Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2014-00592-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-25-000-2014-00592-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-25-000-2014-00592-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD
Radicación núm.: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: DARÍO IGNACIO ESTRADA SANÍN Y
OTROS1
Demandada: NACIÓN - RAMA JUDICIAL – CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA
Tema: FACULTAD REGLAMENTARIA DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. MEDIDA DE
DESCONGESTIÓN CONSISTENTE EN LA
REDISTRIBUCIÓN DE PROCESOS QUE SE ENCUENTREN
PARA FALLO EN LOS TRIBUNALES DEBE TENER EN
CUENTA LA CARGA LABORAL, LA ESPECIALIDAD
FUNCIONAL Y LA COMPETENCIA TERRITORIAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por los
señores Darío Ignacio Estrada Sanín, Germán Márquez Herrera, Claudia Bermúdez
Carvajal y Oscar Hernando Castro Rivera contra unos apartes del artículo 2.° del
Acuerdo PSAA 14-10145 de 28 de abril de 2014, expedido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda2
1. Los señores Darío Ignacio Estrada Sanín, Germán Márquez Herrera, Claudia
Bermúdez Carvajal y Oscar Hernando Castro Rivera -en adelante parte
demandante-, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137
de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, solicitaron:
“[…] DECLARAR LA NULIDAD del Acuerdo PSAA 14-10145 de 28 de abril de
2014 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
1
Germán Márquez Herrera, Claudia Bermúdez Carvajal y Oscar Hernando Castro Rivera.
2
Cfr. Folios 63 a 79. Cuaderno Principal.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
por transgredir el Artículo 63 de la ley 270 de 1996 modificado por el artículo 15
de la ley 1285 de 2009, entre otras normas superiores de rango constitucional y
legal, acorde a lo que se expondrá tanto en los hechos de este libelo como en el
acápite de concepto de violación o infracción de normas superiores en las que ha
debido fundarse […]”.
I.1.1. Los hechos
2. Explicaron que en el departamento de Antioquia existen dos Tribunales con
distinta jurisdicción, así: el Tribunal Superior de Medellín que conoce de los casos
en la ciudad de Medellín, así como en los municipios que conforman el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, esto es, Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta,
Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Por su parte, el Tribunal Superior de
Antioquia tiene jurisdicción en los restantes municipios del departamento de
Antioquia.
3. Destacaron que la Ley 270 de 7 de marzo de 19964, específicamente el literal a)
del artículo 63, modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 22 de enero de 20095,
asigna a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la función de
ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas pertinentes.
4. Indicaron que de conformidad con el literal a) del artículo 63 de la Ley 270,
modificado por el artículo 15 de la Ley 1285, para la redistribución de procesos que
se encuentren para fallo entre los tribunales y juzgados debe tenerse en cuenta la
jerarquía, la carga laboral, la especialidad funcional y la competencia territorial.
5. Anotaron que la parte demandada excedió la potestad reglamentaria, porque en
su artículo 2.° dispuso trasladar unos procesos en estado de fallo de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Medellín para ser repartidos a los cuatro (4) magistrados
que conforman la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, a pesar de
que este último carece de competencia territorial frente a asuntos que corresponden
a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín. Esta situación, a su juicio, desborda
el ámbito territorial que determina el factor competencia establecido por la ley
procesal civil y, de contera, conlleva al desconocimiento de estas normas de orden
público y del debido proceso reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política,
así como los principios de juez natural y de legalidad.
6. Adujeron que la parte accionada desconoció el literal b) del artículo 63 de la Ley
270, modificado por el artículo 15 de la Ley 1285, al haberse abstenido de crear
magistrados de apoyo itinerantes para atender dichas cargas, para evitar así
trasladar tales procesos. Esto repercute en el acceso a la administración de justicia
de los usuarios, al afectar la capacidad de respuesta de los operadores jurídicos.
4
“[…] Estatutaria de la Administración de Justicia. […]”.
5
“[…] Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia […]”.
3
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
7. Agregaron que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no
tuvo en cuenta que la carga laboral de los magistrados de la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Antioquia no permite de manera razonable avocar el
conocimiento de asuntos provenientes de otros despachos como medida de
descongestión y, menos aún, en el plazo de seis (6) meses, situación que
desconoce la Ley 1564 de 12 de julio de 20126 que autoriza la prórroga del plazo
para resolver la respectiva instancia en los términos previstos en el inciso 5.° del
artículo 121 ibidem.
8. Aportaron información estadística relativa a los ingresos promedio de procesos
por cada magistrado integrante de cada una de las respectivas Salas Civil del
Tribunal Superior de Medellín y Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia,
cifras que son indicativas de que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Antioquia tiene una carga laboral superior a su capacidad de respuesta. Esta
situación impide que este cuerpo colegiado pueda ser considerada una sala de
descongestión, so pena de desconocer el derecho de los usuarios a una justicia
pronta y efectiva.
9. Manifestaron que para lograr una pronta y cumplida justicia de los usuarios, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura debió acudir a lo
dispuesto en el literal b) del artículo 63 de la Ley 270, en el sentido de crear cargos
de magistrados itinerantes en cada jurisdicción para atender las mayores cargas por
congestión en los despachos, con lo cual se evitaría acarrear una mayor congestión
en la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, y con ello evitar la
disminución de la productividad y poner en riesgo la salud de los auxiliares de
justicia quienes estarían inmersos a que se inicien futuras investigaciones
disciplinarias.
I.1.2. Los fundamentos de derecho y el concepto de la violación
10. Los demandantes consideraron que la parte demandada transgredió los artículos
6.º, 13, 29 y 121 de la Constitución Política; los literales a) y b) del artículo 63 de la
Ley 270, modificado por el artículo 15 de la Ley 1285; 23 del Código de
Procedimiento Civil7 y; 121 (inciso 5.°) de la Ley 1564. Invocaron como causales de
nulidad las relativas a la infracción de las normas superiores y la falta de motivación.
I.1.2.1. Infracción de las normas superiores en las que debió fundarse
11. Explicaron que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
ordenó el traslado de unos procesos en estado de fallo de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Medellín, para ser repartidos a los cuatro (4) magistrados que
conforman la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, a pesar de que
6
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
7
Adoptado por el Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970.
4
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
este último carece de competencia territorial frente a asuntos que competen a la
Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.
12. Agregaron que la parte demandada desbordó la potestad reglamentaria, porque
so pretexto de ejercer una competencia constitucional desconoció lo dispuesto en
los artículos 6.º, 13, 29 y 121 de la Constitución Política, preceptos normativos que,
en su orden, consagran los principios de responsabilidad jurídica de los servidores
públicos, el derecho de igualdad de todas las personas y de recibir la misma
protección de las autoridades, el debido proceso (principios de legalidad,
competencia determinada por la ley y de juez natural), así como el principio de
taxatividad de las funciones de las autoridades del Estado.
13. Estimaron transgredido el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, porque
so pretexto de acudir al mecanismo de distribución de los asuntos, asignó a la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia funciones que legalmente le
corresponden a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, invadiendo una
potestad reservada al Congreso de la República.
14. Sostuvieron que el parágrafo 2.° del artículo 2.° del acto demandado que señala
que los procesos debían ser fallados en un término no superior a seis (6) meses
vulnera el inciso 5.º del artículo 121 de la Ley 1564, toda vez que desconoció que
la norma procesal establece excepciones que permiten al juez o magistrado
prorrogar, por una sola vez, el término para resolver la instancia respectiva hasta
por seis (6) meses, explicando las razones de la prórroga en la providencia.
I.1.2.2. Expedición irregular
15. Resaltaron que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no
explicó las razones que sirvieron de fundamento para la implementación de la
medida de descongestión adoptada “[…] amén que ni siquiera dio estricto
cumplimiento a la normatividad que según el encabezado de tal acto le sirvió de
fundamento al mismo. […]”.
16. Reiteraron que la parte demandada no expresó los criterios de legalidad tenidos
en cuenta para la adopción de la decisión, situación que impide conocer los motivos
que impulsaron a expedir esta medida.
I.2. La contestación de la demanda8
17. La parte demandada argumentó que de conformidad con el artículo 85 de la Ley
270, a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le corresponde
crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir tribunales, las
Salas de estos y los juzgados, cuando así se requiera para la pronta y eficaz
8
Escrito visible en los folios 70 a 84 del cuaderno de medidas cautelares.
5
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los distritos judiciales, de acuerdo con las necesidades
de estos para disminuir los índices de congestión de los despachos judiciales.
18. Indicó que el artículo 63 de la Ley 270, modificado por el artículo 15 de la Ley
1285, le confirió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
facultades para ejecutar el plan nacional de descongestión.
19. Agregó que conforme al artículo 85 de la Ley 270, a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura le corresponde crear, ubicar, redistribuir, fusionar,
trasladar, transformar y suprimir tribunales, las Salas de estos y los juzgados,
cuando así se requiera para la pronta y eficaz administración de justicia, así como
crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los distritos
judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos.
20. Con apoyo en datos estadísticos, precisó que la medida enjuiciada busca impartir
celeridad a los procesos que se encuentran pendientes de fallo, en desarrollo de los
principios de eficiencia, eficacia y celeridad que rigen en la administración de
justicia.
21. Alegó que las funciones enlistadas en el artículo 15 de la Ley 1285, no pueden
ser interpretadas como taxativas sino enunciativas.
22. Sostuvo que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el
expediente identificado con el núm. radicado: 11001-0203-000-2012-02521-00,
indicó que el numeral 3.° del artículo 257 de la Constitución Política y los artículos
63, literal a) y 85, numeral 6.° de la Ley 270, asignan a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura la misión de velar por el eficaz funcionamiento de
la administración de justicia. Además, esta entidad cuenta con competencia para
reasignar el conocimiento de procesos judiciales entre los diversos despachos de
igual jerarquía, en desarrollo de los planes de descongestión.
23. Resaltó que se trata de una medida transitoria adoptada en virtud de las
facultades previstas en el literal a) del artículo 63 de la Ley 270, modificado por el
artículo 15 de la Ley 1285, lo cual no vulnera el principio del juez natural.
I.3. Trámite del proceso
24. El asunto fue repartido a la Sección Segunda, quien a través de auto de 31 de
julio de 20149, remitió el proceso a la Sección Primera.
25. Mediante auto de 28 de marzo de 201610, se admitió la demanda.
9
Cfr. Folios 82 a 83 del Cuaderno Principal.
10
Cfr. Folios 88 a 90 del Cuaderno Principal.
6
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
26. El 13 de septiembre de 201911 se realizó la audiencia prevista en el artículo 180
de la Ley 1437 y en el curso de esta: i) se fijó el objeto del litigio; ii) se tuvieron como
pruebas los documentos aportados por las partes; iii) se prescindió de la realización
de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 por resultar
innecesaria y, iv) se dispuso correr traslado a las partes y a la agente del Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión y esta última rindiera el
correspondiente concepto.
Alegatos de conclusión
27. La parte demandante guardó silencio.
28. El apoderado judicial de la parte demandada solicitó12 denegar las pretensiones
de la demanda, argumentando que la medida censurada se adoptó dentro de los
parámetros establecidos en la Ley 1285, que estructuró el plan nacional de
descongestión.
Concepto del Ministerio Público
29. La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado13, mediante
concepto 0068 de 19 de noviembre de 201914, solicitó declarar la nulidad del
artículo 2.° del Acuerdo PSAA 14-10145 de 2014, expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
30. Antes de abordar el problema jurídico, la procuradora abordó dos cuestiones: i)
la naturaleza del Consejo Superior de la Judicatura y; ii) el Acto Legislativo 02 de
2015.
31. Destacó que la Constitución Política dedicó el capítulo II del título VIII al “[…]
Gobierno y Administración de la Rama Judicial […]” y el numeral 1.° del artículo 256
señala que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “[…] Administrar la
carrera judicial […]”, función administrativa tendiente al autogobierno judicial que
busca garantizar la autonomía administrativa de la Rama Judicial, como elemento
central de la separación de poderes, propia del Estado Social de Derecho,
atendiendo la finalidad trazada por el constituyente.
32. Advirtió que La Ley 270, como desarrollo de los artículos 256 y 257 de la
Constitución Política, asignó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura la función de adoptar un plan de medidas de descongestión en los
despachos judiciales para permitir al ciudadano acceder a una pronta y cumplida
administración de justicia.
11
Cfr. Folios 161 a 169 del Cuaderno Principal.
12
Cfr. Folio 177 del Cuaderno Principal.
13
Sonia Patricia Téllez Beltrán.
14
Cfr. Folios 179 - 186 del Cuaderno Principal.
7
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
33. En este contexto, advirtió que la función de reglamentación de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra limitada por el
marco del legislador, sin que le sea permitido suprimir o exceder la competencia
otorgada. Es decir, esta labor de regulación en materia de administración de justicia
se debe desarrollar de conformidad con los mandatos constitucionales y los
lineamientos legales que le sirven de límite.
34. Agregó que según el artículo 63 de la Ley 270, modificado por el artículo 15 de
la Ley 1285, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura está
facultada para ejecutar el plan nacional de descongestión y para adoptar las
medidas que estime pertinentes para el logro de tal objetivo. Por ende, el legislador
enuncia como una de esas acciones la relativa a la redistribución de los asuntos
que los tribunales y juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la
misma jerarquía, pero bajo la condición de respetar: i) la especialidad funcional y;
ii) la competencia territorial.
35. Advirtió que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al
ejercer la potestad reglamentaria, debía verificar que: i) se tratara de despachos de
la misma jerarquía, ii) fuesen de la misma especialidad funcional, y iii) se ajustara
a la competencia territorial. Cumplidas estas condiciones, debía efectuar un juicio
de cargas laborales a fin de lograr la efectividad de la medida de descongestión en
el traslado de estos asuntos.
36. Argumentó que el Tribunal Superior de Medellín ejerce su función territorial en la
ciudad de Medellín y en los municipios que conforman el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, a saber: Barbosa, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Copacabana,
Girardota, Barbosa, Caldas, Envigado y Heliconia. Por su parte, el Tribunal Superior
de Antioquia abarca los municipios de ese departamento, pero con exclusión de los
municipios a cargo del Tribunal Superior de Medellín.
37. Señaló que la Corte Constitucional, en sentencia C- 037 de 1996, declaró
exequible el artículo 89 de la Ley 270, en el entendido que la función de fijar la
división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos
judiciales no podía agotarse por el legislador, precisando que la parte demandada
podía, con sujeción a la ley, expedir actos administrativos tendientes a regular la
materia en aras del eficaz funcionamiento de la rama judicial.
38. Manifestó que para el año 2014, las competencias del Tribunal Superior de
Medellín y de Antioquia resultaban excluyentes, en tanto los municipios asumidos
por cada uno de ellos excluía a la del otro. Por ende, ante este panorama, no podía
realizarse el traslado de expedientes para descongestión.
39. Al encontrar probado el cargo de nulidad por desconocimiento de las normas de
rango superior que sirvieron de fundamento, solicitó que se declare la nulidad del
8
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
artículo 2.° del Acuerdo PSAA 14-10145 de 2014, expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Otras actuaciones
40. Encontrándose el proceso en estado de fallo, mediante auto de 7 de noviembre
de 202515, el magistrado sustanciador del proceso decretó una prueba de oficio.
41. Por secretaría se corrió traslado de los documentos aportados por el Consejo
Superior de la Judicatura16.
42. El 9 de diciembre de 202517, ingresó el expediente para fallo.
43. Por auto de 5 de febrero de 202618, la Sección Primera declaró infundado el
impedimento manifestado por el Consejero de Estado doctor Carlos Fernando
Mantilla Navarro.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
44. Para decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los siguientes
aspectos: i) la competencia; ii) los problemas jurídicos y delimitación de la
controversia; iii) los apartes demandados de manera parcial; iv) el marco normativo
del Consejo Superior de la Judicatura para adoptar medidas de descongestión; v)
el estudio de los problemas jurídicos; vi) conclusiones y; vii) condena en costas.
II.1. Competencia
45. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única
instancia, de los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por
autoridades del orden nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237
de la Constitución Política, en el artículo 3619 de la Ley 270, en el numeral 1.° del
artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
201920.
II.2. Los problemas jurídicos y delimitación de la controversia
46. En la audiencia inicial se fijó el litigio en los siguientes términos:
15
Cfr. Índice 65 del expediente digital del Consejo de Estado.
16
Cfr. índice 70 del expediente digital del Consejo de Estado.
17
Cfr. índice 75 del expediente digital del Consejo de Estado.
18
Cfr. Índice 0078 del expediente digital.
19
Modificada por el artículo 15 de la Ley 2430 de 9 de octubre de 2024, “[…] Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 -
Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones. […]”.
20
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”. Modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por
medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
“[…] determinar si la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con
ocasión de la expedición del Acuerdo No. PSAA 14-10145 de 28 de abril de 2014
“por medio del cual se trasladan unos procesos para descongestión entre los
Tribunales Superiores de Antioquia y Medellín”, llegó a quebrantar los artículos 6°,
13, 29 y 121 de la Constitución Política, los literales a) y b) del artículo 63 de la Ley
270 de 1996 modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 23
del Código de Procedimiento Civil y el inciso 5° del artículo 121 del Código General
del Proceso, por cuanto, so pretexto de ejercer una competencia constitucional,
desbordó su potestad reglamentaria, al redistribuir asuntos que no son de
competencia territorial de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia.
Concretamente la parte actora formuló como cargos de violación los relacionados
con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los mismos y falsa
(sic) motivación, para lo cual señaló lo siguiente:
1.Desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados:
1.1. Violación de los artículos 6°, 13, 29 y 121 de la Constitución Política, en tanto
que el CSJ “[…] incurrió en una irregularidad sustancial violatoria del debido
proceso, al haber atribuido funciones y redistribuido negocios que legalmente
corresponde a otra Corporación Judicial [...] desconociendo el derecho de igualdad
al pretender obligar a un Cuerpo Colegiado a proferir fallos judiciales en asuntos
que no son propios de su competencia territorial […]”.
1.2. Violación de los literales a) y b) del artículo 63 de la Ley 270 de 1996
modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009, toda vez que el CSJ alteró la
competencia territorial y, por ende, desconoció que la jurisdicción de los
Magistrados de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia es distinta
a la de los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.
1.3. Violación del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto que
(sic) el CSJ vulneró el principio de legalidad al asignar funciones a la Sala Civil-
Familia del Tribunal Superior de Antioquia que son de otra Corporación Judicial.
1.4. Violación del inciso 5° del artículo 121 del Código General del Proceso, en la
medida que desconoció los términos previstos por el legislador para proferir
sentencia.
2. Falsa (sic) motivación: El acto administrativo acusado carece de las razones que
sirvieron de fundamento para la implementación de las medidas de descongestión
y no plasmó los criterios tenidos en cuenta para la decisión adoptada.
[…]. (negrilla del texto).
47. Sobre el particular se advierte que, de acuerdo con las pretensiones del libelo
introductorio, los actores presentaron demanda en contra del Acuerdo PSAA 14-
10145 de 2014 “[…] Por medio del cual se trasladan unos procesos para
descongestión entre los Tribunales Superiores de Antioquia y Medellín […]”, en su
integridad, y así lo consideró el magistrado sustanciador del proceso, al fijar el litigio
en la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
48. A pesar de ello, la Sala no puede desconocer que el juez, en cumplimiento de su
deber de ser director del proceso y en ejercicio de la potestad de interpretar el escrito
inicial debe analizar su verdadero sentido y alcance21.
49. Así las cosas, la Sala, luego de analizar el concepto de la violación, encuentra
que los reproches van dirigidos a cuestionar la legalidad de unos apartes del artículo
2.° del referido acuerdo, en cuanto ordenaron el traslado de unos procesos en
estado de fallo del Tribunal Superior de Medellín, del más reciente al más antiguo,
para ser distribuidos entre los cuatro (4) magistrados de la Sala-Civil Familia del
Tribunal Superior de Antioquia, así como el parágrafo 2.°
50. Enefecto, los actores, al desarrollar el concepto de violación, formularon
acusaciones concretas en contra de unos apartes del artículo 2.° del Acuerdo PSAA
14-10145 de 2014, así:
“[…] I. INFRACCIÓN DE NORMAS SUPERIORES EN LAS QUE DEBIÓ
FUNDARSE
[…]
1.- Vulneración de los artículos 6, 13, 29 y 121 de la Constitución Política.
[…] con lo que de contera se desconoció el derecho de igualdad al pretender
obligar a un Cuerpo Colegiado (como lo es en in casu la Sala Civil — Familia del
Tribunal Superior de Antioquia) a proferir fallos judiciales en asuntos que no son
propios de su competencia territorial y correlativamente imponer a los ciudadanos
y sujetos justiciables de una determinada comunidad a someterse a las decisiones
judiciales emitidas por una corporación que no tiene competencia territorial en el
lugar al que pertenecen o donde ocurrieron los hechos o se celebró el contrato o
negocio jurídico. Ello sin contar, que con la medida de descongestión cuestionada
por cuanto su implementación no se efectuó con apego a la ley, se termina
vulnerando el derecho de quienes reclaman el procesamiento de sus asuntos por
parte de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia […]
2.- Violación de los literales a) y b) del artículo 63 de la ley 270 de 1996
modificado por el artículo 15 de la ley 1285 de 2009.
La medida de descongestión contemplada en el Acuerdo PSAA14-10145 de abril
28 de 2014 es vulneratoria del artículo 63 de la LEAJ al alterar la competencia
territorial y por ende desconoce tal factor, cuyo respeto impone el literal a) de dicha
disposición jurídica, por cuanto la jurisdicción territorial de los Magistrados de la
Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia y de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Medellín es distinta, acorde a lo que se indicó en el hecho primero de
este libelo, es así como en la redistribución ordenada por el artículo 2 del precitado
Acuerdo mediante el cual se dispone asignar la decisión de los procesos que se
trasladen de la Sala Civil del Tribunal de Medellín a la Sala Civil Familia del Tribunal
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 12 de marzo de 2020, radicado:
76001-23-33-000-2020-00003-01, MP: Rocío Araújo Oñate. En este fallo judicial se indicó: “[…] Resulta relevante señalar,
que le compete al juez como director del proceso ser garante del derecho fundamental de acceso efectivo a la administración
de justicia, para lo cual, la ley lo dotó de la potestad de interpretar de manera integral el escrito de demanda extrayendo el
verdadero sentido de las pretensiones deprecadas por quien acude a la jurisdicción. Así, corresponde a quien instruye un
proceso verificar con detalle y detenimiento los elementos estructuradores de la causa petendi de la mano con los
razonamientos jurídicos y las pruebas con lo pretendido, los cuales deben ser analizados de manera armónica, de modo tal,
que pueda desentrañar el sentido del problema litigioso puesto a su consideración sin sacrificar las razones de quien busca
una determinación material de su situación en conflicto […]”.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
Superior de Antioquia, la cual -se repite- no tiene competencia territorial para
avocar el conocimiento de los asuntos que por ley competen a la Sala Civil del
Tribunal de Medellín se vulnera flagrantemente el literal a) del artículo 63 de la
LEAJ que categóricamente impone a la SACSJ el respeto no solo de la
especialidad funcional, sino de la competencia territorial cuando proceda a efectuar
redistribución de procesos como medida de descongestión. […]
3.- Transgresión al artículo 23 del Código de Procedimiento Civil.
Procede señalar que al dictar el acto administrativo reprochado, la SACSJ
desconoció un precepto de carácter procesal que es de orden público e imperativo
cumplimiento, dado que vituperó uno de los principios a través del mecanismo de
redistribución de los asuntos a descongestionar terminó asignándole a la Sala
Civil- Familia del Tribunal Superior de Antioquia funciones que legalmente
corresponde a otra Corporación Judicial como es la Sala Civil del Tribunal Superior
de Medellín y de tal manera, con la expedición del Acuerdo refutado aquella
Colegiatura se atribuyó funciones propias del legislador, invadiendo así la potestad
legislativa que solo detenta el Congreso de la República […]
4.- Quebrantamiento del inciso 5° del artículo 121 del Código General del
Proceso
Debe resaltarse que al expedir el Acuerdo impugnado la SACSJ desconoció el
inciso 5° del artículo 121 CGP cuya vigencia se inició desde el día 12 de julio de
2012, según mandato contenido en el artículo 627 numeral 2° de dicha codificación
contenida en la ley 1564 de 2012.
De tal suerte que al disponer en el artículo 2 parágrafo 2° que “Los procesos
trasladados deberán ser fallados en un término no superior a seis (6) meses” olvidó
que la disposición jurídica en cita estableció excepciones a los términos previstos
por el legislador para proferir sentencia.[…]
III.EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACUERDO PSAA 14-10145 del 28 de abril
de 2014 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
1.- FALTA DE MOTIVACION. […]
Acorde con el planteamiento en precedencia, la SACSJ en su manifestación de
voluntad expresada en el Acuerdo PSAA14-10145 del 28 de abril de 2014, no
expresó o manifestó causa alguna que permita concluir la justificación de la
medida de descongestión adoptada; no plasma el acto impugnado los criterios
de legalidad tenidos en cuenta para la decisión adoptada y por ende, no se
conocen los motivos que impulsaron a la SACSJ a obrar de la manera como actuó.
[…]”. (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
II.3. Los apartes demandados
51. La demanda se dirige contra el artículo 2.° del Acuerdo PSAA 14-10145 de 2014,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto
ordenó el traslado de unos procesos en estado de fallo de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Medellín a los cuatro (4) magistrados de la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Antioquia, así el parágrafo 2.° del referido artículo, cuyos
apartes cuestionados se subrayan:
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
“[…] ACUERDO No. PSAA14-10145
(Abril 28 de 2014)
"Por medio del cual se trasladan unos procesos para descongestión entre los
Tribunales
Superiores de Antioquia y Medellín"
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las señaladas
en los Artículos 63 de la Ley 270 de 1996, 15 de la Ley 1149 de 2007 y 46 de la
Ley 1395 de 2010 y, de conformidad con lo aprobado en la sesión de la Sala
Administrativa del 2 de abril de 2014,
ACUERDA
“[…]
ARTÍCULO 2°.- Traslado de Procesos Civiles.- Trasladar 240 procesos en estado
de fallo, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, del más reciente al
menos reciente, para ser distribuidos entre los 4 magistrados de la Sala Civil-
Familia y entre los 3 magistrados de la Sala Civil especializada en restitución de
tierras del Tribunal Superior de Antioquia.
PARÁGRAFO PRIMERO: La distribución de procesos estará a cargo de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, la cual
verificará que todos los despachos queden con carga equitativa
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los procesos traslados (sic) deberán ser fallados en
un término no superior a seis (6) meses. […]”. (negrilla del texto).
II.4. La facultad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura
52. El artículo 257 de la Constitución Política enlista las siguientes funciones a cargo
del Consejo Superior de la Judicatura, entre las cuales se destacan las previstas en
el numeral 3.° del referido artículo, así:
“[…] ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura
cumplirá las siguientes funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En
ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá
establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para
el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la
administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones
internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales
y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no
previstos por el legislador. […]”. (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
53. La Constitución Política otorgó a ciertas autoridades administrativas, como el
Consejo Superior de la Judicatura, facultades de reglamentación a fin de “[…] Dictar
los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de
Justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los
distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se
adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador
[…]”, la cual debe realizarse con “[…] sujeción a la ley […]”. Sobre el particular, la
Corte Constitucional, en sentencia C-805 de 200122, indicó:
“[…] El constituyente de 1991 introdujo respecto de ciertas materias y para
determinados órganos un sistema de reglamentación especial. Se trata de ámbitos
de regulación, que por expreso mandato de la Constitución se asignan a otros
órganos constitucionales, al margen de la potestad reglamentaria del Presidente.
Tal es el caso del Consejo Superior de la Judicatura del Consejo, órgano al
cual, de acuerdo con el artículo 257 de la Constitución, le corresponde, con
sujeción a la ley "Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz
funcionamiento de la Administración de Justicia, los relacionados con la
organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la
regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en
los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.” […]
Sin embargo tales competencias para expedir reglamentos, distintas de la
Potestad Reglamentaria del Presidente de la República, tienen un régimen en la
propia Constitución. Por fuera de los casos especiales previstos en la Carta, la
competencia primaria para la reglamentación de la ley orientada a garantizar su
cumplida ejecución corresponde al Presidente de la República. […]”. (negrilla fuera
del texto).
54. El artículo 63 de la Ley 270, asignó a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura la facultad para regular la forma cómo las corporaciones podían
redistribuir los asuntos que se encuentren pendientes de fallo entre los tribunales y
despachos judiciales que se encuentren al día, en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 63. MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN. La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, en caso de congestión de los Despachos
Judiciales, podrá regular la forma como las Corporaciones pueden redistribuir
los asuntos que tengan para fallo entre los Tribunales y Despachos
Judiciales que se encuentren al día; seleccionar los procesos cuyas pruebas,
incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el
Juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del
lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en procesos que estén
conociendo otros jueces.
Igualmente, podrá crear, con carácter transitorio, cargos de jueces o magistrados
sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto. […]”. (negrilla
fuera del texto).
55. Se debe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia C- 037 de 199623, al
efectuar el control previo, automático e integral del proyecto de ley estatutaria que
pasaría a convertirse en la Ley 270, indicó que la facultad otorgada en el artículo 63
22
Corte Constitucional, sentencia C- 805 de 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil.
23
Corte Constitucional, sentencia C- 037 de 1996, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para redistribuir los
asuntos pendientes para fallo resultaba constitucional, en los siguientes términos:
“[…] El presente artículo constituye una interpretación del principio constitucional
de que la administración de justicia debe ser pronta y eficaz, el cual ya ha sido
analizado en esta sentencia. Es con este propósito, que la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura podrá redistribuir los asuntos
pendientes para fallo entre los distintos tribunales o despachos judiciales,
función ésta que se podrá llevar a cabo siempre y cuando no se alteren las
garantías procesales con que cuentan los asociados para la resolución de
sus conflictos. Conviene aclarar que, al igual que se explicó a en torno al artículo
51 del presente proyecto la facultad consagrada en la norma bajo examen no se
extiende a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, porque la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no es
constitucionalmente superior jerárquico de estas corporaciones y, por tanto, no
pueden las decisiones que adopte sobre este particular tener efectos obligatorio
(sic) sobre ellas. […]”. (negrilla fuera del texto).
56. Posteriormente, la Ley 1285 incorporó una serie de medidas para lograr la
eficacia y celeridad en la administración de justicia. En la exposición de motivos se
señaló que: “[…] Para el Gobierno Nacional ha sido un cometido de especial
empeño posibilitar la formulación e implementación de acciones dirigidas a superar
la congestión judicial, la adopción de reformas legales y procedimientos ágiles y
expeditos y la coordinación de esfuerzos para la búsqueda de alternativas
razonables para el mejoramiento de las condiciones del aparato judicial que se
reflejen en una respuesta oportuna a la demanda ciudadana. […]”24.
57. Dentro de los objetivos del plan se estableció que la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura sería la entidad rectora del plan nacional de
descongestión, como instrumento encargado de definir los objetivos, indicadores de
congestión, estrategias, términos y mecanismos de evaluación y se dotó de amplias
facultades a esta entidad en procura de adoptar medidas para la consecución de
estos objetivos. Dentro de ellas, se resalta la de redistribuir los procesos entre los
tribunales y juzgados, en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 15. Modifícase el artículo 63 de la Ley 270 de 1996
Artículo 63. Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de
descongestión que será concertado con la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los
objetivos, los indicadores de congestión, las estrategias, términos y los
mecanismos de evaluación de la aplicación de las medidas.
Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas pertinentes, entre
ellas las siguientes:
a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la
competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los Tribunales y Juzgados
24
Gaceta 245 del Congreso de la República.
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una
carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;
[…]”. (negrilla fuera del texto).
58. La Corte Constitucional, en sentencia C-713 de 200825, analizó la referida
modificación, encontrándola ajustada a la Constitución Política, con sustento en los
siguientes argumentos:
“[…] La posibilidad de redistribución de los procesos para fallo no contraviene la
Constitución, siempre y cuando no se alteren las garantías procesales con
que cuentan los asociados para la resolución de sus conflictos.
Pero si bien la reasignación de carga laboral es válida, es importante resaltar que
la misma no constituye un medio para estimular la congestión judicial, ni para
fustigar a los servidores públicos más diligentes que no tienen graves problemas
de represamiento de los procesos judiciales a su cargo. Es por ello que la política
de redistribución de asuntos deberá estar acompañada de un control y seguimiento
permanente, reflejado en las calificaciones de desempeño de acuerdo con el
rendimiento de quienes contribuyen de manera más intensa a superar tan difícil
problemática. […]”. (negrilla fuera del texto).
59. Como se advierte, en relación con esta norma, el literal a) del artículo 63,
modificado por el artículo 15 de la Ley 1385, permite la redistribución de los asuntos
entre los tribunales y juzgados de la misma jerarquía que tengan una carga laboral
que lo amerite, siempre que se respete: i) la especialidad funcional y; ii) la
competencia territorial. Resulta claro, entonces, que el legislador del año 2009
introdujo unas limitantes para el ejercicio de esta competencia relacionadas con el
respeto de la especialidad funcional y la competencia territorial.
60. La especialidad funcional “[…] se determina en razón del principio de las dos
instancias; […]” , mientras que el factor territorial hace alusión al “[…] espacio en el
cual un funcionario judicial ejerce sus funciones, es decir, lugar o territorio para
desatar los litigios que en él surjan […]” . Estas nociones han sido abordadas con
suficiencia por la Corte Suprema de Justicia, así26:
“[…] En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la
distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del
litigio, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros
personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados
ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad
de jurisdicción), acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso.
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28
ejusdem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad
25
Corte Constitucional, sentencia C- 713 de 2008, MP: Clara Inés Vargas Hernández.
26
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 10 de agosto de 2022, radicado: 11001-02-03-000-2022-
02660-00.
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territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública,
conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía.
La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita
realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con
la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del
circuito, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes,
que compete a los jueces de familia, en única instancia .
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los
asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió,
como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las
pretensiones, conforme lo disponen los cánones 15 y 25 del estatuto procesal civil.
(iii)Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad,
categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez
civil municipal, en única instancia), que –por sí solas– son insuficientes para adjudicar
el expediente a un funcionario judicial en específico.
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de
acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez
competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el
contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el
artículo 28 del Código General del Proceso.
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla
general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en
contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza
(personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio
de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o
secundario), 8 (domicilio del insolvente), 9 (domicilio del demandante en asuntos en
los que se convoca a la Nación), 10 (domicilio de las personas jurídicas de derecho
público) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28.
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos
asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y
amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza,
restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y
mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso,
en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad
intelectual o competencia desleal (numeral 11).
Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio
jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el
juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas
funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de
juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de
manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción
judicial.
(v)Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas
variantes: subjetivas (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de
pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
[…]”. (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
61. A partir de lo anterior, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, en este nuevo contexto normativo, se encuentra facultada para adoptar
medidas necesarias en el marco de la política del plan de descongestión, y una de
ellas consiste en la redistribución de procesos entre despachos que tengan una
carga laboral que lo justifique, siempre que se respete la especialidad funcional y
territorial.
II.5. Estudio de los problemas jurídicos
II.5.1. Nulidad por infracción de las normas en que debería fundarse
62. De acuerdo con la fijación del litigio, deberá analizarse si los apartes
demandados del acto acusado fueron expedidos con transgresión de los artículos
6.°, 13, 29 y 121 de la Constitución Política; los literales a) y b) del artículo 63 de la
Ley 270, modificado por el artículo 15 de la Ley 1285; el artículo 23 del Código de
Procedimiento Civil, por cuanto la parte demandada, so pretexto de ejercer una
competencia constitucional, desbordó su potestad reglamentaria, al redistribuir
asuntos que no son de competencia territorial de la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Antioquia y además de ello, desconoció el mandato contenido en el
inciso 5. del artículo 121 de la Ley 1564, en cuanto al plazo para proferir sentencia.
63. El artículo 11 de la Ley 270 Estatutaria de Administración de Justicia señala
que la jurisdicción ordinaria se encuentra integrada por: i) la Corte Suprema de
Justicia; ii) los Tribunales Superiores del Distrito Judicial y; iii) los juzgados civiles,
laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, de ejecución de penas y
medidas de seguridad, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los demás
especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley. Además de ello, de
conformidad con el parágrafo 1.° de la referida norma, “[…] Los Tribunales
Superiores […] tienen competencia en el correspondiente distrito judicial […]”.
64. El artículo 19 de la Ley 270, señala que los Tribunales Superiores son creados
por el Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que
determine la ley procesal en cada distrito judicial y tienen el número de magistrados
que se determine, el cual no será menor de tres (3). Deben ejercer sus funciones
por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los magistrados, por la
Sala de Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás Salas de Decisión
impares, de acuerdo con la ley.
65. Según se evidencia, en el caso de los Tribunales Superiores la competencia
territorial está definida por el distrito judicial al que pertenecen. Cada Sala tiene
asignada una competencia específica y sus magistrados deben conocer de los
asuntos y controversias que se originan en dicho territorio.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
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66. En el sub examine, se encuentra demostrado que a través del Acuerdo 087 de
9 de mayo de 199627, el Consejo Superior de la Judicatura fijó la división del territorio
nacional para efectos judiciales en la jurisdicción ordinaria.
67. En lo que aquí interesa, el Distrito Judicial de Antioquia está integrado por treinta
(30) circuitos judiciales, el cual comprende los siguientes municipios:
CIRCUITO JUDICIAL MUNICIPIOS COMPRENDIDOS
Abejorral Abejorral
Amalfi Amalfi, Anorí
Andes Andes, Betania, Hispania, Jardín
Apartadó Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá
Bolívar Bolívar, Salgar
Caucasia Cáceres, Caucasia, Tarazá
Cisneros Cisneros, Maceo, San Roque, Santo
Domingo
Dabeiba Dabeiba, Peque, Uramita
El Bagre El Bagre, Nechí, Zaragoza
El Santuario Cocorná, El Santuario, Granada, Puerto
Triunfo, San Carlos, San Francisco, San
Luis
Fredonia Fredonia, Venecia
Frontino Abriaquí, Cañasgordas, Frontino
Ituango Ituango, San Andrés de Cuerquia, San
José de la Montaña, Toledo
Jericó Jericó, Pueblo Rico, Tarso
La Ceja La Ceja, La Unión, El Retiro
Marinilla Guatapé, Marinilla, El Peñol, San Rafael
Puerto Berrío Caracolí, Puerto Berrío, Puerto Nare y
Yondó
Rionegro Alejandría, El Carmen de Viboral,
Concepción, Guarne, Rionegro y San
Vicente
Santa Bárbara Montebello y Santa Bárbara
Santa Fe de Antioquia Anzá, Buriticá, Giraldo San Jerónimo y
Santa Fe de Antioquia
27
“[…] Por medio del cual se fija la División del Territorio Nacional para efectos judiciales en la Jurisdicción Ordinaria y se
dictan otras disposiciones. […]”. Con anterioridad, se expidió el Decreto 2270 de 7 de octubre de 1989 “[…] Por el cual se
modifica la División territorial Judicial del País se crean unos Despachos Judiciales y se dictan otras disposiciones. […]”. Este
decreto dispuso:
“[…] ARÍTCULO PRIMERO.
JURISDICCION ORDINARIA.
Distritos Judiciales.
A. MODIFICACION DE DISTRITOS JUDICIALES
I -Departamento de Antioquia.
A. Distrito Judicial de Medellín. El actual Distrito Judicial de Medellín, tendrá jurisdicción y competencia en los Circuitos
Judiciales de Medellín, Bello, Envigado, Girardota e Itagüí.
B. Distrito Judicial de Antioquia. El Distrito Judicial de Antioquia, creado mediante el artículo 64 de la Ley 2ª de 1984, tendrá
jurisdicción y competencia en los Circuitos de Rionegro, Abejorral, Amalfi, Antioquia, Apartadó, Bolívar, Caucasia, Cisneros,
Dabeiba, Fredonia, Frontino, Ituango, Jericó, La Ceja, Marinilla, Puerto Berrío, Santa Bárbara, Santo Domingo, Santa Rosa,
Santuario, Segovia, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Titiribí, Turbo, Urrao, Yarumal y Yolombó.
De conformidad con el artículo 65 de la Ley 2ª de 1984 fijase la sede del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
en la ciudad de Medellín. Este Tribunal tendrá las siguientes Salas: Penal, Civil, Laboral, Familia, Disciplinaria y Agraria. [….]”.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
Santa Rosa de Osos Carolina, Donmatías, Gómez Plata,
Guadalupe y Santa Rosa de Osos
Segovia Remedios y Segovia
Sonsón Argelia, Nariño, y Sonsón
Sopetrán Liborina, Olaya, Sabanalarga y Sopetrán
Támesis Caramanta, Támesis y Valparaíso
Titiribí Amagá, Angelópolis y Titiribí
Turbo Arboletes, Murindó, Necoclí, San Juan de
Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y
Vigía del Fuerte
Urrao Betulia, Caicedo, Concordia, Urrao
Yarumal Angostura, Briceño, Campamento,
Valdivia y Yarumal
Yolombó Vegachí, Yalí y Yolombó
68. El mapa judicial28 se ve reflejado de la siguiente manera:
69. Por su parte, el Distrito Judicial de Medellín está integrado por cinco (5) circuitos
judiciales, el cual comprende los siguientes municipios:
CIRCUITO JUDICIAL MUNICIPIOS COMPRENDIDOS
Bello Bello y Copacabana
Envigado Envigado y Sabaneta
Girardota Barbosa y Girardota
Itagüí Armenia, Caldas, Heliconia, Itagüí y La
Estrella
Medellín Belmira, Ebéjico, Entrerríos, Medellín y
San Pedro
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https://procedimientocivilgeneral.webnode.es/news/mapas-judiciales/. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2025.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
70. A su vez, el mapa judicial29 se ve reflejado así:
71. En tales condiciones, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, al haber ordenado el traslado de unos procesos en estado de fallo, del
más reciente al más antiguo, para ser redistribuidos desde la Sala Civil del Tribunal
Superior de Medellín a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia
desconoció el literal a) del artículo 63 de la Ley 270, modificado por el artículo 15
de la Ley 1285, que establece que esta clase de redistribución de asuntos entre los
tribunales y juzgados debe hacerse respetando la especialidad territorial, lo cual
derivó en el desbordamiento del ejercicio de la potestad reglamentaria de la cual es
titular. Este criterio fue inobservado pues, conforme se indicó supra, el Tribunal
Superior de Antioquia y el Tribunal Superior de Medellín ejercen sus competencias
en ámbitos territoriales diferentes.
72. Como resultado de ello, la parte demandada transgredió los artículos 6, 13, 29 y
121 de la Constitución Política normas que, en su orden, hacen referencia a: i) los
principios de responsabilidad de los servidores públicos; ii) el derecho de igualdad
de las personas a recibir el mismo trato y protección; iii) el debido proceso, dentro
de los cuales se encuentra el principio de juez natural y; iv) el principio de
taxatividad de las funciones.
73. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura si bien es titular de
la potestad reglamentaria y, en ejercicio de esta, puede adoptar medidas para
29
https://procedimientocivilgeneral.webnode.es/news/mapas-judiciales/. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2025.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
garantizar el funcionamiento eficaz de la administración de justicia, esta
competencia se encuentra subordinada a la Constitución Política y a la ley.
74. Resulta indiscutible que el ejercicio de la potestad reglamentaria a cargo de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que le faculta a adoptar
medidas de descongestión tiene su fuente en la Constitución Política y en la Ley.
Sin embargo, dicha facultad encuentra límite en el respeto por el principio de
jerarquía normativa, y en este sentido, la Constitución Política y Ley Estatutaria de
Administración de Justicia del año 2009 constituye el marco jurídico sobre el cual
se deben adoptar esta clase de decisiones y cuya inobservancia abre paso para
que la jurisdicción ejerza el control de legalidad por desbordamiento del ejercicio de
la potestad reglamentaria.
75. Así las cosas, el principio de igualdad y el debido proceso dentro de la cual se
encuentra la garantía del juez natural se desconoce porque las reglas de
competencia se ven alteradas por una medida de descongestión que desconoce el
límite previsto por el legislador. A ello se suma que la medida introduce un
tratamiento diferenciado entre los usuarios que quedaron cobijados con la medida,
generando cargas injustificadas. Adicionalmente, el Consejo Superior de la
Judicatura, al amparo de una función de descongestión, ejerció unas funciones
inobservando los artículos 6. y 121 de la Constitución Política.
76. Igualmente, la Sala considera que el parágrafo 2.° del artículo 2.° del Acuerdo
PSAA 14-10145 de 2014, en cuanto indica que los procesos trasladados deberán
ser fallados en un término no superior a seis (6) meses, igualmente transgrede el
artículo 121 de la Ley 1564, sobre la duración de los procesos y la posibilidad de
prórroga, norma que es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 121. Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del
proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar
sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto
admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada.
Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior
a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del
juzgado o tribunal.
[…]
Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término
para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación
de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.
[…]”. (negrilla del texto).
77. En efecto, esta norma señala que no puede transcurrir un lapso superior a un (1)
año para dictar sentencia de primera instancia o única instancia, y seis (6) meses,
para resolver la segunda. Sin embargo, y de manera excepcional, el juez o
22
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
magistrado puede prorrogar por una sola vez la instancia respectiva, hasta por seis
(6) meses, mediante auto que contenga las razones de la necesidad para hacerlo;
mandato que, conforme se indicó anteriormente, fue desconocido por la parte
demandada.
78. Por ende, los apartes demandados serán declarados nulos, al haber sido
expedidos por la parte demandada con infracción de las normas en que debería
fundarse, en especial, con transgresión de los artículos 6.°, 13, 29 y 121 de la
Constitución Política, el literal a) del artículo 63 de la Ley 270, modificado por el
artículo 15 de la Ley 1285 y el artículo 121 de la Ley 1564.
79. La Sala como lo ha sostenido en otras oportunidades30 no analizará el cargo de
nulidad de violación del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, porque los
anteriores argumentos son suficientes para declarar la nulidad de los apartes
demandados.
II.5.2. Nulidad por falta de motivación
80. La Sala deberá analizar si está llamado a prosperar el vicio de nulidad por falta
de motivación y si la parte demandada justificó las razones que sirvieron de
fundamento para la implementación de la medida de descongestión cuestionada.
81. La motivación del acto ha sido entendida como el conjunto de razones de hecho
y de derecho que justifican la adopción del acto administrativo. Los motivos
constituyen, entonces, el soporte fáctico y jurídico que dan sustento a la decisión
administrativa.
82. La Corte Constitucional, en la sentencia T-204 de 201231, al referirse a los
fundamentos constitucionales de la motivación de los actos administrativos,
consideró lo siguiente:
“[…] 3. Fundamentos constitucionales de la motivación de los actos
administrativos
La sentencia SU-917 recogió los preceptos fijados por la jurisprudencia de esta
Corporación32 al identificar los elementos constitucionales que sostienen el deber de
motivar los actos administrativos. En síntesis se relacionan los siguientes:
30
Dicha posición ha sido reiterada por esta Sección, entre otras, en las siguientes sentencias: i) Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,
radicación núm.: 11001-03-24-000-2009-00457-00; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-
00234-00; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2024,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00105-00; iv) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de mayo de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación
núm.: 11001-03-24-000-2010-00558-00; v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 23 de mayo de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm.: 11-001-03-24-000-2010-00027-00 y;
vi) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2025, radicado
núm.: 11001-03-24-000-2017-00222-00, CP: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
31
Corte Constitucional, sentencia T-20 de 2012, MP: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D.C.
32
Ver sentencias: SU-250 de 1998, C-038 de 1996, C-054 de 1996, C-368 de 1999, C-371 de 1999, C-599 de 2000, C-646
de 2000, C-734 de 2000, C-292 de 2001, C-392 de 2001 y C-1142 de 2001.
23
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• Cláusula de Estado de Derecho. Este concepto se encuentra fijado en el artículo
1° de la Carta33 y encierra el principio de legalidad de las actuaciones de los entes
públicos, eliminando así la arbitrariedad en sus actuaciones. Una de las formas en las
que se materializa es en la obligación de motivar lo actos administrativos toda vez
que ésta es la forma en la que se verifica la sujeción de la administración al imperio
de la ley34.
• Debido proceso. Igualmente, el artículo 2935 superior plantea como presupuesto
para hacer efectivo el derecho de contradicción y de defensa, que los administrados
tengan argumentos que puedan ser controvertidos cuando no están de acuerdo con
las actuaciones de las autoridades. De esta forma, cuando en el acto no se expresan
las razones que han dado sustento a la decisión, el particular se encuentra en un
estado de indefinición derivado de la imposibilidad de expresar los motivos por los
que disiente de la decisión tomada, vulnerando así su derecho a controvertir la
actuación con la que no está de acuerdo36.
• Principio Democrático. En virtud de los artículos 1°, 12337 y 20938 de la
Constitución, el deber de motivar los actos administrativos materializa la obligación
que tienen las autoridades de rendir cuentas a los administrados acerca de sus
actuaciones39.
• Principio de Publicidad. El artículo 209 de la Carta establece que la función
administrativa se deberá desarrollar con fundamento en el principio de publicidad.
Este mandato se encuentra estrechamente relacionado con los conceptos de Estado
de Derecho y de democracia, dado que garantiza la posibilidad de que los
administrados conozcan las decisiones de las autoridades, y así puedan controvertir
aquellas con las que no están de acuerdo40.
Derivado de lo anterior, la motivación de los actos administrativos proviene del
cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares
tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías
gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de
poder. De esta forma, le corresponde a la administración motivar sus actos y a los
entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico
[…]”. (negrilla fuera del texto).
33
(cita es original): Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
34
Ver sentencias C-371 de 1999 y SU-250 de 1998.
35
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado
sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir
las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
36
Ver sentencia C-279 de 2007.
37
Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de
la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su
ejercicio.
38
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la ley.
39
Sentencias T-552 de 2005, SU-250 de 1998, T-132 de 2007, T-308 de 2008 y T-356 de 2008.
Ver sentencia C-054 de 1996.
24
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
83. La falsa motivación como vicio de nulidad del acto se produce cuando “[…] i) se
presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación
de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en
el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o
simuladas; iii) porque el autor del acto les ha dado a los motivos de hecho o de
derecho un alcance que no tienen; y iv) porque los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión. […]”41. Por su parte, la falta de
motivación implica la ausencia de motivación, causal que genera la nulidad por
expedición irregular del acto.
84. La falsa motivación plantea para el juzgador un debate probatorio y confrontación
entre el contenido del acto y la realidad fáctica y jurídica, mientras que la falta de
motivación “[…] significa un problema de valoración directa del cuerpo o contenido
del acto sobre si se expresan o indican o no razones para su expedición, y si lo
dicho es suficiente como para tenerse como motivación. […]”42.
85. Frente a la motivación de los actos administrativos de carácter general, la
jurisprudencia ha señalado que este requisito se cumple con la indicación del objeto
y los fundamentos normativos que sirven de sustento para su expedición, salvo que
exista una norma que ordene una motivación suficiente. Sobre el particular, se ha
señalado:
“[…] Ahora bien, con respecto a los actos administrativos de carácter general, en
razón a su naturaleza y alcance, por regla general es suficiente tener como
motivación la indicación de sus fundamentos legales y de su objeto, salvo que
exista una disposición en la ley que ordene una motivación diferente, tal como
lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.
La Sala reitera que los actos administrativos generales son aquellos que crean,
modifican o extinguen una situación jurídica abstracta o impersonal. Uno de los
factores que suele asociarse erradamente a la determinación de actos de esta
naturaleza es la cantidad de personas que se ven afectadas por la manifestación de
voluntad de la administración; sin embargo, ello no es característico de los mismos
ya que lo que los define es «[...] la abstracción o indeterminación individual de sus
destinatarios o de las personas que pueden resultar cobijadas por el acto [...]».
En suma, la causa o motivo de algunos actos administrativos, como acontece en el
acto general sometido a consideración, están implícitos en su contenido y, por
tanto, es suficiente tener como motivación la indicación de sus fundamentos
legales y de su objeto. […]43”. (negrilla fuera del texto).
86. En el sub examine, el artículo 2.° del Acuerdo PSAA 14-10145 de 2014,
parcialmente cuestionado tuvo como propósito trasladar unos procesos para
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 16 de abril de 2021, radicado:
15001-23-33-000-2015-00489-01 (5110-16); MP: César Palomino Cortés.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio de 2012, MP: Marco
Antonio Velilla, radicado: 11001-0324-000-2006-00348-00.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección A., CP: Rafael Francisco Suárez
Vargas, sentencia de 10 de diciembre de 2020, radicación número: 11001-03-25-000-2014-00307-00 (0914-14).
25
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
descongestión desde la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín a la Sala Civil-
Familia del Tribunal Superior de Antioquia -objeto-.
87. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PSAA 14-10145 de 2014, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales
previstas en los artículos 63 de la Ley 270, 15 de la Ley 1149 de 13 de julio de
200744 y 46 de la Ley 1395 de 12 de julio de 201045 - fundamentos-.
88. El artículo 63 de la Ley 270, modificado por el artículo 15 de la Ley 1285, vigente
para la fecha en que se expidió la medida enjuiciada, es del siguiente tenor:
“[…] ARTÍCULO 15. Modifícase el artículo 63 de la Ley 270 de 1996
Artículo 63. Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de
descongestión que será concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los
indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de
evaluación de la aplicación de las medidas.
Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas pertinentes, entre
ellas las siguientes:
1. El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la
competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los Tribunales y
Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía
que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita; […]”.
(negrilla fuera del texto).
89. Por su parte, el artículo 46 de la Ley 1395, señaló que:
“[…] Artículo 46. Modifíquese el artículo 12 del Código del Procedimiento del Trabajo
y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 9° de la Ley 712 de 2001, el cual
quedará así:
Artículo 12. Competencia por razón de la cuantía.
Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya
cuantía exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual
vigente, y en primera instancia de todos los demás.
Donde no haya juez laboral de circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez
de circuito en lo civil.
Los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, donde existen
conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente
a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente. […]”. (negrilla del texto y
subrayado fuera del texto).
44
“[…] Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus
procesos. […]”.
45
“[…] Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. […]”.
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Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
90. A su vez, el artículo 15 de la Ley 1149, indicó lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 15. Régimen de transición. Los procesos iniciados antes de la
aplicación gradual de la presente ley se continuarán tramitando bajo el régimen
procesal anterior.
Dentro del año siguiente contado a partir de la promulgación de la ley, el Consejo
Superior de la Judicatura adoptará y pondrá en práctica medidas especiales,
suficientes para descongestionar los despachos judiciales laborales, en los procesos
promovidos antes de la entrada en vigencia de la presente ley.
Dichas medidas deberán garantizar la descongestión de los despachos judiciales, en
un término no mayor de dos años a partir de la promulgación de esta ley.
Quienes sean nombrados como jueces y magistrados, deberán ser especializados o
expertos en derecho del trabajo o en seguridad social. […]”. (negrilla del texto y
subrayado fuera del texto).
91. La parte demandada remitió copia de los antecedentes administrativos del acto
acusado, en el cual consta el documento denominado “[…] Propuesta de ajustes a
medidas de descongestión vigentes […]46”, mediante el cual se propone el traslado
de unos procesos desde la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín para ser
distribuidos entre los cuatro (4) magistrados de la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Antioquia.
92. Además de ello, la propuesta citada supra hace referencia al documento titulado
“[…] Balance de medidas de descongestión de 2010 a 2013 y evaluación de las
medidas transitorias vigentes a diciembre de 2013 […] que se presenta a
consideración de la Sala Administrativa, como punto de partida para la adopción de
medidas, se toma éste como base para recomendar la supresión de algunas
medidas por no cumplimiento de metas, por no reporte al SIERJU o por ya no ser
necesarias, al igual que la adopción de nuevas. […]”.
93. A través de auto de 7 de noviembre de 2025, se decretó como prueba de oficio
el documento titulado “[…] Balance de medidas de descongestión de 2010 a 2013
y evaluación de las medidas transitorias vigentes a diciembre de 2013 […]” junto
con sus anexos, el cual fue allegado el 25 de noviembre de 202547.
94. De acuerdo con el referido documento, los despachos integrantes de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Medellín tienen los siguientes índices de ingresos efectivos,
egresos y evacuación al mes de diciembre de 201348:
46
Fol. 116 a 149 del cuaderno 1.
47
Cfr. Índice 67 del expediente digital.
48
Cfr. Índice 67. Folio 167 «Anexo 2 - UDAEO25-4859.pdf».
27
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95. A su vez, el nivel de ingresos efectivos, egresos y evacuación de los cuatro (4)
despachos integrantes de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia al
mes de diciembre de 2013 es el siguiente49:
49
Cfr. Cfr. Índice 67Folio 167 «Anexo 2 - UDAEO25-4859.pdf».
28
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96. Según lo anterior, se evidencia que los doce (12) magistrados de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Medellín recibieron un total de 4938 procesos, lo cual arroja un
promedio de 411 por despacho. Esta cifra se compara con el movimiento de los
cuatro (4) miembros integrantes de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Antioquia, quienes recibieron un total de 1257 expedientes, lo cual se traduce en un
promedio de 314 expedientes por cada despacho. En consecuencia, se advierte
que la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín recibe una mayor carga laboral.
97. En tal virtud, la motivación exigida por razón de la carga laboral se encuentra
justificada con la “[…] Propuesta de ajustes a medidas de descongestión vigentes
[…]” y el anexo titulado “[…] Balance de medidas de descongestión de 2010 a 2013
y evaluación de las medidas transitorias vigentes a diciembre de 2013 […]”,
documentos que, valorados conjuntamente, demuestran que la medida cuestionada
era necesaria para enfrentar la congestión que se venía presentando al interior de
la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.
98. Por las razones antes expuestas, este cargo de nulidad no está llamado a
prosperar.
II.6. Conclusiones
99. Los actores consideran que la medida de descongestión cuestionada: i) vulnera
los artículos 6.º, 13, 29 y 121 de la Constitución Política; los literales a) y b) del
artículo 63 de la Ley 270, modificado por el artículo 15 de la Ley 1285; 23 del Código
de Procedimiento Civil y; 121 (inciso 5.°) de la Ley 1564 y; ii) carece de motivación
dado que la parte demandada no explicó las razones que sustentaban la medida de
descongestión.
100. La Sala considera que está llamado a prosperar el cargo de nulidad por violación
del ordenamiento superior que le debió de servir de fundamento, en particular, por
haber desconocido los artículos 6.°, 13, 29 y 121 de la Constitución Política y el
literal a) del artículo 63 de la Ley 270, modificado por el artículo 15 de la Ley 1285,
porque so pretexto del ejercicio de la potestad reglamentaria, adoptó una medida
de descongestión inobservando el mandato del legislador según el cual la
redistribución de procesos que se encuentren para fallo entre los tribunales y
juzgados debe tener en cuenta la jerarquía, la carga laboral, la especialidad
funcional y la competencia territorial, límite último que, se insiste, no fue respetado
por la parte demandada al adoptar la medida de descongestión enjuiciada. Además,
inobservó el artículo 121 de la Ley 1564, sobre la duración de los procesos y la
posibilidad de prórroga.
29
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00592-00
Demandantes: Darío Ignacio Estrada Sanín y otros
II.7. Condena en costas
101. Esta Sala se abstendrá de condenar en costas, en tanto que no concurren los
supuestos del artículo 188 de la Ley 1437, por tratarse de un asunto en el que se
ventila un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del artículo 2.° del Acuerdo PSAA 14-
10145 de 28 de abril de 2014, expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, en cuanto al traslado de unos procesos en estado de fallo
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín para ser distribuidos entre los
cuatro (4) magistrados de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia,
así como del parágrafo segundo del artículo ibidem, de conformidad con las razones
expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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