Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2007-00405-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Actos de registro e inscripción: junta directiva
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2007-00405-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2007-00405-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
31 de enero de 2019
ACTOS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN – Junta directiva / DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN – Alcance / ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS – Inscripción / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Por la administración antes de efectuar la inscripción y registro de una junta directiva de una asociación
Corresponderá a la autoridad administrativa hacer la respectiva inscripción de la junta directiva de la asociación de pensionados que se le ha sometido a consideración para su inscripción y registro; la cual no es una actividad mecánica y despojada de análisis jurídico, pues es claro que, de conformidad con las normas que regulan la materia, en particular, la Resolución nro. 2795 de 1985, expedida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio del Trabajo), hay lugar a una calificación jurídica del acto que se pretende inscribir y es igualmente viable también denegar su registro; esto es, haciendo un determinado control de legalidad sobre dichos actos, dados los efectos que tiene en relación con el principio de publicidad orientado al normal tráfico jurídico que se derive hacia la sociedad. Decisión que además está sujeta a los recursos que establezca la ley en sede administrativa y sometida al control jurisdiccional de lo contencioso administrativo. […] De lo anterior ha de concluirse que, en desarrollo del derecho de libre asociación, serán los asociados quienes establezcan a través de sus estatutos los parámetros e interpretaciones que han de guiarlos en el desarrollo de su objeto social; mientras que corresponderá a la autoridad administrativa verificar que se haya respetado el procedimiento de elección y el cumplimiento de los estatutos, así como los límites consagrados en el ordenamiento legal y el principio democrático de mayorías, a fin de proceder a la inscripción o registro de sus juntas directivas, con los efectos de publicidad que tienen tales actos ante la sociedad, aspecto sobre el cual recae el control contencioso administrativo.
ACTOS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN – Junta directiva / ACTOS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS – Control judicial / COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA – Respecto de las decisiones tomadas por asambleas, juntas directivas o de socios, sus estatutos o su interpretación / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a Sala se permite recordar los criterios de procedencia del control contencioso administrativo respecto a los actos de registro e inscripción de juntas directivas, en el sentido de precisar que el mismo recae únicamente sobre la manifestación de voluntad de la administración; esto es, frente al acto administrativo definitivo que crea, modifica o extingue una situación jurídica y no en relación con las decisiones tomadas por las asambleas de accionistas, juntas directivas o de socios en sociedades civiles o comerciales, así como tampoco respecto a los vicios o inconsistencias que pueda tener en el proceso de formación de dichas decisiones, ni en relación con sus estatutos o su interpretación, pues ello corresponde a otra jurisdicción. […] [S]eñala la Sala que los cargos formulados contra las resoluciones demandadas deberán ser examinados en este ámbito de competencia y jurisdicción, toda vez que los debates relacionados con la impugnación de los actos de asambleas, juntas directivas o de socios, o las controversias que se presenten entre los particulares y sus respectivas indemnizaciones o perjuicios, son objeto de control por parte de la jurisdicción ordinaria.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 30 de enero de 2004, Radicación 50001-23-31-000-1997-05998-01(5998), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
PRUEBA DE LAS NORMAS JURÍDICAS – Las que no tengan alcance nacional deben aducirse en copia al proceso salvo que estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente
En relación con las resoluciones nro. 03758 de 1985, 02795 y 02796 del 30 de julio de 1986, ha de señalarse que la primera fue derogada expresamente por la Resolución nro. 02795 de 1986 y la tercera no fue aportada ni obra en el expediente; asunto frente a lo cual ha de tenerse en cuenta que si bien se trata de una norma nacional, no menos cierto resulta que ante la inexistencia en los archivos de la entidad a la que se le requirió, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 177 del Código General del Proceso, que establece que tratándose de resoluciones de las autoridades administrativas, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente, por lo que, al no estar dicha norma aportada ni publicada en los términos de ley, en el presente caso no resulta posible su confrontación con los actos acusados.
CAUSA PETENDI - Suficiencia / CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN - Carencia de concreción y sustentación / CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN - Exigencias: claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia / CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN - Insuficiencia argumentativa
Visto el concepto de la violación presentado, respecto al cargo de violación a la norma superior, el actor se limitó a referir el contenido de los artículos 29 constitucional y 50 del Decreto 01 de 1984, sin que de su simple lectura se desprenda vulneración alguna a los actos acusados; sin perjuicio de ello y como fuera analizado ut supra 2.3.4, la Sala advierte que en los actos acusados existió pronunciamiento de lo solicitado en memorial del 27 de marzo de 2007, en el sentido de desestimar en sede administrativa las pruebas pedidas, por lo que en este punto no prosperará el cargo.
ACTOS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN – Junta directiva / ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA – Procedimiento / CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA DE PENSIONADOS DEPARTAMENTALES DE SANTANDER – Por revisor fiscal / FACULTAD DE REVISOR FISCAL – Para convocar asamblea de delegados
[S]e cuestiona únicamente las facultades del señor Israel Calderón Pedraza para realizar la convocatoria, en virtud de estar en curso un proceso disciplinario en su contra y haber sido excluido de la asociación, no así las facultades estatutarias del revisor fiscal para convocar la Asamblea General de Delegados cuando no lo hubiera hecho la Junta Directiva Departamental. […] La Sala advierte que, si bien la Convocatoria suscrita por el señor JOSÉ ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA no tiene fecha de elaboración visible, no menos cierto es que se entiende previa a la realización de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, efectuada el 31 de enero de 2007, en la que se referenció su existencia. Por lo que la decisión de exclusión del señor JOSÉ ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA resulta en principio posterior a la misma y, en cualquier caso, como se advierte de las pruebas referenciadas, no se encontraba en firme, por lo que el señor JOSÉ ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA actuó en calidad de revisor fiscal y no resulta cierta la apreciación del actor en este punto. Vistos los actos acusados, en los que se indicó frente al argumento de haberse convocado a la asamblea general de delegados por quien no tenía facultades para ello, resulta correcta lo indicado en ellos de que la decisión de exclusión no se encontraba en firme, por lo que no prosperará el cargo.
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS – Quórum / COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA – Para resolver los conflictos en relación con la interpretación de los estatutos de una asociación de pensionados
Alegó el actor que la conformación de la Junta Directiva no cumplió con la votación necesaria, pues el artículo 13 de los Estatutos señala que de mil a dos mil socios se necesitan 25 votos para elegir un delegado y con la votación que salió escasamente saldrían 8, con lo que no se alcanzó ni a formar la junta directiva. Pese a ello, la Junta Directiva de la que hacía parte el ahora actor, fijó las reglas de elección de los delegados departamentales de ASOPENDER, mediante Resolución nro. 003 del 14 de junio de 2006, norma que rigió el proceso electoral y que no es objeto de demanda. Allí se estableció que se elegirían 64 delegados, los que, por interpretación, resultaron de la aplicación del cociente electoral entre las planchas inscritas. Ahora bien, la interpretación de los estatutos sociales claramente es una facultad de los asociados y nuevamente, en caso de discusión sobre las diferentes interpretaciones, será la jurisdicción ordinaria la llamada a resolverlo, más no la contenciosa, pues en ello no hay un acto administrativo que cree, modifique o extinga una situación jurídica respecto a los ciudadanos. Así las cosas, no podrá la autoridad administrativa entrar a verificar estos aspectos, por lo que el Quórum sujeto al control de legalidad en la inscripción de la junta directiva de la asociación de pensionados, será el relativo a la conformación de la Junta Directiva, como lo establece el artículo 7 del Decreto 1654 de 1985.
ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS – Quórum
Discute el actor que la elección de delegados no cumplió con la votación necesaria porque, en su criterio, en ella aparecieron socios incluidos, sin haber sufragado materialmente, como es el caso de los señores María Luisa Ariza de Beltrán, Rosa Emma Abril de Amado, Jesús Antonio Sánchez, Martha Arguello, Saturnino Camacho y Gil Roberto Mateus Suárez. Como se ha detallado en los antecedentes, el proceso para la elección de la Junta Directiva Departamental de ASOPENDER estuvo determinado por el plan de convocatoria y reglamentación adoptado mediante Resolución nro. 003 del 14 de junio de 2006 de la Junta Directiva de ASOPENDER, en concordancia con el artículo 14 de los estatutos de la Asociación. Así mismo, que el sistema para la escogencia de los Delegados de la Junta Directiva Departamental de ASOPENDER tuvo un proceso previo de elección de delegados y luego la Asamblea General Ordinaria de Delegados Departamentales donde se estableció la nueva junta directiva. Visto en el caso concreto el Acta núm. 24 del 31 de enero de 2007, de la Asamblea General Ordinaria de Delegados Departamentales de ASOPENDER, no aparecen los señores María Luisa Ariza de Beltrán, Rosa Emma Abril de Amado, Jesús Antonio Sánchez, Martha Arguello, Saturnino Camacho y Gil Roberto Mateus Suárez como delegados y, por tanto, sin efecto alguno en la designación de los miembros de la nueva junta directiva inscrita. Pese a ello, los cargos formulados no se orientan en este sentido y pretenden una discusión procesal respecto a la etapa de formación inmediatamente anterior, que es la elección de los delegados de la Asamblea General y no la designación en Asamblea General de los delegados de la Junta Directiva, lo que claramente no es un asunto que corresponda dilucidar ni a la autoridad administrativa, ni al juez de lo contencioso administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, encuentra la Sala que la Asamblea General de Delegados tenía definidos 64 delegados, de los cuales participaron 43 de ellos en sesión del 31 de enero de 2007, con lo que estaría conformado el Quórum estatutario establecido en el parágrafo segundo del artículo 14 de los Estatutos de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander “ASOPENDER”.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN TESS 0162 DE 2007 (16 de febrero) DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (No anulada) / RESOLUCIÓN TESS 0289 DE 2007 (21 de marzo) DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (No anulada) / RESOLUCIÓN A-0369 DE 2007 (30 de marzo) DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (No anulada)
FUENTE FORMAL: LEY 43 DE 1984 / DECRETO 1654 DE 1985 / RESOLUCIÓN 2795 DE 1986 MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / RESOLUCIÓN 2796 DE 1986 MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 177
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00405-00
Actor: PEDRO CAMACHO
Demandado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL TERRITORIAL SANTANDER (HOY MINISTERIO DEL TRABAJO)
Referencia: NULIDAD SIMPLE
Referencia: Corresponde a la autoridad administrativa hacer la respectiva inscripción de la junta directiva de la asociación de pensionados, previo control de legalidad sobre los actos de registro, dados los efectos que tiene en relación con el principio de publicidad orientado al normal tráfico jurídico que se derive hacia la sociedad.
La impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas y de juntas directivas o de socios, de sociedades civiles o comerciales, cuando con ellos se contravenga la ley o los estatutos sociales son competencia de la jurisdicción ordinaria.
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia en el proceso radicado bajo el número de la referencia, promovido por el señor PEDRO CAMACHO, en contra del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (hoy MINISTERIO DEL TRABAJO) - DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El ciudadano PEDRO CAMACHO, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, formuló el 13 de agosto de 2007 demanda en contra del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (hoy MINISTERIO DEL TRABAJO) DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, con la pretensión que se declare la nulidad de las Resoluciones TESS nro. 0162 del 16 de febrero de 2007, TESS nro. 0290 del 29 de marzo de 2007 (sic) y nro. A 0369 del 30 de marzo de 2007, expedidas todas por la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (hoy MINISTERIO DEL TRABAJO), por considerar violatoria del debido proceso y derecho a la defensa la inscripción de la Junta Directiva de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander (en adelante ASOPENDER), y la negativa de inscribir la Junta Directiva que en su remplazo presentara el actor, con desconocimiento de las pruebas solicitadas que habrían permitido el esclarecimiento de la verdad en el proceso electoral para la conformación de la nueva Junta.
1.1.1. Los actos administrativos acusados.
Los actos administrativos demandados corresponden a las resoluciones TESS nro. 0162 del 16 de febrero de 2007, por medio de la cual se dispuso registrar la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEPARTAMENTALES DE SANTANDER “ASOPENDER”, elegida en Asamblea General de Delegados, realizada el 31 de enero de 2007; TESS nro. 0289 del 21 de marzo de 2007, “Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición”, y la Resolución nro. A-0369 del 30 de marzo de 2007, “Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación”, expedidas por la Dirección Territorial Santander del Ministerio de la Protección Social.
Los actos acusados son del siguiente tenor:
“[…] RESOLUCIÓN No. TESS. 0162
1 6 FEB 2007
LA COORDINACION GRUPO TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, en uso de las facultades legales conferidas por la Resolución 002 del 4 de febrero de 2003 y el Decreto 205 del 3 de febrero 2003, Resolución 000951 de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que la Asociación de Pensionados de Primer Grado y Gremial denominada ASOCIACION DE PENSIONADOS DEPARTAMENTALES DE SANTANDER "ASOPENDER, con Personería Jurídica No. 294 de diciembre 9 de 1965, con domicilio en el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, ha solicitado a este Despacho el registro de total de la Junta Directiva, elegida en Asamblea General de Delegados, realizada el día 31 de enero de 2007.
Que realizado el estudio de la documentación, se advierte que la rotación se hizo de acuerdo a la Ley y a los Estatutos vigentes de la Asociación, razón por la cual, se procede al registro de la Junta Directiva, en los términos del Art. 7º del Decreto 1654 de 1985, reglamentario de la Ley 43 del 12 de diciembre de 1984, las Resoluciones 03758 de 1985, 02795 y 02796 del 30 de julio de 1986.
En mérito de lo expuesto, la COORDINACIÓN DEL GRUPO TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR la Junta Directiva de la ASOCIACION DE PENSIONADOS DEPARTAMENTALES DE SANTANDER "ASOPENDER", con Personería Jurídica No. 294 de diciembre 9 de 1965, con domicilio en el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, elegida en Asamblea General de Delegados, realizada el día 31 de enero de 2007, la cual quedó conformada así:
PRESIDENTE:
JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA
CC 5.561.516
VICEPRESIDENTE:
NAPOLEÓN BARRIOS VARGAS
CC 5.563.562
SECRETARIO GENERAL:
BERNARDO REY QUINTERO
CC 5.554.201
TESORERO:
JULIO C. ARIAS RODRÍGUEZ
CC 13.810.088
REVISOR FISCAL:
EURÍPIDES GUTIERREZ
CC 2.012.927
VOCALES:
JOSELIN BARRERA MENESES
OLEGARIO VILLAMIZAR BUSTOS
ZOTICO CONTRERAS
JUAN CRISTÓBAL QUIJANO
EMILIANO BARBOSA ARIZA
CC 13.809.441
CC 2.096.001
CC 2.196.600
CC 5.543.816
CC 2.062.995
VEEDORA
ESPERANZA MANTILLA
DE CASTELLANOS
CC 27.909.954
ARTICULO SEGUNDO: UNA VEZ ejecutoriado el presente proveído, háganse las anotaciones en el registro correspondiente.
ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE a los jurídicamente interesados la presente Resolución, previa advertencia que contra la misma son procedentes los recursos de Reposición ante el Despacho que la emitió y en subsidio el de Apelación ante el inmediato superior, interpuestos con fundamento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. (…) NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE […]”
“[…] RESOLUCIÓN TESS 0289
(21 de marzo de 2007)
"Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición”
LA COORDINACION DEL GRUPO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER, en uso de las facultades legales y en especial las conferidas por la resolución 000951 del 28 abril de 2003 y el artículo 51 y s.s. del Código Contencioso Administrativo y con fundamento en los siguientes
HECHOS
Mediante Resolución TESS 0162 del 16 de febrero de 2007, la Coordinadora del Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santander ordenó el Registro de la Junta Directiva de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander ASOPENDER- con Personería Jurídica No. 294 de diciembre 9 de 1965, con domicilio en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, elegida en Asamblea General de Delegados, realizada el 31 de enero de 2007;
Que la citada providencia fue notificada a las partes jurídicamente interesadas, esto es Presidente entrante y saliente, los días 16 y 20 de febrero de 2007;
Que el día 23 de febrero de 2007, el doctor JOSE COSME CUBIDES RODRÍGUEZ, en su condición de apoderado del representante legal de la Asociación, señor PEDRO CAMACHO, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución referida;
Que en fecha posterior, el señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA allegó documentación relativa a algunos asociados a quienes se les aplican sanciones de acuerdo a lo ordenado en Asamblea Ordinaria de Delegados;
Que el día 6 de marzo de 2007, los señores JOSE ISRAEL CALDERON P, JULIO CESAR ARIAS RODRÍGUEZ Y NAPOLEÓN BARIOS VARGAS, (sic) allegan oficio a este despacho, dirigido al señor GERARDO ARCINIEGAS AVENDAÑO, jefe de nómina de la asociación.
Que el día 7 de marzo de 2007, el señor BERNARDO REY QUINTERO presento documentos relacionados con la elección de delegados de la Asociación.
Que el día 13 de marzo el Señor PEDRO CAMACHO, presentó copia del acta extraordinaria No. 491 de fecha 2 de noviembre de 2006, mediante la cual se aprobó los viáticos para los directivos que viajan a los diferentes municipios con urna de votación para la elección de delegados, copia de listado de votantes para la elección de delegados, y con fecha 20 de marzo do 2007 allegó oficio suscrito por el señor GIL ROBERTO MATEUS SUAREZ, en el cual manifiesta que no depositó ningún voto en la urna de Asopender para elección de delegados
Que los recursos interpuestos cumplen con los requisitos legales consagrados en los artículos 50 y SS del CCA., razón por la cual es procedente su estudio por este despacho.
DEL RECURSO
El apoderado del representante legal de la Asociación, señor PEDRO CAMACHO, solicita revocar la Resolución TESS 0162 del 16 de febrero de 2007 que registró la Junta Directiva de ASOPENDER elegida en Asamblea General de Delegados realizada el 31 de enero de 2007, y en su lugar inscribir la nueva Junta Directiva, elegida según acta No. 024 del 16 de febrero de 2007, con fundamento en los siguientes hechos:
El señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA convocó a los Delegados nuevos a Asamblea General de Delegados para elección de nueva junta directiva para el día 31 de enero de 2007, sin tener facultades para convocar toda vez que se hallaba impedido para ello, pues estaba en curso proceso disciplinario contra él, según consta en el oficio 007 del 21 de enero de 2007;
En reunión de junta directiva de ASOPENDER celebrada el 30 de enero de 2007 se excluyó en primera instancia al Revisor Fiscal, señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA, por lo tanto no tenía facultades para convocar; esta facultad de la junta está amparada por el artículo 23, literal m) de los Estatutos de ASOPENDER; dicha decisión se le notificó al encartado por medio de oficio 009 del 30 de enero de 2007 y Resolución No. 001 del 30 de enero de 2007;
La elección de delegados está viciada de nulidad, toda vez que en la convocatoria para elección de los mismos aparecieron socios incluidos en la votación sin haber sufragado materialmente como es el caso de los señores MARIA LUISA ARIZA DE BELTRÁN, ROSA EMMA ABRIL DE AMADO, JESÚS ANTONIO SÁNCHEZ, MARTHA ARGUELLO R., y SATURNINO CAMACHO; quienes informaron al veedor de la asociación su extrañeza por haberlos incluidos en la lista de sufragantes, cuando no lo hicieron físicamente. Por todo esto esta elección de delegados fue fraudulenta y por ende la elección de la respectiva junta;
Por información de algunas personas se dedujo que la elección de delegados era fraudulenta, motivo por el cual el señor GUILLERMO GÜIZA SAAVEDRA, solicitó a la junta directiva de ASOPENDER información real para realizar la veeduría a las elecciones de delegados y ésta lo autorizó a su vez; el veedor después de una ardua investigación concluyó que sí hubo fraude electoral, y solicitó las sanciones pertinentes para los autores de dicho fraude;
Según los estatutos de la asociación, artículo 13, literal b) para elegir un delegado se exige que sean 25 votos, toda vez que al momento de la convocatoria la asociación contaba con 1.622 socios, en la elección de los delegados según el acta de escrutinio del 6 de diciembre de 2006 se eligieron delegados con un cuociente electoral de 3.9, motivo éste que demuestra la ilegalidad estatutaria para dicha elección, motivo por el cual el señor presidente de la junta directiva solicitó concepto jurídico al Ministerio de la Protección Social mediante oficio del 12 de diciembre de 2006, en el cual solicitaba se conceptuara sobre la legalidad de la elección de delegados;
Por todos estos hechos fraudulentos, el señor presidente de ASOPENDER solicitó se abriera investigación disciplinaria contra la junta elegida fraudulentamente antes de la Asamblea General de Delegados;
El recurrente allega pruebas documentales y solicita se reciba el testimonio del señor GUILLERMO GÜIZA SAAVEDRA veedor de la asociación.
ANÁLISIS DEL DESPACHO
Respecto del primer punto expuesto por el recurrente, se tiene que el artículo 14 de los estatutos reza:
“Procedimiento para elección de Delegados: La Junta Directiva Departamental convocará a elección de Delegados a objeto que los afiliados elijan los Delegados que los representarán en un período de cuatro (4) años. Conocidos los delegados elegidos, la Junta Directiva Departamental, procederá a convocar la Asamblea General de los mismos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.
Para la elección de Delegados la Junta Directiva Departamental de la Asociación, emanará un plan de convocatoria y reglamentación en el cual consignará el sistema para la escogencia de los Delegados en la proporción señalada anteriormente.”
A folio 39 del instructivo, se observa contenido de la Resolución No. 003 de 2006 de fecha junio 14 de 2006, proferida por la Junta Directiva de la Asociación de Pensionados de Santander ASOPENDER por la cual se convoca a inscripción de planchas para la elección de Delegados y se reglamenta la misma. Declarándose abierta la inscripción de planchas desde el 4 de julio hasta el 18 de agosto de 2006; es así como desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2006 se dispuso para efectuar la votación, en los diferentes municipios del departamento; habiéndose designado el día 6 de diciembre de 2006 para realizar el escrutinio de la votación.
Evidentemente, a folio 63, figura acta de escrutinio de la votación para elección de delegados de ASOPENDER, de fecha 6 de diciembre de 2006, en la cual se hace la designación de delegados según la votación obtenida; acta que no es firmada por todos lo asistentes, entre ellos el señor PEDRO CAMACHO, quien en oficio de 12 de diciembre dirigido a esta Dirección Territorial, expresa que no la firmó por no estar de acuerdo con la forma en que se tomaron los votos escrutados para elegir delegados. En el mismo oficio solicita concepto jurídico, razón por la que se remitió a la Oficina Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social, lo cual se le informó al peticionario.
No obstante lo anterior, el artículo 14 de los estatutos de la asociación consagra que conocidos los delegados elegidos, la Junta Directiva Departamental, procederá a convocar la Asamblea General de los mismos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.
Según lo anterior, el plazo máximo para convocar a Asamblea General de Delegados era hasta el día 23 de enero de 2007; aunque el artículo 25 de las estatutos, al tratar sobre las atribuciones y deberes del Presidente establece en su literal a) convocar a Junta Directiva a sesiones ordinarias y extraordinarias, más nada dice respecto de convocar a la Asamblea General de Delegados a sesiones ordinarias o extraordinarias, se entendería con base en lo dispuesto en el artículo 24 ibídem que el Presidente de la Junta Directiva Departamental al ser el representante legal de la asociación, tendría esa facultad específica, no obstante se reitera, en el artículo 23 de los estatutos tampoco consagra como función y obligación de la junta directiva convocar a Asamblea General de Delegados. Es decir la única alusión que se hace de convocar a Asamblea por la Junta Directiva es en el artículo 14 de los estatutos, a que hemos hecho referencia.
De otra parte, el artículo 28 de los estatutos al referirse a las funciones y obligaciones del Revisor Fiscal, establece en su literal d) convocar a la Junta Directiva Departamental o a la Asamblea General de Delegados en los casos previstos por los estatutos, previo aviso al Presidente.
Es así como se entiende que al no convocar el Presidente dentro del término estatutario, esto es hasta el 23 de enero de 2007, lo hizo el Revisor Fiscal en desarrollo de su facultad dada por los estatutos, según obra a folios 40 a 42; aunque la misma no tiene fecha de convocatoria, se entendería que se hizo después del 23 de enero, según oficio que obra a folio 53 del instructivo, en donde el Presidente manifiesta que el revisor fiscal con fecha I8 de enero de 2007 solicita sea convocada Asamblea o de lo contrario lo hará él mismo.
Manifiesta el señor PEDRO CAMACHO a través de su apoderado, que el señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA convocó a los Delegados nuevos a Asamblea General de Delegados para elección de nueva junta directiva para el día 31 de enero de 2007, sin tener facultades para convocar toda vez que se hallaba impedido para ello, pues estaba en curso proceso disciplinario contra él, según consta en el oficio 007 del 21 de enero de 2007; al respecto es importante resaltar a folio 55 del instructivo reposa Resolución 001 del 30 de enero de 2007 proferida por el Presidente de la asociación, mediante la cual se excluye en primera instancia al señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA; lo anterior en desarrollo de la facultad de la Junta Directiva contenida en el artículo 23 literal m) de los estatutos; sin embargo la misma norma dice textualmente:
"Excluir en primera instancia a los asociados que incurran en conductas violatorias de las causales contenidas en el artículo 11 de los presentes estatutos. Previamente será citado mediante comunicación escrita remitida a la dirección registrada en la Asociación; en el evento de no presentarse en la fecha que ha sido convocado o que no desvirtúe los cargos formulados, la exclusión será decretada provisionalmente por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva Departamental. "
Se observa de la resolución 001 de 2007, que no figura prueba de los cargos formulados al señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA ni de la citación para rendir sus descargos, solo la comunicación 009/2007 de fecha 30 de enero de 2007, en el que se dejó constancia con fecha 1 de febrero de 2007 que no quiso notificarse de la decisión de exclusión en primera instancia. Tampoco obra constancia de que haya sido la mayoría de los miembros de la Junta Directiva quienes tomaron la decisión, solo en su fundamento legal, la resolución hace referencia al Presidente de la Junta Directiva.
De todo lo anterior se deduce que la comunicación de la decisión en su contra se hizo posterior a la realización de la 24ª Asamblea General de Delegados que tuvo lugar el día 31 de enero de 2007; y por lo tanto también con posterioridad a la convocatoria de la misma; esto es el señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA en su condición de Revisor Fiscal de ASOPENDER estaba facultado para convocar a dicha asamblea, pues sus derechos no habían sido suspendidos; en lo que respecta a la sujeción a los estatutos para tomar la decisión aludida, así como las sanciones impuestas a los señores NAPOLEON BARRIOS VARGAS y JULIO CESAR ARIAS RODRIGUEZ, esta Coordinación encuentra procedente remitir el caso a la Coordinación del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control para lo que estime pertinente dentro de su competencia.
Manifiesta además el recurrente que la elección de delegados fue fraudulenta y por ende la elección de los miembros de la Junta Directiva, toda vez que en la elección de delegados aparecieron socios incluidos en la votación sin haber sufragado materialmente; como es el caso de los señores MARIA LUISA ARIZA DE BELTRÁN, ROSA EMMA ABRIL DE AMADO, JESÚS ANTONIO SÁNCHEZ, MARTHA ARGUELLO R., SATURNINO CAMACHO Y GIL ROBERTO MATEUS SUAREZ; caso que se excluye de la órbita de competencias de este Ministerio, toda vez que se estaría frente a una presunta conducta de tipo penal, que debe ser puesta en conocimiento de los interesados a la autoridad competente. No obstante que dentro del listado de votantes allegado por el Presidente PEDRO CAMACHO, aparecen resaltados los nombres de los votantes sin ninguna firma que demuestre una presunta falsedad sobre dicha votación, o un presunto error en el conteo, que de todas formas de existir, fue subsanado para el despacho con el Acta de escrutinio que se realizó en fecha 6 de diciembre de 2006, la cual consigna la votación obtenida, documento que reposa en el expediente y goza de la presunción de buena fe, la cual debe ser desvirtuada ante la entidad competente.
Es así como en el acta de escrutinio de fecha 6 de diciembre de 2006 se enuncian los delegados electos, y así mismo a folios 35 a 37 del instructivo figura listado de delegados con su firma de participación en la 24ª Asamblea General de Delegados; existiendo quórum para deliberar y decidir; pues asistieron 44 de los 64 delegados elegidos; de tal forma que la Junta Directiva elegida se encuentra conforme a los estatutos, y a los términos del Artículo 7 del Decreto 1654 de 1985, reglamentario de la Ley 43 del 12 de diciembre de 1984, concordante con las Resoluciones 03758 de 1985, 02795 Y 02796 del 30 de julio de 1986.
Por lo anterior, el Despacho encuentra procedente confirmar la Resolución impugnada y advierte que hasta tanto no quede en firme el acto administrativo que Registra la nueva Junta Directiva de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander ASOPENDER, seguirá vigente la anteriormente registrada.
Por lo anteriormente expuesto, la COORDINACIÓN DEL GRUPO DE EMPLEO, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE SANTANDER,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución TESS 0162 del 16 de febrero de 2007, proferida por la Coordinación de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Dirección Territorial de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO. CONCEDER el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el inmediato superior Directora Territorial de Santander del Ministerio de la Protección Social, interpuesto por el Señor PEDRO CAMACHO en su condición de Presidente de la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEPARTAMENTALES DE SANTANDER -ASOPENDER- a través de su apoderado Doctor JOSE COSME CUBIDES RODRÍGUEZ.
ARTICULO TERCERO: REMITASE copia de la presente providencia a la Coordinación Grupo de Prevención Vigilancia y Control para lo de su competencia, respecto de la presunta violación de estatutos, según los motivos expuestos.
Dada en Bucaramanga, a los veintiún (21) días de marzo de 2007 (…) COMUNIQUESE Y CUMPLASE […]”
“[…] RESOLUCION NÚMERO A- 0369
(30 MAR 2007)
"Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación"
LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE SANTANDER, en uso de las facultades legales que le confiere el Decreto 205 de 2003 y la Resolución 000951 del 28 de abril de 2003, acorde con lo dispuesto en el 52 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y con fundamento en los siguientes,
l. HECHOS
Que se presentó ante la COORDINACIÓN GRUPO TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, por parte de los Señores EURIPIDES GUTIERREZ y JOSELIN BARRERA MENESES, en su condición de Presidente y secretario respectivamente, de la Asamblea de la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEPARTAMENTALES DE SANTANDER "ASOPENDER', documentación para el registro de la Junta Directiva de la asociación, elegida en Asamblea General de delegados, realizada el día 31 de Enero de 2007. (Folios 1 a 42)
Teniendo en cuenta lo anterior y realizados los trámites administrativos correspondientes, mediante Resolución No. TESS 0162 del dieciséis (16) de Febrero del 2007, suscrita por la COORDINADORA DEL GRUPO TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER, en su artículo primero decide REGISTRAR la Junta Directiva de la ASOCIACION DE PENSIONADOS DEPARTAMENTALES DE SANTANDER “ASOPENDER" con personería Jurídica No. 294 del 9 de diciembre de 1965, con domicilio en el municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, elegida en reunión de Asamblea General de delegados realizada el día 31 de Enero de 2007, la cual quedó conformada así:
PRESIDENTE:
JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA
CC 5.561.516
VICEPRESIDENTE:
NAPOLEÓN BARRIOS VARGAS
CC 5.563.562
SECRETARIO GENERAL:
BERNARDO REY QUINTERO
CC 5.554.201
TESORERO:
JULIO C. ARIAS RODRÍGUEZ
CC 13.810.088
REVISOR FISCAL:
EURÍPIDES GUTIERREZ
CC 2.012.927
VOCALES:
JOSELIN BARRERA MENESES
OLEGARIO VILLAMIZAR BUSTOS
ZOTICO CONTRERAS
JUAN CRISTÓBAL QUIJANO
EMILIANO BARBOSA ARIZA
CC 13.809.441
CC 2.096.001
CC 2.196.600
CC 5.543.816
CC 2.062.995
VEEDORA
ESPERANZA MANTILLA
DE CASTELLANOS
CC 27.909.954
Que previas las debidas notificaciones, el Doctor JOSE COSME CUBIDES RODRIGUEZ, como apoderado del Señor PEDRO CAMACHO, representante legal de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander "ASOPENDER", interpone recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. TESS-0162 del Dieciséis (16) de Febrero de 2007, dentro de los términos establecidos en el artículo 51 del C. C. A. y s.s. (Folios 49 a 69).
Que el día Veintisiete (27) de Marzo de 2007, el Doctor TEOFILO ALFONSO MONROY, como apoderado del Señor PEDRO CAMACHO interpone recurso de apelación contra las Resoluciones 0162 del 16 de Febrero de 2007 y 0289 del 21 de Marzo de 2007. (Folios 104 a 132)
ll. DEL RECURSO
El recurrente, discrepa de la decisión del sentenciador de primera instancia, señalando que no se conocieron algunos eventos irregulares a saber:
Manifiesta inicialmente que el Señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA convocó a los delegados nuevos a Asamblea General de Delegados para elección de nueva Junta Directiva, sin tener facultades para hacerlo siendo que estaba impedido por que se había iniciado un proceso disciplinario en su contra, se anexa prueba. Afirma que en la reunión de Junta Directiva de ASOPENDER, el 30 de enero de 2007, se excluyo al revisor fiscal y por tanto la misma no tenía facultades para convocar. Considera que la elección de delegados esta viciada de nulidad y es fraudulenta, toda vez que aparecen socios incluidos en la votación, sin haber sufragado materialmente. Además infiere una presunta violación de estatutos.
III. DE LA DECISION DEL A-QUO
Confirma la Resolución No. TESS. 0162 del 16 de Febrero de 2007 que registra la Junta Directiva de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander, al considerar que la elección de la junta directiva se ajusto a los estatutos y a la ley.
Con fundamento en lo anterior, el Despacho procede a realizar las siguientes,
IV. CONSIDERACIONES
Es procedente para el despacho, el estudio del recurso propuesto por el Doctor JOSE COSME CUBIDES RODRGUEZ, como apoderado del Señor PEDRO CAMACHO, representante legal de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander "ASOPENDER", contra la Resolución No. T ESS0162 del Dieciséis (16) de Febrero de 2007, como dispone los Artículos 50 a 53 del Código Contencioso Administrativo, y entra el despacho a pronunciarse sobre estos.
Respecto a la interposición del recurso de apelación interpuesto por el Doctor TEOFILO ALFONSO MONROY, recibido en la DIRECCION TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL DE SANTANDER, el veintisiete (27) de Marzo de 2007, sobre la Resolución 0162 del 16 de Febrero de 2007 y 0269 del 21 de Marzo de 20071 no se tendrá en cuenta en esta instancia por las siguientes razones,
La Resolución TESS-0162 del 16 de febrero de 2007, expedida por la COORDINACIÓN GRUPO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL DE SANTANDER, decidió registrar la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEPARTAMENTALES DE SANTANDER "ASOPENDER", que sobre ella procedían los recursos de reposición y apelación ante el inmediato superior Directora Territorial de Santander, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación.
Que la notificación se surtió personalmente al Señor PEDRO CAMACHO, en su condición de representante legal de ASOPENDER, el día 20 de Febrero de 2007. A partir de ese momento se contaba con cinco días para la presentación de los r respectivos, es decir, era viable presentarlos hasta el día 27 de Febrero 2007. Que el Doctor JOSE COSME CUBIDES RODRIGUEZ, como apoderado Señor PEDRO CAMACHO, presento los recursos de ley dentro del término indicado, el día 23 de Febrero de 2007, dentro del término legal, motivo por el cual se analizaran sus razones de inconformidad.
Posteriormente el día 27 de Marzo de 2007, el Doctor TEOFILO ALFONSO MONROY, como apoderado del Señor PEDRO CAMACHO, interpone nuevamente recurso de apelación contra la Resolución 0162 del 16 de Febrero de 2007, momento en el cual ya no es viable la presentación del recurso, por vencimiento del término legal. Pero igualmente interpone recurso de apelación contra la Resolución 0289 del 21 de Marzo de 2007, resolución que decidió el recurso de reposición, solo la cual tampoco es viable recurso alguno, motivo por lo cual este despacho no tendrá en cuenta las consideraciones expuestas por el recurrente en este escrito.
Ahora bien, el Ministerio de la Protección Social, teniendo en cuenta lo regulado por el Art. 7 del Decreto 1654 de 1985, reglamentario de la Ley 43 del 12 de Diciembre de 1984, concordante con las Resoluciones 03758 de 1985, 02795 y 02796 del 30 de Julio de 1986, presentada la documentación requerida para registrar las Juntas Directivas de las Asociaciones de Pensionados, puede ordenar el registro cuando se advierta que la elección se hizo de acuerdo a la ley y a los estatutos y negarla en caso contrario.
Debe tenerse en cuenta que los estatutos de las organizaciones de pensionados, son las normas básicas que rigen la vida de los mismos y éstos son los que deben determinar las reglas que vinculan a los asociados, su organización, sus obligaciones, sus derechos, su gobierno. la elección del mismo, la utilización de su patrimonio, sus sanciones, su disolución y liquidación, entre otros.
Por tal razón toda actuación de la organización debe ajustarse a lineamientos generales que el legislador ha un impuesto y que deben ser tomados por las organizaciones de pensionados con el fin de salvaguardar el derecho al debido proceso en sus actuaciones,(sic) en defensa del derecho de asociación.
Son varios los puntos que se debaten por el recurrente; el primero de ellos referido a que el Señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA, convocó a los delegados a Asamblea General de Delegados para elección de nueva Junta Directiva, sin tener facultades para hacerlo, siendo que estaba impedido por que se había iniciado un proceso disciplinario en su contra.
Al respecto, el despacho observa en los Art. 14, 25 literal a), y 28 literal d) de los estatutos el procedimiento para la elección de Delegados y las atribuciones y deberes del presidente y revisor fiscal de la Junta Directiva Departamental, que establecen respectivamente: (…)
Vale la pena precisar que en los artículos referidos textualmente se lee que la Junta Directiva Departamental convocará a elección de delegados, situación que se verifico dentro del expediente al folio 39 y 86, mediante copia de la Resolución No. 003 de 2006 por la cual se convoca a inscripción de planchas para la elección de delegados, expedida por la Junta Directiva de la Asociación de pensionados departamentales de Santander, de igual forma posteriormente se debió proceder a convocar la asamblea general dentro del plazo establecido, si se analiza el art. 25 de los estatutos el presidente de la Junta Directiva Departamental no tiene la facultad expresa para hacerlo, puede convocar a la Junta Directiva a sesiones ordinarias y extraordinarias, pero no a la asamblea, es decir existe un vacío estatutario respecto a si el presidente tiene esta potestad. Contrario ocurre respecto a las facultades del Revisor Fiscal en las cuales se establece como una de sus funciones convocar a la Asamblea General de Delegados, de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 literal d) de los estatutos, ahora siendo el Señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA, el revisor fiscal para la época de la convocatoria a la asamblea, a él le correspondía citarla, como bien se observa a los folios 40 a 42, sin que con esto se evidencie alguna irregularidad.
Afirma el recurrente, que el Señor CALDERON PEDRAZA, estaba impedido para realizar la convocatoria por que se había iniciado un proceso disciplinario en su contra. Esta instancia después de analizar los estatutos de la Asociación, no observa que en alguno de sus artículos se limiten, se suspenda o se impida el ejercicio de las funciones de los miembros de la Junta Directiva, por el hecho de haberse iniciado un proceso disciplinario. En los estatutos si se establece en el Art. 23 literal m), lo siguiente:
“Excluir en primera instancia a los asociados que incurran en conductas violatorias de las causales contenidas en el artículo 11 de los presentes estatutos. Previamente será citado mediante comunicación escrita remitida a la dirección registrada en la Asociación: en el evento de no presentarse en la fecha que ha sido convocado o que no desvirtúe los cargos formulados, la exclusión será decretada provisionalmente por la mayoría de los miembros de la junta Directiva Departamental.”
y esta exclusión con lleva la perdida de la calidad de afiliado, Art. 8 Literal c) estatutario, es así como el proceso disciplinario iniciado para la exclusión del Señor CALDERON PEDRAZA, no es óbice para suspender sus funciones, lo sería solo la resolución de exclusión en firme. Teniendo en cuenta que la Resolución 001 de enero 30 de 2007, Folio 55, decidió excluir en primera instancia al Señor JOSE ISRAEL CALDERON PEDRAZA, la misma solo quedó en firme después de su ratificación por parte de la Asamblea General de Delegados en cumplimiento del artículo 1 1 literal c) de los estatutos, el día 20 de Febrero de 2007 mediante Resolución No. 005.
Cabe advertir que la Resolución 001 de enero 30 de 2007, también declaro que a partir de ese momento el Señor CALDERON PEDRAZA, estaría impedido para convocar asambleas o reuniones en nombre de la Junta Directiva ó como revisor fiscal de la asociación, pero se observa en el desarrollo de la convocatoria a la asamblea, que la misma fue citada con anterioridad al 30 de enero, para realizarse el 31 de Enero de 2007, motivo por el cual no se observa irregularidad alguna en la convocatoria por cuanto el revisor fiscal estaba cumpliendo sus funciones y sus actuaciones hasta ese momento eran totalmente válidas.
El recurrente también considera que la elección de delegados esta viciada de nulidad y es fraudulenta, toda vez que aparecen socios incluidos en la votación, sin haber sufragado materialmente. Menciona el caso de los Señores MARIA LUISA ARIZA DE BELTRAN, ROSA EMMA ABRIL DE AMADO, JESÚS ANTONIO SANCHEZ, MARTHA ARGUELLO R, SATRUNINO CAMACHO Y GIL ROBERTO MATEUS. Para el estudio de este punto el recurrente solicita recepcionar el testimonio del Señor GUILLERMO GUIZA SAAVEDRA, Veedor de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander "ASOPENDER", para que deponga sobre la veracidad de los hechos y demuestre que el proceso electoral está viciado por fraude.
Teniendo en cuenta lo anterior, este despacho considera que no es necesario, realizar esta prueba antes de resolver el recurso de alzada, por que ante el presunto fraude este Ministerio no es competente para determinar el mismo, toda vez que se esta frente a una conducta penal que debe dirimirse en la jurisdicción penal; y más aún cuando se observa dentro del expediente documento relativo a el listado de votantes allegado por el Señor PEDRO CAMACHO, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Pensionados de Santander “ASOPENDER", en donde aparecen resaltados los nombres de los socios mencionados, sin ninguna firma que demuestre presunta falsedad sobre la votación, o un presunto error en el conteo. Así las cosas sobre los documentos presentados se presume la buena fe, motivo por el cual esta instancia confirmará la decisión del A-quo de inscribir la Junta Directiva de la Asociación.
Sobre la presunta violación de estatutos, se confirmará lo resuelto en el Recurso de reposición que remitió copia de la providencia a la Coordinación del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control por ser de su competencia.
Por lo anterior, LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE SANTANDER,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Artículo Primero de la Resolución TESS 0289 del 21 de Marzo de 2007, en el sentido de CONFIRMAR la Resolución TESS 0162 del 16 de Febrero de 2007, proferida por la COORDINACION DEL GRUPO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER, por las razones expuestas en el presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR el Artículo Tercero de la Resolución TESS 0289 del 21 de Marzo de 2007, proferida por la COORDINACION DEL GRUPO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER, en el sentido de REMITIR copia de la resolución a la Coordinación del Grupo de Prevención, Vigilancia y Control, respecto de la presunta violación de por las razones expuestas en el presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO NOTIFICAR a las partes jurídicamente interesadas, el contenido de la presente resolución conforme a lo dispuesto en el artículo 44 y s.s del Código Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la presente no procede ningún recurso y queda agotada la vía gubernativa y solo procede las acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Se expide en Bucaramanga, a los 30 MAR2007 (…) NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE […]” (sic)
1.1.2. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación.
El actor considera que, con la expedición de los actos acusados, se vulneró la Constitución Política en sus artículos 1, 4, 13 y 29, así como el artículo 7 del Decreto 1654 de 1984, reglamentario de la Ley 43 de 1984; las resoluciones nro. 03758 de 1985, 02795 y 02796 del 30 de julio de 1986, así como el artículo 50 del Decreto 01 de 1984, artículos 6, 68, 69, 70, 175 y 251 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 13, 14, 25, Literal A, 28 Literal D (sic), de los Estatutos de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander, por razones que se concretan en los siguientes motivos de censura:
Argumentó que la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (hoy MINISTERIO DEL TRABAJO) desconoció los artículos 1, 4 y 13 constitucionales porque el actor ha sido discriminado respecto a un juicio justo, al no tenerse en cuenta las pruebas solicitadas en el proceso de impugnación, durante el registro de la junta directiva (vía gubernativa); al debido proceso contenido en el artículo 29 superior, al no tener en cuenta las pruebas documentales ni los testimonios solicitados, vulnerándose el derecho de defensa.
Señala que el artículo 12 de los Estatutos establece los órganos de dirección de la entidad y el señor ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA convocó a los delegados nuevos a la Asamblea General, sin tener facultades para ello, por haber sido excluido de ASOPENDER, notificado de ello mediante Oficio 009 del 30 de agosto de 2007 y considerando que contra él había un proceso disciplinario.
Que la conformación de la nueva Junta no cumplió con la votación necesaria, pues el artículo 13 literal b) de los Estatutos señala que de mil a dos mil socios se necesitan 25 votos para elegir un delegado y con la votación que salió escasamente saldrían 8, con lo que no se alcanzó ni a formar la junta directiva.
Que la elección de delegados está viciada de nulidad porque en la votación aparecieron socios incluidos, sin haber sufragado materialmente.
Con el proceder de la demandada se han violado disposiciones contentivas en el Código de Procedimiento Civil, como el artículo 69, referido a los efectos en lo que se entiende conferido el poder para litigar, y el artículo 175, relativo a la declaración de parte como medio de prueba. Así como el Código Contencioso Administrativo, en su libro primero, que establece los principios con los que deberán actuar las autoridades, como el de imparcialidad, el que no se respetó, al no aceptar practicar las pruebas solicitadas en su oportunidad en el recurso interpuesto.
Mediante Auto del 21 de enero de 2008, el consejero sustanciador admite la demanda de nulidad, reconoce personería al actor y su apoderado, dispone tener como parte demandada a la Nación-Ministerio de Protección Social y como tercero con interés directo en las resultas del proceso a la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander “ASOPENDER” .
1.2. La contestación de la demanda
El Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo) contestó la demanda en oportunidad, indicando lo siguiente:
Con la Resolución TESS nro. 062 de 2007 se decidió registrar la Junta Directiva de ASOPENDER, decisión contra la cual se interpusieron recursos de ley en lo relativo a la solicitud de recepción de prueba testimonial, la cual fue desestimada al considerarla innecesaria por tratarse de presuntos hechos delictivos competencia de la jurisdicción penal; fueron considerados los documentos aportados por el interesado, con lo que se garantizó el debido proceso;
Señaló que en el trámite de designación de la Junta se observó el contenido de la Resolución nro. 003 de 2006, por la que se convocaba a inscripción de planchas para elección de delegados, y el acta de escrutinio de la votación, en la cual se designaban los delegados;
Precisó que el revisor fiscal tenía la facultad de convocar la Junta Directiva o la Asamblea General, según el artículo 28 literal d) de los estatutos, en desarrollo del artículo 14 de los estatutos y el procedimiento para la elección de delegados;
Respecto a la ausencia de facultades para convocar la Asamblea General, por estar el señor Israel Calderón Pedraza impedido y en curso un proceso disciplinario en su contra, indica que, revisada la Resolución nro. 001 de 2007, mediante la cual se excluye en primera instancia a dicha persona, no se observó prueba de los cargos formulados, ni citación a descargos, ni de las mayorías necesarias para adoptar dicha decisión, y deduce que la comunicación en su contra se hizo posterior a la realización de la 24ª Asamblea General de Delegados que tuvo lugar el día 31 de enero de 2007, por lo que al momento de efectuarse la convocatoria estaba facultado;
Los documentos aportados para la inscripción de la nueva junta directiva gozan de presunción de buena fe que no fue desvirtuada, lo que permitió confirmar en vía gubernativa el acto impugnado.
En esta instancia judicial, mediante Auto del 27 de agosto de 2009 se abre a pruebas el proceso, disponiéndose la práctica de pruebas testimoniales solicitadas que serán practicadas mediante despachos comisorios y aceptado el desistimiento de dos (2) de ellos, previa información allegada del fallecimiento del actor .
1.3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.
1.3.1. Mediante auto del 13 de junio de 2013, se dispone correr traslado a las partes para alegar de conclusión, las cuales guardaron silencio.
1.3.2. El Ministerio Público, en su concepto, luego de hacer un recuento del proceso, indicó que con los actos demandados no se está desconociendo el derecho de defensa ni el debido proceso, en la medida que la decisión se adoptó con las pruebas que se consideraron suficientes, e hizo pronunciamiento respecto a las inconformidades del actor al desatar los recursos, pruebas que además fueron practicadas en instancia judicial.
En relación con los testigos y la ausencia de formalidades para la conformación de la junta directiva que se inscribió, señala que “…si bien aparecen los nombres de los socios mencionados, no hay firma que demuestre la presunta falsedad en la votación…”, lo que se ratifica con las declaraciones recibidas en el curso del proceso, las cuales no son concluyentes para colegir que se incurrió en un fraude electoral, como quiera que no se proporcionan elementos claros de juicio que permitan confrontar dicha situación con la presunta suplantación alegada, como bien lo constató el Ministerio.
1.3.3. Para un mejor proveer, mediante auto de 10 de septiembre de 2018, se dispuso oficiar al Ministerio del Trabajo a fin de que remitiera copia completa y legible de la Resolución nro. 02796 del 30 de julio de 1986 .
En cumplimiento de lo ordenado en auto anterior, la entidad requerida informó que “una vez finalizada la búsqueda y verificación de los archivos en custodia del Grupo de Administración Documental del Ministerio de Trabajo correspondientes a (sic) al fondo de resoluciones del año 1986, No se evidenció la resolución bajo el número 02796 del 30 de julio de 1986…”, sin perjuicio de lo anterior, se procederá a adoptar la respectiva decisión como en derecho corresponda.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia- Ley 270 del 7 de marzo de 1996 , 84 y 149.1 del Código Contencioso Administrativo- Decreto 01 del 2 de enero de 1984, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, expedido por la Sala Plena de la Corporación, esta Sección es competente para conocer en única instancia de la presente demanda.
2.2. Cuestión previa.
Por auto del 11 de noviembre de 2016 el Despacho sustanciador aceptó el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 12 del artículo 150 del C.P.C., en cuanto que emitió concepto de fondo en el presente asunto en su calidad de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. En consecuencia, fue separado del conocimiento y decisión de este proceso.
2.3. Definición y análisis de los hechos relevantes.
2.3.1. Es un hecho no discutido que la Dirección Territorial Santander del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo), expidió las Resoluciones TESS nro. 0162 de 2007, TESS nro. 0289 de 2007 y nro. A-0369 de 2007, por medio de las cuales dispuso registrar la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEPARTAMENTALES DE SANTANDER “ASOPENDER”, elegida en Asamblea General de Delegados, realizada el 31 de enero de 2007, y desató los recursos que contra ello interpuso el hoy actor.
2.3.2. Son otros hechos no discutidos en el proceso, que:
El trámite de elección de la Junta Directiva de ASOPENDER fue establecido en la Resolución nro. 003 de junio 14 de 2006, proferida por la Junta Directiva de la Asociación de Pensionados de Santander ASOPENDER, por la cual se convoca a inscripción de planchas para la elección de Delegados y se reglamenta la misma.
En el período del primero (1º) de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2006 se dispuso efectuar la votación, en los diferentes municipios del departamento; habiéndose designado el día 6 de diciembre de 2006 para realizar el escrutinio de la votación.
La Resolución nro. 003 del 14 de junio de 2006 estableció que, para el 31 de mayo de 2006, la Asociación tenía mil seiscientos veintidós (1622) socios y el número de delegados a elegir es de cincuenta y cuatro (54) “…que saldrán del mayor número de votos del total que haya a la fecha del escrutinio, más los 10 miembros de la Junta Directiva para un total de 64 Delegados…”;
El Listado General de Socios de ASOPENDER, aportado al momento de la inscripción de la junta directiva ante el Ministerio de Protección social, establece que existen 1736 afiliados;
Participaron en el proceso electoral 249 socios votantes, según se observa en el Acta de Escrutinio de la Votación para Elección de Delegados de ASOPENDER, y
En la verificación del quórum durante el desarrollo del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander ASOPENDER, contestaron a lista 43 delegados de los 64 que fueron elegidos, según consta en Acta número 24 de dicha Asamblea General.
2.3.3. Es un hecho discutido parcialmente que el señor ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA convocó para el día 31 de enero de 2007 a la Asamblea General de Delegados para la elección de nueva junta directiva. Sobre este punto, se controvierte la calidad de revisor fiscal activo y las facultades que éste tenía para efectuar la convocatoria.
2.3.4. Es un hecho discutido que la entidad demandada dejó de practicar en vía gubernativa las pruebas solicitadas por el actor; éstas corresponden a las siguientes documentales: Oficio nro. 007/2007, Oficio No, 009/2007, Resolución nro. 001 del 30 de enero de 2.007, Oficio de enero 29 de 2.007, Oficios del 27 de enero del 2007 (3), Oficio de enero 25 de 2.007, Oficio de enero de 2.007, Acta de Escrutinio de la votación para Elección de Delegados de ASOPENDER, Oficio nro. TESS 561 del 19 de diciembre de 2006, Oficio NO. TESS 0560 del 19 de diciembre de 2006, Oficio del 12 de diciembre de 2006; también solicitó el testimonio del señor GUILLERMO GUIZA SAAVEDRA, Veedor de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander "ASOPENDER", para que deponga sobre la veracidad de los hechos de este recurso y demuestre que el Proceso Electoral está viciado por fraude.
Vistas las pruebas documentales aportadas se tiene que las mismas hacen referencia al trámite de exclusión, en primera instancia, del señor ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA como directivo de la asociación; así como las manifestaciones de los señores MARÍA LUISA ARIZA DE BELTRÁN, ROSA EMA ABRIL DE AMADO, JESÚS ANTONIO SÁNCHEZ, MARTHA ARGUELLO, SATURNINO CAMACHO quienes relatan aparentes irregularidades en el proceso de elección de delegados.
En sede judicial, durante la etapa probatoria se practicaron las declaraciones de los señores Roberto Mateus, Emma Abril de Amado y Saturnino Camacho, quienes manifiestan no haber sufragado en los municipios de Vélez y Charalá; y de los señores Jesús Antonio Sánchez y María Martha Arguello Rodríguez, quienes dijeron desconocer el proceso de elección de delegados departamentales de ASOPENDER.
En relación con la testimonial de GUILLERMO GUIZA SAAVEDRA, está determinado como hecho cierto, que no se practicó en sede administrativa; sin embargo, se dijo en la Resolución A 0369 de 2007, que la misma no era necesaria para resolver, por tratarse de asuntos penales propios de la justicia penal.
En virtud de lo anterior, se observa en los actos acusados que las pruebas solicitadas fueron objeto de pronunciamiento por la Dirección Territorial Santander del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo), tanto en lo relativo a la exclusión del señor ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA, como en el rechazo de la testimonial y no valoración de las documentales aportadas.
Anota la Sala que, como hecho probado, las pruebas solicitadas por el actor fueron desestimadas por la parte demandada en sede administrativa; sobre la necesidad de la misma y su valoración será objeto de análisis más adelante, por ser un problema de derecho, en referencia a los cargos invocados y el concepto de la violación elevados en la demanda.
2.3.5. Discute el actor, en el mismo sentido, que en la votación aparecieron socios incluidos sin haber sufragado materialmente, para lo cual aportó y practicaron en esta instancia judicial las documentales referenciadas en el punto anterior; sin embargo, no precisó su dicho ni existe claridad respecto a cuál votación hace referencia.
Ahora bien, siendo aportados los antecedentes administrativos, se tiene que, conforme al proceso de elección de delegados y lo establecido en la Resolución nro. 003 de 2006 de fecha junio 14 de 2006, proferida por la Junta Directiva de la Asociación de Pensionados de Santander ASOPENDER, por la cual se convoca a inscripción de planchas para la elección de Delegados y se reglamenta la misma, la conformación de la Junta Directiva de ASOPENDER tuvo dos momentos; el primero, la elección de delegados por parte de los afiliados, que se concretó en el escrutinio realizado el día 6 de diciembre de 2006 y, una vez elegidos éstos, la conformación de la nueva Junta Directiva Departamental, previa convocatoria de la Asamblea General de Delegados.
Para la Sala es un hecho probado dentro del proceso y no es objeto de contradicción que, el día 11 de noviembre de 2006, los señores Roberto Mateus, Emma Abril de Amado, Saturnino Camacho Jesús Antonio Sánchez y María Martha Arguello Rodríguez, no sufragaron en el proceso de elección de Delegados Departamentales, para la Asociación de Pensionados ASOPEDER, como se desprende de la prueba practicada en esta instancia judicial; así como tampoco aparecen como delegados electores de la nueva Junta Directiva, realizada el 31 de enero de 2007.
2.4. Los cargos formulados.
Aunque el actor no enumera de manera expresa las causales de nulidad por las que acusa los actos demandados, no menos cierto es que, al desarrollar el concepto de la violación y de los hechos de la demanda, se entiende de manera clara que los confronta con normas de rango superior configurándose la causal de infracción a las normas en que deberían fundarse.
2.5. Las normas objeto de control contencioso administrativo.
2.5.1. Ámbito general de aplicación de las normas demandadas.
Ha referido el Consejo de Estado frente al derecho de asociación y las asociaciones de pensionados que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), aprobada por la Ley 16 de 1972, contempla el derecho de todas las personas de asociarse libremente y que tal derecho únicamente puede estar sujeto a las restricciones que imponga la ley y necesarias en una sociedad democrática (art. 16).
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 38, consagra el derecho de libre asociación, y el 39 superior, establece que la estructura interna se sujetará al orden legal y los principios democráticos, en el marco de una democracia participativa como fin del Estado. Según la Corte Constitucional, es un claro derecho de libertad, fundado en la voluntariedad y la autodeterminación que ampara la acción concertada de varias personas que persiguen objetivos comunes y su estructura presenta dos dimensiones; una positiva, reflejada en el derecho de asociarse libremente, y otra negativa, que se proyecta en el derecho a no ser obligado directa o indirectamente a pertenecer a una asociación determinada (sentencia C-978-10).
Destaca que la regulación de las asociaciones de pensionados está contenida en la Ley 43 de 1984, “Por la cual se clasifican las organizaciones de pensionados por servicios prestados en el sector privado y en todos los órdenes del poder público y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 1654 de 1985, “Por el cual se reglamenta la Ley 43 de 1984”. Así mismo, en las resoluciones número 2795 y 2796 de 1986, expedidas por el entonces Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
2.5.2. Los actos objeto de control contencioso administrativo, según la jurisprudencia.
Con el fin de abordar este punto con suficiencia, la Sala se permite recordar los criterios de procedencia del control contencioso administrativo respecto a los actos de registro e inscripción de juntas directivas, en el sentido de precisar que el mismo recae únicamente sobre la manifestación de voluntad de la administración; esto es, frente al acto administrativo definitivo que crea, modifica o extingue una situación jurídica y no en relación con las decisiones tomadas por las asambleas de accionistas, juntas directivas o de socios en sociedades civiles o comerciales, así como tampoco respecto a los vicios o inconsistencias que pueda tener en el proceso de formación de dichas decisiones, ni en relación con sus estatutos o su interpretación, pues ello corresponde a otra jurisdicción.
Así, ha sostenido la Sección Primera de esta Corporación en sentencia de 30 de enero de 2004, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, lo siguiente:
“[…] la recurrente sostiene que la Asamblea Extraordinaria realizada el 27 de septiembre de 1996 no cumplió con los requisitos estatutarios señalados para tal fin, tales como la forma de hacer la convocatoria, el quórum con el que se deliberó, etc., aspectos que son extrínsecos a los actos administrativos acusados, y los cuales son del resorte de la justicia ordinaria, conforme a los artículos 408 y 421 del C. de P.C., que establecen que se tramitará y decidirá en proceso abreviado la impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas y de juntas directivas o de socios, de sociedades civiles o comerciales, cuando con ellos se contravenga la ley o los estatutos sociales, ya que de acuerdo con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos son nulos cuando infrinjan las normas en que deberían fundarse, cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió, causal ninguna que fue demostrada por la parte actora […]” .
En el mismo sentido, corresponderá a la autoridad administrativa hacer la respectiva inscripción de la junta directiva de la asociación de pensionados que se le ha sometido a consideración para su inscripción y registro; la cual no es una actividad mecánica y despojada de análisis jurídico, pues es claro que, de conformidad con las normas que regulan la materia, en particular, la Resolución nro. 2795 de 1985, expedida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio del Trabajo), hay lugar a una calificación jurídica del acto que se pretende inscribir y es igualmente viable también denegar su registro; esto es, haciendo un determinado control de legalidad sobre dichos actos, dados los efectos que tiene en relación con el principio de publicidad orientado al normal tráfico jurídico que se derive hacia la sociedad. Decisión que además está sujeta a los recursos que establezca la ley en sede administrativa y sometida al control jurisdiccional de lo contencioso administrativo.
En relación con el control de legalidad que se ejerce por parte de la autoridad administrativa, para la inscripción de juntas directivas de asociaciones, esta Corporación ha señalado que:
“[…] En este aspecto es claro como lo ha señalado el Ministerio del Trabajo (hoy Protección Social) en diversos conceptos, que las asociaciones de pensionados se encuentran reguladas las disposiciones contenidas en la Ley 43 de 1984, el Decreto 1654 de 1985, y la Resolución 2795 de 1986.
Dentro del texto de la normatividad citada, se determina que dichas asociaciones constituyen una manifestación clara del derecho de asociación consagrado en la Constitución Política y su reconocimiento lo efectuará el Ministerio de Trabajo, ahora de Protección Social, mediante el otorgamiento de personería jurídica y la consecuente aprobación de sus estatutos, de conformidad a lo establecido en artículo 4° de la citada Ley 43, así: …
En concordancia, el artículo 1° de la Resolución No 02795 del 30 de julio de 1986, establece:… ¨Cualquier cambio total o parcial en las junta directiva o comité ejecutivo de una agremiación de pensionados de primero, segundo o tercer grado, deberá ser comunicada por escrito para su registro por el secretario de la agremiación, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes, a la Sección Legal de la División de Estudios y Control de la Seguridad Social o a la División Departamental de Trabajo y Seguridad Social de su domicilio ( hoy Direcciones Territoriales)¨.
Las presentes normas le otorgan competencia al Ministerio para reconocer la personería jurídica de las asociaciones de pensionados de primer, segundo y tercer grado, aprobar sus estatutos y reformas, e inscribir sus juntas directivas.
Por tener las asociaciones de pensionados el derecho para redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes y determinar el número de ellos, el de organizar su administración y sus actividades, la misma legislación determinó que eventos como la aprobación de los estatutos y la elección de miembros de Junta Directiva, son facultades de la asamblea general de la organización de pensionados (artículo 4 del Decreto 1654 de 1985), por ende, al ser la propia organización la que establece sus estatutos, es la llamada a fijar su alcance e interpretación, cuando sea necesario y a ella deberán remitirse.
Sin embargo es claro para la Sala que la elección de la junta Directiva de –ASBOYPEN- además de estar sujeta al cumplimiento de sus estatutos debió someterse al régimen legal, En ese sentido, revisada la legislación que regula lo relacionado con las organizaciones de este tipo, no aparece norma expresa que regule la inscripción de las Juntas Directivas de las Asociaciones de pensionados, razón por la cual, según los conceptos jurídicos emitidos por el Ministerio del Trabajo (hoy de la Protección Social), se debe aplicar por analogía el procedimiento para la inscripción en el registro de las directivas sindicales y lo establecido tanto en la Carta Política como en el Código Sustantivo del Trabajo.
En efecto, el concepto señalado expresó que por un lado debe darse aplicación a lo establecido en el Decreto 1194 de 1994, que en su artículo 4º dispone: ¨Constituye causal para negar la inscripción de las juntas directivas de las organizaciones sindicales, el que la elección sea contraria a la Constitución Política, a la ley o a los estatutos, o que producido el auto de objeciones no se de cumplimiento a lo que en él se dispone¨.
Por otro lado, para garantizar el derecho de asociación consagrado en el artículo 39 de la Carta Política, debe sujetarse la elección de las Juntas Directivas de las asociaciones de pensionados al cumplimiento del orden legal y a los principios democráticos, dentro de los cuales se encuentra el respeto a las mayorías como sustento de la democracia participativa. En ese sentido es claro que la norma general reguladora del quórum de la Asamblea General no es la establecida en los Estatutos, pues esta no es acorde a los límites establecidos en el ordenamiento legal y el principio democrático de respeto a las mayorías. Siendo la norma reguladora la establecida en el artículo 386 del Código Sustantivo del Trabajo el cual dispone:… ¨Ninguna asamblea general puede actuar válidamente sin el quórum estatutario, que no será inferior a la mitad más uno de los afiliados; además, solamente se computarán los votos de los socios presentes¨ ” .
De lo anterior ha de concluirse que, en desarrollo del derecho de libre asociación, serán los asociados quienes establezcan a través de sus estatutos los parámetros e interpretaciones que han de guiarlos en el desarrollo de su objeto social; mientras que corresponderá a la autoridad administrativa verificar que se haya respetado el procedimiento de elección y el cumplimiento de los estatutos, así como los límites consagrados en el ordenamiento legal y el principio democrático de mayorías, a fin de proceder a la inscripción o registro de sus juntas directivas, con los efectos de publicidad que tienen tales actos ante la sociedad, aspecto sobre el cual recae el control contencioso administrativo.
En armonía con lo anterior, señala la Sala que los cargos formulados contra las resoluciones demandadas deberán ser examinados en este ámbito de competencia y jurisdicción, toda vez que los debates relacionados con la impugnación de los actos de asambleas, juntas directivas o de socios, o las controversias que se presenten entre los particulares y sus respectivas indemnizaciones o perjuicios, son objeto de control por parte de la jurisdicción ordinaria.
2.5.3. Las normas que se consideran vulneradas.
Por considerarlo estrictamente necesario y para una mayor claridad, la Sala se permite transcribir las normas legales y reglamentarias que considera vulneradas el actor.
“[…] LEY 43 DE 1984
(diciembre 12)
por la cual se clasifican las organizaciones de pensionados por servicios prestados en el sector privado y en todos los órdenes del Poder Público y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Las organizaciones gremiales de pensionados por jubilación, invalidez, vejez, retiro por vejez y similares, inclusive las por sustitución de las mismas, constituidas en virtud de lo preceptuado en el artículo 44 de la Constitución Nacional, se clasificarán así:
a) Son de primer grado las integradas por personas naturales;
b) Son de segundo grado las entidades jurídicas o federaciones formadas por asociaciones de primer grado; y,
c) Son de tercer grado o Confederaciones las constituidas por federaciones o entidades de segundo grado y por asociaciones de primer grado. Las confederaciones, federaciones y asociaciones de primer grado deben ser personas jurídicas gremiales legalmente reconocidas por el Gobierno.
Artículo 2°. A partir de la vigencia de la presente Ley, se exigirá para el reconocimiento de personería Jurídica del gremio pensional, que la entidad o asociación de primer grado esté integrada por lo menos por 30 socios; las de 2º. grado o federaciones por un mínimo de 15 organizaciones de primer grado y las organizaciones de tercer grado estarán integradas por 35 organizaciones de primer o segundo grado.
Artículo 3°. Las entidades de pensionados con personería jurídica quedan sujetas a la inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo.
Artículo 4°. Dentro de la vigencia de la presente Ley, la personería jurídica de las organizaciones de pensionados, cualquiera que sea su grado según la clasificación establecida por los artículos anteriores, sólo puede ser reconocida por el Ministerio de Trabajo, mediante el lleno de los requisitos fijados al grado de que se trate, y previa aprobación de los respectivos estatutos. Dicho Ministerio queda también facultado para aprobar reformas estatutarias, como para revisar y cancelar la personería, cuando a ello hubiere lugar.
Parágrafo. Las organizaciones de pensionados reconocidas de acuerdo a las normas vigentes, continuarán funcionando. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, previa investigación adelantada de oficio o a solicitud de parte, precederá a cancelar la personería jurídica y decretar su liquidación, en los siguientes casos:
a) Cuando se compruebe que los datos en que se fundamentó la solicitud son fraudulentos;
b) Cuando aparezcan con denominaciones que no corresponda a la clasificación establecida por la ley;
c) Cuando carezca de existencia real o se demuestre falta de funcionamiento por término mayor de tres meses; y,
d) Cuando haya incurrido en causal estatutaria para su disolución.
Artículo 5°. A los pensionados a que se refiere la presente Ley, no podrá descontársele de su mensualidad adicional de diciembre la cuota del 5% que trata el ordinal 3º. del artículo 90 del Decreto 1848 de 1969; tampoco podrá hacerse descuento alguno sobre dicha mensualidad adicional. Las mensualidades que devengan los pensionados a que se refiere la presente Ley tendrán las exenciones tributarias de ley.
Artículo 6°. La presente Ley tendrá vigencia a partir de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias […]”.
“[…] DECRETO 1654 DE 1985
(junio 14)
Por el cual se reglamenta la Ley 43 de 1984
Artículo 7º El registro de las asociaciones de pensionados de primero, segundo y tercer grados, estará a cargo de la Sección Legal de la División de Estudio y Control de la Seguridad Social. Igualmente registrará los cambios totales o parciales de las juntas directivas […]”
En relación con las resoluciones nro. 03758 de 1985, 02795 y 02796 del 30 de julio de 1986, ha de señalarse que la primera fue derogada expresamente por la Resolución nro. 02795 de 1986 y la tercera no fue aportada ni obra en el expediente; asunto frente a lo cual ha de tenerse en cuenta que si bien se trata de una norma nacional, no menos cierto resulta que ante la inexistencia en los archivos de la entidad a la que se le requirió, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 177 del Código General del Proceso, que establece que tratándose de resoluciones de las autoridades administrativas, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente, por lo que, al no estar dicha norma aportada ni publicada en los términos de ley, en el presente caso no resulta posible su confrontación con los actos acusados.
Las demás normas invocadas son del siguiente tenor:
“[…] RESOLUCIÓN No. 2795 de 1986
(30 de julio)
Por la cual se señalan procedimientos para el control de las agremiaciones de pensionados y se deroga la Resolución No. 3758 de 1985
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las que le confieren la ley 43 de 1984 y el decreto 1654 de 1985.
RESUELVE
Artículo 1º.- Cualquier cambio total o parcial en la junta directiva o
comité ejecutivo de una agremiación de pensionados de primero, segundo o tercer grado, deberá ser comunicado por escrito para su registro por el secretario de la agremiación a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes, a la Sección Legal de la División de Estudio y Control de la Seguridad Social o la División Departamental de Trabajo y Seguridad Social de su domicilio.
Artículo 2º.- La comunicación a que se refiere el artículo anterior deberá acompañarse de los siguientes documentos:
Solicitud de registro de la nueva junta directiva, suscrita por el presidente y secretario de agremiación.
Copia del acta de la asamblea general o congreso, en la cual conste la elección total o parcial de los directivos, con sujeción a las normas estatutarias.
c) Nómina de la junta directiva en la que se exprese el número de la cédula de ciudadanía, firma autógrafa y cargo de los directivos.
d) Lista total de los afiliados a la agremiación, firmada por el Secretario de la misma.
e) Lista total de los afiliados asistentes a la reunión de asamblea general o congreso firmada por el secretario la agremiación.
Artículo 3º.- Recibida la documentación de que trata el artículo anterior, la Sección Legal de la División de Estudio y Control de la Seguridad Social, o la División Departamental de Trabajo y Seguridad Social del domicilio de la agremiación, procederá a registrar o a denegar el registro de junta directiva mediante auto que se notificará a los interesados y contra el cual proceden los recursos establecidos en la ley.
(…)
Artículo 11º.- La disolución de las agremiaciones de pensionados ocurrirá cuando se presente en los siguientes casos:
Por cancelación de la personería jurídica proferida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por las causas expresadas en los Estatutos de cada agremiación.
(…)
Artículo 14º.- Esta Resolución deroga la Resolución No. 3758 de octubre 30 de 1985 y rige a partir de la fecha de su expedición […]”
“[…] ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEPARTAMENTALES DE SANTANDER “ASOPENDER”
ARTICUL0 13 °. La Asamblea General de Delegados, es la máxima autoridad de la asociación y estará constituida por los delegados, que en ningún caso será inferior a la mitad más uno, para lo cual solamente se computarán los votos de los delegados presentes y habrá Quórum con la mitad de los delegados presentes. Teniendo en cuenta que la asociación tiene radio de acción Departamental y sus afiliados superan el número de quinientos (500), la elección de delegados será en la siguiente proporción:
a). De 500 a 1.000 socios; un (1) delegado por cada 30 socios
b). De 1.001 a 2.000 socios; un (1) delegado por cada 25 socios
c). De 2.001 a 5.000 socios; un (1) delegado por cada 100 socios
d). De 5.001 socios en adelante (1) delegado más por cada 150 socios
Los miembros de la Junta Directiva tienen por derecho propio a voz y voto en la Asamblea de Delegados. De igual manera ningún directivo podrá encabezar ni hacer parte en más de una plancha.
ARTICUL0 14 °. Procedimiento para elección de delegados:
La Junta Directiva Departamental convocará a elección de Delegados a objeto que los afiliados elijan los Delegados que los representaran en un periodo de cuatro (4) años. Conocidos los delegados elegidos, la Junta Directiva Departamental, procederá a convocar la Asamblea General de los mismos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.
Para la elección de Delegados la Junta Directiva Departamental de la Asociación, emanará un plan de convocatoria y reglamentación en el cual consignará el sistema para la escogencia de los Delegados en la proporción señalada anteriormente.
De todo lo anterior se informará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la Sección de Control de Instituciones con copia para la Sección Legal de la División de Estudio y Control de la Seguridad Social y a la Coordinación del Grupo de Trabajo, empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social del respectivo domicilio.
PARÁGRAFO PRIMERO Se podrá convocar a Asamblea con el diez por ciento (10%) de los delegados asistentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO transcurrida una hora para la cual fue convocada la asamblea de delegados, la secretaría llamará nuevamente a lista y si comprobare que hay el 15% de los delegados estos constituirán el quórum decisorio y sus actuaciones serán válidas (…).
ARTÍCULO 18º. La Asociación tendrá una Junta directiva compuesta de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, éstos últimos son personales, los cuales deben ser socios en pleno uso de sus derechos, estos serán: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero y Revisor Fiscal, y cinco (5) suplentes. Los suplentes cuando no estén reemplazando a los principales podrán desempeñar alguna secretarías, (sic) tales como: Salud, Bienestar Social, Educación, Organización, etc. Forma quórum la mitad más uno de sus miembros sin excepción, por lo que las decisiones serán tomadas por mayoría de votos.
(…) Parágrafo La elección de la Junta Directiva se hará siempre por votación secreta, en papeleta escrita y aplicando el sistema de cuociente electoral. La junta Directiva una vez instalada procederá a elegir sus dignatarios. En todo caso el cargo de Revisor fiscal de la Asociación corresponderá a la fracción minoritaria de la mayoría (…)
ARTICUL0 25°. Son atribuciones y deberes del Presidente, las siguientes:
a). Convocar a la Junta Directiva a sesiones ordinarias y extraordinarias… (…)
ARTICUL0 28°. Son funciones y obligaciones del Revisor Fiscal, las siguientes:(…)
d). Convocar a la Junta Directiva Departamental o a la Asamblea General de Delegados en los casos previstos por los estatutos previo aviso al Presidente […]”.
“[…] DECRETO 1400 DE 1970
(Agosto 06)
Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 6º Modificado por el art. 2, Ley 794 de 2003 Observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorización expresa de la ley.
Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas.(…)
ARTÍCULO 68. Sustituciones. Podrá sustituirse el poder siempre que la delegación no esté prohibida expresamente. La actuación del sustituto obliga al mandante.
Para sustituir un poder debe procederse de la misma manera que para constituirlo. Sin embargo, el poder conferido por escritura pública, puede sustituirse para un negocio determinado, por medio de memorial.
Quien sustituye un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedará revocada la sustitución.
ARTÍCULO 69. Terminación del poder. Con la presentación en la secretaría del despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquél o la sustitución, salvo cuando el poder fuere para recursos o gestiones determinados dentro del proceso.
El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados.
Igual derecho tiene el heredero o el cónyuge sobreviviente de quien fallezca ejerciendo mandato judicial.
La renuncia no pone término al poder ni a la sustitución, sino cinco días después de notificarse por estado el auto que la admita, y se haga saber al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales, cuando para este lugar exista el servicio, y en su defecto como lo disponen los numerales 1º y 2º del artículo 320.
La muerte del mandante, o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial, si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores.
Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda.
ARTÍCULO 70. Facultades del apoderado. El poder para litigar se entiende conferido para los siguientes efectos:
Solicitar medidas cautelares y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de éste, realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente en proceso separado las condenas impuestas en aquélla.
El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante, siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan.
El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de terceros.
El apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por la ley a la parte misma; tampoco recibir, salvo que el demandante lo haya autorizado de manera expresa. (…)
ARTÍCULO 175. Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio (…)
ARTÍCULO 251. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados.
Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.
Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público […]”.
“[…] DECRETO 01 DE 1984
(enero 02)
Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo
(…)
Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite podrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla […]”.
3. CASO CONCRETO.
De conformidad con lo expuesto en la demanda y su contestación, a la Sala le corresponde determinar si son nulos los actos demandados, por medio de los cuales se dispone registrar la junta directiva de la asociación de pensionados ASOPENDER (Resolución TESS 0162 del 16 de febrero de 2007), y las que confirman dicha decisión en vía gubernativa, por haber sido expedidos con infracción a las normas en que deberían fundarse, citadas por la parte actora.
Los cargos relacionados con el trámite administrativo dado en vía gubernativa a los reparos del hoy actor; lo relacionado con la convocatoria hecha por el revisor fiscal; la verificación del cumplimiento del procedimiento de elección de la Junta Directiva, así como la verificación del Quórum legal y reglamentario se analizarán desde la infracción a las normas en que debería fundarse el acto acusado.
3.1. Del derecho de defensa y debido proceso al no tener en cuenta las pruebas solicitadas en vía gubernativa.
Parte la Sala por señalar que los motivos de inconformidad del actor en este punto son que, durante la vía gubernativa, no se tuvieron en cuenta las pruebas documentales ni testimoniales solicitadas que permitirían la revocatoria de la Resolución TESS nro. 0162 del 16 de febrero de 2007, que registró la Junta Directiva de “ASOPENDER”, por lo que se advierte, no se ataca la decisión definitiva sino su trámite posterior; análisis que resulta procedente en virtud a que fue a partir de la notificación del acto definitivo que interviene el actor.
Considera el actor que con los actos acusados se vulnera la Constitución Política en sus artículos 1, 4, 13 y 29; sin embargo, respecto a las normas de orden constitucional invocadas como infringidas resultan escuetos sus argumentos, los cuales se limitan a indicar, sin expresar las razones de su dicho, que desconoció los artículos 1 y 4 constitucionales porque los actos demandados son violatorios de la Constitución y la Ley.
En el mismo sentido, lo relacionado con el artículo 13 superior, frente al cual se limitó a señalar “…En el caso que nos ocupamos Honorable Juez, mi representado ha sido discriminado, a un juicio justo, al no tenerse en cuenta las pruebas solicitadas dentro del proceso de Impugnación al registro de la junta realizada por la Asamblea General del Delegados de fecha 31 de enero de 2007…”; de lo anterior, no es posible establecer la claridad, la especificidad ni la suficiencia del cargo, frente al derecho a la igualdad, pues no señala en qué sentido ha resultado discriminado con los actos demandados.
Como consecuencia, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto a los argumentos referidos a la violación de las normas constitucionales citadas. En apoyo de lo anterior, esta Sección ha sostenido respecto a la aptitud de la demanda y la suficiencia argumentativa mínima, lo siguiente:
“[…] la formulación correcta de los cargos impone al demandante el deber de satisfacer las exigencias argumentativas, las que en este caso exigen que, cada acusación sea individualizada, y que respecto de cada precepto normativo acusado se efectúe el cotejo o comparación entre la regulación que de esta se consignó en la ley y la que al efecto contempla la disposición… que se acusa por extralimitación. Sin el cumplimiento de estas exigencias argumentativas, los cargos carecen de la concreción necesaria para poder ser examinados.
Siendo la justicia contencioso-administrativa de carácter rogado, es necesario dar aplicación a lo ordenado en el artículo 137, numeral 4 del C.C.A., en el sentido de que no solo el demandante debe indicar las normas que estima infringidas con el acto impugnado, sino que debe explicar el alcance y el sentido de la infracción, o sea, el concepto de la violación.
Así sobre la suficiencia de la causa petendi, ya el Consejo de Estado se ha pronunciado en múltiples oportunidades, y en especial esta Sala ha considerado: (…)
… Es así como el requisito del numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo citado previamente, relativo al concepto de la violación exige que al formular los cargos de inconstitucionalidad o ilegalidad, el ciudadano demandante exponga con claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, las razones por las cuales estima que el precepto acusado vulnera las normas constitucionales o legales que estima violadas. De no atenderse tales exigencias, no es viable un pronunciamiento de fondo por parte de la Corporación, circunstancia que da lugar a un fallo inhibitorio. Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad de la norma impugnada, de tal manera que se inicie realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad o legalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corporación. Las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad o ilegalidad deben ser ciertas, lo que, evidentemente implica que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente «y no simplemente deducida por el actor, o implícita» e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda [Sentencia de 28 de enero de 2010, Rad. 2003-00503-01. C.P. María Claudia Rojas Lasso].
Nótese que el actor se limitó a hacer una afirmación de manera general, carente del sustento argumentativo requerido para tener la aptitud suficiente de estructurar unos cargos de ilegalidad que sean susceptibles de ser examinados por el juez. De manera que no concretó ni sustentó las razones específicas por las que considera que las materias tratadas en los artículos que integran el contenido normativo de la Ordenanza acusada vulneran las normas constitucionales o legales que estima violadas; omisiones estas que inexorablemente comportan ineptitud de la demanda. En tal sentido, se reitera que el demandante tiene la carga procesal de exponer con suficiencia el concepto de la violación respecto de cada una de las normas que estima violadas […]” .
Visto el concepto de la violación presentado, respecto al cargo de violación a la norma superior, el actor se limitó a referir el contenido de los artículos 29 constitucional y 50 del Decreto 01 de 1984, sin que de su simple lectura se desprenda vulneración alguna a los actos acusados; sin perjuicio de ello y como fuera analizado ut supra 2.3.4, la Sala advierte que en los actos acusados existió pronunciamiento de lo solicitado en memorial del 27 de marzo de 2007, en el sentido de desestimar en sede administrativa las pruebas pedidas, por lo que en este punto no prosperará el cargo.
Así mismo, el análisis de las pruebas decretadas y practicadas en esta instancia judicial se hará frente a los demás cargos formulados, valorando individualmente o en conjunto, si se violaron los preceptos invocados y si de allí deriva la nulidad de los actos demandados, en particular, la decisión de inscribir la junta directiva de ASOPENDER.
3.2. Convocatoria y verificación del cumplimiento del procedimiento para la elección de la Junta Directiva.
Discute el actor que la convocatoria a la elección de delegados y posterior conformación de la Junta Directiva, fue realizada por el señor Israel Calderón Pedraza, sin tener facultades para ello, por haber sido excluido de la asociación ASOPENDER y estar en curso proceso disciplinario en su contra.
En virtud de lo anterior, reitera la Sala que el control contencioso administrativo se dirige en contra del acto de registro y, por ende, respecto del control de legalidad que tenía la entidad demandada en el proceso de registro de la junta directiva de la asociación de pensionados.
Así, a la autoridad demandada le correspondía, de conformidad con la reglamentación sobre la materia, particularmente lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Resolución 2795 de 1986, verificar frente a los Estatutos de la Asociación de Pensionados ASOPENDER, i) que se hubiera aportado la totalidad de la documentación exigida; ii) verificar el cumplimiento del procedimiento de elección de la Junta Directiva, a partir del acta de la asamblea general, en la cual conste la elección de los directivos, la nómina de la junta directiva en la que se exprese el número de la cédula de ciudadanía, firma autógrafa y cargo de los directivos, y iii) si se cumplió con el Quórum a partir de la lista total de los afiliados a la agremiación y la lista total de los afiliados asistentes a la reunión de asamblea general, ambas firmadas por el secretario la agremiación. Es decir, que el procedimiento adelantado estuviera acorde con los estatutos sociales, no contravinieran la Constitución, la Ley ni sus reglamentos.
En el caso particular, se encuentra que los estatutos adoptados por la Asociación de Pensionados ASOPENDER, contempla en su artículo 14 el procedimiento para la elección de delegados, así:
i.) La Junta Directiva Departamental de la Asociación, “emanará” un plan de convocatoria y reglamentación, en el cual se consignará el sistema para la escogencia de los Delegados; ello fue efectuado mediante Resolución nro. 003 del 14 de junio de 2006 de la Junta Directiva de ASOPENDER , la cual, en su artículo 16, estableció que el seis (6) de diciembre de 2006 se efectuaría el escrutinio y una vez conocida la elección de delegados, se procedería a convocar y reglamentar la Asamblea General de Delegados, para la fecha que se determine para ello (artículo 17);
ii.) Conocidos los delegados elegidos, la Junta Directiva Departamental procederá a convocar la Asamblea General de los mismos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.
Sobre este hecho se cuestiona únicamente las facultades del señor Israel Calderón Pedraza para realizar la convocatoria, en virtud de estar en curso un proceso disciplinario en su contra y haber sido excluido de la asociación, no así las facultades estatutarias del revisor fiscal para convocar la Asamblea General de Delegados cuando no lo hubiera hecho la Junta Directiva Departamental.
De las documentales y demás pruebas aportadas por la parte actora, se tiene:
Acta Extraordinaria nro. 495 del 30 de enero de 2007, por medio de la cual se excluye en primera instancia al señor JOSÉ ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA en cumplimiento al artículo 11 literal c) de los estatutos de ASOPENDER, le impide ejercer cargo alguno en la Junta Directiva y se le declara impedido para convocar asambleas o reuniones;
Resolución nro. 001 de 30 de enero de 2007, por medio de la cual se excluye en primera instancia al señor JOSÉ ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA; oficio No. 009/2007, en la que se informa la Resolución nro. 001 de 2007, con nota fechada 1 de febrero de 2007, donde se indica que “No quizo notificarse” y “Se le envío x Servientrega a la Casa”;
Resolución nro. 005 de 20 de febrero de 2007, mediante la cual se ratifica la exclusión aplicada en la Resolución nro. 001 de 2007, y en la que se ordena ser retirado definitivamente de la Asociación como directivo, revisor fiscal y socio a JOSÉ ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA, previa consideración que en Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el día 16 de febrero de 2007, se acordó por unanimidad aplicar sanciones al directivo y socio referido.
Por otra parte, se aportó Convocatoria a la 24ª Asamblea General Ordinaria de Delegados, a efectuarse el 31 de enero de 2007 y suscrita por el señor JOSÉ ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA (revisor fiscal), hecha en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de los estatutos sociales y la Resolución nro. 003 de junio 14 de 2006, y en la que se resuelve en lo que titula Capitulo III el sistema de elección de la junta directiva de Asopender.
En el mismo sentido se tiene Acta nro. 24 de Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Asamblea de Pensionados Departamentales de Santander “ASOPENDER”, celebrada el 31 de enero de 2007, indicando que se hizo previa convocatoria hecha por el fiscal de Asopender.
La Sala advierte que, si bien la Convocatoria suscrita por el señor JOSÉ ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA no tiene fecha de elaboración visible, no menos cierto es que se entiende previa a la realización de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, efectuada el 31 de enero de 2007, en la que se referenció su existencia. Por lo que la decisión de exclusión del señor JOSÉ ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA resulta en principio posterior a la misma y, en cualquier caso, como se advierte de las pruebas referenciadas, no se encontraba en firme, por lo que el señor JOSÉ ISRAEL CALDERÓN PEDRAZA actuó en calidad de revisor fiscal y no resulta cierta la apreciación del actor en este punto.
Vistos los actos acusados, en los que se indicó frente al argumento de haberse convocado a la asamblea general de delegados por quien no tenía facultades para ello, resulta correcta lo indicado en ellos de que la decisión de exclusión no se encontraba en firme, por lo que no prosperará el cargo.
En cuanto al presunto fraude suscitado en el trámite electoral y por tratarse de una presunta conducta punible contemplada en la legislación penal, es acertada la postura de la parte demandada, quien interpretó adecuadamente que ello es un asunto que corresponde dilucidar a la jurisdicción ordinaria. No así lo relacionado con la verificación del Quórum para la elección de la nueva Junta Directiva Departamental, pues este último asunto sí corresponde a la autoridad administrativa al momento de inscribir o negar el registro respectivo.
3.3. Verificación del Quórum para la conformación de la Asamblea General de Delegados de ASOPENDER.
Alegó el actor que la conformación de la Junta Directiva no cumplió con la votación necesaria, pues el artículo 13 de los Estatutos señala que de mil a dos mil socios se necesitan 25 votos para elegir un delegado y con la votación que salió escasamente saldrían 8, con lo que no se alcanzó ni a formar la junta directiva.
Pese a ello, la Junta Directiva de la que hacía parte el ahora actor, fijó las reglas de elección de los delegados departamentales de ASOPENDER, mediante Resolución nro. 003 del 14 de junio de 2006, norma que rigió el proceso electoral y que no es objeto de demanda. Allí se estableció que se elegirían 64 delegados, los que, por interpretación, resultaron de la aplicación del cociente electoral entre las planchas inscritas. Ahora bien, la interpretación de los estatutos sociales claramente es una facultad de los asociados y nuevamente, en caso de discusión sobre las diferentes interpretaciones, será la jurisdicción ordinaria la llamada a resolverlo, más no la contenciosa, pues en ello no hay un acto administrativo que cree, modifique o extinga una situación jurídica respecto a los ciudadanos.
Así las cosas, no podrá la autoridad administrativa entrar a verificar estos aspectos, por lo que el Quórum sujeto al control de legalidad en la inscripción de la junta directiva de la asociación de pensionados, será el relativo a la conformación de la Junta Directiva, como lo establece el artículo 7 del Decreto 1654 de 1985.
3.4. Verificación del Quórum para la elección de la Junta Directiva Departamental de ASOPENDER
Discute el actor que la elección de delegados no cumplió con la votación necesaria porque, en su criterio, en ella aparecieron socios incluidos, sin haber sufragado materialmente, como es el caso de los señores María Luisa Ariza de Beltrán, Rosa Emma Abril de Amado, Jesús Antonio Sánchez, Martha Arguello, Saturnino Camacho y Gil Roberto Mateus Suárez.
Como se ha detallado en los antecedentes, el proceso para la elección de la Junta Directiva Departamental de ASOPENDER estuvo determinado por el plan de convocatoria y reglamentación adoptado mediante Resolución nro. 003 del 14 de junio de 2006 de la Junta Directiva de ASOPENDER, en concordancia con el artículo 14 de los estatutos de la Asociación. Así mismo, que el sistema para la escogencia de los Delegados de la Junta Directiva Departamental de ASOPENDER tuvo un proceso previo de elección de delegados y luego la Asamblea General Ordinaria de Delegados Departamentales donde se estableció la nueva junta directiva.
Visto en el caso concreto el Acta núm. 24 del 31 de enero de 2007, de la Asamblea General Ordinaria de Delegados Departamentales de ASOPENDER, no aparecen los señores María Luisa Ariza de Beltrán, Rosa Emma Abril de Amado, Jesús Antonio Sánchez, Martha Arguello, Saturnino Camacho y Gil Roberto Mateus Suárez como delegados y, por tanto, sin efecto alguno en la designación de los miembros de la nueva junta directiva inscrita.
Pese a ello, los cargos formulados no se orientan en este sentido y pretenden una discusión procesal respecto a la etapa de formación inmediatamente anterior, que es la elección de los delegados de la Asamblea General y no la designación en Asamblea General de los delegados de la Junta Directiva, lo que claramente no es un asunto que corresponda dilucidar ni a la autoridad administrativa, ni al juez de lo contencioso administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, encuentra la Sala que la Asamblea General de Delegados tenía definidos 64 delegados, de los cuales participaron 43 de ellos en sesión del 31 de enero de 2007, con lo que estaría conformado el Quórum estatutario establecido en el parágrafo segundo del artículo 14 de los Estatutos de la Asociación de Pensionados Departamentales de Santander “ASOPENDER”.
De conformidad con lo dicho, el cargo tampoco está llamado a prosperar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A LL A:
Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por el señor PEDRO CAMACHO, en contra de las Resoluciones TESS nro. 0162 del 16 de febrero de 2007, TESS nro. 0290 del 29 de marzo de 2007 y nro. A 0369 del 30 de marzo de 2007, expedidas todas por la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (hoy MINISTERIO DEL TRABAJO).
Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.
Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GUSTAVO ADOLFO CUELLO IRIARTE
Conjuez
Demanda presentada inicialmente ante el Juzgado 10 del Circuito Administrativo de Bucaramanga, quien mediante Auto del 29 de octubre de 2007 dispuso la remisión al H. Consejo de Estado, por competencia. Folios 1 a 8 y 82 a 86, cuaderno principal. En relación con el número consecutivo del acto acusado, observa la Sala un error en la remisión que se hace en la demanda, cuando se cita la Resolución TESS nro. 0290 del 29 de marzo de 2007, toda vez que, al revisar los anexos de la demanda, así como las contestaciones y los antecedentes administrativos solicitados, no obra dicho acto administrativo, el cual, en el dicho del actor corresponde a aquel que desató el recurso de reposición en sede administrativa. En este sentido, la Sala entenderá que el actor hace referencia a la Resolución TESS nro. 0289 del 21 de marzo de 2007, “Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición” y la cual, en su parte resolutiva dispone confirmar la Resolución TESS nro. 0162 del 16 de febrero de 2007. Folios 91 al 94. Folios 119 al 138 cuaderno principal. Despachos comisorios No. 086, 087, 088, 089,
Folios 273 al 276. Folio 313, Cuaderno principal. Folio 316, ibídem. Artículos modificados por los artículos 9 y 10 de la Ley 1285 de 2009. En el presente asunto se discute la nulidad del acto mediante el cual se dispuso el registro de la junta directiva de ASOPENDER, elegida en Asamblea General de Delegados, realizada el día 31 de enero de 2007, situación fáctica que es concordante con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (CCA), que dispone que también puede pedirse que se declare la nulidad de los actos de registro, norma que hace procedente la presente acción. Folios 308 al 310, Cuaderno principal. Folios 7-34, Cuaderno de antecedentes administrativos. Folios 63 al 65, Ibídem. Folios 2 a 6, Ibídem. Discute el actor que en la vía gubernativa, y mediante los actos acusados, se desconoció el derecho de defensa, al no ser consideradas las pruebas solicitadas para el esclarecimiento del proceso electoral, ni se tuvieron en cuenta las documentales que permitían determinar las inconsistencias en la conformación de la junta; por su parte, la parte demandada alega que se tuvo en cuenta los argumentos expuestos en los recursos interpuestos en tiempo, que se verificó el procedimiento estatutario y legal para inscribir la junta directiva y en relación a las pruebas solicitadas consideró que no era necesario practicar la misma porque el presunto fraude no es un asunto que deba conocer dicho Ministerio. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia de 15 de septiembre de 2016. C.P. CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Radicación: 73001-23-31-000-2006-00887-01(1833-07). Actor: Asociación de Pensionados del Tolima ASOPENTOL. Demandado: Ministerio de la Protección Social. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Sentencia de 30 de enero de 2004. C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Radicación: 50001-23-31-000-1997-05998-01(5998). Actor: Lactería LTDA. y otras. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”. Sentencia de 29 de abril de 2010. C.P. ALFONSO VARGAS RINCÓN. Radicación: 110010325000200600111 00 (1768-2006). Actor: Asociación Boyacense de Pensionados –ASBOYPEN-.
“[…] Artículo 177. Prueba de las normas jurídicas. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte (…) Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente (…) Parágrafo. Cuando sea necesario se solicitará constancia de su vigencia […]”. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA.
Sentencia de trece (13) de octubre de 2016. C.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E). Radicación: 15001-23-31-000-2005-03783-01. Actor: Omar Franco Martínez. Demandado: Departamento de Boyacá. Folio 39, cuaderno 2, Antecedentes administrativos. Folios 47 a 50 Cuaderno principal
Folio 69 Ibídem
Folio 70 Ibídem
Folio 80 Ibídem
Folios 40 a 42 Cuaderno de los antecedentes administrativos.
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