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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00031-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00031-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR probada, de oficio, la cosa juzgada absoluta respecto de la pretensión de nulidad formulada en los procesos acumulados con los radicados números 11001-03-24-000-2020-00031-00 y 11001-03-24-000-2020-00110-00, en cuanto se dirigen contra los artículos 1 y 2 de la Resolución núm. 350 de 2019. En consecuencia, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia de 25 de junio de 2026, proferida por esta Sección en el proceso con radicado número 11001-03-24-000-2019-00527-00, que declaró la nulidad parcial de dichas disposiciones respecto de las cuotas globales de pesca del recurso tiburón, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del expediente, con las constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2020-00031-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros1
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Medio de control: Nulidad
Tema: Cosa juzgada absoluta. Cuotas globales de pesca. Resolución núm.
350 de 2019
Decisión: Declara probada de oficio cosa juzgada absoluta y se está a lo
resuelto respecto de la cuota global de pesca del recurso tiburón. Sin
condena en costas

NULIDAD –ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los procesos acumulados de la referencia, instaurados en
ejercicio del medio de control de nulidad por Alison Páez Jiménez, Andrés León Perilla,
Alejandro Pacheco Silva y Álvaro Cubillos Ruíz (expediente 2020-00031), y por Ludwing
Mantilla Castro (expediente 2020-00110), contra la Resolución núm. 350 de 25 de octubre
de 2019, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la cual se
establecieron las cuotas globales de pesca de las diferentes especies bajo
aprovechamiento para el año 2020.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demandas

1.1.1 Expediente 2020-00031 (Páez y otros)

Los demandantes solicitan que se declare la nulidad de los artículos 1 y 2 de la
Resolución núm. 350 de 2019, en lo referente a la cuota global de pesca de tiburón y de
aletas de tiburón2. La pretensión es la siguiente:

Se declare la nulidad de los artículos 1 y 2 de la Resolución 350 de 2019 en lo que
respecta a la cuota global de pesca de tiburón y aletas de tiburón de las especies
a que hace referencia.

1 Andrés León Perilla, Alejandro Pacheco Silva, Álvaro Cubillos Ruíz y Ludwing Mantilla Castro (Expediente
2020-00110)
2 Visible en el índice 53 del SAMAI.

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

1.1.2 Expediente 2020-00110 (Ludwing Mantilla Castro)

El demandante solicita que se declare la nulidad total de la Resolución núm. 350 de
20193.La pretensión es del siguiente tenor:

PRIMERA: Declarar la Nulidad de la RESOLUCION 350 DEL 25 DE OCTUBRE
DE 2019 "MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CUOTAS GLOBALES DE
PESCA DE LAS DIFERENTES ESPECIES BAJO APROVECHAMIENTO PARA
EL AÑO 2020." proferida por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL.

1.2. El acto acusado

A continuación, se transcribe el acto demandado:

RESOLUCIÓN NÚMERO 000350 DE 2019
(octubre 25)

por la cual se establecen las cuotas globales de pesca de las diferentes especies
bajo aprovechamiento para el año 2020.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales
y en especial las conferidas por el artículo 2.16.1.2.5 del Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2.16.1.2.5. del Decreto 1071 de 2015, establece que con base en
las propuestas del Comité Ejecutivo para la Pesca, que constarán en actas
suscritas por los participantes producto de las reuniones descritas en el artículo
2.16.1.2.2. del decreto mencionado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
expedirá la resolución donde se establecerán las cuotas globales de pesca de las
diferentes especies que regirán durante el año siguiente.

Que el artículo 2.16.1.2.1., del decreto ya señalado dispuso que el Comité
Ejecutivo para la Pesca (CEP), integrado por el Director de Cadenas Pecuarias,
Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su
delegado, quien lo preside; el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado y
el Director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) o su
delegado, con el fin de definir las especies y los volúmenes susceptibles de ser
aprovechados.

Que el Decreto 3570 de 2011, por el cual se modifican los objetivos y la estructura
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector
Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dispuso en su artículo 17,
numeral 14, como función de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y
Recursos Acuáticos, entre otras, “Fijar de común acuerdo con el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y con base en la mejor evidencia científica e
información estadística disponibles las especies y los volúmenes de pesca
susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y en los mares
adyacentes, con base en los cuales la autoridad competente expedirá los

3 Visible en el índice 12 del SAMAI.

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www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

correspondientes permisos de aprovechamiento”, razón por la cual se modificó la
composición del Comité Ejecutivo para la Pesca.

Que en reunión del 28 de agosto de 2019 se propuso al Comité Ejecutivo para la
Pesca las cuotas globales de pesca para los recursos marinos y continentales de
uso ornamental para la vigencia 2020, con base en la información técnica
presentada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP); Secretaría
de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia
y Santa Catalina y el Instituto de Investigaciones marinas y costeras INVEMAR.
Que según el Acta número 1 de 2019 del Comité Ejecutivo para la Pesca, se
definieron las cuotas globales de pesca para la vigencia 2020.

Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario expedir la presente
resolución con las cuotas globales de pesca definidas por el Comité Ejecutivo para
la Pesca, respecto de los recursos pesqueros marinos y los continentales de uso
ornamental.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Establézcanse las cuotas globales de pesca de las diferentes especies
para la vigencia 2020 en el Mar Caribe, así:

• Solo para pesca artesanal y aplica para individuos con aletas adheridas al cuerpo.
Este grupo está conformado por las siguientes especies: Carcharhinus falciformis,
C limbatus, C leucas, Alopias supercilius Galeocerdo cuvier y Sphyrna spp.
** Las 5.2 ton de aleta hacen parte de las 125 ton de cuota asignadas al recurso
tiburón.
***La cuota de jaiba será discriminada así: 729 ton jaiba azul (C. sapidus) y 600
ton jaiba roja (C. bocourti) y su aprovechamiento al Caribe continental.
**** Consolidado del grupo Demersales y Pelágicos. Incluirá los recursos
pesqueros asociados a los permisos de “pesca blanca” autorizados por la AUNAP,
exceptuando el valor asignado para el recurso atún.

Artículo 2°. Establézcanse las cuotas globales de pesca de las diferentes especies
para la vigencia 2020 en el Océano Pacífico, así:

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3

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

• Solo para pesca artesanal
** Los valores asignados como cuotas de aleta para Alopias pelagicus, Alopias
supercilliosus y Sphyrna corona, hacen parte de las 350 ton de cuota del recurso
tiburón.
*** Agrupa los recursos pesqueros asociados a los permisos de pesca blanca
autorizados por la AUNAP, exceptuando el valor asignado para el recurso atún.

Artículo 3°. Establézcanse las cuotas globales de pesca para la vigencia 2020 para
los recursos pesqueros del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, así:

• Corresponde a 150 toneladas de peso en colas.
** Estado limpio: filete de caracol con opérculo (uña).
*** Cuota con margen de captura de una (1) tonelada por encima del valor
aprobado a efectos de facilitar el control de la misma.

Parágrafo 1°. La cuota para el recurso peces de escama incluye el porcentaje que
se asigna al Tratado Vásquez Saccio.

Parágrafo 2°. La cuota de caracol pala corresponde al producto en estado de
presentación limpio y su captura se circunscribe únicamente al banco Serrana.

Parágrafo 3°. La cuota establecida para caracol pala será asignada
exclusivamente a pescadores artesanales de la isla y su comercialización se limita
al mercado local.

Artículo 4°. Establézcanse las cuotas globales de pesca para la vigencia 2020 de
las diferentes especies de uso ornamental para las cuencas continentales del país,
de la siguiente manera:

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4

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

• Código de cada una de las especies según la Resolución número 1924 de 2015.
** Excluye las especies con asignación individual relacionadas anteriormente. Las
especies que conforman este grupo se encuentran relacionadas en la Resolución
número 1924 de 2015.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

1.3.1. Expediente 2020-00031

La demanda invoca como vulnerados los artículos 8, 79, 80, 93 y 95 de la Constitución
Política, junto con un conjunto de instrumentos legales e internacionales de protección
ambiental y de especies amenazadas4, y formula dos cargos.

En el primero, los demandantes sostienen que la resolución es contraria al espíritu de la
Constitución Ecológica y desconoce la protección de las especies amenazadas, la
conservación del medio ambiente marino, la prevención del deterioro ambiental y la
cooperación con otras naciones en las zonas de frontera; al cierre del cargo añaden que
el acto incurre en falsa motivación, porque permite una falta de selectividad en la pesca
de tiburones. Se considera que dicha resolución, al permitir una cuota global de pesca de
tiburones y aletas de tiburón de especies que han sido reconocidas como amenazadas,
en estado crítico o en peligro de extinción, conlleva a una clara vulneración de los
principios constitucionales y normas señaladas.

En el segundo, afirman que la resolución vulnera el principio de progresividad y no
regresividad del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
principio de desarrollo sostenible del artículo 80 de la Constitución Política, al autorizar

4 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley 13 de 1990, Ley 12 de 1992, Ley 99 de 1993, Ley
165 de 1994, Ley 356 de 1997, Ley 1131 de 2007, Decreto 1124 de 2013.

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5

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

cuotas de pesca de tiburón y de aletas de especies reconocidas como amenazadas o en
peligro de extinción; lo cual conlleva a un evidente deterioro de la fauna marina del
pacifico y el caribe colombiano.

1.3.2. Expediente 2020-00110

La demanda invoca como vulnerada la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales
como seres sintientes con protección especial frente al sufrimiento causado por el ser
humano, la Declaración Universal de los Derechos del Animal y el artículo 144 del
CPACA, y desarrolla, además, en el sustento fáctico, el principio de precaución del
artículo 1, numeral 6, de la Ley 99 de 1993.

Sobre esa base formula un concepto único de violación, con eje en la protección animal,
que integra tres líneas argumentativas. En la primera, el demandante sostiene que la
resolución autoriza el aleteo y la pesca dirigida al tiburón y somete así al animal a un
sufrimiento injustificado, en contravención de la Ley 1774 de 2016 y de la Declaración
Universal de los Derechos del Animal.

En la segunda, invoca el principio de precaución (artículo 1 de la Ley 99 de 1993), pues,
ante la falta de certeza científica sobre la población de tiburones, la nulidad sería el medio
para evitar un daño grave e irreversible.

En la tercera, invoca el artículo 144 del CPACA sobre protección de derechos e intereses
colectivos, cuyo texto transcribe, incluida la previsión de que por esa vía el juez no puede
anular el acto, y cita en su apoyo la sentencia C-644 de 2011 de la Corte Constitucional.

Finaliza señalando que la resolución demandada

causa unos efectos nocivos que afectan en materia grave al orden social y ecológico,
en razón que al momento de autorizar la pesca de los tiburones y el corte de las aletas
de los mismos, esta (sic) causando un grave daño ambiental y a la vida de estos
animales y por su puesto (sic) que al ecosistema, ya que al momento de que los
tiburones que le son cortadas la (sic) aletas los mismos quedan débiles y terminan
sufriendo un dolor indiscriminado y muriendo y quedando en el ambiente y generando
contaminación.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. Contestación en el expediente 2020-00031

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se opuso a las pretensiones. Sostuvo que
la competencia para establecer las cuotas globales de pesca le corresponde conforme al
marco normativo del sector, y que la fijación de las cuotas del recurso tiburón, de 125
toneladas para el Caribe y 350 para el Pacífico, obedeció a un valor conservador de
carácter precautorio, según lo precisado en la Resolución núm. 434 de 2019,
modificatoria de la Resolución núm. 350, que aportó como prueba. Argumentó que no
basta imputar la violación de preceptos superiores sin refutar científicamente los estudios

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6

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

técnicos que soportan las cuotas, y pidió negar las pretensiones. No propuso
excepciones5.

2.2. Contestación en el expediente 2020-00110

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no contestó la demanda del expediente
2020-00110.

III. TRÁMITE PROCESAL Y ACUMULACIÓN

3.1. El expediente 2020-00031

La demanda se presentó ante esta Corporación y se repartió el 30 de enero de 2020. 6
Inadmitida y luego subsanada, fue admitida por auto de 2 de febrero de 2021.7 Dentro del
término de traslado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contestó la demanda.8
En la demanda se solicitó, en capítulo aparte, la suspensión provisional del acto.

3.2. El expediente 2020-00110

El proceso se inició ante el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró su falta de
competencia y remitió el expediente a esta Corporación. La demanda fue admitida
mediante auto del 26 de febrero de 2021.9 En la demanda se solicitó igualmente la
suspensión provisional del acto, con fundamento en el principio de precaución.

3.3. La acumulación

Por auto de 20 de enero de 2022 se decretó la acumulación del proceso 2020-00110 al
expediente 2020-00031, determinación adoptada según la fecha de notificación del auto
admisorio en cada proceso10.

Por auto de 12 de octubre de 2022 se negó la suspensión provisional en ambos procesos,
por no haberse sustentado debidamente la medida y por haber perdido vigencia el acto
acusado a partir del 31 de diciembre de 2020, en los términos del numeral 5 del artículo
91 del CPACA 11.

5 Visible en el índice 22 del SAMAI.
6 Visible en el índice 53 del SAMAI.
7 Auto admisorio visible en el índice 10; notificación en el índice 13 del SAMAI.
8 Visible en el índice 22 del SAMAI.
9 Visible en el índice 12 del SAMAI.
10 Visible en el índice 41 del SAMAI
11 Visible en el índice 54 del SAMAI.

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7

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

3.4. La fijación del litigio y el trámite de sentencia anticipada

Mediante auto del 17 de marzo de 2023, se encuadraron los procesos acumulados en el
primer escenario de sentencia anticipada del artículo 182A del CPACA, correspondiente
al asunto que se decide con las pruebas documentales, sin necesidad de práctica
probatoria; además, se pronunció sobre las pruebas y fijó el litigio12.

En el expediente 2020-00031 se fijaron tres cargos. Por el de infracción de normas
superiores, corresponde establecer si los artículos 1 y 2 de la Resolución núm. 350 de
2019 se expidieron en contravía de un extenso conjunto de disposiciones
constitucionales, legales e internacionales de protección ambiental y de conservación de
especies, y, de ser así, si ello conducía a la nulidad. Por el de falta de motivación, se
debe determinar si el acto no era claro, puntual y suficiente al no establecer medidas
efectivas de protección de los ecosistemas y de la fauna amenazada. Por el de falsa
motivación, concierne precisar si el acto permitía una selectividad en la pesca de
tiburones que comprometía su conservación13.

En el expediente 2020-00110 se fijó un cargo, el de infracción de normas superiores,
referido a si el acto se emitió con vulneración del artículo 137 del CPACA, del numeral 6
del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, de los artículos 1 y 3 de la Ley 1774 de 2016 y de la
Declaración Universal de los Derechos del Animal14.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. La parte demandante

Los demandantes no presentaron alegatos de conclusión.

4.2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural alegó que las cuotas globales de pesca se
establecieron en ejercicio de la competencia que el artículo 2.16.1.2.5 del Decreto 1071
de 2015 le asigna, con base en las propuestas del Comité Ejecutivo para la Pesca, y que
la distribución de las cuotas corresponde a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

Sostuvo que la fijación de las cuotas contó con un sustento técnico, reflejado en el Acta
número 1 de 2019 del Comité y en la información aportada por esa autoridad, por la
Secretaría de Agricultura y Pesca del Archipiélago de San Andrés y por el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras, y que la parte motiva del acto expresó las razones
de su expedición, con lo que se satisfacían los requisitos de motivación.

En cuanto al recurso tiburón, señaló que la Resolución núm. 434 de 2019, modificatoria
de la 350, eliminó lo concerniente a la cuota de aletas y ajustó otras cuotas, que las
cuotas de tiburón obedecían a un valor conservador de carácter precautorio y que la

12 Visible en el índice 60 del SAMAI.
13 Visible en el índice 60 del SAMAI.
14 Ibidem.

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8

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

captura dirigida de tiburón está prohibida en el territorio nacional. Concluyó que los cargos
no tenían vocación de prosperidad15.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto16 en el cual
formuló como problema jurídico el relacionado con determinar si con la expedición de la
Resolución núm. 350 de 2019 se violaron las normas internas e internacionales sobre la
caza de especies en vía de extinción. Sostuvo que la competencia para establecer las
cuotas globales de pesca corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
conforme al Decreto 1071 de 2015. Agregó que el acto demandado, modificado por la
Resolución núm. 434 de 2019, satisface los requisitos de motivación, y que no existían
elementos de juicio para declarar la nulidad.

En consecuencia, conceptuó que debían negarse las pretensiones.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el
asunto sub-lite, previas las siguientes

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 149.1 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente proceso.

7.2. Objeto de la controversia y delimitación

El presente proceso reúne, por acumulación dispuesta mediante proveído del 20 de enero
de 2022, dos demandas de nulidad instauradas contra la Resolución núm. 350 de 25 de
octubre de 2019, "Por la cual se establecen las cuotas globales de pesca de las diferentes
especies bajo aprovechamiento para el año 2020", expedida por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.

En el expediente 2020-00031 se solicitó la nulidad de los artículos 1 y 2 de la resolución
"en lo que respecta a la cuota global de pesca de tiburón y aletas de tiburón"; en el
expediente 2020-00110, la nulidad total del acto.

15 Visible en el índice 71 del SAMAI.
16 Visible en el índice 70 del SAMAI.

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9

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ahora bien, la Resolución núm. 350 de 2019 ya fue objeto de control de legalidad ante
esta Sección, en el expediente 2019-00527. Mediante sentencia de 25 de junio de 202617,
la Sala declaró su nulidad parcial "únicamente en cuanto fija las cuotas globales de pesca
del recurso tiburón en sus artículos 1° y 2°" y negó las demás pretensiones.

Por disposición del artículo 189 del CPACA, esa declaración de nulidad produce efectos
erga omnes, de modo que las cuotas del recurso tiburón fijadas en los citados artículos
quedaron expulsadas del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, y comoquiera que la Resolución núm. 350 de 2019 fue objeto de
pronunciamiento con efectos erga omnes en el expediente 2019-00527, la Sala
examinará de oficio la ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada respecto de las
pretensiones de ambos expedientes.

7.3. Cosa juzgada

La cosa juzgada garantiza la estabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad
jurídica, al impedir que una controversia ya resuelta por sentencia en firme vuelva a ser
debatida y decidida. En el medio de control de nulidad, sus efectos están regulados por
el artículo 189 del CPACA, conforme al cual:

La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá
fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá
cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada.

De esa diferencia de efectos según el sentido del fallo, la jurisprudencia de esta Sección
ha derivado dos regímenes. Al respecto ha precisado18:

[…] si la sentencia frente a la cual se pretende efectuar el análisis de la excepción
fue estimatoria, el efecto de la cosa juzgada será absoluto respecto de las
disposiciones cuya ilegalidad fue declarada y, en esa medida, es claro que
resultaría improcedente efectuar posteriores análisis de validez de esas mismas
normas, en tanto resultaron expulsadas del orden jurídico al ser contrarias a este.
Cuestión distinta acontece en el evento de que la decisión fuese desestimatoria de
los cargos de nulidad, pues en ese caso el efecto de la cosa juzgada es relativa,
lo que significa que se predicará únicamente de los cargos en ella analizados y
respecto de las disposiciones acusadas.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de junio
de 2026, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, expediente 11001-03-24-000-2019-00527-00. En dicho
proceso se controvirtió la legalidad de la Resolución núm. 350 de 2019 y la Sala declaró la nulidad parcial
de sus artículos 1 y 2, en cuanto fijan las cuotas globales de pesca del recurso tiburón, y negó las demás
pretensiones.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo
de 2022, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente 11001-03-24-000-2015-00163-00. En ese proceso de
nulidad simple, en el que se demandó un decreto cuya nulidad total ya había sido declarada en sentencia
anterior, la Sección precisó que el efecto de la cosa juzgada es absoluto cuando la sentencia previa fue
estimatoria —caso en el cual basta la identidad de objeto— y relativo cuando fue desestimatoria —supuesto
que se contrae a la causa petendi juzgada—, sin que en el medio de control de nulidad opere la identidad
de partes; y, con base en ello, declaró de oficio la cosa juzgada absoluta.

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Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Así, cuando la sentencia es estimatoria, la disposición anulada queda expulsada del
ordenamiento jurídico frente a todos, y la cosa juzgada opera de manera absoluta: cierra
el examen de su validez frente a cualquier causa petendi, de suerte que, para su
configuración, basta la identidad de objeto. Cuando la sentencia es desestimatoria, la
cosa juzgada opera de manera relativa: se contrae a la causa petendi juzgada, de modo
que su configuración exige, además de la identidad de objeto, la de causa. En el medio
de control de nulidad, que persigue el control objetivo de legalidad, la identidad de partes
no es exigible, pues quien lo promueve no actúa en interés particular, sino en interés del
ordenamiento jurídico19. Una vez configurada la cosa juzgada corresponde declararla de
oficio20.

Sentado lo anterior, la Sala examina si respecto de las pretensiones de los expedientes
acumulados se configura la cosa juzgada. Según se expuso, la legalidad de la Resolución
núm. 350 de 2019 fue definida en el expediente 2019-0052721. En aquella oportunidad,
la Sala fundó la nulidad parcial en la falta de motivación de las cuotas del recurso tiburón,
en los siguientes términos:

Como se estableció, la motivación del acto, aunque invoque formalmente como
soporte la propuesta del Comité Ejecutivo para la Pesca, solo es suficiente si esa
propuesta se formuló conforme al estándar del artículo 2.16.1.2.3 del Decreto 1071
de 2015. Y bajo el aspecto anterior se acreditó que la propuesta sobre las cuotas
del recurso tiburón no se formuló teniendo en cuenta la información que las
entidades vinculadas a la actividad pesquera poseían sobre el recurso, pues esa
información no fue convocada antes de la expedición del acto.

Esta conclusión no implica que el Comité Ejecutivo para la Pesca estuviera
obligado a abstenerse de proponer cuotas ante la insuficiencia de información. La
obligación que el artículo 2.16.1.2.3 le impone es de orden procedimental:
convocar la información que poseen las entidades vinculadas a la actividad
pesquera, documentar la que se obtiene y la que no se obtiene, y formular la
propuesta reflejando ese ejercicio. La motivación del acto que la formaliza debe
permitir verificar el cumplimiento de ese deber, sea para acreditar que la propuesta
se formuló sobre evidencia suficiente, sea para acreditar que ante un déficit
informacional el Comité adoptó una decisión proporcional al estado del recurso,
justificando por qué la cuota propuesta resultaba razonable dado ese déficit. Lo
que el estándar no admite es que la propuesta se formule, y el acto se expida, en
silencio sobre el cumplimiento de ese deber.

En consecuencia, el cargo prospera.

Ahora bien, el vicio de motivación identificado no se extiende a la totalidad de las
cuotas globales de pesca establecidas en la Resolución núm. 350 de 2019, recae
únicamente sobre las cuotas del recurso tiburón, comoquiera que los demandantes
desarrollaron y sustentaron su reproche respecto de dicho recurso, sobre el cual
obra prueba de que la propuesta sometida al Comité Ejecutivo para la Pesca se
elaboró reconociendo un déficit de información sobre el estado de dichas especies

19 Ibidem.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero
de 2024, C.P. Oswaldo Giraldo López, expediente 11001-03-24-000-2011-00267-00 y acumulados. En ese
proceso la Sección declaró de oficio la cosa juzgada absoluta respecto de disposiciones que ya habían
sido anuladas, y la relativa respecto de aquellas cuya nulidad había sido previamente denegada con
fundamento en los mismos cargos.
21 Sentencia de 25 de junio de 2026, expediente 11001-03-24-000-2019-00527-00, C.P. Carlos Fernando
Mantilla Navarro. Cit.

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Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

y sin convocar la totalidad de la información científica disponible en las entidades
vinculadas a la actividad pesquera. En cuanto a las demás especies, la demanda
planteó el reproche en términos generales, sin desarrollar la carga argumentativa
encaminada a confrontar el soporte técnico de cada cuota.

Por consiguiente, la nulidad se contraerá exclusivamente a las disposiciones que
fijan las cuotas globales de pesca del recurso tiburón para la vigencia 2020.

En consecuencia, dispuso en la parte resolutiva:

PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución núm. 350 de
25 de octubre de 2019, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
únicamente en cuanto fija las cuotas globales de pesca del recurso tiburón en sus
artículos 1° y 2°, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Ahora bien, en el expediente 2020-00031 la demanda dirige su pretensión contra los
artículos 1 y 2 de la Resolución núm. 350 de 2019 "en lo que respecta a la cuota global
de pesca de tiburón y aletas de tiburón". La cuota de aletas forma parte de la cuota del
recurso tiburón, según lo establece el propio acto: para el Mar Caribe, "las 5.2 ton de
aleta hacen parte de las 125 ton de cuota asignadas al recurso tiburón", y para el Océano
Pacífico, los valores de aleta de las especies allí indicadas "hacen parte de las 350 ton
de cuota del recurso tiburón".

La Sala encuentra, entonces, que la totalidad del objeto atacado en el expediente 2020-
00031 corresponde a las disposiciones declaradas nulas con la sentencia de 25 de junio
de 2026, antes mencionada.

Por tal razón, respecto de la integridad de la pretensión del expediente 2020-00031, la
Sala declarará probada de oficio la cosa juzgada absoluta y, en consecuencia, se estará
a lo resuelto en la sentencia de 25 de junio de 2026.

De otro lado, en el expediente 2020-00110 la demanda solicitó la nulidad total de la
Resolución núm. 350 de 2019. Su concepto de violación, sin embargo, se concentra en
la cuota del recurso tiburón. La fijación del litigio concretó su controversia en un cargo de
infracción de normas superiores, sustentado en el principio de precaución (artículo 1º,
numeral 6, de la Ley 99 de 1993) y en la protección de los animales como seres sintientes
(Ley 1774 de 2016 y Declaración Universal de los Derechos del Animal), uno y otro
estructurados, en la demanda, sobre el aprovechamiento del recurso tiburón únicamente.

Respecto de la protección animal, el actor reprochó que el acto autorice "la pesca de 125
toneladas de tiburón y el corte de 5.2 toneladas de aletas de tiburón", conducta con la
que, a su juicio, "al cortar su aleta y ser arrojado al mar […] se le genera una muerte lenta
y dolorosa" al animal. Respecto de la precaución, la sustentó en que "en Colombia no
existen suficientes estudios que muestren un panorama de la población de tiburones".
Contra las cuotas de las especies distintas del tiburón, en cambio, el actor no formuló
concepto de violación alguno; esas cuotas aparecen en la demanda únicamente en la
transcripción de las tablas del acto.

Como el reproche del expediente 2020-00110 recae, en su integridad, sobre la cuota del
recurso tiburón, y esta fue anulada con efectos erga omnes en el expediente 2019-00527,
la cosa juzgada absoluta impide un nuevo pronunciamiento sobre su legalidad.

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Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Por tal razón, respecto de la pretensión del expediente 2020-00110, la Sala declarará
probada de oficio la cosa juzgada absoluta y, en consecuencia, se estará a lo resuelto en
la sentencia de 25 de junio de 2026.

7.4. Costas

Visto el artículo 188 del CPACA22, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena
en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio
de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en
abstracto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR probada, de oficio, la cosa juzgada absoluta respecto de la
pretensión de nulidad formulada en los procesos acumulados con los radicados números
11001-03-24-000-2020-00031-00 y 11001-03-24-000-2020-00110-00, en cuanto se
dirigen contra los artículos 1 y 2 de la Resolución núm. 350 de 2019. En consecuencia,
ESTARSE a lo resuelto en la sentencia de 25 de junio de 2026, proferida por esta Sección
en el proceso con radicado número 11001-03-24-000-2019-00527-00, que declaró la
nulidad parcial de dichas disposiciones respecto de las cuotas globales de pesca del
recurso tiburón, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del
expediente, con las constancias de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 6 de
agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado

22 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”.

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Radicado: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00
(Acumulado)
Demandantes: Alison Páez Jiménez y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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