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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00325-00

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00325-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia. TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2015-00325-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

5 de diciembre de 2024

1

Radicado: 11001 03 24 000 2015 00325 00
Demandante: Isidro Castillo Casas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 11001 03 24 000 2015 00325 00
Actor: Isidro Castillo Casas
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte
Tesis: No es nula la reglamentación del Formato Único de Extracto del Contrato
(FUEC) que aplica para las empresas de servicio público de transporte terrestre
automotor especial, expedida por el Ministerio de Transporte.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad promovido por el señor Isidro Castillo Casas (en adelante la parte actora)
en contra de la Resolución núm. 3068 de 15 de octubre de 2014, "Por la cual se
reglamenta el artículo 23 del Decreto 174 de 2001 y se dictan otras disposiciones",
y de forma subsidiaria de las Resoluciones nos. 1558 de 5 de junio de 2014, "Por
la cual se reglamenta el párrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001 y se dictan
otras disposiciones", y 2033 de 17 de julio de 2014, "Por la cual se modifica la
Resolución 01558 del 5 de junio de 2014", todas expedidas por el Ministerio de
Transporte (en adelante la parte demandada).

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones

Figuran como pretensiones las siguientes:

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Radicado: 11001 03 24 000 2015 00325 00
Demandante: Isidro Castillo Casas

“I. Solicito respetuosamente se decrete la nulidad del acto administrativo
Resolución No. 3068 de fecha 15 de octubre de 2014, "Por la cual se reglamenta
el párrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001 y se dictan otras
disposiciones."

II. En subsidio, la nulidad de las resoluciones 1558 de fecha 05 de junio de 2014
y 2033 de fecha 17 de Julio de 2014.

III. Una vez la sentencia sobre ejecutoria, ruego se notifique la decisión al
Mintransporte.”1.

1.2. El acto cuestionado

A continuación, se transcribirá únicamente la primera de las normas acusadas,
comoquiera que en la audiencia inicial se declaró de oficio la ineptitud sustantiva
de la demanda respecto de las demás resoluciones cuestionadas y, por ende, el
juicio de legalidad estará circunscrito a la Resolución núm. 3068 de 15 de octubre
de 2014, "Por la cual se reglamenta el artículo 23 del Decreto 174 de 2001 y se
dictan otras disposiciones":

“LA MINISTRA DE TRANSPORTE

En ejercicio de las facultades legales, especialmente las que le confiere el
numeral 2 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, el parágrafo del artículo 23 del
Decreto 174 de 2001 y los numerales 6.2 y 6.3 del Decreto 087 de 2011,

CONSIDERANDO

Que la Ley 105 de 1993, establece:

“Artículo 2. Principios Fundamentales.

(...)

b. DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO: Corresponde al Estado la planeación,
el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él
vinculadas.

Artículo 3º.- PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. El transporte público
es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas
por medio de vehículos apropiados a cargo de una de las infraestructuras del
sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los
usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes
principios:

1 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 51 de Samai.

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Demandante: Isidro Castillo Casas

2. DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE: La
operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la
regulación del Estado, quien ejerce sobre el control y la supervisión de su
funcionamiento en condiciones de calidad, legalidad, eficiencia y...

Que el artículo 23 del Decreto 174 de 2001, “Por el cual se reglamenta el
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial”, señala:

"Artículo 23. EXTRACTO DEL CONTRATO. Durante toda la prestación del
servicio, el conductor del vehículo deberá portar en papel membretado [sic] de
la entidad y firmar por él representada legal de la misma, un extracto del contrato
que contenga como mínimo los siguientes datos:

1. Nombre de la entidad contratante.
2. Duración del contrato, indicando su fecha de iniciación y terminación.
3. Objeto del contrato.
4. Origen y destino.
5. Placa, marca, modelo y número interno del vehículo.

El Ministerio de Transporte diseñará el "Formato Único de Extracto del Contrato"
y establecerá la ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de control
correspondientes."

Que el Ministerio de Transporte, mediante Resolución 01558 del 5 de junio de
2014, modificado por la Resolución 02033 del 17 de julio de 2014, reglamentó
el parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001.

Que los diferentes gremios y las empresas de Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial solicitaron la ampliación del término para la
implementación del Formato Único de Extracto del Contrato –FUEC y la revisión
de las disposiciones contenidas en las Resoluciones 01558 y 02033 de 2014.

Que el Ministerio de Transporte con el fin de estandarizar el Formato Único de
Extracto del Contrato –FUEC y sus mecanismos de expedición, permitirá el
efectivo control por parte de las autoridades competentes de la prestación del
servicio de transporte público terrestre automotor especial y facilitar la
expedición del mismo, considerando necesario ajustar la reglamentación del
parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del
Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal b del
artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, desde el día 3 hasta el 9 de octubre de 2014,
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

Que los comentarios recibidos fueron evaluados, atendidos y los pertinentes
fueron incorporados en el contenido del presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto reglamentar y
adoptar el Formato Único de Extracto del Contrato – FUEC, de conformidad con
el parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001 y establecer los
mecanismos para su expedición.

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ARTÍCULO 2. FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO – FUEC.
Es el documento de transporte que deberán portar los conductores que estén
prestando el servicio.

ARTÍCULO 3. CONTENIDO DEL FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL
CONTRATO – FUEC. El Formato Único de Extracto del Contrato- FUEC
contendrá los siguientes datos, conforme a lo señalado en la ficha anexa a la
presente resolución.

1. Número del FUEC
2. Razón Social de la Empresa
3. Número del contrato
4. Objeto del contrato
5. Duración del contrato
6. Origen-destino, descripción de recorrido
7. Convención de Colaboración Empresarial, en caso de que aplique
8. Cuadrícula del contrato
9. Características del vehículo (placa, modelo, marca, clase y número interno
del vehículo)
10. Número de Tarjeta de Operación
11. Identificación de los conductores

ARTÍCULO 4. CONFORMACIÓN DEL NÚMERO CONSECUTIVO DEL FUEC.
La identificación del Formato Único de Extracto del Contrato, “FUEC” estará
constituido por los siguientes números:

a) Los tres primeros dígitos de izquierda a derecha corresponderán al código
de la Dirección Territorial que otorgó la habilitación de esta empresa de
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.

b) Los cuatro dígitos siguientes señalarán el número consecutivo de resolución
mediante el cual se otorgó la habilitación de la empresa. En caso de la
resolución no tenga esos dígitos, los faltantes serán completados con ceros a
la izquierda.

c) Los dos siguientes dígitos, corresponderán a los dos últimos del año en que
la empresa fue habilitada.

d) A continuación los cuatro dígitos siguientes, corresponderán a los últimos
del año en que se expidió el extracto del contrato.

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e) Posteriormente, los cuatro dígitos que identificarán el número del contrato.
La numeración del contrato será consecutiva y corresponderá a los contratos
de prestación de servicio celebrados para el transporte de estudiantes,
asalariados, turistas o grupos de usuarios, vigentes.

f) Finalmente, los cuatro últimos dígitos corresponderán al número consecutivo
del extracto de contrato. Se debe expedir un nuevo extracto por vencimiento
del plazo inicial del mismo o por cambio del vehículo.

ARTÍCULO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO
DEL CONTRATO – FUEC. La implementación del FUEC se desarrollará en
las siguientes etapas:

PRIMERA: A partir del primero (1) de diciembre de 2014, las empresas de
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial expedirán el
Formato Único de Extracto de Contrato FUEC, adoptado en la presente
resolución, impreso en papel bond, mínimo de 80 gramos, con membrete de
la empresa.

SEGUNDA: A partir del primero (1) de marzo de dos mil quince (2015), el
Formato Único de Extracto de Contrato FUEC, adoptado en la presente
resolución, será expedido por las empresas, de acuerdo con las
especificaciones de seguridad que adoptará por acto administrativo, la
Dirección de Transporte y Tránsito.

Para tal efecto, las empresas deben contar con un sistema de información
para la expedición de Formato Único de Extracto de Contrato FUEC, sistema
en el cual se debe registrar el objeto del contrato, valor, partes contratantes,
cantidad de unidades a controlar por clase de vehículo, fecha de inicio y fecha
de terminación, origen – destino describiendo el recorrido.

Dicha medida se aplicará hasta que el Ministerio de Transporte implemente la
plataforma tecnológica para la expedición en línea y en tiempo real del FUEC.

TERCERA. Una vez el Ministerio de Transporte implemente la plataforma
tecnológica se registrará como mínimo el objeto del contrato, valor, partes
contratantes, cantidad de unidades a controlar por clase de vehículo, fecha de
inicio y fecha de terminación, origen – destino describiendo el recorrido, la
relación de las personas que se transportan y los vehículos que prestan el
servicio y se expedirán directamente el Formato Único de Extracto de Contrato
FUEC.

Parágrafo: La Superintendencia de Puertos y Transporte y el Ministerio de
Transporte podrán en cualquier momento solicitarle a la empresa de
transporte, el respectivo contrato de prestación del servicio de transporte
especial, con la relación de los pasajeros movilizados, por esta razón, ésta
deberá mantenerlos en sus archivos.

ARTÍCULO 6. ASIGNACIÓN DE LA NUMERACIÓN DEL FUEC. La
numeración e impresión del FUEC se realizará a través del aplicativo que
defina el ministerio de Transporte, y su entrada en vigor será a partir de la
fecha señalada la Dirección de Transporte y Tránsito.

ARTÍCULO 7. PORTE Y VERIFICACIÓN DEL FORMATO ÚNICO DE
EXTRACTO DE CONTRATO-FUEC. Durante la prestación del Servicio
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, las autoridades deben
verificar que se presente el Formato Único de Extracto de Contrato – FUEC,

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debidamente diligenciado. En caso contrario, el deber de actuación de las
acciones establecidas en la normatividad legal.

En el evento que las autoridades de control requieran verificar y confrontar el
contenido del contrato, con el Formato Único de Extracto del Contrato, lo harán
en las instalaciones de las empresas. De encontrarse alguna irregularidad se
deberá poner en conocimiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte
para lo de su competencia, agotando el procedimiento establecido
previamente por la autoridad de control.

Por ningún motivo el Formato Único de Extracto del Contrato FUEC, podrá
diligenciarse a mano, ni presentar tachones o enmendaduras.

ARTÍCULO 8. REPORTE Y CONTROL. Las Empresas de Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial serán responsables de ingresar lo
informado, diligenciar, imprimir y entregar los FUEC a los vehículos
vinculados, bajo los estándares y protocolos que señale la Dirección de
Transporte y Tránsito, así como de verificar y controlar que antes y durante
todo el recorrido los automóviles lo porten.

Parágrafo. Para tal efecto, las empresas de transporte deben contar con los
equipos y los canales de comunicación requeridos para interactuar con el
sistema de información y el aplicativo que implemente el Ministerio de
Transporte.

ARTÍCULO 9. OBLIGATORIEDAD. A partir de la entrada en vigencia del
presente acto administrativo, las empresas de Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial deberán expedir a los vehículos vinculados, en
original y dos copias el Formato Único de Extracto de Contrato – FUEC.

El original del Formato Único de Extracto de Contrato – FUEC se debe portar
en el vehículo durante todo el recorrido, la primera copia debe permanecer en
los archivos de las empresas y la segunda copia debe ser entregada al
propietario y/o locatario del vehículo, al inicio de la ejecución del contrato de
la prestación del servicio.

En caso que el servicio contratado sea en su sentido, para su regreso, se
admitirá que el vehículo vinculado a la empresa de Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Especial, realice el recorrido de retorno en el
Formato Único de Extracto de Contrato – FUEC, impreso en papel bond,
debidamente diligenciado por parte de la empresa y remitido, a través de
medios electrónicos, siempre y cuando no se haya dado inicio a la expedición
del FUEC a través de la plataforma tecnológica definida por el Ministerio de
Transporte.

ARTÍCULO 10. CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL. Para los
convenios de colaboración empresarial, consorcios y uniones temporales, la
expedición del extracto será responsabilidad de la empresa que suscriba el
contrato de transporte. Sin embargo, el extracto indicará la existencia del
respectivo convenio, consorcio o unión temporal.

ARTÍCULO 11. VALOR DEL FUEC. Por la expedición del Formato Único de
Extracto del Contrato FUEC, la empresa de servicio público de transporte
especial no podrá cobrar al propietario y/o locatario del vehículo dinero alguno.
Al pactarse el valor del servicio con el contratante debe contemplarse como
uno de los costos de operación.

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ARTÍCULO 12. VIGENCIA DEL FUEC. La vigencia no podrá ser superior al
término de duración del contrato suscrito para la prestación del servicio
escolar, de asalariados, turistas o grupos de usuarios que requieran del
servicio expreso.

ARTÍCULO 13. MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Una vez entre en
funcionamiento la expedición del Formato Único de Extracto del Contrato
FUEC, a través del aplicativo que establezca el Ministerio de Transporte, los
empresarios deben migrar la información de los extractos de contrato de
conformidad con las disposiciones, los estándares, protocolos y fechas que
defina la Dirección de Transporte y Tránsito en un plazo no superior a un (1)
año contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.

Transcurridos dos (2) meses, contados a partir de la fecha de entrada en
funcionamiento de la expedición del Formato Único de Extracto del Contrato
FUEC a través del aplicativo definido por el Ministerio de Transporte, todos los
formatos expedidos directamente por las empresas Guardaran en vigencia.

ARTÍCULO 14. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución
entrará en vigencia a partir del primero (1) de diciembre de dos mil catorce
(2014) y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las
Resoluciones 01558 del 5 de junio de 2014 y 02033 del 17 de julio de 2014.”2.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora afirmó que mediante la expedición de la norma demandada se
vulneraron los artículos 2, 4, 5, 6, 13, 15, 83, 84, 121, 209 y 333 de la Constitución
Política, 9, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 1495, 1501, 1502, 1517, 1518, 1602, 1603 y 2347
del Código Civil, 981 del Código de Comercio, 3 (numeral 12) y 10 de la Ley 1437
de 2011, 33 de la Ley 1123 de 2007, 25, 29 y 413 de la Ley 599 de 2000 y 22 y 23
del Decreto 174 de 2001, expresando los argumentos que se sintetizan a
continuación:

El demandante argumentó que los actos impugnados son nulos porque fueron
expedidos excediendo la facultad otorgada en el parágrafo del artículo 23 del
Decreto 174 de 2001. Según su interpretación, dicha disposición solo autorizaba al
Ministerio de Transporte a diseñar el "Formato Único de Extracto de Contrato -
FUEC", establecer la ficha técnica para su elaboración y definir los mecanismos de
control correspondientes, pero no le otorgaba competencia para reglamentar su
expedición.

2 Ibidem.

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A juicio del demandante, se modificó la norma objeto de reglamentación en lo que
respecta a la definición del extracto de contrato y al contenido mínimo establecido
en el citado artículo 23. En particular, argumentó que el parágrafo del artículo 23
del Decreto 174 de 2001 no otorgó al Ministerio de Transporte la potestad para
reglamentar los mecanismos de expedición del FUEC, como incorrectamente se
señala en el inciso cuarto de la página 2 del acto acusado. De acuerdo con el actor,
esto constituye una extralimitación de funciones que vulnera el artículo 6 de la
Constitución Política.

Asimismo, el demandante alegó que en el artículo 1º de la Resolución núm. 3068
de 2014 se incluyó la expresión "para su expedición", la cual no se encuentra en el
parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001, lo que modifica el alcance y la
interpretación de la habilitación legal contenida en dicha norma. Esto, según su
criterio, contraviene el principio de jerarquía normativa y el artículo 83 de la Norma
Superior, que consagra el principio de buena fe.

Agregó que los artículos 2º y 3º de la misma resolución también alteran el contenido
del artículo 23 del Decreto 174 de 2001, ya que modifican la definición del extracto
de contrato y añaden nuevos datos complementarios que deben incluirse, más allá
de los establecidos originalmente en la norma. Además, señaló que se exige
expedir un FUEC por cada contrato, lo que considera inapropiado.

En cuanto al artículo 5º de la Resolución 3068 de 2014, que establece que, en la
segunda etapa de implementación, las empresas de transporte público especial
deben contar con un sistema de información para la expedición del FUEC, el
demandante argumentó que dicha resolución no especifica cuál es dicho sistema
ni las características que debe tener. En su opinión, la omisión de esta definición
hace que la imposición de sanciones por incumplimiento de esta obligación viole el
principio de reserva legal en materia sancionatoria. Además, señaló que esta
disposición infringe la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de
consensualidad de los actos jurídicos, ya que obliga a las empresas a incluir, como
un requisito esencial, la relación de las personas transportadas, lo que implica el
manejo de bases de datos, algo que no estaba contemplado en el artículo 22 del
Decreto 174 de 2001. Esto excedería la facultad reglamentaria y vulneraría, en

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consecuencia, los artículos 15 y 29 de la Constitución, así como los artículos 1501,
1502, 1517, 1518, 1602 y 1603 del Código Civil.

El actor también cuestionó la prohibición contenida en el artículo 7º de la resolución
impugnada, así como lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8, relativo a los
equipos y canales de comunicación para interactuar con el sistema de información
y el aplicativo que implementará el Ministerio de Transporte. Consideró que estas
disposiciones dificultan la elaboración del FUEC, al crear requisitos adicionales a
los establecidos en el decreto objeto de reglamentación, lo cual vulnera el artículo
84 de la Constitución Política.

Por otro lado, el demandante argumentó que la exigencia del artículo 9º de la
resolución acusada, en relación con la expedición de un original y dos copias del
FUEC, desconoce el principio de eficacia de las actuaciones administrativas,
establecido en el numeral 11 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011. En su opinión,
las copias son innecesarias, ya que el original cumple con la misma finalidad de
acreditar la operación del automotor.

Respecto a los convenios de colaboración empresarial mencionados en el artículo
10 de la resolución impugnada, el demandante consideró que en este punto
también se excedió la competencia reglamentaria, pues se trasladó a las
operadoras de transporte la responsabilidad de gestionar no solo los vehículos de
su propiedad, sino también los de otras empresas con las que mantienen
convenios, en caso de que carezcan de suficientes vehículos propios. Esto, según
el actor, vulnera el texto original del artículo 23 del Decreto 174 de 2001, que
establece que cada empresa debe expedir los formularios únicamente para los
vehículos a ella afiliados.

Finalmente, el demandante cuestionó el diseño del Formato Único de Extracto de
Contrato elaborado por el Ministerio de Transporte, señalando que incluye
elementos adicionales a los previstos en el artículo 23 del Decreto 174 de 2001,
como la descripción del recorrido. A su juicio, esto implica comparar el servicio de
transporte especial con otros tipos de servicios que sí tienen rutas y horarios
predefinidos, lo que impone cargas adicionales y vulnera el artículo 13 de la
Constitución Política, así como el numeral 12 de la Ley 1437 de 2011.

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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. El Ministerio de Transporte3 contestó la demanda oponiéndose a la
prosperidad de la pretensión de nulidad de los actos cuestionados al considerar que
la demanda carecía de sustento legal y fáctico pues las resoluciones impugnadas
fueron expedidas con plenas facultades legales y constitucionales, y de ninguna
forma se apartó de las prescripciones contenidas en el Decreto 174 de 2001, "Por
el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial".

Arguyó que el artículo 23 del Decreto 174 de 2001 estableció que el Ministerio podía
reglamentar un documento (formato) con los datos principales del contrato para la
prestación del servicio de transporte especial. Por ello, mediante la Resolución
núm. 3068 de 2014, adoptó el Formato Único de Extracto de Contrato.

Explicó que el Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC) es un mecanismo
que permite a las autoridades competentes ejercer un mayor control del transporte
público de pasajeros en la modalidad especial, en la medida que permite establecer
si el servicio está autorizado o no.

Precisó que, una vez diligenciado el FUEC por parte de la empresa de transporte
especial habilitada, tal documento se convertía en el sustento de la operación del
vehículo. Por ello, la inexistencia del extracto, alteración, falsificación o
diligenciamiento de forma diferente al contrato que lo originaba acarrea la
inmovilización del automotor. Así, dedujo que el documento comentado era un
medio de control del transporte público en la modalidad especial.

En ese orden, señaló que no existía violación del orden legal vigente que propiciara
la anulación de los actos administrativos demandados.

3 Ibidem.

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Comentó que el demandante se limitó a generar expresiones bastantes
desobligantes en contra de la entidad demandada, sin asidero legal, cuando el
verdadero espíritu normativo o razón del acto cuestionado no era otro que
garantizar la seguridad de los usuarios del servicio público de transporte en la
modalidad especial.

Finalmente, indicó que con la adopción del FUEC no se extralimitó en sus
facultades, ni se desconoció la voluntad de las partes contratantes, teniendo en
cuenta que los datos que debe contener el FUEC son precisamente los que están
contenidos en el contrato privado de transporte.

Formuló como excepciones: “INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN NORMATIVA”,
“EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL SE PRESTA PARA UN GRUPO
ESPECÍFICO DE PERSONAS QUE IMPLICA SU DETERMINACIÓN” y “LA
GENERICA”.

III. AUDIENCIA INICIAL

El 31 de mayo de 2019 se llevó a cabo audiencia inicial, en la que se fijó el litigio
de la siguiente manera:

“7.1. En relación con la infracción de normas superiores

7.1.1. La Sala deberá resolver, previo el estudio del cumplimiento de la carga
argumentativa que corresponde al actor, si la resolución número 3068 de 15 de
octubre de 2014, expedida por la Ministra de Transporte, infringe uno, varios o
todas las siguientes disposiciones: artículos 2, 4, 5, 6, 13, 15, 83, 84, 121, 209
y 333 de la Constitución Política, los artículos 9, 25, 26, 27, 30, 31 y 32, 1495,
1501, 1502, 1517, 1518, 1602, 1603, 2347 del Código Civil, el artículo 981 del
Código de Comercio, los artículos 3 (numeral 12) y 10 de la Ley 1437 de 2011,
el artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, los artículos 25 y 413 de la Ley 599 de
2000 y los artículos 22 y 23 del Decreto 174 de 2001.

7.1.2. Si la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, deberá la Sala
pronunciarse sobre la pretensión de nulidad.

7.2. En lo atinente al cargo de falsa motivación

7.2.1. Debe establecerse si la resolución impugnada carece de motivos reales,
serios, adecuados, suficientes e íntimamente ligados con la decisión, que la
justifiquen.

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Radicado: 11001 03 24 000 2015 00325 00
Demandante: Isidro Castillo Casas

7.2.2. Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, habría que definir si
procede el decreto de nulidad en la manera en que fue solicitada.

7.3. Frente al cargo de falta de competencia, la Sala analizará si el Ministerio
de Transporte se encontraba facultado para reglamentar el párrafo del artículo
23 del Decreto 174 de 2001 en los términos en que lo hizo en la resolución
enjuiciada, o, por el contrario, si excedió la competencia. Efectuado lo anterior,
la Sala determinará si, por este aspecto ha incurrido en causal de nulidad.

7.4. Por último, la Sala establecerá si la parte accionada al expedir el acto
acusado incurrió en la causal de desviación de poder, al reglamentar y adoptar
el Formato Único de Extracto de Contrato y generar los mecanismos de control
para su expedición.”4.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. La parte actora guardó silencio.

4.2. El Ministerio de Transporte presentó sus alegatos de conclusión5 para
reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto6
en el que expuso los siguientes argumentos:

En primer lugar, expuso los antecedentes del proceso de la referencia. A
continuación, en el acápite titulado “Consideraciones”, hizo referencia a los actos
administrativos objeto de análisis, procedió al estudio de los cargos de la demanda,
según los problemas jurídicos planteados en la audiencia inicial, y expuso algunas
notas sobre la facultad reglamentaria de la entidad demandada en la materia objeto
del trámite de la referencia.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

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Radicado: 11001 03 24 000 2015 00325 00
Demandante: Isidro Castillo Casas

En segundo lugar, en relación con el cargo de falta de competencia, señaló que tal
reproche no debía prosperar, comoquiera que la lectura del parágrafo del artículo
23 del Decreto 174 de 2001 permitía entender, sin ninguna dificultad, que el
Ministerio de Transporte se encontraba habilitado para reglamentar todo lo
relacionado con el diseño del Formato Único de Extracto de Contrato.

En tercer lugar, advirtió que, en su esfuerzo por dar alcance y desarrollo al
parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001, el Ministerio de Transporte, en
un plazo inferior a cuatro (4) meses, llevó a cabo tres acciones regulatorias que
culminaron con la expedición de la resolución impugnada. A través de este acto
administrativo se derogaron las Resoluciones nos. 1558 y 2033 de 2014, las cuales
fueron demandadas de manera subsidiaria, y se estableció la obligación para todas
las empresas del sector transporte de adoptar, a partir del 1º de diciembre de 2014,
el FUEC. Así, no era viable afirmar que la norma controvertida careciera de
motivación o sustento legal, como lo sostiene el demandante, dado que se identificó
la necesidad de estandarizar el formato de extracto de contrato con el fin de
garantizar mayor seguridad en el transporte especial público. En consecuencia,
manifestó que el cargo por falta de motivación tampoco estaba llamado a prosperar.

En cuarto lugar, afirmó que no se configuró la desviación de poder invocada en la
demanda, toda vez que ese vicio presupone que la facultad asignada se utilice con
una finalidad diferente, para este caso, al mejoramiento del servicio público de
transporte especial, lo que estaba de plano descartado en razón a que la parte
demandada se centró en delimitar, desarrollar y dar alcance al FUEC, con
mecanismos específicos de control que se acompasan con la norma que lo
fundamentó.

Así, precisó que la habilitación legal dada al Ministerio de Transporte admitía la
adopción de medidas para estandarizar y controlar la prestación del servicio de
transporte público terrestre automotor especial, fines perseguidos en el Decreto 174
de 2001. Por lo cual no se podía considerar que existiera una extralimitación del
objeto que se trazó la habilitación contenida en el decreto fuente, en tanto los
aspectos formales o técnicos respondían con la finalidad de la norma habilitante: la
creación de un formato único de contrato.

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Demandante: Isidro Castillo Casas

Cerró la intervención manifestando que el cargo por violación de norma superior no
estaba debidamente presentado y desarrollado, pues en ese aspecto el libelo
introductorio carecía de argumentos.

En resumen, solicitó que se desestimara la pretensión de nulidad de la demanda.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a
decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

7.2. Planteamiento

De acuerdo con el libelo introductorio, la contestación de la demanda, el escrito de
alegatos de conclusión y el concepto del Ministerio Público, en primer lugar, se debe
determinar si, al formular el cargo de violación de norma superior, el demandante
cumplió con la carga argumentativa que permita entender y desarrollar tal reparo.
En segundo lugar, de llegar a corroborar que existe dicho sustento, tendrá que
resolverse si la resolución enjuiciada incurre en infracción de normas superiores,
falta de competencia, falta de motivación y desviación de poder.

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Lo anterior, comoquiera que, para la parte actora, la resolución acusada altera y/o
adiciona el contenido textual y el alcance del parágrafo del artículo 23 del Decreto
174 de 2001, que propende porque el Ministerio de Transporte diseñe el Formato
Único de Extracto de Contrato (FUEC), establezca la ficha técnica para su
elaboración y los mecanismos de control correspondientes. Ello, toda vez que, so
pretexto de reglamentar la disposición precitada, desbordó aspectos sustanciales
de la norma superior atrás referenciada.

Mientras que, para la autoridad cuestionada, los actos administrativos se expidieron
con plenas facultades constitucionales y legales, atendiendo en debida forma el
parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001, sin contravenir el ordenamiento
jurídico.

7.3. Análisis de la Sala

7.3.1. De la carga argumentativa del cargo relacionado con la vulneración de
norma superior

De entrada, la Sala observa que, aunque fueron invocados como desconocidos los
artículos 2, 4, 5, 121, 209 y 333 de la Constitución Política, 25, 26, 27, 30, 31 y 32
del Código Civil, 10 de la Ley 1437 de 2011, 33 de la Ley 1123 de 2007 y 25, 29 y
413 de la Ley 599 de 2000; en la demanda no fue sustentado el concepto de su
violación.

Lo expuesto es relevante pues, cuando se alega que una norma superior fue
desconocida por la expedición de un determinado acto administrativo, es carga del
demandante explicar de forma clara y concreta cómo se configura el citado
desconocimiento al orden constitucional y legal; ello, so pena de que no pueda
abordarse de fondo el análisis correspondiente. Sobre el particular, esta Sección,
en providencia del 12 de septiembre de 2019, refirió:

“Lo primero que valga precisar es que el actor citó como transgredidos los
artículos 13, 48, 49 y 121 Superiores; sin embargo, respecto de los artículos 13
y 21 no sustentó las razones por las cuales resultan vulnerados, por lo que
frente a éstos no es posible hacer ningún juicio de legalidad.

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Igualmente, aludió como normas legales infringidas los artículos 2, 9, 153, 156,
172, 177, 178 y 218 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 19937; no obstante,
salvo lo previsto en los artículos 2 y 153, se limitó a enlistarlos sin explicar el
motivo de violación, lo que releva a la Sala de hacer ningún análisis frente a
éstos.

La misma situación ocurre con lo señalado por el artículo 14 de la Ley 1122 del
8 de enero de 20078 y el Decreto 519 del 5 de marzo de 20039,10 que nada
tienen que ver con la materia.

En ese sentido, toda vez que no fueron explicadas las razones de la vulneración
invocada frente a las citadas disposiciones ni se cumplen los requisitos de
claridad, certeza, especificidad y pertinencia, exigencia que está contenida en
el artículo 137 del C.C.A., según el cual “cuando se trate de la impugnación de
un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el
concepto de su violación”, no le corresponde a la Sala hacer análisis alguno de
aquellas.”11 (Subrayas de la Sala).

Así las cosas, es claro que la litis se encuentra limitada a la confrontación del acto
enjuiciado con las disposiciones respecto de las cuales se cumplió la carga
argumentativa.

7.3.2. De los cargos de la demanda

7.3.2.1. Así, la Sala deberá determinar si es nula la reglamentación del
Formato Único de Extracto del Contrato que aplica para las empresas de servicio
público de transporte terrestre automotor especial, expedida por el Ministerio de
Transporte.

Pues bien, para dar respuesta al anterior interrogante es necesario aludir a lo
dispuesto en la Ley 105 de 1993, mediante la cual, entre otras, se facultó al
Ministerio de Transporte, en coordinación con las diferentes entidades sectoriales,
para la definición de las políticas generales sobre el servicio de transporte.

7 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
8 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

y se dictan otras disposiciones.”
9 “Por el cual se suprimen, se transforman y se crean unas consejerías y programas presidenciales”.

10 Derogado por el artículo 25 del Decreto 3445 del 17 de septiembre de 2010, “Por el cual se crean

unas Altas Consejerías en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 12 de

septiembre de 2019. Proceso radicado número: 11001 03 24 000 2011 00136 00. Consejero
Ponente: Oswaldo Giraldo López.

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La Ley 336 de 1996 unificó los principios y los criterios que fundamentan la
regulación y reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo,
masivo y terrestre, y su operación en el territorio nacional, de conformidad con la
Ley 105 de 1993, y con las normas que la modifiquen o sustituyan. También reguló
la creación y funcionamiento de las empresas de transporte público, la prestación
del servicio público de transporte, los servicios conexos al de transporte, las tarifas,
las condiciones de seguridad, las sanciones y procedimiento, entre otros tópicos.

La Ley 489 de 1998, al estructurar la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del
poder público en el orden nacional, estableció, en el artículo 59, las funciones
generales de los Ministerios, y determinó expresamente que serían las allí
contenidas, sin perjuicio de las atribuciones que se asignen en leyes especiales.

A su turno, el Decreto 174 de 5 de febrero de 2001, “Por el cual se reglamenta el
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial”, definió algunas
condiciones propias del servicio público de transporte terrestre automotor especial,
entre ellas, las relativas a la prestación del servicio, definiendo que éste solo podrá
contratarse con empresas de transporte legalmente autorizadas para esa
modalidad, siempre bajo el amparo de un contrato escrito y bajo las condiciones
estipuladas por las partes.

Adicionalmente, respecto del contrato, dispuso que durante toda la prestación del
servicio el conductor del vehículo deberá portar un extracto de éste en papel
membreteado de la empresa, con los datos mínimos definidos en el artículo 23.
También facultó al Ministerio de Transporte para diseñar el FUEC y establecer la
ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de control correspondientes.

Reparemos el contenido del artículo 23 del Decreto 174 de 2001:

“Artículo 23. Extracto del contrato. Durante toda la prestación del servicio, el
conductor del vehículo deberá portar en papel membreteado de la empresa y
firmado por el representante legal de la misma, un extracto del contrato que
contenga como mínimo los siguientes datos:

1. Nombre de la entidad contratante.

2. Duración del contrato, indicando su fecha de iniciación y terminación.

3. Objeto del contrato.

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4. Origen y destino.

5. Placa, marca, modelo y número interno del vehículo.

Parágrafo. El Ministerio de Transporte diseñará el "Formato Único de Extracto
del Contrato" y establecerá la ficha técnica para su elaboración y los
mecanismos de control correspondientes.”.

Ahora, de la lectura de la norma acusada se desprende que aquella se orienta a
reglamentar el parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001, definiendo el
FUEC, su contenido, la conformación de su número consecutivo, las etapas de
implementación, la asignación de la numeración, las obligaciones de porte y
verificación, el reporte y control de la información del FUEC, la obligatoriedad de
portar el formato original en el vehículo durante todo el recorrido, la responsabilidad
de expedición del FUEC cuando se trate de convenios de colaboración
empresariales, la vigencia del formato y la migración de la información al aplicativo
que establezca para esos fines el Ministerio de Transporte.

Es importante señalar que el extracto de contrato al que hace referencia el artículo
23 del Decreto 174 de 2001 corresponde al acuerdo de voluntades firmado por el
representante de la empresa de transporte, el cual respalda y habilita la operación
de los vehículos. Este extracto debe ser siempre portado por el transportador
durante la prestación del servicio, cumplimiento que se garantiza mediante la
obligación de llevar el mencionado extracto de contrato, el cual fue precisamente
regulado en el acto objeto del presente trámite. La estandarización del formato del
extracto de contrato y de los mecanismos para su expedición facilita un control
efectivo por parte de las autoridades competentes sobre la prestación del servicio
de transporte público terrestre automotor especial.

7.3.2.2. Retomando los reparos de la demanda, el actor sostiene que el
parágrafo del artículo 23 del Decreto 174 de 2001 no confería al Ministerio de
Transporte la facultad de regular los mecanismos para la expedición del FUEC,
como lo señala esa entidad en el cuarto inciso de la página 2 del considerando del
acto impugnado, lo que constituye una extralimitación de funciones que vulnera el
artículo 6 de la Constitución Política.

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Veamos el cuarto inciso de la página 2 de la parte considerativa de la resolución
demandada:

“Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del
Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal b del
artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, desde el día 3 hasta el 9 de octubre de 2014,
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.”

La Sala observa que el cuarto inciso de la página 2 de las consideraciones de la
Resolución núm. 3068 de 2014 se refiere al procedimiento de publicación en la
página web del proyecto de resolución, en cumplimiento con el numeral 8 del
artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, y no a la base de la competencia reglamentaria
del acto cuestionado, por lo que no se puede inferir una extralimitación del ejercicio
de la facultad reglamentaria, como sostiene el demandante.

De cualquier forma, debe señalarse que la publicación en la página web de la
entidad demandada del contenido de la resolución atacada es un deber relacionado
con la información sobre los proyectos de regulación, con el objeto de que la entidad
reciba opiniones, sugerencias o propuestas alternativas de los ciudadanos en
general, requisito que no engendra vicio de nulidad alguno.

7.3.2.3. El demandante argumentó que en el artículo 1º del acto demandado
se añadió la expresión “para su expedición”, que no aparece en el parágrafo del
artículo 23 del Decreto 174 de 2001, lo que modificaría el alcance y la comprensión
de la habilitación legal contenida en dicho artículo, violando el principio de jerarquía
normativa y el artículo 83 de la Constitución, que consagra la buena fe. Sin
embargo, la Sala no comparte este argumento, considerando que la habilitación
legal otorgada al Ministerio comprende la adopción de los mecanismos necesarios
para la expedición del FUEC, pues la norma no distingue entre los mecanismos de
control a implementar.

7.3.2.4. Además, señaló que los artículos 2º y 3º del acto demandado
modificaron el texto del artículo 23 del Decreto 174 de 2001 en cuanto a la definición
del extracto de contrato y los datos adicionales que debe contener, así como la
exigencia de expedir un FUEC por cada contrato. Al respecto, la Sala entiende que
el Decreto 174 de 2001 no definió el "Formato Único de Extracto de Contrato", sino
que solo estableció la obligación de que los conductores de transporte especial

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portaran un extracto de contrato, por lo que no hay vulneración, ya que el Ministerio
tiene la facultad de precisar el alcance de dicho documento.

7.3.2.5. El demandante también argumentó que el artículo 5º de la Resolución
núm. 3068 de 2014 establece que las empresas de transporte especial deben
contar con un sistema de información para la expedición del FUEC, pero no define
cuál debe ser ni sus características, lo que violaría el principio de reserva legal en
materia sancionatoria. Además, sostuvo que esta disposición infringe la autonomía
de las partes y el principio de consensualidad al obligar a las empresas a incluir la
relación de las personas transportadas, lo que implica la gestión de bases de datos,
algo que no fue contemplado en el artículo 22 del Decreto 174 de 2001.

Sobre ese particular, la Sala considera que las exigencias del artículo 5º forman
parte de un proceso gradual de implementación del FUEC y no constituyen un
régimen sancionatorio en esta etapa, ya que el decreto permite a las empresas
ofrecer el servicio bajo un contrato escrito y cumplir con las condiciones
establecidas por la autoridad de tránsito, entre ellas, la expedición del FUEC.

En todo caso, se evidencia que el propósito del Ministerio de Transporte fue
desarrollar el contenido del Decreto 174 de 2001, en su artículo 23, proporcionando
seguridad y calidad del servicio a los usuarios del transporte especial, en
consideración a las características específicas que ostentan los beneficiarios de
este tipo de servicio, tales como son las personas con dificultad de desplazamiento
por problemas de salud, los estudiantes, los niños, adolescentes y los turistas. Dada
la naturaleza del servicio resultó necesario una mayor información en el contrato,
que permitió un mayor control en la prestación, sin que por estas razones se pueda
entender desconocidas las normas mencionadas por el actor.

7.3.2.6. El actor también cuestionó la prohibición de diligenciar “a mano” el
FUEC, establecida en el artículo 7º de la resolución y los requisitos adicionales
sobre los equipos y canales de comunicación mencionados en el parágrafo del
artículo 8º, alegando que obstaculizan su elaboración y vulneran el artículo 84 de
la Constitución.

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La Sala no observa que estas disposiciones excedan los límites establecidos por el
Decreto 174 de 2001. La razón detrás de la imposibilidad de diligenciar el FUEC a
mano es completamente lógica: se busca evitar tachones o enmendaduras,
asegurando que las Empresas de Servicio de Transporte Terrestre Automotor
Especial, encargadas de completar la información de manera precisa, impriman y
entreguen el formato en condiciones que garanticen su legibilidad y comprensión.

7.3.2.7. En cuanto a la exigencia del artículo 9º de la resolución sobre la
expedición de un original y dos copias del FUEC, el demandante sostuvo que esto
vulnera el principio de eficacia de las actuaciones administrativas, ya que las copias
son innecesarias.

En este punto la Sala es del criterio que la habilitación legal al Ministerio de
Transporte le permite establecer los mecanismos de control para la expedición del
FUEC, incluyendo la cantidad de copias necesarias para un adecuado control del
servicio. La disposición que establece que el FUEC debe imprimirse en original y
dos copias tiene una justificación clara: el original debe ser llevado en el vehículo
durante todo el recorrido, la primera copia debe quedar archivada en la empresa y
la segunda debe entregarse al propietario del vehículo.

7.3.2.8. En relación con los convenios de colaboración empresarial previstos
en el artículo 10 de la resolución impugnada, el demandante sostuvo que en este
aspecto también se excedió la competencia reglamentaria, ya que se asignó a las
operadoras de transporte la responsabilidad no solo de gestionar los vehículos de
su propiedad, sino también los de otras empresas con las que mantienen
convenios, en caso de que no cuenten con suficientes vehículos propios. Según el
actor, esto contraviene el texto original del artículo 23 del Decreto 174 de 2001, que
establece que cada empresa debe expedir los formularios exclusivamente para los
vehículos afiliados a ella.

Al respecto, la Sala advierte que, al comparar la regulación sobre los convenios de
colaboración empresarial establecida en el decreto y la resolución, no observa el
defecto alegado por el demandante. Esto se debe a que el artículo 24 del Decreto
174 establece claramente que, en los casos de convenios de colaboración
empresarial, la responsabilidad recae exclusivamente en la empresa contratante.

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Una disposición similar se encuentra en el artículo 10 de la Resolución 3068.
Cuando las empresas recurren a convenios empresariales con otras compañías de
transporte especial para cumplir con un contrato, no transfieren su responsabilidad
sobre la operación. Por lo tanto, es la empresa que suscribe el contrato de
transporte la que debe expedir el FUEC.

7.3.2.9. Finalmente, el actor criticó el diseño del FUEC argumentando que
incluye aspectos adicionales al artículo 23 del Decreto 174 de 2001, como la
descripción del recorrido, lo que comparó con otros servicios de transporte que
tienen rutas y horarios establecidos, imponiendo cargas que vulneran el artículo 13
de la Constitución y el numeral 12 de la Ley 1437 de 2011.

Sin embargo, la Sala entiende que el Ministerio tiene la facultad de precisar el
contenido y alcance del FUEC, respetando los datos mínimos establecidos en el
artículo 23 del Decreto 174 de 2001.De esta forma, no se vulnera el principio de
igualdad, ya que el acto cuestionado regula un servicio de transporte especial que,
por sus características particulares y la naturaleza de los usuarios a los que atiende,
requiere de mecanismos de control específicos, los cuales son distintos a los
aplicables a otras modalidades de transporte terrestre de pasajeros.

En resumen, de la lectura del acto impugnado no se desprende ninguna disposición
que contravenga las normas superiores citadas en la demanda y debidamente
fundamentadas, así como tampoco que exista falta de competencia, ausencia de
motivación o desviación de poder.

La resolución tiene como objetivo legítimo dar alcance y desarrollo al parágrafo del
artículo 23 del Decreto 174 de 2001, diseñando el FUEC, estableciendo su ficha
técnica y los mecanismos de control correspondientes.

Por tanto, se puede concluir que el Ministerio actuó dentro del marco de las
facultades conferidas para dicha regulación, sin vulnerar ninguna de las normas
que sustentan los reproches planteados por la parte actora.

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A lo anterior debe añadirse que es evidente que fue precisamente el mencionado
decreto el que otorgó al Ministerio la competencia para emitir la regulación
impugnada, ya que le corresponde a la entidad ejercer sus facultades para mejorar
la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial. Esa
misma norma sirvió de fundamento legal para la Resolución núm. 3068 de 15 de
octubre de 2014.

Correlato de todo lo expuesto, los cargos no prosperan.

Costas

Visto el artículo 188 del CPACA12, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del
ordenamiento jurídico en abstracto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de nulidad de la demanda, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

12 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”

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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
5 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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