Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00661-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00661-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2013-00661-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DECONTROL DENULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00661-00
Actor: JOSÉ ANTONIO FORERO LÓPEZ
TESIS: SENTENCIA ANTICIPADA. SE DECLARA PROBADA DE OFICIO LA
CADUCIDAD. APLICACIÓN DEL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 182A DEL
CPACA.
SENTENCIA ANTICIPADA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar la sentencia anticipada que fue anunciada1
en este proceso tramitado en única instancia, en aplicación de lo
establecido en el numeral 32 del artículo 182A de la Ley 1437 de 18
de enero de 20113, cuya demanda promovió el señor JOSÉ
ANTONIO FORERO LÓPEZ contra la Resolución núm. 00169 de 31
de enero de 2013, “Por la cual se ordena la intervención
administrativa de un Centro de Formación Profesional del
SENA”, expedida por el director general del SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE - SENA4.
1
Según auto de 4 de febrero de 2022 registrado en el expediente digital en el índice 47 de SAMAI.
2
“[…] ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […]
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la
caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la
prescripción extintiva. […]
PARÁGRAFO. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará
sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o
cuáles de las excepciones se pronunciará.
Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante,
escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este
caso continuará el trámite del proceso […]”.
3
En adelante CPACA.
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En adelante SENA.
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Actor: JOSÉ ANTONIO FORERO LÓPEZ
I.- LA DEMANDA
I.1. Pretensiones
El señor JOSÉ ANTONIO FORERO LÓPEZ, en nombre propio y en
ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137
del CPACA, presentó demanda ante esta Corporación en la que
solicitó:
“[…] 2.1. Que se DECLARE que la Resolución N. 00169
del 31 de enero del año 2013, proferida por el señor
Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
"Por la cual se ordena la intervención administrativa de
un Centro de Formación Profesional del SENA", es NULA.
[…]”.
I.2. Hechos
Indicó que el 29 de enero de 2010 se posesionó5 en el cargo de
subdirector Grado II del SENA, cuya función principal era la de
dirigir el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de
Floridablanca de la Regional SENA - Santander.
Adujo que administró y dirigió responsable y profesionalmente
dicho centro durante los años 2010 a 2012, lo que se corrobora con
las calificaciones obtenidas en dichos períodos.
5
Luego de superar un proceso de meritocracia
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Actor: JOSÉ ANTONIO FORERO LÓPEZ
Sostuvo que el SENA redujo para el año 2013 y en
aproximadamente $850.000.000 el presupuesto asignado al Centro
Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca, comparado
con el que le fue traslado en la vigencia 2012.
Afirmó que pese a dicha reducción en el presupuesto las metas se
mantuvieron fijas, circunstancia que lo obligó a realizar gestiones
para lograr una asignación adicional de recursos sin obtener
respuesta.
Indicó que para el año 2013 realizó la contratación de 10 nuevos
profesionales y mantuvo el contrato de 94 personas que prestaban
sus servicios en el Centro de Formación que dirigía, todo ello en
cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 27,
numeral 28, del Decreto 249 de 2004.
Manifestó que el 25 de enero de 2023, en las horas de la tarde, un
grupo de funcionarios, encabezados por el director de la Regional
Santander del SENA, se presentaron al Centro de Formación para
realizar una visita con el objeto de “conocer el estado de la
contratación de servicios profesionales para la presente vigencia”; y
que con tal fin entregó la documentación que le fue requerida.
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Actor: JOSÉ ANTONIO FORERO LÓPEZ
Con ocasión de dicha visita, el actor relacionó la siguiente actuación
fundamento de la demanda, así:
Fecha de la Actuación
actuación
28 de enero de 2013 El director de la Regional Santander del SENA remitió
al director general del SENA el informe de la visita en
la que consignó, entre otras cosas, que “los nuevos
contratistas (10 nuevos: confecciones, calzado,
sistemas, administración) podrían haber sido
seleccionados del listado de personas que quedaron
sin contrato”.
31 de enero de 2013 El director general del SENA expidió la Resolución
1696, por medio de la cual ordenó la intervención
administrativa del Centro Industrial del Diseño y
la Manufactura de Floridablanca con la finalidad de
garantizar la prestación de los servicios de formación
profesional y se designó como interventor al señor
CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ POLANIA7.
1o. de febrero de 2013 Fue contactado telefónicamente por el secretario
general del SENA y el director de la Regional
Santander, para informarle sobre la intervención
ordenada mediante la Resolución 169 de 20138
4 de febrero de 2013 Controvirtió la Resolución 169 de 2013 pese a que fue
enterado de la improcedencia de recursos en su
contra. Con tal fin acudió a la Dirección General del
SENA, con las evidencias que, en su entender,
demostraban la correcta prestación de los servicios de
formación en el centro que dirigía.
5 de febrero de 2013 La Asesora de la Oficina de Control Interno de la
Dirección General del SENA se presentó a las
instalaciones del Centro industrial del Diseño y la
Manufactura de Floridablanca y rindió un informe en el
que concluyó que: “1- Los motivos por los cuales no
fueron contratados en 2013, los Instructores que
venían de la vigencia 2012, obedecieron estrictamente
a razones presupuestales las cuales llevaron a que se
replantearan las necesidades de contratación teniendo
en cuenta la oferta y la calidad del servicio prestado
por los Instructores, situaciones estas últimas que
coadyuvaron en algunos de los casos señalados en el
presente Informe. Y 2- El subdirector del Centro desde
la fecha en que fue asignado el presupuesto solicitó
6
Destacó que en este acto administrativo se le ordenó al interventor “revisar y autorizar al
Subdirector del Centro la suscripción de cualquier acto administrativo, los trámites previos у la
suscripción de contratos o convenios, que se requieran para el normal desarrollo de las funciones
misionales y administrativas del Centro de Formación, independiente de la naturaleza y cuantía,
incluidos los contratos de prestación de servicios personales de instructor y de apoyo administrativo o
apoyo misional diferente a instructor".
7
Indicó que este fue uno de los funcionarios que acompañó la visita que dio origen al informe en
cuestión.
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Frente a la decisión de intervención y la designación del interventor señaló que manifestó su
desacuerdo y alegó que el mencionado acto administrativo carecía de fundamento y evidencias.
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ante la Dirección General la adición presupuestal que
le permitiera superar la diferencia entre el presupuesto
2013 (sic) contratación presupuestal solicitado y el
asignado. Adicionalmente, debió ajustar el Plan de
Contratación asignado a las distintas modalidades de
formación dando prioridad a la formación titulada de
acuerdo con las metas para la vigencia 2013”.
22 de marzo de 2013 Radicó ante la Dirección General del SENA una
solicitud de terminación y levantamiento de la
intervención administrativa, frente a la cual la
secretaria general de la entidad le informó que se
estaban realizando los análisis pertinentes frente a
dicha intervención para efectos de tomar la decisión
correspondiente.
24 de mayo de 2013 La Dirección General del SENA expidió la Resolución
741, por medio de la cual declararon insubsistente 9 su
nombramiento como Director del mencionado Centro
Industrial del Diseño y la Manufactura de
Floridablanca.
27 de mayo de 2013 Se le comunicó de la expedición de la Resolución 760
de 27 de mayo de 2013, por la cual se encargó
como subdirector del Centro Industrial del Diseño y la
Manufactura de Floridablanca al Director de la Regional
Santander del SENA, señor DAVID HERNANDO
SUAREZ GUTIÉRREZ.
29 de mayo de 2013 Mediante la Resolución 797 se nombró en encargo
del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de
Floridablanca al señor CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ
POLANÍA, quien fungió como interventor.
10 de octubre de 2023 La Coordinadora del Grupo de Relacionales Laborales
del SENA, en respuesta a una petición que presentó, le
informó que a esa fecha aún no se había levantado el
proceso de intervención y que el señor CAMPO ELÍAS
GUTIÉRREZ POLANIA ostentaba el cargo de
subdirector Encargado y a la vez el de interventor del
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de
Floridablanca.
I.3. Normas invocadas como violadas
El actor sostuvo que la resolución demandada desconoció el
preámbulo y los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 23, 29 y 209 de la
Constitución Política; 4°, numeral 20, del Decreto 249 de 2004; 3°,
5°, 137 del CPACA; y 34 de la Ley 734 de 2002.
9
Al respecto señaló que tal decisión se adoptó sin darle la oportunidad de defenderse frente al
proceso de intervención.
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I.4. Concepto de violación
Como explicaciones al cargo de nulidad invocado el actor manifestó
que se transgredían las normas enlistadas en razón a los siguientes
argumentos.
Adujo que no hubo una afectación real de los servicios de formación
profesional ofrecidos por el Centro Industrial del Diseño y la
Manufactura de Floridablanca, requisito necesario para la
intervención administrativa ordenada en la resolución demandada.
Manifestó que los hechos reportados en el informe rendido por el
director de la Regional Santander del SENA al director general de la
misma entidad, no acreditaron la afectación de los servicios
ofrecidos en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de
Floridablanca.
Indicó que la intervención administrativa se sustentó solamente en
los hechos que refirió el funcionario que realizó la visita sin que se
le hubiera permitido defenderse de lo allí consignado.
Insistió en que el informe de la visita desbordó el objeto para el que
se autorizó el que se limitó a verificar el cumplimiento de las
directrices en materia de contratación de servicios personales, las
cuales según el SENA fueron debidamente cumplidas, lo que
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respalda su alegación frente a la falta de fundamento de la
resolución controvertida.
Expresó su desacuerdo con el juicio contenido en el informe, el que
calificó de subjetivo y “a priori” al afirmar el funcionario responsable
de esa diligencia que: “[…] los nuevos contratistas (10 nuevos:
confecciones, calzado, sistemas, administración) podrían haber sido
seleccionados del listado de personas que quedaron sin contrato”.
Aseguró que la Dirección General del SENA no tuvo evidencia que
acreditara la afectación de los servicios prestados por el centro de
formación que dirigía, tal como lo exige el artículo 4°, numeral 20,
del Decreto 249 de 2004; además, y frente a este asunto la Oficina
de Control Interno de la entidad comprobó que la contratación de
los servicios de personal estuvo ajustada a derecho y en
cumplimiento de las directrices previamente establecidas.
Aseveró que la dirección del SENA incurrió en una vulneración al
debido proceso, pues primero decidió intervenir el centro de
formación sin fundamento alguno y, posteriormente, ordenó la
revisión o auditoria para intentar encontrar evidencias que
soportaran la decisión ya tomada, aunado a que no tuvo la
oportunidad de ejercer su derecho defensa debido a que se le
informó que contra la resolución no procedía recurso alguno.
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Indicó que se desconoció el artículo 44 del CPACA, el cual establece
que las decisiones de la administración tienen que cumplir dos
deberes: i) ser adecuadas a los fines de la norma que la autoriza; y
ii) ser proporcionales a los hechos que le sirven de causa.
Manifestó que la Resolución 00169 de 2013 desconoció el artículo
67 del CPACA, pues no le fue notificada personalmente, sino que
tuvo conocimiento a través las llamadas telefónicas que le realizó el
director de la Regional Santander y del secretario general del SENA.
Adujo que no se tuvieron en cuenta las evidencias que presentó
ante el director general del SENA, las cuales demostraban el cabal
cumplimiento de sus funciones en la administración del centro de
formación, ni se respondieron de fondo sus solicitudes de levantar
la medida de intervención por carecer de fundamentos.
Señaló que la Dirección General del SENA, al ordenar la
intervención administrativa, generó un traumatismo en el centro de
formación al coartar la libertad de actuar del subdirector y limitó
sus decisiones a las autorizaciones previas del interventor.
Afirmó que con la designación del señor CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ
POLANIA, como interventor del centro de formación de
Floridablanca y, posteriormente, como subdirector, se le permitió
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actuar como juez y parte, en una “presunta desviación de poder”
con el objeto de quedarse en su cargo.
Alegó que, en este caso, también “se está ante una presunta Falsa
Motivación” del acto administrativo que ordenó la intervención al
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca,
pues los motivos que se consignaron como respaldo de la decisión
no se probaron.
II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
2.1. Admisión
Mediante proveído de 31 de marzo de 201410 se admitió la
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y se
ordenaron las notificaciones respectivas.
2.2. Contestación de la demanda
Cumplidas las notificaciones ordenadas, únicamente el SENA, a
través de apoderado judicial, acudió a contestar la demanda.
Sostuvo que de la lectura de la demanda se advertía el “profundo
sesgo de las pretensiones” del actor orientadas a calificar y
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Índice núm. 44 del expediente digital registrado en SAMAI.
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defender su servicio como subdirector del Centro Industrial del
Diseño y la Manufactura de Floridablanca para la fecha de la
intervención administrativa ordenada en la resolución demandada.
Aseguró que la intervención administrativa no es más que una
herramienta con el objeto de optimizar la gestión pública,
implementar planes de mejoramiento, realizar auditorías, planear y
ejecutar modificaciones en aras de mejorar el servicio; y que, en el
caso bajo estudio, fue ordenada por el director general del SENA en
cumplimiento de las atribuciones previstas en el Decreto 249 de
2004, con informes previos que la justificaban.
Adujo que fue el director de la Regional de Santander del SENA el
que puso en conocimiento de la Dirección General de la misma
entidad presuntas irregularidades frente a la contratación de
instructores en el centro de formación de Floridablanca, situación
que ameritaba la intervención ordenada habida cuenta que no se
podía poner en peligro la continuidad o calidad del servicio de
educación y formación profesional.
Señaló que la decisión de intervenir el centro de formación de
Floridablanca resultaba necesaria, pues se debía supervisar la
ejecución y destinación de los recursos públicos en aras de evitar
repercusiones en el servicio prestado por la institución.
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Afirmó que el Decreto 249 de 2004, establece en el director
general del SENA la potestad de expedir el acto administrativo que
ordena la intervención de un centro de formación, lo que acredita
el cumplimiento del requisito de competencia.
Indicó que el concepto de violación expuesto en la demanda carece
de argumentación, dado que el actor afirma que el SENA, previo a
la expedición de la resolución demandada, debió cumplir un
procedimiento, pero omite que ello no se encuentra previsto en
norma alguna, pues esta es una herramienta discrecional del
director general en aras de proteger un derecho de rango
constitucional, como lo es el de la educación.
Recordó que los motivos que dieron lugar a la expedición del acto
administrativo demandado desaparecieron al momento en que se
expidió la Resolución 2230 de 2013, “Por la cual se da por
terminada la intervención administrativa del Centro Industrial del
Diseño y Manufactura de Floridablanca del SENA”, por lo que las
pretensiones de la demanda actualmente carecen de objeto.
2.3. Audiencia Inicial
Aunque por auto de 14 de noviembre de 201711, se citó audiencia
inicial para el 22 de octubre de 2019, el Despacho sustanciador,
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Índice 44 del expediente digital registrado en SAMAI. folios 124 (físico) 150 (digitalización)
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mediante proveído de 4 de febrero de 202212, dio aplicación a lo
previsto en el numeral 3 del artículo 182A del CPACA y dispuso: i)
anunciar que se proferiría sentencia anticipada en la que se resolvería
de oficio la caducidad; ii) tener como pruebas los documentos
aportados con la demanda y la contestación; y iii) correr traslado
para alegar de conclusión.
2.4. Alegatos de conclusión
2.4.1. De la parte actora
El actor reiteró que la resolución demandada no tuvo fundamento
válido alguno, pues se sustentó en el relato subjetivo de unos
hechos que no fueron contrastados ni corroborados, lo que afectó
gravemente su derecho de defensa.
Recalcó que la entidad demandada no demostró que el servicio
prestado por el centro de formación de Floridablanca estuviese en
riesgo, de allí que no hubiera motivo para expedir el acto de
intervención administrativa, máxime si existían pruebas que
acreditaban una gestión previa con “muy buena calificación”.
Señaló que el acto administrativo no le fue debidamente notificado,
pues se enteró de su expedición a través de una llamada telefónica
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del secretario general de la entidad, por lo tanto, se desconoció el
debido proceso.
Indicó que el informe elaborado por la Oficina de Control Interno de
Gestion de la Dirección General de la entidad demandada
demuestra que el proceso de contratación llevado a cabo durante
su administración y que dio lugar a la intervención administrativa,
atendió las disposiciones legales previstas para tal finalidad y contó
con la aprobación del director regional del SENA.
2.4.2. De la parte demandada
El apoderado del SENA13, luego de referirse a la naturaleza,
clasificación y características de los actos administrativos, afirmó
que pese a que la resolución controvertida es de carácter general,
el actor “[…] está seriamente empeñado en debatir en este proceso
sus calidades como subdirector y hace un reproche al proceso de
notificación del acto acusado, manifestando que no se agotaron los
requisitos y ritualidades para que fuera oído en descargos,
confundiendo seriamente la naturaleza del acto particular con el de
contenido general”.
Expresó que el actor instauró una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto administrativo por
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medio del cual se declaró insubsistente su nombramiento, la que se
decidió por el Tribunal Administrativo de Santander en primera
instancia, en el sentido de denegar las pretensiones y el Consejo de
Estado, que confirmó tal decisión.
Agregó que el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad
de la resolución controvertida, pues sus argumentos no cuentan
con el soporte probatorio necesario para acceder a sus pretensiones
en el entendido de que no acreditan causal alguna de nulidad.
Estimó que las actuaciones del director general del SENA están
cobijadas por las facultades que expresamente le concede el
Decreto 249 de 2004.
2.5. Concepto del Ministerio público
El ministerio público se abstuvo de rendir concepto
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
Esta Sala es competente para proferir la sentencia en este asunto
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la C.P., 11,
34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así
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como de lo expuesto en el artículo 14914 del CPACA y del artículo 13
del Acuerdo 080 de 201915 expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del
asunto de la referencia.
3.2. Problema jurídico
Según lo decidido en el auto de 4 de febrero de 2022, el problema
jurídico a resolver se centra en establecer si en el presente caso
operó la caducidad del medio de control, debido a que el artículo
182A, numeral 3, del CPACA, autoriza proferir sentencia anticipada
“en cualquier estado del proceso”, cuando se encuentre probado
dicho fenómeno jurídico.
Tal decisión se profirió en razón a que se advirtió que si bien el
proceso se adelantó bajo el medio de control de nulidad, también lo
es que del contenido de la demanda se aprecia que su objeto
desborda el simple mantenimiento del orden jurídico y se sustenta
en el planteamiento subjetivo que expresa el actor debido a la
14
La competencia de esta Corporación no se modifica en tratándose de los medios de control de
nulidad y el de nulidad y restablecimiento del derecho sin cuantía cuando se cuestiona un acto
expedido por una autoridad del orden nacional. La norma vigente al momento de la interposición de la
demanda prevé: “[…] ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la
distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden
nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones
administrativas del mismo orden.
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales
se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional […]”.
Ley 1437 de 2011 sin la modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021.
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Modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024.
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presunta afectación a derechos particulares y personalísimos que
ameritan que se examine la escogencia del medio adecuado para su
control. En la providencia en mención, que adquirió firmeza, se
precisó:
“[…] En virtud de lo anterior, el Despacho considera
procedente resolver la excepción de caducidad a través de
sentencia anticipada, para lo cual se estudiará el medio
de control idóneo teniendo en cuenta los argumentos
expuestos por las partes, tanto en la demanda como en su
contestación, y en los documentos aportados por las mismas,
los cuales se tendrán como pruebas en cuanto fueren
conducentes y por el valor que en derecho les corresponda
[…]”
En este orden se analizará el contenido del acto acusado y la
demanda para resolver lo que corresponde.
3.3. El acto acusado
El actor solicitó la nulidad del siguiente acto administrativo:
“[…] RESOLUCIÓN No. 00169 DE 2013
Por la cual se ordena la intervención administrativa de
un Centro de Formación Profesional del SENA
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA
[…]
CONSIDERANDO:
[…] Que el Decreto 249 de 2004, "Por el cual se modifica la
estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA",
establece en su artículo 4° las funciones de la Dirección General
del SENA, entre ellas: "4. Dirigir, coordinar y controlar las
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funciones administrativas y técnicas de los proyectos operativos
y dictar los actos administrativos... ".
Que el numeral 20 del artículo 4º del Decreto 249 de 2004
establece como función de la Dirección General: "Ordenar
intervenciones administrativas a los Centros de
Formación, cuando se evidencie la afectación de los
servicios de formación profesional".
Que los hechos reportados por el Director de la Regional
Santander del SENA en el informe presentado al Despacho del
Director General el 30 de enero de 2013 sobre el "Centro
Industrial del Diseño y la Manufactura" de dicha Regional,
ameritan ordenar la Intervención Administrativa del
mencionado Centro de Formación, con el fin de garantizar la
prestación de los servicios de formación profesional.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO 1º. Ordenar la Intervención Administrativa del
"Centro Industrial del Diseño y la Manufactura" de la Regional
Santander de esta entidad a partir de la fecha que quede en
firme esta Resolución.
ARTICULO 2°. Designar como Interventor Administrativo del
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de la Regional
Santander al funcionario Campo Elías Gutiérrez Polanía,
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.189.185,
Profesional Grado 20 de la Regional Santander.
ARTICULO 3°. En desarrollo de la intervención administrativa
ordenada, el funcionario Campo Elías Gutiérrez Polanía queda
facultado para disponer y/o adelantar en el mencionado Centro
de Formación todas las acciones necesarias que garanticen el
restablecimiento o la continuidad de los servicios de formación
profesional, y hacerle el correspondiente seguimiento.
Así mismo, deberá revisar y autorizar al Subdirector del
Centro la suscripción de cualquier acto administrativo,
los trámites previos y la suscripción de contratos o
convenios, que se requieran para el normal desarrollo de
las funciones misionales y administrativas del Centro de
Formación, independiente de la naturaleza y cuantía,
incluidos los contratos de prestación de servicios
personales de instructor y de apoyo administrativo o
apoyo misional diferente a instructor.
ARTICULO 4º. Notifíquese la presente Resolución al
Subdirector del Centro Industrial del Diseño y la
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Manufactura de la Regional Santander, al Director de esa
Regional, a los Directores de Área y Jefes de Oficina de la
Dirección General, al Secretario General y a Campo Elías
Gutiérrez Polanía.
ARTÍCULO 5°. Contra esta Resolución no proceden recursos en
vía administrativa y queda en firme desde el día siguiente al de
la notificación indicada en el artículo anterior; para los efectos
del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011 publíquese en la página
web del SENA.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE […]”.
3.4. Del medio de control de nulidad y restablecimiento en el
CPACA
Debe advertirse que a partir de la Ley 1437 de 2011, se positivizó
en los artículos 137 y 138 del CPACA, la teoría de los móviles y las
finalidades, que permite que el control de los actos administrativos
atienda a la pretensión litigiosa que persigue el actor, previo
examen de los presupuestos de oportunidad y de que el control, en
el caso del medio de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA,
no derive en un restablecimiento automático. En efecto, las normas
en comento prescriben:
“[…] ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá
solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare
la nulidad de los actos administrativos de carácter
general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las
normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con
desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las
circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
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Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos
administrativos de contenido particular en los
siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de
nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento
automático de un derecho subjetivo a favor del
demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten
en materia grave el orden público, político, económico,
social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se
persigue el restablecimiento automático de un derecho, se
tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.
ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto
intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el
término anterior se contará a partir de la notificación de
aquel.
Precisamente, a través de estas normas se positivizó la teoría de
los móviles y las finalidades, como ya se mencionó y que amparó el
examen de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho tramitadas en vigencia del CCA, y en las que se precisó
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que la finalidad del control se determina por el objeto que se buscar
proteger. Así lo explicó la Sección en reciente fallo16 en el que se
recurrió a la postura jurisprudencial de esta Corporación, en la que
se destaca lo siguiente:
“[…] 58. En la misma línea se pronunció la Sección Tercera,
mediante sentencia de 7 de septiembre de 201541,
considerando:
“[…] La teoría de los móviles y las finalidades se desarrolló a
partir de la idea según la cual son los motivos y las finalidades
que el legislador señaló para las acciones lo determinante
para precisar cuál es la acción procedente contra un acto
administrativo, más no lo será simplemente por la
generalidad o no del acto impugnado. […]
[…]
Esta Corporación acudió a la teoría de los móviles y finalidades de
la acción o de los motivos determinantes de la misma, según la
cual la acción no depende de la naturaleza del acto que se
pretende demandar sino del objeto inmediato que se busca
proteger contra los efectos del acto administrativo. Desde esta
perspectiva, con independencia de si el acto a demandarse es
general o particular, lo determinante de la acción es la
finalidad a la que se espera llegar con la impugnación del
acto. En este sentido, si el acto pretende restablecer el orden
jurídico, la acción procedente es la de nulidad; ahora bien, si lo
que se busca es restablecer un derecho particular lesionado con
la vigencia de un acto general o particular, la acción pertinente
sería la de plena jurisdicción o restablecimiento del
derecho […]” (Subrayas fuera de texto).
Establecido lo anterior, procede la sala al estudio de fondo que
habilita el examen del medio de control adecuado y la oportunidad
de recurrir ante esta jurisdicción su legalidad.
16
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 6
de febrero de 2025. Acción de nulidad. Radicación: 110010324000 2008 00186 00 M.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
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3.5. Del caso concreto
3.5.1. Del medio de control adecuado
Bajo el planteamiento formulado en el problema jurídico en
precedencia, la Sala procede a resolver si el medio de control
incoado en el presente proceso fue el adecuado para controvertirlo
en razón a las pretensiones del actor, las que si bien se dirigen
contra un acto de contenido general, las razones del control se
orientaron a que le sean restablecidos los derechos particulares que
deriva del ejercicio de sus funciones como subdirector de Centro
Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca, que fue
intervenido; y porque la medida cuestionó su actuar en dicha
actuación administrativa, sin garantía, según su entender, de su
debido proceso y derecho de defensa.
En efecto, como se advierte de la transcripción de la Resolución 169
de 2013, en ella no solo ordenó la intervención administrativa del
referido Centro, sino que le designó un interventor al cual se le
ordenó, entre otras, “revisar y autorizar” todas las actuaciones
relacionadas con la contratación de personal del “Subdirector”, es
decir, del demandante, esto es, el señor JOSÉ ANTONIO FORERO
LÓPEZ, medida que condicionó las decisiones de este a una
aprobación previa que limitó su actuar autónomo, sustentado
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además en el cumplimiento recto de sus funciones, competencias y
deberes.
Precisamente, lo que cuestiona el demandante como constitutivo de
ilegalidad del acto administrativo, es en sí mismo la duda en la que
se puso su actuar, es decir que su pretensión supera el control
objetivo de la medida de intervención y se traslada a una
controversia de contenido particular que deviene en la merma del
ejercicio autónomo de las funciones a su cargo; y aunque no elevó
una pretensión de restablecimiento, lo relevante aquí constituye la
alegación de reclamos de afectación a derechos propios y a la
afectación del ejercicio pleno de sus funciones en materia
contractual. Así se lee de lo expuesto en la demanda:
Además, de estas circunstancias de afectación particular se
aprecian en los artículos 3° y 4° de resolución acusada, en cuanto
toman decisiones que se dirigen expresamente al “Subdirector” del
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Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca y,
además, le ordenan la notificación de esta decisión.
Todo lo anterior indica que la pretensión del actor se debió tramitar
bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y era bajo este examen que se podría derivar el motivo por el cual
acudía a cuestionar la legalidad del acto administrativo y de allí la
procedencia del medio incoado. Al respecto en reciente sentencia
de esta Sección17 se indicó:
“[…] 81. En el sub lite, la parte demandante cuestiona la
legalidad de la Resolución 041 de 2010, expedida por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas, esto es, un acto
administrativo de carácter general, expedido por una
autoridad de regulación en ejercicio de las atribuciones
legales conferidas en las Leyes 142 de 1994 y 401 de 1997,
en desarrollo del Decreto 2553 de 1994 y la Resolución
181686 de 2009 del Ministerio de Minas y Energía.
[…]
86. En el sub lite, a partir de la revisión de la causa
petendi, de las pretensiones y del concepto de la
violación, se desprende que el objetivo perseguido por
la parte demandante se dirige a la defensa de un
interés subjetivo, particular y concreto de las empresas
que resultaron afectadas con ocasión de los costos asociados
a la sustitución de gas natural por combustibles líquidos,
medida que fue adoptada para garantizar la disponibilidad del
servicio público domiciliario de gas natural. Es decir, el
interés perseguido desborda la tutela del orden jurídico
y la legalidad en abstracto, finalidades estas que son
propias de la acción de simple nulidad.
[…]
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de
octubre de 2024. Radicación: 25000 2324 000 2010 00472 02 (Acumulado). M.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.
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91. A partir de las anteriores premisas, se concluye que la
acción procedente para controvertir la legalidad del
acto demandado en el presente caso es la de nulidad y
restablecimiento del derecho […]” (negrillas fuera de
texto).
Cabe resaltar que si bien el acto administrativo actualmente no está
vigente en el ordenamiento jurídico, debido a que la intervención
administrativa del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de
Floridablanca finalizó con la expedición de la Resolución 2230 de
2013, como lo informó la entidad demandada, ello no es óbice para
estudiar la legalidad de la decisión inicial y los efectos que esta
produjo mientras mantuvo su vigencia.
Siendo entonces procedente el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, que se tramita bajo el mismo
procedimiento que el de nulidad y que para la época en el que fue
instaurado, esto es, en el año 2013, también era competencia de
esta Corporación en única instancia18, tal como se explicó en el
acápite pertinente, procede la Sala a estudiar si operó el fenómeno
jurídico de la caducidad.
3.5.2. De la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho
18
De conformidad con la redacción original del artículo 149, numeral 2, del CPACA.
“[…] ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo
que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
[…]
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se
controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional […]”.
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A efectos de contabilizar la oportunidad en el ejercicio de este
medio, la Sala observa que pese a que no hay constancia de
notificación personal del acto administrativo controvertido, el propio
actor en el relato de los hechos19 manifestó que tuvo conocimiento
de la Resolución 00169 de 2013, mediante dos llamadas telefónicas
recibidas el 1o. de febrero de ese mismo año por parte del
Secretario General del SENA y del director de la Regional Santander
de la misma entidad, funcionarios que le informaron sobre la
intervención administrativa del centro de formación que dirigía. Así
lo explicó:
Además, en el numeral 3.16 del capítulo de hechos de la demanda
el actor señaló que el mismo 1o. de febrero de 2013 convocó a su
equipo de trabajo “primario” a una reunión en la que dio lectura20
de la Resolución 00169 de 2013, lo que corrobora que para esa
19
Folio 43 del cuaderno principal, numeral 3.14 del capítulo de hechos de la demanda.
20
Folio 43 del cuaderno principal.
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fecha tenía pleno conocimiento del acto administrativo demandado
y de su contenido, lo que derivó que a falta de la notificación
personal conoció del acto acusado por conducta concluyente.
Así las cosas, esta Sala considera que la notificación de la
resolución demandada se entiende surtida por conducta
concluyente el 1o. de febrero de 2013, de lo que deriva que el actor
tenía hasta el 2 de junio de ese año para instaurar la demanda, de
conformidad con lo establecido en el artículo 164, numeral 2, literal
d), del CPACA, que como era inhábil, se corría para el día hábil
siguiente, esto es, el 4 de junio de 2013.
Ahora, revisado el expediente, el actor solo instauró la demanda de
la referencia hasta el 4 de diciembre de 2013, como consta en el
sello de radicación visible a folio 57 del cuaderno principal, fecha en
la que se encontraba caducado el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Finalmente, se aprecia que en este caso no se acreditó el
agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
prejudicial, razón por la que no se presentó suspensión alguna del
término de caducidad.
Por lo expuesto, la Sala declarará probada de oficio la caducidad de
la demanda instaurada por el señor JOSÉ ANTONIO FORERO
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LÓPEZ, y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
sentencia anticipada, en cumplimiento de lo previsto en el numeral
3 del artículo 182A, del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de
caducidad de la demanda instaurada por el señor JOSÉ ANTONIO
FORERO LÓPEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente sentencia anticipada.
SEGUNDO: En firme esta providencia archivar el expediente,
previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
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Actor: JOSÉ ANTONIO FORERO LÓPEZ
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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