Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00558-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 11001-03-24-000-2010-00558-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00558-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00558-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Referencia. Acción de nulidad
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
TESIS: SE ACCEDE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. EN LAS
ENTIDADES TERRITORIALES, LAS RESPECTIVAS ASAMBLEAS
DEPARTAMENTALES Y CONCEJOS MUNICIPALES SÍ PUEDEN
AUTORIZAR EL USO, TANTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS,
COMO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La ciudadana ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ, obrando en su propio
nombre y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 84
del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a
obtener la nulidad de la Circular Conjunta Externa de 8 de
septiembre de 2010, expedida por el Ministro de Hacienda y Crédito
Púbico, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la
República y el Auditor General de la República.
2
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
I.- FUNDAMENTOS DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los
artículos 1º, 58, 113, 228, 229, 300, 313 y 365 de la Constitución
Política; 24, 71 y 109 del Decreto 111 de 15 de enero de 1996 1; 10°,
11 y 12 de la Ley 819 de 9 de julio de 20032; y 5º y 23 de la Ley 80
de 28 de octubre de 19933.
Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,
lo siguiente:
. PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIGAD.
Alegó que la directriz impartida por la Circular Conjunta Externa
desconoció de manera flagrante la normatividad presupuestal, toda vez
que el ordenamiento ha regulado el tema de las vigencias futuras
ordinarias y extraordinarias, como una posibilidad fiscal de financiar
compromisos contractuales.
1
“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el
estatuto orgánico del presupuesto", expedido por el Presidente de la República.
2
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal
y se dictan otras disposiciones”.
3
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Expresó que de conformidad con los artículos 10°, 11 y 12 de la Ley
819 es claro que las entidades territoriales, en cabeza de sus gobiernos
locales, tienen regulación expresa para solicitar, ante sus
correspondientes Concejos o Asambleas, la autorización para
comprometer vigencias futuras, previa aprobación por el Consejo
Superior de Política Fiscal -CONFIS- territorial o del órgano que haga
sus veces.
Explicó que, de manera particular, la asunción de obligaciones que
impliquen la afectación del presupuesto de vigencias futuras ordinarias
requiere que su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en
curso, que el objeto del compromiso se desarrolle en cada una de las
vigencias y que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo
12 de la Ley 819.
Que el tema de las vigencias futuras extraordinarias o excepcionales
para los organismos del orden nacional fue regulado por el artículo 11
de la Ley 819 que, a su vez, modificó el Estatuto Orgánico del
Presupuesto en su artículo 24, señalando que en casos excepcionales,
el CONFIS-, para obras de infraestructura, energía, comunicaciones,
aeronáutica, defensa, seguridad y para las garantías a las concesiones,
“podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del
año en que se concede la autorización”.
Que, además, el monto máximo de dichas vigencias futuras, su plazo
y condiciones deberán consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal
de Mediano Plazo.
Señaló que la figura de las vigencias extraordinarias de las entidades
territoriales, si bien es cierto no fue desarrollada por la Ley 819,
también lo es que fue consignada en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, Decreto 111, en su artículo 24, razón por la cual puede
aplicarse por remisión a las entidades territoriales, de conformidad con
el artículo 109 del referido Estatuto Orgánico.
Indicó que aplicada la jurisprudencia4 del Consejo de Estado, si el
Estatuto Orgánico del Presupuesto dispone la aplicación de las
vigencias futuras extraordinarias para las entidades del orden nacional,
tal y como lo establece el artículo 24, debe concluirse que los
departamentos y municipios pueden solicitar a sus respectivos órganos
legislativos, la aprobación de vigencias fiscales extraordinarias,
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo
de 1996, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, núm. único de radicación 11428.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
siguiendo los lineamientos que el Estatuto Orgánico prevé para el
efecto.
Puntualizó que la directriz impartida por la Circular Conjunta
demandada desconoció la normatividad presupuestal, que faculta a las
entidades territoriales a comprometer vigencias futuras ordinarias y
extraordinarias y, por ende, violó el principio de legalidad consignado
en las normas de índole presupuestal.
Adujo que la figura de las vigencias futuras ordinarias y extraordinarias
no solo fue prevista en el ordenamiento legal, sino que ha sido
reconocida por el Consejo de Estado, en concepto de 23 de octubre de
2003, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil (C.P. Augusto
Trejos Jaramillo, núm. único de radicación 1520), en el que se señaló
que las vigencias futuras no se encuentran prohibidas por la
Constitución Política, ni por la ley, y está expresamente regulada por
la Ley Orgánica del Presupuesto.
Advirtió que como el ordenamiento jurídico avala la asunción de
compromisos presupuestales, con cargo a vigencias futuras, una
Circular, acto de menor rango jerárquico que la ley, no puede
desconocer los mandatos que el legislador ha impartido sobre la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
materia, ni las facultades que en materia presupuestal se ha entregado
a los entes colegiados y administrativos del nivel territorial.
Agregó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en múltiples
conceptos jurídicos, ha avalado la existencia de las vigencias futuras
ordinarias y extraordinarias, como una figura de manejo propio del
presupuesto, por lo que no es de recibo que el mencionado ente
imparta, en el acto acusado, una directriz que desconoce sus propios
lineamientos y directrices institucionales.
Manifestó que la Procuraduría General de la Nación, en el mes de
septiembre de 2010, expidió la Cartilla denominada “Vigencias futuras
excepcionales para los entes territoriales”, en la cual se reconoce
expresamente que los departamentos y municipios pueden
comprometer recursos a través de vigencias futuras ordinarias y
extraordinarias, apoyándose para tal efecto en la legislación y la
jurisprudencia y en los conceptos emitidos por el Ministerio Público y
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que incluso fueron
referenciados en la parte motiva de la Circular demandada.
Sostuvo que es claro que el ordenamiento legal permite a los entes
territoriales la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
ordinarias o extraordinarias, motivo por el cual la Circular acusada
desconoce la normativa que regula la materia, prevista en el Decreto
111 y en la Ley 819.
. SEGUNDO CARGO: FALSA MOTIVACIÓN Y FALTA DE
COMPETENCIA
Sostuvo que los motivos aducidos por la Circular demandada, como los
antecedentes de hecho y de derecho, no corresponden con la decisión
adoptada, dado que de los fundamentos invocados no puede deducirse
la directriz impartida, por lo cual se presenta la falsa motivación del
acto, que implica un vicio que genera su nulidad.
Alegó que la Circular acusada hizo referencia a las vigencias futuras
como unas “operaciones de crédito”, lo cual no se compadece con la
realidad, toda vez que las vigencias futuras no son operaciones de
crédito sino de gasto.
Explicó que las operaciones de crédito y el compromiso de vigencias
futuras son conceptos fiscales, que tienen naturaleza y características
diferenciables. Las operaciones de crédito tienen como finalidad la
provisión de recursos, bienes o servicios, para financiar un gasto que
previamente se ha definido y los recursos obtenidos por estos créditos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
son incorporados como ingresos; mientras que las vigencias futuras, al
ser operaciones de gasto, no de ingreso, son apropiaciones
presupuestales, que se entienden ejecutadas al desarrollarse el objeto
de las mismas, en cada vigencia fiscal.
Afirmó que otro vicio que fundamenta la falsa motivación del acto
acusado, radica en los fundamentos normativos invocados para
facultar a los que expidieron la Circular, ya que dichos fundamentos
normativos no le otorgan la derogatoria de acuerdos y ordenanzas.
Que el acto acusado invoca el artículo 2º del Decreto 1133 de 29 de
junio de 19995, como norma que faculta al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para suscribirlo, pero dicho decreto fue derogado
expresamente por el Decreto 246 de 28 de enero de 20046.
Que el numeral 4 del artículo 268 de la Constitución Política no le otorga
a la Contraloría General de la República la facultad de solicitar la
derogatoria de acuerdos u ordenanzas a la Contralora General de la
República.
5
“Por el cual se reestructura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, expedido por el Presidente de la
República.
6
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, expedido por el
Presidente de la República.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Que el artículo 277, numerales 1, 5 y 6, de la Constitución Política
tampoco le otorga facultad al Procurador General de la Nación, debido
a que lo consignado en esas disposiciones se relaciona con la vigilancia
sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, especialmente, del
ejercicio de la función administrativa y de quienes desempeñan función
pública, así como ejercer preferentemente el poder disciplinario,
adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las
correlativas sanciones. Funciones que distan mucho de la posibilidad
de ordenar la derogatoria de las operaciones aprobadas bajo la figura
de vigencias futuras.
Que el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 22 de febrero
de 20007, que motivó la participación del Auditor General de la
República, no tiene relación con la directriz impartida a las asambleas
y concejos de derogar las aprobaciones de las vigencias futuras.
. TERCER CARGO: ATENTA CONTRA DERECHOS ADQUIRIDOS
Adujo que la Circular demandada atenta contra los derechos adquiridos
de los contratistas del Estado y de los participantes en los proceso de
selección, habida cuenta que se adelantaron o están en curso procesos
7
“Por el cual se determina la organización y funcionamiento de la Auditoría General de la República”,
expedido por el Presidente de la República.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
de selección, que soportan financieramente la ejecución de los
contratos estatales o el procedimiento mismo, con cargo a vigencias
futuras ordinarias y extraordinarias, y que van a ver amenazada su
estabilidad o continuidad por un hecho administrativo posterior, que
ordena la derogatoria de los acuerdos u ordenanzas, en los cuales se
aprobaron dichas vigencias futuras.
Señaló que la Circular acusada es un hecho administrativo posterior,
que desconoce las condiciones contractuales inicialmente establecidas,
atentando contra el equilibrio económico de los contratos y contra los
derechos adquiridos de oferentes y contratistas.
Indicó que si las asambleas o concejos cumplen la directriz impartida
por la Circular demandada de derogar las autorizaciones de vigencias
futuras, los procedimientos de selección en curso o que culminaron con
la adjudicación y posterior celebración del contrato y que basaron la
estructuración presupuestal del negocio en aquellas vigencias,
quedarían sin respaldo económico, con lo cual se generaría un perjuicio
al oferente o contratista, según el caso, que atentaría de manera
flagrante contra los principios de la función administrativa y,
especialmente, del Estatuto de Contratación Pública.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
. CUARTO CARGO: INVADE COMPETENCIAS DE LAS ASAMBLEAS
DEPARTAMENTALES Y CONCEJOS MUNICIPALES
Expresó que el acto demandado no solo desconoció el esfuerzo
legislativo y las decisiones contenidas en las ordenanzas y acuerdos,
sino que irrumpe con la autonomía e independencia de los
mencionados cuerpos colegiados, con lo cual se contraría el equilibrio
propio de las ramas del poder público y con ello, el preámbulo y el
artículo 1º de la Constitución Política.
Manifestó que la Circular acusada fue expedida por organismos de la
administración pública sometidos al Ejecutivo y por entes de control,
que le imponen a un cuerpo colegiado, revocar una determinada
decisión que ya fue adoptada con la autonomía propia de su función,
ordenando así a uno de los integrantes de la rama legislativa, efectuar
determinada acción, rompiendo con la autonomía de las ramas del
poder público y excediendo las competencias funcionales.
Afirmó que dicho acto demandado desconoció la independencia de los
organismos legislativos territoriales y la separación de los poderes
públicos, toda vez que impartió una directriz que pretende derogar
acuerdos u ordenanzas, expedidos dentro del marco normativo
presupuestal y, en ejercicio de las legítimas competencias de aquellos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
órganos colegiados, previstas en los artículos 300 y 313 de la
Constitución Política.
. QUINTO CARGO: DESCONOCE LA FINALIDAD DEL SERVICIO
PÚBLICO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Alegó que la Circular Conjunta acusada, al ordenar la derogación de las
operaciones de crédito aprobadas bajo la forma de vigencias futuras,
desconoció el ordenamiento constitucional, que en su artículo 365,
prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado.
. SEXTO CARGO: DESCONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS
JUDICIALES
Adujo que si los organismos estatales que expidieron el acto
demandado estimaban que las autorizaciones impartidas por las
Asambleas y Concejos, relativas a las vigencias futuras, contrariaban
el ordenamiento jurídico, la acción judicial procedente, que debía
incoarse para discutir ante el juez administrativo la legalidad o no de
dichos actos, era la de nulidad. Todo ello, asegurando el debido proceso
y el respeto por las instancias judiciales y las actuaciones
administrativas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Que, en virtud de lo anterior, se desconoció que la administración de
justicia es la encargada de decidir sobre la legalidad de un acto, que
está revestido de presunción de legalidad, razón por la cual se
contrarían las disposiciones constitucionales y legales, que regulan la
materia, tales como los artículos 228 y 229.
II.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
II.1. La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante
apoderado, contestó la demanda y propuso la excepción de inepta
demanda, en atención a que la demandante pretende atacar la validez de
la Circular Conjunta Externa de 8 de septiembre de 2010, acto
jurídico que, a su juicio, no puede catalogarse como acto administrativo y,
por tanto, no es susceptible de control en esta jurisdicción.
Anotó que al revisar la Circular acusada, se observa claramente que su
objeto o contenido no es decisorio y simplemente informa sobre unas
situaciones anómalas que giran en torno al trámite de autorización de
vigencias futuras en las entidades del orden territorial; que la misma prevé
e insta a las entidades para que en el marco de sus competencias expidan
las decisiones correctivas necesarias.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Advirtió que dicho acto acusado previene a las autoridades del orden
departamental y municipal sobre el indebido trámite para la aprobación de
sus presupuestos y acerca de la anómala aplicación de la figura de las
vigencias futuras y del incremento desmedido de la deuda pública en esos
niveles de la administración territorial.
Que la cuestionada Circular no conlleva decisiones de fondo de carácter
general y mucho menos particular, pues se limita a instar y a exhortar a
los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, secretarios de
hacienda, contralores departamentales, municipales y distritales, a
analizar y estudiar las situaciones que vienen generándose por la indebida
aplicación de las disposiciones, que regulan la autonomía presupuestal y
la sujeción a trámites especiales para aprobación de vigencias futuras y
los créditos con cargo a sus presupuestos departamental y municipales.
Que en manera alguna ordena u obliga a los destinatarios, simplemente
realiza una petición.
Para oponerse a la prosperidad de las pretensiones, adujo, en esencia, lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Que la sentencia de 14 de julio de 20118, de la Sección Primera del
Consejo de Estado, indicó que las vigencias futuras excepcionales solo
fueron establecidas dentro del ordenamiento jurídico para el orden
nacional, es decir, que la entidad territorial no puede hacer uso de esta
figura para adelantar proyectos de inversión y menos crearla e incorporarla
dentro de su estatuto orgánico de presupuesto; y que si se hizo uso de
ella, deberá proceder a adoptar los correctivos pertinentes a la mayor
brevedad, conforme se señaló en la Circular acusada.
Que dicho pronunciamiento jurisprudencial ordenó inaplicar el artículo 153
de la Ley 1151 de 24 de julio de 20079, por cuanto esta disposición
modifica el contenido de las normas orgánicas de presupuesto, las cuales
gozan de especial jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, el cual no se
puede modificar a través de una ley ordinaria.
Anotó que la Circular Conjunta demandada y la citada sentencia ordenaron
no aplicar por inconstitucionalidad actos administrativos, según los cuales
se autorizó incorporar a los respectivos estatutos presupuestales
territoriales la figura de las vigencias futuras excepcionales y, por lo tanto,
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de
2011, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2009-00032-02.
9
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
carecen de validez jurídica las decisiones específicas de los departamentos
y municipios que acogieron esa figura.
Indicó que la decisión del Consejo de Estado es contundente y fija una
clara disciplina fiscal, en cuanto a la imposibilidad de pretermitir el
principio de legalidad de las normas del presupuesto local, máxime cuando
la Constitución Política es clara al establecer que la autonomía territorial
se ejerce dentro del marco de la Ley de Presupuesto y el ordenamiento
constitucional.
Que la Corporación reiteró el imperativo de respetar la reserva de ley de
las normas orgánicas del presupuesto y que, en consecuencia, no es la Ley
del Plan de Desarrollo el instrumento para introducir normas relativas a
vigencias futuras excepcionales para el nivel territorial.
Sostuvo que la previsión enunciada en el acto demandado lleva a que si
las entidades instruidas estiman pertinente crear la figura de vigencias
futuras excepcionales, así como la posibilidad de que los gobernadores y
alcaldes puedan hacer uso de la misma o de las ordinarias en su último
año de mandato, deberán hacerlo mediante el trámite especial requerido
para modificar la norma orgánica de presupuesto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Que, por lo tanto, desde el 8 de septiembre de 2010, con la expedición de
la Circular Conjunta acusada, fue de conocimiento general por parte de los
gobernadores y alcaldes la imposibilidad de utilizar la figura de vigencias
futuras excepcionales, a través de la inclusión en los estatutos orgánicos
territoriales, según lo indicaba de manera errada la Circular Externa 07 de
2007 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Señaló que el uso inadecuado de las vigencias futuras por parte de las
entidades territoriales, es decir, aquellas operaciones que se autorizaron
para traer a valor presente flujos futuros de ingresos y para obtener
liquidez, son en realidad operaciones de crédito, que deberán tramitarse
de acuerdo con lo establecido en las leyes 358 de 30 de enero de 199710
y 819 y registrarse presupuestalmente, de manera que se refleje tanto la
realidad de la operación como la razonabilidad financiera de la misma,
frente a las distintas alternativas de financiamiento.
Que los recursos vinculados a proyectos de inversión, a través de la
modalidad de vigencias futuras, no computarán como ingresos disponibles
para el cálculo de capacidad de pago.
10
“Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia
de endeudamiento”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Afirmó, en cuanto a la competencia de la Procuraduría General de la
Nación, que el fundamento de la Circular demandada está en cumplimiento
de las funciones constitucionalmente asignadas a dicho ente de control,
que es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado; y que
su función es velar por el correcto funcionamiento de las funciones
encomendadas en la Constitución Política y la ley a los servidores públicos
y lo hace a través de sus tres funciones misionales: preventiva,
disciplinaria y la de intervención.
Mencionó que la función integral de prevención va desde la advertencia
primaria sobre los riesgos en que puede incurrir la administración, pasando
por los controles que deducen de la actividad de intervención, hasta llegar
a la difusión de resultados sobre actuaciones disciplinarias que generan
inevitablemente un factor de disuasión efectiva.
Indicó que el ejercicio de la función preventiva se realiza mediante
acciones de promoción y divulgación orientadas a mejorar las actitudes de
los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, así como para
evitar conductas sancionables de los mismos, que pudiesen vulnerar el
ordenamiento jurídico o el patrimonio público.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Manifestó que nada más ajustado a la función preventiva que la función
de expedición de circulares, que instan a las entidades a actuar dentro del
marco de sus competencias, ajustando las decisiones a los principios que
rigen la administración pública y, en este caso particular, a las
disposiciones constitucionales y legales que regulan el manejo del
presupuesto de las entidades del orden territorial.
Alegó que el acto acusado en ningún momento desconoce la superioridad
normativa de la Constitución Política, prevista en su artículo 4º
constitucional, y de las leyes, ya que plantea soluciones, a manera de
debate, para solventar las situaciones anormales del trámite de
presupuesto de los departamentos y municipios.
II.2. La Contraloría General de la República, a través de apoderado,
contestó la demanda, se opuso a las pretensiones solicitadas por la actora,
por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Señaló que los entes territoriales están utilizando la figura de las vigencias
futuras excepcionales, que no le son aplicables a ellas. Están usurpando
funciones que no le son permitidas, pues las entidades públicas pueden
hacer solamente aquello que les autoriza la ley, por lo que cuando ésta
guarda silencio, como en el caso de las vigencias futuras excepcionales en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
cabeza de las entidades territoriales, no puede una corporación
administrativa (la asamblea departamental o el concejo) sustituir al
legislador.
Advirtió que, si de ley orgánica se trata, ni siquiera puede hacerlo el propio
Congreso de la República, en uso de las facultades, ya que cuando las
asambleas autorizan a los gobernadores para utilizar vigencias futuras
excepcionales están violando directamente la Ley Orgánica del
Presupuesto, la cual prevé solamente para el orden nacional el
otorgamiento de dichas autorizaciones y, de esa manera, un organismo
administrativo (las asambleas o los consejos) se arroga funciones
legislativas de naturaleza especial, desconociendo el principio
constitucional de separación de poderes e incurriendo en usurpación de
funciones.
Que lo expresado en las Circulares Externas núms. 011 de 27 de
octubre de 2010, 06 de 16 de febrero de 2011, 05 de agosto de 2011,
por el Ministro de Hacienda y Crédito Púbico, el Procurador General de
la Nación, el Contralor General de la República y el Auditor General de
la República, muestra con claridad que las vigencias futuras
excepcionales, en lo referido a los entes territoriales, carecen de
fundamento jurídico, pues la interpretación de las normas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
constitucionales y de la Ley 819 permiten deducir que los entes
territoriales le están dando una indebida aplicación a las normas que
regulan la materia de vigencias futuras.
Anotó que en la Circular Externa núm. 05 de agosto de 2011, la
Contralora General de la República y el Auditor General de la República,
con ocasión de la sentencia de 14 de julio de 201111, de la Sección
Primera del Consejo de Estado, precisaron lo siguiente:
-Que las vigencias futuras ordinarias tienen efectos sobre el
presupuesto de gastos, es decir que corresponden a una autorización
anticipada para asumir compromisos que deben reflejarse y ejecutarse
con los presupuestos de gastos de los años por venir autorizados. En
ningún caso, deberán usarse las vigencias futuras a modo de un
mecanismo financiero para anticipar la estimación de ingresos, ya que
nos encontramos frente a una operación de crédito público, la cual
deberá tramitarse cumpliendo con los requisitos y procedimientos
contenidos en las leyes 358 y 819.
-En cuanto a las vigencias futuras excepcionales, en línea con lo
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de
2011, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2009-00032-02.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
advertido en la Circular Conjunta de 8 de septiembre de 2010, el
Consejo de Estado, en sentencia de 14 de julio de 2011, señaló que las
mismas solo fueron consideradas dentro del ordenamiento jurídico
para el orden nacional, lo que quiere decir que la entidad territorial no
puede hacer uso de esta figura para adelantar proyectos de inversión
y menos crearla e incorporarla dentro de su Estatuto Orgánico de
Presupuesto y si hizo uso de ella, deberá proceder a adoptar los
correctivos pertinentes a la mayor brevedad, tal y como se señaló en
la Circular acusada.
-Que en dicho pronunciamiento el Consejo de Estado ordenó inaplicar
el artículo 153 de la Ley 1151, por cuanto dicha disposición modifica el
contenido de las normas orgánicas de presupuesto, los cuales gozan
de especial jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, que no se
puede modificar a través de una ley ordinaria.
-Que, desde el 8 de septiembre de 2010, con la expedición de la
Circular Conjunta demandada, fue de conocimiento general por parte
de los gobernadores y alcaldes la imposibilidad de utilizar la figura de
vigencias futuras excepcionales, mediante la inclusión en los estatutos
orgánicos territoriales, según lo indicaba de manera errada la Circular
Externa núm. 07 de 2007 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
de Hacienda y Crédito Público.
-Que, en todo caso, para su efectiva autorización, compromisos y
obligaciones adquiridas con cargo a apropiaciones de vigencias futuras
deberán tramitarse y registrarse en debida forma en los libros de
ejecución presupuestal definidos en la Resolución 6224 de 2010 de la
Contraloría General de la República y en los años autorizados, de
acuerdo con lo programado en la construcción del proyecto
debidamente viabilizado.
-Que el uso inadecuado de las vigencias futuras por parte de las
entidades territoriales son en realidad operaciones de crédito público
que deberán tramitarse, de conformidad con lo previsto en las leyes
358 y 819, y registrarse presupuestalmente de manera que se refleje
tanto la realidad de la operación, como la razonabilidad financiera de
la misma, frente a las distintas alternativas de financiamiento.
Expresó que en la referida sentencia del Consejo de Estado se
determinó que la Asamblea de Casanare no podía autorizar al
Gobernador, mediante la ordenanza núm. 1 de 30 de enero de 2009,
para apropiar vigencias futuras excepcionales, con fundamento en la
jerarquía normativa superior de la Ley Orgánico del Presupuesto,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
respecto de la Ley Aprobatoria del Plan de Desarrollo, así como en el
valor relativo de las interpretaciones de la División de Apoyo Fiscal,
entre otros organismos.
Alegó, en relación con el tema específico de la Circular acusada, que lo
que se pretendió es frenar los procesos irregulares que estaban
realizando los entes territoriales, al adoptar una figura prevista para el
orden nacional como si fuera propia, por lo que se trató de parar las
irregularidades ocasionadas por la inaplicación adecuada de las normas
en materia de vigencias futuras, teniendo en cuenta que esta entidad
presenta ante el Congreso de la República y ante el país el informe de
la deuda pública.
Indicó que teniendo en cuenta que el organismo de control fiscal es el
encargado de velar por la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas
del Estado y ante el preocupante volumen de recursos comprometidos
por las entidades territoriales, a modo de vigencias futuras, sin que
realmente corresponda a esta institución presupuestal de gasto,
expidió el acto demandado para exhortar a todas y cada una de las
autoridades territoriales a fin de que hagan una revisión exhaustiva de
las autorizaciones dadas a los gobernadores y alcaldes, para
comprometer vigencias futuras y determinar si cumplen con los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
trámites y requisitos legales pertinentes.
Precisó que la advertencia de la Circular acusada es para que verifiquen
si las autorizaciones por parte de los órganos legislativos territoriales
cumplen con los requisitos e indicaciones que demuestran la capacidad
de pago de la entidad territorial, los cuales fueron establecidos por las
leyes 358 y 819.
Explicó que la intención de la Circular Conjunta demandada fue la de
solicitarle a los organismos legislativos territoriales revisar sus propios
actos, con fundamento en lo establecido en las citadas leyes, para que,
en la medida en que no cumplieran con los requisitos estos pudieran
revocar sus propios actos.
II.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante
apoderado, también contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad
de las pretensiones señaló que debe declararse la improcedencia de la
presente acción de nulidad, teniendo en cuenta que se pretende la nulidad
de un acto cuya aplicabilidad fue derogada por el Legislador, a través de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
la expedición de la Ley 1438 de 9 de diciembre de 201112, que
oportunamente se pronunció frente al tema presupuestal cuestionado.
II.4. La Auditoría General de la República, a través de apoderado,
también contestó la demanda, se opuso a las pretensiones solicitadas por
la actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Señaló que la vigilancia de la gestión fiscal se realiza de conformidad con los
procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución
Política. Para ello, el Auditor General tiene la facultad de fijar las políticas,
prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas, así como solicitar la
información que se requiera y determinar los criterios que deben aplicarse
para la evaluación financiera, de gestión y de resultados de las contralorías.
Precisó que el propósito de la función pública, mediante la cual se vigila la
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes de la Nación, es la protección del patrimonio
público, la garantía de transparencia y el acatamiento de los principios
propios de la moralidad en todas las operaciones relacionadas con el manejo
y utilización de los bienes y recursos públicos, como también el aval en
12
“Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal para las entidades territoriales”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
cuanto a la eficiencia y eficacia de la administración respecto del
cumplimiento de los fines del Estado.
Expresó que el gran volumen de recursos autorizados y comprometidos
por las entidades territoriales, haciendo uso de la figura de vigencias
futuras, tanto ordinarias como excepcionales, en la mayoría de los casos
tergiversando su naturaleza para asumir en realidad operaciones de
crédito público, sin que estas operaciones fueran debidamente
registradas financiera o presupuestalmente, toda vez que no afectaban
los niveles ni los límites de endeudamiento en el marco fiscal de mediano
plazo, llevaron a una incertidumbre o desconocimiento del verdadero
estado de las finanzas públicas, razón por la cual los órganos de control
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público conjuntamente expidieron
la Circular acusada, a través de la cual se pretendió, de una manera
preventiva, evitar que se siguiera transgrediendo el ordenamiento
jurídico vigente.
Indicó que teniendo en cuenta las preocupaciones plasmadas en las
Circulares Externas núms. 011 de 27 de octubre de 2010, 06 de 16 de
febrero de 2011, 05 de agosto de 2011, los órganos de control y el
Ministro de Hacienda y Crédito Púbico exhortaron a las autoridades
territoriales para: i) que realicen una revisión exhaustiva sobre todas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
las autorizaciones y obligaciones contraídas usando la figura de las
vigencias futuras, para determinar si dichos procesos se realizaron
cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas legales
vigentes o, en caso contrario, realizar las acciones correctivas
pertinentes; ii) que consideren las operaciones realizadas en las que
denominaron vigencias futuras a la anticipación de la estimación de
ingresos constituyendo en la práctica operaciones de endeudamiento y
afectando, por tanto, a la capacidad de pago de las entidades
territoriales sin que se registren como tales y; iii) al utilizar la
modalidad de la vigencia futura excepcional, en el último año de
gobierno, impactando inevitablemente a las siguientes
administraciones, sin exigencia alguna de apropiación presupuestal en
la vigencia que se autoriza.
Sostuvo que lo que se pretendió fue frenar los procesos irregulares,
que estaban realizando los entes territoriales que, a través de una
figura inexistente, comprometieron cuantiosos recursos y así evitar que
se siguieran cometiendo anomalías, derivadas por la aplicación
inadecuada de las normas en materia de vigencias futuras, exhortando
a las corporaciones administrativas territoriales para que revisaran
exhaustivamente las autorizaciones y obligaciones contraídas y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
determinarán si dichos procesos se realizaron cumpliendo con los
requisitos establecidos en las normas legales vigentes.
Manifestó que fue precisamente la Auditoría General de la República
quien solicitó ante el Consejo de Estado que se resolviera de manera
preferente el proceso, en el cual se profirió la sentencia de 14 de julio
de 201113, que declaró la nulidad de la Ordenanza núm. 1 de 30 de
enero de 2009 y señaló acerca de la falta de competencia de las
asambleas departamentales para autorizar vigencias futuras
excepcionales, en atención a que ni el Decreto 111 ni la Ley 819 prevén
la posibilidad de que los entes territoriales comprometan vigencias
futuras excepcionales. Por ende, los mecanismos utilizados para
modificar los estatutos orgánicos de presupuestos territoriales para
incluir dicha figura carecen de validez legal, pues solo el Congreso de
la República tiene la potestad de hacerlo según los postulados
constitucionales.
Afirmó que la existencia de la referida figura presupuestal se prestó
para ser utilizada en gastos de la más diversa índole, que no son
coherentes con el objetivo para la cual fueron creadas e, incluso,
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de
2011, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2009-00032-02.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
amparadas en proyectos de inversión inexistentes o que ni siquiera
cuentan con los respectivos estudios técnicos, razón por la cual fue
necesario precisar y restringir los objetos de gastos para los que
pueden ser usadas, lo que motivó la expedición de la Circular acusada.
Anotó que ha sido el mal uso y abuso de esa figura lo que ha llevado a
prender las alarmas sobre las implicaciones que el desbordado volumen
de recursos comprometidos por esta vía y su comprobada
desarticulación causan un grave impacto en la estabilidad y
sostenibilidad de las finanzas del Estado.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en
desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista,
probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en esta
instancia, la parte actora, mediante escrito visible a folios 286 a 296,
insistió en que la Circular Conjunta Externa de 8 de septiembre
de 2010, acusada, fue expedida con violación del principio de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
legalidad, falsa motivación y falta de competencia, atentó contra los
derechos adquiridos, invadió competencias de las asambleas
departamentales y concejos municipales, y desconoció la finalidad del
servicio público y los mecanismos judiciales.
Asimismo, adujo que recientemente la Ley 1438 reguló de manera
expresa las vigencias futuras excepcionales para las entidades
territoriales, motivo por el cual la Circular Conjunta demandada
desconoce los postulados del Decreto 111, de las leyes 819 y 1435,
por lo cual debe ser declara su nulidad.
IV.2.- Por su parte, la Auditoría General de la República, a través
de escrito visible a folios 273 a 285, reiteró, en idénticos términos los
argumentos expuestos la contestación de la demanda.
IV.3.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante de
escrito visible a folio 297, reiteró los argumentos expuestos la
contestación de la demanda.
IV.4.- La Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa14, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que
14
Folios 300 a 314.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
se denieguen las pretensiones de la demanda, arguyendo, en esencia,
lo siguiente:
Que la Circular, cuya legalidad se debate constituye un acto
administrativo que crea, modifica o extingue una situación jurídica,
dado que plantea una interpretación de las normas que establecen las
vigencias futuras, en el sentido de que no es posible que las mismas
se autoricen por parte de las asambleas departamentales y concejos
municipales y en cuanto obliga a dichos entes administrativos a
derogar las operaciones de créditos aprobados bajo la forma de
vigencias futuras. En consecuencia, dicho acto administrativo es
susceptible de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Agregó que ya la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia
de 14 de julio de 201115, ha establecido que los entes territoriales no
están facultados por el Legislador para comprometer vigencias futuras
excepcionales y tampoco para autorizar vigencias futuras ordinarias
durante el último año de gobierno de sus respectivas administraciones,
interpretando los artículos 345, 352 y 364 de la Constitución Política;
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de
2011, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2009-00032-02.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
y 10°, 11 y 12 de la Ley 819, razón por la cual los argumentos de la
actora, en el sentido de que de dichas normas no era posible deducir
la interpretación realizada en la Circular Conjunta externa, carecen de
sustento.
Expresó que dentro del contexto de la Circular demandada resulta
evidente que las vigencias futuras, que no encuentran sustento en el
ordenamiento jurídico para las entidades territoriales, son las vigencias
futuras excepcionales, que corresponden a aquellas en las cuales se
afecta el presupuesto de vigencias futuras, sin apropiación en el
presupuesto del año en que se concede la autorización, las cuales son
diferentes a las vigencias futuras ordinarias, en las cuales la ejecución
se inicia con el presupuesto de la vigencia en curso, a las cuales
ampliamente se refirió la actora para demostrar que la circular
confundía el concepto de vigencias futuras con el de operación de
crédito, no obstante el citado acto administrativo no se estaba
refiriendo a ellas.
Señaló que al estar evidenciado que los entes territoriales no están
facultados por el Legislador para comprometer vigencias futuras
excepcionales, ni para autorizar vigencias futuras ordinarias durante el
último año de gobierno de sus respectivas administraciones, no puede
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
decirse que el acto acusado afecte derechos adquiridos de los
contratistas del Estado o de participantes en procesos de selección o
que se hubiere desconocido la finalidad del servicio público en el Estado
Social de Derecho, puesto que, conforme lo constató la Sección
Primera, la interpretación de las normas presupuestales, que se realizó
en la Circular demandada, era la que correspondía al ordenamiento
jurídico y no aquella compartida por las asambleas departamentales y
concejos municipales. Por ello, quienes desconocieron los derechos de
dichas personas y el servicio público fueron estos entes administrativos
territoriales, pues flagrantemente desconocieron el artículo 4º de la
Constitución Política, dando un alcance que no correspondía a los
artículos 345, 352 y 364 ibidem.
Afirmó, frente al desconocimiento de las competencias de las
asambleas departamentales y concejos municipales, que la sentencia
en referencia fue muy contundente al señalar:
“[…] la autonomía que constitucionalmente se reconoce a los
entes territoriales no puede convertirse en una patente de
corso para desconocer los artículos 352 y 364 de la
Constitución Política, ni los artículos 10, 11 y 12 de la Ley
Orgánica 819 de 2003, de cuyo tenor surge de manifiesto que
los entes territoriales no están facultados por el Legislador
para comprometer vigencias futuras excepcionales, y tampoco
para autorizar vigencias futuras ordinarias durante el último
año de gobierno de sus respectivas administraciones […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Alegó que la Circular acusada fue expedida por el Ministro de Hacienda
y Crédito Público con sustento en el artículo 2º del Decreto 1133, por
la Contralora General de la República, en uso de las facultades
establecidas en el numeral 4 del artículo 286 de la Constitución Política,
por el Procurador General de la Nación, en virtud de lo dispuesto en los
numerales 1, 5 y 6 del artículo 277 de la Constitución Política, y por el
Auditor General de la República, en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 17, numeral 5, del Decreto Ley 272.
Aclaró que si bien es cierto que el artículo 2º del Decreto 1133, citado
en la Circular acusada, se encontraba derogado, también lo es que
dicha norma fue reproducida en el Decreto 246, en su artículo 3º,
agregando que el artículo del último decreto, le otorga, en su numeral
4 al Ministerio en mención, la función de preparar los proyectos de
decreto y expedir las resoluciones, circulares y demás actos
administrativos de carácter general o particular, necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, lo cual descarta la prosperidad del
cargo de la actora.
Manifestó que no cabe duda alguna de que las normas fundamento del
acto acusado, en relación con la Procuraduría General de la Nación, son
de la mayor pertinencia en el caso concreto, pues los servidores del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
orden territorial autorizaron vigencias futuras extraordinarias, violando
el ordenamiento jurídico.
Que las funciones de la Procuraduría son vigilar el cumplimiento de la
Constitución Política; velar por el ejercicio diligente y eficiente de las
funciones administrativas; y ejercer la vigilancia superior de la
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, las cuales
habilitan al ente de control para solicitar, ante la evidencia de una
conducta contraria al ordenamiento jurídico, ejecutada por funcionarios
públicos, que dichas entidades administrativas procedieran a revocar
esos actos administrativos de contenido general.
Indicó que la Contraloría General de la República fundamentó su
competencia en el artículo 268, numeral 4, de la Constitución Política;
y que si bien es cierto que, en principio, podría pensarse que la norma
constitucional citada no está relacionada con la posibilidad de expedir
actos administrativos de carácter general, como el acusado, ni solicitar
la derogatoria de actos ilegales, no es menos cierto que el Decreto Ley
267, norma por la cual se regula la organización y funcionamiento de
dicho órgano de control fiscal, claramente expone dentro de sus
funciones, en su numeral 7, la de advertir sobre operaciones o procesos
en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así
identificados, lo cual realiza mediante el acto demandado, pues
evidentemente al aprobarse vigencias futuras se está comprometiendo
el patrimonio.
Que de allí surge la posibilidad del ente de control fiscal de solicitar la
derogatoria de las aprobaciones realizadas por las asambleas
departamentales y los concejos municipales, en tanto son ilegales y se
afecta el patrimonio público de los entes territoriales.
Mencionó que la Auditoría General de la República invocó como
sustento de su competencia el artículo 17, numeral 5, del Decreto ley
272; que las demás entidades públicas, que intervinieron en la
expedición del acto acusado, claramente tenían competencia para ello;
y que en atención a la ilegalidad de los actos administrativos expedidos
por las asambleas departamentales y los concejos municipales, en los
cuales se aprobaron vigencias futuras excepcionales, es que se solicitó
que sean dichos entes territoriales quienes las deroguen.
Adujo que la Circular acusada no deroga los actos administrativos
expedidos por dichas entidades territoriales; ordena que sean ellas
mismas, ante la evidente ilegalidad, las que deroguen los actos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
administrativos en los cuales se autorizaron a los alcaldes y
gobernadores vigencias futuras excepcionales.
Agregó que en caso de que se nieguen dichas entidades territoriales a
hacerlo, es claro que las entidades que suscriben el acto acusado, en
especial, la Procuraduría General de la Nación, tendría a disposición las
vías judiciales para que dichos actos administrativos sean declarados
nulos por la jurisdicción.
IV.5.- La Contraloría General de la República guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
De manera preliminar, la Sala debe pronunciarse sobre la excepción de
“ineptitud de demanda”, propuesta por el apoderado de la Procuraduría
General de la Nación.
La mencionada entidad demandada señaló que la Circular Conjunta
Externa de 8 de septiembre de 2010, acusada, no puede
catalogarse como acto administrativo y, por tanto, no es susceptible
de control ante esta jurisdicción, dado que dicha circular simplemente
informa sobre unas situaciones anómalas que giran en torno al trámite
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
de autorización de vigencias futuras en las entidades del orden
territorial; prevé e insta a las entidades para que en el marco de sus
competencias expidan las decisiones correctivas necesarias; y que su
contenido no es decisorio.
En relación con dicha excepción, la Sala considera, como lo sostuvo el
Ministerio Público en sus alegatos de conclusión, que la Circular citada
sí es susceptible de control judicial por contener una decisión, emitida
por varias autoridades públicas, capaz de producir efectos jurídicos y
tener fuerza vinculante frente a los administrados.
Revisado con detenimiento el contenido de la Circular Conjunta
Externa de 8 de septiembre de 2010, acusada, se observa que
dicha Circular adopta una decisión frente a las autorizaciones para
vigencias futuras, que se han solicitado a las asambleas
departamentales y a los concejos municipales, por los gobernadores y
alcaldes, en el sentido de señalar que ellas no encuentran sustento
jurídico en el Decreto 3629 de 2004, ni en la Circular 07 de 2007,
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ni en las
normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales y que deben
sujetarse, en su trámite y aprobación a las leyes 358 y 819. Asimismo,
la referida Circular imparte unas medidas de carácter administrativo,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
de obligatorio cumplimiento por parte de sus destinatarios, habida
cuenta que dispone que las operaciones de créditos aprobadas bajo la
forma de vigencias futuras deberán ser derogadas por las respectivas
asambleas y concejos; y que las contralorías departamentales y
municipales vigilarán el estricto cumplimiento de lo dispuesto en
la misma.
Por lo tanto, se trata de una declaración de voluntad de la
administración, tendiente a crear, modificar o extinguir una situación
jurídica, cuya legalidad es susceptible de ser revisada ante esta
Jurisdicción.
En consecuencia, no prospera la excepción propuesta por la Procuraduría
General de la Nación.
En igual sentido, tampoco le asiste razón al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, en su condición de entidad demandada, cuando afirmó
que la Sala debe declarar la improcedencia de la acción incoada,
teniendo en cuenta que se pretende la nulidad de un acto cuya
aplicabilidad fue derogada por el Legislador, a través de la expedición
de la Ley 1438, dado que el fenómeno jurídico de la derogatoria
solamente entraña la desaparición del ordenamiento jurídico del acto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
administrativo, mas no desvirtúa la presunción de legalidad que lo
ampara, desde el día de su expedición hasta aquél en que fue
modificado o derogado, lapso durante el cual bien pudo producir
efectos y por ello es procedente su control de legalidad a fin de
invalidar o no tales efectos.
Así, lo expresó esta Sección en la sentencia proferida el 5 de marzo de
200916, en la cual se sostuvo:
“[…] Es preciso resaltar que no obstante que las
Resoluciones 03593 de 29 de junio de 1995, 4998 de 22
de diciembre de 1999 y 05073 de 3 de mayo de 2000,
hubieran sido derogadas por la Resolución 05145 de 11
de Octubre de 2000, ello no impide que esta Jurisdicción
pueda acometer el estudio de su legalidad, en razón de
los efectos que las mismas hubieran podido producir
durante su vigencia, en la medida en que es solo la
decisión de nulidad y no la derogatoria, la única que tiene
la capacidad jurídica de aniquilar tales efectos. Así lo ha
venido sosteniendo esta Corporación, a partir del
pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de 14 de enero de 1991, Consejero ponente
doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla). […]” (Destacado fuera
de texto).
Como se puede observar, la derogatoria de los actos administrativos,
que estuvieron vigentes durante cierto período, solamente afecta su
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5
de marzo de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación
11001032400020043901.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
vigencia, pero no su validez. De ahí que no los exime de control
jurisdiccional, precisamente, porque durante dicho interregno
produjeron efectos jurídicos y en razón de los mismos debe la
jurisdicción de lo contencioso administrativo acometer su análisis.
En este orden de ideas, la Sala procede a efectuar el estudio de
legalidad de la Circular Conjunta Externa de 8 de septiembre de
2010, así:
El acto acusado es del siguiente tenor:
“[…] CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA
(8 septiembre 2010)
PARA: GOBERNADORES, ALCALDES, DIPUTADOS,
CONCEJALES, SECRETARIOS DE HACIENDA DE LAS
ENTIDADES TERRITORIALES, CONTRALORES
DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y DISTRITALES.
DE: MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA Y AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
ASUNTO: Vigencias Futuras.
El Ministro de Hacienda, en uso de las facultades otorgadas en
el artículo 2 del Decreto 1133 de 1999, la Contralora General
de la República, en uso de las facultades establecidas en el
numeral 4 del artículo 268 de la Constitución Política, el
Procurador General de la Nación, en virtud de lo dispuesto por
los numerales 1.5 y 6 del artículo 277 de la Constitución Política
y el Auditor General de la República, en uso de las atribuciones
que le confiere el artículo 17, numeral 5 del Decreto Ley 272
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
de 2000, y teniendo en cuenta que bajo el nombre de vigencias
futuras los departamentos y los municipios vienen
incrementando la deuda pública y poniendo en riesgo la
estabilidad financiera del país, imparten de manera conjunta y
coordinada, las siguientes directrices y advierten sobre los
riesgos de su desacato.
Considerando que:
1. Las autorizaciones que los gobernadores y alcaldes han
venido solicitando a las respectivas asambleas
departamentales y concejos municipales, de lo que
impropiamente han denominado vigencias futuras, no
encuentran sustento jurídico ni en el artículo 1 del Decreto
3629 de 2004 ni en el Circular 07 de 2007 proferida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo alcance fue
precisado en las Circulares 043 del 2008 y 05 del 2009.
2. Las mal llamadas vigencias futuras tampoco pueden ser
autorizadas en las normas y estatutos orgánicos de las
entidades territoriales, de acuerdo a lo preceptuado en los
artículos 345, 352 y 364 constitucionales en los artículos 10,
11 y 12 de la Ley 819 del 2003.
3. Al constituir dichas autorizaciones, operaciones de crédito,
su trámite y aprobación ha de sujetarse a lo previsto de manera
perentoria por las leyes 358 de 1997 y 819 de 2003, lo cual se
viene pretermitiendo de manera sistemática.
En consecuencia,
Las operaciones de créditos aprobadas bajo la forma de
vigencias futuras deberán ser derogadas por las respectivas
asambleas, departamentales o concejos municipales.
Las contralorías departamentales y municipales vigilarán el
estricto cumplimiento de esta directiva. […]” (Destacado
fuera de texto).
PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIGAD.
Se alegó que la directriz impartida por la Circular Conjunta Externa, al
señalar que las vigencias futuras no pueden ser autorizadas por las
normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales, violó el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
principio de legalidad y desconoció de manera flagrante la
normatividad presupuestal, prevista en el Decreto 111 y en la Ley 819,
toda vez que dicha normativa faculta a las entidades territoriales para
comprometer vigencias futuras ordinarias y extraordinarias.
En relación con las vigencias futuras ordinarias y excepcionales, esta
Sección se remite y prohíja lo expresado en la sentencia de 1o. de
febrero de 201817, en la que se señaló:
“[…] En efecto, el artículo 334 de la Constitución Política prevé
que la dirección general de la economía estará a cargo del
Estado. El artículo 151 de la Constitución Política asigna al
legislador la función de expedir leyes orgánicas a las cuales
estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa, entre otros
asuntos, en lo relativo a la preparación, aprobación y ejecución
del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan
general de desarrollo. El artículo 346 Superior, por su parte,
establece que el gobierno nacional formulará anualmente ante
el Congreso el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, el
cual deberá presentarse dentro de un marco de sostenibilidad
fiscal y corresponder al plan nacional de desarrollo.
A su vez, el artículo 352 de la Carta establece que además de
lo señalado en dicha norma superior (en sus artículos 345 a
351), la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo
correspondiente a la programación, aprobación, modificación,
ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades
territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel
administrativo. Y el artículo 353, prevé que los principios y las
disposiciones establecidos en el Título XII se aplicarán, en lo
que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la
elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero
de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 08001-23-31-000-2010-00987-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
De otro lado, el artículo 300 de la Constitución Política
asigna a las asambleas departamentales la función de
expedir las normas orgánicas del presupuesto
departamental y el presupuesto anual de rentas y
gastos. Así mismo, el artículo 315 ibídem faculta a los
concejos municipales para dictar las normas orgánicas
del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de
rentas y gastos. Los Concejos de los Distritos, además de las
funciones señaladas en las normas especiales que los rigen,
ejercerán las mismas atribuciones que la Constitución y las
leyes asignan a los concejos municipales18.
La lectura sistemática de estas disposiciones, como lo ha
expresado la jurisprudencia constitucional19, pone de relieve la
intención de Constituyente de salvaguardar la unidad jurídica y
económica de la Nación, evidenciada en el diseño de un modelo
fundado en el principio de unidad presupuestal que propende
por una hacienda pública coherente y coordinada en todos los
niveles del Estado, en la que los procedimientos de elaboración
del presupuesto, de aprobación, ejecución y control del mismo
respondan a patrones comunes y se enmarquen dentro de las
metas y la política macroeconómica y los planes financiamiento
estatal.
Uno de los instrumentos que se estableció para alcanzar esa
finalidad es la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual debe ser
adoptada como pauta en los procesos presupuestales de las
entidades territoriales. Esta ley orgánica, según la
jurisprudencia constitucional, tiene características
constitucionales que hacen de ella una norma superior a otras
leyes y la constituyen como un elemento unificador poderoso,
pues todas las leyes anuales de presupuesto tendrán
forzosamente un parámetro común en lo sustantivo y en lo
formal. Además, por disposición expresa del artículo 352 de la
Carta Política, ese poder homologador de la ley orgánica se
extiende a los demás presupuestos, sean los que elaboren los
entes descentralizados por servicios como los que adopten las
entidades territoriales, siendo entonces “una pauta general, de
cobertura nacional, de enorme poder centralizador y
racionalizador”20.
18
Se destaca en este punto lo dispuesto en particular en el artículo 6º de la Ley 768 de 2002, por la cual
se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla,
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.
19
Sentencias C-478 de 1992, C-540 de 2001 y C-579 de 2001, entre otras. Así mismo, este criterio se
encuentra plasmado en el Auto 383 de 2010.
20
Sentencia C-478 de 1992.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
En este sentido, es dable reconocer que en el tema
presupuestal existe una cierta preponderancia de lo
nacional frente a lo local, sin desconocer la autonomía
de los entes territoriales en esta materia.
Esta autonomía se expresa en la facultad de las
entidades territoriales de expedir las normas orgánicas
de presupuesto y el presupuesto anual de rentas y
gastos, la cual en todo caso debe ser ejercida, conforme
a lo dicho, teniendo como parámetro, en lo pertinente,
los principios y normas constitucionales y las
regulaciones de la ley orgánica de presupuesto.
En palabras de la Corte Constitucional, “[l]os principios
contenidos en el título XII de la Carta Política, y dentro de ellos
los que se agrupan bajo el acápite de “presupuesto” en el
Capítulo 3 de ese Título, se aplicarán a los procesos
presupuestales territoriales, cuando su sentido, normalmente
genérico o encauzado al nivel nacional, tenga alguna
proyección en el ámbito local presupuestal” 21.
3.1.3. En ese contexto, en desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 352 de la Constitución Política, en el artículo 104 del
Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman
el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, se dispuso que a más
tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales
ajustarán las normas sobre programación, elaboración,
aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas
previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto, y en el artículo
109 ibídem, que las entidades territoriales al expedir las
normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las
disposiciones de dicha ley, adaptándolas a la organización,
normas constitucionales y condiciones de cada entidad
territorial.
Esta normativa al tiempo de reconocer la autonomía de las
entidades territoriales en materia presupuestal armoniza sus
competencias con el principio de unidad presupuestal, en tanto
que autoriza a aquellas a expedir las normas orgánicas de
presupuesto que regirán en sus respectivos ámbitos locales,
teniendo como parámetro las normas orgánicas del
presupuesto nacional. La adopción de estas normas, en
todo caso, parte del supuesto que las disposiciones
21
Sentencia C-478 de 1992.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
orgánicas del orden nacional se puedan adaptar a la
organización, normas constitucionales y condiciones de
cada entidad territorial.
3.1.4. En este contexto, es claro para la Sala que en tanto
que una disposición de la ley orgánica del presupuesto
sea adaptable a las condiciones de la entidad territorial,
no reconocer a estas entidades la posibilidad de hacerlo
desconocerá su autonomía en esta materia.
En el proceso se discute la posibilidad de que una entidad
territorial pueda acordar vigencias futuras excepcionales, las
cuales están previstas en el artículo 11 de la Ley 819 de 2003,
orgánica del presupuesto, como un mecanismo presupuestal
autorizado a la Nación. Para la Sala, como pasa a examinarse
enseguida, es perfectamente procedente que las
entidades territoriales incluyan en sus normas orgánicas
la facultad de acordar vigencias futuras excepcionales,
en tanto que se trata de un mecanismo que se adecúa
también a la organización y a las condiciones de las
entidades territoriales.
Por consiguiente, debe concluirse en este acápite que
desconoce el principio de autonomía presupuestal de las
entidades territoriales la sentencia que no les reconoce la
facultad de acordar vigencias futuras excepcionales.
3.2. La igualdad de las entidades territoriales frente a la
Nación en tratándose de la autorización de vigencias
futuras excepcionales.
3.2.1. La Sala debe determinar en este punto si desconoce el
derecho a la igualdad de las entidades territoriales frente a la
Nación, la sentencia que establece que no es procedente que
aquéllas acuerden vigencias futuras excepcionales.
Para el Distrito de Barranquilla en efecto la interpretación que
el Tribunal hace de la Ley 819 de 2003, en el sentido de no
autorizar a las entidades territoriales la facultad de acordar
vigencias futuras excepcionales, vulnera el artículo 13 de la
Constitución Política, pues no existe ninguna justificación legal
o de conveniencia social, política o económica que explique
válidamente por qué la Nación sí puede hacer uso de tales
vigencias y no así las entidades territoriales, más aún cuando
dicho mecanismo de presupuestación resulta esencial para
adelantar proyectos de inversión de alto costo o cuyo desarrollo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
exija demostrar desde antes de su iniciación la existencia de un
compromiso presupuestal.
3.2.2. En orden a resolver esta cuestión, la Sala se referirá a
las vigencias futuras en general y al contenido y alcance de las
vigencias futuras excepcionales en particular, en el marco de
las normas orgánicas del presupuesto vigentes al momento de
la expedición del acto administrativo demandado (i), y luego
examinará, a partir del análisis de distintos elementos, si
existen razones que justifiquen que estas últimas sólo sean
autorizadas a la Nación y no a las entidades territoriales (ii).
3.2.2.1. Las vigencias futuras en la ley orgánica del
presupuesto. Contenido y alcance de las vigencias
futuras excepcionales.
En materia presupuestal se encuentra establecido el principio
de anualidad en virtud del cual la estimación de los ingresos y
la autorización de los gastos se debe hacer periódicamente
cada año22. La anualidad, no obstante, no es un principio
absoluto, en la medida en que la actividad presupuestal está
íntimamente ligada con el principio de planeación, la cual
normalmente es efectuada para periodos que superan el año
calendario. Esta realidad impone la configuración de
mecanismos presupuestales que permitan compatibilizar tales
principios23.
Precisamente, las vigencias futuras constituyen una excepción
al principio de anualidad presupuestal. Estas vigencias, según
se ha definido por la doctrina24, no son otra cosa que la
autorización impartida para afectar presupuestos futuros con
apropiaciones autorizadas con antelación a la aprobación de
dichos presupuestos, y se tienen como excepciones al principio
mencionado, en tanto que la autorización de los gastos se
formaliza antes de que se aprueben las vigencias en las que se
van a ejecutar y la vida jurídica de tales autorizaciones se
prolonga a lo largo de varias vigencias.
En consonancia lo anterior, igualmente se ha precisado que las
vigencias futuras son un instrumento de planificación
presupuestal y financiero que permite autorizar la asunción de
obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias
posteriores, y tienen como fin garantizar la existencia de
22
Artículo 346 de la Constitución Política.
23
En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en las Sentencias C-337 de 1993, C-357 de
1994 y C-023 de 1996.
24
Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, 2ª edición, Bogotá, Legis, 2014, p. 186.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
apropiaciones suficientes en los años siguientes para asumir
compromisos y obligaciones con cargo a ellas, así como
también disponer de los recursos financieros, y de esa manera
garantizar el avance y conclusión de proyectos plurianuales25.
Este mecanismo, en definitiva, permite la ejecución proyectos
sin que exista la restricción de la disponibilidad de recursos
durante una única vigencia fiscal.
Como antecedentes normativos de las vigencias futuras figuran
los artículos 76 de la Ley 21 de 1992 y 40 de la Ley 88 de 1993,
leyes que decretaron los presupuestos de rentas y recursos de
capital y la ley de apropiaciones para las vigencias fiscales 1993
y 1994, respectivamente, y que preveían que cuando los
organismos y entidades requirieran celebrar compromisos que
cubran varias vigencias fiscales deberían cumplir con los
requisitos exigidos en la reglamentación expedida por el
Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS.
Ambas disposiciones fueron demandadas ante la Corte
Constitucional por desconocer presuntamente el principio de
anualidad presupuestal. En la Sentencia C-337 de 1993 la Corte
declaró la exequibilidad del artículo 76 de la Ley 21 de 1992.
Luego de precisar que “[e]s imposible planear un desarrollo
armónico e integral sobre la base de una anualidad absoluta,
ya que la labor de planear el desarrollo sugiere la previsión de
metas a largo plazo para establecer los propósitos de mediano
y corto plazo, como medidas coordinadas para llegar al fin”, y
que “[s]in la plurianualidad, el proceso presupuestal no estaría
en armonía con el proceso de planeación, lo cual contraviene el
espíritu de la Carta”, concluyó que “con el avance técnico de la
materia presupuestal, y al incorporarse el principio de
planeación -que, por naturaleza implica el cómputo a largo
plazo-, la anualidad del presupuesto deja de ser un principio
absoluto, para ser simplemente un punto de referencia, mas no
de cálculo determinado al rigor de un periodo inmodificable”,
recordando que el presupuesto, de acuerdo con el artículo 17
de la Ley 38 de 1989, puede ser plurianual siempre y cuando
tenga la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal
(Confis). Agregó, que lo anterior es razonable “[…] por cuanto
es un hecho que, si la actividad presupuestal debe estar acorde
con la planeación, es lógico que el presupuesto al reflejar las
pautas de planeación, deba contemplar la plurianualidad,
desarrollando así el proceso fiscal, compuesto de sucesivas
etapas”. Acudiendo a estos mismos fundamentos declaró la
25
Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico de la Auditoria General de la Nación, Guía de Presupuesto
Público Territorial, Bogotá, 2012, p.111.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
exequibilidad del artículo 40 de la Ley 88 de 1993, a través de
la Sentencia C-357 de 1994.
Ante la necesidad de contar con una disposición permanente
que regulara las autorizaciones para la asunción de
obligaciones con cargo a posteriores vigencias fiscales, el
gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley
orgánica de presupuesto modificatoria de la Ley 38 de 1989, el
cual dio origen a la Ley 179 de 1994, en cuyo artículo 9º se
establecieron las vigencias futuras ordinarias, en los
siguientes términos: “La Dirección General del Presupuesto
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá
autorizar la asunción de obligaciones, que afecten
presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución
se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el
objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de
ellas. Cuando se trate de proyectos de inversión nacional
deberá obtenerse el concepto previo y favorable del
Departamento Nacional de Planeación”26. La norma facultó a
las entidades territoriales a adquirir esta clase de compromisos
con la autorización previa del Concejo Municipal, Asamblea
Departamental y los Consejos Territoriales Indígenas, o quien
haga sus veces, siempre que estén consignados, en el Plan de
Desarrollo respectivo y que sumados todos los compromisos
que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su
capacidad de endeudamiento.
Esta disposición legal también fue objeto de demanda ante la
Corte Constitucional, quien en Sentencia C-023 de 1996 la
declaró exequible, con fundamento en que “la administración
puede asumir compromisos que, por su magnitud o por
su costo, deban cumplirse durante varios años, es decir,
bajo la vigencia de diversos presupuestos sucesivos”.
Agregó que el principio de la anualidad del presupuesto, como
fue definido en la sentencia C-357 de 1994, no implica el que
la administración pública no pueda programar obras que se
ejecuten en vigencias sucesivas, pues tal limitación sería
absurda.
Posteriormente, se introdujo una modificación a la Ley
Orgánica del Presupuesto a través de la Ley 225 de 1995, en
cuyo artículo 3º se establecieron las vigencias futuras
excepcionales como una nueva modalidad del mecanismo
presupuestal comentado autorizado a la Nación, en la siguiente
26
El texto de esta disposición fue compilado en el artículo 23 del Decreto 111 de 1996 “Por el cual se
compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico
del Presupuesto”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
forma: “El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en
casos excepcionales para las obras de infraestructura,
energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así
como para las garantías a las concesiones, podrá autorizar
que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto
de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto
del año en que se concede la autorización”27.
Luego, mediante la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones, se introdujeron modificaciones y ajustes
a las vigencias futuras en orden a restringir su
utilización a lo que técnica y financieramente sea
indispensable manejar mediante este mecanismo.
En su artículo 10 (modificatorio del artículo 9º de la Ley 179 de
1994 e incorporado como artículo 23 del Decreto 111 de 1996,
compilatorio del Estatuto Orgánico del Presupuesto) señaló que
a nivel nacional la autoridad encargada de autorizar las
vigencias futuras ordinarias, esto es, las que permiten la
asunción de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto
de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a
cabo en cada una de ellas, será el Confis, y condicionó tal
autorización a tres requisitos: (i) que el monto máximo de
vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano
Plazo de que trata el artículo 1º de dicha ley; (ii) que como
mínimo de las vigencias futuras que se soliciten se deberá
contar con una apropiación del quince por ciento (15%) en la
vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; y (iii) que
cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento
Nacional de Planeación y del Ministerio del ramo. Así mismo,
previó que la autorización por parte del Confis para
comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no
podrá superar el respectivo período de gobierno, con excepción
de los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en
que el Conpes previamente los declare de importancia
estratégica.
En su artículo 12 reglamentó en forma independiente las
vigencias futuras ordinarias en las entidades
27
El texto de esta disposición fue compilado en el artículo 24 del Decreto 111 de 1996.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
territoriales28, estableciendo que la autorización de tales
vigencias sería impartida por la asamblea o concejo
respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa
aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga
sus veces. Y señaló como requisitos para tal aprobación:
(i) que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y
las condiciones de las mismas consulte las metas
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que
trata el artículo 1º de dicha ley; (ii) que como mínimo,
de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar
con apropiación del quince por ciento (15%) en la
vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; y (iii)
que cuando se trate de proyectos que conlleven
inversión nacional se debe obtener el concepto previo y
favorable del Departamento Nacional de Planeación.
Esta norma reiteró el mandato de la Ley 179 de 1994
relativo a que la corporación de elección popular se
abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos
objeto de la vigencia futura no están consignados en el
Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los
compromisos que se pretendan adquirir por esta
modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o
administración, se excede su capacidad de
endeudamiento. Y agregó que la autorización por parte
del Confis para comprometer presupuesto con cargo a
vigencias futuras no podrá superar el respectivo período
de gobierno, con excepción de los proyectos de gastos
de inversión en aquellos casos en que el Consejo de
Gobierno previamente los declare de importancia
estratégica, advirtiendo finalmente que en las entidades
territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier
vigencia futura en el último año de gobierno del
respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración
de operaciones conexas de crédito público.
De otro lado, en el artículo 11 (modificatorio del artículo 3º de
la Ley 225 de 1995 e incorporado como artículo 24 del Decreto
111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto) reguló las
vigencias futuras excepcionales. Dispuso esta norma que
el Confis, en casos excepcionales para las obras de
infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa
y seguridad, así como para las garantías a las concesiones,
podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el
presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el
presupuesto del año en que se concede la autorización.
28
La Ley 179 de 1994 las regulaba en una sola disposición junto a las vigencias futuras ordinarias de la
Nación (art. 9º).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Estableció como requisito de dicha aprobación que el monto
máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de
las mismas consulten las metas plurianuales del Marco Fiscal
de Mediano Plazo del que trata el artículo de esa ley. Y previó
finalmente que para asumir obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras, los contratos de empréstito
y las contrapartidas que en estos se estipulen no requieren la
autorización del Confis, precisando que tales contratos se
regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito
público.
De acuerdo con la normativa examinada, esta modalidad de
vigencias futuras consagradas como un mecanismo
presupuestal en favor de la Nación tiene como elementos
esenciales, los siguientes:
(i) Su aprobación no exige que se cuente con una
apropiación mínima en el presupuesto del año en que se
concede la autorización.
(ii) Se encuentran establecidas exclusivamente para las
obras de infraestructura, energía, comunicaciones,
aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las
garantías a las concesiones.
(iii) Su monto máximo, plazo y condiciones deben
ajustarse a las metas plurianuales del marco Fiscal de
Mediando Plazo.
(iv) Las características de estas obras, generalmente de
alto costo y de gran magnitud, suponen en muchos casos
que sea difícil disponer, para la vigencia en que se
autorizan, de la formalización del financiamiento
necesario para acreditar una apropiación inicial.
3.2.2.2. Examen acerca de la violación del derecho de
igualdad de las entidades territoriales. Comparación de
su situación con la de la Nación a partir de la planeación,
el presupuesto y la disciplina fiscal.
En el anterior contexto, definido el contenido y alcance de las
vigencias futuras excepcionales en la Ley 819 en favor de la
Nación, la Sala debe examinar si éstas son un mecanismo
presupuestal que se adapte a la organización, normas
constitucionales y condiciones de las entidades territoriales y
por ende puede ser utilizado por éstas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
A efectos de esta averiguación, la Sala estima pertinente acudir
a los siguientes elementos de comparación entre la Nación y
las entidades territoriales: (i) la planeación del desarrollo
económico y social; (ii) la estructuración del presupuesto de
rentas y recursos de capital y de gastos, y la financiación de
estos últimos; y (iii) las normas de disciplina fiscal a las que
están sometidas. El análisis de estos aspectos permitirá
establecer si existen razones que justifiquen que las vigencias
futuras excepcionales solo sean autorizadas a la Nación y no a
las entidades territoriales (iv).
(i) La planeación del desarrollo económico y social en la Nación
y en las entidades territoriales.
El principio de planeación en la Nación encuentra sustento
constitucional en el artículo 339 de la Carta Política29, de
acuerdo con el cual habrá un Plan Nacional de Desarrollo
conformado por una parte general y un plan de inversiones de
las entidades públicas del orden nacional. En la parte general
se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo,
las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y
las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que debe adoptar el Gobierno.
El plan de inversiones públicas, por su parte, contiene los
presupuestos plurianuales de los principales programas y
proyectos de inversión pública nacional y la especificación de
los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro
de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal. Como foro
para la discusión del Plan se creó el Consejo Nacional del Plan,
en el que tienen asiento representantes de las entidades
territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos,
comunitarios y culturales (art. 340 ibídem).
Los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución del
plan de desarrollo se dejaron en manos del legislador a través
de la ley orgánica correspondiente30, quien expidió en
desarrollo de esta competencia la Ley 152 de 1994, la cual es
aplicable a la Nación, las entidades territoriales y los
organismos públicos de todo orden. Esta norma, además de
consagrar los principios generales de la planeación y reiterar el
contenido del Plan señalado en la Constitución Política, precisa,
respecto del plan de inversiones de las entidades públicas del
orden nacional, que en él se deben incluir los presupuestos
plurianuales de los programas más importantes de inversión
pública contemplados en la parte general, entendiéndose por
29
Modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 03 de 2011.
30
Constitución Política, artículos 151 y 342.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
tales presupuestos la proyección de los costos y fuentes de
financiación de dichos programas y proyectos cuando éstos
requieran para su ejecución más de una vigencia fiscal31. Esta
ley así mismo garantiza la participación activa de las entidades
territoriales en el proceso de elaboración del plan y prevé la
concertación entre la Nación y las entidades territoriales en
materia de planeación cuando se trata de proyectos de
responsabilidad compartida que deban ser objeto de
financiación32.
Debe recordarse en este último aspecto que de acuerdo con los
principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad,
la Nación puede concurrir a la financiación de los gastos en los
servicios que sean señalados por la ley como de competencia
de los departamentos, distritos y municipios33.
Por su parte, en cuanto a las entidades territoriales prevé el
inciso segundo del artículo 344 de la Constitución Política que
éstas elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas
y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la
Constitución y la ley. Su conformación está dada por una parte
estratégica (que corresponde a su parte general) y un plan de
inversiones de mediano y corto plazo. Igualmente se autoriza
la constitución de un consejo de planeación a nivel territorial
(inciso 3º del artículo 340).
En la Ley 152 de 1994 se reitera el contenido del plan de
desarrollo de las entidades territoriales y se establece que en
su formulación se seguirán los criterios establecidos en dicha
norma, y además de reconocerse la autonomía de aquellas en
esa materia en el marco de las competencias, recursos y
responsabilidades que les ha atribuido la Constitución y la ley,
se establece que, sin perjuicio de ella, tales planes deben tener
en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del
Plan Nacional de Desarrollo, en orden a garantizar la
coherencia34.
En armonía con el artículo 339 Superior, la ley señala que la
concertación referida en esta disposición procederá cuando se
trate de programas y proyectos de responsabilidad compartida
entre la Nación y las entidades territoriales, o que deban ser
objeto de cofinanciación35.
31
Artículos 2, 4, 5, 6, y 7.
32
Artículos 16 y 38.
33
Artículo 365 de la Constitución Política.
34
Artículos 31, 32 y 45.
35
Artículo 38.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
De otro lado, atendiendo a la interrelación entre planeación y
presupuesto, prevé esta norma orgánica que en los
presupuestos anuales de las entidades territoriales se debe
reflejar el plan plurianual de inversiones36.
(ii) La estructuración del presupuesto anual rentas y recursos
de capital y de gastos y la financiación de estos últimos.
El Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con el
Estatuto Orgánico del Presupuesto, es el instrumento para el
cumplimiento de los planes y programas de desarrollo
económico y social y está conformado por los presupuestos de
los establecimientos públicos del orden nacional y el
presupuesto nacional. Hacen parte del Presupuesto General de
la Nación (PGN), el presupuesto de rentas y recursos de capital,
el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y las
disposiciones generales37.
El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital está integrado
por la estimación de los ingresos corrientes de la Nación, las
contribuciones parafiscales administradas por los órganos que
hacen parte del PGN, los fondos especiales, los recursos de
capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden
nacional38.
Los ingresos corrientes de la Nación son los recursos que ésta
percibe en desarrollo de lo establecido en las disposiciones
legales, por concepto de la aplicación de impuestos, tasas,
multas y contribuciones, siempre que no sean ocasionales.
Según su origen, los mismos se identifican como tributarios y
no tributarios39.
Los recursos de capital, por su lado, son ingresos de carácter
ocasional que percibe la Nación, obtenidos por operaciones de
crédito público o generados por activos públicos. Dentro de
estos se encuentran los recursos del crédito interno y externo
con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos
autorizados por el Congreso de la República, los recursos del
balance y los derivados del diferencial cambiario, los
provenientes de la enajenación de activos y de recuperación de
cartera, los rendimientos financieros obtenidos por la
colocación de recursos en el mercado de capitales o en títulos
36
Artículo 44.
37
Decreto 111 de 1996, artículos 3, 10 y 11.
38
Decreto 111 de 1996, artículo 11.
39
Decreto 111 de 1996, artículo 27.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
valores, los recibidos por concepto de donaciones, los
excedentes financieros de entidades descentralizadas del orden
nacional y las utilidades del Banco de la República, descontadas
las reservas de estabilización cambiaria y monetaria40.
Las contribuciones parafiscales son gravámenes establecidos
con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un
determinado y único grupo social o económico y se utilizan para
beneficio del propio sector. El manejo, administración y
ejecución de estos recursos se hace exclusivamente en la forma
dispuesta en la ley que los crea y se destinan solo al objeto
previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes
financieros generados, que resulten al cierre del ejercicio
contable. Las contribuciones parafiscales administradas por los
órganos que formen parte del Presupuesto General de la Nación
se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la
estimación de su cuantía, en capítulo separado de las rentas
fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos
encargados de su administración41.
Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los
ingresos creados y definidos en la ley para la prestación de un
servicio público específico, así como los pertenecientes a
fondos sin personería jurídica creados por el legislador42.
En el presupuesto de rentas y recursos de capital de la Nación
se identificarán y clasificarán por separado las rentas y
recursos de los establecimientos públicos del orden nacional,
las cuales, a su vez, se dividen en (i) rentas propias, que
incluyen todos los ingresos corrientes de los establecimientos
públicos, excluidos los aportes y transferencias de la Nación, y
(ii) recursos de capital, que comprenden todos los recursos del
crédito externo e interno con vencimiento mayor de un año, los
recursos del balance, el diferencial cambiario, los rendimientos
por operaciones financieras y las donaciones43.
De otro lado, el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones
está compuesto por los gastos de funcionamiento, servicio de
la deuda pública y gastos de inversión44.
Los gastos de funcionamiento son aquellos que tienen por
objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a
cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución y la
40
Decreto 111 de 1996, artículo 31.
41
Decreto 111 de 1996, artículo 29.
42
Decreto 111 de 1996, artículo 30.
43
Decreto 111 de 1994, artículo 34.
44
Decreto 111 de 1996, artículo 36.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
ley, y se clasifican en gastos de personal, gastos generales,
transferencias corrientes, transferencias de capital y gastos de
comercialización y producción.
De otra parte, los gastos por concepto del servicio de la deuda
pública, tanto interna como externa, tienen por objeto atender
el cumplimiento de las obligaciones contractuales
correspondientes al pago de capital, los intereses, las
comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de
crédito público.
Finalmente, los gastos de inversión son aquellas erogaciones
susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo
económicamente productivas, o que se materialicen en bienes
de utilización perdurable, llamados también de capital por
oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por
lo común a extinguirse con su empleo. Así mismo, se incluyen
como gastos de inversión aquellos gastos destinados a crear
infraestructura social. La característica fundamental de éste
debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de
producción y la productividad en el campo de la estructura
física, económica y social.
En relación con la financiación de los gastos de la Nación, la
Corte Constitucional ha expresado que debido a sus
características los ingresos corrientes de la Nación, percibidos
con cierta regularidad, están dirigidos a atender los gastos
ordinarios de funcionamiento, en tanto que los recursos de
capital, de carácter ocasional, se destinan principalmente a
financiar los gastos de inversión45.
El Presupuesto de las Entidades Territoriales se estructura
atendiendo los parámetros generales de la Estatuto Orgánico
del Presupuesto46 y está conformado por el presupuesto de
rentas y recursos de capital y por el presupuesto de gastos47.
El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital está compuesto
por los ingresos corrientes, los recursos de capital, y los
ingresos de los establecimientos públicos del orden municipal
y/o departamental.
45
Sentencias C-423 de 1995 y C-1072 de 2002.
46
Decreto 111 de 1994, artículos 104 y 109.
47
Para efectos de la clasificación de los ingresos y rentas y de los gastos de las entidades territoriales, la
Sala sigue lo expuesto en la publicación efectuada por el Departamento Nacional de Planeación en el año
2012, titulada Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial 2012. Disponible en la siguiente
dirección electrónica: https://colaboracion.dnp.gov.co/
CDT/Desarrollo%20Territorial/Libro%20Presupuesto%202012.pdf.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Los ingresos corrientes son los recursos que recaudan el
municipio o departamento en forma regular y permanente por
autorización de la ley, por concepto de impuestos, tasas,
multas y contribuciones, y también los que corresponden a las
transferencias que perciben en razón a las funciones y
competencias como entidad territorial. Estos se clasifican,
según su origen, en tributarios y no tributarios.
Por su parte, los recursos de capital, cuyo carácter es ocasional,
comprenden los recursos del balance, los recursos del crédito
interno y externo con vencimiento mayor a un año, los
rendimientos financieros, las donaciones, los excedentes
financieros de los establecimientos públicos del orden municipal
o departamental, de las empresas industriales y comerciales de
la entidad territorial y de las sociedades de economía mixta del
orden municipal o departamental con el régimen de estas, y los
provenientes de venta de activos.
En el presupuesto de rentas y recursos de capital se deben
identificar y clasificar por separado las rentas propias y
recursos de capital de los establecimientos públicos
municipales o departamentales, como lo define el artículo 34
del Decreto 111 de 1996. Se entiende por rentas propias todos
los ingresos corrientes de los establecimientos públicos,
excluyendo los aportes y las transferencias de la entidad
territorial. Por recursos de capital se reconocen todos los
recursos del crédito interno o externo, con vencimiento mayor
de un año, los recursos del balance, los rendimientos de las
operaciones financieras y las donaciones.
De otro lado, el Presupuesto de Gastos, Acuerdo u Ordenanza
de Apropiaciones está conformado por los gastos de
funcionamiento, del servicio de la deuda pública y los gastos de
inversión.
Los gastos de funcionamiento son aquellas erogaciones
necesarias y recurrentes para garantizar el cumplimiento de las
funciones asignadas a la administración territorial, y se dividen
en gastos de personal, gastos generales y transferencias
corrientes.
El servicio de la deuda se refiere a los recursos que tienen por
objeto el cumplimiento de las obligaciones contractuales
correspondientes al pago de capital, los intereses y las
comisiones originadas en operaciones de crédito público
(crédito externo, crédito interno).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
60
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Los gastos de inversión son gastos productivos que generan
riqueza, o bien que contribuyen a mejorar el bienestar general
y a satisfacer las necesidades de las personas, o a constituir
capital humano, desde el punto de vista de la inversión social,
conforme a las finalidades del Estado.
En cuanto a la financiación de los gastos de funcionamiento e
inversión en las entidades territoriales, se tiene lo siguiente:
Los de funcionamiento son atendidos principalmente por los
ingresos corrientes de libre destinación, de acuerdo con el
artículo 3º de la Ley 617 de 2000, norma que prevé así mismo
los recursos que no pueden financiar tales gastos; igualmente,
un porcentaje de los recursos de propósito general del Sistema
General de Participaciones puede ser destinado al
financiamiento de estos gastos48. Los gastos de inversión, entre
tanto, son financiados a través de los ingresos que reciben las
entidades territoriales por concepto del Sistema General de
Participaciones – SGP (incluidos los rendimientos financieros) y
del Sistema General de Regalías – SGR 49, y de recursos de
capital, principalmente recursos de crédito50. Debe recordarse,
respecto de los recursos del SGP, que se destinan a la
financiación de los servicios a cargo de las entidades
territoriales, debiendo darse prioridad a materias altamente
sensibles desde los puntos de vista social y económico, como
son la salud, la educación, y los servicios públicos domiciliarios
de agua potable y saneamiento básico51.
(iii) Disciplina fiscal en la Nación y las entidades territoriales.
En esta materia resulta relevante la referencia a la Ley 819 de
2003, orgánica en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal, la cual constituye un importante
instrumento legal que contiene mecanismos rigurosos para el
comportamiento fiscal y presupuestal de la Nación y las
entidades territoriales.
Entre esos mecanismos figura el Marco Fiscal de Mediano Plazo,
documento que debe ser presentado por el Gobierno
Nacional ante el órgano encargado de estudiar el proyecto de
presupuesto y que contiene información indispensable para
tener una visión de conjunto de la gestión financiera del Estado,
y para encauzar las decisiones presupuestales (recaudos,
ingresos y endeudamiento) en la correcta dirección de asegurar
48
Ley 1176 de 2007, artículo 21.
49
Constitución Política, artículos 356, 357, 360 y 361; Ley 715 de 2001; Ley 1176 de 2007; y Ley 1530
de 2012.
50
Ley 358 de 2007, artículo 2º.
51
Artículo 356 de la Constitución Política, inciso 4 (modificado por el Acto Legislativo 04 de 2007).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
61
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
la sostenibilidad fiscal52.
En relación con las entidades territoriales igualmente la Ley
819 establece el deber de presentar a consideración de
respectiva Asamblea o Consejo un Marco Fiscal de Mediano
Plazo53.
(iv) Análisis de los anteriores elementos. Verificación de la
violación del derecho de igualdad de las entidades territoriales.
El examen de los anteriores elementos permite señalar que, no
obstante las particularidades de cada una, existen similitudes
en la planeación de la Nación y de las entidades territoriales,
pues en ambos niveles ella se estructura a partir de unos
propósitos y metas estratégicas y de programas y proyectos de
inversión pública de ejecución plurianual. Además, como se
indicó, en el proceso de planeación se siguen por aquellas unos
parámetros comunes, los cuales pretenden lograr la coherencia
y la coordinación necesaria en la materia dada la concurrencia
de los dos niveles de la administración en la ejecución o en la
financiación de determinados programas o proyectos.
Esta coincidencia en el tema de planeación se pone de presente
también en la sujeción que deben tener las autoridades
nacionales y territoriales a los principios establecidos en la Ley
152 de 199454, entre los cuales se destaca el de consistencia,
que indica que para asegurar la estabilidad macroeconómica y
financiera, los planes de gasto derivados de las planes de
desarrollo deberán ser consistentes con las proyecciones de
ingresos y de financiación y con la regla fiscal contenida en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Así mismo, pese a que su cobertura y alcance es distinto,
en la estructuración del presupuesto de la Nación y de
las entidades territoriales se identifican algunas
semejanzas, pues, en general, los presupuestos de
rentas y recursos de capital están conformados por el
mismo tipo de ingresos, y los presupuestos de gastos
atienden las mismas necesidades, al tiempo que la
financiación de éstas es efectuada con fuentes de
recursos similares.
Igualmente, existen puntos de encuentro tratándose de la
disciplina fiscal a la que se someten la Nación y las entidades
52
Artículos 1 y 4.
53
Artículos 5 y 6.
54 Artículo 3º, literal d).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
62
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
territoriales, que se concretan en la exigencia en cada nivel de
la presentación del estudio financiero contenido en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo y en el deber de coherencia del
presupuesto con este documento, como también en la fijación
de una meta de superávit primario dirigida a asegurar la
sostenibilidad de la deuda55.
Este análisis conduce a la Sala a concluir que en realidad
no existen razones de orden legal o de otro tipo que
justifiquen un trato diferenciado de las entidades
territoriales frente a la Nación respecto a la posibilidad
de autorizar vigencias futuras excepcionales.
En efecto, las vigencias futuras bajo esta modalidad son
un mecanismo presupuestal que también se ajusta a la
organización de las entidades territoriales, pues al igual
que la Nación –aunque con las particularidades antes
expuestas– éstas adelantan sus procesos de planeación
con perspectivas temporales que superan la limitación
de la anualidad del presupuesto público, y elaboran sus
presupuestos a partir de unas fuentes de recursos
similares, los cuales son aplicados en programas y
proyectos estratégicos en sus respectivos ámbitos
locales (incluidos en el plan plurianual de inversión) que,
dada la magnitud de sus costos, demandan que sean
cumplidos bajo la vigencia de diversos presupuestos
sucesivos.
A lo anterior debe agregarse que existen importantes proyectos
de inversión en el que concurren el interés nacional y el de las
entidades territoriales y la correspondiente cofinanciación,
como los asociados a los sistemas masivos de transporte. En
estos eventos resulta de gran relevancia esta figura de gestión
presupuestal para las entidades territoriales, en tanto que les
permitirá su vinculación a ellos, al igual que la Nación, a través
de las vigencias futuras excepcionales, asumiendo obligaciones
que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación
en el presupuesto del año en que se concede la autorización.
En consecuencia, para la Sala es claro que, por razón del
derecho de igualdad que les asiste a las entidades
territoriales, éstas pueden hacer uso también de las
vigencias futuras excepcionales, cumpliendo en todo
caso requisitos semejantes a los establecidas en el caso
de la Nación en la Ley 819 de 2003, que adaptados a las
55
Sobre este último aspecto se refiere el artículo 2º de la Ley 819 de 2003.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
63
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
condiciones de las entidades territoriales, se concretan
en las siguientes: (i) las vigencias futuras excepcionales
solo podrán ser autorizadas para los precisos asuntos
señalados en las normas orgánicas del Presupuesto
General de la Nación y de la respectiva entidad
territorial, los que guardarán relación con proyectos
estratégicos indicados expresamente en el Plan de
Inversiones del Plan de Desarrollo; (ii) la autorización
de las vigencias debe provenir de la asamblea o concejo
respectivo y contar con la aprobación previa del órgano
de política fiscal del nivel territorial; (iii) el monto
máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones
de las mismas deberán consultar las metas plurianuales
del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el
artículo 5º de dicha ley; y (iv) cuando se trate de
proyectos que conlleven inversión nacional deberá
obtenerse el concepto previo y favorable del
Departamento Nacional de Planeación. De otro lado, en
el marco de la disciplina fiscal que impone la Ley 819 la
autorización de las vigencias solo podrá otorgarse si
sumados todos los compromisos que se pretendan
adquirir por dicha modalidad y sus costos futuros de
mantenimiento y/o administración no se excede la
capacidad de endeudamiento de la entidad territorial.
En el anterior contexto, en armonía con las consideraciones
expuestas a lo largo de este acápite, debe concluirse que la
sentencia que no reconoce la posibilidad de acordar tales
vigencias a las entidades territoriales vulnera el derecho de
igualdad de éstas frente a la Nación.
3.3. Cambio de la jurisprudencia de la Sección en materia
de vigencias futuras excepcionales de las entidades
territoriales.
La Sala a partir de las consideraciones expuestas en esta
providencia modificará su criterio en torno a la materia
expresado en sentencia de 14 de julio de 201156, según
el cual no eran procedentes las vigencias futuras
excepcionales en las entidades territoriales en razón a
que la Ley 819 de 2003, orgánica del presupuesto, sólo
las contempló para la Nación. Esta modificación, debe
resaltarse, obedece a que en esta oportunidad se ha
planteado a la Sala el problema acerca de la procedencia
de las vigencias futuras excepcionales en las entidades
56
Proferida en el proceso con radicación número 85001-23-31-000-2009-00032-02, Consejera Ponente
María Claudia Rojas Lasso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
64
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
territoriales desde la perspectiva del principio
constitucional de igualdad, la cual ha permitido un
análisis de fondo dentro de un panorama más amplio que
el estudiado en el año 2011, en el que solo se debatió el
asunto desde el punto de vista del contenido
estrictamente material de la Ley 819 de 2003.
De acuerdo con los fundamentos señalados a lo largo de esta
providencia, encuentra la Sala en efecto que, contrario a lo
antes sostenido, a la luz de las normas orgánicas del
presupuesto de la Nación vigentes a la fecha de
expedición del acto acusado (22 de febrero de 2010), sí
es procedente que las entidades territoriales acuerden
vigencias futuras excepcionales, en primer lugar, en
reconocimiento de la autonomía que la Constitución
Política les concede, que les permite adaptar tales
normas en sus estatutos orgánicos del presupuesto en
tanto que se ajusten a la organización, normas
constitucionales y condiciones de las entidades
territoriales, lo que ocurre en este evento, y en segundo
lugar, como garantía del derecho de igualdad de aquellas
frente a la Nación en esta materia, al existir elementos
de coincidencia en aspectos relevantes como la
planificación, la estructuración del presupuesto y la
disciplina fiscal57.
En efecto, en el estudio que antecede se realizó una
interpretación sistemática de la normativa
constitucional y legal que regula la materia, en particular
de los artículos 352 de la Constitución Política y 104 y
109 del Decreto 111 de 1996 contentivo del Estatuto
Orgánico del Presupuesto, el cual dejó en claro que las
entidades territoriales son competentes para ajustar las
normas orgánicas del presupuesto nacional, por lo cual
pueden acordar vigencias futuras excepcionales en sus
respectivos ámbitos locales.
57 Este escenario, valga decirlo, fue reconocido cuando se presentó el proyecto de ley que dio
origen a la Ley 1483 de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales”, el cual
tuvo como propósito regular directamente, con disposiciones de rango de Ley Orgánica, las
vigencias futuras excepcionales en las entidades territoriales, pero partiendo del supuesto que
tal posibilidad se encontraba prevista a partir de lo reglado en los estatutos orgánicos del
presupuesto locales, dictados al amparo de la autonomía de tales entidades (Gaceta del
Congreso número 618 de 2011).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
65
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Como se señaló previamente, esta normativa prevé que las
entidades territoriales al expedir sus normas orgánicas
de presupuesto se remitan a las disposiciones del
Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de
1996), adaptándolas a su organización, normas
constitucionales y condiciones, disposiciones entre las
cuales se encuentra precisamente el artículo 24 de este
Estatuto (cuyo texto corresponde al artículo 11 de la Ley
819 de 2003, que se incorporó a la norma orgánica), que
autoriza la asunción de obligaciones que afecten el
presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el
año en que se concede la autorización, esto es, permite
que se acuerden vigencias futuras excepcionales.
Debe anotarse que para esta fecha el problema jurídico
planteado en este asunto ha sido superado, en razón a que
actualmente las vigencias futuras excepcionales en las
entidades territoriales se encuentran reguladas expresamente
en la Ley 1483 de 2011, por medio de la cual se dictan normas
orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal para las entidades territoriales58. […]”.
58
El artículo 1º de esta normativa prevé al respecto lo siguiente: “En las entidades territoriales, las
asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en
que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: || a) Las vigencias
futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía,
comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento
básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. ||
b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5o de la Ley 819 de 2003. || c) Se
cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. || d) Cuando se trate
de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del
Departamento Nacional de Planeación. || La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la
autorización, si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones
del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta
modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de
endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina
fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003. || Los montos por vigencia que se
comprometan por parte de las entidades territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales,
se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento,
teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias
afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. || La autorización por parte de la asamblea o
concejo respectivo, para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el
respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en
que el Consejo de Gobierno, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la
definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del Gobierno
Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. || PARÁGRAFO 1o. En las entidades
territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del
respectivo gobernador o alcalde; excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con participación total
o mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema General de Participaciones. || PARÁGRAFO
2o. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del
proyecto o gasto objeto de la misma.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
66
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Atendiendo la sentencia antes transcrita, aparece claro que en las
entidades territoriales, las vigencias futuras ordinarias sí pueden
ser autorizadas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del
gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano
que haga sus veces, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 819,
para lo cual deben cumplir con los requisitos previstos en dicha norma,
con la precisión de que queda prohibida la aprobación de cualquier
vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo alcalde o
gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito
público.
Asimismo, es perfectamente procedente, conforme a la normativa
constitucional y legal que regula la materia, en particular los artículos
352 de la Constitución Política y 104 y 109 del Decreto 111, contentivo
del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en concordancia con la Ley 819,
que las entidades territoriales ajusten sus normas orgánicas e incluyan
en ellas, la facultad de acordar vigencias futuras excepcionales, en
sus respectivos ámbitos locales, en primer lugar, en reconocimiento de
la autonomía que la Constitución Política les concede, que les permite
adaptar tales normas en sus estatutos orgánicos del presupuesto en
tanto que se ajusten a la organización, normas constitucionales y
condiciones de las entidades territoriales; y, en segundo lugar, como
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
67
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
garantía del derecho de igualdad de aquellas frente a la Nación en esta
materia, al existir elementos de coincidencia en aspectos relevantes
como la planificación, la estructuración del presupuesto y la disciplina
fiscal, con la advertencia de que para hacer uso de dichas vigencias
futuras excepcionales, se deben cumplir requisitos semejantes a los
establecidos en el caso de la Nación en la Ley 819 de 2003, que
adaptados a las condiciones de las entidades territoriales, se concretan
en los siguientes:
(i) las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para
los precisos asuntos señalados en las normas orgánicas del
Presupuesto General de la Nación y de la respectiva entidad territorial,
los que guardarán relación con proyectos estratégicos indicados
expresamente en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo;
(ii) la autorización de las vigencias debe provenir de la asamblea o
concejo respectivo y contar con la aprobación previa del órgano de
política fiscal del nivel territorial;
(iii) el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones
de las mismas deberán consultar las metas plurianuales del Marco
Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5º de dicha ley; y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
68
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
(iv) cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional
deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento
Nacional de Planeación.
Cabe resaltar que en el marco de la disciplina fiscal, que impone la Ley
819, la autorización de las vigencias solo podrá otorgarse si sumados
todos los compromisos que se pretendan adquirir por dicha modalidad
y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración no se excede
la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial.
De allí que, en el caso sub lite, cuando el Ministro de Hacienda y Crédito
Público, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la
República y el Auditor General de la República, señalaron que las
vigencias futuras no podían ser autorizadas por las normas y estatutos
orgánicos de las entidades territoriales, a través de la la Circular
Conjunta Externa de 8 de septiembre de 2010, acusada,
desconocieron la normativa constitucional y legal, que regula la
materia presupuestal, vigente a la fecha de expedición del acto
acusado, analizada en la sentencia prohijada, de la cual se establece
que tanto las vigencias futuras ordinarias, como las futuras
extraordinarias sí pueden ser autorizadas en las entidades territoriales,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
69
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
por las respectivas asambleas departamentales y concejos
municipales, con las precisiones indicadas en dicho pronunciamiento.
Por ende, también desconocieron el principio de legalidad, al cual
deben estar sujetas todas las autoridades del Estado. Principio que, de
acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, tiene el siguiente
alcance:
“[…] se desprende del debido proceso y demanda la aplicación
de normas preexistentes y establecidas por el órgano
competente, lo cual se traduce en un límite a las actuaciones
de la administración, que evita actuaciones arbitrarias por
parte de las autoridades y protegiendo los derechos de los
administrado […]”.59
En este orden de ideas, este cargo tiene vocación de prosperidad.
Ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la
Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda,
criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de
febrero de 201660, en la que se precisó:
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, –Descongestión-, sentencia
de 1º de febrero de 2018, C.P. Rocío Araújo Oñate, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00574-01. Criterio reiterado en sentencia de 11 de febrero de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 13001-
23-31-000-2003-01263-01).
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero
de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00457-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
70
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
“[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la
demanda en contra del artículo 2º del Decreto 1070 de
31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los
relacionados con la infracción de las normas que consagran
la obligación de consultar los derechos de las comunidades
indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus
derechos […]” (Destacado fuera de texto).
En consecuencia, habrá de declararse la nulidad de la Circular
Conjunta Externa de 8 de septiembre de 2010, expedida por el
Ministro de Hacienda y Crédito Púbico, el Procurador General de la
Nación, el Contralor General de la República y el Auditor General de la
República, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de conformidad
con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta asumida por las
partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por
lo que se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
71
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de “ineptitud de
demanda”, propuesta por el apoderado de la Procuraduría General de la
Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de “improcedencia
de la acción de nulidad”, propuesta por el apoderado del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Circular Conjunta Externa
de 8 de septiembre de 2010, expedida por el Ministro de Hacienda
y Crédito Público, el Procurador General de la Nación, el Contralor
General de la República y el Auditor General de la República, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
72
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00558-00
Actora: ADRIANA PARRA HERNÁNDEZ
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2025.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Salva parcialmente voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.