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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00186-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00186-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: INTERPRETAR la acción de nulidad interpuesta por la parte demandante a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR de oficio probada la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: SIN CONDENA en costas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: RECONOCER personería al abogado Marco Tulio Daza Turmequé, para actuar en calidad de apoderado de la parte demandante. QUINTO: RECONOCER personería al abogado, Raúl Adolfo Gutiérrez Moya para actuar en calidad de apoderado del Departamento Administrativo de la Función Pública, parte demandada. SEXTO: RECONOCER personería al abogado Freddy Leonardo González Araque, para actuar en calidad de apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, parte demandada. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Núm. único de radicación: 110010324000200800186 00 Demandante: ASOPROCLUB F.F.M.M. SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2008-00186-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de nulidad
Número único de radicación: 110010324000 2008 00186 00
Demandante: Asociación Nacional Prodefensa del Club de las Fuerzas Militares -
ASOPROCLUB FF.MM.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Departamento
Administrativo de la Función Pública1

Asunto: Se resuelve sobre la demanda de nulidad presentada contra el numeral
4.° del artículo 25 del Decreto núm. 3123 de 17 de agosto de 2007, expedido por el
Presidente de la República. Reiteración jurisprudencial: los actos administrativos
de carácter general, impersonal y abstracto son pasibles de demandarse en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; esta es la acción
que resulta adecuada cuando lo que se pretende es la defensa de intereses
subjetivos, particulares y concretos; facultad del juez para interpretar la demanda
prevista en el artículo 90 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la Asociación
Nacional Prodefensa del Club de las Fuerzas Militares - ASOPROCLUB FF.MM.,
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de
que se declare la nulidad del numeral 4.° del artículo 25 del Decreto núm. 3123 de
17 de agosto de 2007, "[...] Por el cual se modifica parcialmente la estructura del
Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones [...]", expedido por el
Gobierno Nacional, integrado por el Presidente de la República, el Ministro de
Defensa Nacional, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director de la
Departamento Administrativo de la Función Pública.

1
Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. Acta de reparto: ED_C1_02 ACTA DE REPARTO(.pdf) NroActua 68
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 110010324000200800186 00
Demandante: ASOPROCLUB F.F.M.M.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Asociación Nacional Prodefensa del Club de las Fuerzas Militares (hoy
Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares) - ASOPROCLUB FF.MM.2, en
adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento
Administrativo de la Función Pública, en adelante la parte demandada, en ejercicio
de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de
19844, en adelante, Código Contencioso Administrativo.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes:

“[…] PETICIONES

Con la presente demanda de nulidad y de conformidad con los argumentos que aquí
se exponen, y teniendo en cuenta que el Decreto 1826 de 1962 que dio origen a la
creación del Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares, se encuentra en proceso
de nulidad por parte del Honorable Consejo de Estado, me permito solicitar se
pronuncien haciendo las siguientes o mejores declaraciones:

PRIMERO.- Se decrete la nulidad de la totalidad del Numeral 4. del Artículo 25 del
Decreto 3123 de fecha 17 de agosto de 2007, publicado en el DIARIO OFICIAL de
fecha 17 de agosto de 2007, expedido bajo la Presidencia del Doctor ALVARO URIBE
VELEZ y siendo Ministro de Defensa Nacional el Dr. JUAN MANUEL SANTOS
CALDERON, POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA ESTRUCTURA
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES […]”.

SEGUNDO.- Que como consecuencia lógica y jurídica de la Nulidad del Numeral 4
del Artículo 25 del Decreto 3123 del 17 de Agosto de 2007, se defina la
NATURALEZA JURIDICA del CLUB (hoy) CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS
FUERZAS MILITARES, puesto que la dualidad que hoy tiene este ente social lo ubica

2
Mediante apoderado.
3
Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C1_01 DEMANDA Y ANEXOS (.pdf) NroActua 68.
4
“[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.

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Demandante: ASOPROCLUB F.F.M.M.

como una República Independiente y su dirección y administración giran como rueda
suelta, por carecer de control fiscal de parte del Estado y aún de sus mismos
condueños.

TERCERO.- Que como consecuencia de lo anterior se tenga como cierta la calidad
de ENTIDAD PRIVADA del CLUB (hoy) CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS
FUERZAS MILITARES, de conformidad con la Resolución N° 1229 del 23 de marzo
de 1964 por medio de la cual el Ministerio de Justicia le reconoce personería jurídica,
de la cual ha venido gozando COMO ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO y le ha
permitido llevar a cabo sus actos civiles y comerciales, sin sujeción a disposiciones
que rigen para entidades Públicas del orden Nacional como son los siguientes actos
emanados de la Junta Directiva con facultades expresas en la Personería Jurídica
[…]5.

CUARTO. Igualmente considero procedente se decrete como medida cautelar la
suspensión provisional de todos los actos administrativos que tengan relación con el
Numeral 4 del Artículo 25 del Decreto 3123 del 17 Agosto de 2007, puesto que con
ello, se está causando un claro, evidente y grave perjuicio y por ende detrimento
al Presupuesto y Patrimonio de la de la Nación.

QUINTO. Que se condene al Ministerio de Defensa Nacional para que haga entrega,
a los Suboficiales activos y retirados, del Patrimonio (instalaciones, maquinaria y
equipo, equipos de oficina, muebles y enseres, dotaciones de hotelería, plantas de
lavandería, equipos de cómputo, terrenos, calderas, electrodomésticos, plantas
eléctricas, plantas de aire acondicionados, vehículos y demás anexidades de la sede
principal y los centros vacacionales La Palmara, Los Trupillos y El Darién), cuentas
corrientes y de ahorros, CDT’S, otros títulos valores, por Acta y debidamente
inventariados. […]”. (sic)

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

3.1. La Ley 124 de 23 de diciembre de 1948, “[…] Por la cual se establece un plan
de viviendas y se crea un club con destino a las Fuerzas Militares, y se provee a los
auxilios fiscales para su edificación, instalación y funcionamiento […]”, creó el Club

5
Relacionó los siguientes: Cfr. “[…] Acuerdo N° 01 del 22 de Diciembre de 1982, Por el cual se acuerda aplicar los ahorros
acumulados por los socios hasta el 31 de Diciembre de 1977, como una cuota de carácter extraordinario; Acuerdo N° 01 del
30 de Mayo de 1984, por el cual se fija una cuota de sostenimiento para la sede vacacional de Melgar Tolima.; Acuerdo N°
12 del 30 de Mayo de 1994, por el cual se fija una cuota extraordinaria, para la construcción del Centro Vacacional "Los
Trupillos" en la Ciudad de Santa Marta; Acuerdo N° 0001 del 18 de Enero de 1991, por el cual se fija el valor de los aportes
de sostenimiento, para el Club (hoy) de Suboficiales de las Fuerzas Militares; Acuerdo N° 025 del 23 de Diciembre de 1996,
por el cual se fija el valor de nuevos aportes de sostenimiento para el Club (hoy) de Suboficiales de las Fuerzas Militares.
Transacciones comerciales mediante Escrituras Públicas Nos. 3.163 de 1964, 1.221 del 10 de Abril de 1967, 2.963 de 1969,
3.772 de 1975, 569 de 1981, 3.615 de 1984, 1.107 de 1994, 670 de 1995, 3.018 de 2000, 947 de 2006, documentos que se
adjuntan como pruebas.
Más de seiscientos (600) contratos comerciales, de diferente índole, por un valor aproximado a los CUATROCIENTOS MIL
MILLONES DE PESOS ($400.000.000.000.00) moneda corriente, documentos que reposan en los archivos del Club (hoy)
Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares
Y demás acuerdos, resoluciones, circulares, actas, pronunciamientos y documentos que con fundamento en las facultades
estipuladas en la Resolución N° 1229 de 1964 que se hayan realizado o se realicen […]”.

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Militar como entidad destinada a facilitar a los miembros de las Fuerzas Militares en
actividad o retiro su recreación personal y familiar; sin embargo, a los Suboficiales
no se les permite usarlo, pese a que se les descuentan las cuotas de admisión y
sostenimiento de sus nóminas, desde el año 1953.

3.2. El Decreto núm. 1826 de 11 de julio de 1962, “[…] por el cual se establece
una nueva sección del Club Militar […]”, creó el Club de Suboficiales de las Fuerzas
Militares como una sección del Club Militar, sin realizarle ninguna asignación
presupuestal; es decir, creo una dependencia del Ministerio de Guerra, gobernada
por una Junta Directiva, integrada por funcionarios del propio Ministerio.

3.3. La Junta Directiva del Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares expidió
los correspondientes estatutos; los cuales fueron aprobados mediante el Decreto
núm. 1132 de 21 de mayo de 19636, expedido por el Presidente de la República, en
los términos en que lo prevé el Decreto 1826; en esta oportunidad no se asignó
ninguna partida presupuestal para dicho club.

3.4. El Decreto núm. 1826, prevé que el patrimonio del Club de Suboficiales de
las Fuerzas Militares está conformado por: a) los bienes muebles e inmuebles que
adquiera a cualquier título con el producto de sus propios recursos; b) las rentas e
ingresos que deriven de su operación; c) los aportes, legados, donaciones y
subvenciones que obtenga; d) el producto de las cuotas aportadas por los socios.

3.5. El Club Militar, “[…] supuestamente [...]” destinó unos terrenos para el servicio
del Club de Suboficiales, que no ingresaron al patrimonio del Club; esto a pesar de
que eran los Suboficiales, en actividad y retiro que se encontraban afiliados, a
quienes desde 1953 se les descontaban de la nómina de sus salarios, las cuotas
ordinarias y extraordinarias para la construcción de la sede del Club de Suboficiales;
sin embargo, no se les permitió el ingreso y uso del Club Militar.

3.6. El Ministerio de Justicia le reconoció personería jurídica al Club de
Suboficiales de las Fuerzas Militares (hoy Circulo de Suboficiales de las Fuerzas
Militares), como entidad privada sin ánimo de lucro, mediante la Resolución núm.
1229 de 23 de marzo de 1964; esta personería está vigente.

6
Cfr. “[…] Por el cual se aprueban los Estatutos del Club de Suboficiales […]”.

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3.7. El Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares compró los terrenos y
construyó las sedes con dineros provenientes de sus afiliados, esto es, con las
cuotas de admisión; las ordinarias y extraordinarias; las cuotas de ahorro y las de
sostenimiento; todas descontadas de las nóminas de salario y de las asignaciones
de retiro y dispuestas “[…] arbitrariamente […]” por la Junta Directiva, sin
consentimiento de los afiliados.

3.8. El Círculo de Suboficiales de la Fuerzas Militares no recibe asignaciones del
presupuesto público, los terrenos y construcciones son de su propiedad, y sobre su
patrimonio y funcionamiento no se ejerce control fiscal de parte de la Contraloría
General de la República; tampoco hace parte de la estructura y organigrama del
Ministerio de Defensa, de manera que no es una entidad pública u oficial; es una
entidad de naturaleza privada y su patrimonio le pertenece a los Suboficiales activos
y en uso de retiro afiliados, y no al Ministerio de Defensa Nacional o al Club Militar.

Normas violadas y concepto de violación7

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 4.° de la Ley 124 de 23 de diciembre de 19488.
• Artículos 19, 21, 31, 76 y 120 de la Constitución de 1886.
• Artículo 58 de la Constitución Política.

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

Violación de las facultades otorgadas al Presidente de la República en la Ley
124 de 1948

6. El artículo 4.° de la Ley 124 facultó al Gobierno nacional para reglamentarla
y dictar los Estatutos del Club Militar creado en la misma ley; sin embargo, mediante
el Decreto núm. 1826 se creó el Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares; con

7
Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C1_01 DEMANDA Y ANEXOS (.pdf) NroActua 68.
8
“[…] Por la cual se establece un plan de viviendas y se crea un club con destino a las Fuerzas Militares, y se provee a los
auxilios fiscales para su edificación, instalación y funcionamiento […]”

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lo cual, el Presidente de la República se adjudicó una función que corresponde
exclusivamente al Congreso; de igual forma, desbordó la potestad reglamentaria,
porque al expedir el mencionado decreto, interpretó y reformó la ley, pues so
pretexto de reglamentarla creó el Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares
como una dependencia del entonces Ministerio de Guerra, hoy Ministerio de
Defensa Nacional, sin asignarle recursos presupuestales “[…] reales y concretos
[…]”, y realizando una especie de comodato para “[…] aparentemente […]” aportar
terrenos con destino al Club, los cuales fueron pagados con los dineros de los
afiliados.

7. Como consecuencia de lo anterior, el Presidente de la República “[…]
excedió en todo caso el Artículo 120 de la Constitución de 1886, en especial lo
establecido en el numeral 3° "ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las
órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de las
leyes". […]”.

8. Al expedir el Decreto núm. 1826, el Presidente de la República desconoció
las Constitución de 1886 vigente para ese momento, porque no agotó “[…] los
trámites previstos en el título VIl Artículos 79 al 92, pues como se manifestó, entre
otros crea un nuevo ente, el Club de Suboficiales, como una dependencia del
Ministerio de Guerra, lo que requeriría un presupuesto propio, que en el fondo
igualmente constituye un gasto público y para ello debió obrar con estricto apego a
lo estipulado en los Artículos 207 al 213 de la Constitución de 1886 […]”.

9. Asimismo, con la expedición del Decreto núm. 1826 se vulneraron los
artículos 19, 21 y 31 de la Constitución de 1886, que protegen los bienes de todos
los residentes del territorio colombiano y los derechos adquiridos con justo título y
con arreglo a las leyes; protección que se reforzó en el artículo 58 de la Constitución
Política de 1991, mediante el cual “[…] Se garantizan la propiedad privada y los
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores […]”.

10. Indicó que, el artículo 5.° del Decreto núm. 1826 previó que el patrimonio del
Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares lo integran: “[…] “(a) Los bienes
muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título con el producto de sus propios
recursos; (b) las rentas e ingresos que deriven de su operación; (c) los aportes,

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legados, donaciones v subvenciones que obtenga; (d) el producto de las cuotas
aportadas por los socios." […]”; de manera que, el Decreto núm. 1826 dispuso
sobre el patrimonio y bienes de los particulares, en este caso, de los Suboficiales
activos y en retiro, pese a que el club, hoy Círculo de Suboficiales de las Fuerzas
Militares, es una persona jurídica sin ánimo de lucro de naturaleza privada.

11. Por las mencionadas razones, afirmó que el Decreto núm. 3123 debe ser
declarado nulo, al haber sido expedido sin competencia o en exceso de la conferida
por la ley 124; mediante un procedimiento irregular, con falsa motivación y
desviación de poder; y el patrimonio con el que cuenta debe ser trasladado y
restituido a sus verdaderos propietarios: los Suboficiales activos y en uso de retiro,
afiliados.

Contestación de la demanda

12. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

Departamento Administrativo de la Función Pública9

12.1. En primer lugar, indicó que el acto demandado fue derogado por virtud de la
expedición del Decreto núm. 4884 de 27 de noviembre 2008 “[…] por el cual se
dictan disposiciones para orientar y coordinar el Sector Defensa y se crean unos
Comités […]”.

12.2. Señaló que, el Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares fue creado
mediante el Decreto núm. 1826 como una sección del Club Militar y como
dependencia del Ministerio de Guerra; con el objeto de prestar un servicio social y
con afiliados de las tres fuerzas.

12.3. Afirmó que, los Estatutos del Club de Suboficiales fueron modificados por el
Decreto 1083, mediante el cual se aprobó el Acuerdo núm. 03 de expedido por la
Junta Directiva, por el cual se cambió la razón social del Club de Suboficiales de las
Fuerzas Militares y se adoptan nuevos estatutos.

9
Mediante apoderado; escrito presentado el 25 de febrero de 2009. Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C2_13
CONTESTACION DE LA DEMANDA - PODER Y ANEXOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA(.pdf) NroActua 68.

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12.4. Manifestó que, de acuerdo con los artículos 2.°10, 2211 y 3212 del Acuerdo
núm. 03, “[…] el Círculo de Suboficiales es una entidad de bienestar social de
carácter público, sin ánimo de lucro y una entidad descentralizada de carácter
especial adscrita al Ministerio de Defensa Nacional […]”.

12.5. Aseveró que, según el literal b) del artículo 61 de la Ley 489 de 29 de
diciembre de 199813, corresponde a los Ministros “[…] Participar en la orientación,
coordinación y control de las superintendencias, entidades descentralizadas y
sociedades de economía mixta, adscritas o vinculadas a su Despacho, conforme a
las leyes y a los respectivos estatutos [..]”: esta función se corresponde con la
prevista en la norma demandada (numeral 4.° del artículo 25 del Decreto núm.
3123), referida a: “[…] Coordinar, evaluar la política y hacer seguimiento a la
administración y dirección del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares […]”.

12.6. Indicó que, esta última norma guarda armonía con lo previsto en el numeral
1614 del artículo 189 de la Constitución Política, que autoriza al Presidente de la
República como jefe del Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad
administrativa, para modificar la estructura de los ministerios, departamentos
administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con
sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley, las cuales están
previstas en el artículo 54 de la Ley 489, y fueron cumplidas al expedirse la norma
demandada.

12.7. A renglón seguido, manifestó que “[…] la acción escogida por el demandante
no es la más apropiada pues además de la nulidad pretende otra serie de condenas
incompatibles con la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A. […]”, lo que, en
su criterio, conduce a un pronunciamiento inhibitorio de la Sección Primera por
indebida escogencia de la acción.

10
Cfr. “[…] Articulo 2. El Circulo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, tiene por objeto sin ánimo de lucro, prestar un servicio
Social a los suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo y en goce de la asignación de retiro o pensión militar […]”.
11
Cfr. “[…] Artículo 22: La junta directiva estará integrada: Por un representante del Ministro de Defensa Nacional. […]
Parágrafo 1°. La Junta Directiva del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, será nombrado por el Ministro de Defensa
mediante candidatos propuestos por los Comandos respectivos […]”.
12
Cfr. “[…] Articulo 32. En caso de disolución y liquidación del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares el patrimonio
de dicha institución pasará a la Nación Ministerio de Defensa Nacional, para que esta entidad lo incluya dentro de sus
inventarios con destino a recreación y bienestar de los Suboficiales de las Fuerzas Militares afiliados […]”.
13
Cfr. "[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y
16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]".
14
Cfr. “[…] Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema
Autoridad Administrativa: […] 16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades
u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley […]”:

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12.8. Agregó que, en todo caso, el problema jurídico que plantea el demandante
ya fue resuelto por la Sección Primera mediante sentencia de 9 de septiembre de
2004, en la que se consideró que, el numeral 13 del artículo 25 del Decreto núm.
1512 de 11 de agosto de 200015 “[…] no viola los artículos 29, 58 y 113 de la
Constitución Política ni el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, pues quedó probado
que el Decreto 1826 de 1962 creó el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares
como una sección del Club Militar. Por tanto, el Presidente de la República no está
desconociendo derechos adquiridos ni usurpando competencia alguna de la Rama
Legislativa […]”.

12.9. Indicó que, el numeral 4.° del artículo 25 del Decreto núm. 3123 es material
y literalmente idéntico al numeral 13 del artículo 25 del Decreto núm. 1512 de 2000;
razón por la cual operó el fenómeno de la cosa juzgada material.

12.10. Por último, solicitó que de no proceder el pronunciamiento inhibitorio, o de no
declararse la cosa juzgada, las pretensiones de la demanda se nieguen; y en
consecuencia, se declaré la legalidad del numeral 4.° del artículo 25 del Decreto
núm. 3123.

Ministerio de Defensa Nacional16

13. Se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que fueran denegadas,
para lo cual, en síntesis, expuso los siguientes argumentos:

13.1. Indicó que, el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares hace parte de
la estructura del Ministerio de Defensa; por lo tanto, su naturaleza jurídica es
pública; en esa medida, es legal que reciba bienes para su uso y que se le asigne
personal en comisión.

13.2. Afirmó que, la discusión de fondo sobre la naturaleza del club, planteada por
la parte demandante, ha sido objeto de debate judicial previo, mediante demandas

Cfr. “[…] por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones […]”.
15
16
Mediante apoderado; escrito presentado el 25 de febrero de 2009. Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C2_14
CONTESTACION DE LA DEMANDA - PODER Y ANEXOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL(.pdf) NroActua 68.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 110010324000200800186 00
Demandante: ASOPROCLUB F.F.M.M.

interpuestas ante la Sección Primera del Consejo de Estado; y fue resuelta en la
sentencia de 9 de septiembre de 200417.

13.3. Puso de presente la existencia de otras decisiones judiciales en las que se
reitera la naturaleza pública del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares: i)
providencia de 5 de octubre de 1990, expediente número 2229, proferida por la
Sección Cuarta; ii) sentencia de 4 de diciembre de 2008, proferida por la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda
instancia, expediente número 2006-00057-01.

13.4. Señaló que, en este caso, no hay causal de nulidad que invalide el Decreto
núm. 3123; que lo pretendido mediante el ejercicio de la acción de nulidad es que
se privatice al Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares y se entregue su
patrimonio a los afiliados; cuestión que resulta ajena al objeto de la acción de
nulidad formulada.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

14. Este Ministerio no contestó la demanda.

Actuaciones procesales

15. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 23 de septiembre de
200818, admitió la demanda, y ordenó: i) notificar a los Ministros de Defensa
Nacional y de Hacienda y Crédito Público; al Director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, y al Procurador Delegado ante esta
Corporación; ii) fijar en lista el proceso; iii) solicitar al Ministerio de Defensa Nacional
remitir los antecedentes administrativos del decreto acusado.

16. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 27 de noviembre de
200919, tuvo por contestada la demanda, por el Ministerio de Defensa Nacional y
del Departamento Administrativo de la Función Pública.

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. MP. Camilo Arciniegas Andrade, expedientes
1100103240002006719014 (6719) y 1100103240002001031001 (7494), acumulados .
18
Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C2_02 AUTO ADMITE INADMITE O RECHAZA DEMANDA - ADMITE LA
DEMANDA(.pdf) NroActua 68.
19
Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C2_19 OTROS AUTOS - TIENE POR CONTESTADAS LAS DEMANDAS
Y RECONOCE PERSONERÍA PARA ACTUAR(.pdf) NroActua 68.

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Demandante: ASOPROCLUB F.F.M.M.

17. El Despacho sustanciador resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas,
mediante auto proferido el 22 de septiembre de 201420.

18. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 19 de abril de 201921,
se pronunció sobre la solicitud de intervención como terceros22, suscrita por 216
personas23; y resolvió tenerlas como coadyuvantes de la parte demandante.

19. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 22 de mayo de 201924
ordenó correr traslado común a las partes por el término de diez (10) días, para que
alegaran de conclusión, e informar al Agente del Ministerio Público que antes del
vencimiento del término para alegar de conclusión, podrá solicitar traslado especial.

Alegatos de conclusión

Parte demandante

20
Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C2_25 AUTO QUE RESUELVE - SOBRE PRUEBAS(.pdf) NroActua 68. 21
Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C2_29 AUTO QUE RESUELVE COADYUVANCIA(.pdf) NroActua 68. 22
Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C2_27 SOLICITUD DE COADYUVANCIA(.pdf) NroActua 68. 23
José A. Cantor, Pablo Emilio Moreno, Wilfrido E, Hernández R., Alcides Gaspar Morales, Cristian Bueno Barajas, Roberto
Corona, Ramón Antonio Mosquera Montero, Pedro A. Camargo Camargo, Wilfredo Esaú Torres Onofre, Nepomuceno
Jiménez, Jorge Jiménez Martínez, Mario Guzmán, Mario Sandoval Mesa, Ornar Agudelo, Mario Hernández Bonilla, Vicente
Araque, Fernanda López, Luis Arnulfo Pinilla Solórzano, Jaime de Jesús Beltrán, Jesús María Suárez, Gina Sandy Martín G,,
Tareicio Pamo Rodríguez, Hernando Reyes Santos, Luis Javier Ortiz, José Lisandro Ganazie, Jairo Mercader, Carlos A. Arjona G., Eduardo Iván Sánchez Parra, Pablo Sánchez Hernández, Néstor García. José Concepción Suescún, José Hugo
Peña Cardona, José Antonio Mojica Ángel, Arnulfo Guzmán, Gerardo Carvajal Dorado, Eduardo Osorio Ibáñez, Esimelys
Rojas Mancilla, Pedro Arnulfo Ávila, Henry Puerto, Carlos Alberto FIórez Escobar, Héctor Buitrago, José Daniel Orjuela
Jiménez. Erasmon Ruello G., Haroid Pérez. Roberto Jaimes Parada. Luis Alirio Jaimes. Gonzalo García. Alberto Angarita
Barrera. Julio Caro. Mario Edgar Poveda. Cesar O. Romero Bobadilla. Mario Antonio Montenegro. Edgar Iván Díaz. Plutarco
Valbuena Galvis. Guillermo Gallego. Luis Francisco Nieto G. Humberto Mastrascusa. Álvaro Garcés Peñaranda. Flaminio
Báez Báez, José Guillermo Chirichajoa Lasso. Joaquín E., Abadías Capera. Diógenes Barajas Camelo. Vidal Bermúdez Díaz. Laureano López Fonseca. Alberto Pereira. Miguel Galvis. Marcos Contreras. Alfonso Aponte. Félix María Leal. Luis Enrique
Beltrán. Neftalí Zambrano. Luis Peña. Pablo Sánchez. Fabio Osorio. José Alirio Huertas. Moisés Montaño Arguello. Edgar
Soto B., Jorge Aguilar Roncancio. Óscar Trujillo Rozo. Arnulfo Díaz Beltrán. Julio Motta Cardona, Joaquín Bonilla, Javier
Blanco León, Caupidio Ruiz, José Antonio Gómez, Henrry Correa, Heinner Rodríguez, Raúl A. Chinchilla Neira, Gustavo
Torres Betancourt, Benedicto Cárdenas, Juan Carlos Castillo, Javier de J. Cardona Alzate, Alberto Plazas, Ricardo Suárez
Bernal, Moisés Cortez, Rafael Rodríguez Aguas, EIdo Bolaños Enríquez, Arnulfo Sierra, César Cárdenas, Carlos Mesa, Fredy
Aníbal Pineda, Carlos E. Ramírez Ríos, Alex Javier Benavides, Wilson J. Willmes Castañeda, Edilberto Cañón Garzón, Fredy
A. Suárez, Gonzalo Valencia, Hernando Basto Gómez, Juan Andrés Pinto Rojas, Luis E. Ávila Hernández, Plácido Gutiérrez
Espinosa, José Antonio Castro Rey, Pedro Galvis Pérez, Jorge Enrique Alfonso Rojas, Flaminio Montealegre, Libardo
Carvajal, Hugo Hernando Novoa, Mario Perico V., José Elías Salazar, Hernando Díaz Barragán, Jaime Huertas, Orlando
Gómez, Pedro Ávila, Jairo Martínez Vanegas, Arturo Valderrama, Jaime Cúmaco Aroca, José Sánchez, Guillermo Osuna,
José Raúl Vargas, Hernando Pinzón Sánchez, Eduardo Osorio Ibáñez, Cecilia Norman, Paúl Guzmán, Juan Carlos Pérez,
Héctor Velero R., José Alirio Belto Rincón, Humberto Benavídez, Pedro Cadena Mendoza, Jairo Cabarca, Miguel García,
José Pomarez M,, Pedro Nel Ovalle Ardila, Miguel Barrios Villamil, Rafael Galindo Mora, Aníbal Muñoz García, José Amalio
Briceño, Javier de J, Cardona, Hernando Reyes Santos, Guillermo Rico S., Alfonso Tinjacá (50), Carlos Emilio Vargas C.,
José Manuel Gama Camacho, José Ignacio Osses M., Fernán R. Montenegro, Bonifacio Cupitra, Hugo Osonó González, Olga
Martínez Artunduaga, Roberto Gaviria Bustos, Siervo Helí Romero Rojas, Osvaldo Borrero Gutiérrez, Jorge Bermúdez R.,
José del C. Moreno M., Pedro Leónidas López, José de la Cruz Tovar, José Neicer Gutiérrez, Marco A.

Sanclemente, Carlos
Enrique Rocha, Hernando López Núñez, Juan E, Sandoval Vera, José Guillermo Pérez, Efraín Mojica Osorio, Carlos Julio
Bohórquez López, Antenor Cocoma, Luis E. Bermúdez, Luis Carlos Monsalve Muñetón, Juan de Jesús Huertas, Lázaro Tapias
Díaz, Hernando Benítez, Arnaldo Luna, José N. García, Heli Quiroga, Manuel Romero P., Elio Fabio Cervera, Ángel Miguel
Ariza, Jaime Marulanda, Álvaro Rodríguez, Francisco Mora Valbuena, José A. Cantor, Luis Manuel Quiroz Quiroz, Jorge Mora
Pérez, Bernardo Pamplona Lancheros, José Ángel Ramos Llorente, Juan R, Zambrano M, Luis Eduardo Rico V., Joaquín
Capera V., Heberto Villafañe Fernández, Clímaco Giráidez López, Helmer Acero Loaiza, Ismael Bustos, José Vicente
Martínez, José O. Martínez, Edgar Figueroa Sánchez, José Ramírez Olivero, Floresmiro Arias, Gabriela Florio Nuda, Abdias
Viafara Palacios, Miguel A. Vizcano H., Ernesto Cuaspud Fuertes. 24
Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C2_33 AUTO QUE RESUELVE - CORRER TRASLADO PARA ALEGAR
DE CONCLUSIÓN (.pdf) NroActua 68. Notificado por Estado de 24 de mayo de 2019; el término corrió de 27.05.2019 a
10.06.2019.

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20. La parte demandante, mediante escrito de 7 de junio de 201925, reiteró los
argumentos fácticos y jurídicos planteados en la demanda; en adición, indicó: i) los
planteamientos realizados en las contestaciones de la demanda son abstractos y
no desvirtúan la realidad de los hechos y de los vicios por los que se ataca el acto
demandado; ii) no es cierto que el Presidente de la República tuviera facultades
para crear una entidad como dependencia del Ministerio de Defensa Nacional; iii) la
pretensión que subyace a la demanda es que se reconozca la naturaleza jurídica
privada del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, y sus consecuentes
efectos sobre la propiedad del patrimonio con el que cuenta.

Los coadyuvantes

21. Los coadyuvantes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

Parte demandada

Ministerio de Defensa Nacional y Departamento Administrativo de la Función
Pública

22. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de
Defensa Nacional, mediante escrito de 5 de junio de 201926, presentaron los
alegatos de conclusión conjuntamente; reiteraron los argumentos expuestos en sus
contestaciones de la demanda.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

23. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito de 10 de junio
de 201927, presentó los alegatos de conclusión; solicitó denegar las pretensiones
de la demanda; en síntesis, expuso los mismos argumentos planteados por el
Ministerio de Defensa Nacional en la contestación de la demanda, así:

23.1. Inexistencia de la norma demandada, toda vez que fue derogada por el
artículo 11 del Decreto 4481 de 2008.

25
Mediante apoderado. Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C2_42 OTROS - ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
ASOPROCLUB FF.MM (.pdf) NroActua 68
26
Mediante apoderados. Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. ED_C2_40 OTROS - ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y MINISTERIO DE DEFENSA(.pdf) NroActua 68.
27
Mediante apoderado. Cfr. Samai. Expediente Digital. Índice 00068. D_C2_43 OTROS - ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA(.pdf) NroActua 68.

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23.2. La improcedencia de la acción de nulidad, en razón a que lo pretendido es la
nulidad y el restablecimiento del derecho.

23.3. La ausencia del concepto de la violación, pues aunque la demanda se dirige
contra el numeral 4.° del artículo 25 del Decreto núm. 3123, los cargos se formulan
contra el Decreto núm. 1826; norma respecto de la cual, mediante sentencia de 10
de mayo de 201228, la Sección Primera decidió su legalidad, toda vez que en dicha
providencia se denegaron las pretensiones de la demanda con fundamento en los
mismos cargos formulados por la parte demandante en este proceso.

23.4. El problema jurídico planteado por la parte demandante ya se encuentra
resuelto por el Consejo de Estado, en los siguientes sentidos: i) la naturaleza jurídica
del Círculo de Suboficiales es pública; ii) el Presidente de la República no excedió
sus facultades reglamentarias al preverlo como una dependencia del Ministerio de
Defensa Nacional, en el Decreto núm. 1826; iii) la competencia para modificar la
estructura de los Ministerios está radicada en el Presidente de la República,
conforme lo prevé el artículo 189 de la Constitución.

El Ministerio Público

24. La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado presentó
memorial extemporáneo29; solicitó pronunciamiento inhibitorio dada la falta de
claridad, certeza y pertinencia de los cargos de la demanda; o, en su defecto,
denegar las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

25. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) competencia; ii) el acto demandado; iii) cuestiones previas sobre el control de
legalidad de normas derogadas; iv) el problema jurídico; v) el marco normativo sobre
el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares; vi) el marco normativo y

28
Cfr. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 10 de mayo de 2012,
Rad. 2004 - 00037, magistrado (sic) ponente: María Claudia Rojas Lasso […]”.
29
El término de traslado especial solicitado por la Agente del Ministerio Público (10 días), corrió del 11 de junio (fecha de
entrega del expediente) al 25 de junio de 2019, según constancia secretarial que obra en: Cfr. Samai, Índice 00068.
Expediente Digital, ED_C2_44 OTROS - CONSTANCIA SECRETARIAL ENTREGA EXPEDIENTE A PROCURADURÍA (.pdf)
NroActua 68; el memorial se presentó por correo electrónico, recibido en la dirección electrónica de la Secretaria de la Sección
Primera el 25 de junio de 2019 a las 5:20 p.m., vencido el término: Cfr. Samai. Índice 00068. Expediente Digital; ED_C2_46
OTROS - CONCEPTO MINISTERIO PUBLICO (.pdf) NroActua 68.

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desarrollos jurisprudenciales sobre las acciones de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho; y vii) el análisis del caso concreto.

Competencia

26. Vistos el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo30, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos
del artículo 30831 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201132, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en única instancia.

27. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad sin que se
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, la Sala procede
a resolver el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

El acto demandado

28. En el sub lite, corresponde al numeral 4.° del artículo 25 del Decreto núm.
3123, que, en relación con la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, prevé:

“[…] DECRETO 3123 DE 2007
(Agosto 17)

“Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de
Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, que le confieren el
numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 54 de la
Ley 489 de 1998,

DECRETA:

30
Cfr. “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: 1. De los de nulidad de
los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado
cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden […]”.
31
Cfr. “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012. // Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así
como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. // Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose
y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”.
32
Cfr. “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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[…] ARTÍCULO 25. Dirección Ejecutiva del Grupo Social Empresarial del Sector
Defensa. Modificado por el Artículo 11 del Decreto 4481 de 2008. Son funciones
de la Dirección Ejecutiva del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa, las
siguientes:

[…]

4. Coordinar, evaluar la política y hacer seguimiento a la administración y dirección
del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, en los términos y para los
efectos de los decretos 1826 de 1962, 1132 de 1963 y 1083 de 1987 y normas que
los modifiquen o adicionen […]”.

Cuestión previa

29. La Sección Primera, previo a determinar el problema jurídico, se pronunciará
sobre la siguiente cuestión previa:

Control de legalidad de normas derogadas

30. El Consejo de Estado ha considerado, sobre el control de normas derogadas,
que es procedente el examen de su conformidad con el ordenamiento superior, toda
vez que la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos solo
puede desvirtuarse con el pronunciamiento que al respecto profiera el juez de lo
contencioso administrativo; esto, en razón a que la desaparición de un acto en virtud
de su derogatoria no trae consigo el reconocimiento en torno a su validez, mientras
estuvo vigente; sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado:

“[…] En estas circunstancias la Sala observa que no son de recibo las
consideraciones expuestas por el a quo en cuanto a la carencia de objeto o
sustracción de materia para fallar de fondo, por efecto de la derogación de dicha
norma. El sólo evento de su derogatoria no lo sustrae o retira del todo mundo
jurídico sino que su retiro mediante este mecanismo, sólo cuenta para situaciones
o actuaciones que surjan con posterioridad a su derogatoria, de modo que
necesariamente ha de tenerse como existente para situaciones pertinentes que se
produjeron bajo su amparo, es decir, que frente a éstas la norma se presume legal,
hasta tanto no se diga lo contrario por la jurisdicción contencioso administrativa.

Además, en virtud de tales situaciones, surgen fenómenos jurídicos como el de la
ultractividad, que puede ocasionar que sus efectos se prolonguen en el tiempo. De
allí que la anulación tenga efectos jurídicos retroactivos (ex tunc) en el sentido de
retrotraer la situación al momento en que fue expedido el acto anulado, tal como si
éste nunca hubiera existido, dejando a salvo, claro está, las situaciones

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consolidadas. Todo lo cual a su vez implica que, por lo menos, en teoría no es
cierto que resulte inocuo examinar mediante acción de simple nulidad la juridicidad
o legitimidad de un acto administrativo ya derogado […]”33.

31. En el caso sub examine, la norma demandada no se encuentra vigente; fue
derogada expresamente por el artículo 1134 del Decreto núm. 4481 de 27 de
noviembre de 2008, “[…] Por el cual se modifica parcialmente la estructura del
Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones […]”35; no obstante,
dicha circunstancia no impide realizar su control de legalidad conforme lo considera
la jurisprudencia indicada supra, puesto que mientras estuvo vigente surtió efectos
cuya validez e implicaciones estarían relacionadas con lo que al respecto se decida
en este proceso: de declararse la nulidad de la norma demandada, tal
pronunciamiento tendría, en principio, efectos retroactivos; con lo cual,
eventualmente surgiría el restablecimiento del derecho correspondiente, como sí el
acto cuestionado nunca hubiese existido.

32. En consecuencia, la Sala se pronunciará, en el caso concreto, sobre la
conformidad o no conformidad de la norma demandada, con el ordenamiento
superior, de acuerdo a los planteamientos realizados por las partes del proceso.

El problema jurídico

33. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda y las
correspondientes contestaciones a la demanda, i) si el numeral 4.° del artículo 25
del Decreto 3123 "[...] “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del
Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones” [...]", expedido por
el Presidente de la República, en este caso, era pasible de demandarse a través de
la acción de nulidad; en caso de no serlo, se determinará ii) si es procedente
declarar de oficio las excepciones de indebida escogencia de la acción y de
caducidad de la acción; si la respuesta a lo anterior es negativa, se determinará iii)
si es procedente declarar probada la excepción de cosa juzgada; y, de no ser así,

33
NOTA DE RELATORIA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo: Sentencia de 14.01.1991, expediente S – 157. MP. Carlos Gustavo Arrieta. Sentencia de 23.07.1996,
Expediente S – 612. MP. Juan Alberto Polo Figueroa; Siguiendo la reiteración jurisprudencial supra, ver, entre otras: Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 09.05.2024. MP. Hernando Sánchez Sánchez, expediente
11001032400020110034900.
34
Cfr. “[…] ARTÍCULO 11. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica
parcialmente el Decreto 049 de 2003 y el Decreto 3123 de 2007 y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial
el artículo 25 del Decreto 3123 de 2007 […]”.
35
De igual forma, el Decreto núm. 4881 fue derogado expresamente y en su integridad, por el artículo 3835 del Decreto núm.
4890 de 23 de diciembre de 2011, “[…] Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional
y se dictan otras disposiciones […]”.

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se determinará iv) si con la expedición del numeral 4.° del artículo 25 del decreto
3123, el Gobierno nacional trasgredió el ordenamiento superior por falta de
competencia; por exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria; por expedición
irregular; y por falsa motivación; y, en consecuencia, determinar si la norma
demandada debe declararse nula, o no.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el Círculo de Suboficiales
de las Fuerzas Militares (antes Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares)

38. Visto el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de
la República hacer las leyes, y por medio de ellas ejerce, entre otras, la función
prevista en el numeral 7.° ibidem, relativa a “[…] Determinar la estructura de la
administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del
orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la
creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de
un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas
industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta […]”.

39. Visto el artículo 189 de la Constitución Política, “[…] [C]orresponde al
Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema
Autoridad Administrativa […]”, según el numeral 11 ibidem: “[…] [E]jercer la potestad
reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes […]”; y de acuerdo con el
numeral 16 ibidem: “[…] [M]odificar la estructura de los Ministerios, Departamentos
Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con
sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley […]”.

40. Vista la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998, “por la cual se dictan normas
sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones […]”.

41. Vista la Ley 124 de 23 de diciembre de 1948, el Congreso de la República
“[…] establece un plan de viviendas y se crea un club con destino a las Fuerzas

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Militares, y se provee a los auxilios fiscales para su edificación, instalación y
funcionamiento […]”.

42. Visto el artículo 2.° ibidem: el legislador creó el Club Militar “[…] como entidad
destinada a facilitar a los miembros de las mismas, en actividad o en uso de buen
retiro, los medios para el incremento de la cultura militar en sus diversas fases y
para robustecer los vínculos de compañerismo entre sus componentes […]”.

43. Visto el artículo 4.° ibidem, el Congreso de la República facultó al Gobierno
Nacional para reglamentar dicha ley, y dictar las normas estatutarias del
mencionado club.

44. Visto el Decreto núm. 1826 de 11 de julio de 196236, en el artículo 1.°, el
Gobierno Nacional, integrado por el Presidente de la República y el Ministro de
Guerra (hoy Ministro de Defensa Nacional) previó una nueva Sección del Club
Militar, denominada “[…] Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares, cuyo objetivo
será el de facilitar a sus miembros los medios para incrementar su cultura, fortalecer
los vínculos de solidaridad y compañerismo y de fomentar sus actividades sociales
y de sano esparcimiento […]”.

45. Vistos los artículos 2°, 3.° y 4.° ibidem, respectivamente, el mencionado Club
“[…] funcionará como dependencia del Ministerio de Guerra […]; su dirección estará
a cargo de una Junta Directiva integrada por Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares, nombrados y designados en los términos previstos en la misma norma;
dicha Junta Directiva designará al Director .

46. Visto el artículo 8.° ibidem, corresponde a la Junta Directiva elaborar los
estatutos del Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares, y al Gobierno Nacional
aprobarlos.

47. Visto el Decreto núm. 1132 de 21 de mayo de 1963, el Gobierno Nacional,
integrado por el Presidente de la República y el Ministro de Guerra (hoy Ministro de
Defensa Nacional), aprobó los Estatutos del Club de Suboficiales de las Fuerzas
Militares.

36
Cfr. “[…] por el cual se establece una nueva Sección del Club Militar […]”.

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48. Visto el Decreto núm. 1083 de 11 de junio de 198737, el Presidente de la
República aprobó el Acuerdo 03 de 20 de febrero de 1987, expedido por la Junta
Directiva del Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares, mediante el cual, se
cambia la denominación o razón social a “[…] Círculo de Suboficiales de las Fuerzas
Militares […], y se adoptan nuevos estatutos.

49. Visto el Decreto núm. 1932 de 30 de septiembre de 1999, expedido por el
Presidente de la República, “[…] Por el cual se modifica la estructura el ministerio
de defensa nacional y se dictan otras disposiciones […]”, el numeral 9.° del artículo
4.° previó al Círculo de Suboficiales como parte de la estructura de dicho Ministerio;
y en el artículo 34, que “[…] El Circulo de Suboficiales de las Fuerzas Militares
seguirá funcionando como una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional y
su dirección estará a cargo de una Junta Directiva, en los términos y para los efectos
de los decretos 1826 de 1962 y 1132 de 1963 […]”.

50. Visto el Decreto núm. 1512 de 11 de agosto de 2000, expedido por el
Presidente de la República, se modifica nuevamente la estructura del Ministerio de
Defensa; en el numeral 13 del artículo 25 se previó que: la Dirección para la
Coordinación de Entidades Descentralizadas se encargará de “[…] Coordinar la
administración y dirección del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares,
dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, en los términos y para los efectos
de los Decretos 1826 de 1962, 1132 de 1963 y 1083 de 1987 y normas que los
modifiquen o adicionen […]”.

51. Visto el Decreto núm. 3123 de 17 de agosto de 2007 "[...] “Por el cual se
modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan
otras disposiciones.” [...]"; según el numeral 4.° del artículo 25: la Dirección Ejecutiva
del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa tiene asignada, entre otras, la
función de “[…] Coordinar, evaluar la política y hacer seguimiento a la administración
y dirección del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, en los términos y
para los efectos de los decretos 1826 de 1962, 1132 de 1963 y 1083 de 1987 y
normas que los modifiquen o adicionen […]”.

37
Cfr. “[…] por el cual se aprueba un Acuerdo de la Junta Directiva del Club Suboficiales de las Fuerzas Militares […]”.

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Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre las acciones de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho

52. Vistos los artículos: i) 84 del Decreto 01 de 1984, sobre acción de nulidad,
prevé que “[…] Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante,
que se declare la nulidad de los actos administrativos […]”; y ii) 85 ibidem, sobre
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevé: “[…] Toda persona que se
crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño […]”.

53. La jurisprudencia de la Sección Primera38 ha considerado, sobre las
diferencias entre las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo siguiente:

“[…] En cuanto a la titularidad de la acción, se observa que la de nulidad es una
acción popular, abierta a todas las personas, cuyo ejercicio no necesita del
ministerio de un abogado; en tanto que el uso de la acción de nulidad y
restablecimiento está condicionado a la existencia de un interés, de manera que
podrá ejercerla quien considere que su derecho ha sido lesionado y es necesario
para tal efecto el apoderamiento de un profesional del derecho;

En cuanto a la oportunidad para ejercer la respectiva acción, la de nulidad no tiene
por lo general término de caducidad, de manera que puede utilizarse en cualquier
tiempo, mientras que la de restablecimiento del derecho debe ser presentada ante
el juez en un término que, en la mayor parte de los casos, es de cuatro (4) meses,
o de dos (2) años cuando se trata de acción indemnizatoria.

En relación con los efectos de la sentencia, la que se produce en proceso de
nulidad los tiene “erga omnes”, si la decisión es anulatoria, en caso contrario,
cuando no se accede a las pretensiones de la demanda, esos efectos se limitarán
a los motivos de nulidad invocados por la actora; mientras que en las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho, la sentencia tiene efectos inter partes y
respecto de terceros interesados.

Otros rasgos de estas dos acciones tienen que ver con el hecho de que la de
nulidad no es desistible, cualquier persona puede coadyuvar o impugnar la
demanda, lo que no sucede con la de nulidad y restablecimiento del derecho, que
sí es desistible, con el cumplimiento de los requisitos de ley, y solamente a los
terceros interesados les es permitido participar en un proceso de esa naturaleza.
En el mismo orden de ideas, el fenómeno de la perención no opera, cuando se
trata de acción de nulidad, lo que sí sucede en el caso de la otra acción […]”.

38
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4.03.2003. MP: Manuel
Santiago Urueta Ayola, expediente 11001-03-24-000-1999-05683-02(IJ-030).

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54. Conforme con las normas y la jurisprudencia citada supra, la acción de nulidad
es de carácter público, de manera que puede ejercerse por cualquier persona, en
cualquier tiempo y sin necesidad de agotar la vía gubernativa, en razón a que su
finalidad es la defensa de la legalidad y del ordenamiento jurídico en abstracto;
mientras que, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sólo la puede
ejercer aquella persona que crea que se le ha lesionado un derecho, es decir, la
puede ejercer el titular del derecho presuntamente conculcado con la expedición del
acto administrativo, en tanto su finalidad es, precisamente, el restablecimiento del
derecho subjetivo.

55. Como la acción de nulidad tiene naturaleza pública y su finalidad objetiva
defensa de la legalidad en abstracto de la acción de nulidad, su interposición no
está sujeta a un término de caducidad ni precisa del agotamiento de la vía
gubernativa; por el contrario, atendiendo el carácter subjetivo que reporta el
restablecimiento de los derechos, la interposición de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho se sujeta al término de caducidad previsto en el
numeral 2.° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y corresponde
a su titular la prueba del agotamiento de la vía gubernativa.

56. La jurisprudencia39 del Consejo de Estado ha considerado, prima facie, que la
procedencia de una u otra de dichas acciones está determinada por la naturaleza
del acto administrativo que se busca controvertir: si el acto administrativo es de
carácter general, impersonal y abstracto, por regla general procedería la acción de
nulidad; si el acto administrativo es de carácter particular y concreto, por regla
general, la acción adecuada sería la de nulidad y restablecimiento del derecho;
asimismo, que son los móviles y las finalidades previstas en la ley para las acciones
de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que permite identificar
cuál es la acción procedente en cada caso.

57. Concretamente, la Sección Primera, mediante auto proferido el 30 de agosto de
200740, consideró: “[…] Ahora bien, de acuerdo con la posición mayoritaria de la
Sala Plena de esta Corporación, la aplicación de la Teoría de los Móviles y

39
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 4.03.2003, M.P., Manuel Santiago Urueta
Ayola; expediente 11001-03-24-000-1999-05683-02(IJ-030). Reitera, en lo pertinente: Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia de 20.10.1996. MP. Daniel Suárez Hernández. Reiteradas en lo pertinente, por:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 1.04.2009. MP. Gustavo Gómez
Aranguren.
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, auto
del 30 de agosto de 2007, Radicación Número: 13001-23-31-000-2004-01160-01.

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Finalidades con la adición del criterio de la “Pretensión Litigiosa”, tiene asidero en
la presente situación, dado que se define como aquella según la cual si de
conformidad con las pretensiones del demandante, o del fallo de nulidad que
eventualmente se produjera, se genera un restablecimiento del derecho a favor de
aquel o de un tercero, la acción procedente no sería la de nulidad sino la de nulidad
y restablecimiento del derecho […]”.

58. En la misma línea se pronunció la Sección Tercera, mediante sentencia de 7 de
septiembre de 201541, considerando:

“[…] La teoría de los móviles y las finalidades se desarrolló a partir de la idea
según la cual son los motivos y las finalidades que el legislador señaló para las
acciones lo determinante para precisar cuál es la acción procedente contra un acto
administrativo, más no lo será simplemente por la generalidad o no del acto
impugnado. […]

[…]

Esta Corporación acudió a la teoría de los móviles y finalidades de la acción o de
los motivos determinantes de la misma, según la cual la acción no depende de la
naturaleza del acto que se pretende demandar sino del objeto inmediato que se
busca proteger contra los efectos del acto administrativo. Desde esta perspectiva,
con independencia de si el acto a demandarse es general o particular, lo
determinante de la acción es la finalidad a la que se espera llegar con la
impugnación del acto. En este sentido, si el acto pretende restablecer el orden
jurídico, la acción procedente es la de nulidad; ahora bien, si lo que se busca es
restablecer un derecho particular lesionado con la vigencia de un acto general o
particular, la acción pertinente sería la de plena jurisdicción o restablecimiento del
derecho […]” (negrilla del texto original) (subrayas fuera de texto).

59. En igual sentido se pronunció la Sección Primera, mediante sentencia
proferida el 31 de octubre de 202442, en la que consideró:

“[…] 81. En el sub lite, la parte demandante cuestiona la legalidad de la Resolución
041 de 2010, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, esto es,
un acto administrativo de carácter general, expedido por una autoridad de
regulación en ejercicio de las atribuciones legales conferidas en las Leyes 142 de
1994 y 401 de 1997, en desarrollo del Decreto 2553 de 1994 y la Resolución
181686 de 2009 del Ministerio de Minas y Energía.

[…]

41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 7.09.2015. MP. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, expediente 11001-03-26-000-2015-00123-01(54754).
42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31.10.2024. MP. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, expediente 25000 2324 000 2010 00472 02 (Acumulado).

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86. En el sub lite, a partir de la revisión de la causa petendi, de las
pretensiones y del concepto de la violación, se desprende que el objetivo
perseguido por la parte demandante se dirige a la defensa de un interés
subjetivo, particular y concreto de las empresas que resultaron afectadas con
ocasión de los costos asociados a la sustitución de gas natural por combustibles
líquidos, medida que fue adoptada para garantizar la disponibilidad del servicio
público domiciliario de gas natural. Es decir, el interés perseguido desborda la
tutela del orden jurídico y la legalidad en abstracto, finalidades estas que son
propias de la acción de simple nulidad.

[…]

91. A partir de las anteriores premisas, se concluye que la acción procedente
para controvertir la legalidad del acto demandado en el presente caso es la
de nulidad y restablecimiento del derecho […]” (negrillas fuera de texto).

60. La Corte Constitucional, en la sentencia C-426 proferida el 29 de mayo de
200243, consideró en lo que respecta a la determinación de la vía adecuada para
cuestionar los actos administrativos, que no es su contenido general o particular
sino la naturaleza de la pretensión que se formule con la demanda, lo que determina
la acción que resulta procedente para cuestionarlos:

“[…] 7.12. Respecto al contenido del artículo 84 del C.C.A., no observa la Corte
que el mismo establezca distinciones en relación con la clase de actos
administrativos que pueden ser demandados por esa vía, […]. Por el contrario, la
circunstancia específica de que el artículo en cuestión disponga en forma clara y
precisa que “toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de su representante,
que se declare la nulidad de los actos administrativos”, lleva a la conclusión de
que la voluntad del legislador extraordinario al regular la acción pública de simple
nulidad, no fue la de privilegiar su ejercicio respecto de los actos relativos a
situaciones jurídicas generales, sino la de permitir, en plena concordancia con la
Constitución, que ésta pudiera ejercerse también contra los actos de contenido
particular y concreto. Ello, en el entendido de que éstos, independientemente de
regular situaciones jurídicas individuales, igualmente pueden entrar en
contradicción con la integridad del ordenamiento jurídico, que es lo que en últimas
busca preservarse a través de la acción pública de nulidad.

7.13. Ciertamente, conforme a las reglas que identifican las acciones de nulidad y
de nulidad y restablecimiento del derecho, se tiene que la diferencia fundamental
entre éstas radica en que mientras la acción de nulidad tiene por objeto principal,
directo y exclusivo preservar la legalidad de los actos administrativos, a través de
un proceso en que no se debaten pretensiones procesales que versan sobre
situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, limitándose a la simple
comparación del acto con las normas a las cuales ha debido estar sujeto, la de

43
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de 29.05.2002. MP. Rodrigo Escobar Gil, expediente D-3798. La sentencia
resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, y resolvió “[…]
Declarar EXEQUIBLE el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, tal y como fue subrogado por el artículo 14 del
Decreto 2304 de 1989, siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad también procede contra los actos de contenido
particular y concreto, cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto, en los términos
de la parte motiva de esta Sentencia […]”.

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restablecimiento del derecho, por su parte, no solo versa sobre una pretensión de
legalidad de los actos administrativos, sino que propende por la garantía de los
derechos subjetivos de los particulares mediante la restitución de la situación
jurídica de la persona afectada, ya sea a través de una reintegración en forma
específica, de una reparación en especie o de un resarcimiento en dinero.

7.14. Ello conduce a que, por fuera de lo que constituyen sus características más
próximas, la procedencia de una u otra acción no esté determinada por el
contenido del acto que se impugna -general o particular- ni por los efectos que de
éstos se puedan derivar, sino por la naturaleza de la pretensión que se formule, o
lo que es igual, por la clase de solicitud o de petición que se haga ante el órgano
jurisdiccional. Si el proceso administrativo de anulación define su propia identidad
a partir del bien jurídico a tutelar -la simple legalidad o ésta y la garantía de un
derecho subjetivo-, la pretensión procesal se convierte en su objeto principal pues
en torno a ella es que tiene lugar todo el curso de la actuación judicial. La
promoción o iniciación del proceso, su desarrollo e instrucción y la posterior
decisión, encuentran como referente válido la declaración de voluntad del
demandante o lo que éste pida que se proteja, sin que tenga por qué incidir en la
actuación la condición del acto violador o sus efectos más próximos.

En esos términos, si la pretensión procesal del administrado al acudir a la
jurisdicción se limita tan sólo a impugnar la legalidad del acto administrativo, no
existe razón para desconocerle el interés por el orden jurídico y privarlo del acceso
a la administración de justicia, por la fútil consideración de que la violación alegada
provenga de un acto de contenido particular y concreto que también afecta
derechos subjetivos. […].

7.15. Bajo este entendido, consultando el espíritu de la Constitución y de la ley, se
tiene que la acción de simple nulidad procede contra todos los actos
administrativos, generales y particulares, cuando la pretensión es únicamente la
de tutelar el orden jurídico, caso en el cual la competencia del juez se limita a
decretar la simple anulación sin adicionar ninguna otra declaración, pese a que
con el retiro del acto impugnado eventualmente se restablezcan derechos o se
ocasionen daños al actor o a terceros. Siguiendo este mismo razonamiento, si lo
que persigue el demandante es un pronunciamiento anulatorio y la consecuente
reparación de los daños antijurídicos causados, lo que cabe es la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, a ejercitarse dentro del término de
caducidad a que hace expresa referencia el numeral 2° del artículo 136 del C.C.A.,
para que el juez proceda no sólo a decretar la nulidad del acto sino también al
reconocimiento de la situación jurídica individual que ha resultado afectada […]”.

61. En síntesis, según el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los actos de
carácter general, impersonal y abstracto son pasibles de demandarse mediante la
acción de nulidad y también mediante la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho; sin embargo, la identificación de la acción procedente, en cada caso
concreto, está determinada por el contenido de la pretensión litigiosa; es decir, los
móviles por lo que se demanda y las finalidades que se pretenden con ello,

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determinan la acción que resulta adecuada para controvertir dichos actos
administrativos; con lo cual, si lo pretendido es la guarda de la legalidad y del
ordenamiento jurídico en abstracto: la acción de nulidad es la adecuada; ii) si
además de lo anterior también se pretende el restablecimiento de un derecho
subjetivo: la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la que procede.

Marco normativo sobre la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho

62. Visto el numeral 2.° del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, sobre la
caducidad de las acciones, en especial, sobre la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho: la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho debe ser presentada dentro del término de 4 meses
contados desde el día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo acusado, según sea el caso, so pena, de operar
la caducidad de la acción.

Análisis del caso en concreto

63. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, y atendiendo a que en el presente asunto la parte demandada
propuso las excepciones de indebida escogencia de la acción y de cosa juzgada,
la Sala procede a realizar el análisis correspondiente; y a resolver lo que en derecho
corresponda.

Sobre la indebida escogencia de la acción

64. En el presente caso, la parte demandante cuestiona la legalidad del numeral
4.° del artículo 25 del Decreto núm. 3123 de 17 de agosto de 2007 "[...] “Por el cual
se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan
otras disposiciones.” [...]"; esto es, un acto administrativo de carácter general,
impersonal y abstracto, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de
las atribuciones constitucionales y legales previstas en el numeral 16 del artículo
189 de la Constitución Política, y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998; por lo que,
en principio, la acción de nulidad sería la adecuada para desvirtuar su legalidad.

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65. La parte demandada, especialmente, el Ministerio de Defensa y el
Departamento Administrativo de la Función Pública, alegaron que la acción
procedente en este caso era la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez
que lo pretendido se circunscribe a que se reconozca al Club de Suboficiales de las
Fuerzas Militares como una entidad privada, y la titularidad de su patrimonio se
transfiera y entregue a sus afiliados.

66. En este orden de ideas, le corresponde a la Sala definir si, en este caso, el
acto administrativo debía cuestionarse a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

67. La Sección Primera considera, desde ahora, que los móviles y la finalidades
perseguidas por la demandante están dirigidas a la defensa de un interés subjetivo,
particular y concreto de los Suboficiales activos y retirados, afiliados al Club de
Suboficiales de las Fuerzas Militares; es decir, el interés que le asiste a la parte
demandante desborda la tutela del orden jurídico y la legalidad en abstracto, que
son los móviles y finalidades previstos en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo para la acción de nulidad. .

68. La Sala arriba a dicha conclusión con fundamento en la causa petendi, las
pretensiones y el concepto de la violación contenidos en la demanda; en efecto,
además de la pretensión de que se declare nulo el numeral 4.° del artículo 25 del
Decreto núm. 3123, la parte demandante formuló otras pretensiones, con las cuales
se corrobora la existencia de un interés particular y concreto, así:

“[…] SEGUNDO.- Que como consecuencia lógica y jurídica de la Nulidad del
Numeral 4 del Artículo 25 del Decreto 3123 del 17 de Agosto de 2007, se defina la
NATURALEZA JURIDICA del CLUB (hoy) CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS
FUERZAS MILITARES, puesto que la dualidad que hoy tiene este ente social lo
ubica como una República Independiente y su dirección y administración giran como
rueda suelta, por carecer de control fiscal de parte del Estado y aún de sus mismos
condueños.

TERCERO.- Que como consecuencia de lo anterior se tenga como cierta la calidad
de ENTIDAD PRIVADA del CLUB (hoy) CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS
FUERZAS MILITARES, de conformidad con la Resolución N° 1229 del 23 de marzo
de 1964 por medio de la cual el Ministerio de Justicia le reconoce personería jurídica,
de la cual ha venido gozando COMO ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO y le ha
permitido llevar a cabo sus actos civiles y comerciales, sin sujeción a disposiciones
que rigen para entidades Públicas del orden Nacional como son los siguientes actos

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emanados de la Junta Directiva con facultades expresas en la Personería Jurídica
[…]44.

QUINTO. Que se condene al Ministerio de Defensa Nacional para que haga entrega,
a los Suboficiales activos y retirados, del Patrimonio (instalaciones, maquinaria y
equipo, equipos de oficina, muebles y enseres, dotaciones de hotelería, plantas de
lavandería, equipos de cómputo, terrenos, calderas, electrodomésticos, plantas
eléctricas, plantas de aire acondicionados, vehículos y demás anexidades de la sede
principal y los centros vacacionales La Palmara, Los Trupillos y El Darién), cuentas
corrientes y de ahorros, CDT’S, otros títulos valores, por Acta y debidamente
inventariados. […]”. (sic)

69. De igual forma, en el acápite denominado “[…] LO QUE SE DEMANDA […]”,
se indicó:

“[…] tomar cualquier decisión relacionada con el CLUB (hoy) CÍRCULO DE
SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, en virtud de que en tratándose de
un ente del ORDEN PRIVADO no sería legal ni constitucional ejercer cualquier
función establecida para las Entidades Públicas que afecte este Ente Social en su
administración y desarrollo, es así, que se plasma dentro del mismo serias
ejecuciones y apropiaciones que han aprovechado los gobiernos de turno para
apoderase de bienes de particulares como es el patrimonio del denominado "CLUB
(Hoy) CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES" que se
desarrolla y funciona gracias a los aportes de sus propios asociados y/o afiliados,
los SUBOFICIALES ACTIVOS Y RETIRADOS DE LAS FUERZAS MILITARES,
pero nunca con aportes del TESORO PUBLICO […]”. (sic)

70. Asimismo, en cuanto al concepto de la violación, planteó, entre otros, los
siguientes argumentos:

“[…] CARGO CUARTO: A través de un Decreto Presidencial no solo crea un Club,
sino que dispone de bienes de particulares, para su creación, así se refleja en el
mismo artículo al estatuir la conformación de su patrimonio. […] (d) Con el producto
de las cuotas aportadas por los socios. […]

[…]

44
Relacionó los siguientes: Cfr. “[…] Acuerdo N° 01 del 22 de Diciembre de 1982, Por el cual se acuerda aplicar los ahorros
acumulados por los socios hasta el 31 de Diciembre de 1977, como una cuota de carácter extraordinario; Acuerdo N° 01 del
30 de Mayo de 1984, por el cual se fija una cuota de sostenimiento para la sede vacacional de Melgar Tolima.; Acuerdo N°
12 del 30 de Mayo de 1994, por el cual se fija una cuota extraordinaria, para la construcción del Centro Vacacional "Los
Trupillos" en la Ciudad de Santa Marta; Acuerdo N° 0001 del 18 de Enero de 1991, por el cual se fija el valor de los aportes
de sostenimiento, para el Club (hoy) de Suboficiales de las Fuerzas Militares; Acuerdo N° 025 del 23 de Diciembre de 1996,
por el cual se fija el valor de nuevos aportes de sostenimiento para el Club (hoy) de Suboficiales de las Fuerzas Militares.
Transacciones comerciales mediante Escrituras Públicas Nos. 3.163 de 1964, 1.221 del 10 de Abril de 1967, 2.963 de 1969,
3.772 de 1975, 569 de 1981, 3.615 de 1984, 1.107 de 1994, 670 de 1995, 3.018 de 2000, 947 de 2006, documentos que se
adjuntan como pruebas.
Más de seiscientos (600) contratos comerciales, de diferente índole, por un valor aproximado a los CUATROCIENTOS MIL
MILLONES DE PESOS ($400.000.000.000.00) moneda corriente, documentos que reposan en los archivos del Club (hoy)
Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares
Y demás acuerdos, resoluciones, circulares, actas, pronunciamientos y documentos que con fundamento en las facultades
estipuladas en la Resolución N° 1229 de 1964 que se hayan realizado o se realicen […]”.

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CARGO QUINTO: Como quiera que los bienes y el patrimonio se establecen en los
términos descritos en el anterior cargo, el Presidente desborda no solo las
facultades del Art. 4.° de la Ley 124 de 1948, sino que legisla y toma
determinaciones sobre bienes y entes netamente particulares. En consecuencia es
de entender que la dirección y manejo del Club de Suboficiales de las Fuerzas
Militares debe ser ejercido por quienes lo conforman y no por Imposición de un
Decreto Presidencial en la forma señalada en los Artículos 3° y 8.° del Decreto 1826
de 1962.

[…]

El aporte estatal se disfraza en una destinación aparente de unos terrenos, los que
simplemente son dados en una especie de comodato, según lo expresado, en el
Artículo 6.° Terrenos que jamás fueron adquiridos con dineros del Erario Público,
sino que fueron comprados con los dineros aportados por los Suboficiales activos y
retirados de las Fuerzas Militares desde 1953 […]”. (sic)

71. De igual manera, en los alegatos de conclusión, la parte demandante reiteró
que las finalidades de su demanda de nulidad, son:

“[…] 1° Se acceda integralmente a las pretensiones de la presente demanda,
estableciendo claramente la naturaleza jurídica del actual Círculo de Suboficiales de
las Fuerzas Militares.

2°. Como consecuencia de lo anterior, se establezca según el patrimonio aportado,
a quién pertenece dicho ente y consecuencialmente se ordene bajo precisas
condiciones y especificaciones de tiempo, lugar y modo la entrega integral real y
material de todos los elementos, bienes y establecimientos que conforman dicho
ente a sus legítimos propietarios […]”.

72. De acuerdo con lo anterior, el objetivo perseguido por la parte demandante no
es la defensa de la legalidad y el ordenamiento jurídico en abstracto, sino la defensa
del interés subjetivo, particular y concreto de las Suboficiales activos y en retiro que
integran el Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares, para que se reconozca a
dicho ente, del que son miembros, como una organización privada, y, como afiliados
de ella, se les transfiera la propiedad del patrimonio del club.

73. Atendiendo lo indicado supra, la Sección Primera considera que la acción
procedente no era la de nulidad, prevista en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo, sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el
artículo 85 ibidem.

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74. En consecuencia, la Sala, en uso de la facultad prevista en el artículo 90 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 201245, aplicable al proceso contencioso administrativo
en virtud de la remisión prevista en el artículo 267 del Decreto 01 de 1984, según el
cual, el juez tiene el deber de darle a la demanda el trámite que corresponda aunque
la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada: interpretará la
demanda promovida por la parte demandante en ejercicio de la acción de nulidad,
a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
CCA; y, por ende, no declarará probada la excepción denominada “[…] indebida
escogencia de la acción […]”.

Sobre la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

75. Interpretada la demanda en los términos indicados supra, la Sección Primera
considera que no cumple con el requisito de procedibilidad exigido en el numeral 2.°
del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, puesto que fue presentada
cuando había culminado el término de caducidad de 4 meses, previsto en dicha
norma para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

76. En efecto, en el expediente obra prueba de que el Decreto núm. 3123 fue
publicado el 17 de agosto de 2007 en el Diario Oficial núm. 46.72346; en esa medida,
la parte demandante disponía de un término de 4 meses, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del acto administrativo, para ejercer la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el numeral 4.° del artículo 25 del
Decreto núm. 3123; es decir, el término de caducidad inició a correr el 18 de agosto
de 2007 y venció el 18 de diciembre de 2007; no obstante, la demanda fue
presentada el 8 de mayo de 2008, esto es, por fuera del término de caducidad. En
consecuencia, la Sala declarará probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

77. La Sección Primera considera que, como se interpretará la acción de nulidad
interpuesta por la parte demandante a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho y se declarará probada de oficio la excepción de caducidad de la acción,
no resulta procedente estudiar: i) la excepción de cosa juzgada alegada por la parte
demandada; ii) la legalidad del numeral 4.° del artículo 25 del Decreto núm. 3123.

45
[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
46
Cfr. Samai. Índice 00068. Expediente Digital. ED_C1_01 DEMANDA Y ANEXOS(.pdf) NroActua68. Folio 505.

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Conclusión

78. En el caso sub examine, la Sección Primera concluyó que no era procedente
demandar la nulidad del numeral 4.° del artículo 25 del Decreto núm. 3123 de 17
de agosto de 2007, mediante la acción de nulidad, toda vez que: pese a que el
objeto de la demanda es un acto administrativo de carácter general, impersonal y
abstracto, lo que en realidad se pretende es la defensa del interés subjetivo,
particular y concreto de los Suboficiales de las Fuerzas Militares, activos y en retiro,
que hacen parte de dicho ente; ese interés subjetivo, particular y concreto se hace
consistir en el reconocimiento del club como organización sin ánimo de lucro de
naturaleza privada y la trasferencia del patrimonio de dicho club a los Suboficiales,
como propietarios.

79. De acuerdo con lo anterior, la Sección Primera consideró interpretar la acción
de nulidad interpuesta por la parte demandante a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y encontró probada de oficio la excepción de
caducidad; por ende, consideró que no procedía el estudio de la excepción de cosa
juzgada propuesta por la parte demandada y de legalidad de la norma demandada.

Reconocimiento de personerías

80. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564, sobre poderes, designación y
sustitución de apoderados y terminación del poder, y demás normas concordantes
y complementarias; atendiendo a que: i) el abogado Marco Tulio Daza Turmequé,
identificado con la cédula de ciudadanía núm. 4.269.266, allegó poder47 para actuar
en calidad de apoderado de la parte demandante; ii) el abogado Raúl Adolfo
Gutiérrez Moya, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 77.093.560, allegó
poder48 para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, Departamento
Administrativo de la Función Pública; iii) el abogado Freddy Leonardo González
Araque, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1031.150.962, allegó poder49
para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, Ministerio de Hacienda
y Crédito Público; y considerando que los poderes cumplen con los requisitos de
ley: se les reconocerá la respectiva personería.

47
Cfr. Samai. Índice 00068. Expediente Digital. ED_C2_49 SUSTITUCION PODER(.pdf) NroActua68
48
Cfr. Samai. Índice 00066.
49
Cfr. Samai. Índice 00071.

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Condena en costas

81. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que no
condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: INTERPRETAR la acción de nulidad interpuesta por la parte
demandante a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR de oficio probada la excepción de caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: SIN CONDENA en costas, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.

CUARTO: RECONOCER personería al abogado Marco Tulio Daza Turmequé, para
actuar en calidad de apoderado de la parte demandante.

QUINTO: RECONOCER personería al abogado, Raúl Adolfo Gutiérrez Moya para
actuar en calidad de apoderado del Departamento Administrativo de la Función
Pública, parte demandada.

SEXTO: RECONOCER personería al abogado Freddy Leonardo González Araque,
para actuar en calidad de apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
parte demandada.

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SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado, que, en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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