Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00195-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Actos de la administración nacional: reglamentos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00195-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2008-00195-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
7 de marzo de 2019
ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – Reglamentos / CONTRATO DE APRENDIZAJE – Reglamentación / CONTRATO DE APRENDIZAJE – Elementos: Apoyo de sostenimiento mensual / APOYO DE SOSTENIMIENTO MENSUAL DEL APRENDIZ – Periodicidad / APOYO DE SOSTENIMIENTO MENSUAL DEL APRENDIZ – Monto durante la fase práctica: determinación de la tasa de desempleo para su cálculo / TASA DE DESEMPLEO DE REFERENCIA – Determinación / POTESTAD REGLAMENTARIA - Características / POTESTAD REGLAMENTARIA - Límites / POTESTAD REGLAMENTARIA - Supone la preexistencia de un marco normativo pasible de reglamentación POTESTAD REGLAMENTARIA – No se excedió al expedir el Decreto 451 de 2008 para llenar un vacío del artículo 30 de la Ley 789 de 2002 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]l Gobierno Nacional no excedió su potestad reglamentaria al existir un vacío normativo que debía reglamentarse y no resultar contrario a las normas y en los términos invocados por la parte actora. Igual ocurre con el cargo formulado con relación al artículo 6 constitucional, el cual, como se indicó ut supra 1, acápite “Normas invocadas como infringidas y concepto de violación”, el mismo se argumenta como la extralimitación en el ejercicio de sus funciones del Ministro de la Protección Social, al modificar notoriamente el propósito del inciso quinto del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, asunto que como quedó visto fue objeto de análisis y decisión en la sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente 2010-00235-00 (1973). En relación con el argumento de la no necesidad de la reglamentación introducida por el Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008, también será descartada, en tanto como se ha visto, el acto acusado reglamentó el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, pues la norma dejaba un vacío que debía reglamentarse.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Secciones Primera y Segunda, de 14 de enero de 2019, C.P. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Radicación 11001-03-24-000-2015-00325-00; y 28 de febrero de 2013, C.P: Bertha Lucía Ramírez de Páez, Radicación 11001-03-25-000-2010-00235-00.
COSA JUZGADA - Contenido y alcance / COSA JUZGADA - Elementos en acción de nulidad / SENTENCIA QUE NIEGA NULIDAD - Efectos erga omnes en relación con causa petendi juzgada / EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA – No probada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Hecha una revisión de las pretensiones y la causa petendi en ambos procesos, puede establecer la Sala que no se configura la excepción de cosa juzgada; nótese cómo si bien en ambos procesos el objeto es que se declare la nulidad del Decreto nro. 451 de 2008 y se invocan las mismas normas como infringidas, no ocurre lo mismo en relación con la causa petendi, atendiendo lo dispuesto en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual, la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada cuando el nuevo proceso se funda en la misma causa que el anterior. En el caso bajo estudio, la causa para pedir en un caso es la irretroactividad y en el otro, el desconocimiento general de las disposiciones invocadas […] Derivado del artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, ocurre el fenómeno de la cosa juzgada relativa cuando la sentencia en proceso anterior niega la nulidad pedida, caso en el cual, la cosa juzgada producirá efectos erga omnes sólo en relación con la causa petendi juzgada. En el presente caso, se observa que la sentencia de 28 de febrero de 2013, dentro del expediente 2010-00235-00 (1973), negó las pretensiones de la demanda y por tanto los efectos erga omnes de la cosa juzgada se producen respecto a su causa petendi, la cual como ya se analizó, no coincide con la del presente proceso.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 175 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 189 NUMERAL 11 / LEY 789 DE 2002 – ARTÍCULO 30
NORMA DEMANDADA: DECRETO 451 DE 2008 (15 de febrero) MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (No anulado)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00195-00
Actor: ALEYDA MURILLO GRANADOS
Demandado: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (HOY MINISTERIO DEL TRABAJO)
Referencia: NULIDAD
Referencia: Acto Acusado Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008
Referencia: No es nulo el acto administrativo que determina la tasa de desempleo nacional a partir del promedio del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, cuando el Gobierno Nacional, en ejercicio de su potestad reglamentaria, define este criterio sin que las normas invocadas como infringidas establezcan lo contrario.
Tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes relativa, la sentencia que no acoge las súplicas de la demanda, únicamente cuando coinciden la causa petendi alegadas en ambos procesos y el contenido del petitum que no prosperó.
Referencia SENTENCIA
La Sala se pronuncia en única instancia respecto del proceso radicado bajo el número de la referencia, promovido por ALEYDA MURILLO GRANADOS, en contra del Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008, expedido por el Gobierno Nacional – Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo).
ANTECEDENTES
1. La demanda
La ciudadana Aleyda Murillo Granados formuló demanda en contra del Decreto nro. 451 de 2008, expedido por el Gobierno Nacional – Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo), en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (CCA), con la pretensión que se declare la nulidad del Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008, “por medio del cual se reglamenta el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 sobre el Contrato de Aprendizaje” .
La parte actora indicó como hechos de la demanda que el Congreso de la República expidió la Ley 789 de 27 de diciembre de 2002, la cual en su artículo 30 reguló algunos aspectos del contrato de aprendizaje, entre ellos el relativo al apoyo de sostenimiento de los estudiantes vinculados a través de esa modalidad. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008, el cual refiere que el mismo rige a partir de su publicación, estando ambas normas vigentes para la fecha de la presentación de la acción.
1.1. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
La parte actora consideró que con la expedición del acto acusado se vulneraron los artículos 189 numeral 11 y 6 de la Constitución Nacional, así como el artículo 30 de la Ley 789 de 2002.
En relación con el numeral 11 del artículo 189 constitucional indicó que el acto acusado, de carácter reglamentario, desbordó lo previsto en la Ley 789 de 2002 por cuanto consagró modificaciones y/o restricciones no previstas en la ley, lo cual se traduce en su violación, el desconocimiento de la Constitución, un claro exceso de la facultad reglamentaria y ser innecesaria. Precisó que:
a.) Dicho exceso se advierte en la medida que del inciso 1 del artículo 30 de la Ley 789 de 2002 indica que es de la naturaleza del contrato de aprendizaje el que el estudiante perciba “un apoyo de sostenimiento mensual”; el literal d) del inciso 2 del mismo artículo, al definir los elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje, señala que “el apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje”; el inciso 3 ibídem ordena que “durante toda la vigencia de la relación”, el estudiante recibirá de la empresa “un apoyo de sostenimiento mensual”; finalmente los incisos 3 y 4 del mismo artículo 30 señalan qué porcentajes de salario mínimo mensual recibirá el aprendiz a título de apoyo de sostenimiento (50% y 75% del smlmv, mensual durante las fases respectivas del proceso de aprendizaje). De lo anterior concluye la parte actora que el legislador quiso que el apoyo de sostenimiento extra conservara las mismas características de los apoyos de sostenimiento ordinarios, estas son, se perciben de manera simultánea (durante) con el proceso de aprendizaje, y será pagadero mensualmente.
Agregó que, con la expedición del acto acusado, se introduce una serie de restricciones a la norma legal, a saber: “1) Transforma el apoyo de sostenimiento que habitualmente se percibe de manera mensual en un ingreso que, merced a la restricción impuesta se percibirá, ya no mensualmente como ocurre de ordinario, sino, anualmente (…) 2) Al remitir al cálculo de la tasa nacional de desempleo al parámetro del promedio anual, se desnaturaliza la finalidad de los apoyos de sostenimiento, la cual consiste en que los aprendices lo perciban durante o simultáneamente con el proceso de aprendizaje y no cuando, muy seguramente, hayan finalizado su vínculo como aprendices con el SENA y con el empresario patrocinador (…) 3) Así mismo, cuando se remite el cálculo de la tasa de desempleo nacional al promedio del año inmediatamente anterior, el decreto introduce un factor innecesario de incertidumbre, pues, no establece quienes se beneficiarán del promedio así obtenido, toda vez que bien podría alegarse que se benefician los aprendices que estaban en la fase práctica antes del mencionado cálculo o, igualmente, podrían alegar el beneficio los vinculados como aprendices en fase práctica a partir del momento en que se obtenga el mencionado promedio…”
b) Argumentó que la reglamentación introducida por el Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008 es innecesaria, en la medida que según la Ley la naturaleza del apoyo de sostenimiento es claramente mensual, por lo que la única reglamentación acorde debería indicar que para determinar la tasa de desempleo nacional en cumplimiento del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 789 de 2002 es la tasa nacional promedio del periodo comprendido entre el 1 y el 30 del mes inmediatamente anterior, pues es lo que se desprende naturalmente de la lectura del artículo.
Visto lo anterior, se advierte que el citado artículo 30 no requiere reglamentación pues ésta se exige para el cabal cumplimiento de las leyes; por el contrario, en este caso se desborda la norma a reglamentar, trayendo consecuencias adversas como impedir que quienes estaban cursando la fase práctica, en el momento que el desempleo descendió del 10%, disfruten del apoyo de sostenimiento extra simultáneamente con sus estudios; muchos de los estudiantes que resulten beneficiados al momento de conocerse el promedio de desempleo en los términos del acto acusado, ya habrán finalizado su vínculo contractual con sus empresarios patrocinadores, con lo cual terminarán perdiendo el apoyo de sostenimiento extra o dará lugar a demandas judiciales para su reclamo.
En relación con el artículo 6 constitucional dijo que se evidencia su violación por cuanto el Ministro de la Protección Social se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al modificar notoriamente el propósito del inciso quinto del artículo 30 de la Ley 789 de 2002; En igual sentido, adujo que se violó el artículo 30 mencionado, por cuanto desborda los claros mandatos contenidos en el artículo en mención toda vez que los apoyos de sostenimiento, que son de naturaleza mensual y se perciben durante la época de estudio, los transforma en ingresos que se perciben anualmente y en época diferente a la de los estudios del aprendiz.
2. La contestación
La entidad demandada se opuso a la pretensión formulada bajo la consideración que la facultad de reglamentar las leyes es una facultad constitucional del Gobierno Nacional, por lo que al expedir el Decreto reglamentario nro. 451 de 2008 se tenía competencia; al mismo tiempo, el acto reglamentario se requería y era necesario para hacer efectiva la aplicación del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, por cuanto los elementos normativos brindados por la ley no son suficientes para garantizar la exacta interpretación del espíritu de la misma.
Acto seguido hace una explicación sobre el desempleo; el criterio fijado por el gobierno nacional en cuanto al indicador, como la Tasa promedio nacional de desempleo; la medida de un año (el inmediatamente anterior) y la técnica utilizada, esto es, el promedio de las variaciones de la tasa de desempleo, en los siguientes términos:
«[…] El análisis señala que se debe fijar una medida estable del indicador de desempleo que para este caso es la tasa nacional promedio, valorada por el DANE y comprendida en un tiempo que va desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Tal criterio técnico favorece por igual a los extremos del contrato de aprendizaje e introduce certeza para el Estado en cuanto a la potestad de policía laboral, previsión económica y cumplimiento de los fines del Estado.
Haber fijado otros criterios con menor estabilidad, como por ejemplo, la variación mensual, o trimestral, o cíclica, o friccional o cualquier otro punto de análisis, no reporta beneficio a los involucrados en esta relación jurídico económica, por cuanto la volatilidad de la variable desempleo haría impráctico el manejo del contrato por estarlo sometiendo a continuas variaciones, pudiéndose establecer una medida de tendencia central (el promedio) que recoge también las variaciones pero que las estabiliza en un solo criterio de medida, es decir, el promedio.
Afirmar que, fijar una tasa promedio nacional de desempleo, medida como un promedio de las distintas tasas nacionales de desempleo ocurridas en el año inmediatamente anterior, vulnera económicamente el contrato de aprendizaje, no pasa de ser una mera expresión teórica del problema porque si se observa objetivamente el comportamiento de la tasa nacional de desempleo del país, por lo menos en la última década, jamás ha estado por debajo del 10%; luego esta es una medida apenas oportuna para anticipar un posible hecho económico futuro y es que la tasa nacional de desempleo pueda descender a un solo dígito de mantenerse un desempeño económico consistente en el tiempo […]»
Agregó a la contestación que el acto tampoco incurre en las causales legales de desviación de poder ni falsa motivación, causal ésta respecto a la cual destacó que no se cumplió el deber procesal de la carga de probar.
3. Alegatos de Conclusión y Concepto del Ministerio Público.
Previo traslado a las partes para alegar de conclusión y al señor Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado, se recibieron los siguientes escritos:
3.1. El apoderado de la entidad demandada, Ministerio del Trabajo (antes Ministerio de la Protección Social), solicitó la aplicación de la figura de la cosa juzgada, para lo cual indicó que en la sentencia proferida el 28 de febrero de 2013, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso radicado nro. 11001-03-25-000-2010-00235-00 (1973-10), se decidió sobre la demanda de nulidad del Decreto reglamentario nro. 451 de 2008, en el que se había invocado como infringido el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 189 de la Constitución Política, al no especificar cuál de las certificaciones que expide el DANE debe ser tomada en cuenta para determinar el porcentaje de reconocimiento del apoyo del sostenimiento mensual durante la fase práctica cuando la tasa de desempleo sea menor del diez por ciento (10%); que las mismas consideraciones sirven para el presente caso, según las cuales el gobierno podía regular este aspecto de carácter técnico en consonancia con los artículos 67 y 209 de la Constitución Política; así mismo, no se desbordó los límites máximos establecidos en el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, pues podía el gobierno indicar de qué forma se tomaría en cuenta la tasa de desempleo nacional, ya que la norma dejaba un vacío que debía reglamentarse, teniendo en cuenta para ello la competencia que tiene el DANE, de certificar la mencionada tasa de desempleo.
3.2. La Agencia del Ministerio Público Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto solicitando no acceder a las pretensiones de la demanda. Indicó que el Ejecutivo, en ejercicio de la amplia potestad reglamentaria con la que contaba y ante la ausencia de previsión en la ley sobre el concepto y forma de medición de la tasa de desempleo, decidió darle el alcance que recomendó el DANE sobre la manera en que debía medirse la misma, por lo cual no se extralimitó su potestad reglamentaria ni transgredió, limitó o modificó el artículo 30 de la Ley 789 de 2002.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
4. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución Política; 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia- Ley 270 del 7 de marzo de 1996; 84 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 del 2 de enero de 1984 y 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, expedido por la Sala Plena de la Corporación, esta Sección es competente para conocer de la presente demanda.
5. Cuestión previa
Por auto de 04 de diciembre de 2015, el Despacho sustanciador aceptó el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 12 del artículo 150 del C.P.C., en cuanto que emitió concepto de fondo en el presente asunto en su calidad de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. En consecuencia, fue separado del conocimiento y decisión de este proceso.
6. El acto acusado
Se demanda la legalidad del Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008, “por medio del cual se reglamenta el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 sobre el Contrato de Aprendizaje”, norma del siguiente literal:
«[…] DECRETO 451 DE 2008
(febrero 15)
por medio del cual se reglamenta el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 sobre el Contrato de Aprendizaje.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en concordancia con el artículo 30 de la Ley 789 de 2002,
DECRETA:
Artículo 1°. Tasa de desempleo de referencia. Para determinar la tasa de desempleo nacional en cumplimiento del inciso quinto del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, se tomará la tasa nacional promedio del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, a más tardar en la segunda quincena del mes de enero de cada año.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase […]»
7. Análisis de las excepciones propuestas
Indicó la parte demandada que operó la figura de la cosa juzgada, toda vez que la norma acusada había sido objeto de pronunciamiento, en sentencia de 28 de febrero de 2013, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso radicado nro. 11001-03-25-000-2010-00235-00 (1973-10); si bien la excepción no fue propuesta en la oportunidad procesal correspondiente, ello se debió a que surgió después de la misma, por lo que será abordada por la Sala, atendiendo lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso.
7.1. La Cosa Juzgada.
Establece el artículo 175 del CCA que:
«[…] La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada […]» (subraya fuera del texto)
Sobre el particular ha señalado esta Corporación:
«[…] 3. Cosa juzgada en la acción de simple nulidad, sus efectos y su incidencia en el presente trámite
La cosa juzgada en materia contencioso administrativo comporta una regulación específica y diferencial atendiendo al tipo de acción que le dio origen a la sentencia (artículo 175 del Código Contencioso Administrativo)30[] y opera cuando se ha adoptado, en proceso anterior, una decisión de fondo, debidamente ejecutoriada, sobre una causa petendi específica, en salvaguarda de la seguridad jurídica.
En particular, para el caso de las sentencias proferidas en desarrollo de la acción de nulidad, sus efectos de cosa juzgada serán erga omnes absolutos cuando quiera que se declare la nulidad de un acto administrativo. En el evento en que la sentencia no acoja las súplicas de la demanda, es decir, no encuentre fundados los cargos de invalidez de las disposiciones atacadas y niegue la nulidad impetrada, la sentencia tendrá efectos erga omnes relativos, pues sólo se predicarán de la causa petendi juzgada, lo cual se acompasa con el principio dispositivo de la justicia contencioso administrativo, en tanto que no se realiza un control integral de legalidad, pues los análisis se concentran en las normas violadas y el concepto de la violación contendidos en el escrito generatriz de la controversia judicial, tal como lo previene el número 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.
En relación con este asunto, ha sostenido la Corporación:
“El concepto de cosa juzgada que se predica de las sentencias judiciales se refiere a los atributos de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de que están revestidas las sentencias ejecutoriadas. Así las cosas, cuando las decisiones de los funcionarios judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, significa, por una parte, que las mismas son susceptibles de cumplirse coercitivamente, y por otra parte, que las mismas no pueden ser modificadas por una decisión posterior, salvo las excepciones expresamente reguladas por la ley en tal sentido.
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, para que opere el fenómeno de la cosa juzgada es preciso que se reúnan los siguientes elementos: a) Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto; b) Que se funde en la misma causa anterior y c) Que en los procesos haya identidad jurídica de parte. No obstante lo anterior, es del caso señalar que el requisito referido a la ‘identidad jurídica de las partes’, no tiene aplicación en los procesos contencioso administrativos de nulidad, pues las sentencias que sobre ellos recaigan producen efectos erga omnes, tal cual lo predica el artículo 175 del C.C.A. cuyo texto más adelante se transcribe, lo cual implica que son oponibles a cualquier demandante que pretenda, por los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial. Adicionalmente, en estos procesos la acción es promovida no en interés particular sino, en defensa del orden jurídico”
(…)
“De conformidad con lo prescrito por el inciso 1° del artículo 175 del C. C. A., en tratándose de sentencias estimatorias dictadas en procesos de simple nulidad, el fenómeno de la cosa juzgada produce efectos ‘erga omnes’, lo cual significa que la decisión judicial en firme que haya declarado la nulidad de un acto administrativo, se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto demandado sea exactamente el mismo, independientemente de cuál sea la causa invocada para sustentar la nulidad deprecada”31[].
En punto de los efectos erga omnes relativos a los que se hizo referencia precedentemente, esta Corporación señaló que de acuerdo con el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo “(…) si la decisión jurisdiccional es negativa, es decir si el acto demandado continúa vigente, la cosa juzgada se predica, únicamente de las causales de nulidad alegadas y del contenido del petitum que no prosperó. En consecuencia la norma puede ser demandada por otra causa y puede prosperar la pretensión, lo que quiere decir, que en tales aspectos la sentencia es inmutable, y por tanto, debe estarse a lo resuelto en la misma”32[] […]»
7.2. Sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente 2010-00235-00 (1973)
7.2.1. Revisado el sistema de información Siglo XXI del Consejo de Estado, se encuentra que el proceso radicado 2010-00235-00 (interno 1973), se encuentra terminado, con sentencia de fondo, notificada por Edicto nro. 124 y debidamente ejecutoriado.
7.2.2. Las pretensiones en ambas demandas son del siguiente literal:
Rad. 2010-00235-00 (1973)
Rad. 2008-00195-00
«Pido al Consejo de Estado anular el decreto 451 de febrero 15 de 2008, por la misma dinámica de la economía de mercado libre, no es adecuado, pues la economía se activa por sectores y en periodos de tiempo inferiores a un año. Es antiaprendiz; la mayoría termina la fase teórica sin apoyo de sostenimiento y/o patrocinio.
El Decreto451/08 en ninguna de sus partes dice que es retroactivo Además se han dado las situaciones facticas y jurídicas para que los apoyos de sostenimiento se incrementen a un 100 % durante la etapa practica. De los meses. Noviembre y diciembre de 2007 sector urbano y todo el año 2007 para los Aprendices del sector Económico Rural a nivel nacional según el DANE.
Ninguna LEY laboral puede ser retroactiva, el Contrato de Aprendizaje es régimen especial laboral.
Finalizando el articulo 1 dice: para determinar la tasa de desempleo ...a mas tardar en la segunda quincena del mes de enero de cada año. Si el decreto 451 se expide y rige a partir del 15 de febrero de 2008, cualquiera fácil deduce que refiere al próximo enero del año 2009 y nunca al enero de 2007 y menos puede referirse a enero de 2008, pues nadie podrá volver al pasado.
Cierto la Dirección general del SENA lo aplico como retroactivo, absurdo; la bonanza de ayer; aplicar a la malanza de hoy? que decreto !!!
el decreto 451/08 es inferior a la LEY 789/02, todo decreto es administrativo, Por ello se debe anular, por Ser grave error !!!... Es capitalismo salvaje.
Pido al Consejo de Estado; que el ambiguo DECRETO de febrero 15 de 2008, se declare que No es retroactivo; Tratándose de Derecho Laboral, especial como es el Contrato de Aprendizaje. no aplica al año 2007 y que por tanto el Derecho Adquirido es cierto definido e irrenunciable como de inmediato cumplimiento; tal como se causo antes de la expedición y del rige del decreto 451 de febrero 15 de 2008.
El decreto 451 de febrero 15 de 2008 en ninguna de sus partes dice que tiene carácter retroactivo.
En su articulo 2 - Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. (febrero 15 /08)
Pido al Consejo Estado; que se rompa la prescripción de este Derecho
Pido al Consejo de Estado; Sanciones ejemplares para cada uno de los Funcionarios de la Dirección General del SENA como de los diferentes Centros de Formación laboral; que por Acción y Omisión impidieron el cobro y pago justo como oportuno a los APRENDICES de sus derechos adquiridos, por la mala interpretación y aplicación del ambiguo Decreto de febrero 15 de 2008, puesto que este decreto nunca puede ser retroactivo al año 2007; tratándose de una parte especial del derecho laboral como lo s el Contrato de Aprendizaje. Estipulado en la Ley 789/02; norma superior al decreto 451 de febrero 15 de 2008. Expedido por Minproteccion Social. Que vulnera el derecho del Menor Trabajador, y Juventud trabajadora…» (sic)
“Que con fundamento en los hechos y argumentos que a continuación se exponen, el Honorable Consejo de Estado declare la nulidad del Decreto Reglamentario No. 451 del 15 de Febrero de 2008…”
Hecha una revisión de las pretensiones y la causa petendi en ambos procesos, puede establecer la Sala que no se configura la excepción de cosa juzgada; nótese cómo si bien en ambos procesos el objeto es que se declare la nulidad del Decreto nro. 451 de 2008 y se invocan las mismas normas como infringidas, no ocurre lo mismo en relación con la causa petendi, atendiendo lo dispuesto en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual, la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada cuando el nuevo proceso se funda en la misma causa que el anterior.
En el caso bajo estudio, la causa para pedir en un caso es la irretroactividad y en el otro, el desconocimiento general de las disposiciones invocadas; así, se desprende del primer libelo que el actor expresamente pide que se declare que el acto acusado no es retroactivo y su análisis se orienta a indicar que el mismo rige a partir del 15 de febrero de 2008 (por lo tanto su aplicación se proyecta al próximo enero del año 2009, nunca al mes de enero de 2007 y menos puede referirse a enero de 2008); también indicó que por acción y omisión de los funcionarios públicos se impidió el cobro y pago, justo y oportuno a los APRENDICES, mediante una mala interpretación e indebida aplicación del citado decreto; mientras que en el presente litigio, el petitum se orienta a un control en abstracto por desconocimiento de la Constitución y la Ley.
Derivado del artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, ocurre el fenómeno de la cosa juzgada relativa cuando la sentencia en proceso anterior niega la nulidad pedida, caso en el cual, la cosa juzgada producirá efectos erga omnes sólo en relación con la causa petendi juzgada. En el presente caso, se observa que la sentencia de 28 de febrero de 2013, dentro del expediente 2010-00235-00 (1973), negó las pretensiones de la demanda y por tanto los efectos erga omnes de la cosa juzgada se producen respecto a su causa petendi, la cual como ya se analizó, no coincide con la del presente proceso.
8. Análisis de los cargos propuestos.
8.1. Infracción a la norma superior.
8.1.1. Se acusan como infringidos los artículos 189 numeral 11 y 6 de la Constitución Nacional, que dicen:
«[…] ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones […]»
«[…] ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
(…)
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes […]»
Así como el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, que establece:
«[…] ARTÍCULO 30. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DE APRENDIZAJE. El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario.
Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:
a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo;
b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje;
c) La formación se recibe a título estrictamente personal;
d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje.
Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente.
El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente.
El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente.
En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.
Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente.
Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la ARP que cubre la empresa. En materia de salud, durante las fases lectiva y práctica, el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al régimen de trabajadores independientes, y pagado plenamente por la empresa patrocinadora en los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional.
El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del SENA.
El Contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pénsum de su carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica.
PARÁGRAFO. Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, Chocó y Guaviare, el Gobierno incluirá una partida adicional en el Presupuesto General de la Nación que transferirá con destino al reconocimiento del pago de los contratos de aprendizaje.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato […]».
8.1.2. Se acusa el Decreto nro. 451 de 2008 por desbordar lo previsto en el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 que pretende reglamentar, por cuanto consagró modificaciones y/o restricciones no previstas en la ley; para ello sostuvo que el literal d) del inciso 2 y los incisos 1, 3 y 4 del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, establecen que los apoyos de sostenimiento ordinarios dados en el proceso de aprendizaje son de carácter mensual, de donde deriva que también el apoyo de sostenimiento “extra” contenido en el inciso 5 del mismo artículo 30 de la Ley 789 de 2002, conserva las mismas características de los apoyos de sostenimiento ordinarios. Estas son, que se perciben de manera simultánea (durante) con el proceso de aprendizaje y pagaderos mensualmente.
Hecha una primera confrontación del acto acusado con las normas invocadas como infringidas, la Sala no encuentra una contradicción entre ellas, pues si bien es cierto los incisos mencionados por la demandante hacen referencia a que el apoyo de sostenimiento asociado al contrato de aprendizaje es de periodicidad mensual, ello no es objeto de regulación en el acto acusado ni se modifica por éste; en tal sentido, el acto acusado se orienta a señalar cómo debe ser determinada la tasa de desempleo de referencia indicada en el inciso quinto del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, disponiendo que la misma corresponde al promedio del periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, aspecto sobre el cual no dicen nada las normas invocadas como infringidas.
Contrario a lo afirmado por la parte actora, no queda establecido que con el acto acusado se transforme el apoyo de sostenimiento mensual en uno de periodo anual, pues el inciso 5 del ya citado artículo 30, lo que establece es que el porcentaje del apoyo de sostenimiento será del 100%, cuando se suceda la circunstancia que la tasa de desempleo nacional sea menor del 10%, sin indicar cuál sería la tasa de desempleo de referencia y cómo habría de establecerse la misma; tampoco se advierte que se desnaturalice la finalidad del apoyo de sostenimiento diferente durante la fase práctica y en relación con el momento en que ha de percibirse, pues del acto acusado no se desprende la interpretación que hace la parte demandante, en tanto, como se dijo, el acto acusado se limita a establecer la tasa de desempleo de referencia, por lo que es claro que en los términos legales se seguirá percibiendo durante el proceso de aprendizaje; tampoco se deriva del acto acusado que se introduzca un factor de incertidumbre respecto a los beneficiarios, pues es claro que lo pecibirá el aprendiz, en un 100% del smlmv, cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del 10%; ahora bien, guarda silencio la ley sobre la manera en la que se calcula dicho 10% de la tasa de desempleo nacional, por lo cual, el acto acusado no resulta contrario a la norma legal invocada.
8.1.3. Habiendo aclarado el alcance normativo de la disposición acusada en relación con los argumentos expuestos en la demanda, entra la Sala a analizar si se excedió la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional en desarrollo de las atribuciones constitucionales establecidas en los artículos 189 y 6 de la Constitución Política; y si en caso de silencio de la norma legal respecto al contenido y características de la tasa de desempleo nacional, a utilizar de referencia, estaba facultado el Gobierno Nacional para determinarla en los términos del Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008 o si con ello excedió sus facultades reglamentarias, contrariando las normas constitucionales invocadas.
8.1.4. En relación con la potestad reglamentaria, esta Corporación ha dicho:
«[…] Esta potestad deberá ejercerse, en todo caso, de conformidad con los preceptos legales y constitucionales, por lo que el propósito de los actos administrativos que se expidan en su ejercicio únicamente pueden tener como finalidad y fundamento el desarrollo del contenido de la ley preexistente, estando vedado en consecuencia al ejecutivo ampliar o restringir el sentido de la Ley, así como modificar o suprimir sus disposiciones; pues tal conducta, a la luz de los postulados constitucionales que delimitan esta competencia, constituye una extralimitación que provocaría el retiro del ordenamiento jurídico del acto respectivo, en el entendido que esta facultad no es absoluta y debe ejercerse dentro de las fronteras que marcan la Constitución y la Ley, sin entrar a reglamentar materias cuyo contenido esté reservado al Legislador.
(…)
Las disposiciones normativas y los antecedentes jurisprudenciales traídos a colación permiten concluir que el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República o de cualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva facultado para ello, supone la preexistencia de un marco normativo pasible de reglamentación; esto es, que las regulaciones administrativas que materializan las disposiciones legales dependen de los criterios que se fijen y dentro de los cuales ha de actuar la administración, sin exceder tal competencia asumiendo atribuciones reservadas al legislador en determinados asuntos.
Sobre este punto, la antedicha sentencia C-1005 de 2008 también precisó:
“La Corte ha subrayado, igualmente, cómo “la extensión del campo para ejercer la potestad reglamentaria, no la traza de manera subjetiva y caprichosa el Presidente de la República, sino que la determina el Congreso de la República al dictar la ley, pues a mayor precisión y detalle se restringirá el ámbito propio del reglamento y, a mayor generalidad y falta de éstos, aumentará la potestad reglamentaria”. Respecto de lo anterior, resulta importante recordar lo siguiente. Cuando existe reserva de ley, se establece la obligación de regular el tema mediante normas con fuerza de ley y la potestad reglamentaria únicamente podría ejercerla el Presidente sobre aspectos marginales y muy puntuales. Cosa distinta sucede cuando no se presenta reserva de ley, por cuanto en tal evento, la materia puede ser regulada tanto por normas legales como reglamentarias.
De todos modos, aún en el caso antes señalado, este Tribunal ha insistido en que el desarrollo de la potestad reglamentaria por el Gobierno exige que la ley haya configurado previamente una regulación básica o materialidad legislativa, a partir de la cual, el Gobierno puede ejercer la función de reglamentar la ley con miras a su debida aplicación, que es de naturaleza administrativa, y está entonces sujeta a la ley. Y es que si el Legislador no define esa materialidad legislativa, estaría delegando en el Gobierno lo que la Constitución ha querido que no sea materia de reglamento sino de ley. El “requisito fundamental que supone la potestad reglamentaria”, ha dicho esta Corte, es “la existencia previa de un contenido o materia legal por reglamentar” […]»
En los anteriores términos, será el legislador quien establezca el límite a las facultades reglamentarias del Gobierno Nacional, determinando, por una parte, la regulación básica o materialidad legislativa sobre la cual se hará la reglamentación, y por la otra, sujetándose a la debida ejecución y con el propósito de obtener el cabal cumplimiento de la ley.
En virtud de ello, la Sala estudiará si de acuerdo con los cargos formulados y las normas invocadas como infringidas se excedió la facultad reglamentaria, para lo cual se tendrá en cuenta los análisis hechos por esta Corporación al estudiar la legalidad del Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008.
La Sección Segunda de esta Corporación, en el proceso que se adelantó en el expediente 2010-00235-00 (1973), antes de pronunciarse sobre los cargos que fueron formulados por el actor y la causa que tuvo para pedir la intervención judicial, analizó la legalidad y constitucionalidad del Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008, en relación con el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 189 de la Constitución Política; así, el problema jurídico a resolver fue:
«…Se trata de establecer si el Decreto N° 451 de 15 de febrero de 2008, al disponer que: “para determinar la tasa de desempleo nacional, en cumplimiento del inciso quinto del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, se tomará la tasa nacional promedio del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, certificada por el DANE, a más tardar en la segunda quincena del mes de enero de cada año”, infringe el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 189 de la Constitución Política, al no especificar cuál de las certificaciones que expide el DANE, debe ser tomada en cuenta para determinar el porcentaje del reconocimiento del apoyo del sostenimiento mensual, durante la fase práctica cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%)…»
Esta Corporación concluyó que el Gobierno Nacional no excedió su facultad reglamentaria y el acto acusado se encontraba ajustado a los límites normativos establecidos en el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 189 superior, así:
«[…] De acuerdo con lo anterior, al regular el Contrato de Aprendizaje el querer del legislador con la creación del apoyo al sostenimiento mensual para los aprendices, no fue otro, que el de contribuir a sufragar los gastos básicos, entre ellos, los elementos y vestuario de protección personal del estudiante, durante las fases lectiva y práctica de su formación, además de intentar minimizar con ello, las posibilidades de deserción de los jóvenes como población más vulnerable y los consiguientes problemas sociales que ello acarrea, con el fin de garantizar efectivamente el proceso de aprendizaje.
Es por ello que el Gobierno Nacional, reglamentó por medio del Decreto 451 de 15 de febrero de 2008, que para determinar la tasa de desempleo nacional, se debía tomar la tasa nacional promedio del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE a más tardar en la segunda quincena del mes de enero de cada año.
Ahora bien, la norma a reglamentar, es decir el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 consagra la naturaleza y características del Contrato de Aprendizaje y en su inciso 5° dispone que si la tasa de desempleo baja en un 10% la cuota de sostenimiento del aprendiz en la fase práctica será el 100% del SMLV, de lo contrario la mencionada cuota será equivalente al 75% del Salario Mínimo Legal Vigente.
Por tanto, con independencia de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, dentro de sus funciones señale la tasa de desempleo anual o trimestralmente, el Gobierno Nacional precedido de una facultad Constitucional consagrada en el numeral 11 del artículo 189 y con fundamento en la Ley 789 de 2002 podía regular este aspecto de tipo técnico, en consonancia desde luego con postulados superiores que informan dicho servicio (artículos 67 y 209 de la Constitución Política).
Entonces, el Ejecutivo al señalar que se debe tomar la tasa nacional promedio certificada por el DANE no se extralimitó en su facultad reglamentaria, simplemente incluyó a través del Decreto acusado, la forma como debía tenerse en cuenta la mencionada tasa de desempleo, y puede decirse que la razón de establecer un promedio del periodo anual es debido al comportamiento de la mencionada tasa de desempleo que como se sabe no es estacionario, fluctúa en el tiempo mes a mes y depende de cada ciudad del país.
No se desbordaron los límites máximos establecidos en las normas legales sobre el Contrato de Aprendizaje (art. 30 Ley 789 de 2002), pues bien puede el Gobierno Nacional, como lo hizo con la expedición del Decreto acusado, indicar de qué forma se tomaría en cuenta la tasa de desempleo nacional, para que el monto del apoyo de sostenimiento del estudiante durante la fase práctica fuera del ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente, en caso de que ésta sea inferior al 10%, y la inconformidad del actor con respecto a la regulación hecha por el Ejecutivo no genera per se la nulidad del Decreto, ni constituye exceso de la potestad reglamentaria.
Para la Sala el Decreto acusado se fundamentó en la Ley 789 de 2002, en la medida que reglamentó el artículo 30 de la misma, pues la norma dejaba un vacío que debía reglamentarse, teniendo en cuenta para ello la competencia que tiene el DANE, entidad encargada de certificar la mencionada tasa de desempleo y también lo dispuesto por el artículo 189 - numeral 11 - de la Constitución Política, norma que concede al Presidente de la República la facultad de reglamentar dichas materias.
Es importante anotar que el hecho de que antes del Decreto demandado, no existiera norma que estableciera como se debía calcular la tasa de desempleo Nacional, a efectos de pagar el porcentaje del monto de apoyo al sostenimiento durante la fase práctica del aprendiz, no puede constituirse, en manera alguna, en un derecho adquirido como lo expresa el actor, pues lo normal es que si el Ejecutivo consideró que debía ajustarse, dentro de la normatividad legal para garantizar los fines con que fue creado dicho apoyo, ello debe respetarse (artículo 209 C.P).
Igualmente, contrario a lo que considera el Ministerio Público al señalar que “la disposición que se reglamenta, no especifica cuál de las certificaciones que en esa materia expida el DANE deba ser la que se tome en cuenta para el reconocimiento de la diferencia…” (f. 46), precisamente y dado ese vacío legislativo, lo que hizo el Decreto acusado es determinar claramente y teniendo en cuenta las fluctuaciones de la tasa de desempleo cómo debe aplicarse, en caso de que suceda, la diferencia entre el 75% y el 100% en la fase práctica del aprendiz, pues señala claramente que será “el promedio del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a más tardar en la segunda quincena del mes de enero de cada año”. Es decir, el Ejecutivo señaló que debe promediarse la tasa de desempleo a nivel nacional con el fin de proteger el derecho a la igualdad de todos los aprendices vinculados al SENA.
En consecuencia, como quiera que el Gobierno Nacional no excedió su potestad reglamentaria, no es posible acceder a las pretensiones del demandante, luego no prospera el cargo formulado […]»
La Sala mantiene el mismo razonamiento arriba transcrito, en la medida que con él se resuelven los argumentos expuestos por la parte actora en la presente demanda (relacionados con la presunta infracción al artículo 30 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 189 de la Constitución Política), como quiera que el Gobierno Nacional no excedió su potestad reglamentaria al existir un vacío normativo que debía reglamentarse y no resultar contrario a las normas y en los términos invocados por la parte actora.
Igual ocurre con el cargo formulado con relación al artículo 6 constitucional, el cual, como se indicó ut supra 1, acápite “Normas invocadas como infringidas y concepto de violación”, el mismo se argumenta como la extralimitación en el ejercicio de sus funciones del Ministro de la Protección Social, al modificar notoriamente el propósito del inciso quinto del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, asunto que como quedó visto fue objeto de análisis y decisión en la sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente 2010-00235-00 (1973).
En relación con el argumento de la no necesidad de la reglamentación introducida por el Decreto nro. 451 de 15 de febrero de 2008, también será descartada, en tanto como se ha visto, el acto acusado reglamentó el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, pues la norma dejaba un vacío que debía reglamentarse.
En este orden de ideas, la Sala negará las pretensiones de la demanda en relación con los cargos y los argumentos expuestos por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A LL A:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de cosa juzgada, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda
En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.
Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Folios 3 a 10, cuaderno principal.
Señaló la parte actora que el legislador mediante el inciso 5 del artículo 30 citado buscaba dotar al aprendiz en fase práctica de un apoyo de sostenimiento extra (un 25% adicional del smlv) cuando concurriera la circunstancia de la disminución del índice de desempleo, conservando dicho apoyo extra, en todo caso, las características de los apoyos de sostenimiento ordinarios (se refiere al apoyo de sostenimiento mensual del 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente durante la fase lectiva y del 75% de un salario mínimo mensual legal vigente durante la fase práctica, establecidos en los incisos 3 y 4 del artículo 30 de la Ley 789 de 2002).
Folios 46 a 55, ibídem
Mediante Autos del 02 de noviembre de 2011 y de 01 de noviembre de 2013. (Folios 95 y 131 del Cuaderno principal). La parte actora no presentó escrito de alegatos de conclusión.
Folios 147 a 149 ibídem.
La cosa juzgada se encuentra regulada en los artículos 180 número 6 (excepciones previas), 189 (efectos de la sentencia) y 250 (causales de revisión) de la Ley 1437 de 2011.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 21 de octubre de 2010, expediente 11001-03-25-000-2006-00388-00, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 22 de abril de 2004, expediente 2500-23-27-000-2000-1034-01 (13274). C.P. Germán Ayala Mantilla.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Sala Plena. consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON. Sentencia de veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015). radicación número: 11001-03-26-000-2009-00043-00(36805). Actor: Martin Bermúdez Muñoz. Demandado: Nación - Presidencia de la Republica y otros. Referencia: Acción de simple nulidad (sentencia).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejera ponente: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ. Sentencia de veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013). Rad. 11001-03-25-000-2010-00235-00 (1973-10). Actor: William Cardona. Demandado: Gobierno Nacional.
http://anterior.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?mindice=11001032500020100023500
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019). Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Rad: 11001-03-24-000-2015-00325-00, Actor: Isidro Castillo Casas. Demandado: Nación – Ministerio de Transporte.
Radicado: 11001 0324 000 2008 00195 00
Demandante: Aleyda Murillo Granados
Demandado: Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
PAGE \* MERGEFORMAT21
Radicado: 11001 0324 000 2008 00195 00
Demandante: ALEYDA MURILLO GRANADOS
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