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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00267-00

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00267-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada absoluta, respecto de los artículos 2, 4 (incisos primero y tercero), 5, 9 y 10 del Decreto 2025 de 2011, por lo que deberá ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida el 19 de febrero de 2018 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en el expediente con radicado nro. 11001 03 25 000 2011 00390 00, que declaró la nulidad de dichas disposiciones, por las razones explicadas en precedencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 65 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267 00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001 03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado) Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros SEGUNDO: DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada absoluta, en cuanto de la expresión “la propiedad” contenida en el literal c) del artículo 3 del Decreto 2025 de 2011 y, por lo tanto, deberá ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida 20 de noviembre de 2020 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el expediente con radicado nro. 11001 03 24 000 2011 00302 00, que la declaró su nulidad, acorde con lo expuesto en la parte considerativa. TERCERO: DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada relativa, en lo atinente al cargo de violación referido al exceso de la potestad reglamentaria e infracción de los artículos 333 de la Carta Política y 13 de la Ley 1233 de 2008, que se endilga al segundo fragmento del literal c) del artículo 3 del Decreto 2025 de 2011, con ocasión de la sentencia del 20 de noviembre de 2020 expediente con radicado nro. 11001 03 24 000 2011 00302 00 y, por consiguiente, deberá estarse a lo allí dispuesto. CUARTO: DECLARAR la nulidad del artículo 3 del Decreto 2025 de 2011, por lo señalado en la parte motiva. QUINTO: DECLARAR la nulidad parcial del inciso segundo del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011, referida a las conductas establecidas por el artículo 3 ibídem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 66 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267 00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001 03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado) […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00267-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

15 de febrero de 2024

Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267 00, 11001 03 24 000
2011 00261 00 y 11001 03 25 000 2011 00414 00
(acumulados)
Actor: JORGE ELIECER MANRIQUE VILLANUEVA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
HOY MINISTERIO DEL TRABAJO1
Tesis: Hay lugar a declarar de oficio la excepción de cosa
juzgada absoluta cuando se demandan disposiciones
que ya fueron anuladas.

Hay lugar a declarar de oficio la excepción de cosa
juzgada relativa, cuando esta jurisdicción
previamente denegó la nulidad de unas
disposiciones y se demanda nuevamente su
legalidad con fundamento en los mismos cargos de
violación.

1
El Ministerio de la Protección Social fue escindido por el artículo 6 de la Ley 1444
del 4 de mayo de 2011 y, acorde con lo dispuesto por el artículo 7 ibídem, “[s]e
denominará Ministerio del Trabajo y continuará cumpliendo los objetivos y
funciones señalados por las normas vigentes, salvo en lo concerniente a la escisión
de que trata el artículo 6o de la presente ley (…)”.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Son nulas por exceder la potestad reglamentaria y
las disposiciones en que debían fundarse, las
normas expedidas por el gobierno nacional que
establecieron sanciones para las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado cuando el
legislador no delegó esa atribución.
No incurre en nulidad la disposición que estableció
que ningún trabajador, incluidos los trabajadores
asociados a las cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado, podrán contratarse sin los
derechos y las garantías laborales establecidas en la
Constitución Política y en la ley, ni contraviene el
modelo asociativo y solidario de esas
organizaciones.

NULIDAD - SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir de fondo, en única instancia, los procesos
acumulados radicados bajo los números de la referencia, promovidos
por los señores Jorge Eliecer Manrique Villanueva (2011 00267),
César Humberto González Rodríguez (2011 00261), y por la
representante legal de la Confederación de Cooperativas de Colombia
– CONFECOOP (2011 00414), en contra de la Nación – Ministerio de
la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

I. ANTECEDENTES

1.1. LAS DEMANDAS

Los actores, en ejercicio de la acción pública de nulidad, presentaron
demanda en contra del Ministerio de la Protección Social, con la
pretensión de que se declare la nulidad parcial del Decreto 2025 del
8 de junio de 2011, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010”, cuyos apartes
acusados dispusieron:

“DECRETO 2025 DE 2011
(Junio 8)

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008
y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y
en especial las que les confiere el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política y en desarrollo de las Leyes
79 de 1988, 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010, y
CONSIDERANDO

Que mediante la Ley 1233 de 2008, se dictaron normas en relación
con las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, así como
las condiciones para la contratación de estas con terceros, paralelo
con lo cual, se contemplaron las prohibiciones para el evento en que
dichas entidades actúen como empresas de intermediación laboral o
envíen trabajadores en misión; razón por la que a través del presente
decreto se hace necesario dictar normas orientadas a su
reglamentación parcial, en cuanto a las conductas objeto de sanción.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Que adicionalmente, es necesario reglamentar el artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010, en concordancia con la Ley 79 de 1988 y la Ley
1233 de 2008, en lo referente a la contratación de personal a través
de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y terceros
contratantes que infrinjan las prohibiciones contenidas en dichas
normas.

DECRETA
(…)

Artículo 2°. A partir de la entrada en vigencia del artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010, las instituciones o empresas públicas y/o privadas
no podrán contratar procesos o actividades misionales permanentes
con Cooperativas o Precooperativas de Trabajo Asociado.

Artículo 3°. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado
y el tercero que contrate con estas y esté involucrado en una o más
de las siguientes conductas será objeto de las sanciones de ley
cuando:
a) La asociación o vinculación del trabajador asociado a la
Cooperativa o Precooperativa no sea voluntaria.
b) La cooperativa o precooperativa no tenga independencia
financiera.
c) La cooperativa o precooperativa no tenga la propiedad y la
autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la ejecución
de los procesos o subprocesos que se contraten.
d) La cooperativa o precooperativa tenga vinculación económica con
el tercero contratante.
e) La cooperativa y precooperativa no ejerza frente al trabajador
asociado la potestad reglamentaria y disciplinaria.
f) Las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores
asociados en circunstancias de tiempo, modo y lugar no sean
impartidas por la cooperativa o precooperativa.
g) Los trabajadores asociados no participen de la toma de decisiones,
ni de los excedentes o rendimientos económicos de la cooperativa o
precooperativa.
h) Los trabajadores asociados no realicen aportes sociales.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

i) La cooperativa o precooperativa no realice el pago de las
compensaciones extraordinarias, ordinarias o de seguridad social.
J) La cooperativa o precooperativa que incurra en otras conductas
definidas como las faltas en otras normas legales.

Artículo 4°. Cuando se establezca que una Cooperativa o
Precooperativa de Trabajo Asociado ha incurrido en intermediación
laboral, o en una o más de las conductas descritas en el artículo
anterior, se impondrán sanciones consistentes en multas hasta de
cinco mil (5.000) smlmv, a través de las Direcciones Territoriales del
Ministerio de la Protección Social, de conformidad con lo previsto en
el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.
Además de las sanciones anteriores, las cooperativas o
precooperativas de trabajo asociado que incurran en estas prácticas
quedarán incursas en causal de disolución y liquidación. La
Superintendencia de la Economía Solidaria y las demás
Superintendencias, para el caso de las cooperativas especializadas,
cancelarán la personería jurídica.
Al tercero que contrate con una Cooperativa o Precooperativa de
Trabajo Asociado que incurra en intermediación laboral o que esté
involucrado en una o más de las conductas descritas en el artículo
anterior o que contrate procesos o actividades misionales
permanentes, se le impondrá una multa hasta de cinco mil (5.000)
smlmv, a través de las Direcciones Territoriales del Ministerio de la
Protección Social. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el
numeral 4 del artículo 7° de la Ley 1233 de 2008, con base en el cual
el inspector de trabajo reconocerá el contrato de trabajo realidad
entre el tercero contratante y los trabajadores.
Ningún trabajador podrá contratarse sin los derechos y las garantías
laborales establecidas en la Constitución Política y en la Ley, incluidos
los trabajadores asociados a las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado. Si adelantada la correspondiente investigación, el
inspector de Trabajo, en ejercicio de sus competencias
administrativas, concluye que el tercero contrató con una
cooperativa o precooperativa de trabajo asociado incurriendo en
intermediación laboral o que concurren cualquiera de los otros
presupuestos de hecho y de derecho para que se configure un
contrato de trabajo realidad, así deberá advertirlo, sin perjuicio de

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

las sanciones establecidas en el inciso anterior, y de las facultades
judiciales propias de la jurisdicción ordinaria laboral.

Parágrafo. En caso de reincidencia de los terceros contratantes, se
aplicará en todo caso la multa máxima.

Artículo 5°. A una Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado
se le impondrá una multa de hasta cinco mil (5.000) smmlv a través
de las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social,
cuando actúe como asociación o agremiación para afiliación colectiva
de trabajadores independientes a la Seguridad Social Integral.
(…)
Artículo 9°. Las multas establecidas en los artículos 4° y 5° del
presente decreto serán impuestas, con base en los siguientes
parámetros:

Número total de trabajadores Valor multa en
asociados y no asociados smmlv

De 1 a 25 De 1.000 a 2.500
smmlv

De 26 a 100 De 2.501 hasta 3.000
smmlv

De 101 a 400 De 3.001 hasta 4.000
smmlv

De 401 en adelante De 4.001 hasta 5.000
smmlv

Las sanciones anteriormente establecidas se impondrán en la misma
proporción a las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado
y a los terceros contratantes.
Artículo 10. Sin perjuicio del contrato de trabajo realidad que se
configure entre el verdadero empleador y el trabajador, como lo
establece el artículo 53 de la Constitución Política, a los terceros
contratantes que contraten procesos o actividades misionales
permanentes prohibidas por la ley, cuando voluntariamente
formalicen mediante un contrato escrito una relación laboral a

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

término indefinido, se les reducirá la sanción en un veinte por ciento
(20%) de su valor por cada año que dicha relación se mantenga, con
un cien por ciento (100%) de condonación de la misma luego del
quinto año. […]”.

(Los apartes resaltados corresponden a los demandados).

1.2. Normas invocadas como infringidas y concepto de
violación

1.2.1. En el proceso con radicado nro. 2011 00261 00

El actor estima que los artículos 2, 4 (incisos primero y tercero), 5,
9 y 10 del Decreto 2025 de 2011 transgreden los artículos 63 de la
Ley 1429 del 29 de diciembre 20102, 7.2 y 13 de la Ley 1233 del 22
de julio de 20083, así como las Leyes 79 del 23 de diciembre de 19884
y 50 del 28 de diciembre de 19905, lo que sustentó así6:

Aseguró que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 estableció una
prohibición expresa para que las instituciones y/o empresas públicas
o privadas vinculen el personal que requieran para el desarrollo de

2
“Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo”.
3
“Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo
de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio
Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente
y se dictan otras disposiciones”.
4
“Por la cual se actualiza la legislación cooperativa”.
5
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan
otras disposiciones”.
6
Folios 143 a 161 del expediente con radicado nro. 2011 00267 00.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

actividades misionales permanentes a través de las cooperativas de
servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, de
donde se colige que quedaron exceptuadas las cooperativas y las
precooperativas de trabajo asociado.

Arguyó que el artículo 13 de la Ley 1233 de 2008 prevé que estas
organizaciones cooperativas pueden contratar con terceros en
general sin ninguna restricción para la producción de bienes, la
ejecución de obras y la prestación de servicios, por lo que la
prohibición que fijó el artículo 2 del Decreto 2025 de 2011 va en
contravía de aquella disposición y de la Ley 79 de 1988.

Agregó que el precitado artículo 2 del decreto acusado señaló una
prohibición diferente a la contenida en el artículo 63 de la Ley 1429
de 2010, esto es, la de “contratar procesos o actividades misionales
permanentes”, cuando la ley claramente indicó que no era posible
“vincular al personal que requiera para el desarrollo de las
actividades misionales permanentes”; asimismo, amplió el sujeto
pasivo objeto de prohibición, de la “cooperativa de servicio de trabajo
asociado” a una categoría diferente como son las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado, por lo que excedió el marco
reglamentario de las Leyes 79 de 1988 y 1429 de 2010.

Manifestó que los incisos primero y tercero del artículo 4 del decreto
demandado previeron la imposición de sanciones a las cooperativas
o precooperativas de trabajo asociado que hayan incurrido en

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

intermediación laboral, así como al tercero que las contrate o que
incurran en las conductas allí descritas; sin embargo, el artículo 63
de la Ley 1429 de 2010 solo estableció la sanción para las
instituciones públicas y/o empresas privadas, de donde se colige que
desconoció lo allí dispuesto así como lo normado en las Leyes 79 de
1988 y 1233 de 2008, por lo que se desbordó la potestad
reglamentaria.

Adujo que, la sanción que estableció el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010 está dirigida a las instituciones públicas y/o empresas privadas,
por lo que, el artículo 5 del decreto enjuiciado al tipificar una sanción
para las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que
actúen como asociación o agremiación para la afiliación colectiva de
trabajadores independientes a la seguridad social integral, excede el
marco reglamentario de las Leyes 79 de 1988, 1233 de 2008 y 1429
de 2010, dado que incluyó un hecho generador de castigo a un
evento que no fue fijado por el legislador.

Expuso que, como consecuencia de la nulidad que deberá declararse
sobre los artículos 4 y 5 acusados, el artículo 9 ibidem correría igual
suerte, por cuanto dicha disposición previó el valor de las multas de
las sanciones establecidas en dichas normas; además, se basó en un
criterio objetivo para su dosificación y, por lo tanto, “es arbitraria
pues al imponer en la misma proporción a terceros contratantes y a
las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado no tiene en

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

cuenta que el número de personas vinculadas a una y otra institución
puede ser diferente y encajar en dos rangos distintos”.
Anotó que en las Leyes 79 de 1988 y 1233 de 2008 tampoco se
encuentra la sanción tarifada por rangos como lo indicó el artículo 9
enjuiciado.

Aseguró que es nulo el artículo 10 del decreto acusado, puesto que
el beneficio allí señalado no se previó en las Leyes 79 de 1988, 1233
de 2008 y 1429 de 2010.

Solicitud de suspensión provisional

Por escrito separado solicitó la suspensión provisional de los efectos
de las normas acusadas, para lo cual expuso básicamente los mismos
argumentos esgrimidos en la demanda7.

1.2.2. En el proceso con radicado nro. 2011 00414 00

En la demanda presentada por la Confederación de Cooperativas de
Colombia – CONFECCOOP, a través de su representante legal, se
solicitó la declaratoria de nulidad de los artículos 2, 3, 4 (incisos
primero, segundo y cuarto), 5, 9 y 10 del Decreto 2025 de 2011, y
para ello arguyeron lo siguiente:

7
Folios 135 a 142 ibídem.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Que el artículo 2 del Decreto 2025 introdujo limitaciones a las
cooperativas de trabajo asociado, incluso para aquellas que realizan
sus funciones de acuerdo con la ley, al prohibirles a las entidades
públicas y privadas contratarlas para llevar a cabo actividades y
procesos misionales permanentes, lo que afecta notablemente su
desarrollo empresarial, pudiéndolas llevar incluso a su extinción;
agregó que las limitaciones a la libertad de empresa están reservadas
a la ley y, en consecuencia, en el caso se desborda la potestad
reglamentaria, se vulnera el derecho a la igualdad, la protección del
trabajo en cualquiera de sus modalidades, así como las formas
asociativas y solidarias de propiedad y la iniciativa privada. Citó como
violados los artículos 13, 25, 58 y 333 de la Constitución Política.

Indicó que el artículo 3 del Decreto 2025 de 2011 previó una serie
de conductas que tienen que ver con violaciones a los principios
cooperativos contenidos en la “ley vigente” e introdujo otras
demasiado ambiguas e indefinidas y, por lo tanto, no pueden dar
lugar a la imposición de una sanción pecuniaria en la magnitud
definida por el artículo 4 de la norma ejusdem; adicionalmente, las
disposiciones objeto de reglamentación no establecieron parámetros
que faculten al gobierno a variar el esquema general sancionatorio o
a introducir cuantiosas sanciones pecuniarias por actuaciones que
además constituyen causales de disolución y liquidación para las
cooperativas de trabajo asociado.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Aseveró que, aunque el inciso primero del artículo 4 demandado
dispuso que las sanciones se fundamentan en el artículo 63 de la Ley
1429 de 2010, ello no es así, puesto que esta última solo hizo alusión
a tres tipos de sanciones, a saber: (i) multas de hasta de 5.000
smlmv para instituciones públicas y/o empresas privadas que
incumplan las disposiciones; (ii) disolución y liquidación para las
cooperativas de trabajo asociado y las precooperativas de trabajo
asociado que no cumplan lo establecido, y (iii) falta grave para los
servidores públicos que contraten con cooperativas que hagan
intermediación laboral. Adicionalmente, las sanciones señaladas en
la ley por su naturaleza son de interpretación restrictiva, por lo que
su aplicación no puede extenderse a sujetos no previstos en ella.

Sostuvo que, al definir el inciso segundo del artículo 4 acusado
nuevas causales de disolución y liquidación de las entidades
cooperativas, extralimitó el contenido del artículo 63 de la Ley 1429
de 2010, que determinó esa consecuencia cuando se compruebe que
aquellas organizaciones incurrieron en prácticas de intermediación
laboral o actividades propias de las empresas de servicios
temporales, “[N]o siendo facultad del decreto reglamentario establecer
causales nuevas de disolución y liquidación, diferentes a las indicadas en
las leyes, tampoco tiene poder para ordenar a las superintendencias
respectivas la cancelación de las personerías jurídicas de las cooperativas
[…]”.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Añadió que el inciso cuarto del artículo 4 acusado desconoció la
mención que hizo el inciso segundo del artículo 63 de la Ley 1429 de
2010, según el cual, en casos excepcionales consagrados por la ley,
las cooperativas y precooperativas que tengan trabajadores,
retribuirán a éstos y a sus asociados las labores que realicen
conforme lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que bajo
esos términos podía expedirse la norma reglamentaria; sin embargo,
el decreto acusado amplió dicho supuesto y aplicó a los trabajadores
asociados la legislación propia de los trabajadores asalariados,
desnaturalizando el modelo de ley.

Aseguró que, con el exceso de la potestad reglamentaria del inciso
cuarto del artículo 4 demandado, se desconoció el mandato del
artículo 25 de la Constitución Política que estableció la protección del
Estado al trabajo en sus distintas modalidades, así como lo regulado
por los artículos 59 de la Ley 79 de 1988, 3 de la Ley 1233 de 2008
y 63, inciso segundo, de la Ley 1429 de 2010.

Alegó que de ningún modo el artículo 19 del Decreto 4588 de 2006,
el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de
la Ley 1429 de 2010, facultaron al gobierno nacional para imponer
una multa de hasta 5.000 smlmv para las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado como lo describe el artículo 5
del Decreto 2025, por lo que también excedió la potestad
reglamentaria.

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Anotó que los criterios de graduación de la sanción establecida por el
artículo 9 del Decreto 2025 desbordó lo dispuesto por el inciso tercero
del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, en tanto que en esta última
no se definieron parámetros de ese tipo que debieran ser objeto de
reglamentación; además, la multa debe obedecer a un estudio
jurídico y fáctico teniendo en cuenta la gravedad de la falta y su
impacto.

Manifestó que el beneficio que introdujo el artículo 10 del decreto
acusado consistente en la reducción y condonación de la multa para
los terceros contratantes de procesos o actividades misionales
prohibidas por la ley cuando voluntariamente formalicen mediante
un escrito una relación laboral a término indefinido excede la
potestad reglamentaria, puesto que no existe disposición que
describa esta posibilidad; adicionalmente, viola el artículo 13 de la
Carta Política, dado que no estableció esa prerrogativa para las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.

Solicitud de suspensión provisional

Con la demanda solicitó la suspensión del artículo 2 y el inciso
primero del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011, exponiendo en
síntesis los argumentos a los que aludió para sustentar la nulidad de
dichas normas8.

8
Folios 38 a 40 ibídem.

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

1.2.3. En el proceso con radicado nro. 2011 00267 00

El demandante afirmó que con el literal c) del artículo 3 del acto
acusado se vulneraron los artículos 150 numeral 21, 189 numeral 11,
333 y 334 de la Constitución Política.

Como razones de violación expuso las siguientes9:

Sostuvo que la disposición cuestionada estableció una limitación del
ejercicio de la actividad de las cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado, en tanto que previó que los medios de producción
sean de su propiedad y tengan sobre ellos autonomía e
independencia del tercero contratante, lo cual coarta la libertad
económica, la iniciativa privada y la libre competencia, máxime
cuando “la norma suprema” dispuso que para el ejercicio de la
actividad económica y la iniciativa privada nadie puede exigir
permisos previos ni requisitos sin autorización legal, por lo que
excedió la potestad reglamentaria.

Señaló que no es razonable que un decreto reglamentario regule de
manera minuciosa de quién son los elementos a través de los cuales
las cooperativas y las precooperativas de trabajo asociado van a
ejecutar los servicios para los que se les contrate, “[p]ues instituir
esto como una exigencia so pena de sanciones de ley, asalta toda

9
Folios 169 a 177 del expediente 2011 00267 00.

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

libertad en el ejercicio de una actividad económica que ampliamente
ha sido regulada en el sentido de no estatuir la subordinación y de
tener en su haber una cantidad considerable de normas que
[establecen] su independencia de las formas de vinculación laboral
amparadas por el Código Sustantivo del Trabajo y normas
especiales”.

Arguyó que la subordinación económica solo es posible por
disposición de la ley según, lo indica el numeral 21 del artículo 150
de la Constitución Política, y, por lo tanto, la norma acusada no tiene
la competencia para condicionar la actividad económica de las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, menos aun
cuando dicha restricción plantea una limitación a la autonomía de la
voluntad e impone un régimen sancionatorio, como lo concluyó esta
Corporación en la providencia proferida el 20 de febrero de 200810.

Señaló que con la expedición del literal c) del artículo 3 del acto
acusado se desbordó lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 1233
de 2008, al determinar una sanción para aquellas que no tengan la
propiedad y autonomía en el uso de los medios de producción, ni en
la ejecución de los procesos o subprocesos que se contraten.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
providencia del 20 de febrero de 2008, M.P. Enrique Gil Botero, radicado nro.
11001 03 26 000 2006 00013 01 (32690).

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Solicitud de suspensión provisional

Con la demanda se pidió la suspensión provisional de los efectos de
la norma acusada, y para ello se expusieron básicamente los mismos
argumentos esgrimidos para sustentar la pretensión de nulidad11.

II. TRÁMITE DE LOS MEDIOS DE CONTROL

Las actuaciones más relevantes surtidas en los procesos acumulados
fueron las siguientes:

2.1. En el proceso radicado bajo el nro. 2011 00261 00

2.1.1. La demanda fue presentada el 13 de junio de 201112 y se
admitió por auto del 19 de agosto de 2011 en contra de la Nación –
Ministerio de la Protección Social y en el mismo proveído se denegó
la solicitud de suspensión provisional de las disposiciones acusadas13.

La notificación se surtió por aviso al mencionado ministerio el 21 de
febrero de 201214 y se fijó en lista desde el 6 de marzo de 201215.

11
Folios 778 ibídem.
12
Folio 142 reverso del cuaderno único del expediente 2011 00261 00. La demanda
fue asignada al despacho del entonces Consejero de Estado Marco Antonio Velilla
Moreno, de acuerdo con el acta individual de reparto.
13
Folios 145 a 151 ibídem.
14
Folio 161 ibídem.
15
Folio 162 ibídem.

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

2.1.2. Por escrito radicado el 20 de marzo de 2012, el Ministerio
del Trabajo contestó la demanda en oportunidad y se opuso a las
pretensiones, con fundamento en lo siguiente16:

Sostuvo que con la Ley 1233 de 2008 se dictaron normas sobre las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, en las cuales se
determinaron las condiciones para su contratación con terceros, así
como las prohibiciones de que actúen como empresas de
intermediación laboral y que envíen trabajadores en misión, por lo
que el decreto acusado reglamentó esas conductas objeto de
sanción.

Indicó que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 prohíbe vincular el
personal requerido por instituciones o empresas públicas o privadas
para el desarrollo de actividades misionales permanentes a través de
cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan
intermediación laboral o bajo cualquier otra modalidad de vinculación
que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales
establecidos en las normas laborales vigentes.

Anotó que el Decreto 2025 de 2011 tuvo como propósito diferenciar
la actividad que realizan las cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado de las funciones de las empresas de servicios
temporales reguladas por la Ley 50 de 1990; agregó que la conducta

16
Folios 163 a 172 ibídem.

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

tipificada en el artículo 3 del citado decreto es en esencia un
desarrollo conceptual de la economía solidaria señalada por el
numeral 5 del artículo 4 de la Ley 454 de 1998.

Arguyó que el artículo 8 del Decreto 4588 de 2006, al reglamentar la
organización y funcionamiento de las cooperativas de trabajo
asociado, señaló que esas organizaciones deben ser las propietarias,
poseedoras o tenedoras de los medios de producción y/o labor como
son las instalaciones, los equipos, las herramientas, la tecnología y
demás medios materiales o inmateriales de trabajo.

Explicó que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33 ejusdem,
sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia que ejerce,
entre otras, la Superintendencia de Economía Solidaria, ese
ministerio tiene a su cargo el control de la actividad ejercida por las
cooperativas y las precooperativas de trabajo asociado conforme con
las facultades señaladas por el Decreto 205 de 2003 y demás normas
que lo modifiquen y adicionen, por lo que estaba facultado para
“efectuar la inspección y vigilancia sobre la regulación y condiciones
de trabajo desarrollado por los asociados”.

Afirmó que, conforme con lo anterior, no se violaron ninguna de las
normas invocadas en la demanda y, por el contrario, los artículos 33
y subsiguientes del Decreto 4588 de 2006 regularon lo atinente al
control concurrente, las multas y sanciones, por lo que el Decreto
2025 de 2011 reglamentó un tema puntual sobre la intermediación

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

laboral por parte de las cooperativas de trabajo asociado que
ejercieran intermediación laboral y no excedió la potestad
reglamentaria.

Aseveró que el decreto enjuiciado tuvo como sustento la Ley 79 de
1998, la Ley 1233 de 2011, el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y
el Decreto 4588 de 2006, por lo que el gobierno nacional actuó dentro
de sus facultades y competencias al dictar los artículos 2, 3, 4, 5, 9
y 10 del Decreto 2025 de 2011; además, las normas cuestionadas
no han causado ningún traumatismo ni generado perjuicios, por lo
que tampoco puede deducirse que se transgredieron las
disposiciones constitucionales alegadas por el demandante.

Manifestó que, “de acuerdo con los estudios realizados y a los
cuestionamientos y quejas de la población colombiana, el Gobierno
Nacional se vio en la obligación urgente de reglamentar en forma
estricta la propiedad, autonomía, uso de los medios de producción y
ejecución de los procesos que se contraten, es decir, se vio en la
necesidad y obligación de proyectar una disposición jurídica en bien
del interés general; por lo tanto, tuvo sus razones jurídicas y técnicas
para hacerlo, sin que esto implicara un perjuicio o violación al orden
constitucional y legal”.

Formuló la excepción de “ineptitud sustantiva de la demanda” que
sustentó, en síntesis, en que el demandante no demostró y tampoco
manifestó la infracción y el perjuicio que ocasiona el acto acusado,

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

por lo que lo cuestionado no es el verdadero contenido del Decreto
2025, sino la particular lectura que el libelista hizo de la norma.

2.1.3. El actor presentó memorial en el que pidió acumular el
expediente radicado con el nro. 2011 00414 que se tramitaba en la
Sección Segunda, Subsección A, despacho del entonces consejero de
Estado Alfonso Vargas Rincón, al proceso radicado con el nro. 2011
0026117.

2.1.4. Por auto del 22 de enero de 2015 se dispuso el envío del
presente expediente, esto es, del radicado bajo el nro. 2011 00261
al despacho del entonces consejero Guillermo Vargas Ayala para que
se estudiara su posible acumulación con el radicado bajo el número
2011 0026718.

2.2. En el proceso radicado bajo el nro. 2011 00414 00

2.2.1. La demanda fue presentada el 22 de julio de 201119 y admitida
por auto del 16 de abril de 2012 en contra del Ministerio del Trabajo
y allí también se denegó la solicitud de suspensión provisional de los
efectos de las normas demandadas20. La notificación al mencionado

17
Folios 153 a 155 ibídem.
18
Folio 218 ibídem.
19
Folio 41, reverso, del cuaderno único del expediente 2011 00414 00. La demanda
fue asignada por reparto al despacho del entonces Consejero de Estado de la
Sección Segunda, Subsección A, doctor Alfonso Vargas Rincón, según acta
individual de reparto.
20
Folios 47 a 55 ibídem.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

organismo se hizo por aviso el 1 de agosto de 201221; asimismo, se
fijó en lista desde el 8 de agosto de 201222.

2.2.2. El Ministerio del Trabajo contestó la demanda el 22 de
agosto de 2012, esto es, en oportunidad, para lo cual reprodujo en
esencia los argumentos expuestos en el proceso con radicado nro.
2011 00261 y solicitó su acumulación con los procesos radicados bajo
los números: 2011 00290, 2011 00261 y 2011 0030223.

2.2.3. En proveído del 19 de junio de 2013 la Sección Segunda de la
Corporación declaró su falta de competencia para conocer del asunto
y remitió el expediente a esta Sección24.

2.2.4. El expediente fue asignado por reparto a la entonces consejera
María Claudia Rojas Lasso25, quien, por auto del 4 de agosto de 2014,
tuvo por contestada la demanda y reconoció personería a la
apoderada del Ministerio del Trabajo26.

2.2.5. Mediante providencia del 1 de diciembre de 2014 se abrió a
pruebas el proceso y se tuvieron como tales las documentales
aportadas por la parte actora; adicionalmente, se requirió al

21
El aviso se encuentra visible a folio 56 ibídem.
22
Folio 55, reverso, ibídem.
23
Folios 68 a 84 ibídem.
24 Folio 92 ibídem.
25
Según acta individual de reparto visible a folio 98 ibídem.
26
Folio 97 ibídem.

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03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

despacho del Consejero Marco Antonio Velilla Moreno con el fin de
que remitiera el expediente con radicado nro. 2011 00261 para
estudiar su posible acumulación con el radicado bajo el número 2011
0041427; sin embargo, el 13 de abril de 2015 se envió el expediente
al despacho del doctor Vargas Ayala para estudiar su acumulación
con el proceso que allí se tramitaba con el número 2011 0026728.

2.3. En el proceso radicado bajo el nro. 2011 00267 00

2.3.1. La demanda fue presentada el 29 de junio de 201129 y
admitida por auto del 29 de agosto de 2011 en contra del Ministerio
de Protección Social; en el mismo proveído fue negada la solicitud de
suspensión provisional de los efectos de las normas demandadas30.
La notificación al Ministerio del Trabajo se surtió por aviso el 13 de
diciembre de 201131; asimismo, se fijó en lista desde el 12 de enero
de 201232.

2.3.2. El Ministerio del Trabajo por escrito radicado el 23 de enero
de 2012, esto es, en oportunidad, contestó la demanda y se opuso a

27
Folio 102 ibídem.
28
Índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – Samai, del proceso
con radicado número 11001032500020110041400.
29
Folio 180 del cuaderno único del expediente 2011 00267 00. La demanda fue
asignada por reparto al despacho del entonces Consejero de Estado Rafael E. Ostau
de Lafont Pianieta, según acta individual de reparto.
30
Folios 183 a 189 ibídem.
31
El aviso se encuentra visible a folio 194 ibídem.
32
Folio 197 ibídem.

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

las pretensiones, para el efecto reiteró los argumentos expuestos en
los expedientes con radicados números 2011 00261 y 2011 0041433.

Adicionalmente, por oficio del 20 de febrero de 2012 el director
jurídico del Ministerio del Trabajo informó que “revisados los archivos
que reposan en esta Dirección y en el Archivo Central de este
Ministerio no se encontraron antecedentes respecto del Decreto
002025 de 08 de junio de 2011”34.

2.3.3. Por auto del 17 de abril de 2012 el magistrado conductor del
proceso tuvo por presentada en oportunidad la contestación de la
demanda y reconoció personería a la apoderada del Ministerio del
Trabajo35.

2.3.4. En proveído del 27 de julio de 2012 se abrió a pruebas el
proceso36 y se tuvieron como tales las documentales aportadas por
las partes.

2.3.5. Por auto del 23 de noviembre de 2012, se ordenó correr
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al señor
Agente del Ministerio Público para que rindiera su concepto,
respectivamente37.

33
Folios 199 a 205 ibídem.
34
Folio 232 ibídem.
35
Folio 237 ibídem.
36
Folios 239 a 240 ibídem.
37
Folio 242 ibídem.

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03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

2.3.5.1. El actor reiteró las consideraciones que expuso para solicitar
la nulidad del literal c) del artículo 3 del Decreto 2025 de 201138.

2.3.5.2. Por su parte, la apoderada del Ministerio del Trabajo, al
descorrer el traslado, reiteró los argumentos que expuso en la
contestación de la demanda39.

2.3.5.3. El señor Agente del Ministerio Público Delegado para la
Conciliación Administrativa ante esta Corporación rindió concepto en
tiempo en el que solicitó declarar la nulidad del literal c) del artículo
3 del Decreto 2025 de 2011, lo que sustentó así40:

Aseguró que, acorde con los artículos 150, numeral 21, 33 y 334 de
la Constitución Política, la intervención del Estado en la economía
debe estar precedida de una norma legal que regule el modo y grado
de la intervención, para lo cual se apoyó en lo dicho por la Corte
Constitucional en la sentencia C-211 del 200041.

Luego de hacer alusión al contenido de los artículos 6, 148, 149, 150,
153 de la Ley 79 de 1988, 13 de la Ley 454 de 1998, 7 y 13 de la
Ley 1233 de 2008 y 63 de la Ley 1429 de 2010, afirmó que ninguna
de esas disposiciones estableció como prohibición a las cooperativas

38
Folios 249 a 258 ibídem.
39
Folios 243 a 248 ibídem.
40
Folios 261 a 268 ibídem.
41
M.P. Carlos Gaviria Díaz.

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

y precooperativas de trabajo asociado, de forma general o particular,
la limitación de que trata el literal c) del artículo 3 del Decreto 2025
de 2011.

Arguyó que, si bien en la contestación de la demanda se afirmó que
la restricción contenida en la disposición acusada estaba prevista por
el Decreto 4588 de 2006, esta norma no hace parte de ninguna de
las que pretende reglamentar el Decreto 2025, por lo que desbordó
el contenido de la Ley 1233 y del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010,
así como también transgredió el numeral 11 del artículo 189 y el
numeral 21 del artículo 150 de la Constitución Política.

2.3.6. Por auto del 23 de octubre de 2014 se solicitó al entonces
consejero de Estado Marco Antonio Velilla Moreno la remisión del
expediente 2011 00261 para efectos de estudiar su posible
acumulación con los radicados bajo los números 2011 00267 y 2011
0041442 y, mediante proveído del 20 de mayo de 2015, se decretó la
acumulación43.

2.3.7. En proveído del 29 septiembre de 2015 se abrió a pruebas el
proceso radicado con el número 2011 00261 y se tuvieron como tales
los documentos aportados por la parte demandante44.

42
Folio 280 ibídem.
43
Folios 284 a 286 ibídem.
44
Folio 287 ibídem.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

2.3.8. Por auto del 24 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes
y al señor Agente del Ministerio Público de los expedientes con
radicados números 2011 00261 y 2011 00414, para que alegaran de
conclusión y rindiera concepto, respectivamente45.

2.3.8.1. Por escrito del 23 de junio de 2016, el Ministerio del Trabajo
descorrió el traslado reiterando los mismos argumentos ya
expuestos46.

2.3.8.2. Los demandantes de los expedientes acumulados 2011
00261 y 2011 00414 guardaron silencio.

2.3.8.3. Por escrito del 17 de noviembre de 2020, el entonces
consejero Roberto Augusto Serrato Valdés manifestó su impedimento
por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 12 del
artículo 141 del Código General del Proceso47, aplicable por remisión
normativa del artículo 160 del Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, por cuanto emitió concepto en el

45
Folio 299 ibídem.
46
Folios 300 a 310 ibídem.
47
“[…] ARTÍCULO 150. CAUSALES DE RECUSACION. <Artículo derogado por el
literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Entró a regir a partir del 1 de
enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del
artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282
de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Son causales de recusación las
siguientes: // (…) 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación
judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como
apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. […]”

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

expediente con radicado nro. 2011 00267 en calidad de Procurador
Delegado para la Conciliación Administrativa.

2.3.9. Por auto del 23 de noviembre de 2020, se declaró fundado el
impedimento y se dispuso separarlo del conocimiento del asunto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la
Constitución Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia- Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 84 y
128 del Código Contencioso Administrativo- Decreto 01 del 2 de
enero de 1984 y 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 expedido
por la Sala Plena de la Corporación, esta Sección es competente para
conocer del presente proceso acumulado.

3.2. Objeto de la controversia

La Sala precisa que los cuestionamientos de los demandantes se
dirigen a atacar los artículos 2, 3, 4 (incisos primero, segundo,
tercero y cuarto), 5, 9 y 10 del Decreto 2025 del 8 de junio de 2011,
“por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo
63 de la Ley 1429 de 2010”, expedido por el Presidente de la República

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

y el Ministro de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo), en
tanto que (i) prohibieron a las instituciones o empresas públicas o
privadas y a terceros contratar procesos o actividades misionales
permanentes con cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado; (ii) definieron las sanciones que se impondrían a las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, así como a los
terceros que las contraten cuando incurran en las conductas allí
descritas y su dosificación, (iii) prohibieron la contratación de
trabajadores sin los derechos y garantías laborales establecidas en
la Constitución y la ley, incluidos los trabajadores asociados a las
cooperativa y precooperativas de trabajo asociado y, por último, (iv)
previeron la reducción y condonación de la sanción que se imponga
a los terceros que contraten procesos o actividades misionales
permanentes prohibidas por la ley, cuando voluntariamente
formalicen mediante un contrato escrito una relación laboral a
término indefinido.

La Sala recuerda que los cargos se concretan en la violación de los
artículos 13, 25, 58, 150-21, 189-11, 333 y 334 de la Constitución
Política, el artículo 59 de la Ley 79 de 1988, la Ley 1233 de 2008 y
el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, así como el exceso de la
potestad reglamentaria del gobierno nacional.

Para el respectivo examen, estudiará de oficio la excepción de cosa
juzgada y los cargos de violación, advirtiendo que, ante la falta de
argumentación mínima de los motivos por los que se transgreden las

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

normas constitucionales y legales48 que a continuación se indican,
ello le impide a la Sala su pronunciamiento, puesto que, el principio
de justicia rogada exige la exposición de las razones de la imputación
para la adecuada defensa de los intereses de la contraparte. Al
respecto, el numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso
Administrativo preceptuaba49 “[c]uando se trate de la impugnación
de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y
explicarse el concepto de su violación”50.

Los cargos sobre los que no podrá pronunciarse la Sala son, en el
expediente con radicado número 2011 00267, el actor indicó que el
literal c) del artículo 3 del Decreto 2025 de 2011 infringió los artículos
189 numeral 11 de la Constitución Política y 13 de la Ley 1233 de
2008, y que el aparte acusado contiene una limitación a las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado; sin embargo, no
expuso las razones de tal infracción.

48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia del 13 de octubre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E),
radicación nro. 15001-23-31-000-2005-03783-01. Ver también de la misma
Sección: sentencia del 31 de enero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado
nro. 11001-03-24-000-2007-00405-00. Al respecto ha señalado la Sala que:
“[L]as razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad o ilegalidad deben
ser ciertas, lo que, evidentemente implica que la demanda recaiga sobre una
proposición jurídica real y existente «y no simplemente deducida por el actor, o
implícita» […]”, cfr., Sentencia de 28 de enero de 2010, Rad. 2003-00503-01. C.P.
María Claudia Rojas Lasso.
49 Norma aplicable por tratarse de un asunto tramitado en vigencia del Código

Contencioso Administrativo.
50 Condicionalmente exequible en sentencia C-197 de 1999. Corte Constitucional.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Mientras que, en el expediente con radicado número 2011 00414, la
parte actora arguyó que el inciso cuarto del artículo 4 del Decreto
2025 “[v]iola lo dispuesto en (…) los artículos 59 de la Ley 79 de
1988, 3º de la Ley 1233 de 2008”, sin precisar de qué manera se
presentó la alegada vulneración, por lo que, como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación51, no basta con indicar las normas
que se estiman infringidas, sino que se debe explicar el alcance y el
sentido de la violación.

3.2.1. La excepción de cosa juzgada

Comoquiera que esta Corporación se ha pronunciado en distintas
oportunidades sobre la legalidad del Decreto 2025 de 2011, la Sala
verificará si hay lugar a declarar de oficio la configuración de la cosa
juzgada absoluta o de la relativa, según el caso.

El artículo 175 del Decreto 01 de 1984 dispuso que “[l]a sentencia
que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de
cosa juzgada ‘erga omnes’ […]”, mientras que la que la deniegue
tendrá el mismo efecto, pero únicamente en cuanto “[a] la ‘causa
petendi’ juzgada’ […]”.52

51
Ibídem.
52 “[…] ARTICULO 175. COSA JUZGADA. <Código derogado por el artículo 309 de

la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente
hasta esta fecha es el siguiente:> La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes".

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

En interpretación de la precitada norma, esta Corporación ha
explicado que, 53 “(…) de conformidad con el artículo 332 del Código
de Procedimiento Civil, para que se configure la cosa juzgada es
menester que haya identidad de objeto, identidad de causa e
identidad jurídica de partes”.

En cuanto al carácter absoluto y relativo de este fenómeno en los
procesos tramitados en el medio de control de nulidad, la Sección ha
señalado que54, “(…) si la sentencia frente a la cual se pretende
efectuar el análisis de la excepción fue estimatoria, el efecto de la
cosa juzgada será́ absoluto respecto de las disposiciones cuya
ilegalidad fue declarada y, en esa medida, es claro que resultaría
improcedente efectuar posteriores análisis de validez de esas mismas
normas, en tanto resultaron expulsadas del orden jurídico al ser
contrarias a este.// Cuestión distinta acontece en el evento de que la
decisión fuese desestimatoria de los cargos de nulidad, pues en ese
caso el efecto de la cosa juzgada es relativa, lo que significa que se
predicará únicamente de los cargos en ella analizados y respecto de
las disposiciones acusadas”.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en
relación con la "causa petendi" juzgada. […]”
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia del 22 de abril de 2004, C.P. Germán Ayala Mantilla, radicación nro.
25000-23-27-000-2000-1034-01(13274).
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 17 de marzo de 2022, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente con
radicado nro. 11001 03 24 000 2015 00163 00.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

3.2.1.1. Frente al asunto bajo examen, en la sentencia proferida el
19 de febrero de 2018 en el expediente con radicado nro. 11001 03
25 000 2011 00390 00 (1482-11), la Sección Segunda, Subsección
B, estudió la legalidad de los artículos 1, 2, 4, 5, 9 y 10 del Decreto
2025 de 2011 y dispuso:

“[…]
FALLA

1o. Accédese parcialmente a las súplicas de la demanda, en el
sentido de declarar la nulidad de los artículos 2º, 4º (incisos primero
y tercero), 5º, 9º y 10º del Decreto 2025 de 8 de junio de 2011, por
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo
63 de la Ley 1429 de 2010, de conformidad con la motivación.

2o. Niéguense las demás súplicas de la demanda […]”.

Toda vez que en el presente proceso acumulado se controvierte
también la legalidad de los artículos 2, 4 parcial (incisos primero y
tercero), 5, 9 y 10 del Decreto 2025 de 2011, declarados nulos en la
sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de esta
Corporación y, en consecuencia, fueron expulsados del ordenamiento
jurídico, decisión que se encuentra en firme y produce efectos erga
omnes conforme lo dispone el artículo 175 del Código Contencioso
Administrativo, se concluye que se configuró el fenómeno jurídico de
la cosa juzgada absoluta frente a la pretensión de nulidad invocada
en contra de los artículos 2, 4 parcial (incisos primero y tercero), 5,
9 y 10 del Decreto 2025 de 2011, por lo que no hay lugar a estudiar
nuevamente su legalidad.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

En consecuencia, la Sala declarará de oficio la excepción de cosa
juzgada absoluta en relación con las precitadas normas.

3.2.1.2. En la sentencia dictada por esta Sección el 20 de noviembre
de 2020 en el proceso con radicado nro. 11001 03 24 000 2011
00302 0055, se decidió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR OFICIOSAMENTE la excepción de
cosa juzgada respecto de la nulidad de los artículos 2 y el inciso 3
del artículo 4 del Decreto 2025 de 8 de junio de 2011, expedido por
el Presidente de la República y el Ministro de la Protección Social (hoy
Ministro de Salud y Protección Social). En consecuencia:
SEGUNDO: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, el 19 de febrero de 2018, expediente identificado con
número único de radicación 11001-03-25-000-2011-00390-00, que
declaró la nulidad del artículo 2 y el inciso tercero del artículo 4 del
Decreto 2025 de 8 de junio de 2011, expedido por el Presidente de
la República y el Ministro de la Protección Social (hoy Ministro de
Salud y Protección Social).
TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda formulada por la parte demandada de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
sentencia.
CUARTO: DECLARAR la nulidad de la expresión “[…] la propiedad
[…]” contenida en el literal c del artículo 3 del Decreto 2025 de 8 de
junio de 2011, expedido por el Presidente de la República y el
Ministro de la Protección Social (hoy Ministro de Salud y Protección
Social), por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO: NEGAR las pretensiones de la demanda, en relación con
el segundo fragmento del literal c) del artículo 3 y el inciso 4 del
Artículo 4 del Decreto 2025 de 8 de junio de 2011, expedido por el

55
C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Presidente de la República y el Ministro de la Protección Social (hoy
Ministro de Salud y Protección Social), por las razones expuestas en
esta providencia.
SEXTO: En firme esta providencia, archivar el expediente […]”.
(Negrillas del texto original, subrayas ajenas)

Al respecto, la Sala observa que, entre las pretensiones formuladas
en el presente asunto, se solicita la nulidad del artículo 3, así como
del inciso cuarto del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011, por lo que
existe coincidencia parcial frente a las normas estudiadas por esta
Sección en la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020, en
tanto que en aquella oportunidad se pronunció sobre la legalidad del
literal c) del artículo 3 y del inciso cuarto del artículo 4 ibidem.

En ese sentido, como consecuencia de la declaratoria de nulidad a
que se refiere el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
del 20 de noviembre de 2020, la expresión “[l]a propiedad” contenida
en el literal c) del artículo 3 del Decreto 2025 fue eliminada del
ordenamiento jurídico, con lo cual operó el fenómeno jurídico de la
cosa juzgada absoluta, por lo que no hay lugar a hacer ningún
análisis de legalidad sobre la misma y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta sentencia.

Ahora bien, en tanto que la aludida decisión, en el numeral quinto,
negó las súplicas de la demanda relacionadas con el segundo
fragmento del literal c) del artículo 3, así como del inciso cuarto del
artículo 4 del Decreto 2025 de 2011, le corresponde a la Sala

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

determinar si se presenta o no la figura de la cosa juzgada relativa
en relación con las pretensiones de nulidad invocadas frente a dichas
disposiciones y, para ello, deberá examinar si existe coincidencia en
el objeto y la causa petendi entre los dos procesos. Al respecto, se
tiene lo siguiente:

(i) En lo atinente a la segunda parte del literal c) del artículo
3 del Decreto 2025 de 2011

La Sala comenzará por señalar que, comoquiera que en el proceso
con radicado nro. 2011 00302 y en éste se pidió la nulidad de citado
literal, la pretensión en ambos asuntos es la misma, por lo que se
presenta identidad de objeto.

En relación con la identidad en la causa petendi, se tiene que en el
proceso que decidió esta Sección en el año 2020 la parte demandante
afirmó que el gobierno nacional excedió la potestad reglamentaria
así como también violó los artículos 333 de la Constitución Política y
8 del Decreto 4588 de 2006, toda vez que previó como una conducta
sancionable que las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado no ejerzan autonomía e independencia sobre los medios de
producción, lo que constituye una limitación al libre ejercicio de la
actividad económica y una carga desproporcionada, tal y como lo
establecen los artículos 12 y 13 de la Ley 1233 de 2008.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

A su turno, en el asunto bajo examen la parte actora estima que la
disposición cuestionada estableció una limitación al ejercicio de la
actividad de dichas organizaciones, en tanto previó que sobre los
medios de producción debían tener autonomía e independencia
respecto al tercero contratante, lo que considera coarta la libertad
económica, la iniciativa privada y la libre competencia por lo que el
gobierno nacional vulneró los artículos 150.21, 333 y 334 y de la
Constitución Política, excedió la potestad reglamentaria y desbordó
lo señalado por el artículo 13 de la Ley 1233 de 2008.

En ese orden de análisis, la Sala observa que existe coincidencia
parcial frente a los cargos de violación invocados en ambos procesos,
puesto que coinciden en afirmar que el contenido del literal c) del
artículo 3 del Decreto 2025 de 2011 constituye un exceso de la
potestad reglamentaria y viola los artículos 333 Superior y 13 de la
Ley 1233 de 2008; sin embargo, en el presente asunto también se
invocó la infracción de los artículos 150.21 y 334 de la Carta Política,
disposiciones que no fueron debatidas en aquel proceso.

Para ello, estima necesario remitirse al análisis efectuado en la
sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020 en aras de establecer
si lo pretendido en el presente asunto fue analizado en aquella
providencia y, por ello, es pertinente resaltar de su parte
considerativa lo siguiente:

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

“[…] la Sala advierte que el apartado acusado además de referirse a
la infracción en que incurren las Precooperativas y las Cooperativas
de Trabajo Asociado y el tercero que contrate con éstas cuando no
cuentan con la propiedad sobre los medios de producción y/o trabajo,
prevé que serán sancionadas cuando éstas no tengan la
autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la
ejecución de los procesos que se contraten.
105. Visto el contenido del artículo 12 de la Ley 1233, citado supra
70, en cuanto al objeto de dichas formas de asociación y los
requisitos para contratar con terceros, la Sala advierte que el
segundo fragmento del apartado acusado se encuentra en armonía
con los mismos, y por consiguiente la conducta objeto de sanción
atribuida a las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado
que no tengan la autonomía en el uso de los medios de producción,
ni en la ejecución de los procesos y subprocesos que se contraten,
en manera alguna supera ni rebasa los límites de la facultad
reglamentaria, así como tampoco restringe de manera injustificada
la libertad empresarial prevista en el artículo 333 de la norma
superior, en la medida en que dicha limitante se encuentra en
estrecha relación con el contenido de una de características
fundamentales de las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo
Asociado, la autonomía a la que hicimos referencia supra 65, 68 y
71.
(…)
108. De este modo, la Sala advierte que el segundo fragmento del
apartado acusado se ajusta al contenido previsto en el artículo 333
de la Constitución Política, en el artículo 12 de la Ley 1233 y a la
naturaleza, finalidad y objetivos señalados en la Ley 79 de 1988,
para esta clase de asociaciones, además de encontrarse en armonía
con lo señalado en el artículo 8 del Decreto 4588, que precisa que si
los medios de producción y/o de labor son de propiedad de terceros,
las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado pueda
contratar con ellos siempre y cuando se garantice la autonomía en el
manejo o administración de los mismos por parte de éstas, por lo
que no se evidencia una violación constitucional o normativa que
justifique la declaración de nulidad de dicho acto, por este aspecto
[…]”.

(Subrayas de la Sala y negrita de la providencia)

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03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

La Sala puede afirmar que, comoquiera que en la sentencia proferida
el 20 de noviembre de 2020 se estudiaron los cargos de violación que
se reprochan en contra del segundo fragmento del literal c) del
artículo 3 del Decreto 2025 de 2011, consistentes en el exceso de la
potestad reglamentaria y la violación de los artículos 333 Superior y
13 de la Ley 1233 de 2008, dicho análisis satisface el examen de
legalidad que sobre el mismo aparte se invocó en el presente asunto;
en ese sentido, dado que en aquella oportunidad se denegó la
pretensión de nulidad, se configura el fenómeno de la cosa juzgada
relativa en relación con las referidas disposiciones, por lo que no es
dable analizar los mismos reparos en esta providencia.

De otra parte, dado que la Corporación no ha emitido ningún
pronunciamiento sobre la infracción de los artículos 150-21 y 334 de
la Constitución Política que se endilga al aparte del literal c) del
artículo 3 del Decreto 2025, la Sala deberá descender en su análisis.

(ii) En cuanto al inciso cuarto del artículo 4 del Decreto 2025

En relación con la identidad de objeto, se tiene que, en los dos
procesos, esto es, el decidido por esta Sección en la sentencia del 20
de noviembre de 2020 y el que ocupa la atención de esta Sala, se
solicitó la nulidad del inciso cuarto del artículo 4 de la norma
ejusdem.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Frente a la identidad en la causa petendi: la parte actora y su
coadyuvante en el proceso 2011 00302 sostuvieron que el inciso
cuarto del artículo 4 del Decreto 2025 violó el inciso primero del
artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 79 de 1988 y
el Decreto 4588 de 2006, toda vez que facultó a los inspectores de
trabajo para que declararan la existencia de un contrato realidad,
dándole a la relación de trabajo asociado cierta orientación al
régimen laboral, lo que está expresamente prohibido en la ley.

En el asunto que ahora se controvierte los libelistas adujeron que esa
disposición desconoció la mención que hizo el inciso segundo del
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, según el cual, en casos
excepcionales previstos por la ley, las cooperativas y precooperativas
que tengan trabajadores, retribuirán a éstos y a sus asociados las
labores que realicen, según lo dispone el Código Sustantivo del
Trabajo, por lo que bajo esos términos podía expedirse la norma
reglamentaria; sin embargo, el aparte acusado amplió dicho
supuesto y aplicó a los trabajadores asociados la legislación propia
de los trabajadores asalariados, desnaturalizando el modelo previsto
en la ley.

De lo anterior es posible concluir que, si bien en ambos procesos se
solicitó la nulidad del inciso cuarto del artículo 4 del Decreto 2025 de
2011, la argumentación que expusieron los interesados para
sustentarla y las normas que aludieron como infringidas no son las
mismas, con lo cual no existe identidad en la causa petendi y se

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

descarta la configuración del fenómeno de la cosa juzgada y, por
ende, la Sala descenderá en el estudio del cargo en el siguiente
acápite.

En conclusión, la Sala declarará de oficio la excepción de cosa
juzgada absoluta frente a los artículos 2, 4 (incisos primero y
tercero), 5, 9 y 10 del Decreto 2025 de 2011, en atención al fallo
proferido el 19 de febrero de 2018 por la Sección Segunda,
Subsección B, de esta Corporación, en el expediente con radicado
nro. 11001 03 25 000 2011 00390 00 (1482-11); e igualmente,
declarará la configuración de la cosa juzgada en relación con la
declaratoria de nulidad de la expresión “la propiedad” contenida en
el literal c) del artículo 3 de la norma ejusdem, conforme con lo
resuelto en la sentencia dictada por esta Sección el 20 de noviembre
de 2020 en el proceso con radicado nro. 11001 03 24 000 2011
00302 00 y, en consecuencia, deberá estarse a lo allí resuelto.

Asimismo, declarará de oficio la excepción de cosa juzgada relativa
en lo concerniente al cargo de violación de la potestad reglamentaria
e infracción de los artículos 333 Superior y 13 de la Ley 1233 de
2008, que se endilga al segundo fragmento del literal c) del artículo
3 del Decreto 2025 de 2011, con ocasión de lo decidido por la Sección
Primera en la sentencia del 20 de noviembre de 2020 y, por
consiguiente, deberá estarse a lo allí dispuesto.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Acorde con lo anotado, la Sala analizará la infracción de los artículos
150- 21 y 334 de la Carta Política que se endilga al literal c) del
artículo 3 del Decreto 2025 de 2011, así como los cargos de violación
invocados en contra de la totalidad del mismo artículo 3, y de los
incisos segundo y cuarto del artículo 4 del citado Decreto 2025 de
2011.

3.2.2. Examen de los vicios de nulidad formulados por los
demandantes frente al artículo 3 y los incisos segundo y
cuarto del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011

En lo concerniente a las disposiciones sobre las cuales no existe
pronunciamiento por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
estos son, el artículo 356 y los incisos segundo y cuarto del artículo 4
del Decreto 2025 de 2011, se tiene lo siguiente:

3.2.2.1. En relación con el artículo 3 y el inciso segundo del
artículo 4 del Decreto 2025 de 2011

La Sala precisa que estudiará conjuntamente los cargos de violación
que se esgrimen en contra del artículo 3 y del inciso segundo del
artículo 4 del Decreto 2025 de 2011, comoquiera que, por un lado,
el último aparte normativo remite a lo regulado en el tercero, y por
el otro, a ambos se les atribuye el exceso de la potestad

56 Con excepción de lo ya examinado por la Sala.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

reglamentaria y la infracción de las normas objeto de
reglamentación.

Para resolverlos, examinará (i) el ejercicio de la potestad
reglamentaria, (ii) la regulación de sanciones para las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado, y (iii) la solución del caso
concreto.

(i) El ejercicio de la potestad reglamentaria

Esta facultad le fue otorgada al Presidente de la República en el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política el cual dispone
que, en razón a su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa, le corresponde “[E]jercer la
potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos,
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de la leyes”.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que está limitada por
el marco impuesto en la Carta Política y en la ley, de manera que
“[n]o puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede
dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la Administración, así como
tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al
legislador”57.

57
Corte Constitucional, sentencias C-028 del 30 de enero de 1997, MP. Alejandro
Martínez Caballero, reiterada entre otras por las sentencias C-302 del 5 de mayo
de 1999, MP. Carlos Gaviria Díaz y C-1262 del 5 de diciembre de 2005, M.P.
Humberto Sierra Porto.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Por su parte, esta Corporación58 definió los parámetros de la potestad
reglamentaria así: (i) se trata de una facultad constitucional atribuida
permanentemente a ciertas autoridades para expedir disposiciones
jurídicas de carácter general y abstracto, a través de las cuales se
desarrollan reglas y principios fijados en la ley, (ii) su finalidad
consiste en establecer detalles y pormenores necesarios para la
debida aplicación de las disposiciones legales, (iii) en ningún caso
puede modificar, ampliar o restringir su contenido material o alcance,
(iv) su atribución corresponde principalmente al Presidente de la
República, pero también, de manera derivada, a otros órganos
constitucionales dentro de la Rama Ejecutiva, como a los Ministerios,
de acuerdo con lo señalado por el artículo 208 de la Carta59.

Respecto de los límites de la potestad reglamentaria, también ha
dicho esta Corporación que la función que cumple el Gobierno en el
ejercicio del poder reglamentario es la de complementar la ley en la
medida que sea necesaria para lograr su cumplida aplicación, pero
no conlleva la interpretación de los contenidos legislativos,
sino que debe limitarse y subordinarse a su contenido60.

58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 20 de noviembre de 2014. C.P.: Guillermo Vargas Ayala. Expediente
radicación nro. 11001-03-24-000-2010-00119-00.
59
El artículo 208 de la Carta Política dispone que los ministros y los directores de
departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva
dependencia y que bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde
formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y
ejecutar la ley.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda. Sentencia

del 6 de julio de 2017. Consejero Ponente William Hernández Gómez, expediente radicación
nro. 11001-03-24-000-2008-00390-00(0585-09),

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

A su vez, la Corte Constitucional ha explicado que61: (i) la potestad
reglamentaria “[n]o es absoluta y debe ejercerse dentro de las
fronteras que marcan la Constitución y la Ley”; (ii) procede cuando
se trata de normas que tengan la función de reglamentar, opuesta a
la función de ejecutar, pues necesitan de regulación posterior, (iii)
en los casos que requiera tal regulación, la potestad reglamentaria
se direcciona a la producción de actos administrativos, cuya finalidad
es la de traer al plano real el enunciado abstracto de la ley, es decir,
se relaciona “[c]on la expedición de normas de carácter general -
sean ellas decretos, resoluciones o circulares- imprescindibles ‘para
la cumplida ejecución de la ley”; (iv) “[l]os actos administrativos
emitidos como consecuencia del ejercicio de dicha potestad
únicamente pueden desarrollar el contenido de la ley”.

En consecuencia, es claro que el ejercicio de la potestad
reglamentaria tiene como propósito la cumplida ejecución de la ley,
por lo que no le está permitido alterar su contenido.

(ii) La regulación de sanciones para las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado

Según el artículo 70 de la Ley 79 de 1988 las cooperativas de trabajo
asociado “[s]on aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados

61 Corte Constitucional, sentencia C-1005 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de
servicios”.

A su vez, el artículo 3 del Decreto 4588 de 2006 las definió como
“[o]rganizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de
la economía que asocian personas naturales que simultáneamente son
gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes
directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades
económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común
bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades
de sus asociados y de la comunidad en general […]”.

Del contenido de estas disposiciones puede concluirse que las
cooperativas de trabajo asociado tienen su origen en la autonomía
de la voluntad que expresa un grupo de personas que deciden unirse
para el desarrollo de actividades económicas y sociales, por lo
también estas organizaciones constituyen una manifestación del
derecho del trabajo, así como del derecho de asociación y, por lo
tanto, gozan de protección constitucional.

Lo anterior significa que, en principio, este tipo de organizaciones
están facultadas para dictar las normas que las gobiernan; sin
embargo, ello no obsta para que el legislador pueda reglamentar
algunos de los asuntos relacionados con ellas. Así lo precisó la Corte
Constitucional en la sentencia C-645 de 2011, en la cual estudió la
exequibilidad parcial del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010:

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

“[…] Expresó la Corporación que las cooperativas de trabajo asociado
nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que
decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias
reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos
internos (…).
Puntualizó la Corte que, si bien la facultad que tienen los asociados
de tales organizaciones para autorregularse no significa que el
legislador no pueda reglamentar algunos asuntos relacionados con
ellas, el Estado, con la salvedad indicada, no puede interferir en su
ámbito estrictamente interno, en aspectos que, por ejemplo, tengan
que ver con su organización y su funcionamiento, pues ello depende
de la libre y autónoma decisión de los miembros que las conforman.
De manera particular, señaló la Corte que entre las restricciones que
el legislador puede imponer a las Cooperativas de Trabajo Asociado,
están las que apuntan a la protección de los derechos de las personas
en general y de los trabajadores en forma especial, y que, en todo
caso, la autonomía regulatoria de esas entidades está limitada por
los principios y valores constitucionales. Dijo la Corte que, es claro
que si bien en desarrollo de la libertad de asociación las cooperativas
están regidas “en principio por una amplia autonomía configurativa
de los asociados, no están excluidas de una adecuada razonabilidad
constitucional, en los distintos aspectos que las mismas involucran,
como ocurre frente a la posible afectación de los derechos
fundamentales de las personas vinculadas a dicha actividad de
empresa, como consecuencia del alcance de sus estipulaciones […]”.

Entre las regulaciones reservadas a la ley en relación con las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado están las
referentes a la definición de los eventos que configuran su régimen
sancionatorio; es decir, la descripción de las conductas que deben
ser castigadas y las sanciones que deben aplicarse a las mismas, en
tanto, por un lado, tales previsiones inciden directamente en el
funcionamiento de dichas organizaciones, y por el otro, representan
un límite al derecho de asociación, por lo que “[s]iempre deben
corresponder a la necesidad de asegurar el respeto de los derechos

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

ajenos, o de impedir su uso abusivo, o de preservar la moral pública,
la seguridad nacional, la seguridad jurídica y el orden público”62.

En coherencia con lo señalado, la tipificación de conductas
reprochables de sanción en materia administrativa, concierne de
manera exclusiva al legislador; sin embargo, por razones de
especialidad puede conferirse esta facultad al ejecutivo para que lo
haga mediante la expedición de actos administrativos de carácter
general, siempre y cuando los elementos estructurales del tipo estén
dados previamente en la ley, a saber: “(i) la descripción de la
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la
sanción; (ii) la determinación de la sanción, incluyendo el término o
la cuantía de la misma, (iii) la autoridad competente para aplicarla y
(iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposición” 63.

Lo anterior supone, en primer lugar, que el legislador de manera
expresa haya delegado dicha función a la administración, y segundo,
que los elementos estructurales del tipo estén señalados en la norma
objeto de reglamentación. Así lo prohijó esta Sección en la sentencia
proferida el 20 de noviembre de 2020, al señalar64 que ‘[…] el
principio de legalidad establecido en el artículo 29 de la Constitución

62
Corte Constitucional, sentencia C-864 del 7 de septiembre de 2004, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
63
Corte Constitucional, sentencia C-699 del 18 de noviembre de 2015, M.P. Alberto
Rojas Ríos.
64
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado nro. 11001-03-24-000-2011-00302-
00.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

está compuesto por los principios de reserva legal y de tipicidad, en
virtud de los cuales al legislador le asiste la potestad exclusiva para
fijar las conductas que deban ser sancionadas penal o
disciplinariamente con la mayor precisión y claridad posible de forma
que no se presente duda alguna sobre la acción, hecho u omisión
reprochables, así como establecer los procedimientos administrativos
y penales que deben seguirse por las autoridades correspondientes
para imponer los correctivos del caso, que también deben ser
predeterminados cualitativa y cuantitativamente’ […]”.

(iii) Solución del caso concreto

Las normas acusadas dispusieron lo siguiente:

El inciso segundo del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011:

“[…] Además de las sanciones anteriores, las cooperativas o
precooperativas de trabajo asociado que incurran en estas prácticas
quedarán incursas en causal de disolución y liquidación. La
Superintendencia de la Economía Solidaria y las demás
Superintendencias, para el caso de las cooperativas especializadas,
cancelarán la personería jurídica […]”.

A su vez, las conductas que sanciona el anterior aparte normativo
están contenidas en el artículo 3 del decreto acusado, así:

“Artículo 3°. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado
y el tercero que contrate con estas y esté involucrado en una o más
de las siguientes conductas será objeto de las sanciones de ley
cuando:

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a) La asociación o vinculación del trabajador asociado a la
Cooperativa o Precooperativa no sea voluntaria.
b) La cooperativa o precooperativa no tenga independencia
financiera.
c) La cooperativa o precooperativa no tenga la propiedad y la
autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la ejecución
de los procesos o subprocesos que se contraten.
d) La cooperativa o precooperativa tenga vinculación económica con
el tercero contratante.
e) La cooperativa y precooperativa no ejerza frente al trabajador
asociado la potestad reglamentaria y disciplinaria.
f) Las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores
asociados en circunstancias de tiempo, modo y lugar no sean
impartidas por la cooperativa o precooperativa.
g) Los trabajadores asociados no participen de la toma de decisiones,
ni de los excedentes o rendimientos económicos de la cooperativa o
precooperativa.
h) Los trabajadores asociados no realicen aportes sociales.
i) La cooperativa o precooperativa no realice el pago de las
compensaciones extraordinarias, ordinarias o de seguridad social.
J) La cooperativa o precooperativa que incurra en otras conductas
definidas como las faltas en otras normas legales”.

La parte actora fundó los cargos de violación respecto del artículo 3
del Decreto 2025 de 2011 en que el gobierno nacional excedió la
potestad reglamentaria al introducir conductas sancionables que no
fueron previstas en las normas objeto de regulación, y del inciso
segundo del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011 en que no podía
establecer la sanción de disolución y liquidación de las cooperativas
y precooperativas de trabajo asociado, comoquiera que no se previó

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en el inciso segundo del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y en la
Ley 1233 de 2008.

El artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, dispuso65:

“ARTÍCULO 63. CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en
toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo
de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado
a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan
intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación
que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales
consagrados en las normas laborales vigentes.
Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el
artículo tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y
Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales
previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a estos y a los
trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad
con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones
Territoriales, impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o
empresas privadas que no cumplan con las disposiciones descritas.

Serán objeto de disolución y liquidación las Precooperativas y
Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido en la
presente ley. El Servidor Público que contrate con Cooperativas de
Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral para el desarrollo
de actividades misionales permanentes incurrirá en falta grave”.

(Se resalta)

65
El parágrafo transitorio fue derogado por el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011.

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Por su parte, la Ley 1233 de 2008 tuvo como objeto precisar “los
elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se
crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de
Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y
a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y
se dictan otras disposiciones”.

Dentro de las disposiciones que desarrolla esta ley, sólo dos artículos
contienen sanciones para las cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado, y con la consecuencia jurídica que se reprocha en
el inciso segundo del artículo 4 acusado, es decir, la disolución y
liquidación de dichas organizaciones, así:

“ARTÍCULO 4o. CONTROL. El Gobierno Nacional haciendo uso de los
recursos que aporta el sector cooperativo a la Superintendencia de
la Economía Solidaria, apropiará las partidas presupuestales
necesarias, teniendo en cuenta las normas legales vigentes, para que
esta Institución lleve a cabo el control y la vigilancia eficaz de las
entidades que están bajo su supervisión.
(…)
Las cooperativas y precooperativas que no cumplan la normatividad
vigente y en especial las disposiciones relativas al control, la
inspección y la vigilancia, serán objeto de las sanciones de ley que
de acuerdo con los procedimientos puede llegar hasta la cancelación
de la personería jurídica.
(…)

PARÁGRAFO. Se establecerá un régimen de transición igual a seis (6)
meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley para
que las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, que
hayan sido creadas con anterioridad a esta ley, ajusten sus
regímenes y estatutos a las disposiciones legales vigentes para

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

registro e inscripción ante el Ministerio de la Protección Social y la
Superintendencia respectiva. Pasados estos seis (6) meses de
transición, aquellas Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado que no hayan cumplido esta disposición de legalidad no
podrán desarrollar su objeto social y quedarán incursas en causal de
disolución y liquidación”.

(…)

ARTÍCULO 7o. PROHIBICIONES.
1. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no
podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer
del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal
a terceros o remitirlos como trabajadores en misión. En ningún caso,
el contratante podrá intervenir directa o indirectamente en las
decisiones internas de la cooperativa y en especial en la selección del
trabajador asociado.
2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no
podrán actuar como asociaciones o agremiaciones para la afiliación
colectiva de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad
Social ni como asociaciones mutuales para los mismos efectos.
3. Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o
actividades propias de las empresas de servicios temporales, el
tercero contratante y las cooperativas o las precooperativas de
trabajo asociado, serán solidariamente responsables por las
obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado y las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado quedarán
incursas en las causales de disolución y liquidación previstas en la
ley, sin perjuicio del debido proceso, y les será cancelada la
personería jurídica.
4. Tanto la potestad reglamentaria como la disciplinaria sólo será
ejercida por la precooperativa o cooperativa de trabajo asociado. En
ningún caso, tales potestades podrán ser ejercidas por el tercero
contratante. Si esto llegare a suceder se configurará de manera
automática un contrato de trabajo realidad y, además, el contratante
deberá soportar los efectos previstos en el numeral anterior, sin
perjuicio de otras consecuencias legales […]”.

(Se subraya)

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00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

Así las cosas, la Sala concluye que, ni el artículo 63 de la Ley 1429
de 2010, ni las disposiciones de la Ley 1233 de 2008, le otorgaron al
gobierno nacional la función de establecer las conductas sancionables
en las que podrían incurrir las cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado, por lo que la regulación prevista por el artículo 3 y
el inciso segundo del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011 solamente
se podía circunscribir a las causales tipificadas por el legislador, dado
que sobre aquellas recaía la función reglamentaria.

En ese sentido, las sanciones que definió el Congreso de la República
a través de la Ley 1233 de 2008 para las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado están dirigidas a castigarlas
cuando hagan intermediación laboral o cualquier otra
modalidad de contratación que afecte los derechos
constitucionales, legales y prestacionales contemplados en la
normativa laboral vigente, conforme lo prescribe el inciso primero
ibidem.

A su vez, el artículo 4 de la Ley 1233 de 2008 previó la cancelación
de la personería jurídica de estas organizaciones cuando no cumplan
la normatividad vigente, especialmente la relativa al control y
vigilancia que ejerce la Superintendencia de Economía
Solidaria; adicionalmente, su parágrafo determinó un régimen de
transición y que, estarían incursas en causal de disolución y
liquidación aquellas creadas con anterioridad a esa ley, que dentro
de los seis (6) meses siguientes a su expedición no hubiesen

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03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

ajustado sus regímenes y estatutos a las disposiciones legales
vigentes para su registro e inscripción en el otrora Ministerio
de la Protección Social y en la superintendencia respectiva.

Por su parte, el numeral 3 del artículo 7 de la norma ejusdem dispuso
como causal de disolución y liquidación, así como de la cancelación
de la personería jurídica el que se compruebe que ejercen
prácticas de intermediación laboral o actividades propias de
servicios temporales.

De contera, las conductas enlistadas por el artículo 3 del Decreto
2025 de 2011 y, la consecuencia jurídica de disolución y liquidación
señalada por el inciso segundo del artículo 4 ibidem66, no guardan
correspondencia ni fueron establecidas por el legislador en las
normas objeto de reglamentación. Para ello se recuerda que, las
conductas que sanciona el mencionado artículo 3 del decreto acusado
hacen referencia a los siguientes eventos:

Cuando la asociación o vinculación del trabajador asociado no sea
voluntaria; cuando la cooperativa o precooperativa de trabajo
asociado no tenga independencia financiera, en la autonomía en el
uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos
o subprocesos que se contraten; tengan vinculación económica con
el tercero contratante; no ejerzan frente al trabajador asociado la

66 Salvo cuando se compruebe el ejercicio de prácticas de intermediación laboral.

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03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

potestad reglamentaria y disciplinaria; no impartan las instrucciones
para la ejecución de la labor de los trabajadores asociados en
circunstancias de tiempo, modo y lugar; los trabajadores asociados
no participen de la toma de decisiones, ni de los excedentes o
rendimientos económicos de la organización solidaria; los
trabajadores asociados no realicen aportes sociales; no realicen el
pago de las compensaciones extraordinarias, ordinarias o de
seguridad social o que incurra en otras conductas definidas como las
faltas en otras normas legales.

A ello se agrega que, aunque el decreto acusado no reglamentó la
Ley 79 de 1988, “por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa",
esta normativa, al desarrollar en el Capítulo III las responsabilidades
y sanciones, dispuso que las “[c]ooperativas, los titulares de sus
órganos de administración y vigilancia y los liquidadores, serán
responsables por los actos u omisiones que impliquen el
incumplimiento de las normas legales y estatutarias y se harán
acreedores a las sanciones que más adelante se determinan, sin
perjuicio de lo establecido en otras disposiciones”.

El artículo 153 ibidem señaló las conductas sancionables para los
titulares de los órganos de administración y vigilancia, a los
empleados y a los liquidadores de las cooperativas; mientras que el

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artículo 154 ejusdem determinó en qué consisten dichas sanciones67,
pero de ningún modo facultó al gobierno nacional para describir las
conductas que fueran objeto de castigo ni las sanciones frente a las
mismas.

En ese orden de análisis, la Sala concluye que, al dictar el gobierno
nacional el artículo 3 y el inciso segundo del artículo 4 del Decreto
2025 de 2011, excedió la potestad reglamentaria, así como lo
señalado por el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y la Ley 1233 de
200868, habida cuenta que, (i) el legislador no le otorgó la facultad
expresa de establecer las sanciones para las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado, (ii) ni los elementos
estructurales del tipo para ese propósito; a lo dicho se agrega que
las conductas que castigan las normas enjuiciadas, en los aspectos

67
Artículo 154. Adicionase la Ley 24 de 1981, con un artículo nuevo que como
artículo 46 de la mencionada Ley, quedará así:
"Artículo 46. Las sanciones aplicables por el Departamento Administrativo Nacional
de Cooperativas por los hechos contemplados en los artículos 44 y 45 de la
presente Ley, serán las siguientes:
1. Llamada de atención.
2. Cobro de multas hasta del uno por ciento (1%) de capital social de la persona
jurídica o hasta de cien (100) veces el salario mínimo legal mensual,
respectivamente, según se trate de sanciones o entidades o a personas naturales.
3. Prohibición temporal o definitiva para el ejercicio de una o más actividades
específicas.
4. Declaración de inhabilidad para el ejercicio de cargos en entidades del sector
cooperativo hasta por cien años, y
5. Orden de disolución y liquidación de la cooperativa con la correspondiente
cancelación de la personería jurídica”.
68 Salvo lo establecido por el numeral 3 del artículo 7 ibídem cuando se comprueben

prácticas de intermediación laboral, evento en el cual quedarán incursas en las
causales de disolución y liquidación previstas en la ley.

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que no resultan ser simples modalidades de las conductas legales,
no fueron señaladas por el legislador, con lo cual se infringió el
principio de legalidad, lo que conduce a que le asista razón a la parte
actora y deba declararse la nulidad del artículo 3, así como del inciso
segundo del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011, en lo que hace
relación con las conductas fijadas por el artículo 3 ibídem.

Por último, la Sala se releva de analizar la violación de los artículos
150-21 y 334 de la Constitución Política que se atribuye al literal c)
del artículo 3 del decreto 2025 de 2011, en razón a la declaratoria de
nulidad que se está decretando sobre la totalidad de esa disposición.

3.2.2.2. En relación con el inciso cuarto del artículo 4 del
Decreto 2025 de 2011

La parte actora aseguró que el aparte normativo enjuiciado
desconoció el contenido del inciso segundo del artículo 63 de la Ley
1429 de 2010, que dispone que, en casos excepcionales previstos
por la ley, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que
tengan trabajadores, retribuirán a éstos y a sus asociados las labores
que realicen, acorde con lo señalado por el Código Sustantivo del
Trabajo; lo que, a su vez, vulnera el artículo 25 de la Constitución
Política, que estableció la protección del Estado al trabajo en sus
distintas modalidades.

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El aparte censurado se encuentra contenido en el inciso cuarto del
artículo 4 del Decreto 2025 acusado, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“[…] Ningún trabajador podrá contratarse sin los derechos y las
garantías laborales establecidas en la Constitución Política y en la
Ley, incluidos los trabajadores asociados a las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado […]”. (Se subraya)

El artículo 25 de la Constitución Política prevé que “[E]l trabajo es un
derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de
la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

El inciso segundo del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que se aduce
infringido establece69:

“ARTÍCULO 63. CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. (…)

Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el
artículo tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y
Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales
previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a estos y a los
trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad
con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo […].

69
El aparte subrayado fue declarado exequible, por la Corte Constitucional en la
sentencia C-645-11 del 31 de agosto de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

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La Corte Constitucional definió el alcance de esta norma en la
sentencia C-645 de 2011 al estudiar su exequibilidad y analizó lo
siguiente:

“[…] Para no señalar sino las más notables diferencias entre las dos
modalidades de trabajo, basta con puntualizar que, en la que es
objeto de regulación por el Código Sustantivo del Trabajo, se
presenta una oposición entre empleador y trabajador, de lo cual
resulta que el primero retribuye al segundo, por los servicios
personales que le presta, a través de un salario, al paso que en las
cooperativas de trabajo asociado hay una vinculación solidaria, que
se desenvuelve en un plano de igualdad, sin oposición de intereses
entre empleador y trabajadores, sin que exista relación de
subordinación y dependencia, y en donde el trabajo aportado se
retribuye a través de una compensación cuyas condiciones son
acordadas por los propios trabajadores. En ese contexto una lectura
literal de la disposición demandada, conforme a la cual los
trabajadores asociados deben retribuirse, por las labores realizadas,
de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, implicaría
desnaturalizar las cooperativas, para convertirlas en una realidad
jurídica distinta, en la que adquirirían el carácter de empleadores,
dentro de una relación que ya no sería solidaria sino de trabajo
dependiente y vinculada, por consiguiente, al pago de un salario
como retribución al servicio personal recibido. No fue esa, sin
embargo, la opción elegida por el legislador, que para ese objetivo
habría debido excluir del ordenamiento jurídico la posibilidad de las
Cooperativas de Trabajo Asociado, lo cual habría dado lugar a un
debate de constitucionalidad distinto del que ahora se ha planteado.

En la medida en que el legislador optó por mantener a las
Cooperativas de Trabajo Asociado como una opción al alcance de las
personas para hacer frente al desempleo y a la informalidad, es
preciso llegar a una interpretación de la disposición demanda que
resulte compatible con esa realidad.
El Código Sustantivo del Trabajo regula las relaciones de derecho
individual del trabajo de carácter particular, y de manera expresa
señala que sus previsiones se aplican a una determinada modalidad
de trabajo, que es aquella que consiste en “(…) la actividad humana
libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que

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una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y
cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución
de un contrato de trabajo”.
Dentro del conjunto de materias que regula el Código se encuentran
las atinentes a la retribución del trabajo a través del salario. Las
previsiones del código en esta materia se inscriben dentro del
principio general contenido en su artículo 13, conforme al cual “[l]as
disposiciones de este Código contienen el mínimo de derechos y
garantías consagradas en favor de los trabajadores.”
De este modo, una interpretación que armonice la remisión que hace
la norma acusada al Código Sustantivo del Trabajo para determinar
la retribución de los trabajadores asociados, con la naturaleza propia
de las Cooperativas de Trabajo Asociado de las que forman parte,
conduce a la conclusión de que la compensación que en dichas
cooperativas reciban los trabajadores asociados por las labores
realizadas debe estar prevista de manera tal que, respetando la
naturaleza asociativa y solidaria de esa modalidad de trabajo, resulte
equivalente en condiciones a las que se han previsto para la
retribución en el Código Sustantivo del Trabajo como un mínimo de
garantías para los trabajadores.
De este modo, en las Cooperativas de Trabajo Asociado, la
compensación de los trabajadores asociados por las labores
realizadas, en la modalidad jurídica que les es propia, debe estar a
tono con las previsiones del Código Sustantivo del Trabajo en
aspectos tales como el salario mínimo, materia en relación con la
cual existe regulación expresa en la Ley 1233 de 2008; el principio
de a trabajo igual salario igual (CST art. 143); el porcentaje del
salario que se puede pagar en especie (CST Art. 129); las horas
extras y el recargo nocturno (CST Art. 168) o el descanso
remunerado y las vacaciones (CST Arts. 179 y ss.).
Ante las ambigüedades que, para lograr esa armonización surgen de
la ley, es preciso que las cooperativas, en ejercicio de su autonomía
adecuen su régimen interno, para acogerse a esa nueva realidad y
lo propio debe acontecer con el marco regulatorio estatal, en orden
a permitir que se realice esa equivalencia de prestaciones entre las
dos modalidades de trabajo en función del mínimo de garantías
previsto en el Código Sustantivo del Trabajo […]”.

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Las razones expuestas por la Corte Constitucional para explicar el
alcance del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 resultan suficientes
para concluir que la exigencia contenida en el inciso cuarto del
artículo 4 del decreto acusado, según la cual, ningún trabajador
asociado podrá contratarse sin los derechos y las garantías laborales,
no desconoce lo estatuido por el artículo 63 citado y, por el contrario,
está en armonía con lo allí señalado.

En efecto, lo que pretende el aparte normativo que se cuestiona es
que los trabajadores asociados reciban la compensación por las
labores que ejecutan de manera equivalente a la remuneración que
reciben los trabajadores dependientes, es decir, que, como lo ha
señalado la Corte, “[d]ebe estar a tono con las previsiones del Código
Sustantivo del Trabajo en aspectos tales como el salario mínimo,
materia en relación con la cual existe regulación expresa en la Ley
1233 de 2008; el principio de a trabajo igual salario igual (CST art.
143); el porcentaje del salario que se puede pagar en especie (CST
Art. 129); las horas extras y el recargo nocturno (CST Art. 168) o el
descanso remunerado y las vacaciones (CST Arts. 179 y ss.)”.

En ese sentido, el aparte acusado responde a la exigencia
constitucional de proteger a los trabajadores asociados en sus
garantías mínimas laborales, comoquiera que “[e]l trabajo asociado
no puede ser utilizado indebidamente para desconocer o eludir las
obligaciones de estirpe laboral con los trabajadores dependientes o
subordinados, por ello, la normatividad consagró la prohibición de

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que las Cooperativas de Trabajo Asociado actuaran como empresas
de intermediación laboral […]”70; por lo que la aludida exigencia
prevista en el decreto reglamentario no riñe con el modelo asociativo
y solidario de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado
como lo aduce la parte actora.

Así lo ha expresado la Corte Constitucional en la precitada
providencia en relación con el análisis que efectuó frente al artículo
25 Superior:

“[…] La exigencia de que toda organización constituida bajo el orden
jurídico colombiano, en este caso la que responde a la forma de las
cooperativas de trabajo asociado, retribuya a su trabajadores por las
labores realizadas, atendiendo a la naturaleza jurídica de la
respectiva institución, en los términos del Código Sustantivo del
Trabajo que garantizan unas condiciones mínimas para los
trabajadores, no desconoce el derecho al trabajo, y, por el contrario
debe tenerse como una armonización constitucionalmente válida de
los objetivos de promover, por un lado, el acceso de las personas al
trabajo y, asegurar, por otro, que éste, en todas sus modalidades,
se realice en condiciones de dignidad […]”.

De contera, la Sala concluye que el inciso cuarto del artículo 4 del
Decreto 2025 de 2020 no desconoce el artículo 25 de la Constitución
Política, ni el inciso segundo del artículo 63 de la Ley 63 de la Ley
1429 de 2010, por lo que el cargo no prospera.

70
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 19 de julio de 2017, C.P. Sandra Lisset Ibarra Velez,
radicado nro. 63001-23-33-000-2014-00139-01(1771-15).

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3.3. Conclusión

Conforme lo acá analizado, la Sala declarará:

(i) De oficio, la excepción de cosa juzgada en relación con los
artículos 2, 4 (incisos primero y tercero), 5, 9 y 10 del Decreto 2025
de 2011, por lo que las partes deberán estarse a lo resuelto en la
sentencia proferida el 19 de febrero de 2018 por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, en el expediente con radicado
nro. 11001 03 25 000 2011 00390 00, que declaró su nulidad.

(ii) De oficio la excepción de cosa juzgada frente a la expresión “la
propiedad” contenida en el literal c) del artículo 3 del Decreto 2025
de 2011 y, por lo tanto, deberá estarse a lo resuelto en la sentencia
proferida 20 de noviembre de 2020 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, en el expediente con radicado nro. 11001 03 24
000 2011 00302 00, que declaró su nulidad.

(iii) Igualmente, de forma oficiosa declarará la excepción de cosa
juzgada relativa, en lo atinente al cargo de violación frente al exceso
de la potestad reglamentaria e infracción de los artículos 333 de la
Carta Política y 13 de la Ley 1233 de 2008, que se endilga al segundo
fragmento del literal c) del artículo 3 del Decreto 2025 de 2011, con
ocasión de la sentencia del 20 de noviembre de 2020 expediente con
radicado nro. 11001 03 24 000 2011 00302 00 y, por consiguiente,
deberá estarse a lo allí dispuesto.

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(iv) Declarará la nulidad del artículo 3 del Decreto 2025 de 2011.

(v) Declarará la nulidad parcial del inciso segundo del artículo 4 del
Decreto 2025 de 2011, referida a las conductas establecidas por el
artículo 3 ibídem.

(vi) Finalmente, negará la pretensión de nulidad en relación con el
inciso cuarto del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada
absoluta, respecto de los artículos 2, 4 (incisos primero y tercero),
5, 9 y 10 del Decreto 2025 de 2011, por lo que deberá ESTARSE a
lo resuelto en la sentencia proferida el 19 de febrero de 2018 por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en el
expediente con radicado nro. 11001 03 25 000 2011 00390 00, que
declaró la nulidad de dichas disposiciones, por las razones explicadas
en precedencia.

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03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

SEGUNDO: DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada
absoluta, en cuanto de la expresión “la propiedad” contenida en el
literal c) del artículo 3 del Decreto 2025 de 2011 y, por lo tanto,
deberá ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida 20 de
noviembre de 2020 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
en el expediente con radicado nro. 11001 03 24 000 2011 00302 00,
que la declaró su nulidad, acorde con lo expuesto en la parte
considerativa.

TERCERO: DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada
relativa, en lo atinente al cargo de violación referido al exceso de la
potestad reglamentaria e infracción de los artículos 333 de la Carta
Política y 13 de la Ley 1233 de 2008, que se endilga al segundo
fragmento del literal c) del artículo 3 del Decreto 2025 de 2011, con
ocasión de la sentencia del 20 de noviembre de 2020 expediente con
radicado nro. 11001 03 24 000 2011 00302 00 y, por consiguiente,
deberá estarse a lo allí dispuesto.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del artículo 3 del Decreto 2025 de
2011, por lo señalado en la parte motiva.

QUINTO: DECLARAR la nulidad parcial del inciso segundo del
artículo 4 del Decreto 2025 de 2011, referida a las conductas
establecidas por el artículo 3 ibídem.

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Radicación: 11001 03 24 000 2011 00267
00, 11001 03 24 000 2011 00261 y 11001
03 25 000 2011 00414 00 (Acumulado)
Actor: Jorge Eliecer Manrique Villanueva y otros

SEXTO: NEGAR la pretensión de nulidad en relación con el inciso
cuarto del artículo 4 del Decreto 2025 de 2011, según lo indicado en
la parte motiva.

SÉPTIMO: En firme esta decisión, archívese el expediente.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 67
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