Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00115-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00115-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2006-00115-02
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
19 de febrero de 2026
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00115 02
Demandantes: Prointel S.C.A. y JLR Administradora S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00115 02
Demandantes: Promotora Internacional de Hoteles Londoño S.C.A. y JLR
Administradora S.A.
Demandada: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Tesis: No son nulos por vulneración de normas superiores, los actos
administrativos por los cuales el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
sancionó a unas empresas, si entre la apertura de la investigación y la emisión del
acto sancionatorio no transcurrieron más de 3 años.
No es cierto que la participación de Prointel en el contrato de turismo se limitara a
actuar como garante patrimonial del negocio y no como prestadora de servicios
turísticos.
Es nulo por desconocimiento al derecho al debido proceso, la actuación
administrativa que condujo a la imposición de una sanción, si en los actos que
resolvieron los recursos de vía gubernativa se varió la imputación expuesta en el
acto definitivo al señalar que la conducta reprochada era el no registro de una de
sus sucursales y no la omisión de su inscripción en el RNT, lo mismo que la
atribución de las normas vulneradas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 24 de julio de 2020, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones del libelo introductorio.
I. DEMANDA
1.1. Las pretensiones
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Demandantes: Prointel S.C.A. y JLR Administradora S.A.
1. La Promotora Internacional de Hoteles Londoño S.C.A. (en adelante Prointel
S.C.A.) y JLR Administradora S.A. presentaron demanda contra el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, con las siguientes pretensiones:
«3.1. Que se decrete la nulidad de la Resolución 1515 de 5 de noviembre de
2003, del Director de Turismo, en sus numerales 1, 3, 4, 5 (sic) por la cual se
resuelve una investigación administrativa en contra de las sociedades JLR
ADMINISTRADORA S.A. y PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES
LONDOÑO S.C.A PROINTEL S.C.A. y se les imponen sanciones, para dejarla
sin ningún efecto por violación del derecho de defensa, del debido proceso, de
la presunción de inocencia y por la caducidad del proceso sancionatorio.
3.2. Que se decrete la nulidad de la Resolución 539 de 17 de diciembre de
2004 del Director de Turismo, en sus numerales 1 y 3, por la cual se resuelve
el recurso de reposición que interpusieron las sociedades demandantes en
contra de la resolución anterior, para dejarla sin ningún efecto.
3.3. Que se decrete la nulidad de la Resolución 1876 de 31 de agosto de 2005,
Viceministro de Desarrollo Empresarial (sic), en su numeral primero, por la
cual se resuelve el recurso de apelación que interpusieron las sociedades
demandantes en contra de la resolución anterior, para dejarla sin ningún efecto
por violación del derecho de defensa, del debido proceso, de la presunción de
inocencia y por la caducidad del proceso sancionatorio.
3.4. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se restablezca el
derecho de las sociedades JLR ADMINISTRADORA S.A. y PROMOTORA
INTERNACIONAL DE HOTELES LONDOÑO S.C.A. PROINTEL S.C.A a no
pagar ninguna de las sanciones pecuniarias que se impusieron, a seguir
ejerciendo la actividad turística y a tramitar la renovación de la inscripción en
el Registro Nacional de Turismo de la primera de las sociedades citadas por
violación del derecho de defensa, del debido proceso, de la presunción de
inocencia y por la caducidad del proceso sancionatorio.
3.5. Que se condene a las demandadas a pagar a las sociedades
demandantes, para restablecer su derecho patrimonial, los perjuicios que
están sufriendo, por la aplicación de las sanciones que se les han impuesto,
en la cuantía que se probará dentro del proceso, la que estimamos en un
mínimo de CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000.oo) MTCE.
Los perjuicios se probarán dentro del proceso en la medida que la sociedad
JLR ADMINISTRADORA S.A. atiende a más de seis mil afiliados en todo el
territorio nacional, en el área andina y en parte de Centro América con el
sistema SUN VACATION CLUB y los efectos dañosos de la sanción se han
de producir en el tiempo de manera hoy cuantificable.
3.6. Que en el evento que los demandados se opongan los condene al pago
de las costas y gastos procesales […]»1.
1.2. Los actos demandados
2. Las decisiones objeto de impugnación judicial son la Resolución 1515 del 5 de
noviembre de 2003 por la cual se resuelve una investigación administrativa, la
1 Samai, archivo «029ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01PRINCIPAL-RESERVADO», páginas
3 al 37.
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Demandantes: Prointel S.C.A. y JLR Administradora S.A.
Resolución 0539 del 17 de diciembre de 2004 mediante la cual se resuelve un
recurso de reposición y se modifica una actuación administrativa, ambas
expedidas por el Director de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, y la Resolución 1876 del 31 de agosto de 2005 por la cual se resuelve el
recurso de apelación proferida por el Viceministro de Desarrollo Empresarial de la
misma entidad.
3. El primer acto señala en su parte resolutiva:
«PRIMERO: Sancionar con multa de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes al prestador de servicios turísticos J.L.R.
ADMINISTRADORA S.A„ con ocasión del reclamo presentado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión
administrativa.
SEGUNDO: Sancionar con multa de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes al prestador de servicios turísticos VGL
REPRESENTACIONES PARA SUN VACATION CLUB S.A., con ocasión del
reclamo presentado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente decisión administrativa.
TERCERO: Sancionar con multa de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes con destino al Fondo de Promoción Turística, a cada uno
de los prestadores de servicios turísticos PROMOTORA INTERNACIONAL
DE HOTELES S.C.A. - PROINTEL, JLR ADMINISTRADORA S.A., ERINZO
BENAVIDES, JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI, ANDRES SANCHEZ
TURRIAGO, por haber operado sin estar inscritos en el Registro Nacional de
Turismo.
CUARTO: De conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva de la
presente providencia, prohíbese a los prestadores de servicios turísticos
PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES S.C.A. - PROINTEL, JLR
ADMINISTRADORA S.A., ERINZO BENAVIDES, JORGE ENRIQUE
LONDOÑO RIANI, ANDRES SANCHEZ TURRIAGO, el ejercicio de la
actividad turística por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha
de ejecutoria de la presente Resolución, quedando imposibilitados por el
mismo lapso para solicitar la inscripción en el Registro Nacional de Turismo
[…].»2
4. La parte resolutiva de la Resolución 0539 de 17 de diciembre de 2004, prevé:
«[…] PRIMERO: Confirmar la sanción de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes impuesta al prestador de servicios turísticos J.L.R.
ADMINISTRADORA S.A. con ocasión del reclamo presentado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión
administrativa.
SEGUNDO: Confirmar la sanción de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes impuesta al prestador de servicios turísticos VGL
REPRESENTACIONES PARA SUN VACATION CLUB S.A., con ocasión del
reclamo presentado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente decisión administrativa.
2 Samai, archivo «029ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01PRINCIPAL-RESERVADO», páginas
52 a 66.
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Demandantes: Prointel S.C.A. y JLR Administradora S.A.
TERCERO: Confirmar la sanción de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, impuesta a los prestadores de servicios turísticos
PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES S.C.A. - PROINTEL, JLR
ADMINISTRADORA S.A., por haber operado sin estar inscritos en el Registro
Nacional de Turismo.
CUARTO Revocar la sanción de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a los representantes legales de las sociedades
sancionadas, señores ERINZO BENAVIDES, JORGE ENRIQUE LONDOÑO
RIANI, ANDRES SANCHEZ TURRIAGO.
QUINTO: Conceder el recurso de apelación interpuesto de manera
subsidiaria, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta resolución […].»3
5. La parte resolutiva de la Resolución 1876 de 31 de agosto de 2005, es la
siguiente:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas y cada una de sus partes la
Resolución No. 1515 del 5 de noviembre de 2003 “Por la cual se resuelve una
investigación”, y la resolución No. 0539 del 17 de diciembre de 2004 “Por
medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se modifica una
actuación administrativa”, suscritas por el Director de Turismo, en virtud de la
cual se sanciona al prestador de servicios turísticos J.L.R.
ADMINISTRADORA S.A. con Nit. 830.038.520-4 y “PROMOTORA
INTERNACIONAL DE HOTELES S.C.A.” con Nit. 800.230.527-8, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]»4.
1.3. Supuestos fácticos
6. En el acápite de hechos manifestaron que el 11 de febrero de 2001, los señores
José Antonio Uribe y María Emma Caballero suscribieron un contrato de afiliación
con la comercializadora VGL Representaciones, quien actuaba en nombre de la
sociedad JLR Administradora S.A., con el fin de vincularse al sistema Sun Vacation
Club S.A. Indicaron que el 12 de marzo de 2001 estos ciudadanos presentaron
queja ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al considerar que la
información suministrada sobre las condiciones contractuales fue errónea y no se
ajustó a lo ofrecido y que además no se les permitió retractarse del negocio
suscrito.
7. Explicaron que, como consecuencia de lo anterior, la Dirección General de
Turismo inició una investigación administrativa contra las sociedades JLR
Administradora S.A., VGL Representaciones para Sun Vacation Club S.A. y
Prointel S.C.A., por presuntamente ofrecer información engañosa, infringir las
3 Samai, archivo «029ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01PRINCIPAL-RESERVADO», páginas
74 a 79.
4 Samai, archivo «029ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01PRINCIPAL-RESERVADO», páginas
83 a 96.
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normas turísticas y operar sin estar inscritas en el Registro Nacional de Turismo
(en adelante RNT).
8. Afirmaron que la demandada impuso mediante la Resolución 1515 del 5 de
noviembre de 2003 sanciones que incluían multas y la prohibición de ejercer la
actividad turística por 5 años a las empresas JLR Administradora S.A. y Prointel
S.C.A.
9. Señalaron que, en contra de esa decisión sancionatoria, interpusieron recurso
de reposición y de manera subsidiaria recurso de apelación.
10. Expresaron que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante las
Resoluciones 0539 del 17 de diciembre de 2004 y 1876 del 31 de agosto de 2005
resolvió los recursos interpuestos y confirmó en todas sus partes las sanciones
impuestas inicialmente.
1.4. Concepto de la violación
11. Como fundamento de lo anterior, invocaron como desconocidos el artículo 29
de la Constitución Política, los artículos 3, 35, 55 y 59 del CCA y el artículo 71 de
la Ley 300 de 1996.
12. Formularon los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación, así:
1.4.1. Primer cargo: falsa motivación
13. Manifestaron que la Resolución 1515 de 2003 sancionó a las investigadas sin
distinguir las actuaciones de cada una por infringir el literal g) del artículo 71 de la
Ley 300 de 1996. Agregaron que en la motivación del acto definitivo no se
estableció relación entre la cuantía específica de la sanción y los hechos concretos
subsumidos en dicho literal, lo que generó una desconexión entre el fundamento
jurídico y la pena impuesta.
14. Afirmaron que en las decisiones que resolvieron el recurso de reposición y el
de apelación en contra del acto definitivo, no se abordaron los argumentos
específicos que plantearon en sede administrativa sino que la accionada se limitó
a confirmar la sanción con una justificación genérica basada en la afirmación de
otros quejosos y hechos similares. Señalaron además que la autoridad
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demandada no identificó a los presuntos afectados ni individualizó la forma en que
sus quejas influyeron en la sanción.
15. Refirieron que tanto en dicho acto administrativo como en la resolución que
resolvió la apelación se introdujo un hecho nuevo que no fue discutido ni
investigado en el trámite administrativo ni fue objeto de pronunciamiento previo,
consistente en que la empresa JLR Administradora S.A. no había inscrito de
manera separada su sucursal en la ciudad de Santa Marta.
16. De otro lado indicaron que la sociedad Prointel S.C.A. se encargaba
únicamente de la promoción del negocio de administración del sistema Sun
Vacation Club S.A.. No obstante, la entidad demandada la sancionó al considerarla
prestadora de servicios turísticos y por ende obligada a inscribirse en el RNT.
1.4.2. Segundo cargo: ausencia de fundamento probatorio
17. Reiteraron que los actos enjuiciados carecen de sustento probatorio al
sancionar a Prointel S.C.A. como prestadora de servicios turísticos, sin que se
acreditara dicha condición. Afirmaron que su actuación se limitaba a ser garante
patrimonial de la operadora y a responder económicamente en caso de
incumplimiento sin intervenir en la prestación, intermediación o contratación de
servicios turísticos, de modo que su rol contractual era exclusivamente financiero.
18. Agregaron que en un intento de subsanar este vicio, la Resolución 539 de 2004
pretendió fundamentar la sanción en una cláusula contractual en la que Prointel
S.C.A. figura como promotora del «negocio de administración» del sistema.
Explicaron que promover un negocio de administración es sustancialmente distinto
a ser promotora de proyectos de tiempo compartido, actividad regulada por el
literal g) del artículo 62 de la Ley 300 de 1996. Además, señalaron que la sociedad
VGL Representaciones para Sun Vacation Club S.A. era la encargada de
comercializar los servicios turísticos.
1.4.3. Tercer cargo: violación de la presunción de inocencia
19. Arguyeron que la Resolución 1515 de 2003 vulneró la presunción de inocencia
al valorar como reincidencia la conducta sancionada en la Resolución 701 de 2002
proferida en otro proceso administrativo. Señalaron que dicho acto se encontraba
recurrido y por tanto no estaba en firme conforme al efecto suspensivo de los
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recursos en vía gubernativa previsto en el artículo 55 del CCA. En consecuencia,
sostuvieron que al utilizar un acto administrativo impugnado como antecedente
sancionatorio, la autoridad presumió la culpabilidad de JLR Administradora S.A.
antes de que existiera una decisión ejecutoriada y con ello desconoció las
garantías del debido proceso.
20. Manifestaron que esta vulneración se agravó con la Resolución 1876 de 2005,
en la que el Viceministro para justificar la reincidencia citó de manera genérica
varias resoluciones (1517 de 2003, 796 de 2002, 1349 de 2003, 1757 de 2004 y
2207 de 2004) sin precisar a qué sociedad o hecho concreto correspondía la
investigación de cada una. Agregaron que dichos actos también se encontraban
recurridos y no estaban en firme al momento de proferirse la decisión. Además,
sostuvieron que resulta cronológicamente imposible que los hechos del 11 de
febrero de 2001 constituyan reincidencia respecto de resoluciones expedidas con
posterioridad a esa fecha, como las de 2003 y 2004.
1.4.4. Cuarto cargo: desconocimiento del derecho de defensa
21. Explicaron que la Resolución 539 de 2004 introdujo el hecho de la falta de
inscripción de la sucursal de JLR Administradora S.A. en Santa Marta y
fundamentó la sanción en el incumplimiento del artículo 18 del Decreto 504 de
1997, pero que esta conducta no había sido objeto de la investigación inicial, la
cual se circunscribía a los literales c), f) y g) del artículo 71 de la Ley 300 de 1996,
por lo que se privó a esa empresa de cualquier oportunidad de ejercer su derecho
de defensa frente a este nuevo cargo que resultó determinante para la sanción.
22. Señalaron que la Dirección de Turismo invirtió indebidamente la carga
probatoria al pretender que fuera la sociedad quien demostrara la inexistencia de
la anotada sucursal, cuando en realidad correspondía a la autoridad acreditar que
la sucursal sí se encontraba en ese lugar y por ende, realizar la verificación
necesaria para tenerla como hecho constitutivo de la infracción.
1.4.5. Quinto cargo: omisión probatoria
23. Manifestaron que la entidad demandada incurrió en una grave omisión
probatoria al sancionar a JLR Administradora S.A. por operar sin inscripción en el
RNT, pese a que en el mismo expediente constaba y así lo había reconocido la
propia Oficina de Investigaciones de la accionada, que dicha sociedad se
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encontraba debidamente inscrita desde 1999 y que esa situación se mantenía
vigente al momento de los hechos ocurridos el 11 de febrero de 2001. Agregaron
que esta prueba, que desvirtuaba la conducta sancionada en el literal g) del artículo
71 de la Ley 300 de 1996, fue simplemente ignorada por la autoridad al
fundamentar la sanción.
1.4.6. Sexto cargo: incongruencia de la vía administrativa
24. Señalaron que la Resolución 1515 de 2003 sancionó a JLR Administradora
S.A. bajo el supuesto de que no se encontraba inscrita en el RNT y que por ello
habría incurrido en la conducta prevista en el literal g) del artículo 71 de la Ley 300
de 1996, pero que al resolver el recurso de reposición la Resolución 539 de 2004
rectificó este hecho al reconocer que la sociedad sí estaba inscrita, aunque
mantuvo la sanción con fundamento en un cargo nuevo y distinto consistente en
la presunta falta de inscripción de una sucursal en Santa Marta, el cual nunca fue
objeto de la investigación inicial; agregaron que, no obstante, mediante la
Resolución 1876 de 2005 que resolvió la apelación se desestimó la rectificación
hecha en primera instancia y se retomó de manera arbitraria la premisa de la
ausencia de inscripción de la sociedad pese a la existencia de constancias
administrativas que acreditaban su registro desde 1999, lo que evidencia
decisiones contradictorias en la vía gubernativa, referidas a hechos distintos a los
que dieron origen a la investigación y que carecen de congruencia entre sí.
1.4.7. Séptimo cargo: caducidad de la facultad sancionatoria
25. Refirieron que el artículo 38 del CCA fijó un término de 3 años para imponer
sanciones administrativas, contado desde la ocurrencia del hecho generador y que
en el presente caso los hechos investigados tuvieron lugar el 11 de febrero de
2001, por lo que la potestad sancionatoria de la Administración caducó el 11 de
febrero de 2004; sin embargo, el procedimiento administrativo sancionatorio solo
concluyó el 3 de octubre de 2005 con la notificación de la Resolución 1876 de 2005
que resolvió la apelación y agotó la vía gubernativa, esto es, más de un año y ocho
meses después de vencido el término legal, a lo que se suma que incluso la
Resolución 539 de 2004, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, fue
expedida más de 10 meses después de haberse configurado la caducidad.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
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26. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo5 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones de la parte demandante, así:
27. Al referirse a los hechos expuso que las sociedades investigadas no
permitieron el retracto del contrato suscrito al sostener que dicho trámite
únicamente podía realizarse en la ciudad de Bogotá, pese a que el negocio jurídico
se celebró con los denunciantes en Santa Marta.
28. Señaló que los sancionados brindaban información engañosa a los turistas, al
promocionar planes que posteriormente no eran cumplidos una vez se suscribía el
contrato y se efectuaba el primer pago.
29. Arguyó que al momento de presentar la demanda, la parte actora ocultó
pruebas con el propósito de inducir en error a la administración de justicia y así
obtener una decisión favorable a sus pretensiones.
30. En cuanto a cada uno de los cargos de nulidad, expuso:
2.1. Frente a falsa motivación
31. Indicó que los actores omitieron señalar de forma clara y precisa cuáles son
los hechos o razonamientos específicos de la resolución que carecen de
sustentación o son contradictorios y cómo esta irregularidad afectó el contenido
del acto administrativo impugnado.
32. Anotó que el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la
Constitución Política rige tanto para las autoridades como para los particulares. En
ese sentido sostuvo que la administración actuó dentro del marco de sus
competencias al valorar las pruebas obrantes en el expediente y proferir una
decisión debidamente motivada en los términos del artículo 35 del CCA. Agregó
que corresponde al demandante desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo, carga que no cumplió al no aportar argumentos concretos que
contradigan los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentó la
decisión.
2.2. Frente a la ausencia de fundamento probatorio
5 Samai, archivo «045ED_C09_01 OTROS-CUADERNO 09 APELACIÓN SENTENCIA», páginas
39 a 51.
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33. Explicó que en el ámbito sancionatorio administrativo corresponde a la
autoridad administrativa acreditar el hecho generador de la infracción carga que
en su criterio fue cumplida. Añadió que el derecho de defensa impone a los
investigados la obligación de aportar y demostrar los hechos eximentes de
responsabilidad que invoquen, lo cual no hicieron los ahora demandantes al no
allegar durante la investigación material probatorio que respaldara sus
argumentos.
2.3. En relación con la caducidad de la facultad sancionatoria
34. Manifestó que la Resolución 1515 de 2003, fue expedida el 5 de noviembre de
2003, fecha muy anterior al 11 de febrero de 2004 en que según la parte actora
habría operado la caducidad. Ello desvirtúa por completo la alegación, ya que la
facultad sancionatoria se ejerció de manera oportuna y dentro del término de tres
años establecido en el artículo 38 del CCA, contados a partir de los hechos
ocurridos el 11 de febrero de 2001.
35. Finalmente, propuso la excepción de inepta demanda por cuanto: i) la
redacción de los hechos era confusa y no permitía determinar con claridad los
motivos de impugnación; ii) no se adjuntaron las pruebas que originaron los actos
demandados; iii) se omitieron como demandantes a todos los sancionados, como
Sun Vacation Club S.A., sociedad con presuntas prácticas irregulares en varios
países; y iv) si bien se citaron normas como desconocidas, no se desarrolló el
concepto concreto de violación, limitándose a una enunciación genérica sin
explicar el alcance y sentido de las infracciones alegadas.
III. ACTUACIONES RELEVANTES
36. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida
el 8 de abril de 20136, resolvió i) negar la excepción de inepta demanda; ii) declarar
la nulidad de las resoluciones censuradas; iii) declarar que las sociedades
demandantes no estaban obligadas al pago de la sanción impuesta; iv) ordenó a
la demandada devolver los valores que eventualmente hubieren sido cancelados
y v) negar las demás pretensiones.
6 Samai, archivo «045ED_C09_01 OTROS-CUADERNO 09 APELACIÓN SENTENCIA», páginas
188 a 219.
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37. La autoridad judicial referida encontró configurada la caducidad de la facultad
sancionatoria, pues el término de 3 años establecido en el artículo 38 del CCA
debía comprenderse como el plazo del que dispone la administración no solo para
emitir y notificar el acto sancionatorio inicial, sino para que éste adquiera firmeza
mediante la resolución de todos los recursos interpuestos, los cuales según el
artículo 55 de ese código se conceden con efecto suspensivo.
38. Explicó que el cómputo del plazo inició el 12 de marzo de 2001, fecha en que
la autoridad tuvo conocimiento de los hechos, y concluyó solo con la notificación
de la Resolución 1876 del 31 de agosto de 2005 que agotó la vía gubernativa,
superando los 3 años del plazo del ejercicio oportuno de la potestad alegada.
39. Advirtió que, en virtud de lo anterior, era innecesario pronunciarse sobre los
otros cargos de nulidad planteados en la demanda.
40. La parte demandante y la demandada interpusieron recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia; la primera, por cuanto se le negó el
reconocimiento de los perjuicios solicitados en la providencia recurrida7.
41. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el
12 de diciembre de 20198, resolvió i) revocar la sentencia de 8 de abril de 2013 y
ii) devolver el expediente al a quo para adoptar la decisión de fondo respecto de
los otros cargos de la demanda.
42. Señaló que los hechos investigados ocurrieron el 11 de febrero de 2001 al
suscribirse el contrato de turismo objeto de controversia, por lo que el plazo de 3
años para imponer la sanción previsto en el artículo 38 del C.C.A. expiraba el 11
de febrero de 2004. Dijo que el acto sancionatorio, esto es, la Resolución 1515 de
2003 fue notificado el 20 de enero de 2004 y por tanto la facultad indicada fue
ejercida dentro del término legal.
43. Aclaró que la resolución de los recursos posteriores (reposición y apelación)
no es relevante para el cómputo de este plazo, ya que la caducidad no operaba si
se expedía y notificaba la sanción inicial.
7 Samai, archivo «045ED_C09_01 OTROS-CUADERNO 09 APELACIÓN SENTENCIA», páginas
222 a 242.
8 Samai, archivo «047ED_C10_01 OTROS-CUADERNO 10 APELACIÓN SENTENCIA-
RESERVADO», páginas 128 a 163.
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IV. SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca9, mediante sentencia proferida el
24 de julio de 2020, resolvió negar las pretensiones de la parte demandante con
fundamento en lo siguiente:
4.1. Sobre la falsa motivación
44. Expuso que la Resolución 1515 de 2003 fundamentó la sanción no solo en el
literal g) del artículo 71 de la Ley 300 de 1996 relativo a operar sin registro sino
también en los literales c) y f) del mismo artículo referidos a la entrega de
información engañosa y a la infracción de normas turísticas. Señaló que el acto
administrativo explicó cómo la conducta de JLR Administradora, al generar
expectativas falsas y emplear métodos promocionales engañosos, se adecuaba a
dicho tipo de infractores.
45. Agregó que la autoridad enjuiciada analizó de manera integral los argumentos
planteados en los recursos interpuestos por los ahora demandantes.
4.2. En la relación con la ausencia de fundamento probatorio
46. Argumentó que a las sociedades Sun Vacation Club S.A., Promotora
Internacional de Hoteles S.C.A. – Prointel S.C.A., JLR Administradora S.A. y VGL
Representaciones para Sun Vacation Club S.A., se les garantizó la oportunidad de
presentar su defensa y aportar las pruebas que consideraran oportunas y que no
obstante lo anterior solo VGL Representaciones para Sun Vacation Club S.A.
presentó sus descargos.
47. Explicó que existió fundamento probatorio para sancionar a la sociedad
Prointel S.C.A. como prestadora de servicios turísticos, pues el contrato de
afiliación T-121124 suscrito el 11 de febrero de 2001, la identificaba expresamente
como una de las operadoras que administra el sistema Sun Vacation Club S.A.
Adicionalmente, su objeto social incluía la promoción y administración de
inversiones relacionadas con actividades hoteleras y turísticas.
9 Samai, archivo «045ED_C09_01 OTROS-CUADERNO 09 APELACIÓN SENTENCIA», páginas
245 a 288.
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48. Indicó que estas circunstancias, unidas a la cláusula contractual 11.1. (literal
a) que revela su interés económico en la promoción del negocio, la encuadran
dentro de la definición de «empresa promotora de proyectos de tiempo
compartido» prevista en el numeral 8) del artículo 62 de la Ley 300 de 1996,
obligándola a registrarse.
4.3. Frente a la violación de la presunción de inocencia
49. Expresó que la sanción no se fundamentó en la Resolución 701 de 2002, sino
que esta fue mencionada únicamente como un precedente entre múltiples
elementos para evaluar la condición de reincidencia. Señaló que la Resolución
1515 de 2003 citó la existencia de 32 investigaciones y quejas de usuarios por
hechos idénticos, lo que evidenciaba un patrón de conducta que la entidad
demandada podía valorar para efectos de la dosimetría de la sanción sin que ello
implicara tener por probada la responsabilidad en procesos aún pendientes.
50. Frente al reparo según el cual la Resolución 1876 de 2005 introdujo
resoluciones no debatidas afirmó que el análisis de la reincidencia se apoyó en el
historial de quejas e investigaciones documentadas en el expediente, las cuales
constituían medios de prueba objetivos sobre la conducta reiterada de la sociedad.
Sostuvo que la sola mención de resoluciones que no estaban en firme no configura
vulneración del derecho de defensa, pues la sanción se impuso exclusivamente
por los hechos que se ventilaron en el respectivo expediente y la reincidencia fue
valorada únicamente como un agravante dentro de los parámetros legales para
graduar la pena y no como fundamento único o determinante de la
responsabilidad.
4.4. Respecto al desconocimiento del derecho de defensa y la incongruencia
de la vía gubernativa
51. Adujo que la sanción establecida en la Resolución 1515 de 2003 se impuso
exclusivamente por la infracción al literal g) del artículo 71 de la Ley 300 de 1996
(operar sin registro) y el contrato que dio origen a la investigación se suscribió en
Santa Marta el 11 de febrero de 2001. Por lo tanto, el hecho de operar desde esa
ciudad sin la debida inscripción fue el núcleo de la conducta sancionada desde el
inicio y la referencia al Decreto 504 de 1997 en la reposición fue solo una precisión
normativa de una obligación preexistente, no la introducción de un cargo nuevo.
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4.5. Sobre la caducidad de la facultad sancionatoria
52. Precisó que el Consejo de Estado, en decisión del 20 de octubre de 2005 con
ponencia del Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, señaló que el término
de caducidad para imponer sanciones previsto en el artículo 38 del CCA se
entiende satisfecho con la expedición y notificación de la decisión que pone fin a
la investigación administrativa dentro de los 3 años siguientes a los hechos. En
consecuencia, como los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 2001 y el acto
administrativo que resolvió la investigación fue notificado el 20 de enero de 2004,
no operó la caducidad, pues la autoridad actuó dentro del plazo máximo que vencía
el 11 de febrero de 2004.
V. RECURSOS DE APELACIÓN
5.1. Prointel S.C.A.
53. Afirmó que si bien la sentencia impugnada cita el contrato T-121124, suscrito
el 11 de febrero de 2001 y el objeto social de Prointel S.C.A., lo cierto es que omitió
valorar que la participación de esa sociedad se limitó exclusivamente a actuar
como garante patrimonial de la operadora JLR Administradora S.A., sin intervenir
en la promoción, comercialización u operación del sistema de tiempo compartido.
Indicó que el contrato de afiliación a Sun Vacation Club S.A. identifica claramente
a JLR como la operadora y a VGL Representaciones como la comercializadora,
roles que se encuentran debidamente acreditados en el expediente.
54. Alegó que la actividad de garantía patrimonial que desplegó en ese negocio y
que es asimilable a la que ejerce una compañía de seguros, no está catalogada
como prestación de servicios turísticos en el artículo 62 de la Ley 300 de 1996 ni
en el listado taxativo del Decreto 507 de 1997, por lo que resulta jurídicamente
improcedente exigir a Prointel S.C.A. una inscripción a la que legalmente no está
obligada.
55. Adujo que la entidad demandada nunca probó que Prointel S.C.A. realizara
actividades efectivas de prestación de servicios turísticos, pues su afirmación se
basó en una mera presunción derivada de la mención de la sociedad en el contrato
sin precisar qué conducta concreta tipificada como servicio turístico habría
ejecutado.
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56. Expresó que se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria, pues
transcurrieron más de 3 años desde la ocurrencia de los hechos sin que se
notificara el acto definitivo. Puso de presente el concepto de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del 25 de mayo de 2005, radicación 1632, vigente para la época de
los hechos.
5.2. JLR Administradora S.A.
5.2.1. Falsa motivación
57. Señaló que la imposición de la multa a esa empresa se causó exclusivamente
por la infracción prevista en el literal g) del artículo 71 de la Ley 300 de 1996 relativa
a operar sin inscripción en el RNT. No obstante, advirtió que el supuesto fáctico
que sustentó dicha sanción es inexistente, pues en el expediente consta e incluso
fue reconocido por la propia administración en la parte introductoria de la
resolución sancionatoria, que esa sociedad se encontraba debidamente inscrita
desde 1999 y que tal condición se mantenía vigente al momento de suscribirse el
contrato en 2001.
58. Precisó que la Resolución 539 de 2004, por la cual se resolvió el recurso de
reposición en contra del acto definitivo, introdujo un nuevo fundamento no
investigado, esto es, la falta de inscripción de una supuesta sucursal en Santa
Marta invocando el artículo 18 del Decreto 504 de 1997. Sin embargo, adujo que
no existe prueba alguna en el expediente que acredite que JLR tuviera una
sucursal en Santa Marta en 2001, ni que operara desde allí sin cumplir con los
requisitos de inscripción correspondientes.
59. Señaló que la Resolución 539 de 2004 tampoco resolvió integralmente los
argumentos del recurso de reposición. Al referirse a la reincidencia y a la
dosimetría de la sanción, se limitó a confirmar la sanción con argumentos
genéricos y no individualizados, sin identificar los casos concretos en que
supuestamente habría incurrido JLR Administradora.
5.2.2. Violación de la presunción de inocencia
60. Argumentó que la sentencia recurrida desconoce el alcance del principio de
presunción de inocencia al avalar que la administración sustentara la condición de
reincidencia de JLR Administradora S.A. en la Resolución 701 de 2002, pese a
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que dicho acto no había adquirido firmeza por encontrarse recurrido al momento
de su valoración.
61. Indicó que la sanción se fundamentó en 32 investigaciones no individualizadas
que no fueron objeto de debate en el procedimiento sancionatorio, por lo que la
dosimetría de la sanción no podía apoyarse en supuestos antecedentes respecto
de los cuales el administrado no tuvo oportunidad de ejercer contradicción
específica.
62. Añadió que, en todo caso, las decisiones en las que se veía involucrada dicha
sociedad fueron recurridas oportunamente y por ende, no se encontraban en firme
al momento de proferirse el acto sancionatorio.
5.2.3. Desconocimiento del derecho de defensa
63. Señaló que la Resolución 539 de 2004 vulneró el derecho de defensa al
introducir en sede de reposición un hecho nuevo que no fue debatido durante el
procedimiento, consistente en la falta de inscripción de una supuesta sucursal de
JLR en Santa Marta. Indicó que mientras la Resolución 1515 de 2003 sancionó
exclusivamente por operar sin inscripción en el RNT conforme al literal g) del
artículo 71 de la Ley 300 de 1996, el acto de reposición modificó sustancialmente
la causal al fundamentarla en el artículo 18 del Decreto 504 de 1997 relativo a la
inscripción de sucursales.
5.2.4. Omisión probatoria
64. Explicó que no existe sustento alguno de que JLR tuviera una sucursal en
Santa Marta al momento de celebrarse el contrato (11 de febrero de 2001). En
consecuencia, sostuvo que la sentencia recurrida incurrió en una grave
incongruencia temporal al pretender validar la sanción con base en un certificado
de 2004 que acredita la apertura de una sucursal 3 años después de los hechos
investigados.
65. Aclaró que la sanción impuesta en el acto definitivo se basó en un hecho
concreto consistente en que JLR no estaba inscrita en el RNT conforme al literal
g) del artículo 71 de la Ley 300 de 1996. Posteriormente, al interponer el recurso,
JLR demostró de manera contundente que sí se encontraba inscrita y con ello
desvirtuó el único fundamento de la sanción. Sin embargo, la administración en
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lugar de anular la multa al verificar que su fundamento original era falso la confirmó
en la Resolución 539 de 2004, pero modificó íntegramente su motivación al
sostener que la sanción era válida porque la sociedad no había inscrito una
sucursal en Santa Marta conforme al artículo 18 del Decreto 504 de 1997.
5.2.5. Caducidad
66. Concluyó que se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria, por
cuanto los hechos investigados ocurrieron el 11 de febrero de 2001 y el acto que
agotó la vía gubernativa fue notificado de manera extemporánea, esto es, con
posterioridad al término de 3 años previsto en el artículo 38 del CCA. Señaló que
para la época de los hechos la jurisprudencia aplicable contenida en la sentencia
del 1º de noviembre de 2001, radicado 6702, exigía que el acto sancionatorio que
agotara la vía gubernativa fuera expedido y notificado dentro de dicho plazo,
exigencia que no se cumplió en el presente caso.
VI. ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA
67. El Despacho sustanciador mediante auto de 22 de septiembre de 202110,
admitió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 24 de julio de 2020, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
68. A través del auto de 3 de noviembre de 2021, corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público, por el término de 10 días, para que presentaran sus alegatos
de conclusión11.
VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
69. Prointel S.C.A. y JLR Administradora S.A presentaron escritos en los que
reiteraron los reproches efectuados en sus respectivos recursos de alzada12.
70. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó se confirme el fallo
de primera instancia que negó las pretensiones esgrimiendo en síntesis similares
argumentos a los del escrito de contestación.
10 Samai, índice 5.
11 Samai, índice 12.
12 Samai, índice 19 y 20.
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VIII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
71. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
IX. CONSIDERACIONES
9.1. Competencia
72. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en los artículos 129 y 132 (numeral 3) del CCA y en el
artículo 1313 del Acuerdo 80 de 201914, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para conocer del asunto de la referencia.
9.2. De la controversia sobre la caducidad de la facultad sancionatoria
73. En atención a que los recurrentes se refirieron a este cargo en su escrito de
impugnación, se absolverá de manera conjunta si son nulos por vulneración de
normas superiores, los actos administrativos por los cuales el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo sancionó a unas empresas, si éstas alegan que
transcurrieron más de 3 años entre la apertura de la investigación sancionatoria y
la ejecutoria de los actos que resolvieron los recursos en contra de la decisión
definitiva.
74. Al respecto, es menester indicar que esta Sección ya resolvió el mencionado
cargo en sentencia del 12 de diciembre de 2019, que está debidamente
ejecutoriada y por ende hizo tránsito a cosa juzgada. El discernimiento llevado a
cabo en esa oportunidad fue el siguiente:
«Análisis del caso concreto
Con el propósito de determinar, en el caso sub examine, si se configuró o no
el término de caducidad de la facultad sancionatoria, es pertinente analizar los
hechos y las actuaciones que se surtieron en la actuación administrativa, para
efectos de contabilizar el respectivo término.
La actuación administrativa inició el 12 de marzo de 2001, cuando José
Antonio Uribe y María Emma Caballero presentaron una queja ante el
Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Industria, Comercio y
13 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, «por medio del cual se modifican
los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
14 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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Turismo15), en la que manifestaron que los habían inducido a firmar un contrato
con base en información errada y les habían realizado un cobro con cargo a
su tarjeta de crédito.
Los hechos objeto de investigación ocurrieron el 11 de febrero de 2001,
cuando José Antonio Uribe y María Emma Caballero suscribieron un contrato16
relacionado con la prestación de servicios turísticos, circunstancia que, en
criterio de la parte demandada, constituyó la comisión de las conductas
punibles descritas en los literales c), f) y g) del artículo 71 de la Ley 300, que
disponen los siguiente:
“Artículo 71. De las infracciones. Los prestadores de servicios
turísticos podrán ser objeto de sanción cuando incurran en cualquiera
de las siguientes conductas:
[…]
c) Ofrecer información engañosa o dar lugar a error en el público
respecto a la modalidad del contrato, la naturaleza jurídica de los
derechos surgidos del mismo y sus condiciones o sobre las
características de los servicios turísticos ofrecidos y los derechos y
obligaciones de los turistas;
[…]
f) Infringir las normas que regulan la actividad turística, y
g) Operar sin el previo registro de que trata el artículo 61 de la presente
ley […]”.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por medio de la Resolución
1515 de 5 de noviembre de 2003, impuso unas sanciones a las demandantes;
decisión que fue notificada 20 de enero de 200417.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por medio de la Resolución
0539 de 17 de diciembre de 2004, resolvió un recurso de reposición,
presentado contra la Resolución 1515 de 5 de noviembre de 2003; decisión
que fue notificada el 24 de febrero de 200518.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por medio de la Resolución
1876 de 31 de agosto de 2005, resolvió un recurso de apelación, presentado
contra la Resolución 1515 de 5 de noviembre de 2003; decisión que fue
notificada el 3 de octubre de 200519.
Con base en esos presupuestos fácticos, la Sala considera que los hechos
objetos de investigación y sanción ocurrieron el 11 de febrero de 2001, cuando
las sociedades investigadas suscribieron y participaron en un contrato con las
personas que posteriormente presentaron la respectiva queja ante el ente de
control; motivo el cual, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tenía
hasta el 11 de febrero de 2004 como término oportuno para expedir el acto
administrativo sancionatorio y realizar la correspondiente notificación.
Atendiendo que el acto administrativo principal sancionatorio (Resolución
1515 de 5 de noviembre de 2003) se notificó el 20 de enero de 2004, la Sala
concluye que no se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria de la
autoridad administrativa, comoquiera que, se reitera, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo tenía hasta el 11 de febrero de 2004 para imponer
oportunamente la sanción, sin que las fechas en que se resolvieron los
recursos de reposición y de apelación sean relevantes, por las
15 Por virtud del artículo 4 de la Ley 790 de 27 de diciembre de 2002, el Ministerio de Desarrollo
Económico se transformó el en Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
16 folio 13 cuaderno núm. 5.
17 folio 58 adverso del cuaderno núm. 1.
18 folio 59 cuaderno núm. 1.
19 folio 71 cuaderno núm. 1.
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consideraciones expuestas en esta providencia»20 (Subrayas de la Sala).
75. En ese orden, la Sala se estará a lo resuelto en la anotada providencia judicial
respecto del cargo en cuestión.
9.3. De la apelación de Prointel S.C.A.
9.3.1. De la controversia sobre la participación de la mencionada empresa en
los hechos que derivaron en la sanción
76. Se resolverá si son nulos por vulneración de normas superiores, los actos
administrativos mediante los cuales se sancionó a una empresa por no
encontrarse inscrita en el RNT, si la recurrente alega que su participación en el
contrato de turismo se limitó a actuar como garante patrimonial del negocio y no
como prestadora de servicios turísticos, por lo que no debía inscribirse en el
anotado registro.
77. De manera previa a resolver dicho problema, se absolverá si el fundamento
del cargo es cierto.
78. Pues bien, de la revisión del contrato de afiliación al sistema Sun Vacation Club
S.A. T121124 del 11 de febrero de 2001, que dio lugar a la investigación
sancionatoria, se advierte que Prointel S.C.A. y J.L.R. Administradora S.A.
actuaban como operadoras del contrato y que se identificarían conjuntamente
como «EL CLUB»; veamos:
«1.1 LAS OPERADORAS: Tienen este carácter las sociedades
PROMOTORAS INTERNACIONAL DE HOTELES LONDOÑO S.C.A Y J.L.R
ADMINISTRADORA SA. constituida por escrituras públicas número 1370 y
3906 en la notaría 40 del círculo de Bogotá D.C. representadas legalmente y
en su orden por JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI como gestor de la
primera y ANDRES SANCHEZ TURRIAGO, como gerente de la segunda.
Las OPERADORAS, en el texto del presente contrato, se identificarán como
EL CLUB en cuanto administran el sistema que lo constituye y están
representadas por el Sr ERINZO BENAVIDES mediante poder especial»21
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 19
de diciembre de 2019. Proceso radicado 25000 23 24 000 2006 00115 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
21 Visible a folio 9 del Cuaderno 5
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79. A su vez, en la cláusula segunda se estipuló que el anotado sistema era
administrado por el «EL CLUB», quienes garantizarían el acceso del usuario a su
inventario de hoteles. Al respecto se indicó:
«SEGUNDO: OBJETO El objeto del presente contrato lo constituye la
afiliación que hace el USUARIO al sistema "SUN VACATION CLUB,
administrado por el CLUB para que, al tener el carácter de miembro, mediante
el pago de un precio, adquiera el derecho de ejercer la opción a su favor de
usar unidades hoteleras disponibles dentro de un INVENTARIO administrado
por el CLUB por un número determinado de noches homologadas por su
equivalencia en puntos para cada año de duración del contrato».
80. Además, «El CLUB» se comprometió a ofrecer los siguientes derechos a los
usuarios:
« 3.1 DERECHOS DEL USUARIO:
En el desarrollo del contrato el USUARIO tendrá los siguientes derechos:
3.1.1 A que el CLUB le asigne la utilización de una Unidad hotelera sujeta a
espacio disponible, por el tiempo que corresponda al número de puntos
adquiridos, en cualquiera de los HOTELES inscritos en el CONTRATO en el
momento de hacer la reservación, de acuerdo con la equivalencia prevista por
temporadas, duración de la ocupación, tamaño de la Unidad seleccionada y
previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el
reglamento del sistema.
3.1.2 A que al CLUB le confirmen oportunamente de la inscripción o retiro de
hoteles del inventario.
3.1.3 A que al CLUB le afilien gratuitamente por un año a una empresa
internacional de intercambio, exceptuando las cuotas de intercambio, y le den
asesoría y soporte para participar en los procesos que la empresa
internacional de intercambio maneje.
3.1.4 A que el CLUB le informe, sin discriminación alguna, los beneficios u
oportunidades adicionales que el sistema haya adquirido.
3.1.5 A que el CLUB, lo represente ante los HOTELES en los que ejerza su
opción, de modo que los servicios que adquiera se le presente de la forma
como lo previere el reglamento, además de representarlo ante las entidades
de intercambio, cuando así se lo solicite el USUARIO.
3.1.6 A que le contesten oportunamente por escrito»22 (Subrayas de la Sala).
81. Asimismo, «EL CLUB», asumió las siguientes obligaciones en la cláusula 3.4.
del contrato:
«3.4 OBLIGACIONES DEL CLUB:
EL CLUB asume las obligaciones que se expresan en el presente contrato y
especialmente las siguientes:
22 Visible a folio 10 del Cuaderno número 5
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3.4.1 Asignar siempre sujeto a disponibilidad de espacio al USUARIO la
utilización de unas unidades hoteleras, por el tiempo que corresponda al
número de puntos adquiridos, en cualquiera de los HOTELES inscritos en el
CONTRATO en el momento de hacer la reservación, de acuerdo con la
equivalencia prevista por temporadas, duración de la ocupación, tamaño de la
unidad seleccionada y previo el cumplimiento de los requisitos y
procedimientos establecidos en el reglamento del sistema.
3.4.2 Informar oportunamente al USUARIO de la inscripción o retiro de hoteles
del inventario.
3.4.3 Afiliar gratuitamente por un año al USUARIO a una empresa
internacional de intercambio, reservándose el Club el derecho de cambio de
empresa, y darle asesoría y soporte para participar en los procesos que esa
empresa maneje. La empresa de intercambio es la única responsable de sus
tarifas.
3.4.4 Informar al USUARIO, sin discriminación alguna, los beneficios u
oportunidades adicionales que el sistema haya adquirido.
3:4.5. Representar al USUARIO ante los HOTELES que participen en el
sistema de modo que los servicios que adquiera se le presten de la forma
como lo previene el reglamento, además de representarlo ante la empresa de
intercambio, cuando lo solicite el USUARIO.
3.4.6 Contestar por escrito, debidamente sustentado, y a más tardar dentro de
los treinta días corrientes siguientes al recibo de la comunicación, las
reclamaciones que les dirija el USUARIO»23 (Subrayas de la Sala).
82. De lo anterior se desprende que Prointel S.C.A. no actuó en el contrato como
un mero garante patrimonial sino que bajo la denominación conjunta de «EL
CLUB», asumió con J.L.R. Administradora S.A. obligaciones típicas y directas en
materia de turismo frente a los usuarios relacionadas con la administración del
sistema, la asignación y disponibilidad de unidades hoteleras, la gestión del
inventario, la afiliación e intermediación con empresas de intercambio, la
representación del usuario ante los hoteles y la atención de reclamaciones,
compromisos que evidencian una participación funcional y operativa en la
prestación del servicio turístico objeto del contrato.
83. En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad ya que su fundamento es
erróneo.
9.4. De la apelación de JLR Administradora
84. Se resolverá si es nula por desconocimiento al derecho al debido proceso, la
actuación administrativa que condujo a la imposición de una sanción, si en los
actos que resolvieron los recursos de vía gubernativa se varió la imputación
expuesta en el acto definitivo al señalar que la conducta reprochada era el no
23 Visible a folio 11 del Cuaderno No. 5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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registro de una de sus sucursales y no la omisión de su inscripción en el RNT, lo
mismo que la atribución de las normas vulneradas.
85. Con miras a resolver ese interrogante, se determinará en primer lugar si su
fundamento es cierto:
86. La Sala advierte que mediante auto del 17 de abril de 2001 el entonces
Ministerio de Desarrollo Económico inició la investigación administrativa contra la
recurrente por la presunta infracción de lo previsto en el literal g) del artículo 62 24
y en los literales c) y f) del artículo 71 de la Ley 300 de 199625. Es relevante señalar
que la primera norma en comento establece la obligación de las empresas
promotoras de tiempo compartido y multipropiedad de inscribirse en el RNT. Lo
anterior pese a que en esa misma decisión se indicó que JLR Administradora sí se
encontraba inscrita en dicho registro; veamos:
«Que los señores JOSÉ ANTONIO URIBE identificado con la cédula de
ciudadanía número 124.016 de Bogotá y MARIA EMMA CABALLERO
GONZÁLEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 20.250.949 de
Bogotá, solicitan se investigue a los prestadores de servicios turísticos SUN
VACATION CLUB S.A., PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES
S.C.A - PROINTEL, JLR ADMINISTRADORA S.A. Y VGL
REPRESENTACIONES PARA SUN VACATION CLUB S.A., por las presuntas
irregularidades en que hayan podido incurrir con ocasión de la solicitud de
terminación unilateral del contrato No. T121124, mediante el cual se
comercializó un programa de tiempo compartido turístico denominado
"Sistema Sun Vacation Club", de conformidad con los argumentos y pruebas
que se indican en el escrito de denuncia radicado ante esta entidad bajo el No.
04281-1 de fecha 12 de marzo del 2001.
Los quejosos manifiestan que el día 11 de febrero del 2001, suscribieron un
contrato de afiliación al sistema Sun Vacation Club, sin tener claridad
suficiente sobre lo que estaban haciendo. Ya en la noche leyeron el contrato
con detenimiento y se dieron cuenta que se habían metido en un negocio el
cual no estaban en capacidad de asumir, razón por la cual al día siguiente se
pusieron en contacto con el señor Jorge Correa, funcionario que les había
vendido el programa a quien le expresaron su deseo de desistir del convenio
y éste les indicó que tenían quince días para deshacer el negocio y que lo
debían hacer en las oficinas de Bogotá, donde finalmente les manifestaron
que por encontrarse fuera de los cinco días señalados por la ley perderían los
dineros dados como parte de la cuota inicial (fl.1-9)
24 «Artículo 62. Será obligatoria para su funcionamiento, la inscripción en el Registro Nacional de
Turismo de los siguientes prestadores de servicios turísticos:
(…)
g) Empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multi-
propiedad»
25 «Artículo 71. Los prestadores de servicios turísticos podrán ser objeto de sanción cuando
incurran en cualquiera de las siguientes conductas:
(…)
c) Ofrecer información engañosa o dar lugar a error en el público respecto de la modalidad del
contrato, la naturaleza jurídica de los derechos surgidos del mismo y sus condiciones o sobre las
características de los servicios turísticos ofrecidos y los derechos y obligaciones de los turistas;
(…)
f) Infringir las normas que regulan la actividad turística;»
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Que revisado el contenido del contrato No. T121124, se puede establecer que
el programa de tiempo compartido turístico, fue comercializado por el señor
Erinzo Benavides, quien actuó como apoderado de los señores Jorge Enrique
Londoño Riani, representante legal de la sociedad Promotoras Internacional
de Hoteles Londoño S.C.A y Andrés Sánchez Turriago, representante legal de
la sociedad JLR Administradora S.A.. No obstante, lo anterior el mismo
contrato figura suscrito con una firma ilegible y al lado un sello de la sociedad
denominada VGL Representaciones Turísticas.
Que el Grupo de Estudios y Registro Nacional de Turismo de la Dirección
General de Turismo mediante oficio No. 012595-3 del 22 de noviembre del
2000, manifiesta que PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES
LONDOÑOS S.C.A. PROINTEL S.C.A, V.G.L. REPRESENTACIONES PARA
SUN VACATION CLUB, no se encuentran inscritas en el registro y que el
establecimiento J.L.R. ADMINISTRADORA S.A., se encuentra inscrita
bajo el número 4109 desde el primero (1) de febrero del 2000 (fl. 41-42).
Que el numeral 11 del artículo 14 del Decreto 219 del 15 de febrero del 2000,
establece: Son funciones de la Dirección General de Turismo, las siguientes...
adelantar las investigaciones y decidir en primera instancia sobre las quejas
presentadas por incumplimiento de servicios por parte de los prestadores de
servicios turísticos y de las demás infracciones contempladas en las normas
legales vigentes sobre la materia e imponer las sanciones de carácter
administrativo..."
Que la Ley 300 de 1996 en su artículo 62 dispone: "PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SE DEBEN REGISTRAR. Será obligatoria
para su funcionamiento, la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de
los siguientes prestadores de servicios turísticos:
g. Empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo
compartido y multipropiedad."
Que el artículo 71 de la Ley 300 de 1996 establece: " Los prestadores de
servicios turísticos podrán ser objeto de sanción cuando incurran en
cualquiera de las siguientes conductas:
c. Ofrecer información engañosa o dar lugar a error en el público respecto a la
modalidad del contrato, la naturaleza jurídica de los derechos surgidos del
mismo y sus condiciones o sobre las características de los servicios turísticos
ofrecidos y los derechos y obligaciones de los turistas (subrayado fuera de
texto)
f. Infringir las normas que regulan la actividad turística"
Que el literal g) del artículo 11 el Decreto 1076 de 1997 establece:
"Estipulaciones del contrato. El contrato de tiempo compartido turístico deberá
celebrarse por escrito y en él constarán, al menos las siguientes
estipulaciones: g) Consagración del derecho de retracto previsto en el artículo
28 del presente decreto."
Que los numerales 2, 3 y 6 del artículo 23 del Decreto 1076 de 1997,
reglamentario del Sistema de Tiempo Compartido Turístico, establece: "... 2.
Informar al comprador de las condiciones del contrato que va a suscribir, de
los compromisos que adquiere con él, de las formalidades que observar, del
régimen legal al cual se halla sometido el contrato y de las modalidades que
regulan la transferencia de los derechos que adquiere. 3. Respetar al
comprador el ejercicio del derecho de retracto y demás normas de protección
al consumidor de que da cuenta el capítulo IX del presente decreto. 6.
Mantener vigente su inscripción en el Registro Nacional de Turismo, mientras
desempeñe actividades de comercialización de tiempo compartido turístico."
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Que la competencia de la Dirección General de Turismo del Ministerio de
Desarrollo Económico se limita a adelantar investigaciones administrativas
contra los prestadores de servicios turísticos que en desarrollo de sus
actividades incurran en, las conductas consideradas como infracciones
turísticas, por lo cual no le corresponde la resolución de conflictos de orden
contractual.
DISPONE
PRIMERO. Iniciar investigación administrativa contra el prestador de servicios
Turísticos SUN VACATION CLUB S.A. y/o PROMOTORA INTERNACIONAL
DE HOTELES S.C.A - PROINTEL y/o JLR ADMINISTRADORA S.A. y/o VGL
REPRESENTACIONES PARA SUN VACATION CLUB S.A. y/o ERINZO
BENAVIDES y/o JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI y/o ANDRÉS
SÁNCHEZ TURRIAGO; quienes podrán ser notificados en la avenida El
Dorado No. 69 A - 51 Torre B piso 6 de la ciudad de Bogotá o en la Zona
Franca Hotelera Pozos Colorados kilómetro 19 vía' Ciénaga, Bahía Costa Azul
de la ciudad de Santa Marta (Magdalena)»26 (Subrayas de la Sala).
87. Posteriormente en el acto sancionatorio, esto es, la Resolución 1515 del 5 de
noviembre de 2003, se señaló que JLR Administradora había infringido el literal g)
del artículo 71 de la Ley 300 de 1996 por no encontrarse inscrita en el RNT, como
se observa a continuación:
«DEL LITERAL G)
Los prestadores de servicios turísticos PROMOTORA INTERNACIONAL DE
HOTELES S.C.A. - PROINTEL, JLR ADMINISTRADORA S.A., ERINZO
BENAVIDES, JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI Y ANDRES SANCHEZ
TURRIAGO, incurrieron en la causal descrita en el inciso 1º del Decreto 504
de 1997 al incumplir la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de
Turismo dentro de los plazos previstos y además en la causal consagrada en
el literal g) del artículo 71º de la Ley 300 de 1996 al operar sin estar
registrados, sin que para el efecto pueda alegarse el desconocimiento de la
ley, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil que establece
"La ignorancia de la ley no sirve de excusa".
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de Sala Plena
proferida el 30 de marzo de 1978 señalaba que "Excluir de la obediencia de la
ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio
de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico."
"... El debido proceso debe entenderse como una manifestación que busca
proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas,
procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio."
Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia T-467 del 18 de octubre de
1995 señaló: "... En lo que se refiere a las actuaciones administrativas éstas
deben ser el resultado de un proceso donde quien haga parte del mismo, tenga
oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente de presentar y solicitar
las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las
disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso los términos y
etapas procesales descritas. Así el debido proceso se vulnera cuando no se
verifican los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos..."
Habiéndose dado oportunidad a los prestadores para presentar descargos,
para garantizarles el debido proceso y después de analizados los documentos
26 Visible a folios 24 a 25 del Cuaderno No. 5
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y estudiadas las pruebas, el Director de Turismo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, determinó que los prestadores de servicios turísticos SUN
VACATION CLUB S.A., PROMOTORA INTERNACIONAL DE HOTELES
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REPRESENTACIONES PARA SUN VACATION CLUB S.A., ERINZO
BENAVIDES, JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI Y ANDRES SANCHEZ
TURRIAGO, infringieron la Ley 300 de 1996 literal g) del artículo 71.
Son disposiciones legales aplicables la Ley 300 de 1996, los Decretos 504 y
1075 de 1997, 01 de 1984, 53 del 2002 y 210 de 2003. Que en mérito de lo
expuesto»27 (Subrayas de la Sala).
88. Inconforme con esa decisión, la aludida sociedad presentó recurso de
reposición esgrimiendo que sí se encontraba registrada en el RNT.
89. Al resolver el anotado recurso, la accionada en la Resolución 0539 del 17 de
diciembre de 2004 reconoció que la recurrente sí se encontraba inscrita en el RNT,
pero señaló que la infracción reprochada consistía en no haber inscrito su sucursal
en la ciudad de Santa Marta lo cual configuraba la vulneración del artículo 18 del
Decreto 504 de 199728. Lo anterior, puede comprobarse en la siguiente
transcripción:
« JLR ADMINISTRADORA S.A.: Evidentemente se inició la investigación
administrativa en contra del prestador de servicios JLR. ADMINISTRADORA
S.A., en sus diferentes, domicilios en la Avenida El Dorado, No. 69A-51
CAPITAL CENTER Torre B- Piso 6 en la ciudad de Bogotá, y en la zona franca
hotelera Pozos Colorados Kilómetro 19 vía Ciénaga, Bahía Costa Azul en la
ciudad de Santa Marta, tal como se muestra en la misma Resolución 1515 del
05 de noviembre del 2003, ya que fue allí en la ciudad de Santa Marta donde
se suscribió el contrato que dio origen a la presente investigación, es decir
contrario a lo que se afirma el recurso dicha sociedad JLR ADMINISTRADORA
S.A., no tiene inscrita la sucursal en la ciudad de Santa Marta, violando con
esta omisión lo contemplado en el 18 del Decreto 504 de 1997. No es
desconocido para el despacho que la Sociedad JLR ADMINISTRADORA S.A.,
se encuentra inscrita desde el año 1999, pero sí que aún en la fecha no ha
inscrito la sucursal de la ciudad de Santa Martha, ubicada en el kilómetro 19
vía Ciénaga, a pesar de que sigue operando, por lo cual el despacho confirma
la sanción impuesta al citado»29 (Subrayas de la Sala).
90. Posteriormente, a través de la Resolución 1876 de 2005, que resolvió el
recurso de apelación, la entidad demandada sostuvo que JLR Administradora
operó con el registro vencido lo que derivaba en el desconocimiento del literal g)
del artículo 71 de la Ley 300 de 1996 y reiteró que la sociedad había infringido el
27 Visible a folio 60 del Cuaderno No. 5
28 «Artículo 18. Inscripción de sucursales y agencias. Los prestadores de servicios turísticos
estarán obligados a registrar separadamente su casa principal y las sucursales y agencias.
Para los casos en que la operación del registro se establezca de manera descentralizada, las
sucursales y agencias deberán realizar su inscripción en donde territorialmente corresponda su
obligación de registro».
29 Visible a folio 334 de Cuaderno número 1
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artículo 18 del Decreto 504 de 1997, por cuanto su sucursal en la ciudad de Santa
Marta no estaba registrada, como se puede observar enseguida:
« Con estas facultades el Director de Turismo, inició la investigación
administrativa, que hoy es objeto de estudio por este despacho y que una vez
analizado el caso que nos ocupa se observa en los argumentos que el
apelante, manifiesta lo siguiente: "la sociedad J.L.R. ADMINISTRADORA S.A.,
acreditó ante la autoridad turística competente no solo el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos legalmente le correspondían... tiene sin lugar a
dudas y doblemente probado al expediente su registro turístico vigente (...)"
folios 165 y 172. Al respeto, es dable aclarar que la sociedad anotada,
como bien dice el apelante tiene vigente el Registro Nacional de Turismo,
pero ella como prestador turístico y conforme a la archivos de la Oficina
de Registro Nacional de Turismo, operó sin el previo registro, que para
los efectos es como estar sin registro, y por consiguiente se configuró
la causal prevista en el literal g).
En tratándose de la inscripción de sucursales y agencias, se hace necesario
aclararle al recurrente que la sociedad anotada tiene varias sucursales en el
país, entre ellas la de Santa Marta, ciudad donde se suscribió el contrato de
tiempo compartido con los quejosos, por tal razón tiene el deber como
prestador de servicios turísticos el de registrar separadamente de la casa
principal, las sucursales y agencias, conforme a lo establecido en el artículo
18 del Decreto 504 de 1997»30 (Subrayas de la Sala)
91. Visto lo anterior y con el fin de comparar los razonamientos expuestos resulta
ilustrativo el siguiente cuadro en el que se indicará cuál fue la conducta reprochada
a la recurrente y las normas presuntamente infringidas en cada etapa del
procedimiento administrativo:
Conducta reprochada Normas infringidas
Acto administrativo de No estar inscrita en el RNT Literal g) del artículo 71 de
apertura (a pesar de que en esa la Ley 300 de 1996.
misma decisión se indica
(Auto del 17 de abril de que JLR Administradora sí
2001). se encontraba en dicho
registro desde el primero
(1) de febrero del 2000).
Acto administrativo No estar inscrita en el RNT. Literal g) del artículo 71 de
sancionatorio la Ley 300 de 1996.
(Resolución 1515 del 5 de
noviembre de 2003)
Acto administrativo que La sucursal de la actora en Artículo 18 del Decreto 504
resolvió el recurso de la ciudad de Santa Marta no de 1997.
reposición se encontraba inscrita.
(Resolución 0539 del 17 de
diciembre de 2004)
30 Visible a folio 78 del Cuaderno principal.
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Acto administrativo que 1. Operar con el RNT 1. Literal g) del artículo
resolvió el recurso de vencido. 71 de la Ley 300 de 1996.
apelación 2. No inscribir la 2. Artículo 18 del
sucursal de la ciudad de Decreto 504 de 1997.
(Resolución 1876 de 2005). Santa Marta.
92. Por ende es evidente que dentro del trámite de la actuación controvertida frente
a JLR Administradora no existió identidad fáctica, pues los hechos constitutivos de
la infracción fueron modificados en cada etapa de la actuación administrativa y del
procedimiento. Tampoco existe identidad jurídica, ya que las normas utilizadas
como fundamento de la sanción variaron a lo largo de ese trámite.
93. Siendo ello así, resulta pertinente señalar que esta Corporación ha definido el
debido proceso administrativo en los siguientes términos:
«2.2.1. El debido proceso administrativo
La Constitución Política de 1991, en su artículo 29 consagró el derecho
fundamental al debido proceso, en aplicación al principio de legalidad,31 el cual
constituye uno de los fundamentos esenciales del Estado Social de Derecho,
toda vez que impone un límite claro al ejercicio del poder público, en especial,
a la aplicación del ius puniendi, teniendo en cuenta que las funciones del
Estado deben ser desarrolladas, con la estricta observancia de los
lineamientos o parámetros establecidos previamente por el legislador.
El debido proceso, además de ser un límite al ejercicio del poder público,
representa un mecanismo de protección a los derechos de los ciudadanos,
pues el Estado no puede limitarlos o cercenarlos de manera arbitraria o
deliberada. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el debido
proceso como un conjunto de lineamientos, parámetros o exigencias
consagradas por una Ley, de aplicación obligatoria en cualquier actuación del
Estado, bien sea judicial o administrativa.32
Entonces, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho
fundamental objeto de estudio en el presente acápite ha sido denominado por
la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo, que hace
referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos por
parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación
administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de las personas
que puedan resultar afectadas por las decisiones de la administración. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en
reiteradas oportunidades ha sostenido que el debido proceso administrativo
está constituido por las siguientes prerrogativas:
“(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de
conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su
inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad
31“El principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición de un lado es el principio
rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del derecho sancionador. Como
principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan
desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa,
clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre
sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás
reglas jurídicas.” Corte Constitucional, sentencia C-710 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
32Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.
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competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al
ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad
de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”.33
En virtud de lo expuesto, el debido proceso administrativo impone a las
entidades del Estado adelantar cualquier actuación o procedimiento
administrativo, cuyo propósito sea crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas, con la estricta observancia de los lineamientos previamente
consagrados por el legislador, esto con el objeto de garantizar a los
ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la función pública,
la protección de sus derechos de contradicción y defensa.
Cabe destacar en este punto, que no toda irregularidad acaecida dentro del
procedimiento administrativo o inobservancia de los requisitos formales por
parte de la administración pública, constituye por sí sola, un motivo para
declarar la nulidad de los actos administrativos producto de una actuación
administrativa. Estos solo podrán ser anulados, cuando los vicios dentro del
procedimiento impliquen el desconocimiento de las garantías fundamentales
de quien pueda resultar afectado con su expedición, es decir, que la nulidad
de un acto administrativo por desconocimiento del debido proceso
administrativo puede ser decretada únicamente cuando dentro del proceso
para su expedición se presenten irregularidades sustanciales o esenciales,
que afecten las garantías constitucionales del administrado»34 (Subrayas de
la Sala).
94. Así, solo aquellas irregularidades que comporten un desconocimiento
sustancial de las garantías fundamentales del investigado son aptas para dar lugar
a la declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos enjuiciados. En materia
sancionatoria, una de las garantías nucleares del debido proceso es el principio de
congruencia, el cual exige que exista correspondencia entre los hechos y las
normas que sustentan la imputación inicial y aquellos que finalmente sirven de
fundamento a la sanción.
95. Bajo esa lógica, el auto de apertura de la investigación sancionatoria constituye
la piedra angular del procedimiento administrativo sancionador, pues en él se fija
el marco fáctico y jurídico dentro del cual debe desarrollarse la actuación. En
consecuencia, en dicha actuación deben identificarse con claridad y precisión las
conductas objeto de reproche y su adecuación típica a las normas presuntamente
infringidas, de manera que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de defensa
y el debido proceso sobre el cargo endilgado, es decir, sobre el aspecto de hecho
y de derecho atribuido en el acto de apertura.
96. En efecto, esta Corporación en sentencia del 18 de abril de 2018 señaló:
33 Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 11 de abril de 2019. Proceso radicado 05001 23 33 000 2014 02189 01. Consejera
Ponente: Sanra Lisset Ibarra Vélez.
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« La Sala reitera que no es posible desconocer que el pliego de cargos debe
tener absoluta coherencia con la decisión que pone fin a la actuación,
debiendo cumplir estrictos requisitos formales y sustanciales, dentro de los
cuales tiene especial trascendencia la precisión y claridad de los hechos que
son motivo de investigación y por los cuales se formula la imputación, de la
misma manera que la modalidad en que ocurrieron, y las circunstancias de
agravación de la sanción que hayan sido deducidas, así como la calificación
jurídica de tales situaciones.
El incumplimiento de tan estrictas formalidades y requisitos configura nulidad
por violación del debido proceso, siendo ello así, los cargos objeto de análisis,
por las circunstancias anotadas son igualmente violatorios del artículo 29
Constitucional, lo que conlleva a la prosperidad del cargo»35 (Subrayas de la
Sala).
97. En otras palabras, el auto de apertura delimita el marco fáctico y jurídico dentro
del cual debe desarrollarse la actuación sancionatoria materializando así el
principio de congruencia, entendido como la correspondencia entre los hechos
investigados desde el inicio del procedimiento y aquellos que finalmente sustentan
la sanción, así como entre estos y las normas presuntamente infringidas. Esta
garantía permite que el investigado conozca desde un comienzo, con claridad y
certeza, cuáles son las conductas reprochadas y las consecuencias jurídicas que
podrían derivarse de ellas, de modo que pueda ejercer de manera plena y efectiva
su derecho de defensa y contradicción.
98. Sobre el particular, esta Sección en fallo del 3 de diciembre de 2020, expresó:
364. «Respecto de lo expuesto por el Tribunal, si bien la Sala concuerda
con la decisión de la no prosperidad del cargo, encuentra necesario
profundizar en el alcance del principio de congruencia, como entra a explicar.
365. Para la Sala, el alcance que debe darse al principio de congruencia
entre el acto administrativo de apertura de la investigación y aquel que
resuelve la actuación, está determinado por los cargos que se consignen en
el primero. En esa medida, le estará vedado a la autoridad administrativa
imponer una sanción por una conducta que no se encuentre dentro de los
cargos formulados en la apertura de la investigación.
366. Por tanto, los hechos que se plantean en el acto de inicio de
investigación y las pruebas que los sustentan, en tanto justifican la decisión de
la autoridad administrativa de empezar una averiguación tendiente a
esclarecer la ocurrencia de la conducta que reprocha, no constituyen una
«camisa de fuerza» para la Administración frente a la incorporación de otros
elementos probatorios durante la etapa de indagación.
367. Así, lo que condiciona el alcance y procedencia las pruebas que
deban practicarse en el curso de la investigación y de los hechos que deben
analizarse, es el cargo o cargos sobre conductas restrictivas de la
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Fallo del 30 de julio
de 2020. Proceso radicado 25000 23 24 000 2012 00662 01. Consejero Ponente: Roberto Agusto
Serrato Valdés.
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Demandantes: Prointel S.C.A. y JLR Administradora S.A.
competencia a que se refiere la apertura de la misma. La investigación se abre
precisamente para determinar si la conducta tuvo lugar y quiénes son
responsables de tal comportamiento.
368. En ese orden de ideas, tanto de oficio como a petición de parte, se
practicarán durante esa etapa de investigación, aquellas pruebas que
permitan profundizar o controvertir las razones fácticas y jurídicas que
motivaron la apertura. Una interpretación distinta llevaría al absurdo de dejar
sin propósito la etapa de indagación, por cuanto es durante su desarrollo que
se recaba la mayor cantidad de evidencias, ya sea para desvirtuar la conducta
endilgada o para reforzar los argumentos que prueban su ocurrencia.
369. En ese sentido, sería impropio referirse a la evidencia recaudada
como «hechos nuevos» frente a los indicados en el acto de apertura de la
investigación, toda vez que las pruebas que se incorporen en el expediente
administrativo serán exclusivamente aquellas que tengan relación con los
cargos. Son esas pruebas las que constituyen el sustento fáctico y jurídico
que permitirá a la administración tener los elementos de juicio para decidir
imponer o no la sanción.
370. En consecuencia, conforme a las normas que regulan el debido
proceso en materia de prácticas restrictivas de la competencia, para la Sala
las pruebas de la etapa investigativa están circunscritas a los cargos
contenidos en la resolución de apertura. Por lo que, tanto la información
recogida durante la averiguación preliminar, así como las pruebas decretadas
una vez dictada la resolución de apertura de investigación, constituyen los
presupuestos fácticos y jurídicos que sustentaran la decisión que ponga final
a la actuación administrativa. Lo anterior, bajo el presupuesto de que tales
pruebas hubieren estado a disposición de las investigadas y contra ellas
pudieron ejercer su derecho a la defensa presentando las explicaciones que
controvirtieran la evidencia recaudada.
371. Descendiendo al presente asunto, el reproche del recurrente frente
al principio de congruencia se erige en las pruebas que dan cuenta de hechos
ocurridos en el año 2008, especialmente la relativa al correo del 5 de diciembre
de ese año, que no fue relacionado dentro los que sustentaron el acto de
apertura de la investigación.
372. De acuerdo con lo planteado por la Sala, los medios probatorios
aludidos tienen plena correspondencia con los cargos planteados en el acto
de apertura de la investigación, en tanto, entre otras cosas, logran acreditar la
continuidad de la conducta contraria a las normas de competencia.
Adicionalmente, la Sala encontró que estaba plenamente acreditado dentro
del expediente administrativo, que los correos referidos fueron hallazgos de la
investigación administrativa cuyo resultado fue consignado en el Informe
Motivado del Superintendente Delegado para la Protección de la
Competencia, de fecha 31 de marzo de 2011 (folios 8717 a 8835 CD «ACEMI
C.P. 1-49» – «Cuadernillo Público No. 38», visible a folio 476 del Cuaderno 2
del Tribunal).
373. La Sala evidenció que del mismo se dio traslado a EPS SANITAS
S.A., conforme lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, por lo
que fue objeto de reproche en sede administrativa36, con lo cual, valga
resaltarlo, se garantizó el debido proceso de la parte actora.
374. Por consiguiente, el argumento asociado a la supuesta vulneración
de los derechos al debido proceso y de defensa, no tiene asidero jurídico
válido, por haberse demostrado la configuración de las conductas contrarias a
la libre competencia en el mercado de servicios de salud, al amparo de un
estudio detallado y minucioso por parte de la SIC. En el mismo sentido, la
36Documento obrante en el Cuaderno Público No. 39 , Folios 9035 a 9179. Expediente
Administrativo. Folio 476 Cuaderno 2 del Tribunal.
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Sala se pronunció en las sentencias de 30 de julio y 24 de septiembre de
202037, criterio que se reitera y prohíja en el presente asunto.»38 (Subrayas de
la Sala).
99. En igual sentido la sentencia de 1º de diciembre de 2022 (C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00170), en la que se prohijó la
sentencia de 3 de diciembre de 202039, en la que se puntualizó lo siguiente:
«Dicha apertura, sin embargo, no es el escenario para establecer de manera
rígida y exhaustiva todos los hechos que deban ser analizados por la entidad
para determinar la existencia de una conducta anticompetitiva. Serán los
elementos recaudados durante la investigación los que permitan a la
entidad establecer los hechos que deban ser analizados para determinar
la existencia o no de la conducta» (Negrillas de la Sala)
100. A partir de lo anterior, en criterio de la Sala el principio de congruencia en
materia sancionatoria debe estructurarse a partir de dos elementos: la identidad
fáctica y la identidad jurídica. La primera exige que en el auto que da apertura a la
investigación administrativa se indiquen con precisión las circunstancias de hecho
que dan lugar a la posible infracción, de modo que el acusado conozca desde un
inicio cuál es el comportamiento reprochado.
101. Por su parte, la identidad jurídica supone que desde el auto de apertura se
identifiquen claramente las normas presuntamente vulneradas con la conducta
investigada y las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de su infracción.
Esta exigencia garantiza que la autoridad no pueda sancionar con fundamento en
disposiciones distintas a las inicialmente invocadas ni alterar de manera sorpresiva
la calificación jurídica de los hechos, pues ello comprometería el derecho de
defensa y el debido proceso del investigado.
102. En ese contexto, la Sala encuentra que la entidad accionada privó a JLR
Administradora S.A. de la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de
defensa al variar las circunstancias fácticas y jurídicas a lo largo de la actuación y
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de
julio de 2020. Rad: 25000-23-24-000-2012-00662-01. Magistrado Ponente: Doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. Actora: Salud Total EPS. Demandado: Superintendencia de Industria y
Comercio – SIC.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de
septiembre de 2020. Rad: 25000-23-24-000-2012-00527-01. Magistrado Ponente: Doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. Actora: Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle EPS –
COMFENALCO VALLE. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.
38 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de diciembre de 2020. Proceso número:
25000 23 24 000 2012 00678 03. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre
39
2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2012-00678-03.
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el procedimiento administrativo, lo que evidencia incongruencia y evidentemente
configura una vulneración del debido proceso administrativo por lo que el cargo
está llamado a prosperar.
103. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad parcial de los actos enjuiciados
en lo referente a la declaratoria de responsabilidad y a la sanción impuesta a JLR
Administradora, razón por la cual no resulta procedente pronunciarse sobre los
demás cargos de ilegalidad formulados en el recurso de alzada por dicha
sociedad40.
9.5. Del restablecimiento del derecho de JLR Administradora
104. La parte actora en la pretensión 3.4. de la demanda, solicitó a título de
restablecimiento del derecho lo que se transcribe enseguida:
«3.4. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se restablezca el
derecho de las sociedades JLR ADMINISTRADORA S.A. y PROMOTORA
INTERNACIONAL DE HOTELES LONDOÑO S.C.A. PROINTEL S.C.A a no
pagar ninguna de las sanciones pecuniarias que se impusieron, a seguir
ejerciendo la actividad turística y a tramitar la renovación de la inscripción en
el Registro Nacional de Turismo de la primera de las sociedades citadas por
violación del derecho de defensa, del debido proceso, de la presunción de
inocencia y por la caducidad del proceso sancionatorio»41 (Subrayas de la
Sala).
105. En ese orden advierte la Sala que la exoneración de la multa a JLR
Administradora S.A. y la posibilidad de que esta tramite la renovación de su
inscripción en el RNT son consecuencia directa de la declaración de nulidad de los
actos acusados respecto de dicha compañía, pues al desaparecer del mundo
jurídico se extinguen los efectos sancionatorios que de ellos se derivaban.
9.6. De la pretensión de reparación
106. Pues bien, en el numeral 3.5. de las peticiones del libelo introductorio se
expuso:
40 Dicha posición ha sido reiterada por esta Sección, entre otras, en las siguientes sentencias: i) de
8 de agosto de 2025, emitida dentro del proceso identificado con radicado 08001 3333 001 2013
00140 01, con ponencia del consejero de Estado Oswaldo Giraldo López; ii) de 17 de julio de 2025,
proferida en el proceso 76001 23 33 000 2016 01349 01, magistrado Ponente: Oswaldo Giraldo
López; 11 de febrero de 2016, emitida en el expediente 11001 03 24 000 2009 00457 00, con
ponencia del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés y; ii) de 21 de septiembre de 2023,
proferida en el proceso 11001 03 24 000 2015 00234 00, emitida por el entonces consejero
Hernando Sánchez Sánchez.
41 Samai, archivo «029ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01PRINCIPAL-RESERVADO», páginas
3 al 37.
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«3.5. Que se condene a las demandadas a pagar a las sociedades
demandantes, para restablecer su derecho patrimonial, los perjuicios que
están sufriendo, por la aplicación de las sanciones que se les han impuesto,
en la cuantía que se probará dentro del proceso, la que estimamos en un
mínimo de CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000.oo) MTCE.
Los perjuicios se probarán dentro del proceso en la medida que la sociedad
JLR ADMINISTRADORA S.A. atiende a más de seis mil afiliados en todo el
territorio nacional, en el área andina y en parte de Centro América con el
sistema SUN VACATION CLUB y los efectos dañosos de la sanción se han
de producir en el tiempo de manera hoy cuantificable»42
107. La prueba solicitada para efectos de demostrar los perjuicios derivados de la
expedición de los actos demandados fue la siguiente:
« 6.4.- DICTAMEN PERICIAL:
Que deberán rendir peritos designados por el Honorable Tribunal sobre los
siguientes puntos y los adicionales que habremos de incluir en la práctica de
la diligencia en orden a concretar el valor de los perjuicios cuya indemnización
se reclama.
6.4.1.- Ingresos de la sociedad JLR ADMINISTRADORA por los años 2.004 у
2.005.
6.4.2.- Número de afiliados activos al sistema SUN VACATION CLUB.
6.4.3. Valoración de las acciones de la sociedad al corte del 31 de diciembre
de 2.005.
6.4.4. -Utilidades estimadas para la sociedad por el año 2.006 y crecimiento
calculado para los siguientes diez años»43
108. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto del 3 de
febrero de 2011 decretó la práctica de la experticia a cargo de experto Marco Fidel
Rojas Barrera, en los mismos términos solicitados en la demanda.
109. Al respecto se observa que el perito sobre el primer punto concerniente a los
ingresos de la recurrente en los años 2004 y 2005 anotó:
«
42 Ibidem.
43 Visible a folio 37 del Cuaderno del Tribunal.
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»44
110. Así, se evidencia que para el cálculo de los ingresos de JLR Administradora
S.A. se tuvieron en cuenta conceptos ajenos a su actividad de turismo tales como
la «actividad financiera» o las «recuperaciones».
111. Sobre el segundo aspecto relacionado con el número de afiliados en el
dictamen se dijo:
«SISTEMA SUN VACATION CLUB y AFILIADOS (Anexo No. 6)
El sistema SUN VACATION CLUB, es una forma de disfrutar vacaciones, que
viene funcionando en Colombia desde el año 1997.
44 Folios 5ª 6 del Cuaderno del dictamen pericial.
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Para el caso específico de la empresa JLR ADMINISTRADORA S.A., esta
dispone del Hotel COSTA AZUL BEACH de la ciudad de Santa Marta y de
otros destinos en el país y en el exterior.
El sistema se basa en que el usuario adquiere un inventario de puntos, que
podrá disponer en cada uno de los años, para disfrutar sus vacaciones, en
diferentes unidades hoteleras de acuerdo a la disponibilidad de estos
establecimientos, que forman parte del inventario del club.
Para ingresar, el cliente tiene que adquirir la tabla de puntos vacacionales,
mediante el pago al contado o financiado dando la cuota inicial del 30% y el
resto en un plazo no superior a 36 meses.
Estos derechos o membrecías como ellos lo llaman, tienen un tiempo de
duración de 10, 20 o 30 años.
Para determinar el número de noches que el usuario tiene derecho a utilizar
cada año, el club ha diseñado una tabla de puntos en la cual se determina el
valor de utilización de cada una de las unidades, afiliados por noche.
Cada tipo de unidad vacacional tiene un valor por noche, que puede variar
dependiendo de la capacidad, la temporada del año y la demanda del destino
De igual manera, el puntaje varia si es fin de semana o entre semana.
Los puntos asignados a cada cliente deben usarse dentro de cada uno de los
años y podrá gastarlos en una sola ocasión o en varias pero sin sobrepasar el
numero asignado.
Durante la permanencia en el club, el usuario deberá pagar una cuota de
sostenimiento que en este momento es de $ 630.000,00 anual, y tiene derecho
a llevar al grupo familiar de dos adultos y dos niños y si lleva mas personas
tiene que pagar un costo adicional.
Como este sistema incluye a los usuarios de cada uno de los hoteles que están
afiliados, en la actualidad la suma de ellos sobrepasa la cantidad de 5.000
socios»45
112. Así se advierte que el dictamen pericial abordó aspectos que no fueron objeto
de la solicitud probatoria, tales como la descripción detallada de la estructura y
funcionamiento del sistema Sun Vacation Club S.A. y del modelo de negocio de la
recurrente. Además el experto no estableció con precisión el número de socios
existente para la fecha de emisión del acto enjuiciado ni determinó un número
concreto de afiliados en ese momento limitándose a señalar de manera general
que «en la actualidad» estos superaban los 5.000, lo cual impide tener certeza
sobre la situación vigente al momento de expedición de los actos enjuiciados,
máxime si se considera que el dictamen se elaboró en 2011 y el acto que resolvió
el recurso de apelación en contra del acto definitivo se emitió en el año 2005.
113. Sobre el tercer aspecto concerniente a la valoración de las acciones, en la
experticia se expresó:
45 Visible a folios 7 a 8 ibidem.
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«
»46
114. Se advierte que si bien el dictamen pericial determinó el valor económico de
las acciones, lo cierto es que ni en ese estudio ni en la solicitud se explicó la
pertinencia de dicha estimación para efectos de establecer la reparación del daño
derivado de la multa impuesta y de la prohibición de ejercer actividades turísticas
por 5 años dispuesta en los actos demandados.
115. Respecto del cuarto punto, relacionado con las utilidades estimadas por la
recurrente para el año 2006 y el crecimiento calculado para los siguientes 10 años,
en el dictamen pericial se dijo:
«UTILIDADES ESTIMADAS
Para conocer las utilidades estimadas de la empresa, en los siguientes diez
años, primero tenemos que relacionar las utilidades obtenidas por JLR
ADMINISTRADORA S.A., de acuerdo a los balances generales y estado de
resultados desde el año 2001 hasta el 2006, así:
Para saber cuáles son los valores de la tendencia de las utilidades de JLR
ADMINISTRADORA S.A., utilizaremos el método de MINIMOS CUADRADOS,
que trae la Estadística de MURRAY R. y SPIEGEL, editorial McGraw-Hill,
USA,
La ecuación a buscar es la llamada ecuación de la tendencia y es:
46 Visible a folio 9 del Cuaderno del Tribunal
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Para realizar el trabajo procedemos a ordenar en una tabla, los datos de las
utilidades obtenidas desde el año 2001 al 2006, pero expresados en miles de
pesos así:
»47
119. Se observa que el dictamen proyectó los resultados económicos de la
empresa a un horizonte de 10 años con fundamento en una tendencia calculada a
47 Visible a folios 12 a 13 ibidem.
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partir de los balances 2001 a 2006, a pesar de que el acto enjuiciado únicamente
impuso una prohibición para ejercer actividades turísticas por 5 años. Además, el
perito no precisó si las utilidades proyectadas provenían exclusivamente del
ejercicio de dicha actividad o si incluían ingresos derivados de otros rubros
comerciales, lo que impide establecer una relación directa entre los datos y los
efectos económicos atribuibles a la sanción cuestionada.
120. Finalmente se advierte que en la experticia se abordaron aspectos como el
daño emergente derivado de la pérdida operacional, la reserva para multas y los
gastos ocasionados, a pesar de que tales puntos no fueron solicitados por la
recurrente en la demanda.
116. En este punto, la Sala pone de relieve que la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos
requiere que: «(i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos,
según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga
conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas,
por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar
el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea
competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un
motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción
por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus
conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii)
sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se
haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito;
(x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que
dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas48»49.
117. En ese sentido, es relevante indicar que esta Corporación manifestó en
sentencia del 28 de agosto de 2019, que el Juez en virtud del principio de la sana
crítica puede desligarse de lo dicho en una prueba pericial cuando la misma
carezca de una fundamentación seria que sustente sus conclusiones; veamos:
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, exp. 27959, C.P. (E)
Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella
Correa Palacio.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 28 de abril de 2021, expediente nro. 25000-23-26-000-2008-00105-01(48436).
Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero.
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«Cuando la prueba pericial evidencia tal grado de carencia de fundamentos
serios que sustenten sus conclusiones, la facultad que le asiste a la Sala para
valorar la comunidad probatoria recaudada de conformidad con las reglas de
la sana crítica, le permite prescindir de tal experticia, según se desprende de
lo preceptuado por los artículos 237 (numeral 6) y 241 -inciso primero- del
Código de Procedimiento Civil, que dicen:
“Artículo 237. Práctica de la prueba. En la práctica de la peritación se
procederá así:
“(…).
“6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán
los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que
los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.
“(…).
“Artículo 241. Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se
tendrá en cuenta la firmeza, precisión y claridad de sus fundamentos, la
competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren
en el proceso”.
Sólo al juez, en consecuencia, corresponde apreciar cuál es la fuerza de
convicción que debe reconocerse al dictamen, sin que esté obligado a
aceptarlo cuando no reúna los requisitos legalmente exigidos para su validez
y eficacia. Una sujeción absoluta, inopinada y acrítica respecto de la pericia
convertiría al juez en un autómata y a los peritos en verdaderos decisores de
la causa»50 (Subrayas de la Sala).
118. Bajo la anotada perspectiva, y en aplicación de las reglas que gobiernan la
apreciación de las pruebas que se practican al interior de un proceso 51 y las
específicas relacionadas con los dictámenes periciales52, la Sala encuentra que el
concepto emitido no ofrece solidez, ni claridad en sus apreciaciones técnicas, lo
que conduce a desecharlo y negar la pretensión relativa a la reparación de los
daños causados.
9.7. Condena en costas
119. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 del CCA y atendiendo la
conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”.
Sentencia del 28 de agosto de 2019. Proceso radicado número: 250002326000200901007 01.
Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
51 “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
52 “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad
de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás
pruebas que obren en el proceso”.
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presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de condenar en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia del 12 de diciembre de
2019 en relación con el cargo de caducidad de la potestad sancionatoria por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado y en consecuencia
DECLARAR la nulidad parcial de los numerales primero, tercero y cuarto de la
Resolución 1515 del 5 de noviembre de 2003, los numerales primero y tercero de
la Resolución 539 de 17 de diciembre de 2004 y el numeral primero de la
Resolución 1876 de 31 de agosto de 2005, las dos expedidas por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, en lo referente a la declaratoria de responsabilidad
y a la sanción impuesta a la JLR Administradora S.A.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.
CUARTO: NO CONDENAR en costas según lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00115 02
Demandantes: Prointel S.C.A. y JLR Administradora S.A.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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