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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2017-00184-01

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2017-00184-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. 59 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 11001-03-24-000-2006-00324-00. 48 Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01 Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva, propuesta por el municipio de San José de Cúcuta, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia. QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. SEXTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2017-00184-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

19 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 5 DE
MAYO Y OTROS
Demandados: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES,
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL Y TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED
Vinculados: DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, MUNICIPIO DE TIBÚ, MUNICIPIO DE
SARDINATA Y MUNICIPIO DEL ZULIA
Coadyuvante: FUNDACIÓN PROGRESAR

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la sociedad
Turkish Petroleum International Company Limited y el municipio de San José de
Cúcuta, contra la sentencia de 4 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros 1, demandaron en
ejercicio de la acción popular, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), y a la sociedad Turkish
Petroleum International Company Limited, con el propósito de obtener la protección
de los derechos colectivos previstos en los literales a) y c) del artículo 4.°2 de la Ley
472 de 5 de agosto de 19983.

1
Cfr. índice 29, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado
"ED_CUADERNO2_02ANEXOSDEDEMANDAPD(.PDF) NroActua 29", folio 1 al 11. Listado de 144 personas.
2
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la
protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente […]”.
3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

2

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Que se ampare los derechos colectivos a gozar de un ambiente
sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales en el corregimiento de Palmarito y Banco de
Arena.

SEGUNDO: DECLARAR que la empresa TURKISH PETROLEUM
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, empresa que
lidera el proyecto denominado ´Área de perforación Exploratoria González Sur´,
ejerce una actividad que implica amenazas al medio ambiente y las fuentes
hídricas aledañas a la Zona de Influencia Directa.

TERCERO: DECLARAR a la empresa TURKISH PETROLEUM
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, a la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL y al MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y los que dentro del proceso
resulten involucrados por responsables por acción u omisión por la vulneración
de los derechos colectivos (…).

CUARTO: ORDENAR a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES (ANLA) revocar la Licencia otorgada por la Resolución 0553 de
30 de mayo de 2014 a la empresa TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL
COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA (TPIC) para adelantar el proyecto
denominado ´Área de perforación Exploratoria González Sur´ para proteger los
derechos colectivos a gozar de un ambiente sano; la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales de
la comunidad de Palmarito y Banco de Arena.

QUINTO: Se ordene a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental (CORPONOR) adoptar las medidas necesarias para proteger los
ecosistemas y recursos naturales (Áreas protegidas del SIRAP) ubicadas en el
sector. Y que produzca el concepto que no profirió sobre el EIA para otorgar la
licencia ambiental.

SEXTO: Se adopten las medidas necesarias para que no se vuelvan a presentar
las acciones y omisiones que dan lugar a la presente acción.

SÉPTIMO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene la conformación de un
comité para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la sentencia, integrado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el actor
y los miembros de la comunidad Palmarito, con la asesoría de un experto en
valoración y evaluación económica de impactos ambientales.

OCTAVO: Sírvase comunicar a la Autoridad Nacional De (sic) Licencias
Ambientales – ANLA, para que adelante proceso sancionatorio en contra de la
empresa Turkish Petroleum International Company Limited Sucursal Colombia
por inconsistencias en el trámite de la Licencia Ambiental y contra CORPONOR
por negligencia y prevaricato por omisión, en la emisión del concepto técnico
solicitado por la ANLA y ordenado por la Ley.

NOVENO: Por secretaría se compulsen copias de la providencia a la Contraloría
General de la Nación (sic), a la Procuraduría General de la Nación, y la
Defensoría del Pueblo, para lo de su competencia.

DÉCIMO: Que se condene en costas a los demandados. […]”4.

4
Cfr. folios 11 y 12 cuaderno núm. 1, expediente físico.

3

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

3.Como fundamento fáctico, la parte demandante informó que la sociedad Turkish
Petroleum International Company Limited presentó un Estudio de Impacto
Ambiental a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, para el
desarrollo del proyecto de perforación exploratoria denominado Gonzalo Sur,
ubicado en los municipios de El Zulia y Sardinata del departamento de Norte de
Santander.

4. Explicó que Corponor no profirió concepto técnico de evaluación ambiental, en el
término legal correspondiente y, por ello, se configuró un silencio administrativo
positivo que facultó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para
pronunciarse sobre la solicitud.

5. Argumentó que el proyecto no se socializó en las veredas de la zona de
influencia, a pesar de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 2820 de 5 de agosto
de 20105, en materia de participación comunitaria.

6. Aseveró que la ANLA declaró reunida la información necesaria para efectuar la
evaluación ambiental, a través del auto 1972 de 2014 y, posteriormente, otorgó la
licencia ambiental a la sociedad Turkish Petroleum International Company Limited,
a través de la Resolución 0553 de 30 de mayo de 2014. El área autorizada a
intervenir fue de 7.407 hectáreas.

7. Mencionó que Corponor, en el acta de 9 de febrero de 2017, advirtió una
inconsistencia en la distancia entre el punto de captación de agua y la plataforma
de exploración. Según la sociedad, esa distancia es de 1.5 km, mientras que la
comunidad indica que es de 800 m. Además, mencionó que la fuente de captación
abastece a nueve acueductos veredales que podrían verse afectados al encontrarse
dentro de la zona de influencia directa del proyecto.

8. Señaló que el Estudio de Impacto Ambiental cuenta con fallas metodológicas y
conceptuales, pues los impactos negativos del proyecto son mayores que los
positivos. La concesión otorgada para la captación de 4 litros de agua de los ríos
Zulia y San Miguel, se encuentra por debajo del caudal en época de verano, lo que
podría perjudicar gravemente el ecosistema. Además, esta deficiencia no podría
compensarse con el Distrito de Riego del río Zulia.

9. Precisó que el plan de compensación propuesto para la revegetalización es
insuficiente, pues debería cubrir 619.5 hectáreas. Además, no se consideró la
compensación por las emisiones de CO2. La información sobre las especies
silvestres amenazadas tampoco obra en el Estudio de Impacto Ambiental, conforme
lo establece la Resolución 0192 de 10 de febrero de 20146.

10. Indicó que la empresa Turkish Petroleum International Company Limited no
detalló cuáles son las fuentes o nacimientos de agua situados alrededor del área
del proyecto, a pesar de que la licencia ambiental establece una exclusión de 100

5
“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.
6
“Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se
encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”.

4

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Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

metros alrededor de los cuerpos de agua. Adicionalmente, Corponor recomendó la
realización de un estudio hidrogeológico, para evaluar los impactos a las fuentes
hídricas en la zona de influencia directa del proyecto.

11. Adicionó que, “[…] de acuerdo con la cartografía presentada por la empresa
TPIC y la verificación en campo por parte de la comunidad no coinciden las
distancias entre el margen del caño barrancas y la vía de acceso al área de la
plataforma multipozo ASLAN 1, incumpliendo la ronda de protección […]”.

12. Mencionó que el 23 de noviembre de 2016, la empresa llevó a cabo obras civiles
para adecuar las vías. En esa ocasión, la comunidad afectada realizó una protesta
pacífica para denunciar las irregularidades. Como resultado, Turkish Petroleum
International Company Limited solicitó un amparo policivo para detener cualquier
acto que perturbara sus actividades.

13. Por último, puso de presente que la comunidad de los corregimientos de
Palmarito y Banco Arena solicitó al municipio y a la autoridad ambiental que declare
el área como zona de protección ambiental y prohíba el desarrollo de proyectos
energéticos.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto de 7 de abril de
20177, admitió la demanda, negó la solicitud cautelar de urgencia, vinculó al
departamento de Norte de Santander y a los municipios de San José de Cúcuta,
Tibú, Sardinata y El Zulia. Igualmente, ordenó la notificación y el traslado
correspondiente a los demandados para que contestaran, propusieran excepciones
y aportaran y/o solicitaran la práctica de pruebas. Por último, notificó al agente del
Ministerio Público, a la ANDJE y dispuso comunicar la acción de la referencia a los
miembros de la comunidad.

15. Por auto de 5 de septiembre de 20178, se reconoció como coadyuvante de la
parte demandante a la Fundación Progresar.

16. En providencia de 18 de septiembre de 20179, se declaró fallida la audiencia
especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló
proyecto de pacto de cumplimiento.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Turkish Petroleum International Company Limited

17. El apoderado judicial de la sociedad Turkish Petroleum International Company
Limited, mediante escrito de 27 de junio de 201710, alegó que esa sociedad no

7
Cfr. folios 98 a 100 cuaderno núm. 1, expediente físico.
8
Cfr. folios 450 y vlto. cuaderno núm. 2, expediente físico.
9
Cfr. folios 458 a 460 cuaderno núm. 2, expediente físico.
10
Cfr. folios 247 a 300 cuaderno núm. 1 y folios 301 a 317 cuaderno núm. 1, expediente físico.

5

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

quebrantó ningún derecho colectivo y que la actividad autorizada por la ANLA
respeta el ordenamiento jurídico.

18. Sostuvo que la evaluación de la licencia ambiental identificó los posibles
impactos a las comunidades y al medio ambiente, así como las medidas de
prevención, mitigación, corrección y compensación respectivas.

19. Precisó que la autoridad competente para evaluar el Estudio de Impacto
Ambiental, contrario a lo afirmado en la demanda, es la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales y no la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental.

20. Indicó que la evaluación económica de los impactos ambientales presentada a
la ANLA muestra una relación costo-beneficio de 1,02 y un valor presente neto de
$63.742.735, lo que confirma la viabilidad del proyecto.

21. Consideró que el titular de la licencia adelantó la etapa de socialización con la
comunidad en el área de influencia del proyecto, conforme a los términos de
referencia. Esa delimitación territorial se basó en la naturaleza del proyecto, las
actividades a realizar y el objetivo geológico.

22. Mencionó que: (i) el objeto del proyecto es la perforación exploratoria y no el
desarrollo de actividades sísmicas o mineras; (ii) el EIA caracterizó adecuadamente
las especies silvestres; (iii) la infraestructura cumple con las normas ambientales;
(iv) la vía que presuntamente desconoce la zona de protección de las fuentes
hídricas no pertenece a la sociedad, y fue construida antes del inicio del proyecto; y
(v) los bloqueos y manifestaciones impiden el avance de las actividades de
adecuación de las vías existentes.

23. Anotó que el presunto nacimiento de agua cercano al proyecto es en realidad
una corriente con cauce intermitente, cuya franja de protección de 30 metros se
respetó. El permiso de captación de agua se soportó en los resultados del estudio
técnico del caudal y de estabilidad del recurso del Río Zulia, previendo las
consecuencias e impactos aguas abajo por la captación requerida para el desarrollo
del proyecto.

24. Puso de presente que el parámetro de compensación establecido en el Estudio
de Impacto Ambiental es una estimación por hectárea a reforestar, que debe
ajustarse al ejecutar el proyecto, según el programa de aprovechamiento de la
cobertura vegetal, cumpliendo así con la captura de CO2.

25. Argumentó que “[…] los demandantes están haciendo un uso indebido de la
acción popular con el fin de buscar la revocatoria de un acto administrativo, en
elusión de la prohibición contenida (…) en el inciso 2 del artículo 144 del CPACA
[…]”.

26. Propuso las excepciones de: (i) “[…] inexistencia de vulneración de los derechos
e intereses colectivos señalados en la demanda — falta de acreditación de una

6

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

supuesta vulneración imputable a TPIC […]”; (ii) “[…] inexistencia de los
presupuestos necesarios para aplicar el principio de precaución en el caso concreto
[…]”; (iii) “[…] aplicación del principio de Desarrollo Sostenible al caso concreto […]”;
(iv) “[…] imposibilidad legal para revocar un acto administrativo a través de la acción
popular y respecto del cual ha operado el término de caducidad para su revocatoria
[…]”; y (v) “[…] actuación con temeridad y mala fe […]”.

I.3.2. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

27. La apoderada judicial de la ANLA, mediante escrito de 28 de junio de 201711,
alegó que esa entidad no quebrantó ningún derecho colectivo y que actuó
diligentemente en el ejercicio de sus competencias de evaluación, seguimiento y
control.

28. Puso de presente que no se demostró la vulneración de los derechos colectivos,
ni se desvirtuó la presunción de legalidad de la licencia ambiental otorgada mediante
Resolución 0553 de 30 de mayo de 2014. El licenciamiento cumplió con la
normatividad ambiental vigente, específicamente el Decreto 2820 de 5 de agosto de
2010 y los términos de referencia HI-TER-1-02, para estudios de impacto ambiental
en proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos, adoptados a través de la
Resolución 1544 de 13 de agosto de 201012.

29. Adujo que la parte demandante se equivocó cuando afirmó que se configuró un
silencio administrativo. Según el parágrafo 2.° del artículo 25 del decreto ibidem,
durante el trámite de evaluación de la licencia ambiental las autoridades
ambientales con jurisdicción en el área del proyecto pueden emitir un concepto
sobre el EIA en el plazo de 30 días. Sin embargo, si pasado ese plazo no se
pronuncian, la autoridad evaluadora competente puede tomar una decisión de
fondo.

30. Explicó que el artículo 84 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 13 regula la
figura de silencio administrativo positivo, la cual no resulta aplicable en el
procedimiento de licenciamiento ambiental.

31. Sostuvo que el proyecto se socializó con las administraciones municipales y las
juntas de acción comunal de las veredas que hacen parte del área de influencia
directa del proyecto, excepto en la vereda El Guamo del municipio de Sardinata
debido a problemas de orden público.

32. Argumentó que la concesión de aguas superficiales cumple con la zonificación
ambiental, pues las actividades exploratorias del proyecto no se desarrollan a
menos de 100 metros de nacimientos de agua. Concretamente, los puntos de
captación mencionados en la demanda se ubican 3.2, 1.4 y 2.96 kilómetros.

11
Cfr. folios 319 a 369 cuaderno núm. 2, expediente físico.
12
“Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos
de perforación exploratoria de hidrocarburos y se toman otras determinaciones”.
13
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

7

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Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

33. Señaló que “[…] la disponibilidad del recurso hídrico en términos de cantidad y
calidad no podría afectar negativamente el uso actual de las poblaciones que se
abastecen del mismo, puesto que el permiso se otorgó en franjas específicas del
Río San Miguel y Río Zulia (…) y no sobre el cuerpo de agua denominado cerro
mono […]”. Este caudal es suficiente para satisfacer las necesidades comunitarias
y del proyecto, incluso en épocas de estiaje.

34. Precisó que la información sobre la evaluación económica del proyecto incluye
los costos y beneficios identificados y calificados por la sociedad Turkish Petroleum.
Además, las conclusiones planteadas en la demanda no cuentan con fundamentos
técnicos, ni coinciden con los datos presentados en el Estudio de Impacto
Ambiental.

35. Afirmó que, cuando la empresa intervenga la cobertura vegetal, surge la
obligación de compensar los ecosistemas diferentes a los naturales y seminaturales,
en una proporción de 1:1. En ese momento la empresa debe presentar el plan de
compensación, con la información mínima requerida y ajustada a la Resolución 188
de 27 de febrero de 201214.

36. Consideró que la presentación del plan de compensación no es requisito
determinante para expedir la licencia ambiental, siempre y cuando se dé
cumplimiento a los requerimientos de las autoridades ambientales. En el Estudio de
Impacto Ambiental obraba la información sobre los programas de compensación
para el medio biótico por aprovechamiento de la cobertura vegetal, por afectación
paisajística y por fauna y flora.

37. Finalmente, señaló que la licencia ambiental otorgada cuenta con las medidas
de manejo ambiental, de control y seguimiento, tendientes a prevenir, mitigar,
corregir y/o compensar los impactos ambientales derivados de la misma, y se
sustenta en un concepto técnico producto de la verificación en campo de la
información documental y cartográfica allegada en los estudios.

I.3.3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

38. La apoderada judicial del MADS, mediante escrito de 16 de junio de 201715, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, tras considerar que no se vulneró o
amenazó ningún derecho colectivo.

39. Indicó que, como ente rector de la gestión del ambiente y de los recursos
naturales renovables, se encarga de orientar y regular el ordenamiento ambiental
del territorio; mientras que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es
responsable de tramitar las licencias ambientales para los proyectos, obras y
actividades.

14
“Por la cual se actualiza el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos adoptado mediante Resolución número 1552
del 20 de octubre de 2005”.
15
Cfr. folios 240 a 242 cuaderno núm. 1, expediente físico.

8

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Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

40. Mencionó que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental y las
alcaldías municipales son las autoridades regionales encargadas de atender la
problemática. Por ello, solicitó su desvinculación del proceso por “[…] inexistencia
de vulneración a los derechos invocados por el tutelante (sic) respecto al ministerio
[…]”.

I.3.4. Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

41. El apoderado judicial de Corponor, mediante memorial de 18 de mayo de 201716,
sostuvo que la entidad no amenazó o vulneró ningún derecho colectivo, más aún
cuando no profirió la licencia ambiental cuestionada.

42. Aclaró que no tiene conocimiento de la existencia de irregularidades técnicas
durante la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales.

43. Afirmó que si bien “[…] le corresponde a Corponor administrar dentro del área
de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables, no
significa que de manera automática deba responder en juicio cada vez que se ejerce
la acción popular en defensa del derecho a gozar de un ambiente sano […]” y
tampoco “[…] debe responder por las infracciones o acciones (…) provenientes de
terceros […]”.

I.3.5. Municipio de Sardinata

44. El apoderado judicial del municipio de Sardinata, en escrito de 18 de mayo de
201717, se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar que no existe
nexo entre el actuar del municipio y la presunta vulneración de los derechos
colectivos.

45. Señaló que la administración municipal no tiene conocimiento sobre la presunta
explotación irregular de los recursos naturales en la zona, pues el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones establecidas por una licencia ambiental desborda
sus competencias.

46. Consideró que “[…] no es de recibo una posible declaratoria de responsabilidad
[…] endilgando el daño ecológico o ambiental, que pueda acaecer como
consecuencia del proyecto […]”, por cuanto “[…] no ha sido evidenciada la
ocurrencia de un daño antijurídico como consecuencia de su ejecución […]”.

47. Finalmente, propuso las excepciones de: (i) “[…] falta de legitimación en la causa
por pasiva […]”; (ii) “[…] inexistencia de la afectación de los derechos […]”; y (iii)
“[…] genérica […]”.

16
Cfr. folios 247 a 300 cuaderno núm. 1 y folios 301 a 317 cuaderno núm. 2, expediente físico.
17
Cfr. folios 138 a 147 cuaderno núm. 1, expediente físico.

9

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Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

I.3.6. Municipio de San José de Cúcuta

48. El apoderado judicial del municipio de San José de Cúcuta, en escrito de 18 de
mayo de 201718, afirmó que esa entidad no quebrantó ningún derecho colectivo.
Planteó que la información relacionada en la demanda sobre la ubicación y
condiciones de los recursos naturales en los corregimientos de Palmarito y Banco
de Arena no corresponde con la realidad.

49. Adujo que el ente territorial tiene competencias residuales en materia de
vigilancia y protección al medio ambiente. En el ejercicio de esas competencias, esa
administración ejecutó un plan de capacitación en materia de conservación y
desarrollo sostenible, dirigido a los lideres de la comunidad de la zona sur del
municipio de Tibú y del norte de Cúcuta. El objetivo del plan fue la recuperación y
conservación de las fuentes de agua y la disminución de la tasa de deforestación.

50. Por último, propuso las excepciones de: (i) “[…] falta de legitimación en la causa
por pasiva […]”; (ii) “[…] inexistencia de la afectación de los derechos […]”; y (iii)
“[…] excepción genérica […]”.

I.3.7. Municipio de El Zulia

51. El apoderado judicial del municipio de El Zulia, mediante oficio de 22 de mayo
de 201719, solicitó el amparo de los derechos colectivos respecto de los acueductos
veredales. Sin embargo, aclaró que el municipio no participó en el trámite de
expedición de la licencia ambiental y, además, carece de legitimación en la causa
por pasiva.

52. Indicó que las variaciones climáticas anómalas impactan la fuente hídrica “Cerro
Mono”, generando desabastecimiento. Esta problemática se podría agravar si no se
respetan los nacimientos de agua.

I.3.8. El departamento de Norte de Santander y el municipio de Tibú guardaron
silencio.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

53. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia de 4 de
octubre de 201820, amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a
la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, cuya amenaza atribuyó a la ANLA, a Corponor, a la sociedad
Turkish Petroleum International Company Limited, y al municipio de San José de
Cúcuta.

18
Cfr. folios 152 a 159 cuaderno núm. 1, expediente físico.
19
Ibidem, folios 208 a 213.
20
Cfr. folios 651 a 686 cuaderno principal, expediente físico.

10

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Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

54. El tribunal negó el argumento relacionado con la presunta configuración de un
silencio administrativo positivo, porque “[…] el procedimiento legal de evaluación del
EIA (estudio de impacto ambiental) no consagra expresamente que el
incumplimiento del pronunciamiento de la autoridad ambiental regional dentro del
plazo allí estipulado, configure un silencio administrativo positivo […]”.

55. Estableció que el titular de la licencia ambiental socializó el proyecto en el “[…]
municipio de Sardinata, vereda Cámbulos del corregimiento Buena Esperanza,
vereda Cerro Guayabo, casco urbano del corregimiento Palmarito, vereda El
Guamo, vereda El Tablazo, vereda La Hortensia, vereda Naranjos, vereda Santa
Rosa, vereda Cerro León, vereda Restauración del corregimiento de Aguaclara,
vereda San Miguel Encerraderos, vereda Suspiro, vereda Palmarito, municipio de
San José de Cúcuta, municipio de El Zulia, vereda Aguasal comunidad La Palma y
vereda Monteverde […]”.

56. Indicó que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior profirió la
certificación 1550 de 27 de julio de 2012, según la cual no era necesario agotar el
procedimiento de consulta previa en el área de influencia del proyecto.

57. Aseveró que el Estudio de Impacto Ambiental incluyó la evaluación económica
de los impactos ambientales positivos y negativos del proyecto. En el caso concreto,
el resultado fue “[…] una relación costo-beneficio del 1,02 presente y un valor neto
de $63.742.735, que de acuerdo con la metodología implementada, resulta en una
relación positiva mayor a 1, lo que se traduce en mayores beneficios a los costos
ambientales […]”.

58. Consideró que “[…] si bien el proyecto va a generar impactos negativos, estos
por las medidas de manejo que se plantean en el PMA, no alcanzan a ser tan
severos como los que en la actualidad están generando la comunidad y la minería
[…]”. En consecuencia, afirmó que la evaluación económica del proyecto no
amenazó o vulneró los derechos colectivos invocados.

59. Señaló que, conforme al Estudio de Impacto Ambiental, para el desarrollo del
proyecto era necesario aprovechar 4 l/s de las fuentes hídricas de los ríos Zulia y
San Miguel, adicionales a las concesiones ya otorgadas. Frente a dicho consumo,
la evaluación ambiental de la ANLA concluye que “[…] aunque el volumen de agua
requerido es alto, (…) no se presenta mayor afectación debido a que el caudal de
reparto es suficiente para la demanda del recurso […]”.

60. Afirmó que el permiso de captación de aguas cumple con lo dispuesto en el
Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de 197421 y en el Decreto 1541 de 28 de julio
de 197822, y que los demandantes no desvirtuaron con pruebas técnicas esos
resultados.

21
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.
22
“Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente
la Ley 23 de 1973”.

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Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
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61. Puntualizó que el proyecto respetó las directrices ambientales, salvo en lo
relacionado con la carretera de acceso a la “plataforma multipozo Aslan 1”, la cual
colinda con varios cuerpos de agua en una franja inferior a los 30 metros.

62. Consideró que el titular de la licencia no cumplió las obligaciones en materia de
compensación por pérdida de biodiversidad de un total de 1931,6 hectáreas de
bosques naturales. Tampoco la sociedad presentó un plan definitivo de
compensaciones ajustado al área de los ecosistemas intervenidos, ni desarrolló
actividades de conservación, reforestación, compra de predios y restauración en
ecosistemas diferentes a los naturales, en una proporción de 1:1.

63. Sostuvo que la amenaza a los derechos colectivos se soportaba en “[…] la falta
de argumentos válidos y pruebas por parte de la TPIC para el no cumplimiento
oportuno de las obligaciones que le fueron impuestas de compensación por
aprovechamiento y pérdida de la biodiversidad en desarrollo del proyecto […]”.

64. Agregó que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto contiene un inventario
de la fauna presente en el área que debe acatar las indicaciones de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres -CITES y de la Resolución 0192 de 10 de febrero de 2014. Por ello,
ordenó a la sociedad que cumpla las obligaciones impuestas en la licencia ambiental
en la materia.

65. Finalmente, el tribunal impartió las siguientes medidas de amparo:

“[…] PRIMERO: NEGAR por innecesaria la prueba pericial pedida por el
Ministerio Público, en la etapa de alegatos de conclusión, de conformidad con
la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de Falta de legitimación
en la causa por pasiva planteada por el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA, el MUNICIPIO DE SARDINATA y el MUNICIPIO DE EL ZULIA, de
conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de (i) inexistencia
de la afectación de los derechos colectivos invocados propuesta por el
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, (ii) inexistencia de la afectación de
los derechos colectivos invocados propuesta por el MUNICIPIO DE
SARDINATA, (iii) inexistencia de vulneración de los derechos e intereses
colectivos señalados en la demanda, inexistencia de los presupuestos
necesarios para aplicar el principio de precaución en el caso concreto,
aplicación del principio de desarrollo sostenible al caso concreto, imposibilidad
legal para revocar un acto administrativo, a través de la acción popular y
respecto del cual ha operado el término de caducidad para su revocatoria y
actuación con temeridad y mala fe, propuestas por TURKISH PETROLEUM
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA – TPIC, y (iv)
la ausencia de vulneración de derechos colectivos por parte de la entidad e
insuficiencia probatoria del accionante, propuestas por la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA –, de conformidad con la
parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: AMPARAR el derecho colectivo al goce de (sic) ambiente sano, la
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de sus áreas

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Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
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de especial importancia ecológica, la existencia del equilibrio ecológico y su
aprovechamiento sostenible, la conservación y restauración de estos recursos
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, se DISPONE lo siguiente:

5.1. EXHORTAR a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
– ANLA – y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL – CORPONOR –, para que realicen el acompañamiento,
vigilancia y control necesarios para la verificación del cumplimiento del alcance y
las obligaciones sobre concesión de aguas superficiales impuestas a la TPIC en
la parte resolutiva de la Resolución 0553 del 30 de mayo de 2014 emanada de
la ANLA.

5.2. ORDENAR al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y A LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
– CORPONOR –, para que en ejercicio de sus competencias, y por intermedio
de las dependencias que correspondan, adelanten el esfuerzo conjunto de
realizar los estudios de la Subcuenca caño ´Barrancas´ (perteneciente a la
cuenta del Río Zulia), que haga posible la toma de las decisiones más apropiadas
tanto desde el punto de vista técnico, como ambiental y económico para su
protección y los intereses de la comunidad frente el impacto del proyecto de Área
de Perforación Exploratoria González Sur por la TPIC.

5.3. ORDENAR a la TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED SUCURSAL COLOMBIA – TPIC – proceda, si aún no lo ha hecho, a
adelantar de manera inmediata, y en un plazo máximo de tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, las medidas, obras y
adecuaciones necesarias, en procura de la protección de los cuerpos de agua
que se encuentran a menos de treinta (30) metros de los tramos de las
carreteras, vías y/o accesos existentes y en construcción hacia los pozos de
exploración y explotación de hidrocarburos que hacen parte del proyecto ´Área
de perforación exploratoria González Sur´, conforme lo dispuesto en la licencia
ambiental contenida en la Resolución 0553 del 30 de mayo de 2014.

5.4. ORDENAR a la TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED SUCURSAL COLOMBIA – TPIC –, la AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA – y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR – elaborar y
presentar un informe trimestral sobre el cumplimiento de la prohibición de
desarrollo de actividades en las áreas de exclusión y del alcance de las
actividades efectuadas en áreas de intervención con restricciones, y el
cumplimiento de la obligación de generar la ficha de ´Manejo de construcción y
adecuación de accesos´ para el componente biótico, conforme lo dispuesto en la
licencia ambiental contenida en la Resolución 0553 del 30 de mayo de 2014.

5.5. ORDENAR al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, proceda a adelantar
de manera inmediata y en un plazo máximo de seis (6) meses siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia, las medidas técnicamente exigibles,
jurídicas y presupuestalmente viables, en procura del diseño, construcción y/o
adecuación, y puesta en funcionamiento de un acueducto para abastecer la
comunidad del corregimiento de Palmarito, especialmente, las veredas
Monteverde, El Suspiro y la Hortensia.

5.6. ORDENAR a la TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED SUCURSAL COLOMBIA – TPIC – proceda, si aún no lo ha hecho, al
inmediato cumplimiento oportuno de las obligaciones que le fueron impuestas de
compensación por aprovechamiento y pérdida de la biodiversidad en el
desarrollo del proyecto Área de Perforación Exploratoria González Sur, conforme
lo dispuesto en la licencia ambiental contenida en la Resolución 0553 del 30 de

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mayo de 2014, tales como compensar de forma preliminar un total de 1931,6
hectáreas de bosques naturales de helobioma del río Zulia en Choco, Magdalena
y Catatumbo, Helobiomas del Río Zulia, ajustar el programa de compensación
del EIA, presentar un plan definitivo de compensaciones en un término no mayor
a 12 meses posteriores a la expedición de la licencia, y compensar por
ecosistemas diferentes a los naturales y seminaturales en una proporción de 1:1
en área, en actividades de conservación, reforestación, compra de predios,
enriquecimiento y/o restauración.

5.7. ORDENAR a la TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED SUCURSAL COLOMBIA – TPIC – proceda si aún no lo ha hecho, al
inmediato cumplimiento oportuno de las obligaciones que le fueron impuestas de
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire en el desarrollo del proyecto Área
de Perforación Exploratoria González Sur, conforme lo dispuesto en la licencia
ambiental contenida en la Resolución 0553 del 30 de mayo de 2014.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por lo considerado en
la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: CONFORMAR el Comité para la vigilancia del cumplimiento de la
sentencia, acorde con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, en
el cual participarán, los actores populares, el coadyuvante de la parte
accionante WILFREDO CAÑIZARES ARÉVALO, la NACIÓN – MINISTERIO
DEL MEDIO (sic) AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, la AUTORIDAD
(sic) DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR, el
DEPARTAMENTO (sic) NORTE DE SANTANDER, el MUNICIPIO DE SAN
JOSÉ DE CÚCUTA, el MUNICICPIO DE SARDINATA y el MUNICIPIO DE EL
ZULIA, bajo la coordinación del señor Procurador Judicial para Asuntos
Administrativos Delegado ante el Tribunal. […]”23.

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. Turkish Petroleum International Company Limited (TPIC)

66. El apoderado de la sociedad Turkish Petroleum International Company Limited,
mediante escrito de 9 de noviembre de 201824, solicitó la revocatoria de la sentencia
de primera instancia. A su juicio, “[…] la sentencia fue incongruente con lo que
realmente fue objeto de debate, lo tratado en el proceso, lo considerado por la
misma providencia, y las órdenes que finalmente imparte […]”.

67. Adujo que el tribunal no identificó las acciones u omisiones que amenazan o
vulneran los derechos colectivos. Únicamente se ordenó el cumplimiento de las
obligaciones de la licencia ambiental, tras reconocer que esa autorización cumple
la normatividad ambiental y que el proyecto se socializó con la comunidad.

68. Insistió que “[…] no aparece prueba alguna que indique que el análisis de
impactos realizados por la TPIC no cumpla con los requerimientos legales y
reglamentarios […]”. Incluso “[…] en el mismo proceso se reconoce que [el proyecto]
no se ha ejecutado […]”.

23
Cfr. folios 11 y 12 cuaderno núm. 1, expediente físico.
24
Cfr. folios 690 a 712 cuaderno principal, expediente físico.

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69. El a quo advirtió que: (i) “[…] no hubo omisiones de las autoridades en cuanto al
Estudio de Impacto Ambiental […]”; (ii) “[…] TPIC realizó las audiencias de
socialización del proyecto en los términos del Decreto 2820 de 2010 […]”; (iii) “[…]
la disponibilidad del agua es suficiente para la demanda del recurso […]”; (iv) “[…]
no existe certeza sobre posible daño al recurso hídrico o efecto dañino que pueda
producir la ejecución de la actividad exploratoria […]”; y (v) se acataron las
directrices sobre las áreas o franjas de exclusión trazadas por la ANLA.

70. Señaló que la sentencia no especifica las razones por las cuales se
desestimaron las excepciones planteadas. Tampoco se consideraron las pruebas
relacionadas con el plan de compensación, aun cuando el porcentaje de esta
depende del uso efectivo de la biodiversidad en el transcurso del proyecto, y la
sociedad aún no ejecuta las actividades.

71. Mencionó que el costo de cobertura vegetal previsto para la construcción de la
plataforma ASLAN y el pozo ASLAN I, se ajustará a la intervención efectiva, una vez
se adelanten las obras. Sin embargo, la sociedad no ha realizado ninguna actividad
del proyecto por razones de orden público.

72. Planteó que la carretera objeto del amparo forma parte de la red terciaria del
municipio, existía antes del comienzo de las actividades autorizadas, y no cuenta
con un drenaje adecuado, circunstancia que no puede ser atribuida al titular de la
licencia. Por lo tanto, la orden 5.3 de la sentencia de primera instancia vulnera el
debido proceso y el principio de legalidad, pues la adecuación de la infraestructura
vial no es una obligación incluida en la licencia ambiental.

73. Consideró que la Resolución 0192 de 2014 “[…] para el momento en que el EIA
fue presentado no estaba vigente […]”. Aun así, el titular de la licencia cumplió con
los términos de referencia en cuanto a la identificación de las especies en peligro.

III.2. Municipio de San José de Cúcuta

74. La apoderada judicial del municipio de San José de Cúcuta, a través de memorial
de 9 de noviembre de 201825, solicitó la revocatoria de los ordinales 5.2 y 5.5. de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para que, en su lugar, “[…] se
nieguen las súplicas de la demanda respecto del municipio […] y se condene a
Corponor y a la ANLA […]”.

75. Planteó que ese ente territorial no transgredió los derechos colectivos objeto de
amparo. Aunado a ello, consideró que Turkish Petroleum International Company
Limited debe acatar las órdenes judiciales, porque desarrolló el proyecto
cuestionado y es el titular de la licencia ambiental.

76. Agregó que el tribunal debió declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva del ente territorial, por cuanto el municipio no participó en la expedición o el

25
Ibidem, folios 713 a 727.

15

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seguimiento de la licencia ambiental contenida en la Resolución 0553 de 30 de
mayo de 2014.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

77. Mediante auto de 29 de noviembre de 201826, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación
interpuestos por la sociedad Turkish Petroleum International Company Limited y el
municipio de San José de Cúcuta, contra la sentencia de 4 de octubre de 2018.

78. Por auto de 28 de febrero de 201927, la Subsección A de la Sección Tercera
admitió los referidos recursos. Posteriormente, mediante proveído de 22 de marzo
del 201928, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se
informó al Ministerio Público que podía rendir concepto.

79. El apoderado judicial del municipio de Zulia reiteró, mediante memorial de 10
de abril de 201929, los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la
demanda. Además, puso de presente que el municipio adelanta obras de
rehabilitación del acueducto de la vereda Santa Rosa, infraestructura que se
encuentra en la zona de influencia del proyecto.

80. El apoderado judicial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
planteó, en escrito de 12 de abril de 201930, la misma estrategia de defensa.
Adicionalmente, precisó que el proyecto cuenta con fichas de manejo y control
ambiental, en las cuales se presentan las acciones a realizar para prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos ambientales.

81. La apoderada del municipio de San José de Cúcuta, mediante memorial de 25
de abril de 201931, reiteró los planteamientos del recurso de apelación.

82. La apoderada judicial de la sociedad Turkish Petroleum International
Company Limited, mediante memorial de 26 de abril de 201932, insistió que la
sentencia de primera instancia carece de motivación y congruencia.

83. El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado, mediante escrito
de 13 de mayo de 201933, solicitó la confirmación de la sentencia de primera
instancia y la adición de las siguientes órdenes:

“[…] la CONMINACIÓN a la empresa TPIC para que tenga la precaución
suficiente y evite que los vehículos, y/o maquinaria implementada en el proyecto
generen derramamiento de combustible o sustancia alguna que afecte directa o
indirectamente los recursos naturales incluidos las cuencas hidrográficas,
debiendo suspender las obras en caso de presentarse, procediendo de inmediato

26
Ibidem, folio 729.
27
Ibidem, folio 745
28
Ibidem, folio 750.
29
Ibidem, folios 754 a 765.
30
Ibidem, folios 770 a 774.
31
Ibidem, folios 775 a 777.
32
Ibidem, folios 778 a 797.
33
Ibidem, folios 798 a 821.

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a adoptar las medidas necesarias para mitigar y compensar los impactos
ambientales que se llegaren a causar, al tiempo que debía responder por los
perjuicios ocasionados.

Además se ordene a la ANLA, como a CORPONOR en cumplimento de la
función de vigilancia la creación de un comité de seguimiento compuesto por
autoridades de los municipios, Procuraduría General de la Nación - Procuraduría
Judicial Il Ambiental del Departamento de Norte de Santander, juntas de acción
comunal, los inspectores de los corregimientos y pobladores de la zona de
influencia directa del proyecto minero, esto con el fin de que se efectúe
verificación constante de las actuaciones que adelante la empresa TPIC, con el
fin de garantizar los derechos colectivos del medio ambiente sano, y se prevea
de manera preventiva cualquier acción que atente en contra de los recursos
naturales, en virtud del principio de precaución ambiental, pues corresponde al
Estado y particulares efectuar acciones preventivas con el fin de evitar se genere
un daño inminente al medio ambiente […]”.

84. Reconoció que la licencia cumple con la normatividad ambiental. Sin embargo,
en aplicación del principio de precaución, “[…] tratándose del derecho colectivo al
medio ambiente sano es procedente la exhortación efectuada por el Tribunal,
mediante el cual, recordó a la empresa TPIC las obligaciones impuestas a través de
la licencia ambiental otorgada con el fin de garantizar la permanencia de los
caudales mínimos y ecológicos en las épocas de estiaje y no afectar la
disponibilidad del recurso hídrico. Así como a la ANLA y CORPONOR, para que en
ejercicio de sus competencias y por medio de las dependencias que correspondan,
realicen el acompañamiento, vigilancia y control necesario para la verificación del
cumplimiento de las obligaciones impuestas a la PIC en la licencia ambiental, frente
a la concesión de aguas superficiales otorgada […]”.

85. Señaló que la empresa de hidrocarburos utiliza la carretera terciaria de la vereda
Monteverde, cercana a los cuerpos de agua, razón por la que “[…] el estudio de
impacto ambiental no generó un análisis detallado que analice el efecto dañino que
pueda producir sobre esta cuenca hídrica la ejecución de la actividad exploratoria y
explotadora […]”. Por ello, consideró que “[…] en aplicación del principio de
precaución natural proceden las ordenes efectuadas por el Ad Quo […]”.

86. Mediante auto de 23 de octubre de 202334, la Subsección A de la Sección
Tercera ordenó remitir el expediente a la Secretaría de la Sección Primera de la
Corporación, por cuanto el objeto del debate no se refiere a la protección de la
moralidad administrativa ni era de naturaleza contractual.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

87. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201935, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia los recursos

34
Cfr. índice 31, expediente digital SAMAI Consejo de Estado.
35
“Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

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de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

88. La parte demandante atribuyó a la sociedad Turkish Petroleum International
Company Limited, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental y al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la transgresión de los derechos colectivos
previstos en los literales a) y c) del artículo 4.° de la Ley 472, debido a seis falencias
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Área de Perforación Exploratoria
González Sur”, autorizado mediante Resolución 0553 de 2014.

89. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, autoridad judicial que amparó los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano y al equilibrio ecológico.

90. Turkish Petroleum International Company Limited y el municipio de San José de
Cúcuta apelaron la anterior decisión. La sociedad afirmó que la sentencia
desconoce el principio de congruencia y que no existe prueba de una amenaza a
los derechos colectivos ambientales. Por su parte, el municipio alegó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, que no le compete cumplir con las órdenes de
amparo y que el objeto del proceso solo era la licencia ambiental del proyecto de
hidrocarburos.

91. Para resolver estos reparos, la Sala estudiará: (i) el principio de congruencia en
el caso concreto; y (ii) la procedencia de los demás argumentos propuestos en las
apelaciones.

V.2.1. El principio de congruencia en el caso concreto

92. El apoderado judicial de Turkish Petroleum International Company Limited afirmó
que la sentencia de primera instancia quebranta “[…] el principio contenido en el
artículo 280 de CGP […]”, porque “[…] el proceso siempre versó sobre supuestas
fallas o falencias de la Licencia ambiental, las cuales finalmente fueron por completo
desvirtuadas, al punto que la misma sentencia no efectúa reparo sobre la validez,
legalidad o idoneidad del instrumento […]”. Agregó que “[…] la sentencia fue
incongruente con lo que realmente fue objeto de debate, lo tratado en el proceso, lo
considerado por la misma providencia, y las órdenes que finalmente imparte […]”.

93. Por su parte, la apoderada del municipio de San José de Cúcuta argumentó que
el objeto del proceso solo era la licencia ambiental del proyecto de hidrocarburos.

94. Para resolver estos planteamientos, es pertinente mencionar que el juez, en las
acciones populares, puede proferir fallos ultra y extra petita, sin desconocer el
principio de congruencia, previo cumplimiento de las reglas jurisprudenciales
previstas para tal efecto. En la sentencia de unificación de 5 de junio de 2018, la
Sala Plena del Consejo de Estado explicó que:

18

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
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“[…] jurisprudencialmente se ha aceptado la posibilidad de que el juez popular
profiera fallos ultra y extra petita en el sentido de amparar derechos colectivos
diferentes a los invocados por el actor popular en la demanda; estudiar hechos
adicionales a los planteados inicialmente, proferir órdenes diferentes a las
pedidas por los actores en las pretensiones, e incluso apartarse de los
términos de la impugnación en fallos de segunda instancia, todo lo anterior,
siempre que se guarde relación con el hecho generador del daño
planteado en la demanda y en términos generales con la causa petendi.

Sin embargo, la Sala considera que esta es la oportunidad pertinente para
precisar dicha postura en el sentido de establecer que el juez de la acción
popular puede pronunciarse sobre derechos colectivos que no han sido
invocados en la demanda como vulnerados o amenazados, siempre y cuando
tengan una estrecha relación con los derechos respecto de los cuales sí
haya existido una solicitud expresa de protección y cuando la parte
demandada se haya pronunciado sobre ellos a lo largo del proceso, es
decir, que haya podido ejercer su derecho de defensa.

Entonces, pese a que como se mencionó el juez puede amparar derechos
e intereses colectivos diferentes a los indicados por el actor en el trámite
de agotamiento del requisito de procedibilidad y en la demanda, siempre
y cuando los mismos se relacionen con la causa petendi, para proceder en
tal forma además se requiere que se haya garantizado el debido proceso del o
los demandados en el sentido de que se les haya permitido pronunciarse sobre
el mismo en alguna de las oportunidades procesales […]”36. (Negrillas fuera del
texto).

95. La Sala Plena reiteró, en sentencia de unificación de 26 de enero de 202137,
que “[…] si el planteamiento fáctico que hace el actor popular y que es conocido por
la entidad accionada resulta demostrado en el curso del proceso, el juez de la acción
popular puede aprobar un pacto de cumplimiento, o proferir una sentencia que tenga
como base la vulneración de derechos colectivos distintos de los invocados en la
demanda y donde se adopten medidas diferentes de las impetradas. […]”.

96. Nótese entonces que las facultades ultra y extra petita del juez popular deben
respetar el debido proceso de las partes en conflicto. Por tanto, solo es posible
examinar nuevos hechos relacionados con la causa petendi acreditados en el
debate judicial38.

97. Esto significa que, para determinar si el tribunal de primera instancia desconoció
el principio de congruencia en el caso concreto, la Sala estudiará dos componentes.
El primero es el alcance de la situación fáctica planteada en la demanda. El segundo
la prueba sobre la amenaza de los derechos colectivos ambientales atribuible al
licenciamiento ambiental.

36
Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación núm.: 15001-33-31-
001-2004-01647-01.
37
Cfr. Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, C. P. Martín
Bermúdez Muñoz, radicación número: 54518-33-31-001-2007-00013-01(AP)REV.
38
Cfr. Consejo de Estado, sentencias de 16 de mayo de 2007 (exp. 2005-10005), 16 de octubre de 2007 (exp. 2002-27149,
y 29 de abril de 2015 (exp. 2010-00217-01 AP), entre otras.

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A. El alcance de la situación fáctica planteada en la demanda

98. La Sala observa, al revisar los hechos citados en la demanda, que la causa
petendi giró en torno a seis aspectos, a saber: (i) la presunta configuración de un
silencio administrativo positivo en el marco del licenciamiento ambiental; (ii) la
exactitud de la evaluación económica ambiental; (iii) la pertinencia de la evaluación
de la concesión de aguas; (iv) el respeto de las áreas de exclusión previstas en la
licencia frente al pozo ASLAN 1 y la vía utilizada para llegar al lugar de la perforación
exploratoria; (v) la suficiencia de las medidas de compensación de los bosques
afectados; y (vi) la inclusión en el EIA de la fauna amenazada.

99. En este contexto, la Sala considera que el tribunal de primera instancia estudió
todos los componentes del problema jurídico planteado por los demandantes. Sin
embargo, el análisis efectuado en el capítulo 2.4.4.5. de esa providencia
denominado “del acatamiento de las zonas, áreas y/o franjas de exclusión”,
desborda el objeto del litigio.

100. El propósito de ese apartado consistía en determinar si las obras autorizadas
en la licencia ambiental para el proyecto exploratorio cumplían o no con las áreas
de exclusión previstas en la Resolución 0553 de 2014, para la conservación del
recurso hídrico. Pero luego de analizar esa problemática, el tribunal consideró que
el municipio de San José de Cúcuta debía adelantar las siguientes acciones:

“[…] lo anterior sirve de base para la aplicación del principio de precaución en
el asunto bajo estudio, y ordenar a las autoridades administrativas involucradas
y competentes en el corregimiento de Palmarito, principalmente el MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, quién por demás tiene a cargo la vía de la
vereda Monteverde pertenece a la red terciaria, adelantar el esfuerzo
conjunto de realizar los estudios de la Subcuenca caño "Barrancas"
(perteneciente a la cuenta del Rio Zulia), que haga posible la toma de las
decisiones más apropiadas tanto desde el punto de vista técnico, como
ambiental y económico para su protección y los intereses de la
comunidad frente el impacto del proyecto de Área de Perforación
Exploratoria González Sur por la TPIC. (…)

Adicionalmente, se ordenará al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA,
proceda a adelantar de manera inmediata, coordinada y armónica y en un plazo
máximo de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia,
las medidas técnicamente exigibles, jurídicas y presupuestalmente
viables, en procura del diseño, construcción y/o adecuación, y puesta en
funcionamiento de un acueducto para abastecer la comunidad del
corregimiento de Palmarito, especialmente, las veredas Monteverde, El
Suspiro y la Hortensia. […]”. (Negrillas fuera del texto).

101. En la parte resolutiva de la sentencia de 4 de octubre de 2018, se resolvió:

“[…] 5.2. ORDENAR al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y A LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
– CORPONOR –, para que en ejercicio de sus competencias, y por intermedio
de las dependencias que correspondan, adelanten el esfuerzo conjunto de
realizar los estudios de la Subcuenca caño ´Barrancas´ (perteneciente a la
cuenta del Río Zulia), que haga posible la toma de las decisiones más apropiadas
tanto desde el punto de vista técnico, como ambiental y económico para su

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protección y los intereses de la comunidad frente el impacto del proyecto de Área
de Perforación Exploratoria González Sur por la TPIC.

5.5. ORDENAR al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, proceda a adelantar
de manera inmediata y en un plazo máximo de seis (6) meses siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia, las medidas técnicamente exigibles,
jurídicas y presupuestalmente viables, en procura del diseño, construcción y/o
adecuación, y puesta en funcionamiento de un acueducto para abastecer la
comunidad del corregimiento de Palmarito, especialmente, las veredas
Monteverde, El Suspiro y la Hortensia. […]”.

102.Esa decisión se soportó en la evaluación hídrica de 18 de mayo de 2017 39,
elaborada por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental,
documento que explicaba lo siguiente:

“[…] 1. El área de estudio se ubicó en la microcuenca Caño Barrancas sus
tributarios y la línea base ambiental., mediciones de caudal, cobertura
vegetal, geología, usos de suelo, y estudio hidrogeológico.
2. El área estudiada se encuentra intervenida para actividades agrícolas y
pecuarias, especialmente en la parte media y baja. Cultivos de palma,
arroz, cítricos, potreros para ganadería. La parta alta de la microcuenca
merece toda la atención para conservación y protección.
3. Existen cuerpos de agua de alta importancia ambiental como son
laguna negra, laguna azul, caño “dios como te amo” y caño Barrancas,
que revisten características ambientales especiales y necesariamente su
protección debe ser prioritaria a fin de que el ecosistema se mantenga.
(…)
5. La geología local permite la permanencia de los cuerpos de agua existentes,
por su litología, es necesario y prioritario que las partes medias y altas de la
microcuenca “caño barrancas” que son zonas de recarga deben ser
conservadas y en lo posible sus áreas sean adquiridas para procurar que se
mantenga el balance hídrico. (…)
8. El acueducto que abastece el corregimiento de Palmarito, las veredas,
Monteverde, El suspiro, la Hortensia, deberá construirse por cuanto el que
existe no cumple con las condiciones sanitarias para abastecer estas
veredas y se constituye en un riesgo para la salud de sus habitantes. […]”.
(Negrillas fuera del texto).

103. Se destaca que la gestión ambiental integral de la subcuenca caño Barrancas,
o la puesta en funcionamiento del acueducto que abastecerá a la comunidad del
corregimiento de Palmarito, no eran asuntos pertenecientes a la causa petendi de
este proceso.

104. Incluso los siguientes extractos de la demanda demuestran que la controversia
en torno al agua se relacionaba con los impactos propios del proyecto de
hidrocarburos cuestionado:

“[…] Es menester mencionar que uno de los recursos naturales más afectados
por la explotación petrolera es el agua y que toda explotación petrolera tiene
un alto impacto ambiental en sus diferentes etapas (exploración sísmica,
perforación exploratoria, producción, transporte y refinación). Los
explosivos usados durante la exploración sísmica, por ejemplo, envían los
recursos hídricos a mayor profundidad o desvían su cauce, generando la
desaparición de nacederos. Además, durante estas etapas se generan

39
Cfr. folios 247 a 300 cuaderno núm. 1 y folios 301 a 317 cuaderno núm. 2, expediente físico.

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desechos, se presenta contaminación por gases y sobre los suelos,
deforestación y se construyen trochas de penetración a lugares de reserva
natural o de importancia para la conservación eco sistémica.

El derecho al agua se declaró como objeto de protección especial, entre otros,
los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos. Así mismo, fue
consagrado como principio general la prioridad que tiene el consumo humano
A consecuencia de la preocupación por la falta del recurso hídrico, la
comunidad inicia acciones administrativas poniendo en conocimiento a
las autoridades municipales y departamentales su desabastecimiento de
agua y la afectación ambiental que causan los diferentes proyectos
minero-energéticos (petróleo, gas y carbón) y proyectos agroindustriales
(palma de aceite, ganadería intensiva) […]”. (Negrillas fuera del texto).

105. Esto significa que el cargo prospera parcialmente en torno a este planteamiento,
porque el juez de la primera instancia excedió el objeto del litigio y, como
consecuencia de lo anterior, la Sala revocará los ordinales 5.2. y 5.5 de la sentencia
de primera instancia, pues tal materia no fue solicitada por los demandantes en su
libelo petitorio.

B. La prueba sobre la amenaza de los derechos colectivos ambientales
atribuible al licenciamiento ambiental

106. El segundo aspecto que evaluará la Sala, en términos de congruencia, es si
durante el transcurso del proceso, se probó que la parte demandada amenazó los
derechos colectivos ambientales, facultando al a quo para adoptar una decisión por
fuera (extra) de lo pedido (petita).

107. Sobre este punto, se debe indicar que las acciones populares se ejercen para
evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el
agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución
y la ley.

108. Para la procedencia del amparo, la Sala Plena de esta Corporación en proveído
de 13 de febrero de 2018, refirió que: “[…] la amenaza y vulneración denunciadas,
deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas y actuales, de
manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho
colectivo o la verificación del mismo […]”40.

109. En otras palabras, la parte demandante debe demostrar que la violación o
amenaza a los derechos colectivos es verificable, y que no se basó en sospechas
o suposiciones41. Esto quiere decir que, al cuestionar los resultados de la evaluación
de una licencia ambiental, surge el deber de probar que la amenaza al entorno
natural es directa, inminente y cierta, porque ese procedimiento fue instituido por el
legislador para materializar el principio de prevención.

licencia ambiental es “[…] aquella autorización que otorga la autoridad
110. La
ambiental competente a una persona, mediante acto administrativo, para que

40
Cfr. Sala Plena, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez, radicación núm. 25000-23-15-000-2002-02704-
01(SU).
41
Cfr. Sección Primera, Consejo de Estado, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm.: 76001 23 33 000 2021 00657 01.

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emprenda la ejecución de un proyecto, obra o actividad que puede llegar a producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje, estableciendo los requisitos,
obligaciones y condiciones que el beneficiario de la Licencia Ambiental debe cumplir
para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del
proyecto, obra o actividad autorizada […]”42. Este concepto emana de lo dispuesto
en los artículos 49 y 50 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199343.

111. Como puede apreciarse, la licencia ambiental es el instrumento técnico que
busca anticipar y mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente. En el caso
concreto, luego de valorar esa autorización, el tribunal identificó tres razones por las
que la Resolución 0553 de 30 de mayo de 2014 amenazó los derechos colectivos
enunciados en los literales a) y c) del artículo 4.° de la Ley 472.

112. La primera refiere al presunto desconocimiento de las áreas de exclusión
previstas en la licencia ambiental. La segunda son las medidas de compensación
de los bosques presuntamente afectados. Y la tercera la inclusión en el EIA de la
fauna amenazada. A continuación, la Sala verificará cada uno de estos aspectos de
forma independiente.

i) Lo probado sobre las áreas de exclusión previstas en la licencia ambiental

113. ElEstudio de Impacto Ambiental es el instrumento de caracterización del
entorno natural previsto por el legislador para evaluar la sostenibilidad
socioambiental de los proyectos, obras o actividades que requieren de licencia
ambiental. Esta herramienta contiene las medidas de prevención, corrección,
compensación y mitigación de los impactos ambientales y, por ello, su elaboración
está sujeta al cumplimiento de los términos de referencia.

114. El artículo 14 del Decreto 2820 de 5 de agosto de 201044, vigente al momento
de la expedición de la Resolución 0553 de 30 de mayo de 2014, señaló que los
estudios ambientales para obtener una licencia ambiental debían elaborarse con
base en los términos de referencia expedidos por el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

115. Para la perforación exploratoria, esa cartera ministerial adoptó la Resolución
1544 de 6 de agosto de 201045, cuyo capítulo 6 definió la zonificación ambiental,
así:

“[…] 6. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO
A partir de la zonificación ambiental del área de influencia directa y teniendo en
cuenta la evaluación de impactos realizada, se debe determinar la zonificación

42
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Bogotá, sentencia de 29 de noviembre
de 2010. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, radicación núm. 47001-23-31-000-1996-04746-01.
43
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones”.
44
“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.
45
“Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos
de perforación exploratoria de hidrocarburos y se toman otras determinaciones”.

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de manejo ambiental para las diferentes actividades del proyecto que sean
aplicables atendiendo la siguiente clasificación:
-- Áreas de Exclusión: Corresponde a áreas que no pueden ser
intervenidas por las actividades del proyecto. Se considera que el criterio
de exclusión está relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad
socioambiental de la zona, con la capacidad de resilencia de los medios a ser
afectados y del carácter de áreas con régimen especial.
• Áreas de Intervención con Restricciones: Se trata de áreas donde se
deben tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con
las actividades y etapas del proyecto y con la sensibilidad socioambiental de la
zona. En lo posible deben establecerse grados y tipos de restricción y
condiciones de las mismas.
• Áreas de Intervención: Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el
proyecto, con manejo ambiental acorde a las actividades y etapas del mismo.
[…]”. (Negrillas fuera del texto).

116. Se precisó que las áreas de exclusión no pueden ser intervenidas para el
desarrollo de las actividades del proyecto exploratorio, pues por su fragilidad
ambiental o social, deben ser protegidas.

117. Para delimitar el alcance de esa zonificación, los términos de referencia además
de diferenciar las actividades de perforación de la “infraestructura existente”,
identificaron cuáles son los componentes que autoriza la licencia ambiental, así:

“[…] 2.2 Características del proyecto (…)

2.2.1 Infraestructura existente
Hacer la descripción de:
• Vías e infraestructura asociada: descripción de su tipo y estado.
• Para áreas donde se ha desarrollado actividad petrolera: áreas intervenidas,
número y estado de pozos. Si aplica, propuesta de reactivación. La información
debe ser presentada en planos a escala de 1:25.000 o mayores.

2.2.2 Actividades a desarrollar
Descripción de la actividad exploratoria e infraestructura proyectada (vías,
locaciones, pozos, facilidades tempranas de producción y líneas de flujo u otro
tipo de transporte, entre otras).

2.2.2.1 Vías de acceso al área y locaciones
Describir y dimensionar sus especificaciones técnicas, corredores de las vías
de acceso al área de perforación exploratoria, métodos constructivos y/o
adecuación, instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, etc.), las obras de
arte tipo, tipo de residuos, la maquinaria, los equipos, la mano de obra y
duración de las obras, sus etapas y cronograma de actividades incluido el
desmantelamiento. La ubicación y descripción precisa de las vías y locación
definitiva se definirán en los PMA específicos para las actividades proyectadas,
de acuerdo con la zonificación de manejo ambiental presentado en el EIA.

2.2.2.2 Perforación de pozos (…)

2.2.2.3 Líneas de flujo (…)

2.2.3 Abandono y restauración final […]”. (Negrillas fuera del texto).

118. Los términos de referencia enunciados supra demuestran que las
actividades que autoriza la licencia ambiental son aquellas relacionadas con la

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creación de nuevas vías de acceso, la perforación de pozos, la construcción de
líneas de flujo y la definición de las acciones de abandono y restauración final.

119. Frente a la infraestructura vial existente la responsabilidad del titular del
proyecto solo contempla su mantenimiento, pues lo cierto es que los diseños y
la responsabilidad derivada de las obras existentes, son anteriores e
independientes a la iniciativa objeto de evaluación ambiental.

120. En el caso de la referencia, el EIA del proyecto de perforación exploratoria
“González Sur” definió las áreas de exclusión, así:

“[…] El procedimiento para la zonificación ambiental del APE se basó en la
"Guía Metodológica para la Zonificación Ambiental de Áreas de Interés
Petrolera", versión 26 (Delgado 2012), comúnmente llamada
"Metodología de Ecopetrol", a la cual se le hicieron modificaciones para
hacerla compatible con la valoración del proyecto.

• Zonificación de Manejo Ambiental

La zonificación de manejo ambiental es el resultado de la interrelación entre
la zonificación ambiental (oferta ambiental del área) y la evaluación
ambiental de las actividades a desarrollar en la zona del proyecto. En estas
condiciones, esta zonificación debe tener en cuenta los grados de
sensibilidad de cada uno de los ecosistemas frente al grado de intervención
o afectación que serán objeto por parte del proyecto. Como resultado de
dicha interacción se establecer (sic) áreas de exclusión, áreas susceptibles
de intervención y las áreas de intervención con restricciones, especificando
en dicha zonificación el tipo de restricción existente. (Tabla 1.21).

Áreas de no intervención (Exclusión)

Consideradas como aquellas que presenten una importancia ambiental muy
alta; dentro de estas se clasifican las áreas cuyas características de
vulnerabilidad impiden la realización de cualquier tipo de intervención,
no solo desde el punto de vista social y ambiental, sino también desde
el punto de vista técnico. Se tienen en cuenta también las áreas con
restricción legal nacional, regional o local […]”.46 (Negrillas fuera del texto).

121. Con fundamento en esa información, el Grupo evaluador de la ANLA, en el
concepto técnico 8336 de 13 de mayo de 2014 consideró lo siguiente:

“[…] esta Autoridad procede a establecer la Zonificación de Manejo para el APE
González Sur, definiendo tres (3) unidades en la zonificación de manejo ambiental
del APE González Sur: Exclusión, Intervención con restricciones e Intervención.

Tabla. Zonificación de Manejo Ambiental para el APE González Sur

MANEJO DESCRIPCIÓN
Pendientes mayores a 45° (>100%).
Áreas de Zonas con baja estabilidad geotécnica
Exclusión Nacederos, aljibes, pozos de agua (100 metros a la
redonda)

46
Cfr. folios 25 a 36 cuaderno anexos contestación de la demanda, expediente físico.

25

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Jagüeyes (30 metros a la redonda)
Zonas pantanosas, madreviejas y lagunas (100 metros
a la redonda).
Líneas de transmisión eléctrica de 500 KV (32 metros a
cada lado).
Líneas de transmisión eléctrica de 220 KV (16 metros a
cada lado).
Oleoducto Caño Limón-Coveñas (50 metros a cada lado)
Áreas de reserva (El Brasil, Las Camelias, La Esperanza,
La Rinconada)
Centros poblados, escuelas, viviendas dispersas,
centros religiosos, salones comunales, puestos de
salud, centros recreativos. (100 metros a la redonda).
Zonas agrícolas de pancoger.
Predio Cemex (Compensación forestal).
Infraestructura de distritos de riego y accesos viales
existentes.
Infraestructura socioeconómica e infraestructura de
redes de servicios públicos (v.gr. acueducto,
alcantarillado y redes eléctricas), son excluyentes para
ejecución de proyectos puntuales. La empresa deberá
respetar las franjas de seguridad (protección) según la
normatividad existente o los reglamentos técnicos
establecidos por cada sector.
Franjas de protección de las vías existentes en el APE
Gonzalez Sur, de acuerdo con lo establecido en la Ley
1228 de 2008
Bosque denso bajo de tierra firme
Zona Urbana (ronda de 100 m)
Ríos y caños, rondas de protección (30 metros a cada
lado)
Bosques de galería y ripario
Fuente: Elaborado por el equipo evaluador a partir del EIA para el APE
González Sur y la respuesta al Auto 3366 de 2013, febrero de 2014

(…) sobre las Áreas de exclusión

Las áreas dentro de esta categoría deberán ser destinadas para protección y/o
conservación. No se permite realizar actividades puntuales relacionadas con la
construcción de nuevas obras civiles u otro tipo de infraestructura para el
proyecto de perforación exploratoria, incluyendo la perforación en sí
misma.

Se podrán intervenir los bosques de galería para el cruce de vías de acceso a
locaciones, facilidades, a puntos de captación y vertimiento en los tramos
autorizados para captación de aguas y vertimiento directo, así como en los sitios
de ocupación de cauce. La intervención se hará aplicando las medidas
establecidas para el aprovechamiento forestal.

Los sistemas lóticos (ríos, quebradas, caños) pueden ser cruzados por
obras lineales, para lo cual se debe contar con el permiso de ocupación
de cauces, otorgado por la autoridad ambiental. También se podrán
intervenir en los puntos autorizados para captación de aguas y vertimiento
directo. [...]”. (Negrillas fuera del texto).

122. En consecuencia, el artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución 0553
de 2014 estableció la siguiente zonificación de manejo ambiental:

26

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“[…] ARTÍCULO TERCERO. Establecer la siguiente Zonificación de Manejo
Ambiental para el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto Estudio
de Impacto Ambiental Área de Perforación Exploratoria González Sur:

ÁREAS DE INTERVENCIÓN ÁREAS DE EXCLUSIÓN
(…)
Ríos y caños, rondas de protección (30
(…)
metros a cada lado)
(…)
ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES

PARÁGRAFO. Deberá allegar en cada Plan de Manejo Ambiental específico la
Zonificación de Manejo Ambiental del área que se pretenda intervenir con las
actividades autorizadas en el presente pronunciamiento, allegando la
cartografía en la cual sea posible evidenciar las categorías de sensibilidad
ambiental establecidas en la tabla anterior, y teniendo en cuenta el polígono
autorizado. […]”. (Negrillas fuera del texto).

123. Frente al cumplimiento de esta obligación, en el proceso obra el informe de 21
de junio de 201747, elaborado por la empresa Planificación Regional Ambiental
Ltda., que señala:

“[…] Los controles diseñados y que serán construidos en la plataforma
durante la obra civil, tales como cunetas, placas, skimmer y desarenadores, se
harán para evitar que por cualquier situación de emergencia que en algún
momento pudiese llegar a ocurrir durante la operación, se vaya a generar
afectación al mencionado caño.

Adicionalmente para todos los equipos que se van a instalar en la plataforma,
se realizarán los diques requeridos por la normatividad nacional, para evitar
cualquier afectación al ambiente.

[…] La ubicación prevista de la plataforma multipozo Aslan 1 cumple a
cabalidad con los criterios de localización establecidos en el Artículo
Tercero de la Licencia Ambiental sobre la Zonificación de Manejo
Ambiental, respetando las áreas de Exclusión, es decir, las áreas
sensibles tanto desde el punto de vista del medio natural, como del
socioeconómico […]”. (Negrillas fuera del texto).

124. Sobre la supuesta afectación de los acueductos veredales por las actividades
de obras civiles y de perforación del pozo Aslan 1, se aclaró:

“[…] La plataforma multipozo Aslan 1 y el punto de captación del acueducto
multiveredal están a una distancia de 1,41 km de la malla perimetral de la
plataforma y a 1.46 km del sitio de perforación, verificada tanto en el informe
de la empresa AMSERVIG, como la medida sobre imágenes de Google Earth;
adicionalmente, la diferencia de altura entre el futuro pozo y el punto de
captación de agua es de 30 metros, estando más bajo la plataforma (Figura
1), por lo que no existe ninguna posibilidad física de afectar la bocatoma,
ya que de manera natural el agua no se moviliza de cotas topográficas bajas a
cotas altas. Así mismo, el agua que alimenta la bocatoma proviene de la parte
superior de la microcuenca del caño Barrancas, la cual se encuentra aún más
lejos y a mayor diferencia de altura con respecto a la futura plataforma.

47
Cfr. cuaderno anexo núm. 1 contestación Turkish Petroleum, expediente físico.

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El punto de captación se encuentra en la parte alta de una microcuenca y el
proyectado pozo exploratorio Aslan 1 está en la zona media de otra microcuenca;
en ese sentido, es claro que el agua de una microcuenca no se mezcla con agua
de otra microcuenca, porque las propias divisorias del terreno no lo permiten
físicamente. Así es que la plataforma del pozo Aslan 1 se encuentra ubicada en
la microcuenca del caño Tigre, mientras que la captación del acueducto se
encuentra en la microcuenca del caño Barrancas; entre ambas se encuentra la
microcuenca del caño Alegría (tributario del Barrancas), por lo que están
separadas por divisorias de aguas que no permiten la interconexión e
interferencia hidráulica entre una y otra microcuenca.

Vale la pena mencionar que tampoco podrá haber una afectación de las aguas
subterráneas, ya que hay capas de arcillas impermeables que aíslan
hidráulicamente el pozo de los acuíferos.

En relación con las 9 bocatomas presentadas en la Acción Popular (2017), en la
Tabla del folio 3 como "Acueductos Cerro Mono", como se ilustra en el Mapa
Anexo, se puede establecer que todas éstas se encuentran por fuera del área
de influencia directa y, excepto Palmarito (el que ya se estableció que está
a dos cuencas de distancia) a distancias mayores de 3 km de la plataforma
proyectada, en otras cuencas hidrográficas, aguas arriba de la plataforma y a
diferentes alturas sobre el nivel del mar, lo que imposibilita físicamente que los
acueductos presenten algún tipo de afectación por las actividades de obras
civiles y perforación del pozo Aslan 1, como se presenta a continuación en la
tabla:

Para la construcción y perforación de la plataforma multipozo Aslan 1, en el PMA
(2015) Capitulo 3. Evaluación Ambiental, se identifican y califican los "posibles"
impactos ambientales y sociales, que se pueden presentar en el Área de
Influencia Directa por la ejecución del proyecto. Ante esta identificación de los

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"posibles" impactos que se puedan presentar, se establecen las medidas de
manejo ambiental y social, que se presentan en el Capítulo 4. Plan de Manejo
Ambiental, las cuales deberán ser implementadas con el fin de prevenir, mitigar,
controlar y/o compensar los impactos que se presenten por la construcción y
perforación del pozo Aslan 1. Igualmente, cuando TPIC presentó el Estudio de
Impacto Ambiental a la ANLA, para la obtención de la Licencia Ambiental, la
autoridad ambiental mediante la revisión del documento y el trabajo de
campo realizado al área del proyecto, evaluó que los "posibles" impactos
ambientales y sociales presentados en el estudio correspondan de acuerdo
con las condiciones del entorno y del medio ambiente. […]”. (Negrillas fuera
del texto).

125. El mismo informe explica que la vía que desconoce la zona de ronda hídrica
(objeto de cuestionamiento en este proceso) era una infraestructura preexistente de
propiedad del municipio, veamos:

“[…] De acuerdo con oficio del Secretario (sic) de Infraestructura Municipal
de San José de Cúcuta, la vía de la vereda Monteverde pertenece a la red
terciaria, a cargo del municipio.

[…] Es decir, que la vía de acceso a la plataforma multipozo Aslan 1 es una
infraestructura que existe antes de la llegada de TPIC a la zona y a la
elaboración del PMA (2015), que por imagen satelital y cartografía
presenta la distancia de 30 metros con respecto al caño Barrancas, como
se presenta en el Mapa Anexo, pero en terreno en algunos sectores se
evidencia que no cumple con la distancia de 30 metros, correspondiente
a un incumplimiento e impacto por los que construyeron la vía y no por
TPIC. (Foto 5)

Con respecto al humedal (que no lo es, debido a que se conformó por
represamiento de agua) (Figura 6), es un cuerpo de agua que se conforma
debido a la falta de una alcantarilla que evacúe el agua hacia el caño
Barrancas, por lo que no es cuerpo de agua natural y que de alguna
manera no se está incumpliendo e impactando este elemento artificial.

[…] De acuerdo con la Licencia Ambiental, se autoriza realizar adecuación y
mantenimiento de la vía existente, no es una construcción nueva. Debido
a que el Artículo Décimo Cuarto de la Licencia Ambiental no autorizó
franjas de movilidad de 200 y 500 metros, para la adecuación o
construcción de vías, entonces se utilizará el trazado actual que conduce
desde el caserío Monteverde hacia la plataforma del pozo ASLAN 1, la cual,
aunque está muy cerca del caño Barrancas, es una vía existente.

[…] La vía existente, en el Km 1+900, que será adecuada, se localiza muy cerca
del caño Barrancas (a unos 6 metros) y ocasiona un represamiento del agua en
el costado opuesto (mal llamado en la Acción Popular "humedal"), por la
escorrentía que no puede fluir de manera natural hacia el caño y se acumula.
Como se dijo anteriormente, esto es ocasionado por la vía ya construida, que
sólo será adecuada en desarrollo del proyecto, por lo que cuando se
construyó no se respetó la ronda de protección, y no corresponde a una
obra civil de TPIC.

[…] Al igual que el sitio antes descrito, esta situación fue ocasionada por la vía
ya construida, que sólo será adecuada en desarrollo del proyecto, por lo que
cuando se construyó no se respetó la ronda de protección, pero no es una obra
civil de TPIC.

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En las coordenadas X= 1172163 Y= 1409305, efectivamente se presenta una
alcantarilla en concreto sobre una base en troncos de madera, permitiendo el
flujo de agua de un drenaje (y no de un afloramiento, como se menciona en la
Acción Popular, que como se puede presentar en la imagen satelital, es un
drenaje que se origina aguas arriba de la vía) al caño Barrancas, presentando
una distancia entre la vía y el caño Barrancas de 5 metros (Figura 7).

[…] En el PMA (2015) se relaciona la existencia del cuerpo de agua, pero no se
presenta una caracterización de éste porque no se va a afectar y por ser un
cuerpo de agua artificial generado por el represamiento de aguas. […]”
(Negrillas fuera del texto).

126. De las pruebas recopiladas se deduce que la parte demandante no demostró
que exista una amenaza cierta e inminente sobre los derechos amparados. Las
actividades del proyecto, contrario a lo afirmado por el a quo, respetan la
zonificación ambiental dispuesta en el artículo tercero de la licencia ambiental. En
el anterior acápite se explicó que los problemas de diseño de la infraestructura vial
existente no hacían parte de la causa petendi, porque la parte demandante fijó los
límites del litigio a partir de la Resolución 0553 de 30 de mayo de 2014. De manera
que no era posible efectuar el estudio de responsabilidad frente al diseño y
construcción de la carretera terciaria.

127. Adicionalmente, se debe mencionar que la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, mediante Resolución núm. 00375 de 6 de marzo de 202048, declaró
“[…] la pérdida de vigencia de la Resolución 0553 del 30 de mayo de 2014, por la
cual esta Autoridad Nacional otorgó Licencia Ambiental a la sociedad TURKISH
PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA,
para el proyecto denominado “Área de Perforación Exploratoria González Sur”,
localizado en jurisdicción de los municipios de San José de Cúcuta, El Zulia y
Sardinata en el departamento de Norte de Santander. […]”.

128. El mencionado acto administrativo aclaró que transcurrieron más de cinco años
desde la ejecutoria de la licencia ambiental, sin que el titular interviniera la zona del
proyecto denominado "Área de Perforación Exploratoria González Sur". Esa
decisión se soportó en el concepto técnico 00510 de 3 de febrero de 2020, cuyas
conclusiones relevantes se presentan a continuación:

“[…] ESTADO DEL PROYECTO
De acuerdo con la evidencia recopilada durante la visita de seguimiento
realizada el día 23 de enero de 2020 y una vez analizada la información que
reposa en el expediente LAV0017-13, el Equipo de Seguimiento Ambiental
de la ANLA pudo determinar que a la fecha TURKISH PETROLEUM
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, no ha
ejecutado actividades constructivas de ningún tipo al interior del APE
González Sur, tal y como lo manifestó la misma Empresa en la
comunicación con radicado 2019092791-1-000 del 4 de julio de 2019, en la
cual adicionalmente, solicitó a esta Autoridad evaluar la posibilidad de
declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 0553 del 30 de
mayo de 2014, además del cierre definitivo del expediente LAV0017-13.

48
“Por la cual se declara la pérdida de vigencia de la Resolución 0553 del 30 de mayo de 2014 y se toman otras
determinaciones”. Último inciso artículo 177 del CGP. Disponible en: https://vital-publico.minambiente.gov.co/inicio
Expediente LAV0017-13.

30

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

[…] Infraestructura, obras y actividades
Tal y como se mencionó antes, durante el periodo objeto del presente
seguimiento ambiental, TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL
COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA no realizó ningún tipo de obra
civil, adecuación de vías, movimientos de tierra, aprovechamiento
forestal, ni cualquier otra actividad que requiriera el uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales, al interior del APE González Sur.

[…] Ahora bien, teniendo en cuenta que mediante comunicación con radicado
2019092791-1-000 del 4 de julio de 2019, TURKISH PETROLEUM
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA informó a esta
Autoridad no haber realizado a la fecha ninguna de las actividades autorizadas
en la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0553 del 30 de mayo
de 2014 para el desarrollo del proyecto “APE González Sur”, durante la visita el
ESA verificó que efectivamente no se hubiesen ejecutado actividades de tipo
constructivo, así como tampoco el aprovechamiento y/o uso de recursos
naturales al interior del área licenciada. Para tal fin, se visitaron tres (3) de las
seis franjas de captación autorizadas en la Licencia Ambiental así como el área
destinada para la construcción tanto de la vía de acceso como de la locación
del pozo Aslan-1.

Específicamente en lo que respecta a la franja de captación denominada Franja
2- Río Zulia, durante la visita no fue posible acceder a la misma, toda vez que
la vía no se encontraba construida en su totalidad.

Por otro lado, los tres (3) puntos de captación faltantes como algunas
ocupaciones de cauce autorizadas, no se lograron visitar, debido a la presencia
de grupos armados al margen de la ley en las vías secundarias que transcurren
a lo largo del APE González Sur.

Durante la visita in situ se encontró en todos los casos que no se habían
realizado adecuaciones y/u obras constructivas de ningún tipo, así como
tampoco aprovechamiento de los recursos naturales, intervención de
coberturas vegetales en las áreas puntuales ni a sus alrededores que
pudiesen estar asociadas al desarrollo del proyecto.

A continuación, en la Tabla, se relacionan los puntos visitados con sus
respectivas coordenadas (…)

[…] Igualmente, en reunión realizada con el personero municipal de El
Zulia, quien ratificó que la Empresa no realizó ninguna actividad en el APE
González Sur y no se referenciaron quejas o reclamos por parte de las
comunidades, además, en su momento se tuvo conocimiento de los
inconvenientes que se presentaron por la posible perforación del pozo
exploratorio Aslan 1.

• Reunión con representantes de la junta de acción comunal de la
unidad territorial del área de influencia.

(…) En el área de influencia directa del proyecto se sostuvo reunión con los
representantes de la JAC de la vereda Monteverde, (…) quienes referenciaron
que la Empresa informó con anterioridad las actividades a realizar en dicho pozo

31

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

como ubicación, puntos de captación, adecuación de vías de acceso, entre
otras. […] Los asistentes a la reunión confirmaron que la TURKISH
PETROLEUM no realizó ninguna actividad en jurisdicción de la vereda,
solo realizaron la compra del predio donde se ubicaría la plataforma Aslan
y la servidumbre de la vía de acceso al mismo, en su momento se realizó
la rocería (limpieza) del terreno donde se ubicaría dicho pozo.

[…] Finalmente, en todos los encuentros sostenidos con los funcionarios
de las administraciones municipales, personerías y líderes de la JAC de
las veredas del área de influencia del proyecto (…), se aclaró que la
Empresa solicitó la pérdida de vigencia de la resolución y cierre del
expediente, por tanto, no realizará ninguna actividad a futuro en la zona.

[…] - Predio “Dios cuanto te amo”, donde se perforaría el pozo Aslan 1.
Durante la visita de seguimiento se solicitó al presidente y secretaria de la JAC
de la vereda Monteverde el acompañamiento al predio donde se perforaría el
pozo Aslan 1, en el cual se pudo evidenciar que no se realizaron
actividades de adecuación e intervenciones constructivas y el área
actualmente se encuentra en pastos y rastrojo.
La vivienda del predio se encuentra deshabitada y de acuerdo al
testimonio de los líderes de la JAC, el predio fue vendido por TURKISH
PETROLEUM a un particular a principios del año 2019. […]”49. (Negrillas
fuera del texto).

129. En este punto, se observa que el a quo no podía aplicar el principio de
precaución para justificar su decisión, pues tenía que negar el amparo con
fundamento en el principio de prevención, “[…] bajo el entendido que no existe una
falta de certeza científica o técnica que impida a la autoridad (…) proteger el
ecosistema […]”50.

130. Las áreas de exclusión de la Resolución 0553 de 30 de mayo de 2014 no
regulaban la infraestructura existente, como literalmente lo reconoce el concepto
técnico 8336 de 13 de mayo de 2014. Aunado a ello, la autoridad ambiental verificó
en la visita de 23 de enero de 2020 que Turkish Petroleum International Company
Limited, ni si quiera es responsable de adelantar las acciones de mantenimiento del
tramo vial cuestionado, porque la licencia ambiental actualmente no está
produciendo efectos jurídicos, conforme al artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. Así
las cosas, le asiste la razón a los apelantes cuando sostienen que el tribunal de
primera instancia desconoció el objeto del proceso.

ii) Lo probado sobre la suficiencia de las medidas de compensación de los
bosques afectados

131.Conforme a los términos de referencia, adoptados mediante Resolución 1544
de 6 de agosto de 2010, el solicitante de la licencia ambiental que requiere un
aprovechamiento forestal, cuenta con la responsabilidad de determinar los
volúmenes máximos de aprovechamiento para cada tipo de cobertura vegetal
basándose en un inventario forestal. Su PMA debe precisar la localización y

49
Ibidem.
50
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de mayo de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación
núm. 250002324000201100321-01.

32

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

volúmenes a aprovechar mediante un inventario al 100%, sin superar los volúmenes
máximos autorizados. Veamos:

“[…] Cuando se requiera el aprovechamiento forestal, se determinarán los
volúmenes máximos de aprovechamiento forestal para cada tipo de cobertura
vegetal, con base en el inventario forestal.
Para cada tipo de cobertura vegetal en cada ecosistema se realizará el
inventario de la biomasa o volumen total a ser aprovechado sobre todas las
especies a partir de un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a
0,10 m.
Los inventarios de la biomasa o volumen total que se presenten para cada tipo
de cobertura vegetal, deben realizarse con una intensidad (% sobre el total del
área por tipo de cobertura) que permitan obtener un error de muestreo inferior
al 15%, con un nivel de significancia (alfa) del 5%.
La caracterización del sotobosque y/o coberturas con un DAP mayor o igual a
0,05 m y menor de 0,10 m, serán inventariadas para cada tipo de cobertura
vegetal, con una intensidad (% sobre el total del área por tipo de cobertura) que
permitan obtener un error de muestreo inferior al 20%, con un nivel de
significancia (alfa) del 5%.
Para cada tipo de cobertura vegetal en cada ecosistema se realizará el
inventario de la biomasa o volumen total a ser aprovechado sobre todas las
especies a partir de un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a
0,10 m.
Los inventarios de la biomasa o volumen total que se presenten para cada tipo
de cobertura vegetal, deben realizarse con una intensidad (% sobre el total del
área por tipo de cobertura) que permitan obtener un error de muestreo inferior
al 15%, con un nivel de significancia (alfa) del 5%.
La caracterización del sotobosque y/o coberturas con un DAP mayor o igual a
0,05 m y menor de 0,10 m, serán inventariadas para cada tipo de cobertura
vegetal, con una intensidad (% sobre el total del área por tipo de cobertura) que
permitan obtener un error de muestreo inferior al 20%, con un nivel de
significancia (alfa) del 5%. En los PMA se especificará la localización y
volúmenes que efectivamente serán aprovechados mediante un inventario al
100%, que en todo caso no podrán superar los volúmenes máximos
autorizados por tipo de cobertura vegetal.
Cuando se requiera el aprovechamiento forestal, se determinarán los
volúmenes máximos de aprovechamiento para cada tipo de cobertura vegetal
basándose en el inventario forestal. Este inventario debe realizarse con una
intensidad que permita obtener un error de muestreo inferior al 15%, con un
nivel de significancia del 5%. La caracterización del sotobosque y coberturas
inferiores también será inventariada con una intensidad que permita un error
de muestreo inferior al 20%.
Para cada tipo de cobertura vegetal, se realizará el inventario de la
biomasa o volumen total a ser aprovechado, tomando en cuenta especies
con un diámetro a la altura del pecho mayor o igual a 0,10 m. Los PMA
especificarán la localización y volúmenes a aprovechar mediante un
inventario al 100%, sin superar los volúmenes máximos autorizados. […]”.
(Negrillas fuera del texto).

132. De forma complementaria, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
adoptó en el año 2012, el Manual para la Asignación de Compensaciones por
Pérdida de Biodiversidad. Este documento estableció el procedimiento para
determinar y cuantificar las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad
para proyectos que requieren licencia ambiental en los sectores minero,
hidrocarburos, infraestructura, energía y puertos.

33

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

133. Allí se planteó que el objeto de las compensaciones es lograr la no pérdida neta
de biodiversidad, recuperando áreas ecológicamente equivalentes. También se
diseñó una metodología para calcular cuánto, cómo y dónde compensar en términos
de área, basada en factores de compensación que se asignan según las
características del ecosistema afectado (representatividad, rareza, remanencia y
tasa de transformación).

134. Ahora, al descender en el caso concreto, se observa que la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales evaluó la propuesta de compensaciones por pérdida de
biodiversidad, en el concepto técnico 8012 de 25 de abril de 2014. Del documento
se extraen los siguientes apartes:

“[…] Cabe señalar que el plan de compensaciones por pérdida de biodiversidad
fue presentado en la información adicional allegada bajo radicado 4120-E1-
4533 del 5 de febrero de 2014, dentro del programa “7.2.6 Compensación para
el Medio Biótico”; la ficha 7.2.6.3 Compensación por Pérdida de Biodiversidad.

La ficha plantea el esquema básico y la fórmula para establecer las
compensaciones a ecosistemas afectados. Sin embargo, no se plantea la
estrategia elegida para la compensación, así como tampoco se plantean
las áreas de afectación y los porcentajes de los ecosistemas intervenidos.

(…) En virtud de lo anterior, esta Autoridad modeló de forma preliminar, los
ecosistemas/distritos biogeográficos que probablemente serán afectados, por
las actividades e infraestructura asociada al proyecto, el respectivo factor de
compensación y finalmente el área que probablemente deberá compensar el
proyecto Área de perforación Exploratoria Gonzales Sur de la siguiente forma:

A partir de la Geodatabase-GDB que se allego a ésta Autoridad mediante
Radicado 4120-E1-4533 del 5 de febrero de 2014 del proyecto Área de
Perforación exploratoria Gonzales Sur, se identificaron los Feature Class que
contuvieran las unidades ecosistémicas del área de estudio (AII y Área del
bloque) y las zonas definidas dentro de la zonificación ambiental del proyecto
como de muy alta sensibilidad ambiental y/o exclusión, seguido a lo anterior,
se procedió a eliminar los polígonos dentro de la capa de ecosistemas que se
transponen con las áreas de muy alta sensibilidad ambiental y/o exclusión, esto
con el fin de filtrar los ecosistemas que por zonificación de manejo ambiental
no serán intervenidos.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta la tabla titulada “Factor de
Compensación Ecosistemas APE González Sur” dentro de la ficha 7.2.6.3
“Compensación por Pérdida de Biodiversidad”, presentada con la información
adicional de febrero de 2014; se tomaron todos los ecosistemas / distritos
biogeográficos relacionados en la Geodatabase de evaluación, con el cual se
realizó el filtro de las unidades ecosistémicas naturales y secundarias
presentes en el área de influencia del Área de Perforación exploratoria
Gonzales Sur, determinando el factor de compensación correspondiente,
según el Listado Nacional de factores de compensación.

[…] Con el resultado del procedimiento y producto de la incertidumbre en
cuanto a la ubicación, y la proporción de área requerida para la infraestructura
a desarrollar por el proyecto, se identificó el ecosistema / distrito biogeográfico
dentro de la zona del APE que tuviera el factor de compensación más alto; de
acuerdo al listado nacional de factores de compensación y acorde a la
información enviada por el solicitante de la licencia ambiental.

34

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

En consecuencia el ecosistema/distrito biogeográfico resultado del
análisis con mayor factor de compensación fue el de “Bosques naturales
del helobioma del río Zulia en Choco Magdalena Catatumbo Helobiomas
del Río Zulia” el cual posee un factor de compensación de diez (10); es
decir que por cada hectárea intervenida en este ecosistema/distrito
biogeográfico se tendrá que compensar 10 Hectáreas.

En virtud de ello para el cálculo final de las áreas a compensar, se tomaron las
áreas totales que serán necesarias para el desarrollo del proyecto multiplicado
por los factores de compensación correspondientes a los Ecosistemas /
Distritos biogeográficos que probablemente serán intervenidos por el proyecto.
El resultado de este análisis se muestra en la siguiente tabla.

[…] Según el anterior resultado el área total preliminar a compensar,
siguiendo el factor de compensación tomado del listado nacional de
factores de compensación por pérdida de biodiversidad y las áreas
descritas en el EIA del APE Gonzales Sur que serán requeridas para la
infraestructura es de 1931,6 hectáreas.

Cabe resaltar que las áreas anteriormente definidas, constituyen uno de los
posibles escenarios a compensar. En este sentido, una vez la empresa de inicio
a las obras y actividades autorizadas, deberá ajustar dicha compensación, de
acuerdo al ecosistema/distrito biogeográfico que sea intervenido realmente y
en cuyo caso deberá remitir el Programa de Compensación de acuerdo con el
tiempo estipulado para evaluación y aprobación de esta Autoridad, es decir, en
un término de hasta un año después de haber obtenido la licencia ambiental,
precisando las actividades autorizadas en el Manual para la asignación de
compensaciones por pérdida de biodiversidad con las cuales pretende dar
cumplimiento a esta obligación

Compensación para Ecosistemas diferentes a los naturales y/o
seminaturales

Considerando que es factible que con el desarrollo del proyecto se realice
la intervención de ecosistemas diferentes a los naturales y seminaturales,
el solicitante de la licencia ambiental determinará cual será el área
afectada por el desarrollo de la infraestructura antes descrita, para así
establecer una compensación por cambio de uso del suelo en relación de
1:1 es decir que por cada hectárea intervenida se deberá compensar una
hectárea.

Esta compensación tendría las mismas obligaciones y requerimientos que se
han venido manejando por esta Autoridad; es decir, estas áreas se destinarán
a la ejecución de medidas de conservación, reforestación, compra de predios,
enriquecimiento y/o restauración.

En caso que se defina que la actividad a realizar es la de reforestación, se
exigirán tasas de sobrevivencia entre el 90 y 95% y alturas superiores a
los 1,5 m al final del periodo de tiempo definido para ejecutar
mantenimiento. Si por el contrario la actividad a realizar para esta
compensación es la compra de predios en áreas ambientalmente
estratégicas; se exigirán todos los documentos soporten y aseguren la
viabilidad y permanencia de ésta área.

Asimismo, si los procesos de compensación por cambio de uso del suelo, así
como la compensación por pérdida de biodiversidad; están relacionados con
actividades de restauración, se deben definir entre otros, dentro del plan de
compensación, los procesos, procedimientos y técnicas; adicionalmente se
deben fijar metas, formular objetivos e indicadores además de precisar escalas.

35

Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

Esta Autoridad no desconoce que los procesos compensatorios, tanto por
pérdida de biodiversidad como por cambio en el uso del suelo pueden ser
complementarios, por lo cual, las áreas resultantes para ser compensadas por
cambio del uso del suelo, podrán ser adheridas a las áreas a compensar por
pérdida de biodiversidad, siempre y cuando la empresa titular así lo proponga.

Esta propuesta debe estar enmarcada dentro de los criterios descritos en el
manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad y
bajo una equivalencia ecosistema / distrito biogeográfico. […]” (Negrillas fuera
del texto).

135. Por tanto, al expedir la licencia ambiental, la ANLA resolvió:

“[…] ARTÍCULO VIGÉSIMO. La empresa TURKISH PETROLEUM
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA deberá
compensar de acuerdo al manual de asignación de compensaciones por pérdida
de biodiversidad de forma preliminar las áreas y en los ecosistemas equivalentes
que se muestra a continuación:
ECOSISTEMA/ ÁREA TOTAL A ÁREA TOTAL
INFRAESTRUCTURA DISTRITO INTERVENIR FC COMPENSAR
BIOGEOGRÁFICO (HA) (HA)

56 560

La construcción de siete (7) plataformas 37,1
371,6
6
multipozo, con hasta cuatro (4) pozos Bosques
cada una/Utilización y mantenimiento naturales del
49 490
helobioma del
de las vías existentes para acceder a río Zulia en
Choco
los sitios donde se construirán las Magdalena 21 210
10
Catatumbo
plataformas/Construcción de hasta 3,5 Helobiomas
km de vías de acceso a las del Río Zulia
16 160
plataformas/Zodmes/Construcción
CPF/Vías CPF. 14 140

193, 193
TOTAL
2 1,6

Obligaciones:
1.En relación al “7.2.6 Programa de Compensación para el medio Biótico Ficha
7.2.6.3 Compensación por Pérdida de Biodiversidad” presentado en información
adicional del EIA del Área de Perforación exploratoria Gonzales Sur presentado
por la empresa TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED, (Radicado 4120-E1-4533 del 5 de febrero de 2014), deberá ajustarse
por no contemplar dentro de su desarrollo la totalidad de los criterios
establecidos en el Manual para la Asignación de Compensaciones por
pérdida de Biodiversidad. En virtud de lo anterior deberá ajustar dicha
ficha.

2.Presentar el plan definitivo de compensaciones por pérdida de
biodiversidad en un plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir de
la fecha ejecutoria de la Resolución que otorga licencia ambiental, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 3° de la Resolución 1517 del 31 de
agosto de 2012.

3. Este plan específico deberá contener como mínimo, pero no limitándose a los
lineamientos establecidos en el Manual para la asignación de compensaciones

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Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

por pérdida de biodiversidad y adicionalmente tener en cuenta la siguiente
información. (…)

a. Descripción del proyecto (También en este plan se definirá la infraestructura,
área y ubicación espacial de estas, siguiendo el modelo de datos de la
Geodatabase de evaluación (Resolución 1415 de 2012), de forma que puedan
ser cuantificadas las áreas que serán objeto de afectación y asimismo puedan
ser modeladas para sus consideraciones técnicas finales al plan de
compensación.

b. Selección de áreas donde se realizarán las actividades de compensación.
I. Se debe describir de forma detallada la metodología implementada para
determinar las áreas equivalentes y su ubicación: la selección de estas
áreas deberá estar acorde a los criterios establecidos en el Manual para la
asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad (Resolución
1517 de agosto de 2012).

II. Las áreas finales escogidas para llevar a cabo los procesos de compensación
deberán ser consignadas en este documento, así como entregadas en formato
digital siguiendo las especificaciones cartográficas descritas en la Geodatabase
de informes de cumplimiento ambiental – compensaciones 1% (Resolución 188
del 27 de febrero de 2013).

c. Descripción físico-biótica de las áreas escogidas para la compensación

Se debe identificar y analizar a partir de información primaria el estado actual de
las área(s) seleccionada(s) para cumplir con la compensación por pérdida de
biodiversidad, así como se deberá identificar los servicios ecosistémicos de
aprovisionamiento, regulación, soporte y no materiales o culturales de dicha área.

d. Tipo de acciones a desarrollar

I.Esta deberá estar acorde con el numeral 5 del Manual para la asignación de
compensaciones por pérdida de biodiversidad e incluso a la combinación de las
acciones allí definidas.
II.Describir de forma detallada los procedimientos, acciones, procesos y
técnicas que serán utilizadas para cumplir con los objetivos y metas planteadas.
III.Se deberán establecer indicadores como instrumentos de medición, que
permitan, monitorear y observar variaciones en el estado de los procesos
de compensación. Estos indicadores permitirán suministrar información
para tomar decisiones en cuanto al curso de las compensaciones
fundamentadas en el marco del desarrollo sostenible de la medida de
compensación.
IV.Describir qué servicios ecosistémicos presta el área seleccionada para la
compensación y cómo se asegurará la perpetuidad de estas compensaciones en
el tiempo, de forma que los servicios ecosistémicos mejoren, perduren o se
restablezcan.
V.Construir de forma detallada el cronograma de actividades, teniendo en
cuenta, pero no limitándose a las actividades, tiempo de ejecución y
responsables de la ejecución.

e. Indicadores de seguimiento:

Se deberán incluir además de los indicadores específicos por actividad,
indicadores de diversidad, riqueza, estructura y función, los cuales deberán ser
comparados con la línea base del proyecto; es decir aquellas levantadas en el
proceso de licenciamiento ambiental, enfatizando en las áreas naturales y
seminaturales intervenidas. Esto con el fin de tener datos claros en qué estado
está el proceso de compensación en cuanto a la biodiversidad. Adicionalmente
es importante incluir indicadores relacionados con los servicios ecosistémicos

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Radicación núm.: 54-001-23-33-000-2017-00184-01
Demandantes: Junta de Acción Comunal de la Vereda 5 de Mayo y otros

evaluados en las áreas a compensar, los cuales deben ser medibles y con metas
específicas, permitiendo comparar el avance en el restablecimiento y/o
mejoramiento de éstos. (…)

4.En relación con la presentación del plan de compensaciones por pérdida
de biodiversidad, se deberán tener en cuenta las consideraciones que
realice esta Autoridad en el presente acto administrativo o en información
solicitada con anterioridad, en cuanto a cambios por aumento o disminución
de áreas de ecosistemas y de intervención, negación parcial o total de
infraestructura asociada al proyecto y a la zonificación ambiental y de
manejo de éste. De tal forma que, ante cualquiera de estos cambios se
tendrían que recalcular las áreas finales a compensar. Cambios que se
deben reflejar en el plan específico de compensaciones por pérdida de
biodiversidad presentado por la empresa, bajo los términos de este
concepto técnico y de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. La empresa TURKISH PETROLEUM
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA deberá
compensar por ecosistemas diferentes a los naturales y seminaturales en
una proporción de 1:1 en área (por cada hectárea afectada deberá
compensar una hectárea) en actividades de conservación, reforestación,
compra de predios, enriquecimiento y/o restauración. […]” (Negrillas fuera del
texto).

136. El artículo 25 ibidem ordenó al titular de la licencia ajustar las fichas del PMA,
en el siguiente sentido:

“[…] ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. La Empresa TURKISH PETROLEUM
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, deberá ajustar
las siguientes fichas del Plan de Manejo Ambiental, y allegados en el primer PMA
específico:

[…] 7.2.6.2 Compensación por afectación paisajística: Incluir dentro de las
acciones a desarrollar el realizar un análisis en término de calidad paisajística del
impacto del proyecto debido a la construcción de la infraestructura y la generación
de elementos de tipo puntual como plataformas de perforación, instalación del
taladro y vías de acceso, en el área a intervenirse incluyendo los indicadores que
midan la tendencia de la calidad paisajística.
-Se aceptan las demás medidas de manejo ya que se consideran adecuadas para
los impactos identificados y los indicadores si miden la efectividad de la
implementación de dichas medidas, presentados en la ficha allegada con la
información adicional

7.2.6.1 Compensación por el aprovechamiento de la cobertura vegetal:
-Estas fichas pertenecientes al Programa de compensación para el medio
biótico son evaluadas en el concepto técnico 2429 del 7 de junio de 2013,
referente a la Evaluación del plan de inversión de no menos del 1% y plan de
compensaciones por pérdida de biodiversidad. […]”. (Negrillas fuera del texto).

137. En cumplimiento de esa obligación, el 10 de abril de 201551, la empresa
presentó a la ANLA la actualización del Plan de Manejo Ambiental para la
perforación exploratoria de la plataforma multipozo Aslan. Allí se estimó la suma de
$53.068.400 como compensación por aprovechamiento de la cobertura vegetal.

51
Cfr. Folios 1 a 279 del cuaderno anexos contestación de la demanda Plan de Manejo Ambiental.

38

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138. Sin embargo, en el proceso se demostró que este cálculo era estimativo porque
la empresa a 2017 aún no iniciaba labores por problemas de orden público.
Concretamente, del informe de 21 de junio de 201752, elaborado por la empresa
Planificación Regional Ambiental Ltda., se destacan los siguientes apartes:

“[…] Respecto al costo presentado, de $17.500.000, en el capítulo 7. Plan de
Manejo Ambiental, numeral 7.2.6 Programa de Compensación para el Medio
Biótico, en la ficha de manejo 7.2.6.1 Compensación por Aprovechamiento de la
Cobertura Vegetal, este valor es un estimativo que se establece para una
hectárea (ha) de reforestación, sin afectar en nada el desarrollo de la actividad
de reforestación, y a medida que se vaya desarrollando los proyectos y de
acuerdo con las hectáreas intervenidas, debe compensar según la relación
establecida en la Licencia Ambiental.

En el PMA de cada una de las plataformas, esté costo se ajustará de acuerdo
con el tipo de cobertura vegetal a remover y el factor de compensación, que para
el caso de la plataforma multipozo Asan 1 el costo es de $53.068.400, como se
presenta en el PMA (2015) para el pozo Aslan 1. Es así, como TPIC debe
responder por el número de hectáreas a compensar según lo definido por la
Licencia Ambiental, en el Artículo 20:

(…)

Es decir, la ANLA estableció a TIPC que por cada hectárea intervenida en el
ecosistema/distrito biogeográfico los bosques naturales del helobioma del río
Zulia debe compensarlo con 10 hectáreas, una relación mayor a la presentada
en el EIA y a la presentada en la Acción Popular como referencia de las
Corporaciones, siendo significativa para el desarrollo de actividades de
reforestación en áreas sensibles del área de influencia del proyecto. Para el caso
que no se intervengan los bosques del ecosistema/distrito biogeográfico,
entonces TIPC debe compensar con una (1) hectárea por una (1) hectárea
intervenida.

El dato de 123,9 hectáreas, que se presenta en la Acción Popular, equivale
a un estimativo del área superficial a intervenir por TIPC en caso de llegar
a ejecutar la totalidad de los proyectos (plataformas, vias, CPF's,

52
Cfr. cuaderno anexo núm. 1 contestación Turkish Petroleum, expediente físico.

39

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ZODME's), y que se presenta en el EIA para que la ANLA autorice el área de
intervención. Esto no quiere decir, que TIPC deba reforestar 123,9
hectáreas, sino que a medida que vaya desarrollando los proyectos y de
acuerdo con las hectáreas intervenidas, debe compensar según la relación
establecida en la Licencia Ambiental, como se presentó anteriormente.
[…]”. (Negrillas fuera del texto).

139. Sobre el particular, el testigo Juan Carlos Rodríguez53, funcionario de
Planificación Regional Ambiental Ltda., en la audiencia de 20 de noviembre de
201754, precisó lo siguiente:

“[…]Turkish cada vez que realiza alguna obra civil que tenga que intervenir
estas áreas, pues tendrá que hacerla respectiva compensación forestal.
Entonces, es importante aclarar que con respecto a los precios que
aparecen en el estudio de impacto ambiental, son precios referentes. La
compensación total forestal en el área solamente es un costo de referencia que
se debe incluir en el estudio para que sea contemplado por la autoridad
ambiental dentro de su análisis adicionalmente.

Señor magistrado, se presenta un área aproximada de 123,9 hectáreas que
pueden ser intervenidas por Turkish. Este valor no implica que la operadora
vaya dentro del área a desarrollar la totalidad de sus actividades y de sus
proyectos. Sin embargo, se deben presentar en el estudio de impacto ambiental
para que dentro de la licencia ambiental que otorga la ANLA, quede
contemplado que actividades y quede cuantificado cuál es el área que va a que
puede intervenir la operadora turkish en el área, pero eso no quiere decir que
Turkish vaya a perforar la cantidad de pozos a desarrollar la cantidad de
locaciones que se establecen en el estudio de impacto ambiental y que
fueron autorizados por la en la licencia ambiental. […]”. (Negrillas fuera del
texto).

140. A partir del recuento probatorio, la Sala considera que la parte demandante
tampoco probó que los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y al
equilibrio ecológico se encontraban bajo una amenaza real, cierta e inminente. La
realidad es que la sociedad demandada no adelantó ninguna actividad, de manera
que no podía actualizar los cálculos de la compensación como lo consideró el
tribunal de primera instancia al conceder el amparo.

141. La Sala no desconoce que los resultados del PMA de 2015 difieren
sustancialmente del cálculo elaborado por la ANLA en el concepto técnico 8012 de
25 de abril de 2014. Sin embargo, el testimonio de Juan Carlos Rodríguez y las
pruebas documentales del amparo policivo demostraban que la empresa aún no
ejecutaba las intervenciones y, por eso, sus cálculos iniciales arrojaban datos
diferentes.

142. Se destaca además que la misma licencia ambiental autorizó que la ficha del
plan de manejo del componente de compensación forestal se actualizaría
progresivamente, conforme a la intervención efectiva. Actividades que a la postre
no se ejecutaron y, por ello, operó el fenómeno de pérdida de ejecutoria de ese acto
administrativo.

53
Ingeniero, geógrafo, especialista en sistemas de calidad y magister en administración de empresas.
54
Cfr. cuaderno anexo núm. 2 contestación Turkish Petroleum, expediente físico folios 540 a 553.

40

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iii) Lo probado sobre la inclusión en el EIA de la fauna amenazada.

143. Los términos de referencia, adoptados mediante Resolución 1544 de 6 de
agosto de 2010, en el acápite 3.3.1 sobre ecosistemas terrestres, indican que la
línea base ambiental de los proyectos de perforación exploratoria debe describir la
fauna, así:

“[…] 3.3.1.2 Fauna
Identificar la fauna asociada a las diferentes unidades de cobertura vegetal
y usos del suelo, teniendo en cuenta especies representativas, de valor
comercial, endémicas, amenazadas o en peligro crítico.
La información tendrá como mínimo los siguientes grupos: anfibios, reptiles,
aves y mamíferos. Se determinará la composición y riqueza de especies,
y se identificarán las especies bajo algún grado de amenaza, especies
endémicas, especies sombrilla, migratorias, entre otras
ecológicamente significativas que sea pertinente considerar, así como
su vulnerabilidad frente a la eventual sustracción, Evaluación
Ecológica Rápida (EER) e información secundaria: Determinar las
principales cadenas tróficas, fuentes naturales de alimentación y rutas
migratorias de las especies más representativas. Determinar en cada una
de las unidades vegetales definidas, la dinámica de la fauna silvestre
asociada y definir las interacciones existentes ya sea como refugio, alimento,
hábitat, corredores de migración, sitios de concentración estacional y
distribución espacial. Establecer los estados poblacionales de las
especies reconocidas e identificar aquellos elementos faunísticos
endémicos, en peligro de extinción o vulnerable, así como la
identificación de aquellas especies que posean en esas áreas,
poblaciones asociadas estrictamente a determinadas especies
vegetales o de distribución muy confinada, así como aquellas especies
de valor comercial y/o ecológico. Las especies nuevas identificadas en la
clasificación taxonómica deben ser reportadas a las entidades competentes
como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el
Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas SINCHI. […]”. (Negrillas fuera del texto).

144. Estaexigencia se desprende de las obligaciones del Estado colombiano
asumidas a través del artículo 1.° de la Ley 17 de 22 de enero 1981, “Por la cual se
aprueba la "Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres, suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973”;
así como del artículo 1C de la Ley 165 de 1994, “Por medio de la cual se aprueba
el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio
de 1992”55.

145. Frente a dicho deber, en el plenario obra el capítulo 3 del EIA de octubre de
2012, el cual contiene una caracterización de las especies de aves, mamíferos,
reptiles y anfibios presentes en el área de interés del proyecto. Esa información se
soportó técnicamente en los documentos apéndices de la convención CITES

55
El artículo 8 sobre conservación in situ, señala en el literal k) que cada Parte promoverá la recuperación de especies
amenazadas y establecerá o mantendrá la legislación y reglamentación necesaria para la protección de especies y
poblaciones amenazadas. En relación con la conservación ex situ, en el literal c) del artículo 9 del Convenio dispone que cada
Parte adoptara las medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción
de estas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas.

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(2012), elaborados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
• UICN (versión 2012.2), y en la Resolución 383 de 23 de febrero de 201056.

146. Frente a la suficiencia de la citada caracterización, la ANLA en el concepto
técnico 8336 de 13 de mayo de 2014 consideró lo siguiente:

“[…] La fauna registrada en el área corresponde en general a fauna típica de la
región, la cual se ha visto disminuida en riqueza, abundancia y en la declinación
de las poblaciones por el deterioro de origen antrópico de los ecosistemas
debido a actividades agrícolas, pecuarias, explotación minera y la construcción
de vías. De acuerdo con lo anterior, se considera que la fauna se encuentra
asociada a los bosques de galería, bosques fragmentados y vegetación
secundaria, los cuales han sido altamente intervenidos lo que ha repercutido en
la reducción de hábitat y por consiguiente en el empobrecimiento de la fauna en
APE González Sur.

En el EIA la empresa realiza el análisis poblacional con base en la fauna
reportada en literatura, debido a que, en el muestreo en la fase de campo,
en general se obtuvieron muy pocos registros. La Empresa justifica esto,
debido a la alta intervención antrópica de los ecosistemas, que genera
fragmentación y degradación de los hábitats. Las curvas de acumulación por
su parte, indican representatividad, excepto la correspondiente al grupo
anfibios, que si sugiere mayor intensidad de muestreo. A continuación, se hacen
las consideraciones respecto a los diferentes grupos faunísticos presentes en
la zona.

En el área de influencia directa del proyecto, solo se registraron en campo 13
especies de mamíferos de las 39 reportadas en literatura, donde la familia con
más especies corresponde a Phyllostomidae. El análisis de datos se hace con
referencia las especies reportadas en la bibliografía, es decir al total de 39
especies.

En el área de influencia directa la mayor riqueza de mamíferos se presenta en
la cobertura de Vegetación secundaria, con 10 especies y 37 individuos,
seguida de la cobertura bosque de galería. Entre las especies que se registraron
principalmente en estas coberturas encontramos al Capuchino de frente blanca
(Cebus albifrons), Aullador colorado (Alouatta seniculus), Ardilla colorada
(Scirius granatensis), murciélago vampiro común (Desmodus rotundus).

La Resolución 0383 del 23 de febrero de 2010 del MAVDT, del Redlist de la
IUCN, los apéndices CITES y el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia
(Rodríguez-Mahecha, et al. 2006), indica que de las especies registradas para
el AID de González Sur, cuatro especies se encuentran registradas bajo a
alguna categoría de amenaza (Myrmecophaga tridactyla, Odocoileus
virginianus, Lontra longicaudus, Panthera onca), tres especies (cerca de la
amenaza (NT) y 9 especies como preocupación menor (LC) pero no con
amenaza inminente. Por lo tanto, se hace necesario implementar el
Programa de Protección y Conservación de Fauna establecida en el Plan
de Manejo Ambiental con el fin de mitigar los impactos que se llegaran a
ocasionar sobre la fauna que se encuentra en alguna categoría de
amenaza.

Muchas especies de mamíferos son de importancia económica para los
habitantes de esta zona, por ejemplo: Cuniculus paca, Dasypus novemcinctus
(alimento – medicinal), Cebus albifrons y Alouatta sp (mascotas), Pecari tajacu,

56
"Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras
determinaciones".

42

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Tayassu pecari (alimento), Mazama americana y Odocoileus virginianus
(cacería y alimento), Sylvilagus brasiliensis (alimento). Se identificó la especie
Lontra longicaudis, como especie migratoria.

Para el APE González Sur, se reportaron 15 especies de anfibios
representados en 8 familias, pero solo se inventariaron 4 especies en la
fase de campo. La familia más representativa corresponde a Hylidae con 5
especies, seguida de Leptodactylidae con 3 especies. La detección de pocas
especies es justificada por la empresa debido a que el muestreo se realizó en
época de verano y a la degradación de los cuerpos de agua por sequía y
contaminación con agroquímicos.

Los mayores registros de anfibios se obtuvieron en las coberturas bosque de
galería y vegetación secundaria. La cobertura con el menor número de especies
registradas (una) fue Mosaico de cultivos, pastos limpios y espacios naturales.

Se reporta una especie categorizada como Vulnerable (VU), según las listas
oficiales internacionales IUCN (2008), los libros rojos o la Resolución 383 de
2010, que corresponde a la Ranita de cristal (Centrolene buckleyi). También se
encontró una especie endémica para Colombia y Venezuela, la Cecilia
(Typlonectenes natans).

En cuanto a los reptiles, se reportaron 40 especies en 16 familias en la
literatura, de las cuales se registraron 10 especies en el muestreo de
campo. La familia Colubridade es la de mayor representatividad 12 especies,
seguida por Gekkonidae con seis especies. Las serpientes fueron el grupo
menos representado, posiblemente por su naturaleza huidiza.

La cobertura con mayor número de especies registradas en Vegetación
Secundaria, en la cual se encontraron 9 especies de las 10 reportadas, casi
todas con abundancias de un individuo por especie. Las coberturas con
menor número de especies es la de cultivos de arroz, mosaico de cultivos,
pastos y espacios naturales y zonas de pantano, debido a una mayor exposición
a predadores y menor disponibilidad de alimento y refugio.

Las especies con mayor abundancia son Thecadactylus rapicauda con nueve
individuos, e Iguana iguana (siete individuos).

Respecto a las especies amenazadas se identificó en categoría vulnerable
(VU) la tortuga de río (Mesoclemmys zuliae). Por lo anterior, se hace
necesario implementar el Programa de Protección y Conservación de
Fauna establecida en el Plan de Manejo Ambiental con el fin de mitigar los
impactos que se llegaran a ocasionar sobre la fauna que se encuentra en
alguna categoría de amenaza.

En relación con la avifauna en el área de estudio esta se encuentra asociada
en su gran mayoría a la vegetación secundaria y pastos limpios, la primera
constituyéndose en una red de corredores de movimiento, refugio, dispersión y
migración local, siendo considerada como un elemento clave en el
mantenimiento de la conexión biológica de los ecosistemas en el APE González
Sur. De acuerdo con lo anterior, en el área del proyecto se registraron un
total de 132 especies de aves de 200 reportadas en la literatura, agrupadas
en 58 familias.

En el área de influencia del APE González Sur, la avifauna se caracteriza por
ser una comunidad uniforme, ya que no hay dominancia de ninguna población,
con una riqueza y diversidad de especies media a alta.

De acuerdo a la curva de acumulación, se puede inferir un adecuado muestreo
para el grupo de aves.

43

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Se identificó la especie denominada Cotorra cabeciamarilla (Pyrilia pyrilia)
en categoría vulnerable (VU) según los listados nacionales de peligro de
extinción o con algún riesgo de establecidos por la UICN para Colombia,
y dentro de la Resolución 383 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.

En el estudio se identificaron también las especies migratoria y el tipo de
migración que realizan, para un total de 22 especies, y las especies de
importancia económica, entre las que reportan Sicalis flaveola, Forpus
conspillatus, Aratinga pertinax, comercializadas como mascotas por su canto y
coloración de plumas, Como fuente de alimentación podilymbus podiceps,
Dendrocynga sp, Cairina moschata, entre otras.

Como se indicó en las consideraciones para el componente flora, la
caracterización de fauna está incompleta debido a que no se incluye la fauna
asociada la cobertura de Bosque denso bajo de tierra firme reportada en el
documento de información adicional, por lo tanto, es otra razón para que esta
Autoridad considere que no es viable realizar intervenciones sobre este tipo de
cobertura. […]”. (Negrilla fuera del texto).

147. El informe de 21 de junio de 201757, elaborado por la empresa Planificación
Regional Ambiental Ltda., además aclaró que:

“[…] A. El EIA en el Capítulo 3. Caracterización Ambiental, numeral 3.3.1.2
Fauna, por cada grupo faunístico, es decir: aves, mamíferos, reptiles y
anfibios, presenta la respectiva caracterización e identificación de
especies faunísticas para el Área de Perforación Exploratoria (APE)
González Sur, es decir el área de influencia directa, según lo establecido por
los términos de referencia, información que fue evaluada y considerada por la
ANLA para el otorgamiento de la Licencia Ambiental.

B. Para cada uno de los grupos faunísticos, es decir: aves, mamíferos, reptiles
y anfibios, se presentan las especies endémicas y en estado de amenaza, para
el APE González Sur, según los listados de especies amenazadas que a la
fecha de elaboración del EIA, es decir, año 2012, eran vigentes en su
momento, por lo que no se consideró la Resolución No. 192 del 10 de
febrero de 2014; como se presentan en el EIA y que a continuación se
adjunta la información relacionada:

57
Cfr. cuaderno anexo núm. 1 contestación Turkish Petroleum, expediente físico.

44

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C. Para el caso de la elaboración del PMA para la plataforma multipozo Aslan 1,
elaborado en el año 2015, se realizó un monitoreo de fauna en el área del
proyecto y el área de influencia directa (Figura 2), que permitió desarrollar la
caracterización e identificación de especies faunísticas amenazadas, según los
términos de referencia y la normatividad vigente de listas de especies
amenazadas. Con base en esta información, se establecieron las especies
endémicas y amenazadas, incluidas en la Resolución No. 192 de 2014,
como se presentan en el PMA y que a continuación se adjunta la
información relacionada:

46

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[…]”58. (Negrillas fuera del texto).

148. Las pruebas referidas supra acreditan que tampoco existía una amenaza real e
inminente en este punto que habilitara al tribunal de primera instancia a impartir las
órdenes de amparo. La caracterización de las especies amenazadas o en peligro
de extinción es un elemento fundamental del EIA, a efectos de adoptar decisiones

58
Ibidem.

47

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que garanticen el mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Estas
especies desempeñan roles vitales en sus ecosistemas. Sin embargo, se demostró
que la empresa caracterizó adecuadamente su territorio en el 2012 y en el 2015,
con fundamento en la normatividad vigente para cada época.

V.2.2. Los demás argumentos propuestos en las apelaciones

149. Como consecuencia de las consideraciones hasta aquí expuestas, para la Sala
resulta inane efectuar un pronunciamiento de fondo frente a los demás cargos, en
razón a que la parte demandante no demostró la amenaza que se cierne sobre los
derechos colectivos previstos en los literales a) y c) del artículo 4.° de la Ley 472 de
5 de agosto de 1998.

150. Sin embargo, se accederá a la solicitud del municipio de San José de Cúcuta
de declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las órdenes
impuestas a su cargo desconocieron el principio de congruencia, en el marco de la
causa petendi planteada59. En otras palabras, el ente territorial no era responsable
de la acción u omisión planteada en la demanda que presuntamente puso en riesgo
los derechos colectivos, es decir, la evaluación del licenciamiento ambiental o la
implementación del proyecto exploratorio.

V.2.3. Conclusiones

151. Como consecuencia de lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida el 4
de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por cuanto
no se demostró la amenaza de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano,
a la existencia del equilibrio ecológico y su aprovechamiento sostenible, a la
conservación de las especies animales y vegetales, y a la protección de sus áreas
de especial importancia ecológica, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia. Además, se declarará la falta de legitimación material en la causa
por pasiva del municipio de San José de Cúcuta.

152. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 472, no
se condenará en costas a la parte actora en esta instancia, porque no se observa
que la acción presentada sea temeraria o de mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia, la sentencia proferida el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

59
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,
radicación núm. 11001-03-24-000-2006-00324-00.

48

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SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación material en
la causa por pasiva, propuesta por el municipio de San José de Cúcuta, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SEXTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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