Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00222-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2017-00222-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2017-00222-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
Demandado: Ministerio de Transporte
Tema: Se analiza la legalidad de la Circular 20171060114621
del 31 de marzo de 2017 expedida por el viceministro de
transporte. Titularidad de la potestad reglamentaria.
Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por el señor
Cristian Camilo Moreno Mahecha en contra de la Circular 20171060114621 del 31
de marzo de 20171, expedida por el viceministro de transporte.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda2
I.1.1. Las pretensiones
1. El señor Cristian Camilo Moreno Mahecha, en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, interpuso
demanda en contra de la Circular 20171060114621 del 31 de marzo de 2017,
expedida por el viceministro de transporte. Para ello elevó las siguientes
pretensiones:
“[…] 2. Declare la nulidad de la Circular 20171060114621 del 31 de Marzo de 2017.
3. Ordene al Ministerio de Transporte abstenerse de crear políticas que desvirtúe la
normatividad fundante de sus decisiones y con base en esta decisión, que informe a
toda la ciudadanía a través de comunicado de alta circulación o a través de un canal
de televisión de la decisión adoptada.
1
El asunto de la Circular es “[…] Instrucción para la culminación del proceso de registro o matrícula de vehículos
nacionalizados o ensamblados en Colombia en inventario antes del 31 de diciembre de 2016 y los previstos en el literal c) del
artículo 7°, de la resolución 3752 de 2015 y su modificatoria […]”.
2
Cfr. Folios 1 al 33 del Cuaderno Principal.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
4. Ordene al Ministerio de Transporte a notificar sobre la suspensión de la Circular
20171060114621 del 31 de Marzo de 2017 a todos los gremios y representantes de
los importadores, ensambladores, fabricantes y comercializadores de vehículos del
país con el fin de que culminen inmediatamente el proceso de comercialización y de
registro o matrícula de vehículos automotores, remolques y semirremolques que no
cuenten con Sistema Antibloqueo de las Ruedas (ABS), dispositivos como los
apoyacabezas o sistema de retención de cabeza y bolsas de aire (airbag), entre
otros.
5. Ordene al Ministerio de Transporte y a las distintas entidades adscritas y
vinculadas que modifiquen los parámetros de revisión, notificación y autorización
requerida para el proceso de comercialización y de registro o matrícula de vehículos
automotores, remolques y semirremolques que no cuenten con Sistema Antibloqueo
de las Ruedas (ABS), dispositivos como los apoyacabezas o sistema de retención de
cabeza y bolsas de aire (airbag), entre otros, por resultar violatorias a las
disposiciones legales ya descritas […]”.
I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
2. El demandante invocó como transgredidas las siguientes normas: los artículos
2.° y 3.° de la Ley 105 de 30 de diciembre de 19934 y; 1.°, 4.°, 7.° y 27 de la Ley 769
del 6 de julio de 20025. El concepto de violación se resume de la siguiente manera:
i) Primer cargo. Falta de competencia
3.Consideró que el viceministro de transporte al expedir la Circular
20171060114621 del 31 de marzo de 2017 modificó “[…] la aplicabilidad de la
Resolución No. 3752 del 2015 vigente desde el 1 de enero de 2017, ésta fue firmada
por el ministro de Transporte, competente y superior jerárquico del primer servidor
administrativo […]”.
4.Expresó que el viceministro no podía expedir un acto administrativo que
modificara los efectos dispuestos por su superior jerárquico.
ii) Segundo cargo. Infracción de normas en las que debería fundarse la
disposición normativa
5. Adujo que la Circular 20171060114621 del 31 de marzo de 2017 transgrede los
principios rectores y fundamentales previstos en los artículos 2.º (literal e) y 3.º,
numerales 1.º, 2.º y 6.º de la Ley 105 y; los artículos 1.º, 4.º, 7.º y 27 de la Ley 769,
especialmente, el principio de seguridad.
6.Señaló que el prolongar el término de las excepciones dispuesto en el literal c)
del artículo 7.º de la Resolución 3752 de 6 de octubre de 20156, desconoce los
4
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación
y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones […]”.
5
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”. Esta norma fue
modificada por la Ley 1383 del 16 de marzo de 2010 “[…] Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de
Tránsito, y se dictan otras disposiciones […]”.
6
“[…] Por la cual se adoptan medidas en materia de seguridad activa y pasiva para uso en vehículos automotores, remolques
y semirremolques. […]”.
3
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Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
principios rectores del sector transporte y no responde a los fines del sistema en
asuntos de seguridad vial.
7. Mencionó que la circular se fundamentó en intereses económicos y contraría las
disposiciones de seguridad vial, al haber autorizado la comercialización, registro y
matrícula de vehículos automotores, remolques y semirremolques sin adoptar
medidas como la instalación del Sistema Antibloqueo de Ruedas (ABS), dispositivos
como apoyacabezas o sistema de retención de cabeza y bolsas de aire (airbag),
entre otros, lo cual pone en riesgo la integridad física de quienes participan en el
sistema de transporte.
8.Planteó que el Consejo de Estado, en su jurisprudencia7, ha desarrollado el
concepto de peligro que entraña la conducción de automotores y el deber del Estado
de adoptar las medidas para garantizar la seguridad de las personas.
I.2. La contestación de la demanda8
9. El Ministerio de Transporte, por conducto de apoderado judicial, contestó la
demanda mediante escrito del 12 de junio de 2018, en el que se opuso a las
pretensiones.
10. Adujo que el viceministro de transporte tiene competencia para expedir esta clase
de actos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 62 de la Ley 489 de 29 de
diciembre de 19989 y 13 del Decreto 087 de 17 de enero de 201110. Agregó que
“[…] la circular aquí demandada se expidió en desarrollo de lo establecido en el
artículo 5 de la ley 105 de 1993, la Ley 336 e (sic) 1996 (sic) Ley 769 de 2002, 6.
numeral 6.1 y 6.3 del Decreto 087 de 2011, así como el artículo 9 de la misma
Resolución 3752 de 2015, que indican como objeto de modificación mediante la
circular MT 20171060114621 […]”.
11. Explicó que la Resolución 3752 de 2015, señala que a partir del 1.º de enero de
2017, los vehículos que se importen, fabriquen y/o ensamblen para ser
comercializados en el país (automotores, remolques y semirremolques) deben
cumplir con el sistema antibloqueo de frenos ABS, dos (2) bolsas de aire delanteras
“[…] frontal airbags […]” y apoya cabezas o sistemas de retención de cabezas, como
mecanismos de seguridad vial.
12. Refirió que “[…] No se puede predicar o si quiera insinuar la existencia de
intereses económicos en la expedición de la circular número 20171060114621 del
31 de marzo de 2017, como finalidad primaria de la misma, si bien es cierto y es
7
Hizo referencia a sentencias tales como: Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, CP: Marta Nubia Velásquez
Rico, radicado núm. 54001-23-31-000-1999-00388-01, expediente 37529; Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección
A, CP: Hernán Andrade Rincón, radicado núm. 54001-23-31- 000-1998-00556-01, expediente 29718; y, Consejo de Estado.
Sección Primera, CP: María Claudia Rojas Lasso, radicado núm. 11001-03-24-000-2005-00206-01, expediente 2008100.
8
Cfr. Folios 46 a 53 del Cuaderno Principal.
9
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.
10
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias
[…]”.
4
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Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
obvio que se buscó beneficiar a los importadores fabricantes y/o ensambladores de
los vehículos automotores, se hizo brindando protección a la industria nacional, la
cual no podía ser sometida a perdidas (sic) mayores por efectos de la aplicación de
una norma; que si bien es cierto busca seguridad activa y pasiva para los
conductores y pasajeros de los vehículos automotores, su finalidad no es que se
aplique a los automotores que se encontraban en inventario al 31 de diciembre de
2017 […]”.
13. Indicó que no se presentó trasgresión de las normas invocadas por el actor y, en
todo caso, tampoco estaban llamadas a prosperar las causales de nulidad del acto
administrativo enunciadas en el artículo 137 de la Ley 1437.
I.3. Trámite del proceso
14. Mediante auto de 14 de diciembre de 201711, se admitió la demanda y se ordenó
la notificación a la parte demandada.
15. El Consejero de Estado encargado de la sustanciación del proceso, mediante
auto de 21 de mayo de 201912, negó la suspensión provisional de los efectos
jurídicos de la Circular 20171060114621 del 31 de marzo de 2017.
16. El 31 de mayo de 201913, se realizó la audiencia prevista en el artículo 180 de la
Ley 1437. Agotadas las etapas de saneamiento, decisión de excepciones previas,
fijación de litigio y decreto de pruebas, y luego de considerarse innecesaria la
realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento se corrió traslado para
alegar de conclusión a las partes y al Ministerio Público.
I.4. Los alegatos de conclusión y el concepto del Ministerio Público
17. El demandante guardó silencio.
18. La parte demandada reiteró14 los argumentos de la contestación de la demanda.
19. La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto 15
favorable para que se decrete la nulidad de la circular demandada.
20. De acuerdo con la fijación del litigio, la agente del Ministerio Público hizo un
estudio de los siguientes aspectos: i) facultad reglamentaria del viceministerio de
transporte, ii) análisis de la norma demandada frente a las disposiciones legales
que se consideran violadas, para finalmente; iii) dar respuesta al problema jurídico.
11
Cfr. Folios 35 a 37 del cuaderno principal.
12
Cfr. Folios 25 a 32 del cuaderno de medida cautelar.
13
Folios 62 a 68 del cuaderno principal.
14
Folios 111 a 122 del cuaderno principal.
15
Folios 124 a 127 del cuaderno principal.
5
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
21. Sostuvo que el Viceministerio de Transporte no era competente para expedir la
circular demandada porque los artículos 62 de la Ley 489 y 13 del Decreto 087, le
encomiendan la función “[…] de asesoría, coordinación, representación, asistencia,
estudio y supervisión, pero no le otorga facultades regulatorias, las cuales solo
serían de suplir al ministro en sus faltas o en caso de delegación de funciones […]”.
22. Adujo que “[…] la Circular 20171060114621 de 2017, tiene como sustento o
antecedente la Circular 20161010404921 de 2016 que a su vez implementa la
Resolución 3752 de 2015 […]” y que debe entenderse por comercialización todo el
proceso de legalización del vehículo y no solo la matrícula.
23. Refirió a la norma técnica de seguridad activa y pasiva a la que remite la
Resolución 3752 de 2015 y señaló que el Ministerio de Transporte debía expedir el
reglamento técnico dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de la
resolución y si este no hubiere sido emitido, era necesario acogerse a las normas
técnicas internacionales, certificadas en el país de origen.
24. Precisó que la Circular 20171060114621 de 2017 amplió el plazo para la
aplicación de la Resolución 3752 de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, para
los vehículos inventariados antes de diciembre de 2017 y, además de ello, hace
referencia a los vehículos relacionados en el literal c) del artículo 7 de la Resolución
3752 de 2015.
25. Detalló que la circular demandada motivó la ampliación del plazo en los
siguientes móviles: i) las solicitudes presentadas por los gremios y representantes
de los importadores, ensambladores, fabricantes y comercializadores de vehículos
del país; ii) en la disminución en las ventas por parte del sector automotor del 11.6%
en el mes de febrero de 2017 respecto del mismo periodo en 2016; y iii) para la
fecha de inicio del proceso de importación, fabricación y ensamble de esos
vehículos las normas aplicables no incluían el cumplimiento de las disposiciones y
requisitos derivados de la Resolución 3752 de 2015.
26. Por lo anterior, argumentó que el acto demandado es nulo por haber sido
expedido por el viceministro de transporte, modificando una resolución expedida
por su superior jerárquico, y sin que dentro de sus facultades se encuentre asignada
la potestad reglamentaria.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
27. Para decidir la presente controversia se abordará el análisis de los siguientes
aspectos: i) la competencia; ii) la circular demandada; iii) la fijación del litigio; iv)
análisis del caso concreto y; v) condena en costas.
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II.1. Competencia
28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el numeral 1.° del artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 1316 del Acuerdo
80 de 12 de marzo de 201917, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer, en única instancia, de los procesos de nulidad de los
actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.
II.2. El acto demandado
29.La demanda va dirigida a cuestionar la Circular 20171060114621 del 31 de
marzo de 2017, cuyo texto es el siguiente:
“[…]
PARA: ALCALDES MUNICIPALES - ORGANISMOS DE TRÁNSITO -
AUTORIDADES DE TRÁNSITO, IMPORTADORES,
ENSAMBLADORES, FABRICANTES Y COMERCIALIZADORES.
DE: VICEMINISTRO DE TRANSPORTE.
ASUNTO: Instrucción para la culminación del proceso de registro o matrícula de
vehículos nacionalizados o ensamblados en Colombia en inventario
antes del 31 de diciembre de 2016 y los previstos en el literal c) del
artículo 7°, de la resolución 3752 de 2015 y su modificatoria.
Con el fin de atender la solicitud presentada por gremios y representantes de los
importadores, ensambladores, fabricantes y comercializadores de vehículos del
país, ante la dificultad inminente de culminar el proceso de comercialización y de
registro o matrícula antes del 30 de abril de 2017, fecha fijada en la circular
20161010404921, respaldados en informes del sector automotor del país que dan
cuenta de la caída en la dinámica del mercado de vehículos, que se puede evidenciar
por ejemplo en la disminución en las ventas del 11.6% en el mes de febrero de 2017
respecto del mismo periodo en 2016, y teniendo en cuenta además que para la fecha
de inicio del proceso de importación, fabricación y ensamble de esos vehículos las
normas aplicables no incluían el cumplimiento de las disposiciones y requisitos
derivados de la resolución 3752 de 2015, este Ministerio autoriza hasta el 31 de
diciembre de 2017 la comercialización con el debido registro o matrícula, de los
vehículos nacionalizados o ensamblados en Colombia en inventario antes del 31 de
diciembre de 2016 y los previstos en el literal c) del artículo 7°, de la mencionada
resolución 3752 de 2015.
Cordialmente,
ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
Viceministro de Transporte […]”. (Negrilla del texto)
16
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
17
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
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Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
II.3. La fijación del litigio
30. El día 31 mayo de 2019, se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 180
de la Ley 1437 y se fijó el litigio en los siguientes términos:
“[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de
la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo
se hace, consiste en determinar si el MINISTERIO DE TRANSPORTE con ocasión
de la expedición de la Circular 20171060114621 del 31 de marzo de 2017, por
medio de la cual se dieron instrucciones “para la culminación del proceso de registro
o matricula (sic) de vehículos nacionalizados o ensamblados en Colombia en
inventario antes del 31 de diciembre de 2016 y los previstos en el literal c) del
artículo 7° de la resolución 3752de 2015 y su modificatoria” llegó a quebrantar los
artículos 2° y 3° de la Ley 105 de 1993; y 1°, 4°, 7° y 27 de la Ley 769 de 2002, por
los siguientes cargos de violación:
1. Violación de las normas en que debía fundarse el acto acusado, por cuanto (i) se
desconocieron los principios rectores del ordenamiento de tránsito y transporte en
lo relacionado con la seguridad vial, al autorizar la comercialización, registro y
matricula (sic) de vehículos automotores, remolques y semirremolques sin adoptar
medidas como la instalación del Sistema Antibloqueo de Ruedas (ABS), dispositivos
como apoyacabezas o sistema de retención de cabeza y bolsas de aire (airbag),
entre otros; ii) se prolongó el término de las excepciones dispuesto en el literal c)
del artículo 7° de la Resolución 3752 de 2015 y; iii) la decisión se fundamentó en
intereses meramente económicos contrariando las disposiciones de seguridad vial.
2. Falta de competencia en la expedición del acto acusado, en tanto la circular fue
suscrita por el Viceministro de Transporte, pese a que se estaba modificando la
Resolución 3752 de 2015, expedida y suscrita por el Ministro de Transporte […]”.
(Negrilla del texto)
II.4. Análisis del problema jurídico
II.4.1. La falta de competencia del viceministerio de transporte
31. En primer término, se debe definir si es cierto que la circular fue suscrita por el
viceministro de transporte, sin competencia, toda vez que se estaba modificando la
Resolución 3752 de 2015, expedida por el ministro de transporte.
32. Para ello, la Sala analizará: i) la potestad reglamentaria o de segundo orden de
los ministerios; ii) las funciones del ministro y del viceministro de transporte y; iii) la
solución al problema jurídico.
i) La potestad reglamentaria de segundo orden o subsidiaria del Ministerio de
Transporte
33. El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política le asigna al presidente
de la república la atribución de ejercer la potestad reglamentaria mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes. La potestad reglamentaria le confiere al presidente la
atribución para “[…] desarrollar las reglas generales allí consagradas, explicitar sus
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contenidos, hipótesis y supuestos, e indicar la manera de cumplir lo reglado, es
decir, hacerla operativa, pero sin rebasar el límite inmediato fijado por la propia ley.
[…]18”.
34. Ahora, el artículo 208 de la Constitución Política señala que los ministros, junto
con los jefes de departamentos administrativos, son los jefes de la Administración
en su respectiva dependencia. A partir del citado canon constitucional, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han señalado que
los ministros son titulares de la potestad reglamentaria residual, subsidiaria o de
segundo grado, conforme a la cual pueden regular “[…] aspectos residuales o
complementarios de la legislación general, encaminados fundamentalmente a
facilitar la penetración de la voluntad del legislador en los problemas prácticos a los
que estaba dirigida […]”19. Sobre la justificación de la potestad reglamentaria a cargo
de los ministerios, la Corte Constitucional, en sentencia C-917 de 200220 indicó:
“[…] Tal como lo establece el artículo 208 de la Carta Política, los ministros, junto con
los jefes de departamentos administrativos, son los jefes de la Administración en su
respectiva dependencia.
En concordancia con esta preceptiva, la Ley 489 de 1998, que regula aspectos
vinculados con la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
ha dispuesto que los ministerios son organismos pertenecientes a la rama ejecutiva
del poder público (Art. 38 ibídem), que son los principales órganos de la
Administración (Art. 39 ídem) y que, con los departamentos administrativos y las
superintendencias, constituyen el Sector Central de la Administración Pública
Nacional (ídem).
El fundamento constitucional de las competencias asignadas a los ministerios
también se encuentra normado por el artículo 208 de la Carta. El canon prescribe que
a los ministros les corresponde “formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir
la actividad administrativa y ejecutar la ley”, todo ello bajo la dirección del Presidente
de la República.
De igual forma, en acogimiento de los preceptos constitucionales, la Ley 489 de 1998
ha establecido que los ministerios son entidades cuyo destino es “la formulación y
adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector
Administrativo que dirigen” (Art. 58. ibídem).
Ahora bien, entre las funciones concretas asignadas por la Ley a los ministerios,
resaltan las contenidas en los numerales 2º, 3º y 6º del artículo 59 de la misma Ley,
a saber:
“Artículo 59. Funciones. Corresponde a los ministerios y departamentos
administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes
especiales:
“2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse
en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como
suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen
con tales atribuciones.
18
Corte Constitucional, sentencia C- 302 de 1999, MP: Carlos Gaviria Diaz.
19
Corte Constitucional, sentencia C- 1005 de 2008, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Corte Constitucional, sentencia C- 917 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra
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“3. Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en
desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal
efecto.
“6. Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas que les
correspondan y adelantar su ejecución.
Del cuadro normativo precedente se deduce que la función de los ministerios en la
estructura orgánica nacional es la de ser, bajo la dirección del presidente de la
República, la máxima autoridad administrativa en el área correspondientemente
asignada y que, en ejercicio de dicha función, los primeros pueden formular y adoptar
políticas atinentes a su despacho, pero, además, ejecutar la Ley en el ámbito de su
especialidad.
Ahora bien, dado que a los ministerios se les encargan las funciones preestablecidas
puede decirse, en conexión con la potestad de reglamentación que les asiste, que
éstos organismos tienen una competencia residual de regulación que debe ejercerse
de manera subordinada a la potestad reglamentaria del Presidente de la República,
pero, tal como se dijo anteriormente, exclusivamente en el área correspondiente a su
especialidad.
[…]” (cursivas del texto).
35. Según el artículo 1.° de la Ley 1383 de 16 de marzo de 2010, le corresponde al
Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar
e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.
36. El Ministerio de Transporte, titular de la potestad reglamentaria residual o de
segundo orden, cuenta con facultades expresas para dictar reglamentos o actos
administrativos de carácter general, con el propósito de garantizar la seguridad de
las personas y la defensa del interés general, en este caso, la circulación de los
vehículos automotores, remolques y semirremolques, por ser esta una actividad
sujeta al control y vigilancia por parte del Estado. Así lo ha señalado esta Sección21:
“[…] Según lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el tránsito
automotor es una actividad trascendental en las sociedades contemporáneas al jugar
un papel muy importante en el desarrollo social y económico y en la realización de los
derechos fundamentales. A esta actividad se encuentran ligados asuntos tan
importantes como la libertad de movimiento y circulación (art. 24 C.P.) y el desarrollo
económico. No obstante lo anterior, es claro igualmente que se trata de una actividad
que también implica riesgos importantes, por cuanto los adelantos técnicos permiten
que los desplazamientos se realicen a velocidades importantes, con vehículos que
son potentes y que pueden afectar gravemente la integridad de las personas y
ocasionar daños en sus bienes y propiedades. En efecto, a medida que los avances
tecnológicos han permitido la producción de vehículos más potentes, capaces de
transitar a velocidades importantes, la posible afectación de la vida e integridad de las
personas se ha potencializado también.
[…]
La Ley 769 de 2002, fundamento normativo legal del acto demandado, “Por la cual
se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”,
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de julio de 2010; C.P.: Rafael
E. Ostau De Lafont Pianeta, radicado núm.: 110010324000200200249 01.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
confiere de manera expresa facultades al Ministerio de Transporte para dictar
reglamentos o actos administrativos de contenido general con miras a
garantizar la seguridad de las personas, la cual puede verse comprometida en
actividades peligrosas como lo es el tránsito de vehículos automotores […]”
(negrilla fuera del texto).
ii) La estructura del Ministerio de Transporte y funciones del despacho del
ministro y del viceministerio de transporte
37. La Ley 489, enuncia las funciones de los ministros, entre las cuales se
encuentran las siguientes: i) ejercer, bajo su propia responsabilidad, las funciones
que el presidente de la república les delegue o la ley les confiera y vigilar el
cumplimiento de las que por mandato legal se hayan otorgado a dependencias del
ministerio, así cómo de las que se hayan delegado en funcionarios del mismo; ii)
participar en la orientación, coordinación y control de las superintendencias,
entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta, adscritas o vinculadas
a su Despacho, conforme a las leyes y a los respectivos estatutos; iii) dirigir y
orientar la función de planeación del sector administrativo a su cargo; iv) revisar y
aprobar los anteproyectos de presupuestos de inversión y de funcionamiento y el
prospecto de utilización de los recursos del crédito público que se contemplen para
el sector a su cargo; v) vigilar el curso de la ejecución del presupuesto
correspondiente al Ministerio; vi) suscribir en nombre de la Nación y de conformidad
con el Estatuto General de Contratación y la Ley Orgánica de Presupuesto, los
contratos relativos a asuntos propios del Ministerio previa delegación del presidente
de la república; vii) dirigir las funciones de administración del personal conforme a
las normas sobre la materia y; viii) actuar cómo superior inmediato, sin perjuicio de
la función nominadora, de los superintendentes y representantes legales de
entidades descentralizadas adscritas o vinculadas22.
38. El artículo 62 de la Ley 489, señala que son funciones del viceministro, las
siguientes: i) suplir las faltas temporales del ministro, cuando así lo disponga el
presidente de la república; ii) asesorar al ministro en la formulación de la política o
planes de acción del sector y asistirlo en las funciones de dirección, coordinación y
control que le corresponden; iii) asistir al ministro en sus relaciones con el Congreso
de la República y vigilar el curso de los proyectos de ley relacionados con el ramo;
iv) cumplir las funciones que el ministro le delegue; v) representar al ministro en las
actividades oficiales que este le señale; vi) estudiar los informes periódicos u
ocasionales que las distintas dependencias del ministerio y las entidades adscritas
o vinculadas a este deben rendir al ministro y presentarle las observaciones
pertinentes; vii) dirigir la elaboración de los informes y estudios especiales que sobre
el desarrollo de los planes y programas del ramo deban presentarse; viii) velar por
la aplicación del Plan de Desarrollo Administrativo específico del sector respectivo;
ix) representar al ministro, cuando este se lo solicite, en las juntas, consejos u otros
cuerpos colegiados a que deba asistir y; x) garantizar el ejercicio del control interno
y supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
22
Artículo 61 de la Ley 489 de 1998.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
39. Ahora, de conformidad con el Decreto 087, el Ministerio de Transporte tiene
como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes,
programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e
infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo
y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero,
marítimo, fluvial y férreo23.
40. El artículo 6.° del Decreto 087, le encomienda al ministro del transporte las
siguientes funciones:
“[…] 6.1. Orientar, dirigir, coordinar, planificar, controlar y evaluar el cumplimiento
de las funciones a cargo del Sector, en materia de transporte, tránsito e
infraestructura de todos los modos.
[…]
6.3. Formular la regulación técnica en materia de transporte, tránsito y de los modos
carretero, marítimo, fluvial y férreo.
[…]”.
41. Por su parte, el artículo 13 del Decreto 087, le asigna al Viceministerio de
Transporte las siguientes funciones:
“[…] 13.1. Realizar la coordinación sectorial e intersectorial para la planeación,
formulación de las políticas, estrategias y estudios relacionados con los servicios de
transporte y tránsito, la logística, la seguridad vial y los sistemas inteligentes de
transporte, orientado al desarrollo económico y social que requiere el país.
13.2. Coordinar el cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección de
Transporte y Tránsito del Ministerio y de aquellas que le señale el Ministro.
13.3. Coordinar las relaciones del Ministerio con las entidades territoriales y el sector
privado en lo relacionado con los servicios de transporte y tránsito, la logística, la
seguridad vial y los sistemas inteligentes de transporte.
13.4. Realizar la coordinación y articulación con las entidades territoriales y del
Gobierno Nacional para la planeación, ejecución y seguimiento de los sistemas de
movilidad urbana que sean cofinanciados por el Gobierno Nacional
13.5. Las demás señaladas en el artículo 62 de la Ley 489 de 1998 y las que le sean
asignadas […]”.
42. Del anterior recuento normativo precedente, se concluye que según los artículos
62 de la Ley 489 y 13 del Decreto 087, los viceministros cuentan con facultades de
asesoría, coordinación, representación, asistencia, dirección y elaboración de
estudios, entre otras, sin que tengan asignada la facultad reglamentaria.
23
Artículo 1°.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
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iii) Solución del primer problema jurídico
43. El actor afirmó que la circular demandada fue suscrita por el viceministro de
transporte sin competencia, porque estaba modificando la Resolución 352 de 2015,
expedida por el ministro de transporte.
44. La jurisprudencia de esta Corporación24 ha señalado que la falta de competencia
como vicio de nulidad de los actos se presenta cuando el funcionario o la autoridad
pública actúa por fuera de las atribuciones que le confiere la Constitución Política,
la ley o el reglamento, así:
“[…] La validez del acto administrativo depende, entre otras razones, de que sea
expedido por el funcionario o la autoridad pública habilitada por el ordenamiento
jurídico para ello, es decir, que tal función se encuentre dentro de la órbita de las
atribuciones asignadas en la Constitución, la ley o el reglamento. Así lo ha precisado
la Sala, entre otras, en sentencia 24 de agosto de 2018, proferida dentro del
expediente 11001-03-24-000-2008-00388-00 Acumulado 11001-03-24-000-2008-
00173-00), en la que se afirmó sobre la competencia como un requisito de validez
de los actos administrativos, lo siguiente:
“La Sala recuerda, con apoyo en la doctrina, que la competencia como elemento de
validez del acto administrativo, esto es, como presupuesto de regularidad jurídica
de dicha manifestación estatal, es desde un punto de vista activo la aptitud o
autorización que tiene todo funcionario u organismo estatal para ejercer las
funciones y la autoridad que le han sido asignadas, dentro de circunstancias
objetivas y subjetivas señaladas en la Constitución, la ley o el reglamento, y sólo
dentro de ellas; y desde una perspectiva pasiva, el conjunto de asuntos que a toda
autoridad pública le está atribuido por la Constitución, la ley o el reglamento, para
que actúe o provea en orden a la atención de los mismos. La competencia significa
que todo funcionario público, en el desempeño de su cargo, sólo puede hacer lo
que le está permitido, situación inversa de la capacidad propia de los particulares,
puesto que éstos pueden hacer todo lo que no les está jurídicamente prohibido. Es
una consecuencia de la limitación del poder público que surgió con el Estado de
Derecho, es decir, del principio de legalidad, y una forma de llevar tal limitación a
toda persona que ejerza dicho poder. En este orden de ideas, el vicio de falta de
competencia o incompetencia se presenta cuando el acto administrativo es
expedido por quien ostenta la condición de funcionario público o por particular
autorizado por la ley para ejercer función administrativa, pero lo hace por fuera de
la esfera de atribuciones que la Constitución, la ley o el reglamento le han asignado;
o no corresponde a los asuntos que por razón de la materia, el territorio, la persona,
el grado funcional o jerárquico, o el tiempo inclusive, le son dables resolver.” […]”
45. La Sala pone de presente que, a través de la Resolución 3752 de 2015, el
Ministerio de Transporte adoptó medidas en materia de seguridad para los vehículos
automotores, remolques y semirremolques que se importen, fabriquen y/o
ensamblen para ser comercializados en el país para proteger la vida de las
personas; acto administrativo que fue expedido en ejercicio de las facultades que le
confiere los artículos 5.° de la Ley 105; 31 de la Ley 336; 6.º (numerales 6.1. y 6.3.)
del Decreto 087; y la Ley 769.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, rad. 11001-
03-24-000-2016-00457-00, Consejero Ponente Oswaldo Giraldo López.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
46. Así las cosas, a partir del 1.° de enero de 2017, debían cumplir con los
siguientes elementos de seguridad activa y pasiva:
Sistema de frenos “[…] Es de obligatorio cumplimiento la utilización del Sistema
Antibloqueo de Frenos (ABS), para todos los vehículos
automotores, remolques y semirremolques de ensamble o
fabricación nacional e importados, que se comercialicen en
Colombia. […]”. (Artículo 4.°)
Bolsas de Aire “[…] Es de obligatorio cumplimiento la utilización de mínimo dos
(2) bolsas de aire delanteras “Frontal Airbags” en todos los
vehículos para el transporte de pasajeros que tengan hasta diez
(10) asientos incluido el del conductor y para el transporte de
mercancías con un peso bruto vehicular máximo de 2.5 toneladas,
de ensamble o fabricación nacional e importados, que sean
comercializados en Colombia. […]”. (Artículo 5.°)
Apoyacabezas o sistemas “[…] En todos los vehículos para el transporte de pasajeros que
de retención tengan hasta diez (10) asientos incluido el del conductor y para el
transporte de mercancías con un peso bruto vehicular máximo de
2.5 toneladas, de ensamble o fabricación nacional e importados,
que sean comercializados en Colombia, es de obligatorio
cumplimiento la utilización de apoyacabezas o sistemas de
retención de cabeza en los asientos que cuenten con cinturón de
seguridad de tres puntos. […]”. (Artículo 6°)
47. El artículo 7.° de la Resolución 3752 de 2015, indicó que la exigencia de
elementos de seguridad activa y pasiva de las personas previstas en los artículos
4.°, 5.° y 6.° no se aplicarían a: i) los vehículos que se fabriquen o importen al país
de manera temporal para participar en ferias, exposiciones o que vayan a ser
comercializados en mercados diferentes al colombiano; ii) los pequeños remolques,
motocicletas; vehículos para competencia, para pruebas, usos o clases de
vehículos no previstas en esa resolución; motocarros, moto triciclos, maquinaria
agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, cuatrimotos y/o cuadriciclos
y, iii) los vehículos que al 31 de diciembre de 2016 estén en proceso de importación
y demuestren que presentan circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
contingencias judiciales que han impedido culminar su proceso de nacionalización
en dicho año, podían finalizar dicho trámite antes del 31 de marzo de 2017, así:
“[…] ARTÍCULO 7°. Excepciones. Las disposiciones previstas en los artículos 4.°,
5.° y 6.° de la presente resolución no se aplican a:
a) Vehículos que se fabriquen o importen al país de manera temporal para participar
en ferias, exposiciones o que vayan a ser comercializados en mercados diferentes al
colombiano.
b) Pequeños remolques, motocicletas; vehículos para competencia, para pruebas,
usos o clases de vehículos no previstos en esta resolución; motocarros, moto triciclos,
maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsado, cuatrimotos y/o
cuadriciclos.
c) Los vehículos que al 31 de diciembre de 2016 estén en proceso de importación y
demuestren que presentan circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
contingencias judiciales que han impedido culminar su proceso de nacionalización en
dicho año, podrán finalizar dicho trámite antes del 31 de marzo de 201725.
25
Literal adicionado por la Resolución 5800 de 2016.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
[…]” (negrilla fuera del texto).
48. Además, el parágrafo del artículo 7.° de la Resolución 3752 de 2015, adicionado
por el artículo 1.° de la Resolución 5800 de 30 de diciembre de 201626, encomendó
al Viceministerio de Transporte la labor de expedir las instrucciones que fueran
necesarias para que los organismos de tránsito pudieran culminar el proceso de
matrícula de los vehículos nacionalizados o ensamblados en Colombia a los que
alude ese precepto. El tenor del parágrafo del artículo 7.° es el siguiente:
“[…] PARÁGRAFO. El Viceministerio de Transporte emitirá las instrucciones
necesarias a los Organismos de Tránsito para la culminación del proceso de matrícula
de los vehículos nacionalizados o ensamblados en Colombia que se encuentren en
sus inventarios antes del 31 de diciembre de 2016 y los previstos en el literal c) del
artículo 7.º contenido en la presente resolución. […]”. (Negrilla del texto y subrayado
fuera del texto)
49. Posteriormente, través de la Resolución 793 de 31 de marzo de 201727, el
Ministerio de Transporte prorrogó el plazo establecido en el literal c) del artículo 7°
de la Resolución 3752 de 2015, adicionada por la Resolución 5800 de 2016, hasta
el 30 de abril de 2017, en el siguiente sentido:
“[…] Artículo 1. Prorrogar el plazo establecido en el literal C del artículo 7 de la
Resolución 3752 de 2015 adicionada por la Resolución 5800 de 2016, hasta el 30 de
abril de 2017, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.
[…]”. (Negrilla fuera del texto)
50. Ahora, a partir de una lectura de la Circular 20171060114621 de 31 de marzo de
2017, la Sala evidencia que está dirigida a los alcaldes municipales, los organismos
y las autoridades de tránsito, los importadores ensambladores, los fabricantes y los
comercializadores.
51. Así mismo y según su contenido, indicó que: i) ante las inminentes dificultades
de culminar el proceso de comercialización y de registro o matrícula antes del 30
de abril de 2017, fecha fijada en la circular 20161010404921, respaldados en
informes del sector automotor del país que dan cuenta de la caída en la dinámica
del mercado de vehículos, y teniendo en cuenta además que para la fecha de inicio
del proceso de importación, fabricación y ensamble de esos vehículos las normas
aplicables no incluían el cumplimiento de las disposiciones y requisitos derivados
de la Resolución 3752 de 2015; ii) era necesario autorizar hasta el 31 de
diciembre de 2017, la comercialización con el debido registro o matrícula, de los
vehículos nacionalizados o ensamblados en Colombia en inventario antes del 31
de diciembre de 2016 y los previstos en el literal c) del artículo 7.° de la mencionada
Resolución 3752 de 2015.
26
“[…] Por la cual se adiciona un literal y un parágrafo al artículo 7o de la Resolución número 3752 de 2015 […]”.
27
“[…] Por la cual se prorroga el plazo establecido en el literal C del artículo 7 de la Resolución 3752 de 2015, adicionada por
la Resolución 5800 de 2016 […]”. Esta resolución fue expedida con fundamento en las facultades constitucionales y legales
conferidas por los artículos 5 de la Ley 105 de 1993 modificado por el artículo 1.° de la Ley 276 de 1996, 31 de la Ley 336 de
1996, 6 numeral 6.3 del Decreto 087 de 2011.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
52. En tal virtud, la circular supra, expidió una regulación de carácter general, con el
propósito de autorizar hasta el 31 de diciembre de 2017, la comercialización con el
debido registro o matrícula de los vehículos nacionalizados o ensamblados en
Colombia en inventario antes del 31 de diciembre de 2016 y cuyo plazo inicial era
el 30 de abril de 2017. Además, hizo referencia explícita a los vehículos
relacionados en el literal c) del artículo 7.°, de la mencionada Resolución 3752 de
2015.
53. Conforme se indicó anteriormente, la potestad reglamentaria residual o
subsidiaria a cargo de los ministerios, como ocurre con la cartera de transporte, es
derivada o de segundo grado frente a la potestad reglamentaria del presidente y,
se ejerce por los ministros, como jefes de la administración en su respectiva
dependencia.
54. El artículo 208 de la Carta Política señala que los ministros y los directores de
departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva
dependencia. Además, bajo la dirección del presidente de la república, les
corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad
administrativa y ejecutar la ley.
55. El viceministro de transporte, so pretexto del ejercicio de la facultad de
instrucción que le fue confiada mediante el parágrafo del artículo 7.° de la
Resolución 3752 de 2015, adicionado por el artículo 1.° de la Resolución 5800 de
2016, se arrogó una competencia del resorte exclusivo del ministro de transporte,
como titular de la potestad reglamentaria residual o de segundo grado a él confiada
como jefe de la administración en su respectiva dependencia.
56. La facultad de instrucción, en el presente caso, debió estar orientada a impartir
órdenes dirigidas a los organismos de tránsito, a fin de lograr la culminación del
proceso de matrícula de los vehículos nacionalizados o ensamblados en Colombia
que se encuentren en sus inventarios antes del 31 de diciembre de 2016, es decir,
para facilitar el cumplimiento de las normas en esta materia, sin transitar por
terrenos ajenos, como es el ejercicio de la facultad reglamentaria.
57. Las circulares tienen como límite el respeto del bloque de legalidad y la sujeción
a la Constitución, la ley y los reglamentos, y se insiste, so pretexto del ejercicio de
tal facultad no podía el viceministro invadir la esfera de competencia del ministro de
transporte.
58. Por lo tanto, como lo sostiene la agente del Ministerio Público, el viceministro de
transporte no tenía competencia para expedir la Circular 20171060114621 de 31 de
marzo de 2017, motivo por el cual se declarará su nulidad.
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Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
59. Como prosperó el primer cargo de nulidad de la demanda, la Sala se releva del
análisis de los demás argumentos tal y como lo ha señalado esta Sección en otras
oportunidades, entre otras, en sentencias de 11 de febrero de 201628, de 21 de
septiembre de 202329, de 25 de abril de 202430, de 9 mayo de 202431 y de 23 de
mayo de 202432.
60. Ahora, en el libelo introductorio, el actor solicitó que se hicieran las siguientes
declaraciones:
“[…] 3. Ordene al Ministerio de Transporte abstenerse de crear políticas que desvirtúe
la normatividad fundante de sus decisiones y con base en esta decisión, que informe
a toda la ciudadanía a través de comunicado de alta circulación o a través de un
canal de televisión de la decisión adoptada.
4. Ordene al Ministerio de Transporte a notificar sobre la suspensión de la Circular
20171060114621 del 31 de Marzo de 2017 a todos los gremios y representantes de
los importadores, ensambladores, fabricantes y comercializadores de vehículos del
país con el fin de que culminen inmediatamente el proceso de comercialización y de
registro o matricula de vehículos automotores, remolques y semirremolques que no
cuenten con Sistema Antibloqueo de las Ruedas (ABS), dispositivos como los
apoyacabezas o sistema de retención de cabeza y bolsas de aire (airbag), entre
otros.
5. Ordene al Ministerio de Transporte y a las distintas entidades adscritas y
vinculadas que modifiquen los parámetros de revisión, notificación y autorización
requerida para el proceso de comercialización y de registro o matrícula de vehículos
automotores, remolques y semirremolques que no cuenten con Sistema Antibloqueo
de las Ruedas (ABS), dispositivos como los apoyacabezas o sistema de retención de
cabeza y bolsas de aire (airbag), entre otros, por resultar violatorias a las
disposiciones legales ya descritas […]”.
60.1. La Sala negará las anteriores peticiones, toda vez que escapan de la finalidad
del medio de control de nulidad, el cual fue previsto por el legislador con el propósito
de que se declare la nulidad de los actos administrativos cuando se presenten
alguna de las causales legalmente previstas, en defensa del orden jurídico y de la
legalidad en abstracto.
II.5. Condena en costas
61. Esta Sala no condenará en costas, en tanto que no concurren los supuestos
del artículo 188 de la Ley 1437, esto es, por tratarse de un asunto en el que se
ventila un interés público.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm.: 11001-03-24-000-2009-00457-00.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2023, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00234-00.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2024, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00105-00.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de mayo de 2024, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, radicación núm.: 11001-03-24-000-2010-00558-00.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo de 2024, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm.: 11-001-03-24-000-2010-00027-00.
17
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00
Demandante: Cristian Camilo Moreno Mahecha
62.Finalmente se reconocerá al abogado Germán Darío Hernández Moreno
como apoderado judicial de la parte demandada, de conformidad con los
documentos que obran en el expediente digital33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Circular 20171060114621 de 31 de marzo
de 2017, expedida por el viceministerio de transporte, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: RECONOCER al abogado Germán Darío Hernández Moreno, como
apoderado judicial de la parte demandada, conforme al poder que obra en el
expediente digital.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
33
Índice 40 SAMAI.
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