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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00434-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2008-00434-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del inciso final del literal d) del artículo 9 de la Resolución 003754 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 22 Dicha posición ha sido reiterada por esta Sección, entre otras, en las siguientes sentencias: i) de 8 de agosto de 2025, emitida dentro del proceso identificado con radicado 08001 3333 001 2013 00140 01, con ponencia del consejero de Estado Oswaldo Giraldo López; ii) de 17 de julio de 2025, proferida en el proceso 76001 23 33 000 2016 01349 01, magistrado Ponente: Oswaldo Giraldo López; 11 de febrero de 2016, emitida en el expediente 11001 03 24 000 2009 00457 00, con ponencia del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés y; ii) de 21 de septiembre de 2023, proferida en el proceso 11001 03 24 000 2015 00234 00, emitida por el entonces consejero Hernando Sánchez Sánchez. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados 11001 03 24 000 2009 00076 00, y 11001 03 24 000 2009 00078 00) Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A., y Coomeva EPS en liquidación TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2008-00434-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

12 de junio de 2026

Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Número único de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00 y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento1, EPS Suramericana S.A.2 y Coomeva
Entidad Promotora de Salud S.A. En Liquidación3
Demandada: Nación – Ministerio de Protección Social (ahora Ministerio de Salud y
Protección Social).
Tesis: Es nulo por falta de competencia el acto administrativo expedido por el
Ministerio de la Protección Social mediante el cual se fijó en el 85% el monto a
reconocer y pagar por el FOSYGA por concepto de medicamentos, servicios
médicos y prestaciones de salud No POS ordenados por fallos de tutela cuando el
CTC los niega previamente por razones médico-científicas, si constituye una medida
de distribución de los recursos del FOSYGA la determinación del monto a reconocer
y pagar cuya competencia estaba expresamente atribuida por la Ley al CNSSS.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda presentada en ejercicio de la acción
de nulidad por la señora Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A. (en
adelante Sura EPS) y Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. En Liquidación
(en adelante Coomeva) contra la Nación – Ministerio de Protección Social (ahora
Ministerio de Salud y Protección Social), para que se declare la nulidad del literal d)
del artículo 9 de la Resolución 003754 del 2 de octubre de 2008.

1 Proceso Radicado 2008 00434.
2 Proceso Radicado 2009 00076.
3 Proceso Radicado 2009 00078.

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1

Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad, la señora Marcela Ramírez Sarmiento
presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de la Protección Social4.

2. En providencia del 24 de mayo de 2012, el Despacho Sustanciador decretó
la acumulación de los procesos radicados 11001 03 24 000 2009 00076 00 (en
adelante 2009 00076), 11001 03 24 000 2009 00077 00 (en adelante 2009 00077)
y 11001 03 24 000 2009 00078 00 (en adelante 2009 00078) al distinguido con el
11001 03 24 000 2008 00434 00 (en adelante 2008 00434)5.

3. Mediante auto del 2 de marzo de 2026, el Despacho ordenó el desglose del
proceso con radicado 2009 00077, promovido en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, por carecer el Consejo de Estado de competencia
funcional para conocerlo en única instancia, y dispuso su remisión al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca6.

1.2. Pretensiones

4. Proceso con radicado 2008 00434 00:

«Solicito al Honorable Consejo de Estado declarar la nulidad la expresión "85%"
contenida en el literal d) del Articulo 26 de la Resolución 003754 de octubre 2
de 2008 publicado en el Diario Oficial No. N° (sic) 47.130 del 2 de octubre de
2008 […]»7.

5. Procesos con radicados 2009 00076 00 y 2009 00078 00:

4 Índice 00062 de SAMAI, archivo: ED_C01_02DEMANDA Y ANEXOS - DEMANDA(.pdf), folios 22

a 31.
5 Folios 139 a 144 del Cuaderno Principal.
6 Índice 00105 de SAMAI.
7 Índice 00062 de SAMAI, archivo: ED_C01_26AUTO RESUELVE SOBRE ACUMULACION DE

PROCESOS - DECRETA ACUMULACION DE PROCESOS - 200900076-200900077-
200900078(.pdf).

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2

Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

«PRIMERA. Que se declare la nulidad del artículo 9 literal d) de la Resolución
003754 de 2.008 expedida por el Ministerio de la Protección Social, que
dispone:

Artículo 9°. Modifícase el artículo 26 de la Resolución 3099 de 2008, el cual
quedará así:

“Artículo 26. Monto a reconocer y pagar por recobro de medicamentos,
servicios médicos y prestaciones de salud. El monto a reconocer y pagar
por recobro de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud se
determinará sobre el precio de compra al proveedor soportado en la factura de
venta o documento equivalente de este, de la siguiente forma:

a) ……

d) Medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no incluidos
en el POS ordenados por fallos de tutela. El valor a reconocer y pagar por el
Fosyga, por concepto de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de
salud no incluidos en el POS, ordenados por fallos de tutela que no fueron
tramitados por el Comité Técnico-Científico de la respectiva entidad, será el
50% del valor total facturado por el proveedor.

Al valor resultante, se le descontará el valor de la cuota moderadora o copago
que las entidades administradoras de planes de beneficios hayan cobrado al
afiliado conforme a su Plan General de Cuotas Moderadoras y este total será el
valor a pagar por el Fosyga.

No se reconocerán variaciones posteriores del precio del medicamento, servicio
médico y prestación de salud, ni ajustes por inflación o cambio de anualidad

Cuando por razones médico-científicas el Comité Técnico-Científico niega
la solicitud de autorización del medicamento, servicio médico y prestación
de salud ordenada por el médico tratante y la EPS y/o EOC es obligada a
su prestación por fallo de tutela, el valor a reconocer y pagar será el 85%
del valor facturado por el proveedor del servicio médico y/o prestación de
salud. Dicho valor se reconocerá siempre y cuando la negación por la no
pertinencia médica demostrada se consigna en la respectiva Acta, y tales
razones científicas fueron puestas en consideración del juez de tutela. Para
estos efectos, se deberá anexar el acta del CTC como soporte del recobro.

e) ……»8 (Negritas del texto original).

1.3. El acto administrativo demandado

6. La disposición acusada es la que se resalta a continuación:

«RESOLUCIÓN 3754 DE 2008
(Octubre 02)

8Índice 00062 de SAMAI, archivos: ED_C02_03DEMANDA Y ANEXOS -DEMANDA(.pdf) y
ED_C04_03DEMANDA Y ANEXOS - DEMANDA(.pdf), respectivamente

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3

Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 3099 de 2008.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el
artículo 173 de la Ley 100 de 1993,
[…]
RESUELVE:

Artículo 9°. Modifícase el artículo 26 de la Resolución 3099 de 2008, el cual
quedará así:

"Artículo 26. Monto a reconocer y pagar por recobro de medicamentos,
servicios médicos y prestaciones de salud. El monto a reconocer y pagar por
recobro de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud se
determinará sobre el precio de compra al proveedor soportado en la factura de
venta o documento equivalente de este, de la siguiente forma:
[…]
d) Medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no incluidos en el
POS ordenados por fallos de tutela. El valor a reconocer y pagar por el Fosyga,
por concepto de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no
incluidos en el POS, ordenados por fallos de tutela que no fueron tramitados por
el Comité Técnico-Científico de la respectiva entidad, será el 50% del valor total
facturado por el proveedor.

Al valor resultante, se le descontará el valor de la cuota moderadora o copago
que las entidades administradoras de planes de beneficios hayan cobrado al
afiliado conforme a su Plan General de Cuotas Moderadoras y este total será el
valor a pagar por el Fosyga.

No se reconocerán variaciones posteriores del precio del medicamento, servicio
médico y prestación de salud, ni ajustes por inflación o cambio de anualidad.
Cuando por razones médico-científicas el Comité Técnico-Científico niega la
solicitud de autorización del medicamento, servicio médico y prestación de
salud ordenada por el médico tratante y la EPS y/o EOC es obligada a su
prestación por fallo de tutela, el valor a reconocer y pagar será el 85% del valor
facturado por el proveedor del servicio médico y/o prestación de salud. Dicho
valor se reconocerá siempre y cuando la negación por la no pertinencia médica
demostrada se consigna en la respectiva Acta, y tales razones científicas fueron
puestas en consideración del juez de tutela. Para estos efectos, se deberá
anexar el acta del CTC como soporte del recobro.

[…]»

1.4. Concepto de la violación

1.4.1. Proceso con radicado 2008 00434

7. Consideró vulneradas las siguientes normas: el artículo 121 de la
Constitución Política, los artículos 171, 172 y 218 de la Ley 100 de 1993, el artículo
5 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

8. Sostuvo que el Ministerio de la Protección Social carecía de competencia
para expedir el aparte demandado, por cuanto la administración de los recursos del
Fondo de Solidaridad y Garantía (en adelante FOSYGA) es competencia exclusiva
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (en adelante CNSSS),
organismo al que la Ley 100 de 1993 en su artículo 12 le atribuyó expresamente la
función de ejercer como Consejo de Administración de dicho Fondo.

9. Explicó que al establecer que el FOSYGA no reconocería la totalidad del
valor de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (en adelante No
POS) negados por razones técnico-científicas por el Comité Técnico Científico (en
adelante CTC) cuando son ordenados por fallo de tutela, el Ministerio adoptó una
típica medida de administración de los recursos del FOSYGA, facultad que no le
había sido delegada y que implica una usurpación de funciones del CNSSS, con
desconocimiento del artículo 121 de la Constitución Política y del artículo 5 de la
Ley 489 de 1998.

10. Trajo a colación la sentencia del 4 de septiembre de 2008, proferida por esta
Sección dentro del expediente 2003-00327, en la que se declararon nulas
expresiones de la Resolución 2312 de 1998 del Ministerio de Salud, que pretendía
pagar a las Entidades Promotoras de Salud (en adelante EPS) solo el 50% de los
medicamentos No POS sin sustituto, precisamente por tratarse de una medida de
administración de los recursos del FOSYGA reservada al CNSSS.

11. Señaló que el literal d) del artículo 26 de la Resolución 3754 de 2008 impone
a las EPS una obligación indeterminada e incierta al dejar a su cargo el 15% del
valor del medicamento, servicio médico o prestación de salud cuya negación sea
producto de razones médico-científicas del CTC, carga que no está financiada con
recursos de la Unidad de Pago por Capitación (en adelante UPC) y que genera un
desequilibrio económico injustificado en el sistema.

12. Añadió que la Ley 1122 de 2007 y la jurisprudencia constitucional, en
particular las sentencias C-463 y C-316 de 2008, establecen que los servicios No
POS deben ser financiados con recursos del FOSYGA, tanto los aprobados por el
CTC como los ordenados por tutela y que la única excepción de compensación

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

parcial prevista en la Ley opera cuando la EPS omite tramitar el CTC por negligencia
propia, supuesto que no corresponde al caso regulado por la norma demandada.

13. Indicó que la disposición acusada introduce a manera de sanción, la pérdida
del 15% del valor del servicio en casos en que ni la Ley 1122 de 2007 ni la
jurisprudencia constitucional la contemplan, lo que a su juicio desincentiva la
actuación responsable de los CTC y resulta contrario a las más mínimas razones
de legalidad y conveniencia.

1.4.2. Proceso con radicado 2009 00076:

14. Consideró vulnerados los artículos 49, 121 y 366 de la Constitución Política,
los artículos 155, 156, 162, 170, 172, 173, 177, 182 y 218 de la Ley 100 de 1993, el
artículo 8 del Acuerdo 228 de 2002 del CNSSS y los artículos 2, 7 y 8 del Decreto
806 de 1998.

15. Planteó los mismos cargos de falta de competencia y desequilibrio financiero
expuestos en el proceso 2008 00434, con fundamento en idénticos argumentos y
con apoyo en la misma sentencia del 4 de septiembre de 2008 proferida dentro del
expediente 2003-00327.

16. Adicionalmente señaló que la norma está falsamente motivada, por cuanto
los considerandos invocan órdenes de la Corte Constitucional contenidas en la
sentencia T-760 de 2008 que no sirven de fundamento a la decisión adoptada y que
ello constituye además un abuso de poder, pues ninguna de las órdenes de esa
providencia ampara la restricción del reconocimiento del recobro que la norma
consagra.

1.4.3. Proceso con radicado 2009 00078:

17. Consideró vulneradas las mismas normas y planteó cargos idénticos a los
expuestos en el proceso identificado con el radicado 2009 00076.

1.5. Medida cautelar

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

18. En los procesos identificados con los radicados 2009 00076 y 2009 00078,
la Sura EPS y Coomeva EPS, respectivamente, solicitaron la suspensión
provisional de los efectos del literal d) del artículo 9 de la Resolución 3754 de 2008,
con fundamento en la violación manifiesta de normas superiores por falta de
competencia del Ministerio y por crear hipótesis de recobro parcial no consagradas
en la Ley.

19. Mediante los autos admisorios de la demanda del 2 de abril de 2009 (exp.
2009 00076) y del 22 de abril de 2009 (exp. 2009 00078), el Despacho negó las
solicitudes de suspensión provisional9.

II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

2.1. Contestación de la demanda

2.1.1. Proceso con radicado 2008 00434

20. La apoderada del Ministerio de la Protección Social se opuso a las
pretensiones de la demanda argumentando lo siguiente:

21. Frente al cargo de falta de competencia, sostuvo que el FOSYGA es una
cuenta adscrita al Ministerio de la Protección Social, y que conforme al Decreto 1283
de 2002, la dirección y control integral de dicho fondo está a cargo del Ministerio,
quien garantiza el adecuado cumplimiento de sus objetivos. Por lo tanto, al expedir
la Resolución 3754 de 2008, el Ministerio únicamente hizo uso de su facultad de
expedir normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las EPS, conforme
al numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, regulando el procedimiento de
recobro ante el FOSYGA.

9 Índice 00062 de SAMAI. Archivos: ED_C02_10AUTO ADMITE INADMITE - ADMITE
DEMANDA(.pdf) y ED_C04_10AUTO ADMITE INADMITE - ADMITE DEMANDA(.pdf),
respectivamente.

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

22. Frente al cargo de desequilibrio financiero, explicó el contexto normativo que
originó la norma demandada. Señaló que bajo la vigencia de la Resolución 3797 de
2004, existía un incentivo perverso para las EPS, pues aquellas que negaban
medicamentos No POS y eran condenadas por tutela podían recobrar el 100% del
valor, mientras que las que los autorizaban directamente solo podían recobrar el
50%. Situación que la propia Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008
identificó como un obstáculo al acceso a los servicios de salud. Indicó que la
Resolución 3754 de 2008 buscó corregir ese desequilibrio, reconociendo el 85% del
valor facturado cuando el CTC niega el servicio por razones médico-científicas
debidamente sustentadas y el juez de tutela ordena su prestación10.

2.1.2. Proceso con radicado 2009 00076:

23. El Ministerio de la Protección Social contestó la demanda en términos
sustancialmente idénticos a los expuestos en el proceso identificado con el radicado
2008 00434, reiterando los argumentos sobre su competencia para regular el
procedimiento de recobro ante el FOSYGA con fundamento en el artículo 173 de la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1283 de 2002, y sobre la finalidad correctiva del
porcentaje del 85% frente al incentivo perverso que existía en la regulación anterior.

24. Adicionalmente, hizo referencia a las sentencias del 4 de septiembre de 2008
y del 18 de junio de 2009, mediante las cuales esta Sección había declarado la
nulidad de apartes similares de las Resoluciones 2312 de 1998, 2948 y 2949 de
2003, por falta de competencia para fijar porcentajes de reconocimiento de
recobros. No obstante, insistió en que la norma demandada tenía un fundamento
jurídico distinto y una finalidad diferente a las disposiciones anuladas en esos
precedentes11.

2.1.3. Proceso con radicado 2009 00078:

10 Índice 00062 de SAMAI. Archivo: ED_C01_15CONTESTACION DE LA DEMANDA(.pdf).
11 Índice 00062 de SAMAI. Archivo: ED_C02_34CONTESTACION DE LA DEMANDA(.pdf)

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

25. El Ministerio de Salud y Protección Social contestó la demanda en
términos similares a los expuestos en los procesos anteriores, reiterando su
competencia con fundamento en el artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y la finalidad
correctiva del 85% frente al incentivo perverso que existía en la regulación anterior,
así como la referencia expresa a las sentencias que habían declarado nulidades de
resoluciones similares.

26. No obstante, esta contestación presenta dos elementos adicionales que la
diferencian de las anteriores:

27. Trajo a colación la sentencia del 29 de abril de 2010 de esta Sección,
proferida dentro del proceso 2006 00375, en la que se analizó la legalidad del
artículo 25 de la Resolución 2933 de 2006, para sostener que la relación entre las
EPS y el Estado no es de carácter contractual sino legal y reglamentaria y que por
tanto no resulta procedente hablar de equilibrio económico del contrato, sino del
principio de confianza legítima como límite a los cambios regulatorios.

28. Argumentó que la norma demandada es proporcional y razonable y está
dirigida a garantizar el equilibrio financiero del sistema, con fundamento en el
carácter progresivo y prestacional del derecho a la seguridad social reconocido por
la Corte Constitucional en la sentencia C-1165 de 2000 y en la facultad de
intervención del Estado en la actividad de las EPS prevista en los artículos 333 y
334 de la Constitución Política12.

2.2. Intervención de tercero coadyuvante

29. En escrito presentado el 13 de abril de 2009, la sociedad Servicio
Occidental de Salud EPS S.O.S. S.A., actuando a través de apoderado judicial,
solicitó ser reconocida como tercera coadyuvante de la parte demandante en el
proceso 2008 00434, con fundamento en el artículo 146 del Código Contencioso
Administrativo, manifestando su interés en coadyuvar la demanda por cuanto la

12 Índice 00062 de SAMAI. Archivo: ED_C04_40CONTESTACION DE LA DEMNADA(.pdf).

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Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

norma acusada afecta la viabilidad financiera del sistema de seguridad social en
salud del cual hacen parte las EPS.

30. Sostuvo que la facultad y competencia legal para determinar los criterios de
utilización y distribución de los recursos del FOSYGA corresponde exclusivamente
al CNSSS en su calidad de Consejo Administrador del Fondo, conforme al numeral
12 del artículo 172 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto 1283 de 1996 y que al fijar el
porcentaje del 85% mediante resolución, el Ministerio ejerció una competencia que
no le correspondía, razón por la cual el aparte demandado está llamado a la
nulidad13.

31. Mediante auto del 3 de diciembre de 2009, el Despacho Sustanciador
admitió la coadyuvancia14.

2.3. Alegatos de conclusión

32. En auto del 22 de noviembre de 2024, el Consejero Sustanciador corrió
traslado común a las partes e intervinientes para que presentaran sus alegatos de
conclusión e informó al Agente del Ministerio Público que antes del vencimiento de
dicho término, podría solicitar traslado especial15.

33. Dentro del término señalado, únicamente Sura EPS presentó alegatos de
conclusión, en los que reiteró los cargos de la demanda, destacando: (i) la falta de
competencia del Ministerio de la Protección Social para fijar el porcentaje del 85%,
por cuanto el artículo 173 de la Ley 100 de 1993 no le confiere tal facultad, la cual
radica exclusivamente en el CNSSS; (ii) que la norma demandada no es de
naturaleza administrativa sino que crea obligaciones de carácter legal sin sustento
en norma superior; (iii) que constituye una modificación al POS y un
desconocimiento de la estructura financiera del sistema y (iv) que está falsamente

13 Índice 00062 de SAMAI. ED_C01_10SOLICITUD DE COADYUVANCIA A LA DEMANDA CON

SUS ANEXOS.
14 Índice 00062 de SAMAI. ED_C01_18AUTO QUE RESUELVE COADYUVANCIA - ADMITE

COADYUVANCIA
15 Índice 00094 de SAMAI.

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motivada, pues las órdenes de la Corte Constitucional invocadas en los
considerandos de la Resolución 3754 de 2008 no guardan relación de medio a fin
con la norma impugnada16.

34. Las demás partes e intervinientes no presentaron alegatos de conclusión ni
concepto de fondo dentro del término señalado.

2.4. Concepto del Ministerio Público

35. El representante del Ministerio Público no presentó escrito de intervención.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia de la Sala

36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo
13 del Acuerdo 80 de 2019 17 , la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

37. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala
a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

3.2. Del cargo de falta de competencia

38. La Sala deberá estudiar si es nulo por falta de competencia, el acto
administrativo expedido por el Ministerio de la Protección Social mediante el cual se
fijó en el 85% el monto a reconocer y pagar por el FOSYGA por concepto de
medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud No POS ordenados por
fallos de tutela cuando el CTC los había negado previamente por razones médico-
científicas, si a juicio de los demandantes dicha facultad estaba reservada

16 Índice 00100 de SAMAI.
17 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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exclusivamente al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en su calidad de
administrador del FOSYGA.

39. Lo anterior lleva a esta Sala a efectuar un estudio sobre el marco normativo
de los organismos encargados de regular la distribución de los recursos del
FOSYGA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud para la fecha en que
se expidió el acto demandado.

40. El artículo 121 de la Constitución Política establece que ninguna autoridad
del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución
y la Ley.

41. El artículo 170 de la Ley 100 de 1993 dispone que el Sistema General de
Seguridad Social en Salud está bajo la orientación y regulación del Presidente de la
República y del Ministerio de Salud:

«Artículo 170. Dirección del Sistema. El Sistema General de Seguridad
Social en Salud está bajo la orientación, regulación, supervisión, vigilancia y
control del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud y atenderá las políticas,
planes, programas y prioridades del Gobierno en la lucha contra las
enfermedades y en el mantenimiento y educación, información y fomento de la
salud y la salud de conformidad con el plan de desarrollo económico y social y
los planes territoriales de que tratan los artículos 13 y 14 de la Ley 60 de 1993.»

42. El artículo 172 de la Ley 100 de 1993 establece las funciones del CNSSS:

«Artículo 172. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes
funciones:

1. Definir el Plan Obligatorio de Salud para los afiliados según las normas de
los regímenes contributivo y subsidiado, de acuerdo con los criterios del capítulo
tercero del primer título de este libro.

2. Definir el monto de la cotización de los afiliados del Sistema, dentro de los
límites previstos en el artículo 204 de esta Ley.

3. Definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación según lo dispuesto en el
artículo 182 del presente libro.

4. Definir el valor por beneficiario del régimen de subsidios en salud.

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5. Definir los medicamentos esenciales y genéricos que harán parte del Plan
Obligatorio de Salud.

6. Definir los criterios generales de selección de los beneficiarios del régimen
subsidiado de salud por parte de las entidades territoriales, dando la debida
prioridad a los grupos pobres y vulnerables y de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 60 de 1993.

7. Definir el régimen de pagos compartidos de que tratan el numeral 3 del
artículo 160 y los artículos 164 y 187 de la presente Ley.

8. Definir el régimen que deberán aplicar las entidades promotoras de salud
para el reconocimiento y pago de las incapacidades originadas en enfermedad
general y de las licencias de maternidad a los afiliados según las normas del
régimen contributivo.

9. Definir las medidas necesarias para evitar la selección adversa de usuarios
por parte de las entidades promotoras de salud y una distribución inequitativa
de los costos de la atención de los distintos tipos de riesgo.

10. Recomendar el régimen y los criterios que debe adoptar el Gobierno
Nacional para establecer las tarifas de los servicios prestados por las entidades
hospitalarias en los casos de riesgos catastróficos, accidentes de tránsito y
atención inicial de urgencias.

11. Reglamentar los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud.

12. Ejercer las funciones de Consejo de Administración del Fondo de
Solidaridad y Garantía.

13. Presentar ante las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, un informe
anual sobre la evolución del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
14. Adoptar su propio reglamento.

15. Las demás que le sean asignadas por Ley o que sean necesarias para el
adecuado funcionamiento del Consejo.

Parágrafo 1. Las decisiones anteriores que tengan implicaciones fiscales y
sobre la calidad del servicio público de salud requerirán el concepto favorable
del Ministro de Salud.

Parágrafo 2. El valor de pagos compartidos y de la Unidad de Pago por
Capitación, UPC, serán revisados por lo menos una vez por año, antes de iniciar
la siguiente vigencia fiscal. En caso de que no se haya revisado la UPC al
comenzar el año, ésta se ajustara en forma automática en una proporción igual
al incremento porcentual del salario mínimo aprobado por el Gobierno Nacional
el año inmediatamente anterior.

Parágrafo 3. Las definiciones de que tratan los numerales 1, 4, 5, 7 y 11 del
presente artículo deberán ser adoptadas por el Gobierno Nacional.»

43. El artículo 173 de la Ley 100 de 1993 establece las funciones del Ministerio
de Salud:

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«Artículo 173. De las funciones del Ministerio de Salud. Son funciones del
Ministerio de Salud además de las consagradas en las disposiciones legales
vigentes, especialmente en la Ley 10 de 1990, el Decreto-Ley 2164 de 1992 y
la Ley 60 de 1993, las siguientes:

1. Formular y adoptar, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, las políticas, estrategias, programas y proyectos para el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los planes y programas
de desarrollo económico, social y ambiental que apruebe el Congreso de la
República.

2. Dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control
de los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las
Entidades Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las
direcciones seccionales, distritales y locales de salud.

3. Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las
Entidades Promotoras de Salud, por las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las
direcciones seccionales, distritales y locales de salud.

4. Formular y aplicar los criterios de evaluación de la eficiencia en la gestión de
las Entidades Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Salud
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones
seccionales, distritales y locales de salud.

5. Elaborar los estudios y propuestas que requiera el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud en el ejercicio de sus funciones.

6. Ejercer la adecuada supervisión, vigilancia y control de todas las entidades
comprendidas en los literales b) a h) del artículo 181 de la presente Ley y de las
direcciones seccional, distrital y local de salud, excepto la Superintendencia
Nacional de Salud.

7. El Ministerio de Salud reglamentará la recolección, transferencia y difusión
de la información en el subsistema al que concurren obligatoriamente todos los
integrantes del Sistema de Seguridad Social de Salud independientemente de
su naturaleza jurídica sin perjuicio de las normas legales que regulan la reserva
y exhibición de los libros de comercio. La inobservancia de este reglamento será
sancionada hasta con la revocatoria de las autorizaciones de funcionamiento.

Parágrafo. Las funciones de que trata el presente artículo sustituyen las que
corresponden al artículo 9 de la Ley 10 de 1990, en los literales a), b), e), j).»

44. El artículo 218 de la misma Ley prevé:

«Artículo 218. Creación y Operación del Fondo. Créase el Fondo de
Solidaridad y Garantía, como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se
manejará por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal
propia, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la

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Contratación de la Administración Pública de que trata el artículo 150 de la
Constitución Política.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinará los criterios de
utilización y distribución de sus recursos» (Subrayas de la Sala).

45. El artículo 6 del Decreto 1283 de 1996 establece que el CNSSS actuará como
Consejo Administrador del FOSYGA y tendrá entre sus funciones la de determinar
los criterios de utilización y distribución de los recursos del Fondo:

«Artículo 6. Consejo Administrador. El Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, CNSSS, actuará como Consejo Administrador del Fosyga y tendrá
las siguientes funciones:

1. Determinar los criterios de utilización y distribución de los recursos del
Fosyga.

2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fosyga presentado a
su consideración por la Dirección General de Gestión Financiera del Ministerio
de Salud y sus modificaciones. Allí se indicarán de forma global los
requerimientos presupuestales por concepto de apoyo técnico, auditoría y
remuneraciones fiduciarias necesarios para garantizar el manejo integral del
Fosyga y se detallarán los ingresos y gastos de cada una de las subcuentas.
3. Aprobar anualmente los criterios de distribución de los excedentes existentes
a 31 de diciembre de cada año, en cada una de las subcuentas del Fosyga, de
conformidad con la ley y con los reglamentos internos.

4. Estudiar los informes sobre el Fosyga que le sean presentados
periódicamente por la Dirección General de Gestión Financiera del Ministerio
de Salud y señalar los correctivos que a su juicio, sean convenientes para su
normal funcionamiento.

5. Estudiar los informes presentados por la Superintendencia Nacional de Salud
y hacer las recomendaciones pertinentes para el adecuado cumplimiento y
desarrollo de los objetivos del Fondo.

6. Determinar los eventos para los cuales el Fosyga organizará fondos de
reaseguramiento o de redistribución de riesgo y los mecanismos necesarios
para su funcionamiento.

7. Aprobar el manual de operaciones del Fosyga.

8. Las demás que le señale la ley y sus reglamentos.»

46. El artículo 14 literal j) de la Ley 1122 de 2007 vigente para la época de
presentación de la demanda, establece que en aquellos casos de enfermedad de
alto costo en los que se soliciten medicamentos no incluidos en el plan de beneficios
del régimen contributivo, las EPS llevarán a consideración del CTC dichos

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requerimientos y que si la EPS no estudia oportunamente tales solicitudes ni las
tramita ante el respectivo Comité y se obliga a la prestación de los mismos mediante
acción de tutela, los costos serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el
FOSYGA.

«Artículo 14. Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta ley
entiéndase por aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero,
la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el
acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de
salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin
perjuicio de la autonomía del usuario. Lo anterior exige que el asegurador
asuma el riesgo transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones
establecidas en los Planes Obligatorios de Salud.

Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de
cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento. Las entidades que a
la vigencia de la presente ley administran el régimen subsidiado se
denominarán en adelante Entidades Promotoras de Salud del Régimen
Subsidiado (EPS). Cumplirán con los requisitos de habilitación y demás que
señala el reglamento.

A partir de la vigencia de la presente ley el Sistema tendrá las siguientes reglas
adicionales para su operación:

[…]

j) En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten
medicamentos no incluidos en el plan de beneficios del régimen contributivo,
las EPS llevarán a consideración del Comité Técnico Científico dichos
requerimientos. Si la EPS no estudia oportunamente tales solicitudes ni las
tramita ante el respectivo Comité y se obliga a la prestación de los mismos
mediante acción de tutela, los costos serán cubiertos por partes iguales entre
las EPS y el Fosyga. El Ministerio de la Protección Social reglamentará el
presente artículo, dentro de los seis (6) meses posteriores a la entrada en
vigencia de la presente ley. En todo caso, cuando el Fosyga haga el
reconocimiento, el pago se hará sobre la base de las tarifas mínimas definidas
por la Comisión de Regulación en Salud; […]»

47. Del análisis del aparte demandado y de cara a la normativa aplicable, se
verifica que este no regula el procedimiento para presentar solicitudes de recobro,
ni establece términos, requisitos o causales de rechazo o devolución. Lo que hace
es fijar en el 85% el monto que el FOSYGA reconocerá y pagará a las EPS en un
supuesto específico: cuando el CTC haya negado el servicio o medicamento por
razones médico-científicas debidamente sustentadas y el juez de tutela haya
ordenado su prestación.

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48. Tal competencia está expresamente atribuida al CNSSS, quien debe
determinar el monto o porcentaje del recobro, esto es, cuánto reconocerá y pagará
el FOSYGA a las EPS por los servicios y medicamentos No POS que estas hayan
garantizado.

49. Conviene precisar que el supuesto de hecho regulado por el inciso final del
literal d) del artículo 9 de la Resolución 003754 de 2008 es distinto al contemplado
en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007. Esta última disposición regula
un escenario en el que la EPS no estudia oportunamente la solicitud del afiliado ni
la tramita ante el respectivo CTC y como consecuencia de esa omisión se obliga a
la prestación del servicio o medicamento mediante acción de tutela; en ese caso,
los costos se cubren por partes iguales entre la EPS y el FOSYGA.

50. En cambio, la norma demandada regula un supuesto completamente
diferente: aquel en el que el CTC estudió la solicitud y la negó con base en razones
médico-científicas debidamente sustentadas y pese a ello el Juez de tutela ordenó
la prestación. En este caso, el Ministerio dispuso que el FOSYGA solo reconocería
el 85% del valor, dejando el 15% restante a cargo de la EPS sin respaldo en norma
legal alguna que así lo dispusiera. Se trata de supuestos de hecho distintos, por lo
que la Ley 1122 de 2007 no resulta pertinente para justificar la expedición de la
norma demandada.

51. De conformidad con el artículo 218 de la Ley 100 de 1993, el FOSYGA es
una cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se maneja por encargo fiduciario, y
es el CNSSS quien determina los criterios de utilización y distribución de sus
recursos. A su vez, el numeral 12 del artículo 172 ibidem le atribuye al CNSSS la
función de ejercer las funciones de Consejo de Administración del Fondo de
Solidaridad y Garantía.

52. En consecuencia, al fijar el porcentaje del 85% como monto de
reconocimiento de recobros, el Ministerio de la Protección Social adoptó una medida
de distribución de los recursos del FOSYGA que estaba expresamente atribuida por
la Ley a otra entidad, desbordando así su competencia y contraviniendo el artículo

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121 de la Constitución Política, que dispone que ninguna autoridad del Estado podrá
ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la Ley.

53. Es útil destacar que esta Sección se ha pronunciado sobre la competencia
del Ministerio de Salud y Protección Social en varias providencias.

54. En sentencia del 28 de septiembre de 2023 al estudiar la legalidad de las
resoluciones 649 de 22 de febrero de 2010 y 1265 de 13 de abril de 2010 expedidas
por el Ministerio de la Protección Social, por medio de las cuales se estableció el
precio máximo de reconocimiento de recobros para algunos medicamentos, precisó:

«Luego, entonces, el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud
y Protección Social no podía justificar su competencia en lo dispuesto en el
artículo 173 de la ley 100 de 1993 y con ello establecer el precio máximo de
reconocimiento de recobros para algunos medicamentos pues con ello se
abrogó una competencia que está a cargo de la Comisión Nacional de Precios
de Medicamentos, entidad que, por expreso mandato de las citadas normas
contenidas en las Leyes 81 de 1988 y 199 de 1993 tenía competencia para
formular las políticas de regulación de precios de medicamentos, lo cual
comprende, sin asomo de duda, la relativa a establecer el precio máximo de los
medicamentos recobrados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
por el Fondo de Solidaridad y Garantías.

Dicho en otras palabras, el artículo 173 de la Ley 100 de 1993 que faculta al
Ministerio de Salud, entre otras funciones, para “[…] [e]xpedir las normas
administrativas de obligatorio cumplimiento para las Entidades Promotoras de
Salud, por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales,
distritales y locales de salud” no habilitaban a esa cartera ministerial para
establecer el valor máximo de recobros de algunos medicamentos. En ese
sentido, la invocación que hacen las resoluciones acusadas a la citada
disposición normativa no resulta acertada, de ahí que resulte válido afirmar que
el Ministerio de la Protección Social, hoy cartera de salud y protección social se
abrogó una competencia que no tenía […]»18

55. Aunque en el citado fallo se cuestionaba el establecimiento de un precio
máximo absoluto en pesos para medicamentos específicos por nombre comercial,
con fundamento en la incompetencia del Ministerio frente a las facultades de la
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos previstas en el parágrafo del
artículo 245 de la Ley 100 de 1993, las consideraciones allí expuestas resultan
aplicables al presente caso por cuanto en ambos supuestos el Ministerio de la

18 Radicado 11001-0324-000-2010-00280-00, Consejera Ponente Nubia Margoth Peña Garzón,

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Protección Social adoptó una medida que incide directamente en la determinación
del monto a reconocer y pagar por el FOSYGA a las EPS por concepto de servicios
No POS.

56. La sentencia del 28 de septiembre de 2023 proferida dentro del proceso
número 11001 03 24 000 2010 00280 00 contiene un recuento de las reiteraciones
jurisprudenciales sobre las funciones del Ministerio en materia de recobros al
FOSYGA, en el que se precisa que la competencia de esa cartera ministerial con
base en el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993 se orienta de manera
exclusiva a reglamentar los procedimientos y los requisitos administrativos
necesarios para llevar a cabo el recobro de los medicamentos y servicios No POS
por parte de las EPS al FOSYGA, entre otros los requisitos generales para la
presentación de solicitudes de recobro, el término para presentarlas, el término para
estudiar su procedencia y el pago, las causales de rechazo y devolución, y los pagos
por valor diferente al solicitado para concluir que dicha atribución no comprende la
facultad de determinar el monto o porcentaje del recobro, la cual es por disposición
legal y reglamentaria del CNSSS19.

57. En igual sentido, esta Sección en Sentencia del 26 de abril de 2013, proferida
dentro del proceso número 11001 03 24 000 2006 00392 00, con ponencia del
Consejero Guillermo Vargas Ayala, al estudiar la legalidad del inciso final del artículo
25 y del literal b) del artículo 26 de la Resolución 2933 de 2006, que fijaba
porcentajes de reconocimiento y pago por recobros de medicamentos y actividades
No POS ordenados por fallos de tutela, precisó la distinción entre las competencias
del Ministerio y del CNSSS en los siguientes términos:

«De la lectura de esta norma se advierte claramente la adopción de una medida
de distribución de los recursos, en cuanto reconoce y ordena el pago de un
porcentaje a las EPS cuando por virtud de un fallo de tutela se autoriza una
actividad, procedimiento e intervención que se encuentre por fuera del POS.

19 En la providencia en mención la Sala cita y tiene como fundamento de su decisión las providencias

de esta Sección expedidas dentro de los radicados: 2003-00327, Sentencia del 4 de septiembre de
2008, MP Camilo Arciniegas Andrade; 2004-00139 y 2004-00175 (acumulados), Sentencia del 18
de junio de 2009, MP Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, 2004-00340, Sentencia del 18 de junio de
2009, MP Marco Antonio Velilla Moreno, 2005-00112, Sentencia del 8 de julio de 2010, MP María
Claudia Rojas Lasso, 2006-00392 Sentencia del 26 de abril de 2013, MP Guillermo Vargas Ayala.

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11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

De lo anterior se colige entonces, que el Ministerio de Protección Social no era
competente para proferir el acto acusado, en cuanto la función relacionada con
la distribución de los recursos es por disposición legal y reglamentaria del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

6.3.2.2.- En lo que hace al estudio de legalidad por falta de competencia de la
expresión “las pruebas dirigidas a definir el diagnóstico” contenida en el literal
b) del artículo 26 de la Resolución 2933 de 200620, precisa esta Sala que la
misma va dirigida a establecer la distribución de los recursos que el FOSYGA
debe reconocer a las EPS´s cuando un fallo de tutela les ordena a éstas
actividades, procedimientos, intervenciones o elementos no incluidos en los
Planes Obligatorios de Salud – POS.

Así, lo que dispone la norma censurada es que se sume el valor de los
medicamentos que facture el proveedor, el de las pruebas diagnósticas para
atención y seguimiento postoperatorio e intrahospitalario y, adicionalmente el
valor de los procedimientos que se requieran cuando existan complicaciones
relacionadas con el evento. Al producto del anterior guarismo, el acto
administrativo ordena restarle el valor de las pruebas dirigidas a definir el
diagnóstico.

Lo anterior, sin duda, alude a la aplicación del artículo 218 de la Ley 100 de
1993, según el cual sólo el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud –
CNSSS está facultado para determinar los criterios de utilización y distribución
de los recursos que administra, es decir, de los del FOSYGA.

Bajo tales premisas, es claro que el Ministerio desbordó sus competencias al
reglamentar una materia que se encontraba expresamente atribuida por la ley
a otra entidad del poder ejecutivo, y por ello también el cargo de falta de
competencia respecto de este aparte debe prosperar.»21 (Subrayas del texto
original).

58. Habida cuenta de que el inciso final del literal d) del artículo 9 de la Resolución
003754 de 2008 constituye una medida de distribución de los recursos del FOSYGA,
el Ministerio de la Protección Social carecía de competencia para expedirla, pues
dicha facultad estaba expresamente atribuida por el numeral 12 de los artículos 172
y 218 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 6 del Decreto 1283 de 1996 al CNSSS, la
Sala declarará la nulidad de los apartes enjuiciados, razón por la cual no resulta

20 “Artículo 25. Monto a reconocer y pagar por recobro de medicamentos. El monto a reconocer

y pagar por recobro de medicamentos se determinará sobre el precio de compra al proveedor
soportado en la factura de venta de este, de la siguiente forma: (…)
b) Actividades, procedimientos, intervenciones o elementos no incluidos en los Planes Obligatorios
de Salud. En el caso de actividades, procedimientos, intervenciones o elementos no incluidos en los
Planes Obligatorios de Salud, POS, el valor a reconocer y pagar por el Fosyga se liquidará sobre el
valor total facturado por el proveedor, incluyendo las pruebas diagnósticas que se requieran dentro
de la atención o para el seguimiento del tratamiento postoperatorio intrahospitalario del evento,
complicaciones relacionadas exclusivamente con el evento, excluyendo de este pago las pruebas
dirigidas a definir el diagnóstico y la atención inicial de urgencias.” (Resaltado fuera de texto).
21 Consejo de Estado, Sección Primera, decisión del 26 de abril de 2013, Consejero Ponente:

Guillermo Vargas Ayala, Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00392-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

procedente pronunciarse sobre los demás cargos de ilegalidad formulados en la
demanda22.

3.3. De la condena en costas

59. De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, en
consonancia con el artículo 55 de la ley 446 de 1998, la Sala considera que no hay
lugar a imponer condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue
promovido en ejercicio de la acción de nulidad, la cual tiene por objeto la protección
del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al actor es
público y no es otro distinto al de defender la prevalencia del principio de legalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del inciso final del literal d) del artículo 9 de la
Resolución 003754 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social, de
acuerdo con los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta
sentencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

22 Dicha posición ha sido reiterada por esta Sección, entre otras, en las siguientes sentencias: i) de

8 de agosto de 2025, emitida dentro del proceso identificado con radicado 08001 3333 001 2013
00140 01, con ponencia del consejero de Estado Oswaldo Giraldo López; ii) de 17 de julio de 2025,
proferida en el proceso 76001 23 33 000 2016 01349 01, magistrado Ponente: Oswaldo Giraldo
López; 11 de febrero de 2016, emitida en el expediente 11001 03 24 000 2009 00457 00, con
ponencia del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés y; ii) de 21 de septiembre de 2023, proferida
en el proceso 11001 03 24 000 2015 00234 00, emitida por el entonces consejero Hernando Sánchez
Sánchez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Número de radicación: 11001 03 24 000 2008 00434 00 (acumulados
11001 03 24 000 2009 00076 00,
y 11001 03 24 000 2009 00078 00)
Demandante: Marcela Ramírez Sarmiento, EPS Suramericana S.A.,
y Coomeva EPS en liquidación

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

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