuentra sin cobertura vegetal disponiendo directamente las basuras sobre el
suelo ya que el terreno no fue impermeabilizado, permitiendo la
contaminación del suelo y por ende la infiltración de los lixiviados
generados por residuos orgánicos hacia el subsuelo, a pesar de que el
coeficiente de infiltración del primer horizonte estratigráfico (limos arcillosos) es
bajo pero no garantiza su impermeabilización. Por los volúmenes de basura
encontrado se considera que su disposición se realiza desde hace
aproximadamente 4 meses (...).

A pesar de que se tiene condiciones climáticas secas por el período de verano,
se observó que el suelo se encuentra contaminado y algunas áreas por la
generación de lixiviados, ya que cómo se mencionó anteriormente no se
realizó la impermeabilización ni se definieron pendientes para el manejo
hidráulico de esta agua qué en época de invierno discurre por el área
estancándose en algunos sectores y/o llegan al canal perimetral construidos y

96 Folio 7 y 8 del expediente administrativo (CD 1).
97 Sonia Silvia Torres.
98 Folio 27 a 36 CD1.
99 Folio 40 CD1.
100 En ejercicio de la función de seguimiento de control ambiental.
101 Folio 41 a 43 CD1.

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las especificaciones técnicas que se requieren para normalizar su
funcionamiento tales como pendiente que permita la entrega de agua a un
drenaje o área definida impermeabilizada, ya que en el diseño de estos no se
tuvieron en cuenta y por lo tanto no es posible que cumplan con su función ha
puesto que los canales pueden rebozar en periodo invernal, contaminando los
sectores aledaños incluso las aguas subterráneas por encontrarse muy
cerca del nivel freático, por falta de un manejo de lixiviados.

En términos generales, el manejo ambiental dado a la disposición de
residuos sólidos del municipio de granada no es adecuado, por cuánto
carece de las condiciones mínimas para su operabilidad en lo referente a
impermeabilización del suelo, manejo de lixiviados y manejo de aguas lluvias,
caminando el suelo y el subsuelo del sector. […] (Negrillas de la Sala)

259. Como consecuencia del Concepto Técnico antes referido, Corporinoquía
expidió el Auto 009 de 29 de enero de 2000102 en el que solicitó al municipio de
Granada el desarrollo de unas obras encaminadas a mitigar el impacto negativo
generado por el inadecuado método de disposición final de los residuos sólidos en
el predio “La Sabana”103.

260. En el plenario también se encuentra el oficio de 1° de febrero de 2000, por
medio del cual el Procurador Judicial Agrario Zona Uno del Departamento del Meta
solicitó a la autoridad ambiental que informara las razones por las que no solicitó el
cierre de aquel relleno sanitario104. Así mismo, reposa el memorial de 4 de febrero
de ese año, a través del cual los vecinos del sector advirtieron a Cormacarena que
el municipio no presentó el Estudio de Impacto Ambiental. Y solicitaron el cierre del
relleno tras indicar que esa actividad afectaba varias lagunas y caños, según el
registro fotográfico anexo105.

261. Ese documento incluyó la siguiente cartografía:

102 Folios 44 a 46 .
103 Resolución 009 de 20 de enero de 2000. «ARTICULO PRIMERO. Requerir al Municipio de Granada (Meta)

a través del Alcalde Municipal, se sirva allegar dentro de los 30 días siguientes al de la notificación del presente
auto, ante CORPORINOQUIA SUBSEDE VILLAVICENCIO.
a) Adecuación e impermeabilización de las áreas de disposición de los residuos sólidos.
b) Complementación y mejoramiento del sistema de drenaje superficial y subsuperficial.
c) Limpieza de áreas aledañas al área de disposición por cuanto el manejo de lixiviados no es apropiado.
d) Presentar la alternativa para el manejo ambiental del tratamiento de lixiviados, anexar planos y
memoria de cálculo para la respectiva aprobación de CORPORINOQUIA.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa Servicios Públicos de Granada (Meta) para que presente el plan
de clausura y de recuperación y manejo paisajístico del área donde actualmente se están disponiendo los
residuos sólidos. […]»
104 Folio 50 CD1.
105 Folio 52 a 56 CD1.

81

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106

262. Además, identificó el complejo de lagunas que rodean ese sector, así

107

263. Aunado a lo dicho, mediante oficio PAAM-0069 de 9 de febrero de 2000 el
Procurador Judicial Agraria Zona Uno del Departamento del Meta informó al

106
CD a folio 492 del expediente judicial. Página 57.
107
CD a folio 492 del expediente judicial. Página 58.

82

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ciudadano Israel Oswaldo Cortes cuáles fueron las acciones de control
emprendidas en la materia, y señaló que solicitó la apertura de una investigación
disciplinaria por estos hechos en contra del alcalde municipal, del gerente de la
empresa de servicios públicos y de otros funcionarios108.

264. En ese contexto, Corporinoquia, mediante la Resolución 0016 de 13 de abril
de 2000109, impuso una medida preventiva al municipio de Granada consistente en
la suspensión inmediata de la disposición de residuos realizada en el lote “La
Sabana”. También ordenó a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de
Granada presentar un Plan de Clausura, Recuperación y Manejo Paisajístico del
área. Igualmente, ordenó el archivo de la solicitud de licencia ambiental y dio
cumplimiento a la siguiente orden judicial:

265. De otra parte, el acervo indica que Corporinoquia mediante Auto No.
130.05.03.2520 del 25 de agosto de 2003 remitió el expediente No. 97-2998 a
Cormacarena, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 120 de la Ley 812 de
2003.

266. Posteriormente, en el año 2005, la empresa de servicios públicos incluyó el
predio “La Sabana” como una alternativa viable para la construcción de un relleno
sanitario de orden regional. Es decir que dicho predio fue objeto de análisis
ambiental en dos oportunidades.

267. Del material probatorio reseñado, la Sala reconoce que ambos proyectos
contaban con características ecosistémicas equiparables, pero con condiciones
técnicas disimiles, y que tales decisiones además respondían a un contexto jurídico
especifico. Es decir que la Resolución 0016 de 2000 contó con una fundamentación
autónoma.

268. Sinembargo, tal hecho no era razón suficiente para que Cormacarena
desconociera durante su evaluación los documentos que obraban en los cuadernos
1 y 2 del expediente administrativo 97-2998, reseñados en este apartado, porque
esa documentación hacia parte del mismo expediente que fue objeto de análisis en
los cuadernos 4 y 5.

108 Folio 118 y 119 CD1.
109 Folios 175 a 178 cuaderno 1 del Expediente. “Por medio de la cual se impone una medida preventiva, se

resuelve un recurso de reposición y se ordena el archivo de una solicitud”.

83

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269. De estos antecedentes se resalta: (i) el concepto técnico de 8 de septiembre de
1997 que advierte la necesidad de evaluar otras alternativas diferentes a ese predio;
(ii) la cartografía de 4 de febrero de 2000 que identificaba el Caño Cural Sabanero
y el Caño Gualas dentro del área de influencia del proyecto; y (iii) los distintos
derechos de petición que daban cuenta del interés de los vecinos en participar de
los asuntos relacionados con la construcción de un relleno sanitario en el predio La
Sabana.

270. Todos estos documentos implicaban que las circunstancias ecosistémicas del
proyecto evaluado en el año 2000 debieron ser refutadas, o al menos valoradas, en
la nueva evaluación ambiental, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

271. Para esta autoridad judicial la única manera de materializar los fines del Estado,
es a través de decisiones que consideren la información integral del entorno natural;
datos que en este caso estaban en la primera parte del expediente administrativo
97-2998.

272. Sin lugar a dudas, a Cormacarena le asistía la obligación de planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales para, precisamente, garantizar su
desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución110, así como el deber
de fomentar la participación de la comunidad en las decisiones que podían
afectarle111. Responsabilidades que desconoció al no considerar la información de
los años 1999 y 2000 que reposaba en el mismo expediente de la licencia ambiental
que confirió.

IV.2.3.3. Deficiente información sobre la propiedad del inmueble en donde se
desarrolla la obra y los usos del suelo autorizados en dicho sector

273. En tercer lugar, los demandantes alegaron que «la Administración Municipal,
para adquirir el lote, debió (…) cancelar el precio solamente después del registro de
la escritura y con ello acreditar la propiedad legal, exigida por el RAS 2000».
Pero mencionaron que: «esos terrenos hasta el día de hoy figuran a nombre de los
Doctores Alfonso Toledo Zabala y Nohora Toledo Zabala, quienes los adquirieron
por adjudicación del INCORA, con las restricciones indicadas (previamente) (…)».

274. Pusieron de presente que, contradictoriamente, «la Administración Municipal, al
resolver nuestro derecho de petición, nos informó que el predio había sido adquirido
al Señor Reinel Gaitán Tangarife y la Autoridad Ambiental, al resolver nuestro
recurso de reposición, considero que el lote denominado "La Sabanita" había sido
de propiedad del señor Wilmer Ospina Murillo».

110 Artículo 80.
111 Artículo 79.

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

275. También mencionaron que las Resoluciones 031 y 035 de 2002, expedidas
por el INCORA «en sus artículos 6 y 8 impusieron a los propietarios el deber de
observar las disposiciones sobre la conservación de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente, protección de bosques nativos, vegetación
protectora y reservas forestales, la no destinación del predio a explotaciones no
aptas al tipo de tierra que se adjudica, y se les exigió no fraccionar el predio en
extensiones inferiores a la unidad agrícola familiar».

276. A efectos de resolver los anteriores planteamientos, esta autoridad judicial
advierte que la parte actora, junto con el escrito de la demanda, aportó el capítulo
F.6. del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –
RAS, adoptado por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de la Resolución
1096 de 2000, y subrayó el siguiente apartado del título F.6.2:

[…] F.6.2. CARACTERISTICAS DE LOS SITIOS DE UBICACIÓN DE
RELLENOS SANITARIOS

El objetivo principal para la selección del sitio ubicación del relleno sanitario es
que este permite realizar la disposición final en forma técnica y económica. Se
deben analizar los inconvenientes del sitio en función de los recursos técnicos
y económicos. La selección del sitio de ubicación también se en cumplir los
siguientes objetivos específicos: (…)

6. Analizar el desarrollo del municipio en función de los requerimientos
definidos en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y garantizar que el
sitio seleccionado cumpla estos requerimientos.

7. Acreditar con un documento legal, una vez que se cumplan los
requisitos del numeral anterior, la propiedad sobre el terreno. El proyecto
de relleno sanitario debe iniciarse solamente cuando la entidad responsable
del relleno tenga en su poder el documento legal que crédito es su
propiedad y autorice a construirlo con sus obras complementarias. […]112
(Negrillas de la Sala)

277. De conformidad con este precepto normativo, la propiedad del predio en el que
se va a construir un relleno sanitario y el respeto de las normas de ordenamiento
territorial, son dos factores que debe considerar quien pretenda edificar y operar
este tipo de equipamiento.

278. Sin embargo, la información que reposa en el expediente administrativo 97-2998
demuestra que el predio denominado «La Sabana» no cumplía con los
requerimientos definidos en el PBOT, y tampoco podía ser adquirido por la empresa
de servicios públicos porque contaba con una afectación para el ejercicio del
derecho de enajenación.

279. Es pertinente resaltar que la información sobre la propiedad del predio «La
Sabana» fue inconsistente durante el trámite de la evaluación ambiental. La

112 Folio 153 a 156 del Expediente judicial cuaderno 1.

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

autoridad ambiental y el municipio en diferentes documentos afirmaron que ese
predio no era de propiedad del entonces secretario del Interior y Convivencia
Ciudadana del municipio de Granada señor Alfonso Toledo Zabala, sino del señor
Reinel Gaitán Tangarife.

280. Precisamente, Cormacarena, en la Resolución 2.6.06.-0008 de 13 de enero de
2006, al resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor Israel Oswaldo
Cortés, afirmó lo siguiente:

[…] De acuerdo al Diagnóstico Ambiental de Alternativas y el correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental, se tiene que el lote apropiado es el ubicado en
las coordenadas Norte 888 150 y este 105 30 50, hizo parte de un lote de mayor
extensión denominado la sabanita que fuera de propiedad del señor Wilmer
Ospina Murillo, tal como consta en la escritura 379 de 2 de mayo 2002, del
círculo notarial de Granada Meta […] (Negrillas de la Sala)

281. Sin embargo, lo cierto es que la misma autoridad ambiental allegó en medio
digital el 25 de septiembre de 2014 los documentos restantes del expediente
administrativo 97-2998 113, incluyendo el siguiente certificado de la matricula
inmobiliaria de 24 de octubre de 2013, que demostraba que el propietario si era el
señor Alfonso Toledo Zabala, y que las consideraciones sostenidas sobre el
particular en la Resolución 2.6.06.-0008 de 13 de enero de 2006 eran falsas, tal
como puede apreciarse a continuación:

113 En virtud del requerimiento hecho por esta autoridad judicial.

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

282. Respecto de las inconsistencias en la propiedad de ese predio, el oficio de 16
de noviembre de 2005, suscrito por el alcalde municipal de Granada, señor William
Reinoso Rodríguez, y dirigido al señor Luis Alberto Rivera Martínez, explica lo
siguiente:

[…] permítame hacer la siguiente aclaración dado la gravedad de su afirmación
y me refiero más exactamente a la versión en el sentido de que el predio donde
actualmente la Empresa de Servicios Públicos de Granada adelanta el
proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO RELLENO
SANITARIO MUNICPIO DE GRANADA META" es de propiedad del actual
Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana: Doctor ALFONSO
TOLEDO (sic) ZABALA, no obstante, dicha afirmación no obedece a la
realidad, toda vez, que el referido predio fue adquirido al señor REINEL
GAITAN TANGARIFE, si bien, el predio fue anteriormente del doctor TOLEDO
(sic) ZABALA, el mismo fue vendido por este al señor WILMER OSPINA
MURILLO, tal como consta en la Escritura Pública trescientos setenta y nueve
(379) del dos (2) de mayo de dos mil dos (2002) otorgada en la Notaria Única
de Granada Meta. […] (negrillas de la Sala)

283. Sin embargo, es una realidad que el predio del señor Alfonso Toledo Zabala
tampoco podía ser enajenado porque era un predio adjudicado por el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria – INCORA que estaba sujeto a lo dispuesto en los
artículos 6° y 8° de la Resolución 0035 de 7 de marzo de 2002, a saber:

[…] Artículo 6. El beneficiario de la presente adjudicación queda obligado a
observar las disposiciones sobre conservación de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente, protección de bosques nativos, vegetación
protectora y reservas forestales y no podrá destinar el predio adjudicado al
cultivo de plantas de las que puede extraerse sustancias que causen
dependencia o que puedan calificarse como cultivos ilícitos de conformidad con
lo establecido por la Ley 30 de 1986 y demás normas correspondientes, ni a
cultivos o explotaciones que no sean aptos para la clase de tierras que se
adjudica, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 160 de 1994.
El incumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones o prohibiciones,
constituye causal de caducidad de reversión del baldío adjudicado al
dominio de la Nación, conforme con lo establecido por el Artículo 65 de la
Ley 160 de 1994. (...)

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

Artículo 8. El beneficiario no podrá enajenar el predio objeto de la presente
adjudicación sin autorización previa del INCORA, cuando con el acto o
contrato de tradición del dominio se esté fraccionando dicho predio en
dimensiones inferiores a la Unidad Agrícola Familiar señalada para esa zona o
municipio. Se exceptúan de la presente prohibición los actos o contratos que se
celebren en aplicación de las excepciones previstas en el Artículo 45 de la Ley
160 de 1994.

Artículo 9. Dentro de los cinco (5) años siguientes a la adjudicación, el inmueble
sólo podrá ser gravado con hipoteca a favor de entidades financieras, como
garantía de crédito agropecuario. […] (negrillas de la Sala)

284. También se destaca que, según el material probatorio obrante en el expediente
administrativo 97-2998, el señor Reinel Gaitán Tangarife era el propietario del
predio denominado “El Porvenir”, en donde la administración había dispuesto los
residuos sólidos de forma inadecuada desde el año 2003 hasta el 18 de mayo de
2005.

285. En tal sentido, el Concepto Técnico 130.09.03.089 de 17 de abril de 2003 114
precisa lo siguiente:

[…] OBSERVACIONES DE LA VISITA Y DOCUMENTACION PRESENTADA.
Atendiendo lo dispuesto en el Auto NO 130.05_03.411/03. se realizó visita de
inspección al predio denominado El Paraíso. el cual Se encuentra como
alternativa para la implementación de una planta de tratamiento de residuos
sólidos. El predio se encuentra ubicado a 5 Km aproximadamente del casco
urbano, en la vereda Alto de Iriqué, de propiedad del señor Reynel Gaitán.
Dentro del área de influencia indirecta del predio se identificaron los caños
Cural y Gualas, los cuales se encuentran a más de 1 Km del predio. […]
(negrillas de la Sala)

286. Las referidas anomalías condujeron a la construcción de una obra con recursos
públicos en el interior de un predio privado que no podía ser enajenado sin la
autorización del INCORA, según lo dispuesto en el artículo 8° de la Resolución 0035
de 7 de marzo de 2002.

287. Aunado a ello, el artículo 6° de la Resolución 0035 del INCORA exigía al
beneficiario de aquella adjudicación que observará las disposiciones sobre
conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, y que
desarrollará en dicho territorio las explotaciones que eran aptas para esas tierras,
es decir, el desarrollo de cultivos transitorios y semipermanentes según lo reglado
en el artículo 123 del Acuerdo 039 de 2004 (PBOT de Granada vigente para esa
época).

288. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la información que consideró la
autoridad ambiental sobre el lugar en donde se desarrollaría la obra era insuficiente
e inconsistente. El predio La Sabana no había sido destinado en el PBOT para la
114Elaborado por el profesional de Corporinoquia Francy Eddy Niño Marín y por el Director Regional de
Corporinoquia Víctor Manuel Soto Muñoz

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Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

construcción de esa infraestructura de saneamiento básico, y el título F.6.2 del
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS115,
expresamente exigía que la empresa de servicios públicos debía contar con la
propiedad del inmueble, circunstancia que no era subsanable.

IV.2.3.4. Los demás argumentos de oposición

289. Como consecuencia de las consideraciones hasta aquí expuestas, para la Sala
resulta inane efectuar un pronunciamiento de fondo frente a los demás cargos, en
razón a que los vicios de nulidad previamente acreditados son suficientes para
emitir una decisión definitiva respecto del levantamiento de la presunción de
legalidad que cobija a las Resoluciones 2.06.05.-1015 de 2005 y 2.6.06.-0008 de
2006.

IV.3. Conclusiones

290. Con fundamento en lo anterior, la Sala de Decisión concluye que las
Resoluciones 2.06.05.-1015 de 2005 y 2.6.06-0008 de 2006 se expidieron de forma
irregular y transgredieron el artículo 79 de la Constitución Política, los artículos 69
y 70 de la Ley 99 de 1993, los artículos 18 y 19 del Decreto 1220 de 2005 y los
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo porque Cormacarena no
publicó el acto administrativo de inicio de la evaluación ambiental.

291. También, los mismos actos quebrantaron el artículo 56 de la Ley 99, los
artículos 16 y 18 del Decreto 1220 de 2005, el artículo 3° del Decreto 838 de 2005,
y el artículo 123 del Acuerdo 039 de 2004116, e incurren en la causal de falsa
motivación, porque el lugar en donde se construyeron esas obras no era compatible
con el PBOT vigente para la fecha de expedición de los actos acusados, esto es el
Acuerdo 039 de 2004.

292. Para la Sala la autoridad ambiental demandada desconoció el preámbulo, los
artículos 4°, 79 y 80 de la Constitución Política, el artículo 6° del Decreto 838 de
2005, y los artículos 17, 18, 19 y 22 del Decreto 1220 de 2005, dado que el trámite
de la evaluación ambiental no respetó las prohibiciones previstas en el Decreto 838
en cuanto a los lugares cercanos a fuentes hídricas superficiales en donde no es
posible construir rellenos sanitarios.

293. Tampoco demostró haber acatado las restricciones enunciadas en el Decreto
838 en cuanto a la altura mínima de las instalaciones con relación al nivel freático
y, mucho menos, probó haber exigido los estudios hidrológicos que permitieran
conocer sí el interesado construyó ese relleno en una zona de recarga de acuíferos.
Es más, la evaluación del DAA no cumplió con el criterio de objetividad que le exigía

115 Adoptado por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de la Resolución 1096 de 2000.
116 Por las razones enunciadas en el titulo A del apartado IV2.1. de esta providencia.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

nuestro ordenamiento jurídico, pues ninguna de las propuestas iniciales era técnica
y jurídicamente viable.

294. Por último, las Resoluciones 2.06.05-1015 de 2005 y 2.6.06-0008 de 2006
también transgreden los artículos 20, 23 y 24 del Decreto 1220, el artículo 70 de la
Ley 962 de 2005, la Resolución 958 de 15 de julio de 2005, el título F.6.2 del
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS
2000, y los artículos 6° y 8° de la Resolución 0035 del INCORA de 7 de marzo de
2002, en la medida en que Cormacarena adoptó una decisión de viabilidad
ambiental sin contar con la información técnica requerida. Adicionalmente,
desconoció datos relevantes que obraban en el mismo expediente administrativo.
Es más, la información relacionada con la propiedad y con los usos del suelo del
inmueble en donde se desarrolló la obra no era adecuada ni real.

295. Por todo ello, es necesario declarar la nulidad de las Resoluciones 2.06.05.-
1015 de 14 de octubre de 2005 y 2.6.06-0008 de 13 de enero de 2006, proferidas
por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena - CORMACARENA, con el propósito de defender la legalidad y el orden
jurídico en abstracto quebrantado por las razones antes expuestas.

296. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha
utilizado en diferentes oportunidades la figura de la nulidad parcial cualitativa, tras
comprender que el acto administrativo, como todo acto jurídico, conforma un
ensamble complejo, que contiene una realidad jurídica plural y múltiple117. El
antecedente normativo para el empleo de esta técnica es el artículo 170 del C.C.A.
cuyo tenor es:

[…]ARTICULO 170. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que
ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las
pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las
excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el
derecho particular, los Organismos de lo Contencioso Administrativo
podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y
modificar o reformar éstas. […] (Negrillas de la Sala)

297. En el marco de dicha figura, es necesario tener en cuenta que la efectividad de
las decisiones judiciales en materia contenciosa, según lo dispuesto en el artículo
179 del CCA, atiende a lo reglado por las siguientes normas del Procedimiento Civil,
en los medios de defensa no regulados en el artículo 177 ibidem, a saber:

[…]ARTICULO 179. OTRAS CONDENAS. Las condenas de otro orden, en
favor o en contra de la administración, se regirán por los artículos 334 y 339 del
Código de Procedimiento Civil. […] (Negrillas de la Sala)

117
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero
Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012),
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00003-00, Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO, Demandado:
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

90

Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

298. En tal sentido, el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil reconoció que
las autoridades judiciales cuentan con la potestad de fijar un plazo para el
cumplimiento de la condena, así:

[…] ARTÍCULO 334. PROCEDENCIA. Podrá exigirse la ejecución de las
providencias una vez ejecutoriadas, o a partir del día siguiente al de la
notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere
el caso, y cuando contra ella se haya concedido apelación en el efecto
devolutivo.
Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso
de una opción, éste sólo empezará a correr a partir de la ejecutoria de
aquélla, o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el
superior, según fuere el caso. La condena total o parcial que se haya
subordinado a una condición, sólo podrá ejecutarse una vez demostrado el
cumplimiento de ésta. […] (negrillas de la Sala)

299. El artículo 305 del Código General del Proceso reprodujo integralmente el
anterior precepto con el propósito de dotar al juez de la opción de diferir la ejecución
de la sentencia, para que su condena resulte proporcional, y así en el escenario de
la nulidad evitar un vacío administrativo traumático que afecte gravemente la
estabilidad social, ambiental o económica.

300. Tal forma de diferir el momento de ejecución de la sentencia ha sido empleada
también por diferentes tribunales constitucionales incluyendo la Corte
Constitucional Colombiana, en razón a que:

[…] 44. Las sentencias de inexequibilidad diferida nacen entonces de la
necesidad que tienen los tribunales constitucionales de garantizar la integridad
de la Constitución, en eventos en donde no es posible expulsar del
ordenamiento, de manera inmediata, una regulación legal, por los efectos
inconstitucionales que tendría esa decisión, pero tampoco es posible declarar
la constitucionalidad de la regulación, pues el tribunal ha constatado que ésta
vulnera alguna cláusula de la Carta. Una de las salidas es entonces que el juez
constate la inconstitucionalidad de la ley pero difiera en el tiempo su expulsión
del ordenamiento. Y esa modalidad de sentencia no implica ninguna
contradicción lógica, pues conceptualmente es necesario distinguir dos
aspectos: la verificación de la constitucionalidad de una norma, que es
un acto de conocimiento, y la expulsión del ordenamiento de esa norma,
por medio de una declaración de inexequibilidad, que es una decisión. Por
ende, no existe ninguna inconsistencia en que el juez constitucional constate la
incompatibilidad de una norma legal (acto de conocimiento) pero decida no
expulsarla inmediatamente del ordenamiento (decisión de constitucionalidad
temporal), por los efectos traumáticos de una inexequibilidad inmediata. […]118
(Negrillas de la Sala)

301. Estamisma lógica irradia el régimen procesal previsto en el Código
Contencioso Administrativo, pues de un lado, los artículos 170, 174 y 175 señalan
que la sentencia que declara la nulidad de un acto es obligatoria para los

118Ver, entre otras, las sentencias C-109 de 1995, C-221 de 1997, C-112 de 2000 y C-737 de 2001.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

particulares y la administración119, y tendrá fuerza de cosa juzgada «erga
omnes»120; mientras que los artículos 177121 y 179 del CCA, del otro lado,
diferencian el momento en que la condena se hace efectiva.

302. En todo caso, las potestades del juez administrativo, serían análogas a las del
juez constitucional, a la luz de lo dispuesto en el artículo 305 del Código General
del Proceso, en el marco de las siguientes consideraciones también verificables
para nuestra jurisdicción:

[…] En nuestro ordenamiento el juez constitucional no está atrapado en la
disyuntiva de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento
(declaración de constitucionalidad) o retirarla en su integridad (sentencia de
inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la
Corte “se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución”, y para ello debe "decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes" (CP
241). Por consiguiente, al decidir sobre estas demandas, la Corte debe
adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda
de la integridad y supremacía de la Constitución. Y por ello, en reiteradas
oportunidades, esta Corporación ha sostenido que el juez constitucional
cuenta con varias alternativas al momento de adoptar una
determinación, ya que su deber es pronunciarse de la forma que mejor
permita asegurar la integridad del texto constitucional, para lo cual
puede modular los efectos de sus sentencias, ya sea desde el punto de
vista del contenido de la decisión, ya sea desde el punto de vista de sus
efectos temporales. […]122 (Negrillas de la Sala)

303. Ciertamente, el principio de seguridad jurídica que caracteriza a los actos
administrativos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas particulares,
solo puede prevalecer, en casos excepcionales, si la administración cuenta con un
periodo prudencial para sujetar su actuar ilegal al orden jurídico, sin quebrantar por
la premura otras garantías y derechos de los administrados.

304. En consecuencia, para la Sección Primera del Consejo de Estado la atribución
judicial consistente en diferir el momento de la ejecución de la sentencia materializa
el propósito de la administración de justicia que no es otro distinto al de «hacer
efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en la

119 ARTICULO 174. OBLIGATORIEDAD DE LA SENTENCIA. Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias
para los particulares y la administración, no estarán sujetas a recursos distintos de los establecidos en este
Código, y quedan sometidas a la formalidad del registro en los mismos casos en que la ley lo exige para las
dictadas por los jueces comunes.
120 ARTICULO 175. COSA JUZGADA. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá

fuerza de cosa juzgada "erga omnes". (…)
121 ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS. Cuando se condene

a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero,
se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del
ministerio público frente a la entidad condenada. (…)
En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del término de seis meses siguientes
a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al
interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.
122 Sentencia C-737 de 2001.

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Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

Constitución Política y la ley, con el fin de realizar la convivencia social y lograr
y mantener la concordia nacional»123.

305. En criterio de esta autoridad judicial, los artículos 179 del CCA y 305 del CGP
son normas procesales que permiten al juez suspender temporalmente el momento
de la materialización de la declaratoria de nulidad, para que la administración -en
ese plazo prudencial- adopte un plan de choque tendiente a afrontar los riesgos
(ambientales, económicos o sociales) derivados de la perdida de los efectos
jurídicos del acto anulado.

306. Precisamente, la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado de 25 de
noviembre de 2014124 recuerda que esta Jurisdicción debe utilizar las herramientas
procesales dispuestas para modular el sentido de sus decisiones, en lo eventos
que sea procedente, en a tención a que:

[…] Esta actitud también conserva al juez administrativo dentro de la esfera de
legalidad que debe observar, en el ejercicio de sus funciones, pues lo que le
ordena la Constitución y la ley es que controle la legalidad de los actos
administrativos que examina, lo cual realiza con más perfección cuando
modula las sentencias, toda vez que no siempre las situaciones que se
presentan a sus ojos son blancas o negras, esto es, válidas o nulas –y
menos en la compleja realidad jurídica que se vive-, y con esta técnica
obtiene mayor provecho para ejercer el control de la administración
pública moderna […]125. (Negrillas de la Sala)

307. Siendo ello así, como la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 2.06.05.-
1015 de 2005 y 2.6.06-0008 de 2006 impactará la prestación del servicio público
domiciliario de aseo a nivel regional, es necesario conferir un plazo racional y
proporcional a las autoridades administrativas y a las empresas de servicios
públicos domiciliarios que efectúan la disposición final de los residuos sólidos en
ese relleno sanitario, para que adecuen su actuar al principio de legalidad en dicho
periodo, sin llegar a generar una crisis sanitaria y ambiental.

123 Art. 1° de la Ley 270 de 1996
124 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero Ponente:

ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D.C., noviembre veinticinco (25) de dos mil catorce (2014), Radicación
número: 25000-23-26-000-1999-00002-05(IJ), Actor: PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
125 Esta ha sido expuesta por la Sección Tercera en otras ocasiones –sentencia de 2 de mayo de 2007, exp.

16.257-, para señalar que cuando una norma ofrezca una interpretación ajustada a la ley y otra que no, entonces
“Esta situación impide que la decisión sea simplemente la de expulsar del ordenamiento jurídico el acto
administrativo atacado cuando una interpretación del mismo se ajusta a las normas superiores, circunstancia
que impone mantener en el ordenamiento jurídico el segmento normativo de la resolución acusada, pero
condicionado a que sólo es válida la segunda de las interpretaciones expuestas.
“Esta técnica permite al juez contencioso a la vez garantizar la supremacía de las normativas superiores sobre
el acto administrativo objeto del contencioso objetivo, al no retirar del ordenamiento una disposición
administrativa que admite una lectura conforme a las normas superiores, pero simultáneamente respetando la
supremacía de los preceptos constitucionales, legales o reglamentarias , sin que en modo alguno se extralimiten
los poderes del juez administrativo conforme a lo prescrito por el artículo 84 del CCA.
“La determinación que se adopta en modo alguno es arbitraria, sino que –contrario sensu- es la consecuencia
lógica del rol del juez administrativo como guardián de la legalidad administrativa125 en la medida en que -como
advierte Merlk- la justicia administrativa en su génesis fue concebida como un instrumento eficaz de fiscalización
a la administración125 e instituida para garantizar la vinculación total positiva del ejecutivo a la ley como
manifestación de la voluntad general125. Sobre el alcance de este control judicial de la administración, la Sala ha
precisado que:

93

Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

308. En el presente caso, la Sección Primera de Consejo de Estado constató que
las Resoluciones 2.06.05.-1015 de 2005 y 2.6.06-0008 de 2006 transgreden el
ordenamiento superior, pero decide que la ejecución de la providencia estará sujeta
a un plazo de dieciocho (18) meses, por la sencilla razón de que la expulsión
automática de ambas disposiciones afectaría la prestación del servicio de aseo a
nivel regional.

309. Nótese que, según lo dispuesto en las Resoluciones PS-GJ 1.2.6.20.0144 de
24 de abril de 2020 y PS-GJ 1.2.6.20.1630 de 18 de diciembre de 2020126,
expedidas por el director general de Cormacarena, la vida útil de la última celda del
relleno sanitario Guaratara finalizará el 17 de agosto de 2024.

310. Dado que la capacidad de la celda 13 es de 3 años y ocho meses contados, a
partir del 17 de enero de 2021127 -según lo dispuesto en el artículo 3° de la
Resolución PS-GJ 1.2.6.20.1630-, lo cierto es que el término identificado en este
fallo también resulta proporcional a dicho lapso, resaltando que el hecho de diferir
los efectos de la sentencia garantiza la supremacía de las normativas superiores y,
especialmente, los principios y objetivos del régimen legal de servicios públicos
domiciliarios ante una posible crisis sanitaria regional.

311. Finalmente, en ese término, la administración municipal de Granada, la
Empresa de Servicios Públicos de Granada ESP, y la autoridad ambiental
demandada son las llamadas a evaluar las condiciones del entorno natural para
definir las medidas correctivas y compensatorias del caso. Igualmente,
Cormacarena verificará que el beneficiario de la licencia formule el plan de cierre,
clausura y restauración ambiental que resulte pertinente; pues sin esas acciones
transitorias no sería posible subsanar el traumatismo que puede ocasionar la
declaratoria de nulidad de las Resoluciones 2.06.05.-1015 de 2005 y 2.6.06-0008
de 2006.

126 Por medio de la cual se acoge el concepto técnico N° PM-GA. 3.44.20.2306 del 14 de diciembre

de 2020 y se prorroga la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución N° 2.6.05-1015 DEL 14
de octubre de 2005, prorrogada mediante la Resolución N° PS-GJ.1.2.6.15.1846 del 14 de octubre
de 2015, la Resolución N° PS-GJ.1.2.6.16.1547 del 03 de noviembre de 2016, la Resolución N° PS-
GJ. 1.2.6.19.2740 del 14 de noviembre de 2019 y la resolución N° PS-GJ. 1.2.6.20.0144 del 24 de
abril de 2020, para la operación y funcionamiento del relleno sanitario la Guaratara, operado por la
empresa de servicios públicos del municipio de granada ESPG S.A. E.S.P., ubicado en el municipio
de granada (META).
127 Según lo dispuesto en el artículo 177 del Código General del Proceso no es necesario que obre

en el proceso el texto de las normas jurídicas que no tengan alcance nacional cuando las mismas
fueron publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente. En ese orden, cabe
mencionar que la Resolución PS-GJ 1.2.6.20.1630 del 18 de diciembre de 2020 esta publicada en
la página web de Cormacarena, en el siguiente link, consultado el 10 de diciembre del año 2022:
https://www.cormacarena.gov.co/normatividad/expediente-972998-resolucion-n-126201630

94

Radicación: 11001-03-24-000-2006-00324-00
Demandante: JAC Vereda Alto Iriqué

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 2.06.05.-1015 de 14 de
octubre de 2005 y 2.6.06.0008 de 13 de enero de 2006, proferidas por la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena - CORMACARENA, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DIFERIR la ejecución de la condena de nulidad, por el término de
dieciocho (18) meses, conforme a lo expuesto en los párrafos 295 a 309 de la parte
motiva de esta sentencia.

TERCERO: COMPULSAR copias de la presente decisión, acompañada del
expediente de la referencia, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales
y Agrarios, con miras a que ejerza sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias durante el plazo dispuesto en el ordinal segundo de esta
providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia, de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto parcialmente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (13 y 22)

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