RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-00031-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00031-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00031-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Óscar Daniel Joya Monsalve, Cristian Alberto Mejía González y Daniel Felipe Patiño en contra de los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la Resolución 2021 de 2018 «[p]or la cual se establecen lineamientos respecto de la Inspección, Vigilancia y Control que se adelanta frente al contenido del artículo 63 de la ley 1429 de 2010», de acuerdo con lo expuesto en precedencia. Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Con salvamento de voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. YSB Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00031-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00031-00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joya Monsalve, Cristian Alberto Mejía González
y Daniel Felipe Patiño
Demandada: Nación, Ministerio de Trabajo

Temas: Legalidad de los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la Resolución 2021
de 2018

Sentencia de única instancia

ASUNTO

La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1. Óscar Daniel Joya Monsalve, Cristian Alberto Mejía González y Daniel Felipe
Patiño presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2 en orden a que se declarara la nulidad de los artículos 2, 4, 5, 6
y 7 de la Resolución 2021 de 2018 «[p]or la cual se establecen lineamientos respecto
de la Inspección, Vigilancia y Control que se adelanta frente al contenido del artículo 63
de la ley 1429 de 2010» y que reguló lo siguiente:

«[…]
MINISTERIO DEL TRABAJO
RESOLUCIÓN NÚMERO 2021 DE 2018
(09. MAY 2018)
"Por el cual se establecen lineamientos respecto de la Inspección, Vigilancia y
Control que se adelanta frente al contenido del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010"

LA MINISTRA DEL TRABAJO

1 Índice 27, Samai. Folios 9 a 17 expediente [Folios 17 a 33 del archivo PDF «ED_C1_01 OTROS

• CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 27»].
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que les
confiere el numeral 10 del artículo 2 y el numeral 27 del artículo 6° del Decreto
4108 de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el artículo 208 Constitucional, corresponde a los ministros,
entre otras funciones, y dentro de los principios de la administración pública, dirigir
la actividad administrativa y ejecutar la ley. De igual manera, el artículo 209 de la
Constitución Política, consagra: "La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."

Que el artículo 9o del Código Sustantivo del Trabajo en materia de protección al
trabajo, establece: "El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista
en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados
a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y
eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones."

Que el artículo 1o del Decreto 4108 de 2011, define los objetivos del Ministerio del
Trabajo y establece que se realizan "a través de un sistema efectivo de vigilancia,
información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo
social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

Que el artículo 6 del señalado decreto, en su numeral 15, describe las funciones
del Despacho del Ministro del Trabajo, indicando que además de las señaladas en
la Constitución Política y en el Artículo 61 de la Ley 489 de 1998, debe: "Dirigir el
ejercicio de inspección y vigilancia sobre las entidades, empresas, trabajadores,
grupos y demás instancias que participen en la generación, promoción o ejercicio
del trabajo y el empleo de acuerdo con lo señalado por la ley".

Que el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1610 de 2013, señala que la autoridad de
policía del trabajo tiene la facultad coercitiva de requerir o sancionar a los
responsables de la inobservancia o violación de las normas de trabajo, dentro de
los criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

Que la Ley 50 de 1990 en su artículo 71 y subsiguientes estableció que el envío
de trabajadores en misión a empresa usuarias únicamente podrá ser realizado a
través de empresas de servicios temporales cuyo único objeto corresponde a la
prestación de servicios a terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en
el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas
naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la
cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador.

Que el Articulo 63 de la Ley 1429 de 2010 establece que: "El personal requerido
en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las
actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de
Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o
bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos
constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales
vigentes. (...)"

Que la Ley 1753 de 2015 por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" estableció en el Artículo 74 que:
"El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo, adoptará la
política nacional de trabajo decente, para promover generación de empleo, la
formalización laboral y la protección de los trabajadores de los sectores público y
privado. Las entidades territoriales formularán políticas de trabajo decente en sus
planes de desarrollo, en concordancia con los lineamientos que expida el Ministerio
del Trabajo". "El Gobiernо Nacional también fijará las reglas para garantizar que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de
tercerización."

Que el Gobierno Nacional reglamentó el contenido del artículo 63 de la Ley 1429
de 2010, mediante el Decreto 2025 de 2011 respecto de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado y el Decreto 583 de 2016 frente a las otras
formas de vinculación a la cual se refiere la señalada Ley. El contenido de ambos
decretos fue incorporado al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Que los Decretos 2025 de 2011 y 583 de 2016, fueron objeto de nulidad parcial de
su contenido por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Respecto
del Decreto 2025 de 2011, mediante Sentencia No. 11001-03-25-000-2011-00390-
00 (1482-2011) del 19 de febrero de 2018, se declaró la nulidad de los artículos 2,
4 (incisos primero y tercero), 5, 9 y 10. En cuanto al Decreto 583 de 2016, mediante
Sentencia No. 11001-03-25-000-2016-00485-00 (2218-2016) del 6 de julio de 2017
se declaró la nulidad de los numerales 4 y 6 del artículo 1.

Que mediante el Decreto 683 del 18 de abril de 2018, se derogó el Capítulo 2 del
Título 3 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo y el Decreto 583 de 2016.

Que la nulidad parcial del Decreto 2025 de 2011 y la derogatoria del Decreto 583
de 2016, no afectan las competencias constitucionales ni legales del Ministerio del
Trabajo para adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios que
deban desarrollarse cuando se presente una infracción frente a lo regulado en el
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

Que la normatividad colombiana ha señalado que las actividades de
Intermediación Laboral se desarrollan desde tres perspectivas. La primera de ellas,
a través de la figura del Simple Intermediario, contenida en el artículo 35 del Código
Sustantivo del Trabajo, entendido este, como aquellos que contratan servicios de
otras para ejecutar trabajo en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.
La segunda perspectiva corresponde al servicio de intermediación en la gestión y
colocación de empleo contenido en el artículo 2.2.6.1.2.17 del Decreto 1072 de
2015, cuyo objetivo es registrar a demandantes y oferentes de mano de obra y
vacantes, hacer orientación ocupacional, preseleccionar y remitir los oferentes a
los demandantes de mano de obra y de esa manera generar una relación laboral
con el tercero que contrata el servicio, sin que el intermediario adquiera
responsabilidad laboral alguna. Finalmente, la tercera corresponde al envío de
trabajadores en misión para colaborar temporalmente a empresas o instituciones
en el desarrollo de sus actividades, la cual únicamente podrá ser desarrollada por
las empresas de servicios temporales según lo establece el artículo 71 de la Ley
50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006 hoy incorporado en el Decreto Único
Reglamentario de Sector Trabajo, Decreto 1072 de 2015.

Que la figura de la tercerización, subcontratación u "outsourcing", se encuentra
encaminada a que mediante una relación contractual de naturaleza civil comercial
entre dos partes, aquel que requiere se le suministre bienes y/o servicios contrata
a un tercero especializado para que satisfaga su necesidad, el cual ejecuta su
actividad con autonomía e independencia, situación igualmente establecida en el
Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 34, el cual no sólo establece lo
señalado, sino que presenta la figura de la solidaridad como garantia de los
derechos de los trabajadores.

Que el fenómeno de la tercerización es una realidad en las sociedades
contemporáneas y hace parte fundamental del giro normal de los negocios. La
tercerización o subcontratación es dinamizadora de la economía de un país y de
la potencialización de sus industrias, y claramente es una herramienta de
formalización laboral dado que se constituye en una fuente de empleo que
disminuye la informalidad y sus efectos.

Que dentro de esta categorización no cabe el suministro o vinculación de personal
mediante un tercero proveedor, por cuanto, como ya se indicó, solamente las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

Empresas de Servicios Temporales son las autorizadas para realizar actividades
de intermediación laboral, entendida como el envío de trabajadores en misión.

Que, en todo caso, es importante precisar que la tercerización y la intermediación
laboral son figuras totalmente diferenciadas, pero en la ejecución de ambas,
siempre se debe garantizar los derechos constitucionales, legales y prestacionales
consagrados en las normas laborales vigentes de los trabajadores.

Que tercerizar o subcontratar en el marco estricto de lo pretendido por dicha figura
no es ilegal, ni prohibido por nuestra legislación, pero lo que si se encuentra
prohibido es la intermediación laboral ilegal.

Que la principal problemática que se ha generado con los procesos de
intermediación de personal desde el punto de vista de las relaciones laborales,
radica en que en algunas ocasiones se ha equiparado el suministro o provisión de
personal para realizar actividades propias del objeto de su empresa, a la prestación
de un servicio o suministro de un bien, operación que no es permitida en nuestro
ordenamiento jurídico, pues los trabajadores no son una mercancía, por lo que la
regla general es la contratación directa por parte de la empresa de sus trabajadores
a través de contratos individuales del trabajo según lo dispuesto en los artículos
22, 23, 24 y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo, donde se define el
contrato laboral como aquel en el cual una persona natural se obliga a prestar un
servicio personal, bajo dependencia o subordinación del empleador recibiendo una
remuneración por su labor.

Que el abuso de la figura de la intermediación laboral ha generado en el pasado
episodios muy graves, uno de ellos, lo que sucedió con las llamadas Cooperativas
de Trabajo Asociado (CTA), las cuales a pesar de tener un objeto legal como lo es
el desarrollo de actividades económicas, profesionales. o intelectuales, con el fin
de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general, fueron utilizadas
para suministrar personal a empresas que las contrataban, en algunos casos de
forma directa y en otros de forma simulada, generándose unos procesos de
flexibilización laboral de forma irregular y por ende conllevando a una violación.
flagrante de las garantías y derechos de los trabajadores en materia individual y
colectiva del trabajo. Esto conllevó a que el Gobierno Nacional aclarara el concepto
de intermediación laboral mediante regulación y enfocara sus esfuerzos respecto
de la prohibición a estás de desarrollar las actividades de envío de trabajadores en
misión, so pena de ser sancionadas y disueltas.

Que, a pesar de lo anterior, es claro que nuevas formas de suministrar personal
de forma ilegal han venido surgiendo a través del uso indebido de otras figuras
tales como los Contratos Sindicales o las Sociedades Anónimas Simplificadas,
entre otros, que, si bien es cierto, son legales por disposición de la Ley, cuando se
utilizan de forma irregular terminan afectando los derechos y garantías de los
trabajadores. Otro ejemplo del mal uso de la figura de la intermediación laboral se
ha presentado con algunas Empresas de Servicios Temporales, institución reglada
por Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006, este último, hoy contenido en el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Es así como a pesar, de estar
claro que se pueden contratar sus servicios en casos específicos como cuando se
trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias; de requerirse por
ausencias del personal de planta por estar en vacaciones, licencias de maternidad,
permisos o porque existan picos de producción en temporadas especificas por un
término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más, que no
pueden suplirse con el personal de planta, necesitándose contar con más personal
del existente, su uso se ha excedido en ocasiones, para convertir el personal en
misión en personal externo permanente, vulnerando los derechos de los
trabajadores en materia individual. y colectiva, lo que ha arrojado investigaciones
y sanciones por parte del Ministerio en las distintas Direcciones Territoriales del
Trabajo.

Que, en la legislación colombiana, no se encuentra prohibida la figura de la
tercerización propia del derecho comercial o civil, sin embargo, su uso puede
traspasar las fronteras de la legalidad cuando se equipara el suministro de personal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

a la prestación de un servicio o la adquisición de un bien, pues en Colombia la
regla general es la contratación directa por parte de un empleador de sus
trabajadores a través de un contrato individual de trabajo. Por tanto, el suministro
de personal a terceros usuarios es una actividad que no se encuentra autorizada,
ya que lo que se suministra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 968 del
Código de Comercio, son los bienes y los servicios.

Que como se deriva del marco normativo previamente reseñado, en especial el
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo
y el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, solo las Empresas de Servicios Temporales
están autorizadas para hacer Intermediación Laboral, entendida ésta como el
envío de trabajadores en misión a terceros para ejecutar los servicios temporales
de colaboración contratados por éste.

Que, en todo caso, es claro que no es posible a través de figuras tales como las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, el Contrato Sindical, las
Empresas Asociativas de Trabajo, así como a través de cualquier tipo societario
tales como SAS, LTDA, SA, S en C, entre otros, el suministro de personal de
manera directa, indirecta o aparente, prohibición que se entiende hasta en los
procesos de tercerización, puesto que el objeto de estos últimos no debe ser el
envío de trabajadores en misión a sus usuarios.

Que las autoridades administrativas que ejercen la inspección, vigilancia y control
en el Ministerio del Trabajo al momento de estar ante una actuación administrativa
por intermediación laboral ilegal cuyo fin sea el suministro de personal, deben tener
en cuenta que solo las Empresas de Servicios Temporales están autorizadas para
realizar intermediación laboral de acuerdo a su reglamentación específica y que el
uso de éstas u otras figuras con la finalidad de desconocerles garantías laborales
de orden individual o colectivo a los trabajadores, constituye causal para sancionar
administrativamente.

Que al momento de adelantarse la respectiva actuación administrativa, se debe
valorar el acervo probatorio existente en el plenario a fin de determinar cuál es la
finalidad en el suministro de bienes y servicios que el tercero realiza con la persona
natural o jurídica que lo contrata, pues si la razón de ser no es el suministro de la
actividad (bien o servicio) sino de la persona individualmente considerada, ya sea
de manera directa o encubierta, se tipificaría una intermediación laboral ilegal y por
tanto procede una sanción administrativa.

Que lo anterior, en desarrollo de los principios de legalidad de la actuación
administrativa, debido proceso que se debe aplicar en todo procedimiento
sancionatorio, e imparcialidad de la autoridad administrativa, se convierte en los
criterios que marcan la pauta en materia sancionatoria administrativa de las
relaciones laborales, y es lo que debe analizarse cuidadosamente por la autoridad
administrativa del trabajo al adelantar una investigación administrativa, a través de
la práctica de pruebas conducentes y pertinentes dentro del marco de libre
apreciación de las pruebas y de la sana critica que inspiran el derecho probatorio.

Que una vez determinada la existencia de una conducta infractora, el funcionario
que adelanta la investigación debe motivar el acto administrativo demostrando qué
derechos laborales individuales y colectivos se han cercenado con tal actuar, es
decir si tal intermediación laboral ilegal, lleva implícita la afectación de los salarios
y prestaciones de los trabajadores, la no afiliación al sistema de seguridad social
entre otros o la sistemática intención de disminuir el número de afiliados a una
organización sindical o de desestimular la afiliación a las mismas, entre otros.

Que con el fin de dar cumplimiento a los numerales 11 y 15 del artículo 6 del
Decreto 4108 de 2011. donde se encomienda al Ministro del Trabajo, velar por la
promoción de los derechos de los trabajadores, así como dirigir el ejercicio de la
inspección y vigilancia de las relaciones de trabajo, este Despacho considera
necesario emitir un conjunto de lineamientos orientadores respecto a cómo debe
ejercerse la Inspección, Vigilancia y Control por parte de las Direcciones.
Territoriales y sus funcionarios, en lo que corresponde a la aplicación e
interpretación del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, cuando el personal requerido

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

en una institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las
actividades misionales permanentes se encuentre vinculado bajo Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado y otras modalidades de vinculación
diferentes, que hagan intermediación laboral ilegal, que afecte los derechos
constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales
vigentes.

Que las anteriores consideraciones, así como los lineamientos que se fijan a
continuación, sirven como criterios orientadores para el desarrollo de las
actuaciones administrativas en el tema concreto de Intermediación Laboral legal,
en lo que corresponde a las funciones de Inspección, Vigilancia, Control, que
ejercen las autoridades administrativas del trabajo, por lo cual se deben entender
armonizadas con las disposiciones específicas contenidas en las Leyes 50 de
1990, 1429 de 2010 y 1753 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector del
Trabajo, Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes con la materia

En virtud de lo anterior, este Despacho,

DISPONE:

PRIMERO. En el ejercicio de las actuaciones administrativas que se adelanten por
parte de los funcionarios del Ministerio del Trabajo, debe entenderse como
intermediación laboral:

a) El envío de trabajadores en misión para colaborar temporalmente a empresas o
instituciones en el desarrollo de sus actividades. Esta actividad únicamente podrá
ser desarrollada por las empresas de servicios temporales según el artículo 71 de
la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006 hoy incorporado en el Decreto Único
Reglamentario No. 1072 de 2015. Por lo tanto, esta actividad no está permitida a
ninguna persona natural o jurídica que no esté debidamente acreditada como
Empresa de Servicios Temporales a través de una autorización otorgada por este
Ministerio y solo se adelantará en los casos que la Ley así lo haya autorizado.

b) El servicio de intermediación en la gestión y colocación de empleo contenido en
el artículo 2.2.6.1.2.17 del Decreto 1072 de 2015, cuyo objetivo es registrar a
demandantes y oferentes de mano de obra y vacantes, hacer orientación
ocupacional, preseleccionar y remitir los oferentes a los demandantes de mano de
obra y de esa manera generar una relación laboral con el tercero que contrata el
servicio, sin que el intermediario adquiera responsabilidad laboral alguna. Las
empresas que adelantan este tipo de servicio deben cumplir con lo establecido en
las normas legales y reglamentarias sobre la materia. Este servicio se encuentra
hoy prestado por las agencias públicas y privadas de gestión y colocación de
empleo y aquel que no se acredite como tal incumple la Ley. En todo caso, la
agencia no tiene calidad de empleador sobre los trabajadores objeto del servicio
prestado, ya que dicha calidad la ostentará el demandante de la mano de obra.

SEGUNDO. Ninguna persona natural o jurídica diferente de las Empresas de
Servicios Temporales puede suministrar personal de manera directa,
indirecta o encubierta a un tercero con el cual tengan una relación
contractual, en los términos del artículo 71 y siguiente de la Ley 50 de 1990 y
demás normas complementarias, puesto que de hacerlo se encontrará
incursa en una Intermediación Laboral Ilegal. El suministro de personal no
puede hacerse a través de ninguna otra modalidad de contratación u otra
figura jurídica, incluyendo los Contratos Sindicales.

TERCERO. A las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado les está
prohibido en todos los casos, la realización de actividades de intermediación
laboral en los términos del Decreto 4588 de 2006, la Ley 1233 de 2008 y de la Ley
1429 de 2010, de hacerlo se encontrarán incursas en una Intermediación Laboral
Ilegal y que con ello se vulneren los derechos constitucionales, legales y
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes, la cual será
sancionada en la forma que la Ley ha establecido y que se referencian en el
artículo séptimo de la presente resolución.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

CUARTO. Con el fin de determinar la ocurrencia de la infracción señalada en
el punto anterior, las Direcciones Territoriales adelantarán las actuaciones
administrativas necesarias e impondrán las sanciones correspondientes,
para lo cual deberán verificar la ocurrencia de las siguientes conductas:

a) Si la asociación o vinculación del trabajador asociado a la Cooperativa o
Precooperativa no fue voluntaria.
b) Si la Cooperativa o Precooperativa no tiene independencia financiera.
c) Si la Cooperativa o Precooperativa no tiene la propiedad y la autonomía en
el uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos o
subprocesos que se contraten.
d) Si la Cooperativa o Precooperativa tiene vinculación económica con el
tercero contratante.
e) Si la Cooperativa o Precooperativa no ejerce frente al trabajador asociado
la potestad reglamentaria y disciplinaria.
f) Que las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores
asociados en circunstancias de tiempo, modo y lugar no hayan sido
impartidas por la Cooperativa o Precooperativa.
g) Que los trabajadores asociados no participen de la toma de decisiones, ni
de los excedentes o rendimientos económicos de la Cooperativa o
Precooperativa.
h) Que los trabajadores asociados no realicen aportes sociales.
i) Que la Cooperativa o Precooperativa no realice el pago de las
compensaciones extraordinarias, ordinarias o de seguridad social.
J) Que la Cooperativa o Precooperativa incurra en otras conductas definidas
como las faltas en otras normas legales.

QUINTO. Cuando el personal requerido por las instituciones públicas y/o
empresas privadas para el desarrollo de sus actividades misionales
permanentes, se encuentre vinculado bajo otras modalidades de vinculación
diferentes a las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, que
vulneren los derechos constitucionales, legales y prestacionales
consagrados en las normas laborales vigentes de los trabajadores, a través
del desarrollo de actividades de Intermediación Laboral de manera ilegal, las
Direcciones Territoriales adelantarán las investigaciones administrativas
necesarias e impondrán las sanciones correspondientes, para lo cual
deberán tener en cuenta lo siguiente:

a) Se debe determinar si en la institución pública y/o empresa privada hay
trabajadores que estén prestando servicios en la misma sin estar
contratados directamente por esta o a través de un contrato de prestación de
servicios.

b) En caso de verificarse lo anterior, se debe indagar si dicho personal está
siendo contratado a través de una empresa de servicios temporales. En caso
de ser así deberá verificarse que tal provisión de personal se realice
conforme a lo establecido en la Ley 50 de 1990 y el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015.

c) Si dicho personal no está contratado por una empresa de servicios
temporales se debe determinar:

i. A que título se presta el servicio.
ii. Si el trabajador contratista hace las mismas o sustancialmente las mismas
labores que realizan los trabajadores del contratante y a qué tipo de labores
corresponden dentro las actividades propias del contratante.
iii. Si los trabajadores actuales del contratista han sido trabajadores del
contratante o de cualquier otro contratista que este último haya tenido.
iv. Si el contratista tiene independencia financiera del contratante.
v. Si el contratista tiene algún vínculo societario con la empresa contratante.
vi. Si el contratista tiene la autonomía en el uso de los medios de producción,
en la ejecución de los procesos o subprocesos que se contraten.
vii. Si el contratista ejerce frente a sus trabajadores la potestad reglamentaria
y disciplinaria, o, por el contrario, si la misma la ejerza el contratante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

viii. Si las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores del
contratista en circunstancias de tiempo, modo y lugar son impartidas por el
contratante.
ix. Si el contratista ha realizado el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad social de sus trabajadores o si por el contrario éstas han sido
asumidas directamente por el contratante.
x. Si el contratante ha fraccionado o dividido, mediante uno o más contratos,
a trabajadores afiliados a un sindicato inscrito o a trabajadores que hayan
realizado la asamblea de constitución o la reunión inicial de constitución de
un sindicato.
xi. Si el contratista y el contratante incurren en conductas violatorias de los
principios y normas laborales vigentes en la celebración o ejecución de la
figura que los une.

SEXTO. Con base en el material probatorio que se recaude del análisis
anterior:

a) Si se evidencia que se está prestando el servicio de envío de trabajadores
en misión sin estar autorizado como Empresa de Servicios Temporales, sin
importar el tipo o la forma societaria, incluyendo a las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado, se configura una Intermediación
Laboral ilegal, tipificada en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, infracción
cometida tanto por el que ofrece el servicio como por quien lo recibe.
b). Si el contratista, actúa como tercero aparente, es decir, sin desarrollar la
prestación del servicio con autonomía y libertad en su ejecución,
encontrándose su personal bajo la subordinación del contratante, se
configura una intermediación laboral ilegal, infracción cometida tanto por el
que ofrece el servicio como quien lo recibe.
c) Si se evidencia el uso de Contratos Sindicales cuyo único fin sea el
suministro de personal, indistintamente de su naturaleza, se configura una
intermediación laboral ilegal, tipificada en el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010, infracción cometida tanto por la organización sindical como por el
empleador contratante.
d) Si la Empresa de Servicios Temporales presta sus servicios en casos
diferentes a los señalados en la Ley, se configura una violación de las
normas laborales que se sancionará conforme lo establece el artículo
2.2.6.5.20 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Decreto 1072
de 2015, infracción cometida tanto por la Empresa de Servicio Temporales
como por su usuario.
e) Si se evidencia que se está prestando el servicio de colocación de empleo
sin estar autorizado como agencia de gestión y colocación, se configura una
Intermediación Laboral ilegal, tipificada en el artículo 38 de la Ley 1636 de
2013, infracción cometida por el que ofrece el servicio.

SÉPTIMO. Cuando se evidencie que el Contratista y Contratante incurran en
las prohibiciones mencionadas en la Ley se les impondrán, a través de las
Direcciones Territoriales las sanciones contempladas en el artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010 y el artículo 7° de la Ley 1610 de 2013, con base en los
parámetros señalados en el artículo 50 del Código de Procedimiento
Administrativo y lo de Contencioso Administrativo y el artículo 12 de la Ley
1610 de 2013. Igual consideración se debe tener respecto de las sanciones
que se encuentren contempladas en normas de carácter especial que regulen
la materia de forma particular. Para el caso de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado se deberá tener en cuenta lo
establecido en el Decreto 4588 de 2006 y en la Ley 1233 de 2008; para el caso
de las Empresas de Servicios Temporales lo señalado en la Ley 50 de 1990.

PARÁGRAFO. En todo caso, cuando se trate de Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado a las cuales se les haya sancionado
con multa por la conducta de Intermediación Laboral ilegal, se deberá dar
traslado por parte de la Dirección Territorial a la Superintendencia de
Economía Solidaria o a la respectiva Superintendencia de acuerdo con su
especialidad, para que procedan a la cancelación de la personería jurídica.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

OCTAVO. La presente resolución deroga en su totalidad la Resolución 5670 de
2016» [sic] [se destacan los apartes demandados].

1.1.1. Normas violadas y concepto de violación

2. Como tales, se señalaron los artículos 1, 6 y 208 de la Constitución Política de
1991; 63 de la Ley 1429 de 2010; 3 de la Ley 1437 de 2011; y 6.15 del Decreto
4108 de 2011.

3. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto acusado se encontraba
viciado de nulidad por lo siguiente:

3.1. Fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse y con falta
de competencia:

3.1.1. El Ministerio del Trabajo para expedir el acto administrativo invocó como
normas habilitantes los artículos 2.10 y 6.27 del Decreto 4108 de 2011, que
regularon los deberes de vigilancia y control del sistema de riesgos profesionales
y la potestad de organizar comités y grupos de trabajo para el funcionamiento de
la entidad, asuntos que no fueron reglados en la resolución demandada.

3.1.2. Aunque la resolución se fundamentó en el artículo 208 Constitucional y en
el artículo 1 del Decreto 4108 de 2011, lo prescrito desbordó la competencia
atribuida a la entidad. Así, en el artículo 2 al reglamentar las prohibiciones sobre
vinculaciones de personal regló figuras jurídicas no previstas en el artículo 63 de
la Ley 1429 de 2010 «como es el caso de los contratos sindicales». Por consiguiente,
«amplió» el contenido de esta norma al crear «situaciones jurídicas nuevas respecto
de las cuales se establec[ieron] prohibiciones claras y expresas, careciendo de
competencia absoluta para hacerlo» [sic].

3.1.3. La resolución en su artículo 4 al establecer las conductas que configuran la
intermediación laboral por parte de las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado extendió el contenido del artículo 7 de la Ley 1233 de 2008 que
determinó las prohibiciones para tales entidades. Con esa actuación, el ministerio
desconoció la reserva de ley que aplicaba para este tema al crear conductas
sancionables nuevas y atribuirles consecuencias jurídicas. Por lo tanto, vulneró
las normas en que debía fundarse y actuó sin competencia.

3.1.4. El acto administrativo en el artículo 5 prescribió también conductas que
determinaron la intermediación laboral y regló sus sanciones, pero respecto de
modalidades de contratación en las que no intervenían las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado «ampliando de manera evidente el contenido
del artículo 63 de la ley 1429 de 2010» [sic]. De este modo, al regular otras
modalidades de vinculación laboral no incluidas en esta norma, el ministerio
desbordó las facultades que le otorgó la potestad reglamentaria, pues la
reglamentación no se refirió a aspectos de carácter técnico u operativo que
permitieran aplicar la ley.

3.1.5. Por iguales razones a las expuestas en el párrafo precedente, se debía
anular el artículo 6 de la resolución enjuiciada. Además, porque este « reguló

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

aspectos atinentes a otros mecanismos de vinculación de personal» no establecidos
en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

3.1.6. En el artículo 7, la resolución determinó que las sanciones establecidas en
el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 podían aplicarse a las empresas de
servicios temporales, sindicatos, agencias públicas y privadas de empleo, cuando
esta norma solo permitió hacerlo respecto de «quien actué como contratante», las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y el servidor público que
contrató en contravía de las prohibiciones de intermediación laboral.

3.2. Fue expedido con falsa motivación:

3.2.1. La parte considerativa de la resolución [último párrafo de la hoja 4 y dos
primeros párrafos de la hoja 5] y su parte dispositiva carecían de sustentación
real que la concatenara con el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

3.2.2. Ciertamente, en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 se prohibió la
vinculación de personal (i) a través de cooperativas de trabajo asociado o con
cualquier modalidad de contratación para desarrollar « actividades de carácter
misional» y (ii) con la condición de que tal vinculación afectara los derechos
laborales. Entretanto, en la resolución se indicó que solo las empresas de
servicios temporales estaban autorizadas para realizar intermediación laboral y
que la vinculación de tales trabajadores por cooperativas de trabajo asociado o
con cualquier otro medio sería ilegal y susceptible de sanción
«independientemente de que su vinculación se enc[ontrara] resguardada por el
cumplimiento de la garantía de los derechos constitucionales, legales y prestacionales
de los trabajadores».

3.2.3. También se configuró la falsa motivación por las inconsistencias señaladas
entre la parte considerativa con la dispositiva que dejaron en evidencia la falta de
congruencia del acto administrativo. Asimismo, por la que se presentó entre el
numeral 5 de la parte resolutiva y el 6, puesto que mientras el primero respetó el
mandato del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, que especificó que existía la
intermediación laboral susceptible de sanción si se comprobaba que la
vinculación vulneraba los derechos laborales, el segundo los desconoció al
establecer las causales de intermediación laboral sancionables sin tener en
cuenta este último requisito.

3.2.4. La entidad al expedir el acto administrativo no tuvo en cuenta la realidad
administrativa y financiera de las entidades públicas que ha impedido la
formalización laboral, en especial en las «empresas sociales del Estado».
Igualmente, que estas en aras de garantizar los derechos laborales de sus
empleados, pese a tales dificultades, han tenido que acudir a diversas formas de
contratación. Por lo tanto, omitió hechos demostrados al momento de proferirlo.
En ese sentido, la limitación que se impuso a estas para contratar personal
generó un retraso del proceso de formalización laboral3 al contener mandatos
imposibles de cumplir por la falta de análisis de la situación fáctica del país.

3.3. Fue proferido con desviación de poder:

3 Como parte de su argumento citó ejemplos de la situación financiera y de contratación de

diversas empresas de servicios de salud del país.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

3.3.1. Sibien la entidad se amparó en la competencia que le otorgaban los
artículos 208 Constitucional y 6.15 de la Ley 4108 de 2011, lo cierto es que
cuando expidió la resolución demandada buscó un fin diferente del establecido
en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Ello, puesto que no podía en el acto
acusado incluir distinciones para determinar la existencia de la intermediación
laboral y para su sanción que no estaban en la norma reglamentada,
específicamente, no podía desconocer que para la procedencia de las sanciones
era necesario establecer si el contratante vulneró los derechos laborales [en
general los demandantes retomaron los argumentos para explicar la existencia
de la falsa motivación].

3.4. El Ministerio del Trabajo desconoció el principio de legalidad previsto en el
artículo 6 Constitucional y 3 de la Ley 1437 de 2011:

3.4.1. En los literales a), b) y c) del artículo 6 de la resolución enjuiciada se
establecieron conductas que podían ser investigadas y sancionadas; sin
embargo, ello se hizo sin tener en cuenta que el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010 fijó como condición para tal fin que se demostrara la existencia de
vulneración de las garantías y derechos laborales. Por lo tanto, para cumplirse
con lo que el legislador dispuso, tales numerales debieron adicionar esa
condición para que procediera la imposición de algún correctivo. Al no hacerlo no
se aplicaron los parámetros de la ley y, en consecuencia, se vulneró el principio
de legalidad.

1.2. La Contestación de la demanda4

4. LaNación, Ministerio del Trabajo contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones con fundamento en las siguientes razones:

4.1. La resolución demandada fue expedida en ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 208 Constitucional y con el propósito de orientar el
proseguir de los inspectores de trabajo en sus labores de inspección y vigilancia,
específicamente, en lo que se refería a la intermediación laboral ilegal en los
términos del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. En consecuencia, no se incurrió
en extralimitación del ejercicio de la potestad reglamentaria.

4.2. El acto administrativo era de contenido general, se sustentó en múltiples
disposiciones normativas, se profirió con apego al procedimiento legal para ello
y en su expedición no se omitieron hechos relevantes. Además, la acción de
simple nulidad no era el mecanismo para discutir situaciones particulares como
las que se describieron en la demanda relacionadas con las empresas sociales
del Estado.

4.3. No se configuró la desviación de poder, por cuanto al desarrollar el artículo 63
de la Ley 1429 de 2010, la resolución pretendió determinar de manera precisa la
tipicidad de las conductas que debía investigar el inspector del trabajo en ejercicio
de su función de inspección y vigilancia.

4 Folios 169 a 178.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

4.4. Porúltimo, la sentencia debía resolver todas las excepciones que se
encontraran probadas.

1.3. Intervinientes

5. Mediante auto del 20 de febrero de 20195 se admitió la demanda y se invitó a
la Asociación Colombiana de Cooperativas [ASCOOP] y a la Asociación
Colombiana de Servicios Temporales [ACOSET], para que presentaran concepto
sobre el tema de la demanda, si lo consideraban oportuno.

6. En atención a lo anterior las siguientes entidades se pronunciaron:

1.3.1. Asociación Colombiana de Cooperativas [ASCOOP] 6

7. La entidad, luego de indicar que se encargaba de agrupar y representar las
cooperativas de trabajo asociado, defendió la legalidad de la resolución
demandada con apoyo en los siguientes argumentos:

7.1. El trabajo asociado era una tercera modalidad de trabajo distinta de la ejercida
por los independientes y por quienes tenían relaciones de dependencia con un
empleador. Su actividad se encontraba regulada en la Ley 79 de 1988 que fue
declarada constitucional en la sentencia C-211 de 2000.

7.2. En tal modalidad de trabajo los asociados eran a la vez propietarios, gestores
y trabajadores de la cooperativa y cada uno contribuía con su fuerza de trabajo y
aportes económicos para la producción de bienes, ejecución de obras o la
prestación de servicios. Cuando se trataba de estos últimos, su realización se
hacía de manera autónoma, puesto que la entidad contratada lo hacia con la
cooperativa y a esta era a la que le correspondía fijar las condiciones en las que
se debía cumplir con lo contratado.

7.3. Por lo anterior, las cooperativas de trabajo asociado a las que se refería el
artículo 63 de la Ley 1429 de 2011 eran las que realizaban intermediación laboral
mediante el envío de trabajadores misionales y, por ende, no estaban avaladas
para funcionar como tales. En ese sentido, la Resolución 2021 de 2018 era válida
porque pretendió delimitar las competencias de los involucrados en el mercado
en la generación de empleo, por lo que su finalidad era la protección de los
derechos del trabajador.
1.3.2. Asociación Colombiana de Servicios Temporales [ACOSET]7

8. La entidad se pronunció en favor de la legalidad de la resolución. Sustentó su
posición en lo siguiente:

8.1. La comparación del artículo 2 del acto demandado con el 63 de la Ley 1429
de 2010 permitió determinar su relación, puesto que ambas regularon la
intermediación laboral. Así, mientras la ley precisó que no era viable tal
intermediación con vulneración de derechos laborales, la resolución señaló que

5 Folios 101 a 105.
6 Folios 137 a 143.
7 Folios 144 a 168.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

las únicas que podían usar esta figura eran las empresas de servicios temporales
y reiteró la ilegalidad de que otras entidades o empresas lo hicieran. Todo lo cual
coincidió con lo reglado por el artículo 1 del Decreto 2025 de 20118.

8.2. El ministerio no se extralimitó en el ejercicio de la facultad reglamentaria al
indicar en la resolución que estaba prohibido realizar intermediación laboral a
través de los contratos sindicales. Lo que hizo la entidad solo fue enunciar ello
como ejemplo para determinar las modalidades que no estarían permitidas, pero
no reguló el contrato sindical.

8.3. En los artículos 4 y 5 de la resolución enjuiciada se regularon distintos
aspectos de las vinculaciones laborales que las direcciones territoriales del
ministerio debían tener en cuenta para determinar actividades de intermediación
laboral ilegal. En ningún momento se crearon nuevas prohibiciones. Por tal razón,
se relacionaba directamente con el contenido del artículo 63 de la Ley 1429 de
2010, pues este determinó que la vinculación de trabajadores para realizar
funciones misionales no podía hacerse bajo ninguna forma de intermediación
laboral distinta de la permitida a las empresas de servicios temporales. También
con el artículo 7 de la Ley 1233 de 2008 que prohibió a las cooperativas de trabajo
asociado realizar tal actividad.

8.4. El artículo 6 del acto demandado se limitó a enunciar supuestos de hecho en
los cuales podía generarse la intermediación laboral ilegal. En consecuencia,
guardó relación con la norma reglamentada. Si bien hizo mención a que no podía
hacerse intermediación laboral por parte de empresas diferentes de las
cooperativas de trabajo asociado, ello no contradijo el artículo 63 de la Ley 1429
de 2010 porque en esta se prohibió tal intermediación por medio de cualquier
vinculación que vulnerara derechos laborales y, además, su decreto
reglamentario y la Ley 50 de 1990 solo permitieron que lo hicieran las empresas
de servicios temporales.

8.5. La resolución no estaba viciada de nulidad por falsa motivación, puesto que
el Ministerio del Trabajo pretendió fijar criterios para realizar la inspección,
vigilancia y control sobre la contratación de personal a través de la intermediación
laboral y así lo reflejó en su parte dispositiva. En ese sentido, su contenido se
relacionó directamente con el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

8.6. Si bien en la resolución se citó como parte de su fundamento el artículo 2.10
del Decreto 4108 de 2011 que aludía a la prevención de riesgos laborales, esta
norma también se relacionó con la intermediación laboral, toda vez que era deber
de las empresas de servicios temporales velar por la seguridad del trabajador en
misión, de ahí que en los artículos 4 y 5 del acto demandado se ordenó verificar
la afiliación al sistema general de seguridad social.

8.7. La entidad no incurrió en desviación de poder al impedir que las cooperativas
y precooperativas de trabajo asociado realizaran intermediación laboral, por
cuanto ello estaba prohibido por el artículo 7 de la Ley 1233 de 2008, 10 del
Decreto 4369 de 2006 y 1 del Decreto 2025 de 2011.

8 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429

de 2010».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

1.4. Trámite del proceso

9. Mediante providencia del 20 de septiembre de 20239 se negó la suspensión
provisional del acto administrativo demandado por las siguientes razones:

9.1. En la providencia se indicó que la Resolución 2021 de 2018 les prohibió a las
cooperativas de trabajo asociado ejercer las mismas actividades de las empresas
de servicios temporales, lo cual estaba acorde con lo preceptuado en los artículos
63 de la Ley 1429 de 2011 y su Decreto Reglamentario 2025 de 2011, 71 y
siguientes de la Ley 50 de 1990 y 10 del Decreto 4369 de 2006 que así lo
establecieron.

9.2. Aunque el acto demandado prohibió la intermediación laboral por empresas
distintas de la de servicios temporales, ello coincidió con el contenido de las
normas citadas y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Específicamente, en esta se precisó que los contratos sindicales no podían ser
utilizados para el envío de trabajadores en misión. También debía considerarse
que, si bien el acto enjuiciado indicó en su artículo segundo cuándo era ilegal la
intermediación laboral, lo hizo remitiéndose a lo reglado en los artículos 71 y
siguientes de la Ley 50 de 1990 y 63 de la Ley 1429 de 2010. Por lo tanto, el
Ministerio del Trabajo no desbordó su competencia de reglamentación.

9.3. No existió contradicción entre la parte motiva y resolutiva del acto
administrativo. Ello porque en la primera [parte motiva] se hizo un recuento de las
normas con énfasis en la utilización amañada de las distintas formas de
vinculación para transgredir los derechos de los trabajadores y, en el artículo 6
especificó los casos en que se podía configurar la intermediación laboral sin
indicar que debía imponer la sanción sin la existencia de la vulneración de
derechos laborales.

9.4. En el artículo 6 la resolución estableció supuestos concretos que podían
configurar la intermediación laboral ilegal y, aunque no mencionó el requisito de
la afectación de los derechos laborales, no podía concluirse que fue intención
excluir tal exigencia, toda vez que de la lectura armónica con el artículo 7 las
sanciones se debían imponer cuando el contratista y contratante incurrieran en
las prohibiciones señaladas en la ley.

9.5. La crisis financiera de las entidades públicas que se alegó en la demanda que
podría causarse como consecuencia de la reglamentación sobre intermediación
laboral no era una causal de nulidad. Además, no se citaron las normas que
podían vulnerarse.

10. Con auto del 4 de marzo de 202410 el despacho ponente se pronunció sobre
la excepción propuesta por el Ministerio del Trabajo denominada «innominada».
Al respecto, se señaló que al no ser de las previas previstas en el artículo 100 del
CGP debían ser resueltas en la sentencia.

9 Índice 25, Samai.
10 Índice 30, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

11. A través de auto del 30 de septiembre de 202411 se adoptó el trámite para
proferir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al
encontrarse acreditado que en el caso presente se trataba un asunto de puro
derecho. De este modo, se incorporaron al proceso las pruebas documentales
allegadas, se dispuso su traslado en los términos del artículo 110 del CGP y se
fijó el litigio de la siguiente manera:

«28.1. ¿La Resolución 2021 del 9 de mayo de 2018 fue expedido sin la observancia
las normas en que debía fundarse y con falta de competencia por i) establecer
prohibiciones relacionadas con la vinculación de personal no previstas en la Ley
1429 de 2010; ii) señalar una serie de elementos que permiten determinar la
ocurrencia de la intermediación laboral por parte de las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado y iii) extender las sanciones señaladas en el
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 a otras formas de vinculación como los
sindicatos, las agencias públicas y privadas de empleos y las bolsas de empleo?

28.2. ¿Existió falsa motivación de la resolución enjuiciada por carecer de una
motivación que tenga en cuenta las consideraciones y disposiciones de los
artículos 208 de la Constitución Política y 63 de la Ley 1429 de 2010?

28.3. ¿Hubo desviación de poder en la resolución demandada por haberse incluido
un fin diferente del que planteó el legislador en el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010?».

12. En la providencia se ordenó correr traslado por el término de 10 días para que
las partes presentaran los alegatos de conclusión. Dentro de tal oportunidad
procesal solo intervino el Ministerio del Trabajo del siguiente modo12:

12.1. En el acto acusado, el ministerio fijó criterios para que los inspectores de
trabajo pudieran determinar cuándo estaban frente a una intermediación laboral
ilegal. Todo lo cual se hizo dentro de las competencias otorgadas por el artículo
208 Constitucional y en consonancia con lo reglado en los artículos 35 del Código
Sustantivo del Trabajo, 71 de la Ley 50 de 1990, 63 de la Ley 1429 de 2010, 74
de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 2025 de 2011.

12.2. La resolución no desarrolló las normas que regulaban el funcionamiento de
las empresas de servicios temporales. Su mención en el acto como encargadas
de ejercer la intermediación laboral no significó que se modificara la normativa
que las reguló. El acto demandado solo se profirió para fijar criterios orientadores
para el desarrollo de las actuaciones administrativas que adelantaban los
inspectores de trabajo y seguridad social en relación con la intermediación laboral
ilegal.

13. La parte demandante no se pronunció en esta etapa procesal.

14. El Ministerio Público no rindió concepto en el presente asunto.

11 Índice 35, Samai.
12 Índice 40 y 41, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

15. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le
corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los
actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional.
Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 1313, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del
12 de marzo de 201914 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos
de carácter laboral.

2.2. Problemas jurídicos

16. Sin desconocer la fijación del litigio realizada en auto del 30 de septiembre de
2024, en atención a los planteamientos de la demanda, se considera necesario
efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que los
problemas jurídicos se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

(i) ¿La Resolución 2021 de 2018 fue expedida sin la observancia de las
normas en que debía fundarse y con falta de competencia por:

a) establecer prohibiciones sobre la vinculación de personal no
previstas en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010;

b) señalar conductas configurativas de intermediación laboral por parte
de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y de otras
entidades diferentes sin atender los límites fijados en los artículos 7 de
la Ley 1233 de 2008 y 63 de la Ley 1429 de 2010; y

c) extender las sanciones señaladas en esta última norma a
contratantes distintos de los allí establecidos y fijar sanciones en los
literales a), b) y c) del artículo 6 sin tener en cuenta que se fijó para ello
como condición que se demostrara que en la vinculación se vulneraron
derechos laborales?

(ii) ¿El acto demandado está viciado de falsa motivación porque a) su parte
motiva y resolutiva no está conforme con el mandato del artículo 63 de la
Ley 1450 de 2010 al establecer sanciones por la intermediación laboral sin
tener en cuenta que esta exigía probar que la vinculación vulneró derechos
laborales; b) no concuerda internamente su parte considerativa con la
dispositiva; y c) por no tener en cuenta la realidad administrativa y financiera
de las entidades públicas que les ha impedido la formalización laboral?

(iii) ¿la resolución fue expedida con desviación de poder al buscar un fin
diferente del que el legislador planteó en el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010?

13 Reglamento interno del Consejo de Estado.
14 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y

se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

2.2.1. Sobre la reglamentación de las leyes
17. El sistema jurídico colombiano tiene una organización jerárquica entre la
distinta normativa que lo compone. Tal estructura escalonada conlleva a la
existencia de subordinación de unas normas respecto de otras con la
Constitución como la superior de todas ellas, según lo establece en su artículo 4
al prescribir que «[l]a Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».

18. Tal estructura del sistema permite su coherencia interna al impedir que se
contradigan unas disposiciones normativas con otras15. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que «[l]a unidad del sistema jurídico, y su
coherencia y armonía, dependen de la característica de ordenamiento de tipo jerárquico
de que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con
la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en
dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar acordes con las
superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular […]»16.

19. En ese contexto, la validez de las disposiciones emitidas por las autoridades
que tienen facultades de producción normativa está sometida a su sujeción a la
normativa de rango superior.

2.2.1.1. Potestad reglamentaria del presidente de la República

20. El presidente de la República tiene la facultad de reglamentar las leyes, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 189.11 de la Carta Política.

21. Ciertamente, esta norma le otorgó la facultad reglamentaria como suprema
autoridad administrativa, en los siguientes términos:

«[…] Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(…)

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes […]».

22. De esta manera, la Carta Política le asignó la facultad de proferir
disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto con el propósito específico
de lograr la «ejecución de las leyes». La finalidad de la potestad es «desarrollar las
reglas generales consagradas [en la ley], explicitar sus contenidos, hipótesis y
supuestos, e indicar la manera de cumplir lo reglado, es decir, hacerla operativa»17.

23. Sobre el particular se ha precisado que la facultad reglamentaria del
presidente de la República reviste varias características:

23.1. su ejercicio implica el cumplimiento de la función administrativa, puesto que

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de marzo de 2020.

Radicado: 11001-03-25-000-2016-01159-00 (5211-16).
16 Sentencia C-037 de 2000.
17 Sentencia C-028 de 1997.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

el artículo 189.11 se la atribuye como suprema autoridad administrativa. En ese
sentido, no es una actividad legislativa sino de naturaleza administrativa que
debe sujetarse «a la observancia de normas superiores como son la Constitución
Política y la ley»18;

23.2. envirtud de su ejercicio solo pueden proferirse normas generales y
abstractas para la ejecución de la ley19 «mediante la precisión y puntualización de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar y de aquellos aspectos concretos que son
indispensables para garantizar su cabal cumplimiento y ejecución»20.

23.3. Lafacultad reglamentaria es un mecanismo de colaboración entre los
poderes legislativo y ejecutivo, por cuanto facilita el funcionamiento de la
administración y permite el entendimiento de la ley21.

23.4. La potestad no es absoluta. Su ejercicio se ve limitado por dos criterios:

(i) el de «competencia», según el cual el presidente de la República en ejercicio
de tal facultad no puede introducir disposiciones que adicionen la ley, la
modifiquen, la amplíen, la restrinjan en su alcance o finalidad o la contraríen 22.
En consecuencia, la norma expedida siempre deberá estar subordinada al
contenido de la ley reglamentada23 y solo puede desarrollar las reglas y principios
que se fijaron en ella y únicamente la puede completar « en aquellos detalles y
pormenores necesarios que permiten su aplicación»24.

(ii) el de «necesidad», que indica que el despliegue de la potestad depende de
que la ley requiera ser precisada para ser aplicada. El ejercicio de la potestad
encuentra entonces el límite en la existencia de una ley con disposiciones que
por su claridad y precisión no demanda de una reglamentación adicional para
que pueda ser ejecutada. Esto también conlleva que la competencia se vea
restringida por el grado de detalle de la ley, lo cual plantea una relación inversa
de proporcionalidad, puesto que «entre más detallada sea la norma expedida por el
legislador, menor será el ámbito de acción de la administración para reglamentar la
norma»25.

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014.

Radicado11001-03-06-000-2014000120-00 (2213). Ver la sentencia C-056 de 2021.
19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 19 de septiembre de 2017.

Radicado11001-03-06-000-2016-00220-00 (2318).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18

de febrero de 2016. Radicado: 1100103-24-000-2013-00018-00.
21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014.

Radicado 11001-03-06-000-2014-000120-00(2213).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 6

de junio de 2013. Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00284-00.
23 Sobre el particular se ha indicado «[l]a actividad reglamentaria se encuentra limitada y

encausada por la norma legal y por ello debe respetar tanto su texto como su espíritu. Dicho en
otras palabras, so pretexto de hacer eficaz y plenamente operante la norma superior de derecho,
el Presidente de la República no puede llegar al extremo de reducir o extender lo que en ella se
dispone». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia
del 18 de febrero de 2016. Radicado 11001-03-24-000-2013-00018-00.
24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 de septiembre de 2016.

Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00066-00(2291).
25 «La potestad otorgada al Ejecutivo encuentra su límite en la forma en que el Congreso ejerza

su poder de producción normativa, de suerte que a más detalle legislativo menor competencia
ejecutiva para reglamentar y, contrario sensu, a menor ejercicio legislativo mayor amplitud
reglamentaria». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 9 de marzo de 2016. Radicado 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312)A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

23.5. Sobre el punto anterior la jurisprudencia ha señalado lo siguiente:

«[…] Así mismo, la Sala ha identificado dos criterios que contribuyen a determinar
los límites y alcance del poder reglamentario, como son: el de competencia y el de
necesidad, los cuales han sido entendidos así: Corresponde al Presidente de la
República como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
administrativa: Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las
leyes. Fija así la norma básica los límites y alcances de este poder al enmarcarlo
dentro de dos criterios expresamente señalados: el de competencia y el de
necesidad. Criterio de competencia o atribución que si bien responde a la
obligación del Gobierno de hacer cumplir la ley, tiene sus propios límites en la ley
reglamentada y no puede el Presidente de la República, so pretexto de
reglamentarla crear una nueva norma no contenida en aquella, ni modificarla para
restringir o extender su alcance ni contrariar su espíritu o finalidad. El criterio de
"necesidad" consagrado expresamente en el artículo citado (189-11 de la
Constitución Política) enmarca el poder reglamentario a aquellos casos en que la
ley por ser oscura, condicional o imprecisa lo exija. De manera que no es
procedente hacer uso del poder reglamentario cuando la ley contiene
ordenamientos precisos, claros e incondicionados que no requieren de regulación
adicional para su ejecución […]»26.

2.2.1.2. Potestad reglamentaria de los ministros

24. Otraautoridad que puede ejercer la potestad reglamentaria además del
presidente de la República son los ministros, según lo permitió el artículo 208
Constitucional. Esta norma estableció lo siguiente:

«Articulo 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son
los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del
Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a
su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley».

25. De esta manera, la norma constitucional otorgó a los ministros una potestad
reglamentaria que ha sido denominada residual, derivada o de segundo grado y
con la limitación de que deben proferirla en asuntos de su competencia27.

26. Alrespecto, se ha señalado que la facultad se justifica en el grado de
especialidad de las tareas que cada ministerio tiene bajo su cargo, lo que implica
que se sustenta en que son las entidades que dominan técnicamente la materia
y los más idóneos para regularla e impartir las instrucciones para su ejecución28.

27. La potestad se ha considerado como «subsidiaria» y «residual» frente a la
desarrollada por el presidente de la República, por lo siguiente:

27.1. es subsidiaria porque los actos administrativos reglamentarios que expiden
los ministros deben estar acordes con las disposiciones de los decretos
reglamentarios expedidos por aquel. Lo anterior, toda vez que:

«[son] órganos dependientes [del presidente de la República] cuyas competencias
generales están previstas en la ley. La manera como están regulados en la
Constitución claramente indica su subordinación al Presidente de la República, de

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29

de agosto de 2013. Radicado 11001-03-26-000-2005-00076-00(32293).
27 C-917 de 2002.
28 Sentencias C-805 de 2001. También citada en la C-1005 de 2008.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

tal modo que no tienen competencias autónomas. Todas las que se les atribuyan
deben ejercerlas bajo la dirección del Presidente de la República»29.

27.2. es residual porque el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de los
ministros depende de la existencia previa de una ley que deba ser reglada 30.
Además, únicamente es viable si es necesaria una mayor precisión de la ley para
su ejecución y esta no se hubiese alcanzado por la reglamentación proferida por
el presidente de la República. Ciertamente, sobre el particular la jurisprudencia
ha manifestado:

«es residual porque (i) para que los ministros puedan ejercer competencias
reglamentarias debe existir “un contenido o materia legal que pueda ser regulado”
el cual “traza las fronteras dentro de las cuales debe desplegarse la facultad de
regulación de los Ministerios”31 y (ii) solo puede ejercerse “cuando la materia
requiere todavía un mayor nivel de especificidad no alcanzado por la ley o por el
reglamento [del Presidente] que la ha desarrollado en un primer momento” 32»33.

28. En los eventos en que la ley ha otorgado de forma directa a un ministerio la
función de reglamentarla la jurisprudencia ha expuesto que es acorde con la
Constitución, siempre que se trate de materias a cargo de la entidad y que se
sujete a la normativa de rango superior. Asimismo, se ha indicado que otorgar tal
prerrogativa de manera directa no implica vaciar de contenido el numeral 11 del
artículo 189 Constitucional, en la medida en que el presidente de la República
puede ejercer su competencia en cualquier momento y el ministro debe supeditar
la reglamentación que expida a la proferida por aquel34.

2.2.2. Contexto normativo que dio lugar a la Resolución 2021 de 2018

29. Si bien la demanda de nulidad se fundamenta en que el Ministerio del Trabajo
extralimitó la potestad reglamentaria en la expedición de la resolución
mencionada al desbordar el contenido del artículo 63 de la Ley 1429 de 2011, lo
cierto es que en aquella no solo se pretendió orientar la aplicación de esta norma.

29 Ibidem.
30 «De todos modos, aún en el caso antes señalado, este Tribunal ha insistido en que el desarrollo

de la potestad reglamentaria por el Gobierno exige que la ley haya configurado previamente una
regulación básica o materialidad legislativa, a partir de la cual, el Gobierno puede ejercer la
función de reglamentar la ley con miras a su debida aplicación, que es de naturaleza
administrativa, y está entonces sujeta a la ley. Y es que si el Legislador no define esa materialidad
legislativa, estaría delegando en el Gobierno lo que la Constitución ha querido que no sea materia
de reglamento sino de ley. El “requisito fundamental que supone la potestad reglamentaria”, ha
dicho esta Corte, es “la existencia previa de un contenido o materia legal por reglamentar”». C-
1005 de 2208.
31 Sentencia C-1005 de 2008.
32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 16 de abril de 2015, radicado 11001-03-

06-000-2014-00174-00 (2223).
33 C-056 de 2021.
34 Sobre el particular esta corporación indicó lo siguiente «Ahora, conviene precisar que la Corte

Constitucional ha interpretado que la ley no puede atribuir la potestad reglamentaria a otros
órganos administrativos distintos al presidente de la República, pues la radicación de aquella
función la hace directamente la Constitución Política, sin embargo, es viable que conceda a los
ministros la función de emitir normas generales de carácter técnico y especializado dentro del
ámbito de su competencia, sin que por ello, pueda entenderse disminuida la de aquel, no
obstante, la ejecución de esta tarea siempre debe sujetarse a la ley y al reglamento general que
expida el primer mandatario». Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 23 de abril de 2020, 11001-03-25-000-2012-00494-00(1976-12). En igual sentido ver C-056
de 2021.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

30. En efecto, el acto administrativo en su parte considerativa también invocó los
artículos 71 de la Ley 50 de 1991, 10 del Decreto 4369 de 2006 y el Decreto 2025
de 2011 recopilado en el Decreto 1072 de 2015 artículos 2.2.8.1.41. a 2.2.8.1.50.
Luego de ello en sus dos últimos párrafos precisó lo siguiente:

«[…] este Despacho considera necesario emitir un conjunto de lineamientos
orientadores respecto a cómo debe ejercerse la Inspección, Vigilancia y
Control por parte de las Direcciones Territoriales y sus funcionarios, en lo
que corresponde a la aplicación e interpretación del artículo 63 de la Ley 1429
de 2010, cuando el personal requerido en una institución y/o empresa pública y/o
privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes se encuentre
vinculado bajo Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado y otras
modalidades de vinculación diferentes, que hagan intermediación laboral ilegal,
que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en
las normas laborales vigentes.

Que las anteriores consideraciones, así como los lineamientos que se fijan a
continuación, sirven como criterios orientadores para el desarrollo de las
actuaciones administrativas en el tema concreto de Intermediación Laboral legal,
en lo que corresponde a las funciones de Inspección, Vigilancia, Control, que
ejercen las autoridades administrativas del trabajo, por lo cual se deben entender
armonizadas con las disposiciones específicas contenidas en las Leyes 50
de 1990, 1429 de 2010 y 1753 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector del Trabajo, Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes con la
materia […]» (se resalta).

31. Por lo anterior, el análisis de legalidad de la Resolución 2021 de 2018 debe
abarcar el contenido de las otras normas adicionales en conjunto con el artículo 63
de la Ley 1429 de 2010, sin que sea posible efectuarlo solo sobre este de manera
aislada por regular materias conexas.

32. En ese sentido, se hará un examen del contenido de la normativa que el
Ministerio del Trabajo invocó como sustento del acto enjuiciado para luego
compararlo con lo que regló.

2.2.2.1. Empresas de servicios temporales e intermediación laboral

33. La Ley 50 de 1990 «[p]or la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones» en sus artículos 71 a 94 regló lo relacionado
con el objeto, funcionamiento y prohibiciones de las empresas de servicios
temporales. Así, en el artículo 71 las definió de la siguiente manera:

«[…] Articulo 71. Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la
prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el
desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales,
contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con
respecto de éstas el carácter de empleador […]».

34. En el artículo 72 se estableció que tales empresas tendrían « como único objeto
el previsto en el artículo anterior», esto es, la contratación de la prestación de
servicios con terceros beneficiarios para colaborar de forma temporal en el
desarrollo de sus actividades.

35. A su vez, en el artículo 74 se señaló que sus trabajadores podían ser de dos
clases. Los de planta que laboran en sus instalaciones, y los trabajadores en
misión que «son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos» y a quienes se les
aplica las normas del Código Sustantivo del Trabajo [artículo 75].

36. En el artículo 77 se determinaron las causales por las cuales se puede
contratar con las empresas de servicios temporales de la siguiente manera:

«[…] Articulo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo
podrán contratar con éstas en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se
refiere el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en
incapacidad por enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación
de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses
más […]».

37. Las anteriores disposiciones las reglamentó el gobierno nacional mediante el
Decreto 4369 de 200635 en el cual se reiteró sin cambios sustanciales lo prescrito
en sus artículos. No obstante, en su artículo 10 estableció la prohibición para
varios tipos de empresas para ejercer las labores de empresas de servicios
temporales. Al respecto la norma determinó lo siguiente:

«Artículo 10. Prohibiciones. No podrán ejercer la actividad propia de las
Empresas de Servicios Temporales, aquellas que tengan objeto social diverso al
previsto en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990; las que no estén debidamente
autorizadas por el Ministerio de la Protección Social para el desempeño de esa
labor, tales como las dedicadas al suministro de alimentación, realización de
labores de aseo, servicio de vigilancia y mantenimiento; tampoco la podrán
realizar las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, las
Empresas Asociativas de Trabajo y los Fondos Mutuales o similares» [se destaca].

38. En el artículo 20 del decreto mencionado se establecieron las sanciones para
las empresas que ejerzan funciones de servicios temporales sin estar autorizadas
para ello. Para tal efecto, la norma prescribió que se impondrían multas diarias
de 100 smmlv.

39. En cuanto a la intermediación laboral, el artículo 35 del CST reguló lo que
debía entenderse por «simples intermediarios» en la relación laboral en los
siguientes términos:

«Artículo 35:

1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.
2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como
empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios
de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen
locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un {empleador}
para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del
mismo.
3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe
declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así,
responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas»

35 «Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales

y se dictan otras disposiciones».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

40. De acuerdo con la norma y según lo ha señalado la jurisprudencia, la
intermediación laboral «tiene como fin la prestación de servicios personales por parte
de trabajadores de un contratista y a favor, directamente, de un contratante. Se trata por
lo tanto, del envío de trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o
instituciones»36.

41. La Corte Suprema de Justicia al interpretar tal artículo ha indicado que existen
dos clases de intermediarios: los que se limitan a reclutar trabajadores y a
enviarlos a trabajar para otro empleador sin ejercer ningún tipo de poder
subordinante; y los que «[…] agrupan o coordinan trabajadores para que presten
servicios a otro, quien ejercerá́ la subordinación, pero con posibilidad de continuar
actuando el intermediario durante el vínculo laboral que se traba exclusivamente entre
el empleador y el trabajador. En este evento el intermediario puede coordinar trabajos,
con apariencia de contratista independiente, en las dependencias y medios de
producción del verdadero empresario, pero siempre que se trate de actividades propias
o conexas al giro ordinario de negocios del beneficiario»37.

42. La Ley 50 de 1990 determinó en su artículo 95 que la intermediación laboral
solo podía ser prestada «por las personas naturales, jurídicas o entidades de derecho
público autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social». A su vez, en el
artículo 96 delegó en tal entidad la expedición de los reglamentos que gobiernen
la autorización.

43. En consonancia con lo anterior, la Ley 1233 de 200838 restringió para
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado la posibilidad de actuar como
intermediarias en el mercado laboral. Efectivamente, en el artículo 7.1 reguló que
«[l]as Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como
empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión
[…]».

44. En igual sentido la Ley 1429 de 201039, que se expidió con el fin de fomentar
la generación de empleo formal y estableció medidas para estimular la
contratación de jóvenes y mujeres con dificultades para acceder al mercado
laboral40, en su artículo 63 reguló la contratación de personal a través de las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado de la siguiente manera:

36
37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral; sentencia 12187 del 27 de octubre de

1999.
38 «Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la

seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se
fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones».
39 «Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo».
40
«La Ley 1429 de 2010 persigue entonces “romper el cuello de botella de la informalidad
empresarial y laboral en Colombia, así como facilitar la vinculación laboral de los jóvenes y las
mujeres con problemas de acceso al mercado laboral. En efecto, la informalidad, tanto
empresarial como laboral, es una de las problemáticas que más afectan la productividad y el
desarrollo del sector privado, además de convertirse en un obstáculo infranqueable en la
reducción de la pobreza. Por consiguiente, es uno de los principales obstáculos para el
crecimiento económico y el aumento efectivo del bienestar de muchos hogares colombianos.”»
C-629 de 2011.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

«Artículo 63. Contratación de personal a través de cooperativas de trabajo
asociado. El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o
privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no
podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo
Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad
de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.

Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el
artículo tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y Cooperativas de
Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales previstos por la ley tengan
trabajadores, retribuirán a estos y a los trabajadores asociados por las labores
realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.

El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales,
impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con
las disposiciones descritas. Serán objeto de disolución y liquidación las
Precooperativas y Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido en
la presente ley. El Servidor Público que contrate con Cooperativas de Trabajo
Asociado que hagan intermediación laboral para el desarrollo de actividades
misionales permanentes incurrirá en falta grave» [se destaca].

45. La norma prohibió a las entidades públicas y privadas la contratación de
personal para el desarrollo de «actividades misionales permanentes», es decir, las
que normalmente desarrolla la empresa, a través de cooperativas de trabajo
asociado que ejerzan la intermediación laboral o por cualquier otro vínculo que
afecte derechos laborales. Y determinó las sanciones para quien actuara de tal
manera pese a la restricción.

46. Con el fin de facilitar la aplicación de la normativa referida y el artículo 7 de la
Ley 1233 de 2008, el gobierno nacional expidió el Decreto 2025 de 201141,
recopilado en el Decreto 1072 de 201142, en ejercicio de la potestad
reglamentaria reglada en el artículo 189.11 Constitucional. El decreto en su
artículo 1 [hoy 2.2.8.1.41. del Decreto 1072 de 2011] reguló lo siguiente:

«ARTÍCULO 2.2.8.1.41. Intermediación Laboral. Para los efectos de los incisos
1o y 3o del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, cuando se hace mención a
intermediación laboral, se entenderá como el envío de trabajadores en
misión para prestar servicios a empresas o instituciones.

Esta actividad es propia de las empresas de servicios temporales según el
artículo 71 de la Ley 50 de 1990 y los artículos 2.2.6.5.1. y siguientes del presente
Decreto. Por lo tanto esta actividad no está permitida a las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado.

Para los mismos efectos, se entiende por actividad misional permanente
aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con la
producción del bien o servicios característicos de la empresa.

Para los efectos del presente capítulo, cuando se hace mención al tercero
contratante o al tercero que contrate, se entenderá como la institución y/o empresa
pública y/o privada usuaria final que contrata a personal directa o indirectamente
para la prestación de servicios.

41 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429

de 2010».
42 Artículos 2.2.8.1.41. a 2.2.8.1.50. Capitulo 1 Formas asociativas de economía solidaria.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

De igual manera, cuando se hace mención a la contratación, se entenderá como
la contratación directa o indirecta.

PARÁGRAFO. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas -SAS-,
enunciadas en el artículo 3o de la Ley 1258 de 2008, actividad permanente será
cualquiera que esta desarrolle […]».

47. De este modo, se determinó qué personas jurídicas podían ejercer la actividad
de intermediación laboral. En esa línea, se estableció que solo estaban
autorizadas para ello las empresas de servicios temporales. Por ende, el
Ministerio del Trabajo al reglamentar qué personas naturales o jurídicas podían
ejecutar tal actividad, en virtud de la facultad que le concedió el artículo 95 de la
Ley 50 de 1990, debía hacerlo con sujeción al decreto reglamentario citado al ser
su competencia residual y subsidiaria, esto es, en el reglamento solo podía
permitírselo a las empresas de servicios temporales.

48. Asimismo, la norma prohibió que las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado pudieran ejercer la actividad de intermediación laboral tal como lo
dispuso el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Ello coincide con lo dispuesto en
el artículo 10 del Decreto 4369 de 200643 que les prohibió ser empresas de
servicios temporales y con lo reglado en los artículos 7.1 de la Ley 1233 de 2008
que les negó la posibilidad de ser intermediarias.

49. De lo expuesto se puede concluir lo siguiente:

49.1. solo las empresas de servicios temporales pueden ejercer la actividad de
intermediación laboral, esto es, el envío de trabajadores en misión a otras
empresas o entidades, según la interpretación conjunta de lo prescrito en los
artículos 71 de la Ley 50 de 1990, 10 del Decreto Reglamentario 4369 de 2006
y 2.2.8.1.41. del Decreto 1072 de 2015 que reglamentó el artículo 63 de la Ley
1429 de 2010;

49.2. la intermediación se permite en los términos descritos en el artículo 77 de la
Ley 50 de 1990, es decir, de manera transitoria u ocasional para las actividades
misionales descritas en tal norma;

49.3. la actividad misional permanente implica que el trabajador enviado por la
empresa de servicios temporales como intermediaria deba realizar las tareas
propias que desarrolla la empresa usuaria en su actividad económica y no otras
ajenas a esta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2.2.8.1.41. del
Decreto 1072 de 2015;

49.4. la contratación del personal para actividades misionales permanentes no
puede hacerse (i) a través de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado
«que hagan intermediación laboral»44; o (ii) por cualquier otra modalidad de
vinculación que afecte los derechos laborales según lo prescrito en el artículo 63
de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 2.2.8.1.41. del Decreto 1072 de 2015. En
cuanto a las primeras entidades referidas, la restricción se relaciona de manera
directa con la prohibición de ser empresas de servicios temporales prevista en el

43 «Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales

y se dictan otras disposiciones».
44
Así establecido en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

artículo 10 de Decreto Reglamentario 4369 de 2006.

49.5. ElMinisterio del Trabajo al reglamentar la intermediación laboral debía
sujetarse a las reglas expuestas por esta contenidas en las leyes y decretos
reglamentarios citados.

3. Análisis de legalidad de la Resolución 2021 de 2018

50. Los problemas jurídicos planteados con fundamento en la demanda se
resolverán a continuación, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
3.1. Solución al primer problema jurídico

51. En la demanda se alegó que la resolución fue expedida con desconocimiento
de las normas en que debía fundarse y con falta de competencia, puesto que el
Ministerio del Trabajo amplió el contenido de los artículos 7 de la Ley 1233 de
2008 y 63 de la Ley 1429 de 2010 al incluir mandatos no establecidos en ellas.
En consecuencia, se manifestó que la entidad excedió la facultad prevista en el
artículo 208 Constitucional y actuó sin competencia.

52. A continuación, se hará el análisis de cada uno de los cargos que componen
el primer problema jurídico.

53. Primer cargo: en la resolución se determinaron prohibiciones no previstas en
el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010

53.1. Los demandantes señalaron que el Ministerio del Trabajo prescribió en el
acto administrativo demandado prohibiciones sobre la vinculación de personal no
previstas en la disposición aludida. Así, indicaron que en su artículo 2 se refirió a
figuras jurídicas no incluidas en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, como los
contratos sindicales, con lo cual amplió el contenido de esta norma.

53.2. El artículo 2 de la resolución señaló lo siguiente:

«SEGUNDO. Ninguna persona natural o jurídica diferente de las Empresas de
Servicios Temporales puede suministrar personal de manera directa, indirecta o
encubierta a un tercero con el cual tengan una relación contractual, en los
términos del artículo 71 y siguiente de la Ley 50 de 1990 y demás normas
complementarias, puesto que de hacerlo se encontrará incursa en una
Intermediación Laboral Ilegal. El suministro de personal no puede hacerse a
través de ninguna otra modalidad de contratación u otra figura jurídica, incluyendo
los Contratos Sindicales» [se destaca].

53.3. Pues bien, se reitera que la resolución enjuiciada no solo desarrolló el
contenido del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, sino que también se emitió para
orientar la aplicación del artículo 71 de la Ley 50 de 1991 y, por ende, de los
artículos 10 de su Decreto Reglamentario 4369 de 2006, y 2.2.8.1.41. del Decreto
1072 de 2015 que reglamentó el primer artículo mencionado. En ese sentido,
debe interpretarse en conjunto con esta normativa.

53.4. Precisamente estas últimas normas dispusieron que las empresas de
servicios temporales se crearon para ejercer la actividad de intermediación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

laboral, esto es, el envío de trabajadores en misión a otras empresas o entidades
y que solo estas podían hacerlo. Ello implica que ninguna otra, sin importar su
denominación, está autorizada para ejercer tal actividad.

53.5. A ello se suma que el artículo 7 de la Ley 1233 de 2008 prohibió de forma
taxativa a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado realizar
intermediación laboral. Este mandato fue reproducido en el artículo 63 de la Ley
1429 de 2010.

53.6. Si bien es cierto esta última norma no prohibió que la intermediación laboral
podía hacerse a través de contratos sindicales, ello no significó la modificación
de las normas que regularon la actividad de las empresas de servicios temporales
y que señalaron que eran las únicas autorizadas para ejercerla. También debe
tenerse en cuenta que la norma determinó que las actividades misionales
permanentes tampoco podían ser contratadas por otro tipo de vinculación que
representara vulneración de derechos laborales.

53.7. En ese sentido, la resolución demandada en su artículo 2 al incluir en su
parte final la expresión «[e]l suministro de personal no puede hacerse a través de
ninguna otra modalidad de contratación u otra figura jurídica, incluyendo los Contratos
Sindicales» reiteró el mandato descrito en las normas que reglamentó. Asimismo,
solo enfatizó la prohibición de que se hiciera por personas jurídicas distintas de
las empresas de servicios temporales y lo hizo mediante un ejemplo concreto al
usar la expresión «los contratos sindicales» para dar mayor claridad al mandato
legal.

53.8. Por tal razón, no se advierte que el Ministerio del Trabajo hubiese vulnerado
las normas que fundamentaron el acto demandado y extralimitado la facultad
prevista en el artículo 208 Constitucional.

54. Segundo cargo: en la resolución se señalaron conductas configurativas de
intermediación laboral por parte de las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado y de otras entidades sin atender los límites fijados en los artículos 7 de
la Ley 1233 de 2008 y 63 de la Ley 1429 de 2010

54.1. La demanda sostuvo que la resolución acusada en sus artículos 4, 5 y 6
[literales a, b y c] estableció conductas que configuran la intermediación laboral y
sanciones para las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y otras
entidades, y que ello no estaba regulado en el artículo 7 de la Ley 1233 de 2008,
para las primeras, ni en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, para las segundas.

54.2. Pues bien, el artículo 3 de la resolución dispuso que a las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado les estaba prohibido la realización de
actividades de intermediación laboral y que de hacerlo esta sería ilegal y
«sancionada en la forma que la Ley ha establecido y que se referencian en el artículo
séptimo de la presente resolución».

54.3. El artículo 4 por su parte reguló lo siguiente:

«CUARTO. Con el fin de determinar la ocurrencia de la infracción señalada en
el punto anterior, las Direcciones Territoriales adelantarán las actuaciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

administrativas necesarias e impondrán las sanciones correspondientes, para lo
cual deberán verificar la ocurrencia de las siguientes conductas:

a) Si la asociación o vinculación del trabajador asociado a la Cooperativa o
Precooperativa no fue voluntaria.
b) Si la Cooperativa o Precooperativa no tiene independencia financiera.
c) Si la Cooperativa o Precooperativa no tiene la propiedad y la autonomía en
el uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos o
subprocesos que se contraten.
d) Si la Cooperativa o Precooperativa tiene vinculación económica con el
tercero contratante.
e) Si la Cooperativa o Precooperativa no ejerce frente al trabajador asociado
la potestad reglamentaria y disciplinaria.
f) Que las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores
asociados en circunstancias de tiempo, modo y lugar no hayan sido impartidas
por la Cooperativa o Precooperativa.
g) Que los trabajadores asociados no participen de la toma de decisiones, ni
de los excedentes o rendimientos económicos de la Cooperativa o
Precooperativa.
h) Que los trabajadores asociados no realicen aportes sociales.
i) Que la Cooperativa o Precooperativa no realice el pago de las
compensaciones extraordinarias, ordinarias o de seguridad social.
J) Que la Cooperativa o Precooperativa incurra en otras conductas definidas
como las faltas en otras normas legales» [se destaca]

54.4. De la interpretación conjunta de los artículos 3 y 4 citados se puede concluir:

54.4.1. que la conducta reprochable y sancionable es la intermediación laboral por
parte de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Así se indicó en
la primera norma. En ese orden, su contenido se ajusta a la prohibición de los
artículos 7.1 de la Ley 1233 de 2008 y 63 de la Ley 1429 de 2011 que
proscribieron que tal actividad pudieran desarrollarla estas empresas y definieron
las sanciones que ello conllevaría; y

54.4.2. elartículo 4 de la resolución ordenó a las direcciones territoriales del
Ministerio del Trabajo verificar si las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado realizaron ciertas actuaciones. Todo con el fin de determinar la
ocurrencia de la infracción señalada en su artículo 3, es decir, la intermediación
laboral ilegal.

54.5. En ese sentido, precisó algunas circunstancias que se debían investigar
relacionadas con el funcionamiento de estas empresas y su relación con los
asociados trabajadores, así como con la tercera empresa contratante de sus
servicios. Todo ello para corroborar la existencia de la infracción prevista en la
ley. Lo anterior concuerda con lo preceptuado en la Ley 1233 de 2008 y el artículo
63 de la Ley 1429 de 2010.

54.6. Así las cosas, la resolución acusada en su artículo 4 determinó conductas
que debe verificar la autoridad de inspección y vigilancia para dilucidar en la
investigación si la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado incurrió en
la infracción denominada intermediación laboral ilegal. Ello significa que la norma
no creó la conducta sancionable ni la sanción, puesto que ambas estaban ya
definidas en los artículos 7.1 de la Ley 1233 de 2008 y 63 de la Ley 1429 de 2010.

54.7. Tal reglamentación era necesaria para lograr la aplicación de la prohibición
y sanciones establecidas en tales disposiciones legales, porque en estas se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

proscribió de modo general la intermediación laboral, pero no se identificaron
actuaciones que pudieran dar lugar a ella. En esa medida, el Ministerio del
Trabajo podía dar instrucciones para direccionar la investigación y que las
direcciones territoriales actuaran de manera coordinada con unos mismos
presupuestos para verificar la ocurrencia o no de la intermediación laboral ilegal.

54.8. Ahora bien, cabe precisar que esta corporación en sentencia del 15 de
febrero de 202445 examinó la legalidad, entre otros, del artículo 3 del Decreto
2025 de 2011 [recopilado en el artículo 2.2.8.1.43 del Decreto 1072 de 2015] y
declaró su nulidad. En la providencia se determinó que el gobierno nacional se
había extralimitado en el ejercicio de la facultad reglamentaria porque en el
artículo creó conductas sancionables para las cooperativas de trabajo asociados
en contravía de la reserva de ley que existe para esta clase de normativa46.

54.9. Este pronunciamiento es relevante para efectos del estudio que se hace en
esta providencia porque el artículo 3 aludido guarda similitud en la descripción de
las conductas incluidas con el 4 de la Resolución 2021 de 2018 demandado; no
obstante, el mandato en cada uno ser diferente. Para verificar ello es pertinente
comparar ambas normativas:

Decreto 2025 de 2011 Resolución 2021 de 2018

45 Proferida por la Sección Primera, radicado 11001 03 24 000 2011 00267 00, 11001 03 24 000

2011 00261 00 y 11001 03 25 000 2011 00414 00 (acumulados).
46
Ibidem. En la sentencia se manifestó lo siguiente: « […] En ese orden de análisis, la Sala
concluye que, al dictar el gobierno nacional el artículo 3 y el inciso segundo del artículo 4 del
Decreto 2025 de 2011, excedió la potestad reglamentaria, así como lo señalado por el artículo 63
de la Ley 1429 de 2010 y la Ley 1233 de 2008, habida cuenta que, (i) el legislador no le otorgó la
facultad expresa de establecer las sanciones para las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado, (ii) ni los elementos estructurales del tipo para ese propósito; a lo dicho se agrega que
las conductas que castigan las normas enjuiciadas, en los aspectos que no resultan ser simples
modalidades de las conductas legales, no fueron señaladas por el legislador, con lo cual se
infringió el principio de legalidad, lo que conduce a que le asista razón a la parte actora y deba
declararse la nulidad del artículo 3, así como del inciso segundo del artículo 4 del Decreto 2025
de 2011, en lo que hace relación con las conductas fijadas por el artículo 3 ibídem […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

Artículo 3°. Las Cooperativas y «CUARTO. Con el fin de determinar la
Precooperativas de Trabajo Asociado y el ocurrencia de la infracción señalada en
tercero que contrate con estas y esté el punto anterior, las Direcciones
involucrado en una o más de las siguientes Territoriales adelantarán las actuaciones
conductas será objeto de las sanciones de administrativas necesarias e impondrán
ley cuando: las sanciones correspondientes, para lo
cual deberán verificar la ocurrencia de
las siguientes conductas:
a) La asociación o vinculación del trabajador a) Si la asociación o vinculación del
asociado a la Cooperativa o Precooperativa trabajador asociado a la Cooperativa o
no sea voluntaria. Precooperativa no fue voluntaria.

b) La cooperativa o precooperativa no tenga b) Si la Cooperativa o Precooperativa no
independencia financiera. tiene independencia financiera.

c) La cooperativa o precooperativa no c) Si la Cooperativa o Precooperativa no
tenga la propiedad y la autonomía en el uso tiene la propiedad y la autonomía en el uso
de los medios de producción, ni en la de los medios de producción, ni en la
ejecución de los procesos o subprocesos que ejecución de los procesos o subprocesos
se contraten. que se contraten.

d) La cooperativa o precooperativa tenga d) Si la Cooperativa o Precooperativa tiene
vinculación económica con el tercero vinculación económica con el tercero
contratante. contratante.

e) Si la Cooperativa o Precooperativa no
e) La cooperativa y precooperativa no ejerza
ejerce frente al trabajador asociado la
frente al trabajador asociado la potestad
potestad reglamentaria y disciplinaria.
reglamentaria y disciplinaria.

f) Las instrucciones para la ejecución de la f) Que las instrucciones para la ejecución
labor de los trabajadores asociados en de la labor de los trabajadores asociados
circunstancias de tiempo, modo y lugar no en circunstancias de tiempo, modo y lugar
sean impartidas por la cooperativa o no hayan sido impartidas por la
precooperativa. Cooperativa o Precooperativa.

g) Los trabajadores asociados no participen g) Que los trabajadores asociados no
de la toma de decisiones, ni de los participen de la toma de decisiones, ni de
excedentes o rendimientos económicos de la los excedentes o rendimientos económicos
cooperativa o precooperativa. de la Cooperativa o Precooperativa.

h) Que los trabajadores asociados no
h) Los trabajadores asociados no realicen
realicen aportes sociales.
aportes sociales.

i) La cooperativa o precooperativa no realice i) Que la Cooperativa o Precooperativa no
el pago de las compensaciones realice el pago de las compensaciones
extraordinarias, ordinarias o de seguridad extraordinarias, ordinarias o de seguridad
social. social.

J) La cooperativa o precooperativa que J) Que la Cooperativa o Precooperativa
incurra en otras conductas definidas como incurra en otras conductas definidas como
las faltas en otras normas legales. las faltas en otras normas legales» [se
destaca]

54.10. Como se advierte, la comparación normativa permite establecer la
diferencia de lo reglado en cada norma, pese a sus coincidencias en los literales.
Ciertamente, el artículo 3 del Decreto 2025 de 2011 [recopilado en el artículo
2.2.8.1.43 del Decreto 1072 de 2015] creó conductas sancionables para las
cooperativas de trabajo asociado al incluir en su inciso primero que serían
sancionadas si incurrían «en una o más de las siguientes conductas». De este

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

modo, el decreto regló que el solo hecho de que la cooperativa de trabajo
asociado desplegara cualquiera de las actuaciones previstas en los literales (a)
a la (j) era suficiente para ser sancionada.

54.11. Esta interpretación se corrobora si se examina el artículo 4 del decreto,
también anulado en igual providencia por idénticas razones, puesto que en él se
diferenció la intermediación laboral de las otras conductas descritas en tal artículo
al prescribir que «[c]uando se establezca que una Cooperativa o Precooperativa de
Trabajo Asociado ha incurrido en intermediación laboral, o en una o más de las
conductas descritas en el artículo anterior, se impondrán sanciones consistentes en
multas […]».

54.12. Por el contrario, el artículo 4 de la Resolución 2021 de 2018 en su inciso
primero, tal como se expuso en esta providencia, remitió al numeral tercero para
identificar la conducta sancionable al indicar que «[c] on el fin de determinar la
ocurrencia de la infracción señalada en el punto anterior […]». Y en el punto anterior se
prohibió la intermediación laboral como la única conducta sancionable, en
concordancia con los artículos 7.1. de la Ley 1233 de 2008 y 63 de la Ley 1429
de 2010.

54.13. Asimismo, la disposición facultó a las direcciones territoriales del ministerio
para que en la actuación administrativa y con el fin de imponer las sanciones de
ley verificara la ocurrencia de las conductas descritas en sus numerales con el
fin de determinar que incurrió en la prohibición de intermediación laboral no en
otra. Es decir, no estableció que por el simple hecho de que la cooperativa de
trabajo asociado incidiera en el comportamiento descrito en el literal (a) o en el
(b) se debía sancionar, como sí lo hizo 3 del Decreto 2025 de 2011.

54.14. Esta diferencia en ambas normas impide que se aplique en el estudio de
legalidad del artículo 4 de la Resolución 2021 de 2018 los criterios expuestos en
la sentencia del 15 de febrero de 202447 que anuló el artículo 3 del Decreto 2025
de 2011. No obstante, ello no significa su desconocimiento, puesto que el
parámetro en ella fijado según el cual las conductas sancionables y las sanciones
solo las puede fijar el legislador no se vulneró en el acto acusado, según se ha
expuesto.

54.15. Así las cosas, el Ministerio del Trabajo en el artículo 4 de la resolución
demandada no regló aspectos ajenos al contenido intrínseco de los artículos 7.1
de la Ley 1233 de 2008 y 63 de la Ley 1429 de 2010 y de su decreto
reglamentario. Lo que buscó fue desarrollar estas disposiciones, pero no creó
conductas nuevas sancionables. En consecuencia, no extralimitó la facultad
prevista en el artículo 208 Constitucional.

55. El artículo 5 del acto demandado estableció lo siguiente:

«QUINTO. Cuando el personal requerido por las instituciones públicas y/o
empresas privadas para el desarrollo de sus actividades misionales permanentes,
se encuentre vinculado bajo otras modalidades de vinculación diferentes a
las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, que vulneren los

47 Proferida por l Sección Primera, radicado 11001 03 24 000 2011 00267 00, 11001 03 24 000

2011 00261 00 y 11001 03 25 000 2011 00414 00 (acumulados).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las
normas laborales vigentes de los trabajadores, a través del desarrollo de
actividades de Intermediación Laboral de manera ilegal, las Direcciones
Territoriales adelantarán las investigaciones administrativas necesarias e
impondrán las sanciones correspondientes, para lo cual deberán tener en cuenta
lo siguiente:

a) Se debe determinar si en la institución pública y/o empresa privada hay
trabajadores que estén prestando servicios en la misma sin estar contratados
directamente por esta o a través de un contrato de prestación de servicios.

b) En caso de verificarse lo anterior, se debe indagar si dicho personal está
siendo contratado a través de una empresa de servicios temporales. En caso
de ser así deberá verificarse que tal provisión de personal se realice conforme
a lo establecido en la Ley 50 de 1990 y el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo No. 1072 de 2015.

c) Si dicho personal no está contratado por una empresa de servicios
temporales se debe determinar:

i. A que título se presta el servicio.
ii. Si el trabajador contratista hace las mismas o sustancialmente las mismas
labores que realizan los trabajadores del contratante y a qué tipo de labores
corresponden dentro las actividades propias del contratante.
iii. Si los trabajadores actuales del contratista han sido trabajadores del
contratante o de cualquier otro contratista que este último haya tenido.
iv. Si el contratista tiene independencia financiera del contratante.
v. Si el contratista tiene algún vínculo societario con la empresa contratante.
vi. Si el contratista tiene la autonomía en el uso de los medios de producción,
en la ejecución de los procesos o subprocesos que se contraten.
vii. Si el contratista ejerce frente a sus trabajadores la potestad reglamentaria
y disciplinaria, o, por el contrario, si la misma la ejerza el contratante.
viii. Si las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores del
contratista en circunstancias de tiempo, modo y lugar son impartidas por el
contratante.
ix. Si el contratista ha realizado el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad social de sus trabajadores o si por el contrario éstas han sido
asumidas directamente por el contratante.
x. Si el contratante ha fraccionado o dividido, mediante uno o más contratos,
a trabajadores afiliados a un sindicato inscrito o a trabajadores que hayan
realizado la asamblea de constitución o la reunión inicial de constitución de un
sindicato.
xi. Si el contratista y el contratante incurren en conductas violatorias de los
principios y normas laborales vigentes en la celebración o ejecución de la
figura que los une» [se destaca].

55.1. Del texto del artículo se puede deducir que desarrolló el mandato de los
artículos 71 de la Ley 50 de 1990, 10 del Decreto 4369 de 2006, 63 de la Ley
1429 de 2011 y 2.2.8.1.41. del Decreto 1072 de 2015 que la reglamentó. Estas
normas en conjunto prohibieron la contratación de personal para actividades
misionales permanentes por empresas diferentes de las de servicios temporales,
únicas autorizadas para ejercer la actividad de intermediación laboral. En ese
sentido, esta normativa determinó la conducta prohibida y sus sanciones.

55.2. De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 5 de la resolución ocurrió algo
similar a lo sucedido con el artículo 4 ibidem. Es decir, en él no se creó la
conducta prohibida y su consecuencia jurídica. En la norma únicamente se
precisaron algunas circunstancias que las direcciones territoriales del Ministerio
del Trabajo debían verificar en la investigación que desarrollaran para establecer
si la vinculación laboral en misión contrariaba la restricción impuesta en las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

disposiciones legales, esto es, si existía intermediación laboral y si esta no se
hizo a través de una empresa de servicios temporales y en contra de los derechos
laborales de los trabajadores.

55.3. Tal mandato en modo alguno alteró o amplió el contenido material de los
artículos 71 de la Ley 50 de 1990, 10 del Decreto 4369 de 2006, 63 de la Ley
1429 de 2011 y 2.2.8.1.41. del Decreto 1072 de 2015, puesto que se enmarca en
la prohibición que fijaron tales disposiciones y, además, son actuaciones
necesarias para su correcta aplicación.

55.4. Así las cosas, el Ministerio del Trabajo no desbordó su ámbito de
competencia ni vulneró la normativa legal y reglamentaria con lo que dispuso en
el artículo 5 de la Resolución 2021 de 2018.

55.5. En la demanda se señaló también que en los literales a), b) y c) del artículo
6 de la resolución enjuiciada se establecieron conductas que podían ser
investigadas y sancionadas sin tener en cuenta que el artículo 63 de la Ley 1429
de 2010 fijó como condición para tal fin que se demostrara la existencia de
vulneración de las garantías y derechos laborales. Por lo tanto, se afirmó que al
omitir esta condición no se aplicaron los parámetros de la ley y, en consecuencia,
se vulneró el principio de legalidad.

55.6. El artículo referido reguló lo siguiente en tales numerales:

«SEXTO. Con base en el material probatorio que se recaude del análisis
anterior:

a) Si se evidencia que se está prestando el servicio de envío de trabajadores
en misión sin estar autorizado como Empresa de Servicios Temporales, sin
importar el tipo o la forma societaria, incluyendo a las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado, se configura una Intermediación
Laboral ilegal, tipificada en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, infracción
cometida tanto por el que ofrece el servicio como por quien lo recibe.
b) Si el contratista, actúa como tercero aparente, es decir, sin desarrollar la
prestación del servicio con autonomía y libertad en su ejecución,
encontrándose su personal bajo la subordinación del contratante, se configura
una intermediación laboral ilegal, infracción cometida tanto por el que ofrece
el servicio como quien lo recibe.
c) Si se evidencia el uso de Contratos Sindicales cuyo único fin sea el
suministro de personal, indistintamente de su naturaleza, se configura una
intermediación laboral ilegal, tipificada en el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010, infracción cometida tanto por la organización sindical como por el
empleador contratante […]».

55.7. Como se advierte el artículo previó las conclusiones a las que pueden arribar
las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo en la investigación
adelantada de acuerdo con los parámetros descritos en el artículo 5. Así, señaló
que puede darse por probada la existencia de la intermediación laboral ilegal si
del análisis probatorio realizado se derivan los supuestos previstos en tales
literales.

55.8. La disposición entonces no creó conductas nuevas que debían ser
investigadas como se afirmó en la demanda. Lo que definió fueron actuaciones
específicas de las empresas que dan lugar a la configuración de la infracción
prevista en la normativa legal que reglamentó, esto es, la intermediación laboral

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

ilegal. Tampoco estableció sanciones, pues se remitió a las establecidas en la ley
para esta actuación irregular.

55.9. Por lo anterior, debe concluirse que el Ministerio del Trabajo con este artículo
no desconoció el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 ni el principio de legalidad,
pues no creó conductas y sanciones nuevas sin atender esta normativa.

56. Tercer cargo: extender las sanciones señaladas en el artículo 63 de la Ley
1429 de 2010 a contratantes distintos de los allí establecidos

56.1. En la demanda se señaló que la resolución determinó en el artículo 7 que las
sanciones definidas en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 podían aplicarse a
las empresas de servicios temporales, sindicatos, agencias públicas y privadas
de empleo, cuando esta norma solo permitió hacerlo respecto de « quien actué
como contratante», las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y el
servidor público que haya contratado en contravía de las prohibiciones de
intermediación laboral.

56.2. El artículo 7 del acto demandado reguló lo siguiente:

«SÉPTIMO. Cuando se evidencie que el Contratista y Contratante incurran en las
prohibiciones mencionadas en la Ley se les impondrán, a través de las Direcciones
Territoriales las sanciones contempladas en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010
y el artículo 7° de la Ley 1610 de 2013, con base en los parámetros señalados en
el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y lo de Contencioso
Administrativo y el artículo 12 de la Ley 1610 de 2013. Igual consideración se debe
tener respecto de las sanciones que se encuentren contempladas en normas de
carácter especial que regulen la materia de forma particular. Para el caso de las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado se deberá tener en cuenta lo
establecido en el Decreto 4588 de 2006 y en la Ley 1233 de 2008; para el caso de
las Empresas de Servicios Temporales lo señalado en la Ley 50 de 1990.

PARÁGRAFO. En todo caso, cuando se trate de Cooperativas y Precooperativas
de Trabajo Asociado a las cuales se les haya sancionado con multa por la conducta
de Intermediación Laboral ilegal, se deberá dar traslado por parte de la Dirección
Territorial a la Superintendencia de Economía Solidaria o a la respectiva
Superintendencia de acuerdo con su especialidad, para que procedan a la
cancelación de la personería jurídica» [sic]

56.3. La norma previó la imposición de sanciones de modo genérico al «contratista
y contratante» que incurra en la intermediación laboral ilegal prohibida por el
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Dentro de tales sujetos mencionó a las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios
temporales. Sin embargo, la alusión general que hizo de contratantes y
contratista implicó que otros participantes en la relación laboral distintos de estos
que especificó pudieran ser sancionados.

56.4. No obstante esto último, la disposición acusada no adicionó ni modificó el
contenido material del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, puesto que este no
solo prohibió la intermediación laboral de las cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado, sino que indicó que no podían existir vinculaciones laborales
bajo ninguna modalidad que afectara derechos laborales sin enlistar personas
jurídicas específicas que pudieran incurrir en ello. La prohibición fue general.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

56.5. Por tal razón, en su inciso tercero al establecer que el Ministerio del Trabajo
podía imponer multas como sanción indicó que procedía respecto de « las
instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con las disposiciones
descritas». Es decir, prescribió que el contratante o contratista, cualquiera fuera
su denominación, sería merecedor de la sanción si incurría en las conductas
descritas.

56.6. Es cierto que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2011 estableció, además de
las multas, otras dos sanciones. Pero estas fueron delimitadas a las cooperativas
y precooperativas de trabajo asociado y a los servidores públicos. Así, la norma
previó que «[s]erán objeto de disolución y liquidación las Precooperativas y
Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido en la presente ley. El
Servidor Público que contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan
intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá
en falta grave».

56.7. En ese sentido, la orden prevista en el artículo 7 de la resolución según la
cual el incumplimiento del contratista y el contratante de las prohibiciones de la
ley debía ser sancionado con los correctivos especificados en ella, implica
concluir, contrario a lo que se insinúa en la demanda, que cuando los infractores
son personas jurídicas distintas de las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado o servidores públicos no puede imponérseles las sanciones fijadas para
estas. Ello, porque el artículo demandado remitió a lo regulado en la ley y esta
delimitó los sujetos y tipos de sanciones que deben aplicar los funcionarios del
Ministerio del Trabajo.

56.8. Por lo expuesto, el Ministerio del Trabajo en el artículo 7 de la Resolución
2021 de 2012 no desconoció ni modificó ni amplió el alcance del artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010.

56.9. Así
las cosas, se concluye como respuesta al primer problema jurídico
planteado y de acuerdo con lo expuesto, que la Resolución 2021 de 2018 fue
expedida por parte del Ministerio del Trabajo con observancia de las normas en
que debía fundarse y con competencia.

3.2. Solución al segundo problema jurídico

57. En la demanda se afirmó que el acto demandado estaba viciado por falsa
motivación porque su parte considerativa y su parte dispositiva no concordaba
con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. También porque se
contradecía en sus artículos 5 y 6 y porque en su expedición no se tuvo en cuenta
la realidad administrativa y financiera de las entidades públicas que ha impedido
la formalización laboral.

58. La falsa motivación se incluyó en el artículo 137 del CPACA como causal de
nulidad de los actos administrativos. Este vicio afecta el elemento causal de
aquel, es decir, los fundamentos de hecho o de derecho que lo sustentan que no
es otra cosa que la motivación con la que la administración lo legitima48. Es así

48Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado: 110010325000201600089
00(0461-2016). Auto del 19 de julio de 2018. La Corte Constitucional define la motivación del acto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

porque esta debe tener sustento en hechos veraces y en normas que sean
aplicables.

59. Bajo estos parámetros, la falsa motivación se configura cuando es inexistente
la concordancia entre la realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse
el acto administrativo y las razones que quedaron consignados en él49. De este
modo, la causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones
de hecho y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí
corresponden con la realidad50. De acuerdo con la jurisprudencia para su
ocurrencia deben concurrir los siguientes presupuestos:

«[…] i) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues
de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; ii) la
existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva
demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se
encuentra falsamente motivado […]»51.

60. Cabe precisar que quien alega la existencia de esta causal de nulidad debe
acreditarla porque de acuerdo con el artículo 88 del CPACA los actos
administrativos gozan de presunción de legalidad52. Bajo estos parámetros se
resolverán los argumentos de la demanda.

61. Primer cargo: el acto demandado está viciado de falsa motivación porque su
motivación y parte resolutiva no concuerda con el mandato del artículo 63 de la
Ley 1450 de 2010

61.1. Los demandantes manifestaron que la parte considerativa de la resolución y
su parte dispositiva carecían de sustentación real al no coincidir con lo prescrito
en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que le dio sustento.

61.2. A su juicio, la diferencia ocurre porque mientras el artículo de la ley prohibió
la vinculación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado o con

administrativo como «la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende
sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el
juzgamiento de esa legitimidad», sentencia SU-258 de 1998.
Ver también Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de julio de
2020, radicado 25000-23-42-000-2013-04452-01 (4451-2017).
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 23 de marzo de 2017, procesos

acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016)
Acumulados: 11001-03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016) 11001-03-25-000-2016-00048-00
(0156-2016) 11001-03-25-000-2016-00064-00 (0271-2016) 11001-03-25-000-2016-00052-00
(0184-2016) 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-2016) 11001-03-25-000-2016-00026-00
(0053-2016) 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016). Consejero ponente: Gabriel
Valbuena Hernández.
50 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012. Expediente: 2006-

00348.
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 8 de septiembre de 2017,

radicado: 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14). Actor: Carlos Mario David Pérez.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Consejera ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
52 Ver la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, Expediente: 3.443. En la providencia se
indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos
que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la
presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

cualquier modalidad de contratación con la condición de que el vínculo afectara
los derechos laborales, en la resolución se reguló que las empresas de servicios
temporales eran las autorizadas para realizar intermediación laboral y que la
contratación de trabajadores por cooperativas de trabajo asociado o con
cualquier otro vínculo sería ilegal y susceptible de sanción sin considerar que era
condición para ello la violación de los derechos de aquellos.

61.3. Como se advierte, el argumento se refiere a la divergencia entre lo reglado
en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, que fue parte del fundamento del acto
administrativo demandado, y lo consignado en él en su parte considerativa y
dispositiva.

61.4. Pues bien, al respecto debe decirse que los demandantes parten de una
interpretación errada del mandato fijado en el artículo citado. Ciertamente, tal
como se expuso, en él se prohibió a las entidades públicas y privadas la
contratación de personal para el desarrollo de actividades misionales
permanentes a través de (i) cooperativas de trabajo asociado que ejerzan la
intermediación laboral o; (ii) por cualquier otro vínculo que afecte derechos
laborales.

61.5. Elartículo 63 de la Ley 1429 de 2010 no supeditó la ilegalidad de la
vinculación efectuada a través de las cooperativas de trabajo asociado a que
estas vulneraran los derechos laborales de los trabajadores, como lo entienden
los demandantes. La norma prohibió que estas ejercieran la intermediación
laboral sin mayor condicionamiento. El simple hecho de hacerlo ya torna en ilegal
la actuación.

61.6. Si bien la resolución estableció en sus artículos 1 y 2 que solo las empresas
de servicios temporales podían ejercer la intermediación laboral y que ninguna
otra empresa o entidad estaba autorizada so pena de ser sancionada, incluidas
las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, lo cierto es que ello no
significó falta de concordancia con las normas que le dieron fundamento, aun
cuando no estuviera de manera explícita tal orden en el artículo 63 de la Ley 1429
de 2010.

61.7. En efecto, según se aclaró en precedencia, la resolución demandada
desarrolló el contenido de este artículo, pero también se profirió para orientar la
aplicación de los artículos 71 de la Ley 50 de 1991, el 10 de su Decreto
Reglamentario 4369 de 2006, y 2.2.8.1.41. del Decreto 1072 de 2015 que
reglamentó el primer artículo mencionado.

61.8. Estas últimas normas prescribieron que solo las empresas de servicios
temporales eran las facultadas para prestar servicios de intermediación laboral.
Por lo tanto, al fundamentarse la Resolución 2021 de 2018 igualmente en ellas,
no es posible concluir que su motivación y sus disposiciones relacionadas no
guardan coherencia con el mandato legal, esto es, con sus fundamentos de
derecho.

61.9. En consecuencia, no prospera el cargo.

62. Segundo cargo: el acto demandado no concuerda internamente en su parte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

considerativa con la dispositiva

62.1. Según los demandantes, se configuró la falsa motivación porque existen
inconsistencias internas entre la parte considerativa con la dispositiva del acto
administrativo. Asimismo, porque se presentó divergencia entre los numerales 5
y 6 de la parte resolutiva, puesto que mientras el primero respetó el mandato del
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que especificó que existía la intermediación
laboral susceptible de sanción si se comprobaba que la vinculación vulneraba los
derechos laborales, el segundo los desconoció al establecer las causales de
intermediación laboral sancionables sin tener en cuenta este último requisito.

62.2. Los demandantes no plantean una discordancia entre los fundamentos de
hecho o de derecho que sustentaron el acto demandado y las razones que
quedaron en él consignadas. Es decir, no señalan que las razones invocadas en
la fundamentación del acto administrativo son contrarias a los antecedentes de
hecho o derecho que justificó su expedición.

62.3. Ciertamente, no discuten que la situación del abuso de la figura de la
intermediación laboral y la necesidad de controlar que fuera utilizada de manera
correcta, incluidas en la parte considerativa, no concuerdan con la realidad.
Tampoco que la motivación no estuviera acorde con lo previsto en los artículos
63 de la Ley 1429 de 2010, 71 de la Ley 50 de 1990 y sus decretos
reglamentarios. Por el contrario, como argumento de la falsa motivación se afirma
que internamente el acto no guarda coherencia entre su parte considerativa y
resolutiva, y no que tiene divergencia con las razones de hecho y legales que le
dieron origen. Esto impide entonces que se analice la validez del acto a la luz de
esta causal por estas razones.

62.4. Ahora bien, al verificar el alegato de los demandantes sobre la incongruencia
interna del acto, se pudo determinar que tal discrepancia no existe, puesto que
en la parte considerativa el Ministerio del Trabajo se apoyó en la potestad prevista
en los artículos 208 Constitucional, 6.15 del Decreto 4108 de 201153 y 2 de la Ley
1610 de 201354 que regulan la función de inspección y vigilancia de la entidad.

62.5. Asimismo, se fundó en los artículos 71 y subsiguientes de la Ley 50 de 1990
que reglaron el funcionamiento de las empresas temporales de servicios como
las facultadas del envío de trabajadores en misión, 63 de la Ley 1429 de 2010 y
su Decreto reglamentario 2025 de 2011 que prohibieron que las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado ejercieran la intermediación laboral y la
vinculación de trabajadores bajo cualquier otra modalidad que afectara sus
derechos.

62.6. De igual modo, se indicó que una de las principales problemáticas con la
intermediación laboral había sido que se equiparó al «suministro o provisión de
personal para realizar actividades propias del objeto de su empresa, a la prestación de
un servicio o suministro de un bien, operación que no es permitida en nuestro
ordenamiento jurídico». También, que la figura fue usada por cooperativas y

53 «Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el

Sector Administrativo del Trabajo».
54 «Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de

formalización laboral».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

precooperativas de trabajo asociado de manera abusiva para suministrar
personal con procesos de vinculación irregulares y la vulneración de sus
derechos laborales y que incluso las empresas de servicios temporales la
utilizaron para prestar servicios permanentes en las empresas y no ocasionales.

62.7. Se precisó que por mandato de los artículos 63 de la Ley 1429 de 2010, 34
del CST, 71 de la Ley 50 de 1990 solo las empresas de servicios temporales
estaban autorizadas para hacer intermediación laboral y que, en consecuencia,
no se podía hacer por cooperativas o precooperativas de trabajo asociado,
contratos sindicales o a través de cualquier otro tipo de figura contractual.

62.8. Por lo anterior, en el acto el Ministerio del Trabajo consideró necesario
orientar el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control a cargo de las
direcciones territoriales para evitar lo antedicho y lograr el cumplimiento de las
disposiciones citadas.

62.9. En ese sentido, en los artículos 5 y 6 de la Resolución 2021 de 2018 que se
analizaron en precedencia, se precisaron circunstancias que las direcciones
territoriales del Ministerio del Trabajo deben verificar para establecer si la
vinculación laboral en misión se hizo a través de la intermediación laboral ilegal
y con desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores. Todo lo
cual se compagina con el mandato del artículo 63 de la Ley 1429 de 2011 y 71
de la Ley 50 de 1990 y los decretos que la reglamentaron y que, se reitera,
justificaron la resolución. Así las cosas, no se evidencia incongruencia alguna
entre la parte considerativa del acto demandado y lo reglado en sus artículos 5 y
6.

62.10. Ahora, los demandantes alegan que entre estos dos últimos artículos existe
divergencia porque el primero señaló que existía la intermediación laboral
susceptible de sanción si se comprobaba que la vinculación vulneraba los
derechos laborales. Mientras el segundo estableció causales de intermediación
laboral sancionables sin tener en cuenta este último requisito.

62.11. Al respecto debe señalarse que tampoco les asiste la razón, por cuanto
ambas normas se complementan. Así, el artículo 5 define las directrices para que
las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo adelanten las
investigaciones para determinar si las vinculaciones efectuadas por empresas
diferentes de las cooperativas de trabajo asociado constituyen intermediación
laboral ilegal. Entre tanto, el artículo 6, tal como se explicó antes, orienta la
conclusión a la que pueden arribar luego de la investigación adelantada y precisa
algunas conductas que pueden ser identificadas en virtud de ella.

62.12. En consecuencia, no existe la contradicción que se alega en la demanda
entre estas normas.

62.13. Por lo anterior, no prospera el cargo.

63. Tercer cargo: el acto demandado no tuvo en cuenta la realidad administrativa
y financiera de las entidades públicas que les ha impedido la formalización laboral

63.1. En la demanda se manifestó que la entidad al proferir la resolución no

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

consideró que las entidades públicas [en especial las E.S.E.] presentaban
dificultades administrativas y financieras que les ha impedido la formalización de
sus trabajadores y que han tenido que acudir a diversas formas de contratación
para garantizarles sus derechos. En ese sentido, se afirmó que omitió hechos
demostrados al momento de proferirlo e imponer mandatos imposibles de
cumplir.

63.2. Frente al particular debe señalarse que la falsa motivación debe ser probada
por quien la plantea, pues el artículo 88 del CPACA dotó a los actos
administrativos de presunción de legalidad. En el presente asunto, no se advierte
que lo alegado por los demandantes se relacione con la expedición del acto
administrativo demandado.

63.3. Ciertamente, este se expidió con el fin de permitir la aplicación de los
artículos 63 de la Ley 1429 de 2010, 71 de la Ley 50 de 1990 y sus decretos
reglamentarios que prohibieron la intermediación laboral a entidades o empresas
diferentes de las empresas de servicios temporales y determinaron sanciones
para quienes incumplieran tal restricción. Ni en estas normas ni en la demandada
se prohibieron otros tipos de vinculación para las entidades públicas que
convirtiera en inviable la contratación de personal ni en ellas se ordenó tener en
cuenta la situación financiera de las entidades públicas para tal efecto.

63.4. En esa medida, los demandantes no justificaron la relación entre la realidad
económica de las entidades públicas y la regulación de la prohibición de contratar
trabajadores en misión con cooperativas o precooperativas de trabajo asociado
establecida en las normas legales y reglamentarias mencionadas y en la
resolución enjuiciada. Por el contrario, es claro que tal hecho no es el que motivó
la expedición del acto de modo que pudiera decirse que en su contenido lo
desconoció.

63.5. Por lo tanto, no es posible afirmar la existencia de una falsa motivación de la
Resolución 2021 de 2018 con tal argumento y debe ser negado el cargo de
nulidad.

3.3. Solución al tercer problema jurídico

64. Los demandantes señalaron que el Ministerio del Trabajo al expedir la
Resolución 2021 de 2018 incurrió en desviación de poder al buscar un fin
diferente del establecido en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Ello, puesto
que no podía en el acto acusado incluir distinciones para determinar la existencia
de la intermediación laboral y para su sanción que no estaban en la norma
reglamentada. Específicamente, le estaba vedado desconocer que para la
procedencia de las sanciones era necesario establecer si el contratante vulneró
los derechos laborales.

65. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos el que hayan sido expedidos «con desviación de las atribuciones
propias de quien los profirió». Esta causal es denominada «desviación de poder»,
vicio que ocurre cuando el servidor público al expedir el acto administrativo busca

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

«una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos
y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia»55.

66. En esa medida, la causal se relaciona de manera directa con el elemento
teleológico del acto administrativo, pues se configura cuando el fin perseguido
con su expedición es distinto del interés general y no se relaciona con el propósito
de la competencia que se atribuyó al servidor público.

67. Lo anterior, porque el fin del acto administrativo no depende del querer o del
capricho de la autoridad administrativa que lo profiere, sino que lo fija el
ordenamiento jurídico, al disponerse en el artículo 121 de la Constitución Política
que «ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le
atribuyen la Constitución y la ley».

68. Por tanto, la administración al momento de su expedición debe sujetarse a las
atribuciones y respetar los fines que la norma persigue, puesto que «[…] el
propósito de todo acto administrativo no lo fija la administración, sino el constituyente y
el legislador, quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en el artículo
2 constitucional y 1.º del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general»56.

69. Además, la jurisprudencia ha señalado que la declaración de la existencia del
vicio de nulidad de desviación de poder «[…] precisa acreditar tanto (i) la
competencia del ente que expide el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades
legalmente impuestas, y en especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad
al promulgar la decisión cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso
concreto»57. En consecuencia, se requiere que la administración actúe con
aparente legalidad, pues debe hacerlo de acuerdo con su competencia y las
formalidades y procedimientos previstos en la ley, no obstante, esconder un
propósito diferente del buen servicio público y del de la competencia atribuida por
la norma58.

69.1. De acuerdo con lo expuesto, en el presente caso no se evidencia la
configuración de la desviación de poder que los demandantes alegan, puesto
que, aunque afirmaron que el Ministerio del Trabajo al expedir la Resolución 2021
de 2018 buscó un fin diferente del establecido en el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010, no explicaron ni probaron por qué la resolución no pretendió facilitar la
aplicación de tal norma para evitar la intermediación laboral por parte de las
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.

55 Sentencia C- 452 de 1998 sentencia de septiembre 2 de 1998.
56 Consejo de Estado. Sección Segunda - Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2020.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01241-01 (2334-2017). Demandante: Juan Andrés Acosta
Pérez. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional. Bogotá, D.C.
57 Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia del 3 de diciembre de 2018. Radicado: 11001-

03-24-000-2013-00328-00. Actor: Jaime Orlando Salazar Chávez y Federación Nacional de
Centros de Reconocimiento de Conductores – FEOLCRC. Demandado: Nación –
Superintendencia de Puertos y Transporte.
En otra providencia se señaló «La desviación de poder supone el ejercicio de unas atribuciones
válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes
de aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una
traición al interés general que justifica la atribución de competencias» Consejo de Estado. Sección
Tercera. Subsección C, sentencia del 28 de junio de 2019. Radicación: 66001-23-31-000-2003-
00588-02(44009). Actor: I.P.S. Del Café Ltda. Demandado: CAJANAL y otros.
58 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

69.2. Por el contrario, lo que se advierte es que la argumentación de la causal de
nulidad va dirigida a refutar la consonancia del acto demandado con el contenido
de la norma aludida, esto es, los demandantes reiteran que la resolución no acató
sus disposiciones como norma en la que debía fundarse, aspecto que fue
resuelto al abordar el primer problema jurídico.

69.3. Así se desprende de lo alegado en la demanda, pues afirman que el acto
acusado incluyó distinciones para determinar la existencia de la intermediación
laboral y para su sanción que no estaban en la norma reglamentada,
específicamente, se endilgó que desconoció que para la procedencia de las
sanciones era necesario establecer si el contratante vulneró los derechos
laborales. No obstante, no señalaron con qué fin encubierto lo hizo la entidad ni
lo probaron, y se limitaron a indicar que no acató el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010.

69.4. Bajo estos supuestos se concluye que el cargo de desviación de poder no
fue sustentado ni probado. Por ende, no prospera.

70. Finalmente, debe hacerse alusión al argumento de la demanda según el cual
el Ministerio del Trabajo para expedir el acto administrativo invocó como normas
habilitantes los artículos 2.10 y 6.27 del Decreto 4108 de 2011 que regularon los
deberes de vigilancia y control del sistema de riesgos profesionales y a la
potestad de organizar comités y grupos de trabajo para el funcionamiento de la
entidad, asuntos que no fueron reglados en la resolución demandada.

71. Si bien es cierto que en el título de la resolución tales normas fueron
invocadas, ello no significó que la entidad hubiese actuado sin competencia, pues
esta se deriva del artículo 208 Constitucional. Tampoco constituyó una falsa
motivación, en la medida en que la resolución se sustentó en otras disposiciones
que fueron expuestas a lo largo de su parte considerativa, como se analizó al
abordar el segundo problema jurídico. En consecuencia, este argumento no tiene
la fuerza para desvirtuar la legalidad del acto demandado.

4. Conclusión

72. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el Ministerio del Trabajo
no excedió la potestad reglamentaria prevista en el artículo 208 al desarrollar el
contenido de los artículos 71 de la Ley 50 de 1991, 63 de la Ley 1429 de 2010, y
10 del Decreto 4369 de 2006 y 2.2.8.1.41. del Decreto 1072 de 2015 con la
Resolución 2021 de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en
precedencia.

73. Por lo tanto, el acto administrativo se profirió con respeto de las normas en
que debía fundarse, con competencia, sin falsa motivación ni desviación de
poder. En consecuencia, denegará su nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00031 00 (0093-2019)
Demandante: Óscar Daniel Joja Monsaleve y otros

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Óscar Daniel
Joya Monsalve, Cristian Alberto Mejía González y Daniel Felipe Patiño en contra
de los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la Resolución 2021 de 2018 «[p]or la cual se
establecen lineamientos respecto de la Inspección, Vigilancia y Control que se adelanta
frente al contenido del artículo 63 de la ley 1429 de 2010», de acuerdo con lo expuesto
en precedencia.

Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Con salvamento de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
YSB

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.