Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00234-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00234-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2015-00234-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
21 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 11001032400020150023400
Demandante: Purdue Pharma L.P.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero con interés: Procaps S.A.
Temas: Patentes; recurso de reposición; debido proceso. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Purdue Pharma L.P.
contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de
las resoluciones núms. 66554 de 18 de noviembre de 2013 y 72889 de 1 de diciembre
de 2014.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones
de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Purdue Pharma L.P., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra
la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en
1 Mediante apoderado. Cfr. Folio 2 a 12
2 Cfr. Folios 44 a 67
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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2
Núm. único de radicación: 11001032400020150023400
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare
la nulidad de las resoluciones núms. 66554 de 18 de noviembre de 2013, “Por la cual
se rechaza una división de solicitud”, y 72889 de 1 de diciembre de 2014, “Por la cual
se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria
y Comercio.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada otorgarle la patente de invención denominada “PROCESO PARA
PREPARAR UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA RESISTENTE A LA
EXTRACCIÓN QUE CONTIENE UN ANALGÉSICO OPIOIDE, PARA EVITAR SU
USO ILÍCITO”, y de forma subsidiaria, que se ordene a la Superintendencia de
Industria y Comercio admitir a trámite la solicitud divisional y realizar el
correspondiente examen de forma.
Pretensiones
3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] 2.1. Petición de Nulidad:
Que se decrete la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de
Industria y Comercio:
2.1.1. Resolución Nº 66554 del 18 de noviembre de 2013, mediante la cual, el
Superintendente de Industria y Comercio decidió rechazar la solicitud divisional de
patente tramitada bajo el expediente No. 09- 028553A a nombre de mi representada, la
sociedad PURDUE PHARMA LP
2.1.2. Resolución N° 72889 del 1 de diciembre de 2014, mediante la cual se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por mi representada en contra
de la Resolución N° 66554 del 18 de noviembre de 2013, confirmándola en todas sus
partes y se declaró agotada la via gubernativa.
22. Restablecimiento del derecho:
2.2.1. Restablecimiento Principal:
2.2.1.1 Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio
otorgar la patente a la solicitud divisional de mi representada, la sociedad PURDUE
PHARMA L.P., que se tramitó en el expediente administrativo No. 13-194929 por cuanto
la misma cumple con todos los requisitos de ley.
3 Prevista en el artículo 138 de la ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
4 Cfr. Folios 930 a 931
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Núm. único de radicación: 11001032400020150023400
2.2.1.2. Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la inscripción del Certificado de
registro de patente de la solicitud divisional No. 13-194929 para la invención
denominada "PROCESO PARA PREPARAR UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN
FARMACÉUTICA RESISTENTE A LA EXTRACCIÓN, QUE CONTIENE UN
ANALGESICO OPIOIDE, PARA EVITAR SU USO ILICITO, en el Registro de la
Propiedad Industrial.
2.2.2 Restablecimiento Subsidiario:
En el evento que el Honorable Consejo de Estado no acceda a la anterior petición
principal de restablecimiento del derecho, respetuosamente solicito lo siguiente:
2.2.2.1.Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio admitir a trámite la
solicitud divisional de mi representada que se tramitó en el expediente administrativo
No. 13-194929 por cuanto la misma cumple con los requisitos previstos en la ley para
estos efectos.
2.2.2.2.Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que efectúe el
correspondiente Examen de fondo de la solicitud divisional de patente de mi
representada, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, efectuando los requerimientos que considere, y
otorgándole el término legal respectivo para dar respuesta a tales requerimientos.
2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta
de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”
4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones5:
4.1. Presentó, el 19 de marzo de 2009, ante la parte demandada, la solicitud de
patente de invención denominada “FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA
NO MANIPULABLES QUE INCLUYEN UN ANALGÉSICO OPIOIDE”, a la que se le
otorgó el número de radicado interno 09-28553.
4.2. La referida solicitud se publicó, el 20 de mayo de 2010, en la Gaceta de la
Propiedad Industrial núm. 616, contra la que se presentó oposición por parte de
PROCAPS S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso.
4.3. Presentó, el 2 de enero de 2012, respuesta a la oposición presentada por la
sociedad PROCAPS S.A y un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 59
reivindicaciones.
5 Cfr. Folios 47 a 50
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4.4. La parte demandada, mediante oficio notificado el 25 de septiembre de 2012,
puso en conocimiento de la parte demandante el examen de patentabilidad efectuado,
en que se presentaron objeciones de claridad de las reivindicaciones y afectaciones
al nivel inventivo.
4.5. Presentó, el 31 de enero de 2013: i) respuesta a las observaciones efectuadas
por la parte demandada; ii) nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 56
reivindicaciones; y iii) una solicitud divisional con 164 reivindicaciones a la que se
asignó el radicado núm. 09-028553A.
4.6. La parte demandada, mediante oficio notificado el 9 de abril de 2013, presentó
observaciones, respecto de la solicitud divisional, en relación con la claridad de las
reivindicaciones, se efectúo un análisis de la oposición presentada y se objetó la
patentabilidad por nivel inventivo.
4.7. Presentó el 15 de agosto de 2013: i) respuesta a las observaciones efectuadas
por la parte demandada; ii) nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 30
reivindicaciones; y iii) dos solicitudes divisionales con 15 y 37 reivindicaciones a las
que se les asignó los radicados 13-149919 y 13-194929.
4.8. El Superintendente de Industria y Comercio, dentro del trámite administrativo
núm. 13-194929, mediante la Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 2013,
rechazó la solicitud divisional presentada.
4.9. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 66554 de 18 de
noviembre de 2013.
4.10. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm.
72889 de 1 de diciembre de 2014, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de
confirmar la Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 2013.
Normas violadas
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5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 14, 28, 30, 36 y 45
de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006; y los artículos 6 y 29 de la
Constitución Política de Colombia.
Concepto de la violación
6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así7:
Violación del artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 y del artículo 6 de la
Constitución Política de Colombia
6.1. Indicó que, la parte demandada, con la expedición los actos administrativos
acusados, violó el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 y del artículo 6 de la
Constitución Política de Colombia, en tanto, a su juicio, los únicos motivos para el
rechazo de una solicitud de patente divisional es que se hubiese presentado con
posterioridad a la finalización del trámite o que se ampliara el objeto reivindicado. En
ese sentido, no es una causal de negación el hecho de que existan reivindicaciones
superpuestas, por el contrario, de conformidad con la guía para el examen de patentes
de la parte demandada, debe admitirse y, dentro del análisis, requerir al solicitante
para que eliminara aquellas reivindicaciones superpuestas.
6.2. Manifestó que la parte demandada, al resolver el recurso de reposición
interpuesto dentro del trámite administrativo núm. 13-194929, realizó la comparación
respecto de la solicitud parental, sin tener en cuenta que la misma había sido
modificada y que, en tal sentido, debió tenerse en cuenta lo indicado en la solicitud
parental en los términos que había sido modificada, y no en la forma previa a su
modificación. Asimismo, señaló que, en todo caso, el artículo 36 de la Decisión 486
de 2000 y la guía para examen de solicitudes de patente de invención de la parte
demandada no indican las reivindicaciones superpuestas como una causal de rechazo
de la solicitud divisional.
6.3. Precisó que las diferencias entre la solicitud divisional y la solicitud parental eran
que la solicitud parental no hacía mención alguna a “[…] una composición
6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.
7 Cfr. Folios 54 a 67.
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farmacéutica en la que el agente activo puede aplanarse sin romperse, donde un
espesor del agente activo luego del aplanado corresponde a no más que alrededor de
60% del espesor del agente activo antes del aplanado y donde dicho agente activo
aplanado proporciona una tasa de disolución in vitro, cuando se mide en un Aparato
1 USP (canastillo) a 100 rpm en 900 ml de fluido gástrico simulado sin enzimas (SGF)
a 37°C, donde la cantidad porcentual del agente activo liberado a 0,5 horas de
disolución se desvía no más de alrededor de 20 puntos porcentuales desde la tasa de
disolución in-vitro correspondiente del agente activo no aplanado.[…]”8.
Violación de los artículos 36 y 46 de la Decisión 486 de 2000 y del artículo 29 de
la Constitución Política de Colombia
6.4. Manifestó que, la parte demandada, en lugar de rechazar la solicitud divisional,
al realizar en el examen de fondo debió proponer las objeciones sobre la superposición
de las reivindicaciones y, en consecuencia, darle la oportunidad de corregirlas.
6.5. Señaló que, la parte demandada, al resolver el recurso de reposición
interpuesto, presentó argumentos nuevos. Lo anterior, comoquiera que el rechazo
inicial se había sustentado en la identidad de materia respecto de la solicitud núm. 09-
028553, mientras que, en el recurso, se consideró que la igualdad de materia se
presentaba, respecto de la solicitud núm. 09-028553A y que, en todo caso, no fue sino
en la resolución que resolvió el recurso de reposición que se argumentó por qué se
consideraba que se reivindicaba el mismo objeto, limitando su derecho de defensa.
Violación de los artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486 de 2000
6.6. Manifestó que, a su juicio, la parte demandada violó, por falta de aplicación, los
artículos 14, 28 y 30 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que se no se había hecho
el estudio de fondo de la solicitud de patente divisional y que esta cumplía con todos
los requisitos, referidos en dichos artículos.
Contestación de la demanda
8
Cfr. Folio 57.
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7. La parte demandada9, contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
7.1. Señaló que la primera condición para la procedencia de una solicitud divisional
es que se divida el objeto de la invención. Al respecto, adujo que, en el caso sub
examine, esto no había ocurrido en tanto el objeto reclamado en la solicitud 13-
194929, consistente en un agente activo en forma de un comprimido o multiparticulado
que se encontraba en el objeto reivindicado tanto en la solicitud divisional 09-028553-
A como en la 09-028553.
7.2. Indicó que la materia reclamada en la solicitud divisional núm. 13-194929,
replicaba las señaladas en las solicitudes núms. 09-028553-A y 09-028553 y que los
aspectos que se aducían como diferenciadores consistían en unos resultados a
alcanzar y no en características técnicas.
7.3. Aseveró que no había ninguna variación en la motivación expuesta en los actos
administrativos acusados comoquiera que las reivindicaciones eran las mismas tanto
en la solicitud divisional 09-028553-A como en la 09-028553.
7.4. Por último, manifestó que no violó lo dispuesto en los artículos 14, 28 y 30 de la
Decisión 486 de 2000 comoquiera que, a su juicio, no eran aplicables al caso sub
examine ya que lo que se debatía era si debió o no darse trámite a la solicitud divisional
presentada y no respecto de su patentabilidad.
8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso11, contestó la
demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así:
8.1. Precisó que la solicitud divisional núm. 13-1949929, recogió los errores que se
habían advertido por la parte demandada en el oficio 6120, respecto de la solicitud 09-
028553-A. Ello, en tanto, eran completamente iguales. En este sentido, señaló que no
se había negado la posibilidad de que la parte demandante conociera las objeciones
pues estas se habían planteado previamente y el rechazó había sido fruto de la
9 Mediante apoderado. Cfr. Folios 135-138
10 Cfr. Folios 120-134
11 Mediante apoderado. Cfr. Folios 135-138
12 Cfr. Folios 120-134
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desatención de las objeciones que se habían presentado en las solicitudes parentales,
especialmente en el oficio 6120.
Audiencia inicial
9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 16 de septiembre de 201913,
convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia
inicial realizada el 23 de septiembre de 201914, declaró saneado el proceso; resolvió
sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 y, de
oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó
el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida
la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas;
prescindió de la audiencia de pruebas; suspendió el proceso para solicitar al Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la
Decisión 486 de 2000; y realizó el respectivo control de legalidad.
Interpretación Prejudicial
10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de octubre de 201015, ordenó
a la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación remitir, vía electrónica, al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la solicitud de interpretación prejudicial
de las normas de la Decisión 486 de 2000.
11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación
prejudicial 557-IP-2019 de 11 de diciembre de 202016, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró:
“[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14. 28, 30,
36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se
interpretará el Articulo 36 de la Decisión antes mencionada por ser pertinente. […]”17.
12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria que a su juicio son aplicables.
Reanudación del proceso y alegatos de conclusión
13 Cfr. Folios 240-241
14 Cfr. Folios 252-265
15 Cfr. Folios 268 y 269
16 Cfr. Folios 282-286.
17 Cfr. Folio 283.
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13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial,
mediante auto de 6 de marzo de 202318: i) reanudó el proceso; ii) prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento; y iii) corrió traslado a las partes e
intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le
informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la oportunidad para alegar,
podría presentar el concepto, si a bien lo tiene.
14. Durante el término legal, las partes demandantes19 y demandada20, y el tercero
con interés directo en el resultado del proceso21 reiteraron en esencia los argumentos
expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda.
15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema
jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el
marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 557-IP-2019 de 11 de diciembre
de 2020; vii) el marco normativo sobre las solicitudes de patente divisionales; y ix) el
análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13
del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre
las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.
18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir
el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.
18 Cfr. Índice 60 del aplicativo SAMAI
19 Cfr. Índice 67 del aplicativo SAMAI
20 Cfr. Índice 69 del aplicativo SAMAI
21 Cfr. Índice 68 del aplicativo SAMAI
22 Mediante cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Los actos administrativos acusados
19. Los actos administrativos acusados son los siguientes:
19.1. La Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 201323, mediante la cual el
Superintendente de Industria y Comercio rechazó una solicitud de patente divisional.
19.2. La Resolución núm. 72889 de 1 de diciembre de 201424, mediante la cual el
Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado
por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 66554 de 18
de noviembre de 2013.
El problema jurídico
20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la
misma presentada por la parte demandada y en la Interpretación Prejudicial,
determinar:
20.1. Si las resoluciones núms. 66554 de 18 de noviembre de 2013 y 72889 de 1 de
diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante las cuales se rechazó la solicitud divisional de la patente de invención
titulada “PROCESO PARA PREPARAR UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN
FARMACÉUTICA RESISTENTE A LA EXTRACCIÓN QUE CONTIENE UN
ANÁLGESICO OPIOIDE, PARA EVITAR SU USO ILÍCITO”, vulneran los artículos 14,
28, 30, 36 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y los artículos 6,
29 y 61 de la Constitución Política, y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no
a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del
derecho solicitado.
20.2. En este sentido, se analizará, si la solicitud divisional con radicado núm. 13-
194929, presentada por la parte demandante, cumplió con los requisitos previstos en
la normativa comunitaria andina para ser tramitada como tal y, en ese sentido, si debió
ser aceptada para su examen; en caso afirmativo, si la solicitud divisional debió tener
un trámite que le permitiera a la parte demandante conocer las objeciones, corregir
los errores y, en general, desarrollar las etapas de una solicitud de patente; y
23 Cfr. Folio 16.
24 Cfr. Folios 17-27.
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20.3. Si de conformidad con el procedimiento aplicable a una solicitud divisional,
resultaba procedente el rechazo directo de la misma o si con tal decisión se vulneró
el debido proceso de la parte demandante.
21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la
interpretación prejudicial 557-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020 en la que interpretó
el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, y se abstuvo de interpretar los artículos 1,
28, 30 y 45 ibidem.
22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados, y acceder al restablecimiento del
derecho solicitado.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial
23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha
producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional
de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena 25, la
cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino.
25 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
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Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la
Decisión 486 de 200026 de la Comisión de la Comunidad Andina27.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina28
24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29.
25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los
Estados Miembros.
26 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de
decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo
27 estableció la obligación de adoptar un “Régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre
otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena
expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era
necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de
lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene
el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes
de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo
119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994,
en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el
campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba
y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus
Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento
para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de
las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
27 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su
voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico
comunitario andino.
28 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el
Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de
13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que
creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor
para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
29 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,
aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.
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26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar
su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.
27. Asimismo, dispone en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del
Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.
28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia
no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el
procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación
del Tribunal […]”.
29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos
de la interpretación solicitada […]”.
30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 577-IP-2019 de 11 de diciembre 2020
31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial
proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso30:
“[…]1.2. Este Tribunal ha señalado que la solicitud fraccionaria, regulada en el
Artículo 36 de la Decisión 486, tiene las siguientes características:
30 Cfr. Folios 282-286
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a) Concepto: La solicitud fraccionaria es aquella solicitud que se desprende de otra ya
presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente
radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos.
b) Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las
tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud
de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional
pertinente.
c) Limitaciones: Solo se puede fraccionar la solicitud Inicial si no se genera una
ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial. Si existiera
una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud
fraccionaria, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse
de la fecha de presentación inicial.
d) Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la
solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud
inicial. Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar
claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes
fraccionarias.
e) Clases: Se podrían diferenciar dos clases de solicitudes fraccionarias, dependiendo
de quién lo solicita: i) A iniciativa del solicitante, es aquella que nace de la propia decisión
del solicitante, por su conveniencia decide fraccionar la solicitud; y, ii) A iniciativa de la
oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se
cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite
solicitar que se presente una solicitud fraccionaria.
f) Oportunidad: La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede
presentar en cualquier momento del trámite de patente hasta antes que se emita la
Resolución que deje firme el mismo. Esto quiere decir que mientras no sea firme el acto
administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario pueda presentar su
solicitud fraccionaria a fin de que la oficina competente le brinde el trámite
correspondiente y pueda tramitaría. Si se presenta en el término para interponer
recursos, es decir cuando el trámite no había concluido, la solicitud fue presentada
oportunamente. Es importante diferenciar la solicitud fraccionaria del recurso respectivo.
En caso de que la solicitud fraccionaria se haya presentado cuando el acto
administrativo ha quedado firme, dicha solicitud será tramitada de forma independiente.
1.3. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud divisional pretendida
dentro del proceso interno fue presentada de conformidad con lo expresado en los
párrafos precedentes. […]”.
Marco normativo sobre las solicitudes de patente divisionales
32. Visto el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, el solicitante de una patente podrá
dividir la solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, en cualquier momento del
trámite y, en tanto, dicha división no represente una ampliación de la protección que
correspondería a la solicitud inicial.
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33. Adicionalmente dicha división podrá ser requerida por la autoridad competente
cuando la invención que se pretende registrar no cuente con el requisito de unidad de
invención.
Análisis del caso concreto
34. De conformidad con el marco normativo desarrollado supra y atendiendo a los
argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo
en el resultado del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico
planteado supra.
35. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con
fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en relación con el debido proceso y el trámite de las solicitudes
divisionales.
36. La Sala advierte que, la parte demandante, en el escrito de demanda, manifestó
que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados,
violó lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, sobre el
debido proceso, en tanto, por un lado, se había afectado su derecho de defensa
comoquiera que la motivación expuesta en la Resolución núm. 665554 de 18 de
noviembre de 2013, “Por la cual se rechaza una división de solicitud”, se fundamentó
en la identidad entre las reivindicaciones de la solicitud inicial núm. 09-028553,
mientras que la Resolución núm. 72889 de 1 de diciembre de 2014, “Por la cual se
resuelve un recurso de reposición”, se sustentó en la identidad de la materia
reclamada respecto de la solicitud núm. 09-028553-A y 09-028553-A-6. Y, por el otro,
a su juicio, ante la presencia de reivindicaciones superpuestas entre la solicitud
parental y la divisional, la parte demandada debió haberse pronunciado en el examen
de fondo y haberle dado la oportunidad de corregirlas.
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37. Esta Sala, en relación con el derecho al debido proceso, en sentencia de 23 de
junio de 202331, reiteró lo considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-
119 de 201632 y, en ese sentido, consideró que:
“[…] El derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y
adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a todos aquellos
actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones
como establecer prerrogativas. Si bien la preservación de los intereses de la
administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un
mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada
caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas
con los derechos fundamentales de los asociados.
La Corte Constitucional, desde la Sentencia T-442 de 1992, desarrolló ampliamente la
esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo, al señalar que éste
se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos
administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar
la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales.
De esa manera, el debido proceso cobija todas las manifestaciones de la administración,
en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los
particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad
administrativa debe desarrollar.
Conforme a lo anterior, las actuaciones administrativas deben adelantarse conforme a
las reglas previstas en la ley o reglamentos, garantizándose el debido proceso,
obviamente, a quien dentro de lo reglado de una u otra forma se ha hecho partícipe en
la actuación, o que queriéndolo hacer en debida forma, la administración no se lo
permita injustificadamente. Por tanto, a quien no se le adelanta un proceso ni se hace
parte de él o sus resultados no lo involucran, le resulta impropio concluir que se le puede
violentar el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución […]”
38. De igual forma, esta Sala, en la sentencia citada supra, reiteró lo considerado en
sentencia T-324 de 201533, proferida por la Corte Constitucional, en la cual se
consideró que:
“[…] 22. En el campo específico de los procedimientos administrativos, la Corte ha
explicado que las garantías que integran el derecho son, entre otras “i) el derecho a
conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en
debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto
de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se
presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a
ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen por la parte contraria; x) a que se resuelva en forma
motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los
actos que se expidan con vulneración del debido proceso.[…]”
31 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023;
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00.
32 Corte Constitucional; Sentencia de 7 de marzo de 2016; M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; expediente T-
5.204.534.
33 Corte Constitucional; Sentencia de 25 de mayo de 2015; M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA; expediente
T-4664494.
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39. En este sentido, esta Sala, en Sentencia de 31 de mayo de 201834, siguiendo el
criterio reiterado de la Sección35, consideró que realizar un cambio en la motivación
expuesta en los actos administrativos expedidos al momento de resolver los recursos
interpuestos, implicaba una afectación al debido proceso, comoquiera que
imposibilitaba que el administrado fuera escuchado en el trámite del procedimiento
administrativo y, en consecuencia, que ejerciera su derecho de defensa y
contradicción, así como de presentar pruebas e impugnar la decisión adoptada. En
ese sentido esta Sala consideró que:
“[…] II.3.2.4.11.- Resulta claro que la autoridad administrativa, tras constatar que se
había cancelado el registro de la marca opositora, invocó una nueva marca,
«MANIA» (nominativa), con certificado de registro 262.611, la cual fue el sustento
de la autoridad administrativa para negar el registro de la marca «MAYO MANIA»
(nominativa), cuya solicitud de registro fue presentada el día 17 de marzo de 2000,
conforme se acredita con la certificación expedida por la Superintendencia de
Industria y Comercio que reposa al folio 212 del cuaderno principal, esto es, con
posterioridad a la solicitud presentada por la sociedad BESTFOOD para registrar la
marca «MAYO MANIA» (nominativa), que corresponde al día 29 de octubre de
1998.
II.3.2.4.12.- Con dicho comportamiento, la Superintendencia de Industria y
Comercio, negó la posibilidad a la precitada sociedad de ser oída en el trámite del
procedimiento administrativo, así como el ejercicio de los derechos de defensa y
contradicción y la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión
adoptada, en la medida en que, frente a la nueva situación planteada por la
administración, se negó cualquier tipo de controversia, violándose el debido proceso
de la sociedad precitada, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, como el
principio de contradicción establecido en el artículo 3° del CCA, que indica que «[…]
los interesados tendrán la oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones
por los medios legales […]», máxime cuando se puede evidenciar que se invocó,
oficiosamente, como marca opositora, un signo distintivo cuya solicitud de registro
fue presentada con posterioridad a la marca aquí cuestionada, lo cual resulta
contrario a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, tal y como
fueron interpretadas en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2012, rendida para este
proceso, por lo que el cargo tiene vocación de prosperidad. […]”
40. En este mismo sentido, esta Sala reiteró, en sentencia de 23 de junio de 202336,
que:
“[…] De lo anterior, se observa que al resolverse el último recurso interpuesto la
autoridad demandada desestimó los fundamentos tenidos en cuenta en la instancia
anterior para denegar el registro del signo cuestionado, en la que se había
argumentado que las palabras que conformaban el mismo eran descriptivas y que no
le otorgaban distintividad alguna para ser registrado como marca, por lo que se
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia de 31 de mayo de 2018.
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación 2003-00523-00.
35 Criterio que ya había sido fijado respectivamente por la sala en sentencias de 9 de marzo de 2006 y 1°. de
febrero de 2018, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2001-00061-01 y 2009-00599-
00, C.P. María Claudia Rojas Lasso y C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
36 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023;
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00155-00.
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Núm. único de radicación: 11001032400020150023400
encuadraba en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal e), de la Decisión
486.
Asimismo, de manera contraria a lo sostenido en la primera instancia, señaló que el
análisis debía recaer sobre la integridad de la expresión cuestionada sin separar sus
elementos, pues estos le conferían distintividad, lo que significaba que “[…] no era
exclusivamente descriptiva […]” y que se configuraba la causal de irregistrabilidad
contenida en el artículo 136, literal a), ibidem, al encontrar de oficio el signo solicitado
similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada
“PORCELANATO”, de propiedad de COLCERÁMICA S.A.; y que, además, entre los
productos que distinguían existía conexidad competitiva.
Así las cosas, para la Sala es claro que la SIC negó la posibilidad a la parte actora de
ser oída en el trámite del procedimiento administrativo, así como de ejercer su derecho
de defensa y el principio de contradicción y de presentar pruebas e impugnar la
decisión adoptada. […]”
41. Ahora bien, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la parte demandada al
expedir la Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 2013, “por la cual se rechaza
una división de solicitud”, señaló que:
“[…] CUARTO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta 13-194929-
00000-0000 no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma
materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental
radicado bajo el N° 09- 028553-00000-0000 del 19 de marzo de 2009, por lo que no
requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto
inventivo diferente al estudiado.
QUINTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división
de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.
En virtud de lo expuesto, se
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de la solicitud propuesta 13-194929-
00000-0000 con relación a la solicitud N° 09-028553-A-00005-0000 por las razones
expuestas en la parte considerativa. […]”37
42. Ahora bien, al momento de resolver el recurso de reposición interpuesto por la
parte demandante contra la resolución citada supra, la parte demandada argumentó
que:
“[…] Teniendo en cuenta que la solicitud correspondiente al expediente 13-194929
corresponde a una solicitud divisional del expediente 09-028553-A, y que este último
expediente es una divisional del expediente 09-028553, se realizó un análisis de
diferentes capítulos reivindicatorios presentados y estudiados en los respectivos
expedientes.
Al realizar la comparación con la solicitud 09-028553 se encuentra que efectivamente
la materia reclamada en la solicitud divisional 13-0194929 se encuentra comprendida
37 Cfr. Folio 16.
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Núm. único de radicación: 11001032400020150023400
en el capítulo reivindicatorio 09-028553-00000-0000, sin embargo, el capítulo que fue
objeto de estudio mediante Oficio N° 16676 fue el radicado bajo el N° 09-028553
00009-0000 y el capítulo reivindicatorio que fue objeto de negación mediante a
resolución Nº 15222 presentado mediante radicado N° 09-028553-00012-0000
reclamaban un proceso para preparar una forma de dosificación farmacéutica oral
mientras que la presente solicitud divisional reclama una forma de dosificación
farmacéutica sólida, por lo tanto se trata de materia diferente.
Ahora bien, comparando la materia reclamada en la presente solicitud divisional con
solicitud 09-028553-A se evidencia que, la materia de la presente solicitud se
encuentra comprendida en la materia que fue objeto de estudio mediante Oficio N°
6120 del 09 de abril de 2013, y que si bien la redacción y el número de reivindicaciones
difieren del capítulo reivindicatorio que fue objeto de negación mediante la resolución
N° 66191 del 18 de noviembre de 2013, la materia no difiere en cuanto a sus
características técnicas esenciales. Para mayor claridad a continuación se comparan
las reivindicaciones radicadas bajo el N° 13-194929-00000-0000 con la materia
comprendida en la solicitud divisional en los radicados N° 09-028553-A-00000- 0000
y N° 09-028553-A-00006-0000. […]”38
43. Atendiendo a la motivación de los actos acusados transcrita supra, la Sala
considera que: i) el fundamento para rechazar la solicitud divisional se sustentó en la
coincidencia de la materia reivindicada en ella, respecto de la materia reivindicada en
la solicitud núm. 09- 028553-00000-0000 de 19 de marzo de 2009; ii) al expedir la
Resolución núm. 72889 de 1 de diciembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso
de reposición”, la parte demandada indicó que no había identidad entre la materia
reivindicada en la solicitud divisional y aquella reivindicada en la solicitud 09- 028553-
00000-0000; y iii) se tuvo en cuenta la similitud de la solicitud divisional con las
reivindicaciones obrantes en los radicados núms. 09-028553-A-00000-0000 y 09-
028553-A-00006-0000, argumentos que no habían sido expuestos en la motivación
de la Resolución núm. 66554 de 18 de noviembre de 2013, “Por la cual se rechaza
una división de solicitud”.
44. Así las cosas, la Sala, siguiendo los criterios jurisprudenciales desarrollados
supra, considera que, comoquiera que la parte demandada expuso argumentos
nuevos al momento de resolver el recurso de reposición interpuesto dentro del
procedimiento administrativo, vulneró el derecho a la parte demandante de ser oída
dentro del mismo, así como la posibilidad de presentar pruebas e impugnar la decisión
adoptada, por lo que, vulneró el derecho de defensa y contradicción de la parte
demandante y, en consecuencia, vulneró el derecho previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia.
38 Cfr. Folios 17 y 18
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45. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala declarará la nulidad de los actos
administrativos acusados y se abstendrá de pronunciarse en relación con los
problemas jurídicos expresados supra, respecto de si la solicitud divisional de patente
de invención cumplía o no con los requisitos para ser tramitada y si debió ser
rechazada de forma automática o se debió dar un trámite que le permitiera
pronunciarse sobre las objeciones que planteara la Superintendencia de Industria y
comercio.
Sobre el restablecimiento del derecho
46. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho que se
ordenara a la parte demandante “[…] otorgar la patente a la solicitud divisional […]”.
Al respecto, la Sala considera que es a la oficina nacional a la que corresponde
efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la modificación de la
solicitud de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial
y, asimismo, determinar si la modificación de la solicitud cumple o no con los requisitos
de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino.
47. De igual forma, la parte demandante solicitó que se ordene a la parte demandada
“[…] admitir a trámite la solicitud divisional de mi representada que se tramitó en el
expediente administrativo No. 13-194929 […]”. Al respecto, la Sala considera que le
corresponde a la parte demandada, en su calidad de oficina nacional de la Propiedad
Industrial, proceder a llevar a cabo el estudio sobre la admisión a trámite o no de la
solicitud patente divisional.
48. Por lo expuesto anteriormente, a título de restablecimiento del derecho, se
ordenará a la parte demandada que proceda a llevar a cabo el estudio sobre la
procedencia o no del trámite la solicitud divisional con radicado núm. 13-194929.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
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Núm. único de radicación: 11001032400020150023400
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 66554 de 18 de
noviembre de 2013, “Por la cual se rechaza una división de solicitud”, y 72889 de 1 de
diciembre de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por
el Superintendente de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la
Superintendencia de Industria y Comercio proceda a llevar a cabo el estudio sobre la
procedencia o no del trámite la solicitud divisional con radicado núm. 13-194929, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente de la referencia, dejando
las correspondientes anotaciones de ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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