Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00059-03
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00059-03
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2007-00059-03
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00059 03
Demandante: Tecnología Inmobiliaria S.A.
Demandada: Distrito Capital – Secretaría Distrital de Planeación
Acción: Nulidad y Restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo.
Tesis: No procede la revocatoria directa de actos administrativos de carácter
particular, sin la autorización previa y escrita del titular del derecho, si no está
probada la existencia de maniobras fraudulentas ni actuaciones ilícitas que hayan
viciado la voluntad de la administración.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 4 de noviembre de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
I. DEMANDA
1.1. Las pretensiones
1. La sociedad Tecnología Inmobiliaria S.A. – TECNI S.A. (en adelante la
demandante o TECNI) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Planeación (antes Departamento
Administrativo de Planeación Distrital - DAPD), solicitando lo siguiente a título de
pretensiones:
«2.- PRETENSIONES
2.1. PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de la
totalidad de la Resolución No. 00506 del 01 de Junio de 2006, notificada por
edicto fijado el día 13 de Junio de 2006 y desfijado el día 28 de Junio de 2006,
“Por la cual se decide una solicitud de revocatoria directa presentada respecto
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Demandante: Tecnología Inmobiliaria S.A.
de la Licencia de Construcción No. 02 – 4 – 0551 del 16 de Julio de 2002,
expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D.C.” de la Dirección del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy Secretaría Distrital de
Planeación).
2.2. PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de la
totalidad de la Resolución No. 0955 del 12 de Octubre de 2006 “Por la cual se
decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00506 del
1 de Junio de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital”, de la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación
Distrital (hoy Secretaría Distrital de Planeación).
2.3. PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de la
totalidad de la Resolución No. 0027 del 10 de Enero de 2007 “Por la cual se
decide un recurso de reposición presentado contra los artículos segundo y
tercero de la Resolución No. 00955 del 12 de Octubre de 2006”, expedida por
la Secretaría Distrital de Planeación (antes Departamento Administrativo de
Planeación Distrital).
2.4. PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: Como consecuencia de la
declaratoria de nulidad solicitada en las pretensiones primera, segunda y
tercera principal, se restablezca en el derecho a mi representada, declarando
con valor y efecto jurídico los siguientes actos administrativos:
A) Licencia de Construcción No. 02 – 4 – 0551 del 16 de Julio de 2002, expedida
por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D.C.
Así mismo declarar con valor y efecto jurídico las siguientes decisiones:
B) CLC 420296 del 15 de Agosto de 2002, “Por la cual se corrige la Licencia de
Construcción No. L.C. 02 – 4 – 0551 del 16 de Julio de 2002 entregada el 17 de
Julio de 2002”.
C) RES 04 – 4 – 0621, “Por la cual se decide una solicitud de prórroga a la
Licencia de Construcción No. 02 – 4 – 0551 del 16 de Julio de 2002 expedida
para el predio ubicado en la Avenida Calle 100 No. 21 – 34/54/64 y Transversal
19 A No. 100 – 54”.
D) Resolución No. 05 – 4 – 0344 del 20 de Mayo de 2005, “Por la cual se corrige
la Modificación de Licencia de Construcción No. 02 – 4 – 0551 del 16 de Julio
de 2002”.
E) Licencia de Construcción No. 05 – 4 – 0906 del 16 de agosto de 2005, todas
ellas expedidas por la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá D.C.
2.5. PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Que por virtud del restablecimiento
del derecho señalado en la pretensión cuarta principal, se condene a la entidad
demandada al pago de los perjuicios económicos que se prueben dentro del
proceso (daño emergente y lucro cesante), por la imposibilidad del ejercicio de
todos los derechos consagrados en las Resoluciones y Licencias ilegalmente
revocadas, desde el día 29 de Junio de 2006. Igualmente los demás actos
administrativos que hubiese podido obtener en el ejercicio de sus derechos
legítimos entre el día 29 de junio de 2006 y la fecha ejecutoria de la sentencia
con que culmine la presente acción contencioso administrativa.
2.6. PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL (sic): Se condene a la entidad
demandada al pago de los intereses comerciales y moratorios establecidos en
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Demandante: Tecnología Inmobiliaria S.A.
el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, que se causen entre la
fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas
indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.
2.7. PRETENSIÓN OCTAVA PRINCIPAL (sic): Se condene a la entidad
demandada a las costas y agencias en derecho.
2.8. PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN CUARTA
PRINCIPAL: En caso de que la pretensión cuarta principal no prospere,
subsidiariamente solicito que como consecuencia de la declaratoria de nulidad
señalada en las pretensiones primera, segunda y tercera principales, se
condene a la demandada al restablecimiento en el derecho de mi representada,
a través mediante del pago de una indemnización de perjuicios por daño
emergente y lucro cesante, por la imposibilidad del ejercicio para ella de los
derechos adquiridos por las licencias y resoluciones revocadas, desde el 29 de
Junio de 2006 y los demás actos administrativos que hubiese podido obtener
en el ejercicio de sus derechos legítimamente adquiridos.»1.
1.2. Los actos demandados
2. La parte resolutiva de la Resolución No. 00506 del 01 de junio de 2006 es la
siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería para actuar en las presentes
diligencias al doctor JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARAVITO, […] en
representación de la sociedad TECNOLOGÍA INMOBILIARIA S.A. – TECNI
S.A., conforme al poder otorgado el 24 de febrero de 2006 en la Notaría 44 del
Círculo de Bogotá D.C.
ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar la Licencia de Construcción No. L. C. 02 - 4 -
0551, expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C., el 16 de julio de
2002, a TECNOLOGÍA INMOBILIARIA S. A., con ocasión de la solicitud de
revocatoria directa presentada por el Contralor de Bogotá D. C., doctor OSCAR
GONZÁLEZ ARANA, […] de conformidad con los razonamientos expuestos en
los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo
precedente, declarar que las Resoluciones Nos. CLC 420296 “Por la cual se
corrige la Licencia de Construcción No. L.C. 02 - 4 - 0551 del 16 de julio de 2002
entregada el 17 de julio de 2002”, del 15 de agosto de 2002 y RES 04 - 4 - 0621
“Por la cual se decide una solicitud de prórroga a la Licencia de Construcción
No. 02 - 4 - 0551 del 16 de julio de 2002 expedida para el predio ubicado en la
Avenida Calle 100 No. 21 - 34/54/64 y Transversal 19 A No. 100 - 54.”, del 19
de julio de 2004, así como la Modificación de la Licencia No. 02 - 4 - 0551 del
16 de julio de 2002, del 9 de agosto de 2004, por ser accesorias a la Licencia
de Construcción revocada, quedan sin valor y sin efecto jurídico.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la presente decisión y de la totalidad de
la actuación administrativa surtida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad,
a la Procuraduría General de la Nación, con el fin que dicho organismo de
control adelante las actuaciones de su competencia.
1 Subsanación de la demanda visible a folios 154 a 288 del Cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Tecnología Inmobiliaria S.A.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente decisión a la Alcaldía Local
de Usaquén, con el objeto de que dicha autoridad dentro de las competencias
policivas en materia urbanísticas que le han sido asignadas por la Ley, adelante
las actuaciones a que haya lugar.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente decisión al
representante legal de la Sociedad TECNOLOGÍA INMOBILIARIA S. A., titular
de la Licencia que en el artículo primero que antecede se revoca, o a su
apoderado, y al Contralor de Bogotá D. C. Se advierte que contra esta
Resolución procede el recurso de reposición el cual podrá interponerse dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del Edicto, según el caso.»2
3. La parte resolutiva de la Resolución 00955 del 12 de octubre de 2006 es la
siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución No. 00506 del 1 de junio de
2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital,
conforme a los argumentos contenidos en los Razonamientos del Despacho.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo
precedente y con fundamento en los Razonamientos del Despacho, la
Resolución No. 05 – 4 – 0344 del 20 de mayo de 2005 “Por la cual se corrige la
Modificación de Licencia de Construcción No. 02 – 4 – 0551 del 16 de Julio de
2002”, por ser accesoria a la Licencia de Construcción revocada, queda sin
valor y sin efecto jurídico.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo
primero de esta providencia y con fundamento en los Razonamientos del
Despacho, la Licencia de Construcción No. 05 – 4 – 0906 del 19 de agosto de
2005, expedida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad, por ser accesoria
a la Licencia de Construcción revocada, queda sin valor y sin efecto jurídico.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir la totalidad de la actuación surtida por el Curador
Urbano No. 4 de esta ciudad y por este Departamento, a la Procuraduría
General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Alcaldía Local
de Usaquén, para que dichas autoridades, dentro de la órbita de sus
competencias adelanten las actuaciones a que haya lugar.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente decisión al
representante legal de la Sociedad TECNOLOGÍA INMOBILIARIA S. A., o a su
apoderado, y al Contralor de Bogotá D.C. Se advierte que procede el recurso
de reposición exclusivamente contra lo resuelto en los artículos segundo y
tercero de la presente Resolución, el cual podrá interponerse dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto,
según el caso.»3
4. La parte resolutiva de la Resolución 0027 del 10 de enero de 2007, señala:
2 Visible a folios 1 a 39 del Cuaderno del Tribunal.
3 Visible a folios 40 a 80 del Cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Tecnología Inmobiliaria S.A.
«ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar las decisiones adoptadas en los artículos
segundo y tercero de la Resolución No. 00955 del 12 de octubre de 2006
proferida por esta Entidad, consistente en dejar sin valor y efecto jurídico la
Resolución No. 05 – 4 – 0344 del 20 de mayo de 2005 y la Licencia de
Construcción No. 05 – 4 – 0906 del 19 de agosto de 2005, expedidas por el
Curador Urbano No. 4 de esta ciudad, conforme a los argumentos expuestos
en los Razonamientos del Despacho.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente decisión al
representante legal de la Sociedad TECNOLOGÍA INMOBILIARIA S. A., o a su
apoderado, y al Contralor de Bogotá D.C.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de esta decisión y de sus antecedentes
administrativos a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de
la Nación y a la Alcaldía Local de Usaquén, para que dentro de la órbita de sus
competencias adelanten las actuaciones a que haya lugar.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede ningún
recurso»4.
1.3. Supuestos fácticos
5. Expuso que mediante Licencia de Construcción No. 02-4-0551 del 16 de julio
de 2002, expedida por la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá D.C., se concedió
licencia de construcción para obra nueva y demolición total en el predio ubicado en
la Calle 100 Nos. 19-34/64 y Transversal 19 A No. 100-54 de la Urbanización Chicó
Norte de Bogotá D.C.
6. Indicó que mediante Resolución No. CLC 420296 del 15 de agosto de 2002, la
Curaduría Urbana No. 4 corrigió la citada licencia respecto al área total construida,
estableciéndola en 23.407,30 metros cuadrados.
7. Señaló que por medio de la Resolución No. RES 04-4-0621 del 19 de julio de
2004, la Curaduría Urbana No. 4 prorrogó la Licencia de Construcción No. 02-4-
0551 por el término de 12 meses, quedando vigente hasta el 16 de julio de 2005.
8. Señaló que el 9 de agosto de 2004 el Curador Urbano No. 4 expidió una
modificación a la Licencia de Construcción No. 02-4-0551, precisando que no
prorrogaba el término de vigencia otorgado en el anterior acto administrativo.
4 Visible a folios 99 a 100 del Cuaderno del Tribunal.
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9. Manifestó que el 18 de enero de 2006 el Contralor de Bogotá D.C., solicitó ante
la Alcaldía Mayor de Bogotá la revocatoria directa de la Licencia de Construcción
No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002, por estimar que fue otorgada con violación
de la Constitución y la Ley, en contra del interés público y social y por presunto vicio
de voluntad de la Administración.
10. Indicó que, mediante Auto del 24 de marzo de 2006, la Subdirección Jurídica
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital dio apertura al trámite de
revocatoria directa y convocó a la sociedad titular de la licencia.
11. Adujo que el 24 de abril de 2006, presentó escrito de oposición a la revocatoria,
sin otorgar consentimiento expreso y escrito para que la Administración revocara el
acto administrativo particular.
12. Argumentó que mediante Resolución No. 00506 del 1 de junio de 2006, el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital – DAPD revocó la Licencia de
Construcción No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002 y declaró sin valor y efecto
jurídico los actos que consideró accesorios a la misma.
13. Informó que el 6 de julio de 2006 interpuso recurso de reposición contra la
Resolución No. 00506 del 1 de junio de 2006.
14. Aseveró que mediante Resolución No. 00955 del 12 de octubre de 2006, la
Directora del DAPD resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución
No. 00506 y además declaró sin valor ni efecto jurídico la Resolución No. 05-4-0344
del 20 de mayo de 2005 y la Licencia de Construcción No. 05-4-0906 del 19 de
agosto de 2005.
15. Señaló que el 25 de octubre de 2006 interpuso recurso de reposición contra los
artículos segundo y tercero de la Resolución No. 00955 del 12 de octubre de 2006.
16. Aseveró que a través de la Resolución No. 0027 del 10 de enero de 2007, la
Secretaría Distrital de Planeación resolvió el recurso anterior confirmando las
decisiones adoptadas en los artículos segundo y tercero de la Resolución No. 00955
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de 2006. Precisó que dicho acto fue notificado personalmente el 24 de enero de
2007.
1.4. Concepto de la violación
17. Invocó como desconocidos los artículos 1, 2, 6, 29, 34, 58, 83, 121, 123, 209,
228, 237 y 267 de la Constitución Política; los artículos 13, 14, 15, 28, 35, 66, 69,
71, 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo (CCA); el numeral 6 del artículo
99 de la Ley 388 de 1997; el artículo 12 de la Ley 270 de 1996; el literal a) del
artículo 5 del Decreto Ley 151 de 1998; los artículos 9 y 24 del Decreto 1052 de
1998; el artículo 40 del Decreto 1600 de 2005; el artículo 41 del Decreto 564 de
2006; los artículos 656, 713 y 738 del Código Civil; así como las disposiciones del
Acuerdo 6 de 1990 y del Decreto 735 de 1993 relativas al tratamiento urbanístico,
alturas, aislamientos, estacionamientos y equipamiento comunal.
1.4.1. Violación de las normas de superior jerarquía
1.4.1.1. Violación del artículo 29 de la Constitución Política. Violación al
debido proceso administrativo y al derecho de defensa. Violación de los
artículos 14, 15, 28, 35, 69, 71, 73 y 74 de Código Contencioso Administrativo.
18. Adujo que con la revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. 02-4-
0551 del 16 de julio de 2002 se desconoció el régimen jurídico aplicable a los actos
administrativos de carácter particular y concreto, la presunción de legalidad del acto
administrativo, la estabilidad de las situaciones jurídicas consolidadas, el derecho
de propiedad y el principio de seguridad jurídica.
19. En línea con lo anterior, explicó que se vulneraron los principios
constitucionales de legalidad y responsabilidad de los servidores públicos, el
principio de buena fe consagrado en el artículo 83 Superior, el debido proceso
administrativo previsto en el artículo 29 Constitucional y los postulados que rigen la
función administrativa conforme al artículo 209 ibidem.
20. Sostuvo que la revocatoria directa de un acto administrativo de carácter
particular y concreto demandaba el consentimiento expreso y escrito del titular,
conforme al artículo 73 del CCA, salvo que se acreditara que provenía del silencio
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administrativo positivo o que hubiese sido obtenido por medios ilícitos. Afirmó que
en el caso concreto no se configuró ninguna de las hipótesis.
21. Indicó que en la actuación administrativa adelantada por el DAPD se
vulneraron los artículos 14, 15 y 28 del CCA, al no haberse citado ni comunicado
adecuadamente la actuación iniciada de oficio a los terceros determinados o
indeterminados que podían resultar directamente afectados, desconociéndose su
derecho de defensa y contradicción.
22. Recalcó que, en el Acta de Sesión de Trabajo del 10 de agosto de 2006,
adelantada para analizar el recurso de reposición interpuesto en la vía gubernativa,
se dejó consignado expresamente que era necesario convocar a terceros
indeterminados que pudieran verse afectados con la decisión a adoptarse, de
conformidad con los artículos 14, 15 y 35 del CCA y el artículo 29 de la Constitución
Política.
23. Alegó la falta de competencia de la Contraloría Distrital para promover la
revocatoria directa de la licencia urbanística y la extralimitación de funciones del
DAPD al dejar sin efectos un acto administrativo particular y concreto sin acudir a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, en contravía de los artículos 6, 121 y 123
de la Constitución Política.
24. Sostuvo que el artículo 69 del C.C.A. establece que la revocatoria corresponde
a quien expidió el acto o a su superior jerárquico, y que tratándose de actos
particulares la solicitud solo puede provenir del administrado afectado o adelantarse
de oficio por la Administración.
25. Indicó que el artículo 77 del Decreto 1052 de 1998 únicamente legitimó a las
Comisiones de Veeduría de las Curadurías Urbanas para solicitar la revocatoria,
más no a la Contraloría Distrital.
26. Agregó que el Decreto Distrital 449 de 2005 no podía extender la legitimación
a otras autoridades y personas, por tratarse de norma distrital que no podía
contrariar disposiciones de rango nacional.
27. Argumentó que el artículo 105 del Decreto 1421 de 1993 establece que la
vigilancia de la gestión fiscal del Distrito y de los particulares que manejen fondos
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públicos corresponde a la Contraloría Distrital. Además, indicó que esta entidad no
podrá ejercer funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia
organización.
28. Precisó que el Acuerdo 24 de 2001 del Concejo Distrital de Bogotá establece
en sus artículos 31 y 33 las funciones del Contralor de Bogotá, sin que dentro de
ellas se encuentre la facultad de solicitar al DAPD la revocatoria directa de las
licencias urbanísticas.
29. Destacó que la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República en
concepto No. 2006EE45860 indicó que «[…] las contralorías no son parte en los
procesos administrativos de las entidades sujetas a su control, en tal caso no podría
intervenir en los mismos […]». Señaló que, si bien dicho concepto no era
jurídicamente vinculante, sí constituía una interpretación autorizada sobre el
alcance constitucional y legal de la función fiscal.
30. Concluyó que, al carecer el Contralor de competencia funcional y de
legitimación en la causa por activa, el DAPD debió rechazar la solicitud en aplicación
del artículo 35 del CCA y no tramitarla ni decidirla de fondo.
31. Destacó que el argumento del DAPD, según el cual, aun en el evento de que
la Contraloría Distrital careciera de competencia la entidad podía decidir de fondo la
revocatoria directa en ejercicio de su facultad oficiosa no tiene asidero jurídico, en
tanto la actuación inició por solicitud del Contralor Distrital y no resultaba admisible
jurídicamente reconducir una petición como si se tratara de una actuación iniciada
de oficio.
32. Precisó que el artículo 35 del CCA establece que cuando quien formula una
petición no es titular del interés necesario para obtener lo solicitado, la autoridad
debe negar la solicitud.
33. Arguyó que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAP)
desbordó el ámbito de sus competencias al revocar las licencias urbanísticas con
fundamento en una supuesta ilegalidad que no correspondía al supuesto
excepcional previsto en el inciso segundo del artículo 73 del CCA.
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34. Puntualizó que de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Política,
ninguna autoridad puede ejercer funciones distintas de aquellas que le atribuyen la
Constitución y la Ley. Este principio se articula con el artículo 209 superior, que
somete la función administrativa al principio de legalidad, y con el artículo 2 del CCA
que impone a las autoridades actuar exclusivamente dentro del marco de sus
competencias.
35. Señaló que el DAPD no estaba habilitado para efectuar un juicio de legalidad
sustancial sobre actos administrativos ejecutoriados, como si se tratara de un
control jurisdiccional. Recordó que, conforme a los artículos 228 y 237 de la
Constitución y al artículo 12 de la Ley 270 de 1996, la función jurisdiccional
corresponde a los jueces y no a las autoridades administrativas.
36. Sostuvo que los actos administrativos acusados vulneraron el artículo 71 del
CCA, al haber sido expedidos por fuera del término legal previsto para resolver las
solicitudes de revocatoria directa que es dentro de los 3 meses siguientes a su
presentación.
37. Afirmó que, en el caso concreto, la solicitud de revocatoria directa de la licencia
de construcción No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002 fue presentada el 18 de enero
de 2006, mientras que la Resolución No. 00506, mediante la cual se decidió dicha
solicitud, fue expedida el 1 de junio de 2006, esto es, casi 5 meses después de su
radicación.
38. Sostuvo que bajo la lógica interpretativa aplicada por el DAPD respecto de
figuras que operan por ministerio de la Ley, el vencimiento del término de 3 meses
previsto en el artículo 71 del CCA implicaba que la entidad debía abstenerse de
continuar con el trámite y archivar el expediente, al haber transcurrido el plazo legal
para pronunciarse de fondo.
39. Concluyó que, al decidir por fuera del término señalado en la norma, el DAPD
incurrió en una actuación contraria a derecho, configurándose un medio ilegal en la
expedición de los actos demandados.
40. Indicó que el Consejo de Estado ha delimitado el concepto de medios ilegales
como aquel que implica un vicio en la formación de la voluntad administrativa, esto
es, error, fuerza o dolo, debidamente probado dentro del trámite correspondiente, y
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no simples discrepancias interpretativas sobre la normativa aplicable o eventuales
irregularidades formales del procedimiento.
41. Argumentó que las consideraciones del DAPD se limitaron a formular
reproches técnicos o interpretativos sobre la aplicación de normas urbanísticas y
sobre el contenido de los planos y documentos anexos, sin que se hubiera
acreditado la existencia de maniobras fraudulentas, engaño, violencia o inducción
en error que hubieran viciado la voluntad del Curador Urbano al momento de expedir
las licencias.
42. Resaltó que la Administración confundió un eventual debate sobre legalidad
objetiva que es privativo propio del control jurisdiccional con la configuración de un
acto ilícito en los términos del artículo 73 del CCA.
43. Arguyó que al revocar las licencias sin consentimiento del titular y sin que
mediara decisión judicial que desvirtuara su presunción de legalidad, la
Administración desconoció situaciones jurídicas consolidadas y vulneró el artículo
73 del CCA, así como los principios de seguridad jurídica, buena fe e intangibilidad
de los actos administrativos de carácter particular y concreto.
1.4.1.2. Violación del artículo 58 de la Constitución Política. Ley 388 de 1997,
810 de 2003 y Decreto 1052 de 1998, 1600 de 2005 y 564 de 2006.
44. Explicó que el artículo 58 superior protege los derechos adquiridos conforme a
la Ley, los cuales no pueden ser desconocidos por disposiciones posteriores. En
esta línea, recalcó que el artículo 28 del Decreto 1600 de 2005 dispone que el
otorgamiento de una licencia urbanística determina la adquisición de los derechos
de construcción y de desarrollo en los términos de la respectiva licencia.
45. Señaló que el literal a) del artículo 5 del Decreto Ley 151 de 1998 establece
que los derechos de construcción y desarrollo se adquieren por medio de licencias,
lo que implica que su expedición configura una situación jurídica individual y
concreta en favor del titular.
46. Añadió que el parágrafo 1 del artículo 9 del Decreto 1600 de 2005 reconoce el
derecho del solicitante a que la licencia sea estudiada con fundamento en la norma
vigente al momento de la radicación en debida forma de la solicitud.
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47. Sostuvo que los derechos adquiridos corresponden a situaciones jurídicas
consolidadas e incorporadas al patrimonio de su titular, diferenciándose de las
meras expectativas. Argumentó que la expedición de las licencias y su ejecución
dentro del término previsto implica la consolidación de tales derechos.
48. Recalcó que el análisis de los derechos adquiridos supone; (i) la existencia de
una situación jurídica individual; (ii) situación que además debe ser definida y
consolidada bajo el imperio de una ley; y (iii) que se incorpora válidamente al
patrimonio de una persona.
49. Concluyó que la revocatoria de un acto que ha creado situaciones de carácter
particular y concreto no solo viola el debido proceso, sino que vulnera también los
derechos adquiridos por los particulares en los términos del artículo 58 Superior.
50. Sostuvo que la actuación de la Administración produjo un efecto equivalente al
de una expropiación sin indemnización, prohibida por el artículo 34 de la
Constitución, en la medida en que se retiraron del patrimonio de la sociedad TECNI
S.A. los derechos derivados de las licencias urbanísticas previamente otorgadas.
51. Afirmó que tales derechos no se limitaban a la autorización administrativa para
construir, sino que comprendían el derecho real incorporado al patrimonio del titular
como consecuencia de la edificación realizada al amparo de una licencia legalmente
expedida. En este sentido, invocó los artículos 713, 656 y 738 del Código Civil,
relativos al modo de adquirir por accesión y a la naturaleza inmueble de las
construcciones adheridas permanentemente al suelo.
1.4.1.3. Violación del artículo 83 de la Constitución Política
52. Sostuvo que los actos administrativos acusados vulneraron el artículo 83 de la
Constitución Política, conforme al cual las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presume en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.
53. Afirmó que durante el trámite de la revocatoria directa no se probó la existencia
de maniobras fraudulentas ni actuaciones ilícitas por parte de la sociedad TECNI
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S.A. ni del Curador Urbano No. 4. En consecuencia, sostuvo que debía operar
plenamente la presunción constitucional de buena fe en favor del particular.
54. Señaló que la actuación de la Administración desconoció no solo el principio
de buena fe, sino también el principio de confianza legítima, desarrollado por la
jurisprudencia constitucional como una garantía que impide al Estado adoptar
decisiones abruptas o sorpresivas que afecten situaciones jurídicas particulares
consolidadas.
1.4.1.4. Violación del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo
55. Afirmó que los actos acusados vulneraron el artículo 66 del CCA, disposición
que regula los eventos en los cuales los actos administrativos pierden su fuerza
ejecutoria, entre ellos, cuando se produce la pérdida de vigencia por vencimiento
del plazo establecido en los mismos.
56. Explicó que los Decretos 1052 de 1998, 1600 de 2005 y 564 de 2006
establecen que las licencias tienen una vigencia de 24 meses prorrogables por una
sola vez por 12 meses adicionales, contados a partir de la ejecutoria del acto.
57. Señaló que, en el caso concreto, la Licencia de Construcción No. 02-4-0551
del 16 de julio de 2002, expedida por la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá D.C.,
quedó ejecutoriada el 17 de julio de 2002, por lo que su vigencia inicial se extendía
hasta el 16 de julio de 2004. Posteriormente, la sociedad titular solicitó
oportunamente la prórroga prevista en el artículo 24 del Decreto 1052 de 1998, la
cual fue concedida por 12 meses adicionales, quedando prorrogada su vigencia
hasta el 16 de julio de 2005.
58. Afirmó que, vencido dicho término, la licencia perdió su fuerza ejecutoria por
pérdida de vigencia, en los términos del artículo 66 del CCA, esto es, dejó de
producir efectos jurídicos hacia el futuro. Habiendo sido construido el edificio
durante el término en el cual existían los efectos jurídicos de la misma.
59. Precisó que el 18 de enero de 2006, es decir, varios meses después del
vencimiento de la prórroga, el Contralor Distrital solicitó la revocatoria directa de la
mencionada licencia, pese a que para esa fecha el acto administrativo ya no se
encontraba vigente.
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60. Agregó que no resulta jurídicamente válido diferenciar entre el plazo para
ejecutar las obras y la vigencia del acto administrativo, como lo hizo la
Administración Distrital, por cuanto la vigencia de la licencia coincide con el término
dentro del cual el particular puede ejecutar las obras autorizadas; vencido ese
término, la licencia deja de tener validez y no puede seguir produciendo efectos.
61. Concluyó que el DAPD (hoy Secretaría Distrital de Planeación) desconoció el
artículo 66 del CCA al revocar un acto administrativo que ya había perdido su fuerza
ejecutoria por vencimiento del plazo.
1.4.2. Segunda Causal de Nulidad: Falsa Motivación
62. Sostuvo que los actos administrativos acusados se encuentran viciados de
falsa motivación, en tanto el DAPD afirmó que, durante el trámite de revocatoria
directa y en las resoluciones demandadas, la Licencia de Construcción No. 02-4-
0551 del 16 de julio de 2002 había sido obtenida por medios ilegales, sin tener
sustento probatorio para ello.
63. Explicó que en la Resolución 00506 de 1 de junio de 2006, se indicó como
fundamento de la revocatoria la existencia de maniobras ilegales consistentes en
haber mantenido vigente un trámite que debía entenderse terminado por
desistimiento tácito y en haber aplicado un régimen urbanístico que no
correspondía.
64. No obstante, con posterioridad en la Resolución No. 00955 del 12 de octubre
de 2006 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición, cambió el
fundamento de la revocatoria al señalar la existencia de un error en la formación del
acto, acudiendo incluso a desarrollos jurisprudenciales propios de la técnica de
casación civil y penal para explicar la figura del error de hecho en la apreciación de
la prueba.
65. Refirió que este cambio en la fundamentación evidencia una contradicción
interna en los motivos del acto, pues no puede afirmarse simultáneamente que la
licencia fue producto de maniobras fraudulentas y, al mismo tiempo, que su
expedición obedeció a un error en la apreciación probatoria.
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66. Agregó que la Administración trasladó indebidamente al ámbito administrativo
categorías propias del control jurisdiccional en sede de casación, particularmente la
noción de error de hecho en la apreciación de la prueba, propia del control de
sentencias judiciales, lo cual resulta improcedente en el trámite de revocatoria
directa de un acto administrativo.
67. Sostuvo además que si la irregularidad alegada consistía en vicios en la
formación del acto atribuibles al Curador Urbano en ejercicio de funciones públicas,
la vía adecuada no era la revocatoria directa sin consentimiento del titular, sino el
ejercicio de las acciones judiciales correspondientes a través de la cual la
Administración puede demandar su propio acto, dado que la simple afirmación de
ilegalidad no suple la carga de demostrar la configuración de medios fraudulentos
en los términos exigidos por el artículo 73 del CCA.
1.4.3. Tercera Causal de Nulidad: Desviación de Poder
68. Expuso que los actos administrativos acusados se encuentran viciados por
desviación de poder, por cuanto la Administración ejerció la competencia de
revocatoria directa persiguiendo un fin distinto del previsto por el legislador.
69. Sustentó esta causal en la comparación entre los actos demandados y las
Resoluciones Nos. 00924 del 2 de octubre de 2006 y 01106 del 11 de diciembre de
2006, a través de las cuales el DAPD resolvió las solicitudes de revocatoria directa
respecto de otras licencias urbanísticas correspondientes a los predios Agrupación
Lote O y El Tambor.
70. Adujo que, en dichas resoluciones, pese a advertir irregularidades en la
expedición de las respectivas licencias, la Administración decidió no revocarlas al
tratarse de actos administrativos de carácter particular y concreto cuyos titulares no
otorgaron consentimiento expreso y escrito, por considerar que los vicios advertidos
se enmarcaban en la causal primera del artículo 69 del CCA y no en los supuestos
excepcionales previstos en el inciso segundo del artículo 73 ibidem.
71. Manifestó que tratándose de las licencias de las cuales era titular TECNI S.A.,
el DAPD sí procedió a su revocatoria, calificando las supuestas irregularidades
como medios ilegales determinantes en la formación del acto administrativo.
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72. Argumentó que no existían diferencias sustanciales que justificaran un
tratamiento jurídico diametralmente opuesto, pues en unos casos la inobservancia
de mandatos normativos fue entendida como una ilegalidad predicable del acto
mismo, que exigía consentimiento para su revocatoria, mientras que en el caso de
marras hechos de similar naturaleza fueron elevados a la categoría de medios
ilegales configurativos de error, fuerza o dolo, con el propósito de habilitar la
revocatoria directa sin dicho consentimiento.
73. Insistió en que esa diferencia de encuadre jurídico no obedeció a una
interpretación objetiva y uniforme del ordenamiento, sino a la intención de revocar
a toda costa las licencias de su poderdante, adecuando la argumentación jurídica a
esa finalidad.
74. Arguyó que incluso en las resoluciones citadas como precedente, la propia
entidad reconoció que, aun ante una abierta y evidente transgresión de normas
urbanísticas, si el vicio se concreta en el acto mismo y no deriva de maniobras
demostrativas de error, fuerza o dolo, la revocatoria directa exige el consentimiento
expreso y escrito del titular; sin embargo, en el caso objeto de demanda, pese a no
haberse probado la existencia de tales maniobras, la entidad modificó la calificación
jurídica de los hechos para eludir dicho requisito.
75. Concluyó que el DAPD utilizó la figura de la revocatoria directa no con el fin de
preservar la legalidad en los estrictos términos fijados por la Ley, sino con el
propósito específico de dejar sin efectos las licencias de su representada,
apartándose del criterio aplicado en situaciones análogas, lo que configura la
desviación de poder como causal autónoma de nulidad.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
76. La parte demandada5 solicitó que se negaran las pretensiones, al considerar
que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos con sujeción a la
Constitución y a la Ley y en desarrollo del procedimiento de revocatoria directa
adelantado respecto de la Licencia de Construcción No. LC 02-4-0551 del 16 de
5 Folios 295 a 361 del Cuaderno del Tribunal.
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julio de 2002 y de los actos que de ella se derivaron, al comprobarse la utilización
de medios ilegales en su expedición.
2.1. Marco Jurídico que otorga la competencia y que permitía al DAPD la
revocatoria de actos de carácter particular y concreto
77. Adujo que el DAPD se encontraba facultado para adelantar el trámite de
revocatoria directa de los actos que otorgaron la licencia de acuerdo con lo previsto
en la Ley 388 de 1997 y el CCA.
78. Indicó que en concordancia con el artículo 70 del CCA, la revocatoria directa
procede respecto de los actos administrativos expedidos por autoridad competente
siempre que no se hubieren ejercido los recursos de la vía gubernativa. Asimismo,
señaló que los artículos 71 y 73 ibidem regulan la oportunidad y las condiciones bajo
las cuales pueden revocarse actos administrativos de carácter particular y concreto.
79. Añadió que de acuerdo con el Decreto Distrital 449 de 2005 y el Decreto
Distrital 191 de 2006, diversas autoridades y personas se encuentran legitimadas
para solicitar la revocatoria directa de los actos que resuelven solicitudes de
licencias urbanísticas, entre ellas las autoridades distritales y los organismos de
control.
80. En ese orden de ideas, afirmó que la Contraloría Distrital estaba legitimada
para formular la solicitud de revocatoria directa, en tanto hace parte de las
autoridades del Distrito Capital y además le corresponde ejercer control fiscal de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política.
81. Sostuvo que contrario a lo afirmado por la parte demandante, para revocar los
actos administrativos en cuestión, no era necesario obtener la autorización expresa
y escrita del titular de la licencia, en tanto estaba acreditado que la Licencia de
Construcción No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002 fue expedida con fundamento
en medios ilegales.
2.2. Competencia del Contralor Distrital para solicitar la revocatoria directa de
un acto
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82. Afirmó que la Contraloría Distrital estaba legitimada para solicitar la revocatoria
directa de los actos administrativos mediante los cuales se otorgó la licencia de
construcción objeto de controversia.
83. Explicó que la solicitud de revocatoria directa presentada por la Contraloría
Distrital tuvo como finalidad verificar la legalidad de la Licencia de Construcción No.
02-4-0551 del 16 de julio de 2002 y de los actos administrativos relacionados con
su expedición, corrección, prórroga y modificación.
84. Arguyó que la normativa distrital en materia de licencias urbanísticas contempla
la posibilidad de solicitar la revocatoria directa de los actos mediante los cuales los
curadores urbanos otorgan o niegan licencias, solicitud que puede ser formulada
por diversas autoridades y personas, entre ellas los organismos de control.
2.3. Medios ilegales empleados en la expedición de la licencia de construcción
No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002
2.3.1. Antecedentes normativos
85. Sostuvo que en el expediente administrativo de la Licencia de Construcción
No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002, se evidenciaron diversas inconsistencias
relacionadas con el cumplimiento de los requisitos exigidos para tener por radicada
en debida forma la solicitud.
2.3.2. Requisitos para ser beneficiario del régimen de transición normativa
86. Afirmó que al examinar los documentos que reposan en el expediente
administrativo se identificaron irregularidades que impedían aceptar o considerar
que la solicitud hubiera sido radicada en debida forma el 30 de junio de 2000, como
lo afirmaba la parte demandante.
87. Precisó que, de acuerdo con el Decreto 1052 de 1998, la solicitud de licencia
de construcción debía presentarse acompañada de la totalidad de los documentos
exigidos por la normativa urbanística, en particular, los requisitos establecidos en
los artículos 10 y 12 de este Decreto, que exigen entre otros, el aporte de los
estudios técnicos, diseños arquitectónicos y estructurales debidamente firmados por
los profesionales responsables.
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88. Indicó que las memorias de cálculo estructural y los estudios de suelos
incorporados al expediente registraban fechas de elaboración posteriores a la
supuesta radicación de la solicitud, lo que hacía imposible que hubieran sido
aportados al momento de iniciar el trámite. En particular, señaló que el estudio de
suelos fue elaborado el 12 de julio de 2000 y radicado el 17 de julio del mismo año,
mientras que algunos análisis estructurales presentaban fechas de elaboración
posteriores, incluso del mes de noviembre de 2000.
89. Añadió que algunos de los documentos técnicos no cumplían con el requisito
de estar debidamente firmados o rotulados con sello seco por los profesionales
responsables, exigencia establecida por la normativa de sismorresistencia y por el
propio Decreto 1052 de 1998.
90. Sostuvo que dentro del expediente reposaba una comunicación del 26 de julio
de 2000 suscrita por funcionarios de la Curaduría Urbana No. 4, en la cual se
informaba al solicitante que la documentación presentada no cumplía con la
totalidad de los requisitos exigidos por la normativa urbanística y se le requería para
que aportara información y documentos.
91. Expuso que solo hasta el 27 de octubre de 2000 el solicitante allegó algunos
documentos adicionales, entre ellos, certificados de tradición, estudios de suelos y
copias de planos y memorias estructurales, lo que evidenciaría que para esa fecha
la solicitud de licencia aún no se encontraba radicada en debida forma.
92. Agregó que, a través de una anotación manuscrita hecha sobre la
comunicación anterior, funcionarias de la Curaduría Urbana consignaron, con fecha
24 de marzo de 2001, diversas observaciones técnicas pendientes de subsanar, lo
que permitía concluir que para esa fecha la solicitud de licencia tampoco estaba
completa.
93. Explicó que, a pesar de lo anterior, el Curador Urbano No. 4 mediante
comunicación del 24 de septiembre de 2001 concedió un plazo adicional (hasta el
15 de diciembre de 2001) para el cumplimiento de los requisitos pendientes, lo que
una vez más evidenciaría que para esa fecha aún hacían falta algunos documentos.
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94. Indicó que de acuerdo con la normativa aplicable la falta de atención oportuna
de los requerimientos formulados por la Administración daba lugar a la configuración
de un desistimiento tácito de la solicitud, el cual operaba por ministerio de la ley (ope
legis) y conducía al archivo del expediente.
95. Adujo que la omisión del Curador Urbano de declarar el desistimiento permitió
que el trámite continuara indebidamente, otorgándole además al solicitante el
beneficio de acogerse a un régimen de transición urbanístico al que no tenía
derecho, lo cual a la postre significó que se aplicara el Acuerdo 6 de 1990 cuando
en realidad han debido aplicarse las disposiciones de la UPZ No. 16 Santa Bárbara.
2.3.3. Documentos que dentro del expediente permiten indicar con certeza la
época en que el solicitante de la licencia presentó la solicitud en debida forma
96. Afirmó que en el expediente administrativo se identifican varios documentos
que permiten establecer la época en que la solicitud de licencia habría sido
presentada en debida forma.
97. Mencionó que dentro del expediente administrativo se encontraban las
comunicaciones del 26 de julio de 2000, 27 de octubre de 2000, la anotación
manuscrita del 24 de marzo de 2001 (momento para el cual ya estaba vigente el
Decreto Distrital 1095 de 2000) y la comunicación del 24 de septiembre de 2001,
las cuales permitían concluir que sólo en esta última fecha la solicitud podía
entenderse como presentada “en debida forma”.
98. Recalcó que para la fecha en que posiblemente se presentó la solicitud con el
lleno de los requisitos legales ya estaba vigente el Decreto Distrital 1095 de 2000,
publicado el 12 de enero de 2001 por lo cual era esta norma la correspondiente a la
UPZ Santa Bárbara la que ha debido aplicarse y no el Acuerdo 06 de 1990.
99. Insistió en que a pesar de todo lo anterior, el Curador Urbano No. 4 expidió la
Resolución Administrativa No. 420161 del 30 de mayo de 2002 mediante la cual
prorrogó por veintidós (22) días hábiles adicionales los términos de la actuación
administrativa adelantada dentro del expediente, en atención a la solicitud
presentada para atender el pago del cargo variable y del impuesto de delineación
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urbana, con lo cual mantuvo con vigencia un trámite que estaba desistido y adolecía
de serios reparos.
2.4. Análisis en relación con la aplicación o no del régimen de transición
previsto en el artículo 9 del Decreto Nacional 1052 de 1998
2.4.1. Análisis en cuanto a si la solicitud de licencia de construcción debía ser
archivada
100. Señaló que con el fin de resolver la solicitud de revocatoria directa presentada
por el Contralor Distrital, era necesario establecer si en el trámite administrativo
había operado el desistimiento tácito previsto en el artículo 56 del Decreto Nacional
1052 de 1998.
101. Explicó que esta disposición establece que el solicitante cuenta con treinta (30)
días calendario para presentar correctamente las correcciones derivadas de las
observaciones formuladas por la Curaduría, so pena de que se entienda desistida
la solicitud.
102. Indicó que en el caso concreto estaba acreditado que las observaciones
formuladas por la Curaduría Urbana No. 4, mediante comunicación del 26 de julio
de 2000, al proyecto presentado el 30 de junio de 2000 por la sociedad Albornoz
Bueno y Cía. Tecnología Inmobiliaria S.A. no habían sido subsanadas para el 24 de
septiembre de 2001, fecha en la cual el Curador concedió además un plazo
adicional hasta el 15 de diciembre de 2001. En otros términos, era evidente que el
término de 30 días había vencido sin ser atendido por el solicitante.
103. Argumentó que el apoderado de la demandante afirmó en el recurso de
reposición contra la Resolución No. 00506 del 1 de junio de 2006, que las
observaciones formuladas en el oficio del 26 de julio de 2000 fueron contestadas el
27 de octubre de 2000, lo que probaría que la solicitud no se encontraba en debida
forma desde el 30 de junio de 2000 y que las observaciones fueron atendidas por
fuera del plazo legalmente señalado.
104. Agregó que las observaciones y requerimientos formulados por la Curaduría
incluían entre otros aspectos, la corrección de la solicitud de licencia, la
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presentación de certificados de tradición y libertad actualizados, la indicación de la
dimensión del antejardín, la presentación del estudio de suelos y del proyecto
estructural conforme a la NSR de 1998, así como ajustes relacionados con
parqueaderos, aislamiento lateral del predio y otros aspectos técnicos del proyecto.
105. Manifestó que la sociedad tenía plazo hasta el 25 de agosto de 2000 para
atender las observaciones y hasta el 25 de septiembre de 2000 para cumplir los
requerimientos, pero los documentos fueron aportados solo mediante escrito del 25
de octubre de 2000, radicado el 27 del mismo mes, esto es, claramente por fuera
de los términos legales.
106. Afirmó que debía analizarse si el Curador Urbano No. 4 tenía facultad para
mantener vigente el trámite, pese a que conforme al artículo 56 del Decreto 1052
de 1998 la solicitud debía entenderse desistida cuando las observaciones no fueran
atendidas dentro de los treinta días siguientes.
107. Indicó que dicho desistimiento es un fenómeno tácito que opera ope legis, sin
necesidad de acto administrativo que lo declare, de manera similar a lo previsto en
el artículo 13 del CCA, pues se configura cuando transcurre el término legal sin que
el interesado atienda de manera satisfactoria los requerimientos formulados por la
Administración.
108. Añadió que la inobservancia de los efectos de una figura jurídica que opera por
ministerio de la Ley puede constituir una vulneración del ordenamiento jurídico
cuando de ello se deriva la concesión de beneficios indebidos al interesado.
109. Concluyó que la solicitud de licencia de construcción presentada el 30 de junio
de 2000 por la sociedad demandante debía entenderse desistida y por tanto
archivada, ante la falta de cumplimiento oportuno de los requisitos exigidos, siendo
la única alternativa para obtener la licencia la presentación de una nueva solicitud.
2.4.2. En cuanto al fundamento y efectos de la Licencia de Construcción LC-
02-4-0551 del 16 de julio de 2002.
110. Aseveró que revisados los documentos del expediente que dio origen a la
Licencia de Construcción No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002, se evidenciaba que
la comunicación del 24 de septiembre de 2001 y la Resolución No. 420161 del 30
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de mayo de 2002, expedidas por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá, constituyeron
medios ilegales que viciaron la manifestación de voluntad administrativa contenida
en la licencia.
111. Indicó que, mediante dichos actos, el Curador mantuvo vigente un trámite que
debía darse por terminado y archivado debido a la ocurrencia del desistimiento
tácito.
112. Sostuvo que tales decisiones además de carecer de fundamento fáctico y
jurídico se apartaron de la normativa urbanística vigente, al permitir que el titular de
la licencia se beneficiara de un régimen de transición que no le era aplicable, por no
haber radicado la solicitud en debida forma y dentro del término legal.
113. Finalmente, concluyó que la expedición de la licencia se produjo por medios
ilegales, en los términos del artículo 73 del CCA, circunstancia que justificaba su
declaratoria en sede administrativa mediante el trámite de revocatoria directa, lo
cual se concretó en los actos controvertidos en el presente proceso.
2.5. Fundamento Jurídicos para que el DAPD pudiera revocar la licencia de
Construcción LC-02-4-0551 del 16 de julio de 2002 que tiene efectos
particulares y concretos
114. Sostuvo que la revocatoria de la Licencia de Construcción No. 02-4-0551 se
fundamentó en lo dispuesto en el artículo 73 del CCA. Señaló que, conforme a dicha
disposición, los actos administrativos que crean o reconocen una situación jurídica
particular no pueden ser revocados sin el consentimiento expreso y escrito del
titular, salvo en dos hipótesis excepcionales: cuando resulten de la aplicación del
silencio administrativo positivo o cuando sea evidente que el acto ocurrió por medios
ilegales.
115. Indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular la sentencia
del 16 de julio de 2002 (exp. IJ-029-02), precisó que estas hipótesis son alternativas,
de modo que basta con que se configure una de ellas para que proceda la
revocatoria sin consentimiento del particular.
116. Agregó que la jurisprudencia también ha señalado que un acto administrativo
ocurre por medios ilegales cuando la voluntad de la Administración nace viciada en
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su formación, como consecuencia de actuaciones irregulares que inciden en la
expedición del acto. Agregó que la ilegalidad puede provenir de la Administración,
del administrado o de terceros, siempre que el medio utilizado sea eficaz para
producir el acto administrativo viciado.
117. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la Licencia de Construcción No.
02-4-0551 del 16 de julio de 2002 fue expedida por medios ilegales, pues se
sustentó en la comunicación del 24 de septiembre de 2001 y en la Resolución No.
420161 del 30 de mayo de 2002, actos que permitieron mantener vigente un trámite
que debía entenderse desistido.
118. Señaló que dichas actuaciones permitieron aplicar indebidamente las normas
urbanísticas del Acuerdo 6 de 1990, otorgando al interesado un beneficio derivado
del régimen de transición al que no tenía derecho, en razón de que no había
subsanado oportunamente las observaciones formuladas en el requerimiento del 26
de julio de 2000, lo que dio lugar al desistimiento tácito del trámite.
119. Agregó que la irregularidad en la formación de la licencia no impide la
procedencia de la revocatoria directa, aun cuando dicha irregularidad provenga de
la propia Administración, pues la Ley no distingue el origen de la ilegalidad.
120. Finalmente, indicó que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital,
en cumplimiento del artículo 74 del CCA, adelantó el trámite de revocatoria directa
y convocó a los interesados para que ejercieran su derecho de defensa, quienes se
opusieron expresamente a la revocatoria mediante escrito radicado el 24 de abril de
2006.
2.6. De los vicios de la voluntad frente a las actuaciones realizadas dentro del
expediente No. 00-4-1307. – Error, fuerza y dolo
121. En cuanto a la existencia de fuerza, señaló que no se evidenció su existencia
como vicio de la voluntad dentro de las actuaciones adelantadas.
122. Adujo que la licencia fue expedida con base en medios ilegales derivados de
un error de hecho en la formación de la voluntad administrativa, conforme al artículo
1508 del Código Civil.
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123. Expuso que la jurisprudencia ha indicado que el error de hecho se presenta
cuando se desconoce, omite o se interpreta erróneamente una prueba, lo que puede
ocurrir por falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o error de apreciación.
124. Argumentó que en el caso concreto la Administración desconoció la ocurrencia
del desistimiento tácito del trámite, consideró equívocamente radicada en debida
forma la solicitud de licencia y permitió la continuidad de un procedimiento que debía
archivarse.
125. Aclaró que la eventual existencia de dolo en las actuaciones administrativas
debe determinarla las autoridades disciplinarias o jurisdiccionales competentes y en
este sentido informó que el expediente administrativo fue remitido a la Procuraduría
General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones
correspondientes.
2.7. Fundamentos jurisprudenciales adicionales que viabilizan la revocatoria
directa de actos administrativos con efectos particulares
126. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual, cuando un acto
administrativo nace manifiestamente viciado de ilegalidad o inconstitucionalidad, no
puede generar situaciones jurídicas concretas ni derechos adquiridos, pues estos
requieren un título válido. Indicó que, en tales eventos, la Administración tiene el
deber de corregir la situación antijurídica mediante la revocatoria del acto, aun sin
el consentimiento del particular beneficiado.
127. En cuanto a la pérdida de fuerza ejecutoria y vigencia de la Licencia de
Construcción No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002 manifestó que las licencias
urbanísticas constituyen actos administrativos que autorizan la ejecución de obras
dentro de un plazo determinado y que generan derechos y obligaciones frente a la
Administración y a terceros. No obstante, precisó que debe diferenciarse entre el
plazo otorgado para ejecutar las obras y la vigencia del acto administrativo que
otorgó la licencia.
128. Destacó que el vencimiento del término para ejecutar las obras no implica
necesariamente la desaparición del acto administrativo que sirvió de fundamento
jurídico para su realización, ni impide que este pueda ser objeto de control o de
revocatoria.
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129. Adujo que no es admisible sostener que las licencias de construcción generan
derechos adquiridos cuando el acto que las otorgó fue obtenido mediante medios
ilegales. Resaltó que la presunción de legalidad de los actos administrativos no
protege actuaciones obtenidas en contravención del ordenamiento jurídico.
130. Concluyó que la Administración puede revocar actos administrativos de
carácter particular cuando se configuren las causales previstas en el CCA, bien sea
con el consentimiento del titular o excepcionalmente sin él, cuando se demuestre
que el acto fue obtenido mediante medios ilegales, como ocurrió en el presente
caso.
2.8. Improcedencia del análisis de la parte demandante en cuanto a que el
proyecto constructivo aprobado por el Curador Urbano 4, cumplía o no con
las normas del Acuerdo 6 de 1990
131. Sostuvo que, pese a que se encuentra demostrado que la Licencia de
Construcción fue revocada por los medios ilegales empleados en su expedición, la
parte demandante se detuvo a analizar si dicho acto administrativo cumplía o no las
normas del Acuerdo 6 de 1990. En ese sentido, indicó que tal discusión resulta
improcedente frente al problema jurídico del caso.
132. Al respecto, manifestó que el debate no radica en establecer si el proyecto
constructivo se ajustaba a las disposiciones del citado acuerdo, sino en determinar
si los solicitantes de la licencia tenían derecho a obtenerla con fundamento en esas
normas y en el supuesto régimen de transición, lo cual dependía de que la solicitud
hubiese sido radicada en debida forma antes de la expedición y publicación de la
UPZ No. 16 Santa Bárbara.
133. Concluyó que resultaba innecesario profundizar en las alegaciones del
recurrente orientadas a demostrar que la licencia se ajustaba a las normas del
Acuerdo 6 de 1990, pues dicho régimen no era jurídicamente aplicable al caso.
Mencionó que, en todo caso, la Administración se remitió a los señalamientos
técnicos consignados en el memorando No. 3-2006-03022 del 19 de mayo de 2006,
elaborado por la Subdirección de Planeamiento Urbano del entonces DAPD, hoy
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Secretaría Distrital de Planeación, en el cual se evidencian diversas irregularidades
dentro del trámite administrativo.
2.9. Los actos administrativos demandados en nulidad no desconocen el
derecho de propiedad de la parte demandante.
134. Adujo que la Secretaría Distrital de Planeación no desconoció el derecho de
propiedad previsto en el artículo 58 de la Constitución, el cual se encuentra sometido
a su función social y al cumplimiento de la normatividad urbanística.
135. Argumentó que acreditados los medios ilegales que viciaron la voluntad de la
Administración, no es posible alegar derechos adquiridos derivados del acto.
Asimismo, señaló que el respeto a un régimen de transición normativa se
fundamenta en la confianza legítima y no en derechos adquiridos, lo cual exige que
la solicitud se haya radicado en debida forma, circunstancia que no ocurrió en el
presente caso.
2.10. Efectos de la revocatoria directa de la licencia de construcción LC-02-4-
0551 del 16 de julio de 2002 respecto de los demás actos administrativos
expedidos por el curador urbano No. 4 de esta ciudad relacionados con dicha
licencia
136. Indicó que la Resolución CLC 420296 del 15 de agosto de 2002, la Resolución
04-4-0621 del 19 de julio de 2004, la modificación de la licencia del 9 de agosto de
2004 y la Resolución 05-0344 del 20 de mayo de 2005, corren la misma suerte del
acto principal, por tratarse de decisiones derivadas de la licencia revocada.
137. Precisó que, tratándose de la Licencia de Construcción No. 05-4-0906 del 19
de agosto de 2005, la Subdirección de Planeamiento Urbano emitió el concepto 3-
2006-06531 del 5 de octubre de 2006, en el cual manifestó que dicha licencia fue
expedida para construcción en la modalidad de obra nueva respecto de los predios
ubicados en la Calle 100 y la Transversal 19 A.
138. Explicó que la Licencia No. 05-4-0906 fue expedida formalmente como licencia
para obra nueva, aunque en realidad tenía como finalidad culminar el 25% restante
de las obras autorizadas en la Licencia No. 02-4-0551. Por ello, sostuvo que no
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correspondía a una obra nueva, pues el propio acto administrativo reconoció que se
trataba de la continuación de una obra previamente autorizada.
139. Indicó que la Licencia No. 05-4-0906 tenía como fundamento la Licencia No.
02-4-0551, lo que implicaba que revocado el acto principal dicha decisión debía
extenderse a los actos expedidos con base en él, en aplicación del principio según
el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
2.11. Fundamento y efectos jurídicos de la comunicación de 24 de septiembre
de 2001 y de la Resolución 420161 del 30 de mayo de 2002 expedidas por el
Curador Urbano No. 4
140. La entidad indicó que el 24 de septiembre de 2001 el Curador Urbano No. 4
expidió una comunicación mediante la cual concedió al solicitante un plazo adicional
hasta el 15 de diciembre de 2001 para cumplir el requisito pendiente, señalando
que, de no hacerlo, el expediente se entendería desistido conforme al Decreto 1052
de 1998.
141. Sostuvo que dicha decisión carecía de sustento fáctico y jurídico y que, para
ese momento, ya se encontraba vencido el término otorgado para completar los
requisitos de la solicitud, por lo que incluso se habrían configurado los presupuestos
para entender desistida la petición. Añadió que, al otorgar un nuevo plazo, el
Curador permitió la continuación de un trámite respecto de un proyecto que ya no
se ajustaba a la normativa urbanística vigente, esto es, a la UPZ 16 Santa Bárbara.
142. Respecto de la Resolución No. 420161 del 30 de mayo de 2002, mediante la
cual se prorrogó por 22 días hábiles el término de la actuación administrativa, afirmó
que su motivación resultaba contraria a la realidad del trámite, pues el desistimiento
ya habría operado desde el 26 de agosto de 2000. Indicó además que las normas
invocadas para sustentar la prórroga, contenidas en el artículo 99 de la Ley 388 de
1997 y artículos 23 y 18 del Decreto 1052 de 1998, se refieren a la ampliación del
plazo para decidir sobre la licencia cuando la complejidad del proyecto lo amerite,
pero no a la ampliación de los términos para que el solicitante subsane
observaciones.
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2.12. Término establecido en el artículo 71 del CCA para resolver solicitudes
de revocatoria directa
143. Señaló que si bien la Ley 809 de 2003 estableció un término de tres (3) meses
para resolver las solicitudes de revocatoria directa, el trámite correspondiente
constituye una actuación administrativa que debe sujetarse al procedimiento
previsto en el artículo 74 del CCA. En ese sentido, indicó que, tratándose de actos
administrativos particulares y concretos, como las licencias urbanísticas, su
revocatoria exige adelantar una actuación administrativa conforme a lo dispuesto en
el artículo 28 ibidem.
144. Manifestó que de acuerdo con los principios que orientan las actuaciones
administrativas, en especial el de eficacia, los procedimientos deben dirigirse al
cumplimiento de su finalidad, removiendo obstáculos meramente formales y
evitando decisiones inhibitorias. Por ello, sostuvo que en la actuación adelantada
por la Secretaría Distrital de Planeación se convocó al titular de la licencia de
construcción y se decretaron pruebas de oficio y a petición de parte, lo cual se
materializó mediante auto del 24 de marzo de 2006 proferido por la Subsecretaría
Jurídica.
145. Finalmente indicó que con el propósito de resolver la solicitud de revocatoria
directa, la Secretaría de Planeación solicitó a sus diferentes dependencias
conceptos de carácter técnico, los cuales se allegaron como parte de los
antecedentes administrativos que acompañan la contestación de la demanda.
2.13. Excepciones
146. Propuso como excepción la indebida estimación razonada de la cuantía, al
considerar que no se encontraba demostrado el nexo causal entre los actos
administrativos demandados y los perjuicios alegados.
147. Sostuvo que, si se produjo algún daño, este no es imputable a la Administración
Distrital, pues la revocatoria obedeció a irregularidades en la expedición de la
licencia por parte del Curador Urbano No. 4.
148. Alegó que no se acreditó daño antijurídico ni imputabilidad a cargo de la entidad
demandada, recordando que, conforme al artículo 90 de la Constitución Política y a
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la jurisprudencia del Consejo de Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado
exige la existencia de daño, antijuridicidad e imputación, elementos que no se
configuran en el caso.
149. Formuló la excepción de culpa exclusiva de la víctima, con fundamento en
que la sociedad demandante no subsanó oportunamente las observaciones
formuladas a la solicitud presentada el 30 de junio de 2000, dentro del término
previsto en el artículo 56 del Decreto 1052 de 1998, por lo que la solicitud debía
entenderse desistida. Indicó que la configuración de los medios ilegales tuvo origen
en la actuación del propio solicitante.
150. Propuso igualmente la excepción de hecho de un tercero, atribuyendo la
expedición irregular de la licencia al Curador Urbano No. 4, quien revivió términos
vencidos, otorgó prórrogas sin fundamento jurídico y expidió actos contrarios a la
normativa urbanística aplicable.
151. Finalmente, solicitó que se declararan probadas las excepciones propuestas,
las que resultaren acreditadas de oficio y que se negaran las pretensiones de la
demanda, por no configurarse causal alguna de nulidad ni responsabilidad
patrimonial imputable a la entidad demandada.
III. ARGUMENTOS DEL COADYUVANTE
152. Mediante escrito presentado el 5 de mayo de 2010 6 la Corporación de
Residentes del Barrio Chicó Norte Santa Bibiana – Corporación Chicó Viva,
actuando a través de apoderado judicial, solicitó ser reconocida como tercero
coadyuvante de la parte demandada, con fundamento en el artículo 146 del CCA.
153. Pidió al Tribunal ser reconocido como tercero coadyuvante dentro del proceso,
con el propósito de apoyar la defensa de la legalidad de los actos administrativos
demandados.
154. Mediante auto del 3 de junio de 2010 7 , el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, aceptó la intervención de la Corporación como coadyuvante de la
parte demandada y reconoció personería a su apoderado judicial. Interpuesto
6 Folios 467 a 470 del Cuaderno del Tribunal.
7 Folios 490 a 494 del Cuaderno del Tribunal.
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recurso de reposición y apelación contra esta decisión, el primero fue decidido
negativamente por el Tribunal mediante auto del 5 de agosto de 20108, que además
concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.
155. El 7 de febrero de 20129, el Consejo de Estado resolvió la apelación y confirmó
el auto que aceptó la intervención de la Corporación de Residentes del Barrio Chicó
Norte Santa Bibiana como coadyuvante de la parte demandada.
156. Mediante auto del 18 de diciembre de 2013 10, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dispuso tenerla notificada por conducta concluyente del auto
admisorio de la demanda y de las actuaciones surtidas en el proceso y a través del
auto del 12 de febrero de 2014 11 , el Tribunal ordenó incorporar al proceso las
pruebas aportadas por la referida corporación.
IV. ACTUACIONES PROBATORIAS RELEVANTES EN PRIMERA INSTANCIA
157. Mediante auto de 13 de septiembre de 2007 12, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió sobre las pruebas solicitadas por las partes.
158. En este contexto, decretó la práctica de la prueba pericial solicitada por la parte
actora, consistente en la elaboración de varios dictámenes periciales, así: i)
dictamen pericial a cargo de un avaluador de bienes inmuebles; ii) dictamen pericial
a cargo de un contador público y (iii) dictamen pericial a cargo de perito avaluador
de daños y perjuicios.
159. En la misma providencia, el Tribunal negó la práctica de: i) un dictamen pericial
a cargo de un experto en urbanismo; ii) un informe escrito bajo juramento, solicitado
respecto de la Secretaría de Planeación Distrital y, iii) la prueba testimonial
solicitada respecto de varios funcionarios y contratistas que participaron en las
actuaciones administrativas relacionadas con la expedición y posterior revocatoria
de la licencia de construcción discutida en el proceso. Aunque esta decisión fue
objeto de recursos fue confirmada respecto de las solicitudes (i) y (ii) y revocada
respecto de la prueba testimonial.
8 Folios 502 a 505 del Cuaderno del Tribunal.
9 Folios 48 a 53 del Cuaderno de Coadyuvancia.
10 Folios 574 a 576 del Cuaderno del Tribunal.
11 Folio 578 del Cuaderno del Tribunal.
12 Folio 365 a 368 del Cuaderno del Tribunal.
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4.1. De los dictámenes periciales practicados en primera instancia y su
trámite
160. El 11 de noviembre de 2008 13 la perito Migdaly Moreno García aportó los
dictámenes periciales decretados por el Despacho así: El primer dictamen pericial
tuvo por objeto determinar el valor comercial del edificio Prime Tower; el segundo
dictamen estuvo dirigido a cuantificar el daño emergente derivado de la revocatoria
de la licencia de construcción del edificio Prime Tower y, el tercero tuvo como
finalidad determinar el lucro cesante derivado de la explotación económica del
edificio Prime Tower, particularmente, los ingresos dejados de percibir por concepto
de arrendamientos de oficinas y locales comerciales.
161. En el cuadro consolidado de los tres (3) dictámenes, la perito estimó que los
daños y perjuicios totales derivados de la revocatoria de la licencia de construcción
del edificio Prime Tower ascenderían a ciento veinte mil novecientos ochenta y
cuatro millones ciento diecinueve mil trescientos once pesos $120.984.119.311.
162. En auto del 5 de febrero de 2009 14 el Tribunal de Primera Instancia, corrió
traslado del dictamen pericial. Las partes guardaron silencio en el término otorgado.
163. Mediante escrito fechado el 16 de febrero de 201015, la auxiliar de la justicia
Luz Aurora Aldana García allegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
dictamen pericial contable encomendado dentro del proceso.
164. En el documento se indicó que las liquidaciones actuariales se efectuaron con
base en los valores contenidos en el dictamen de avalúo técnico elaborado por la
perito avaluadora Migdaly Alcira Moreno García, así como en la información
financiera suministrada dentro del expediente.
165. Como resultado del estudio, se concluyó que el valor actualizado del inmueble
en su estado actual, con aplicación de indexación e intereses, ascendía a ciento un
mil cincuenta y un millones setecientos ocho mil cuatro pesos con ochenta y cinco
13 Folios 1 a 282 del Cuaderno de Dictamen Pericial del Tribunal.
14 Folio 401 del Cuaderno del Tribunal.
15 Folios 419 a 452 del Cuaderno del Tribunal.
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centavos ($101.051.708.004,85), mientras que la pérdida del valor comercial del
edificio Prime Tower fue estimada en setenta y cinco millones trescientos setenta y
nueve mil ciento treinta y nueve pesos con sesenta centavos ($75.379.139,60).
166. Finalmente, el dictamen estimó que el daño emergente total, calculado con
indexación e intereses del 6% anual efectivo, ascendía a ciento un mil doscientos
quince millones trescientos diecinueve mil novecientos diecinueve pesos con
veintinueve centavos ($101.215.319.919,29), y que el daño emergente eventual,
correspondiente a los gastos de traslado de arrendatarios y al valor de mejoras
realizadas por estos, se estimaba en diez mil ochocientos noventa y un millones
quinientos veintidós mil seiscientos veintisiete pesos con ochenta y dos centavos
($10.891.522.627,82).
167. El 25 de marzo de 201016 el a quo corrió traslado a las partes del dictamen
pericial contable.
168. Mediante escrito del 16 de abril de 201017, la demandada formuló objeción por
error grave contra el dictamen pericial contable rendido dentro del proceso.
169. Como fundamento de la objeción, el apoderado de la entidad demandada
sostuvo que el dictamen pericial contable presentaba inconsistencias en los cálculos
financieros realizados por la perita. En particular, señaló que el estudio incurre en
un error en la determinación del tiempo transcurrido entre el 16 de febrero de 2007
y el 30 de enero de 2010, periodo que en el dictamen se contabiliza como treinta y
seis (36) meses, cuando en realidad correspondería a treinta y cinco (35) meses y
catorce (14) días, circunstancia que, a su juicio, altera de manera significativa los
resultados de las operaciones financieras efectuadas.
170. Adicionalmente, indicó que no todos los costos analizados en el peritaje se
produjeron en una misma fecha, por lo que no sería correcto aplicar un mismo factor
de actualización financiera a todos los rubros. Según el objetante, cada desembolso
debería actualizarse teniendo en cuenta la fecha específica en que efectivamente
se realizó.
16 Folio 455 del Cuaderno del Tribunal.
17 Folios 456 a 458 del Cuaderno del Tribunal.
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171. También afirmó que algunos de los costos incluidos en el dictamen no
corresponden a erogaciones efectivamente realizadas, sino a valores estimados
sobre eventos futuros o hipotéticos, como ocurre con los rubros denominados
“gastos de traslado de arrendatarios” y “valor de mejoras de arrendatarios”, los
cuales, en su criterio, no requerirían actualización monetaria al tratarse de
supuestos que aún no han ocurrido.
172. De igual forma, sostuvo que el dictamen no precisó con claridad el período al
cual corresponde la actualización monetaria aplicada, pues únicamente señala que
los cálculos se realizaron con la información disponible a finales de enero de 2010,
sin especificar de manera exacta los intervalos utilizados para la actualización.
173. El objetante agregó que, conforme al artículo 67 de la Ley 45 de 1990, el interés
bancario corriente debe acreditarse mediante certificación expedida por la
Superintendencia Bancaria, por lo que, en su criterio, en el dictamen debieron
allegarse las certificaciones correspondientes a cada uno de los períodos en que se
afirma que ocurrieron los hechos que dieron lugar a los cálculos financieros.
174. Igualmente sostuvo que, en caso de que eventualmente se declarara la nulidad
de los actos administrativos demandados y el edificio continuara existiendo, no se
habría configurado el daño alegado en relación con la actualización del valor del
inmueble, puesto que los propietarios conservarían el bien con su valor actual.
175. Finalmente, señaló que el dictamen presenta inconsistencias metodológicas en
la actualización de valores, en particular porque se aplicarían ajustes con base en
el IPC en más de una oportunidad sobre los mismos valores, lo cual generaría
duplicidad en la actualización financiera.
176. Con fundamento en lo anterior, solicitó al Despacho desestimar el dictamen
pericial, al considerar que presenta errores graves y deficiencias metodológicas que
afectan la confiabilidad de los cálculos realizados.
177. La parte actora descorrió traslado18 y se opuso a la prosperidad de la objeción
formulada por el extremo pasivo.
18 Folios 459 a 464 del Cuaderno del Tribunal.
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V. SENTENCIA APELADA
178. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
en sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021 19 , resolvió la controversia y
decidió lo siguiente:
«PRIMERO. - DECLÁRASE NO PROBADA la excepción de indebida
estimación razonada de la cuantía, propuesta por la ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ, D.C. – SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO. - Por Secretaría de la Sección, NOTIFÍQUESE esta decisión a las
partes en el proceso: TECNOLOGÍA INMOBILIARIA S.A. – TECNI S.A.,
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. – SECRETARÍA DISTRITAL DE
PLANEACIÓN, LA CORPORACIÓN DE RESIDENTES DEL BARRIO CHICÓ
NORTE SANTA BIBIANA y demás intervinientes.
CUARTO. - Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. - ARCHÍVESE, previa ejecutoria […]».
179. El Tribunal abordó la excepción de indebida estimación razonada de la
cuantía propuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de
Planeación y la estimó como no probada por no haber sido sustentada en debida
forma.
180. Seguidamente abordó el tema relacionado con la procedencia de demandar
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los actos que declaran
procedente la solicitud de revocatoria directa, reconociendo que este tema ha sido
definido de manera positiva por el Consejo de Estado, indicando que el acto que
revoca debe estar sujeto control judicial en tanto crea una nueva situación jurídica.
181. Tratándose de la falta de legitimación del Contralor Distrital de Bogotá
para solicitar la revocatoria directa de la licencia de construcción precisó que de
acuerdo con el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, a los actos
administrativos que otorgan licencias urbanísticas les son aplicables las
disposiciones sobre revocatoria directa previstas en el CCA.
19 Folios 809 a 824 del Cuaderno del Tribunal.
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182. Señaló que los Curadores Urbanos ejercen función pública, de conformidad
con el artículo 101 ibidem, y que sus actuaciones se encuentran sometidas a la
vigilancia y control por parte del Alcalde Distrital o su delegado.
183. Destacó asimismo que el Decreto Distrital 191 de 2006 asignó al entonces
DAPD la competencia para conocer y decidir las solicitudes de revocatoria directa
de actos expedidos por Curadores Urbanos, y que el artículo 37 del Decreto 564 de
2006 reiteró estas competencias.
184. A partir de este marco normativo y considerando la jurisprudencia del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional sobre el alcance del control fiscal, concluyó
que el Contralor Distrital, en el ámbito de sus competencias, sí podía solicitar la
revocatoria directa ante la autoridad competente.
185. En línea con su conclusión, destacó que la Contraloría Distrital es una autoridad
administrativa y que no existía ninguna disposición ni razones de conveniencia que
impidieran que el Contralor Distrital pudiera formular una solicitud de revocatoria
directa ante la autoridad competente.
186. Respecto a la facultad de la Administración para revocar un acto
administrativo de carácter particular, indicó que el artículo 73 del CCA establecía
como regla general la necesidad del consentimiento expreso y escrito del titular para
revocar actos administrativos particulares y concretos, recalcando como
excepciones los casos en que el acto proviene del silencio administrativo positivo o
fuere evidente que ocurrió por medios ilegales.
187. Señaló que las licencias urbanísticas tienen un carácter mixto, por involucrar
intereses particulares y generales, y que, conforme a la jurisprudencia del Consejo
de Estado, es viable su revocatoria sin que medie el consentimiento de sus titulares,
cuando se vulneren intereses públicos o se acredite que el acto fue expedido de
manera ilegal.
188. Indicó que la Administración encontró que la licencia otorgada a favor de la
Sociedad Tecnología Inmobiliaria S.A. – Tecni S.A. había sido obtenida por medios
ilegales, con fundamento en actuaciones que no tenían soporte fáctico ni jurídico,
pues se mantuvo vigente un trámite que debió haberse terminado y archivado por
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la ocurrencia del desistimiento tácito de la solicitud, derivado de la inactividad del
peticionario.
189. Señaló, además, que la licencia se sustentó en actos que se apartaron de la
normativa aplicable y que tal situación no era subsanable, configurándose así la
hipótesis prevista en el artículo 73 del CCA.
190. Indicó que los medios ilegales que viciaron el consentimiento de la
Administración volcado en la licencia fueron «[…] la comunicación del 24 de
septiembre de 2002 y la Resolución No. 420161 del 30 de mayo de 2002, expedidas
por el Curador Urbano No. 4 […]».
191. Precisó que la autoridad demandada expuso y probó en la parte motiva del
acto acusado que el peticionario no tenía derecho a la licencia de construcción, por
cuanto no presentó la solicitud en debida forma y se configuró el desistimiento tácito,
lo que le permitió concluir que el acto administrativo había sido expedido de manera
ilegal.
192. Añadió que la parte demandante no atacó de manera concreta los fundamentos
jurídicos que tuvo la Administración para determinar que la licencia fue expedida por
medios ilegales, limitándose a sostener que la revocatoria se realizó sin el
consentimiento del titular.
193. Resaltó que, tratándose de actos administrativos de carácter particular con
efectos de carácter general, como ocurre con las regulaciones urbanísticas, el
interés no recae únicamente en el titular de la licencia, sino también en los vecinos
del predio objeto de la solicitud y en las autoridades encargadas de vigilar el
cumplimiento del plan de ordenamiento territorial y de las normas urbanísticas.
194. Concluyó que la Administración podía revocar directamente la licencia de
construcción sin el consentimiento expreso y escrito del titular, en tanto la misma
fue expedida de manera ilegal, como ocurrió en el caso bajo examen.
195. Finalmente, al considerar que no prosperaban los cargos de nulidad
formulados por la parte actora y que los actos demandados se ajustaban a la
normativa aplicable y a la jurisprudencia citada, el Tribunal negó las pretensiones
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de la demanda y dispuso que no había lugar a condena en costas, al no configurarse
los supuestos del artículo 171 del CCA.
196. En razón de lo anterior no abordó ni la valoración de los tres dictámenes
rendidos por la Perito Migdali Alcira Moreno ni la objeción por error grave formulada
contra el dictamen contable elaborado por la perito Alcira Aldana
VI. RECURSO DE APELACIÓN
197. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de
apelación 20 contra la sentencia proferida en primera instancia con base en los
argumentos que enseguida se exponen.
6.1. La expedición de la licencia urbanística revocada por los actos
demandados no estuvo viciada de ninguna ilegalidad
198. Sostuvo que el Tribunal erró al negar las pretensiones de la demanda, al
concluir que la revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. 02-4-0551 del
16 de julio de 2002 era procedente sin el consentimiento del titular, bajo el entendido
de que el acto había sido expedido por medios ilegales.
199. Adujo que no existió ninguna irregularidad, toda vez que la presentación en
“debida forma” de la solicitud de la licencia debe verse y valorarse al momento de
la radicación y a luz de los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 1052 de 1998, aunque
con posterioridad los documentos aportados sean ajustados o corregidos.
200. Reiteró que al momento de la radicación se anexó la totalidad de los
documentos requeridos en los artículos mencionados como lo expuso en detalle en
las páginas 99 a 105 de la demanda.
201. Precisó que en el caso materia del proceso, la Curaduría Urbana No. 4, en
atención a lo dispuesto en el artículo 56 el Decreto 1052 de 1998 solicitó la
corrección a unos planos que ya habían sido aportados.
20 Folios 833 a 844 (anverso) del Cuaderno del Tribunal.
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202. Concluyó que fue un error del a quo considerar que las observaciones de la
Curaduría ocasionaron que la solicitud no haya sido radicada en legal y debida
forma, cuando lo cierto es que nunca se le solicitó aportar documentos adicionales.
203. Respecto a la configuración del desistimiento tácito aseveró que este
fenómeno no se configura de pleno derecho, toda vez que se trata de una
prerrogativa de la autoridad pública cuando el solicitante omite darle impulso a la
actuación iniciada, para lo cual deberá proferir una decisión de archivo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del CCA.
204. Reiteró que ni el artículo 56 del Decreto 1052 de 1998 ni el artículo 13 del CCA
señalan un término preclusivo de manera que no hay un efecto que tenga lugar por
ministerio de la Ley ni su vencimiento implica que la autoridad no pueda decidir el
fondo del asunto sujeto a su decisión.
205. En cualquier caso, aseveró que la exigencia de requisitos adicionales si bien
puede constituir una irregularidad no encuadra en la definición de medio ilegal que
habilita la revocatoria del acto sin el consentimiento del particular afectado.
6.2. La revocatoria directa sin el consentimiento del particular de los actos
administrativos demandados desconoce los artículos 14, 15, 28, 35, 69, 73 y
74 del CCA y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
206. Afirmó que la decisión desconoció la línea jurisprudencial consolidada del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en relación con la interpretación
restrictiva de la expresión “medios ilegales” en lo que respecta a la revocatoria
directa.
207. Recordó que la jurisprudencia ha señalado que la configuración de un medio
ilegal implica que el acto sea ilícito, en el sentido de que la manifestación de voluntad
vertida en el acto administrativo esté viciada por violencia, error o dolo y no se refiere
a situaciones de mera ilegalidad a las que alude el artículo 69 del CCA.
6.2.1. Inexistencia de actuación ilícita
208. Argumentó que de haberse dado un análisis de los requisitos señalados
jurisprudencialmente se habría evidenciado que no existía una actuación ilícita
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premeditada que evidenciara que el curador por error, fuerza o dolo expidió la
Licencia No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002.
209. Indicó que no se demostró la existencia de un vicio en la formación de la
voluntad administrativa del Curador Urbano No. 4, quien manifestó bajo juramento
(en el curso de su testimonio) que nunca fue citado a rendir descargos ni fue objeto
de actuación alguna encaminada a investigar presuntas irregularidades en la
expedición de la licencia, lo que evidenciaría la ausencia de elementos objetivos
que permitieran estructurar error o dolo determinante.
210. Argumentó que la entidad demandada pretendió sustentar un inexistente vicio
de error mediante la aplicación de la teoría del error de hecho, propia del recurso
extraordinario de casación, trasladando indebidamente dicha figura al ámbito de la
revocatoria directa.
211. Adujo que la regla de remisión del artículo 267 del Decreto 01 de 1984 fue
indebidamente utilizada para aplicar al procedimiento administrativo la noción de
error de hecho del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, pese a que dicha
remisión opera únicamente frente a vacíos en procesos judiciales regulados en el
Libro II del CCA y no respecto de actuaciones administrativas.
212. Adujo además que no se configura un error de hecho pues las decisiones de
trámite contenidas en la comunicación del 24 de septiembre de 2001 y la Resolución
420161 del 30 de mayo de 2002 no alteraron ilegalmente la voluntad de la
Administración consignada en la Licencia de Construcción No. 02-4-0551 del 16 de
julio de 2002.
213. Recalcó que la Administración no demostró dentro de la actuación
administrativa ni dentro del presente proceso los presupuestos configurativos del
dolo ni de la fuerza e insistió en que tampoco se allegaron pruebas que permitieran
inferir la existencia de un acuerdo fraudulento entre el solicitante y el Curador
Urbano, ni actuación alguna que buscara inducir en error a la Administración.
6.2.2 El Curador Urbano No. 4 no fue engañado o inducido en una falsa
convicción o sometido a presión mental o física
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214. Señaló que no se probó que el Curador Urbano hubiera sido engañado,
inducido en falsa convicción o sometido a presión mental o física por parte del
solicitante, lo que se demostró fue que el trámite se surtió conforme al Decreto 1052
de 1998, y que dentro del mismo se formularon observaciones y correcciones que
fueron debidamente atendidas.
215. Adicionalmente recalcó que la demandante no actuó de mala fe pues, además,
adecuó sus obras a las indicaciones impartidas por el Curador para llevar a término
el trámite administrativo.
6.2.3 En caso de haberse configurado un desistimiento tácito o una ausencia
de radicación en legal y en debida forma, el curador Urbano No. 4 hubiera
podido prever la ilegalidad de los medios utilizados.
216. Sostuvo que aun en el evento hipotético de configurarse un desistimiento tácito
o una irregularidad en la radicación, tales circunstancias no constituyen medios
ilegales en los términos del artículo 73 del CCA, pues no suponen engaño ni
maniobra dolosa, y eran situaciones que el Curador estaba en capacidad de advertir
y evaluar.
217. Recalcó que no es cierto que la parte demandante no haya alegado ni atacado
los fundamentos jurídicos para demostrar que la licencia no se expidió por medios
ilegales; contrario a lo indicado por el a quo la demandante en diversas
oportunidades explicó el cumplimiento de los requisitos y la entrega de los
documentos exigidos por la ley para la radicación en legal y debida forma
218. Agregó que, conforme al precedente del Consejo de Estado, no basta la simple
irregularidad ni la presunción de ilegalidad, sino que es indispensable acreditar un
medio ilícito eficaz que vicie la voluntad administrativa, lo cual no ocurrió en el caso
concreto.
219. Adujo que el a quo no realizó una valoración probatoria integral, pues omitió
examinar las pruebas que demostraban que la solicitud fue radicada con el lleno de
requisitos legales y que no existió vicio alguno en la manifestación de voluntad
administrativa.
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220. Señaló que la providencia de primera instancia se apoyó en una sentencia
inaplicable al caso concreto, por tratarse de un supuesto fáctico y jurídico diverso, y
que además desconoce la interpretación restrictiva sostenida por el Consejo de
Estado frente a la revocatoria de actos particulares sin consentimiento.
221. Agregó que la sentencia apelada desconoció el principio de buena fe, el
precedente judicial y los requisitos estrictos para la procedencia de la revocatoria
directa sin consentimiento del titular.
222. Argumentó que el no pago de plusvalía no constituía vicio, pues para el año
2000 no existía reglamentación que permitiera su cobro, cuya exigibilidad solo
surgió con el Decreto 084 de 2004.
223. Aclaró que el desistimiento tácito no opera de pleno derecho y requiere acto
administrativo motivado que ordene el archivo, lo cual nunca ocurrió,
manteniéndose la competencia del Curador para decidir de fondo.
224. Señaló que la solicitud de correcciones a planos era una facultad ordinaria del
trámite conforme al artículo 56 del Decreto 1052 de 1998, y no implicaba ausencia
absoluta de documentos.
225. Cuestionó que la revocatoria se fundamentara en aspectos formales del trámite
sin demostrar infracción material de normas urbanísticas, desnaturalizando la figura
de los medios ilegales.
226. Señaló que actuó bajo la convicción de legalidad de los actos del Curador
Urbano, y que no podían trasladarse al administrado supuestas falencias internas
del trámite sin acreditarse dolo, en desconocimiento de la confianza legítima y la
seguridad jurídica.
227. Adujo que la Administración, al fundamentar la revocatoria en un análisis de
legalidad del trámite y en la teoría del error de hecho, realizó un juicio propio de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, arrogándose una competencia que no le
correspondía.
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6.3. La Contraloría no estaba facultada por la Ley para solicitar revocatorias
directas sobre licencias de construcción
228. Argumentó que la Contraloría Distrital carecía de competencia y legitimación
para solicitar la revocatoria directa, pues tratándose de un acto particular y concreto,
conforme al artículo 35 del CCA y al artículo 77 del Decreto 1052 de 1998, el trámite
solo podía iniciarse de oficio, a solicitud del afectado o por petición de las
Comisiones de Veeduría de las Curadurías Urbanas.
229. Afirmó que los Decretos Distritales 564 y 191 de 2006 no se encontraban
vigentes para el 18 de enero de 2006, fecha de la solicitud de revocatoria, por lo
que no podían aplicarse retroactivamente para validar una actuación carente de
competencia.
230. Indicó que dentro del marco competencial definido en los artículos 32 y 33 del
Acuerdo Distrital 24 de 2001, no se encuentra atribuida a la Contraloría la facultad
de solicitar revocatorias directas de licencias urbanísticas.
231. Concluyó que la entidad demandada debió rechazar la solicitud presentada por
la Contraloría Distrital por falta de legitimación y competencia expresa.
VII. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA
232. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 26 de abril de
202221, concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante.
233. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de agosto de 202222, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
234. Posteriormente, en providencia del 5 de febrero de 202423 se corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera concepto.
21 Folio 846 del Cuaderno del Tribunal.
22 Índice 00004 del expediente digital, SAMAI.
23 Índice 00016 del expediente digital, SAMAI.
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235. Esta decisión fue recurrida por la parte actora 24 en atención a que había
solicitado la práctica de pruebas en segunda instancia. La petición fue resuelta en
providencia del 8 de septiembre de 202525 en la que se dispuso reponer el auto,
negar las pruebas y correr traslado para que las partes presentaran sus alegatos de
conclusión.
VIII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
236. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión26, indicando en
términos generales, que el Tribunal denegó indebidamente las pretensiones de la
demanda, al considerar que podía revocarse directamente la Licencia de
Construcción No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002 sin el consentimiento expreso y
escrito del titular, bajo el entendido de que el acto había sido expedido por “medios
ilegales”.
237. Asimismo, expuso de nuevo en forma detallada los argumentos de su demanda
y de su recurso de alzada, indicando que las pruebas aportadas en segunda
instancia demostrarían que en otras oportunidades el propio DAPD se abstuvo de
revocar actos administrativos particulares cuando no se acreditaron verdaderos
medios ilícitos y el titular negó su consentimiento, lo que evidenciaría un trato
desigual e injustificado frente al caso de su representada.
238. Finalmente, adujo que los perjuicios materiales e inmateriales causados a
Tecnología Inmobiliaria S.A. fueron debidamente acreditados mediante dictamen
pericial no objetado por la entidad demandada, por lo cual solicitó a la Sección
Primera del Consejo de Estado revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
239. La entidad demandada27 reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones.
24 Índice 00020 del expediente digital, SAMAI.
25 Índice 00031 del expediente digital, SAMAI.
26 Índice 00041 del expediente digital, SAMAI.
27 Índice 00039 del expediente digital, SAMAI.
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240. Como argumento central indicó que la regla general contenida en el artículo 73
del CCA, según la cual los actos administrativos de carácter particular no pueden
revocarse sin el consentimiento del titular, no es absoluta, dado que la misma
disposición normativa consagra la excepción aplicable cuando es evidente que el
acto ocurrió por medios ilegales, supuesto que se configuró en el presente caso.
241. En este sentido expuso de nuevo los argumentos de su contestación que
estaban dirigidos principalmente a demostrar los que a su juicio son los medios
ilegales que habrían alterado la producción de los actos objeto de la revocatoria
directa.
IX. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
242. El Ministerio Público28 recordó que la regla general establecida en el artículo
73 del CCA prevé que cuando un acto administrativo ha creado o modificado una
situación jurídica particular o reconocido un derecho de igual categoría, no puede
ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito de su titular, salvo en los
eventos allí exceptuados, esto es, cuando el acto provenga del silencio
administrativo positivo, cuando se configuren las causales del artículo 69 ibidem, o
cuando sea evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
243. Precisó que el artículo 74 del mismo estatuto exige que para proceder a la
revocatoria de actos particulares debe adelantarse la actuación administrativa con
observancia del procedimiento previsto en el artículo 28 del del CCA, garantizando
el derecho de defensa y contradicción del administrado.
244. En relación con la presunta ilegalidad señaló que debe tenerse en cuenta el
artículo 56 del Decreto 1052 de 1998, según el cual, cuando el proyecto objeto de
una solicitud de licencia presenta observaciones y no es corregido dentro de los 30
días calendario siguientes a su formulación, la solicitud se entiende desistida.
245. En cuanto al caso concreto, el Ministerio Público estimó que no le asiste razón
al recurrente cuando afirma que el desistimiento tácito constituye una facultad
discrecional de la Administración, pues, conforme al tenor literal del artículo 56 del
Decreto 1052 de 1998, dicha figura opera de pleno derecho una vez vencido el
28 Índice 00040 del expediente digital, SAMAI.
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término sin que se atiendan las observaciones, razón por la cual no depende de una
decisión expresa de la autoridad administrativa.
246. No obstante, estimó que sí le asiste razón al apelante en lo relativo a la
interpretación del inciso segundo del artículo 73 del CCA, en cuanto el Tribunal no
tuvo en cuenta la línea jurisprudencial consolidada del Consejo de Estado sobre el
alcance del concepto de “medios ilegales” como presupuesto indispensable para
revocar un acto particular sin el consentimiento de su titular.
247. Recordó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado ha precisado que el acto al que se refiere el inciso segundo del artículo 73
del CCA es el acto ilícito, en el cual la voluntad de la Administración nace viciada
por error, fuerza o dolo, y no simplemente el acto ilegal o inconstitucional al que
alude el artículo 69 del mismo Código, esto es, aquel que, aun formado sin vicios
en la manifestación de voluntad, resulta contrario a la Constitución o a la Ley.
248. Señaló que conforme a dicha jurisprudencia la revocatoria directa de actos
particulares por medios ilegales exige condiciones especialísimas, debido a la
estabilidad jurídica que tales actos generan y a la protección que el ordenamiento
otorga a la buena fe del administrado.
249. Destacó que la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la actuación ilícita
debe aparecer de manera abrupta, abierta e incontrovertible, debidamente
demostrada, de modo que se evidencie un vicio en la formación de la voluntad
administrativa, derivado de error, fuerza o dolo, que haya sido determinante para la
expedición del acto.
250. Agregó que la Administración, al motivar el acto revocatorio, está obligada a
dejar constancia expresa de los elementos de juicio que demuestren la existencia
de tales medios ilegales, garantizando previamente la comunicación y citación del
particular afectado para que ejerza su derecho de defensa, conforme lo exige el
artículo 74 del CCA.
251. Con base en el material probatorio obrante en el expediente, consideró que no
se acreditó la existencia de una actuación ilícita o fraudulenta que hubiera viciado
la voluntad de la Administración en la expedición de la licencia de construcción. En
su criterio, lo que se evidenció fue una actuación negligente del Curador Urbano al
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ampliar el término para subsanar las observaciones y continuar el trámite pese a la
configuración del desistimiento tácito, incumpliendo así lo previsto en el artículo 56
del Decreto 1052 de 1998.
252. Señaló que dicha negligencia no puede equipararse automáticamente a un
vicio de error, fuerza o dolo en la formación de la voluntad administrativa, en los
términos exigidos por la jurisprudencia para configurar el acto ilícito que habilita la
revocatoria directa sin consentimiento del titular.
253. Subrayó la importancia de los principios de buena fe y confianza legítima en el
Estado Social de Derecho, los cuales protegen al ciudadano frente a errores o
negligencias de la Administración, de modo que el particular no debe asumir las
consecuencias de las fallas atribuibles exclusivamente a la autoridad.
254. En consecuencia, el Ministerio Público concluyó que no se demostró de
manera plena la ocurrencia de medios ilegales en los términos exigidos por el
artículo 73 del CCA y la jurisprudencia del Consejo de Estado, razón por la cual
solicitó revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
X. CONSIDERACIONES
255. De acuerdo con el 328 del CGP29, aplicable por remisión del artículo 267 del
CCA y en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la
Sala procederá a resolver la controversia.
10.1. Competencia
256. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo
29 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201930, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
257. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
10.2. Del recurso de apelación
258. El recurso de apelación se formuló alrededor de dos temas: (i) la competencia
del Contralor para solicitar la revocatoria directa de actos particulares como las
licencias de construcción y, (ii) la inexistencia de medios ilegales en la expedición
de la Licencia de Construcción No. 02-4-0551 y, en consecuencia, la nulidad de los
actos controvertidos por haber sido expedidos sin el consentimiento expreso y
escrito de su titular.
10.2.1 De la alegada falta de competencia del Contralor Distrital para solicitar
la revocatoria directa de actos particulares
259. Deberá la Sala determinar si el Contralor Distrital tenía competencia para
presentar la solicitud de revocatoria directa de una licencia de construcción.
260. En relación con este punto, el a quo consideró que dicho funcionario sí podía
presentar la solicitud ante la autoridad competente, para el caso, el DAPD en calidad
de superior del Curador Urbano No. 4, en la medida en que no existe ninguna
disposición legal que limite quién puede poner en conocimiento de la Administración
hechos que ameriten el ejercicio de la revocatoria directa y, dada las funciones de
control fiscal que le competen a la entidad.
261. El recurrente por su parte sostuvo que el Contralor carecía de competencia y
legitimación para formular dicha solicitud, pues tratándose de licencias urbanísticas,
la revocatoria directa solo podía iniciarse de oficio por la Administración, o bien a
solicitud del afectado o por petición de las Comisiones de Veeduría de las
Curadurías Urbanas.
30 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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262. A efectos de dar respuesta al problema jurídico, debe considerarse en primer
lugar, lo dispuesto en el artículo 69 del CCA que literalmente dispone:
«ARTÍCULO 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los
mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores,
de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra
él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.»
263. De la norma resulta evidente que la revocatoria directa procede cuando exista
“solicitud de parte”, sin que se cualifique quién o quiénes tienen esa legitimación y
sin condicionar de ninguna manera esa intervención.
264. Lo dispuesto en la norma citada además debe ser interpretado de manera
armoniosa con el artículo 4 de la Ley 388 de 1997, que reconoce que en los trámites
urbanísticos se encuentra habilitada de manera general la intervención de los
pobladores y sus organizaciones, incluso, en los trámites de revocatoria de las
licencias urbanísticas.
265. Asimismo, debe verse lo dispuesto en el Decreto Distrital 449 de 2005 vigente
para la época de los hechos, en cuanto este disponía «[…] son competentes para
requerir la revocatoria directa de los actos por medio de los cuales se resuelven
solicitudes de licencias urbanísticas, entre otras autoridades y personas, los
titulares de las licencias, los vecinos del predio objeto de solicitud y la Comisión de
Veeduría de las Curadurías Urbanas […]» (Negrillas de la Sala).
266. Vistas estas normas, así como las disposiciones que regulan las funciones de
control fiscal del Contralor Distrital (artículo 267 y 272 de la Constitución) y su
condición de autoridad pública, la Sala estima que dicho funcionario sí tenía dentro
de sus competencias la de poner en conocimiento de la autoridad competente los
hechos que podían dar lugar o no a la revocatoria de actos administrativos.
267. Por las razones expuestas este cargo no prospera.
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10.2.2. De la revocatoria directa de actos administrativos particulares: regla
general y excepciones.
268. En relación con el segundo tema del recurso de alzada, la Sala deberá
determinar si los actos administrativos mediante los cuales el DAPD (hoy Secretaría
Distrital de Planeación) revocó directamente la Licencia de Construcción No. 02-4-
0551 del 16 de julio de 2002 y los actos que la modificaron, prorrogaron y demás
actos derivados de ella, están afectados de nulidad al desconocer lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 73 del CCA y haber dispuesto su retiro del
ordenamiento jurídico sin el consentimiento expreso y escrito de su titular.
269. Al respecto resulta relevante recordar que el artículo 73 del CCA establece
como regla general que los actos administrativos de carácter particular y concreto,
que hayan creado o modificado una situación jurídica subjetiva, no pueden ser
revocados sin el consentimiento expreso y escrito de su titular.
270. No obstante, esta misma disposición establece dos excepciones en las que la
Administración puede disponer la revocatoria directa de actos particulares sin
requerir el consentimiento del particular beneficiado: (i) cuando resulte de la
aplicación de la figura del silencio administrativo positivo o (ii) cuando se demuestre
que el acto administrativo fue obtenido por medios ilegales.
271. En efecto, la norma en mención prevé:
«Artículo 73. Revocación de actos de carácter particular y
concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de
igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito
del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la
aplicación del silencio administrativo positivo si se dan las causales
previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medio
ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en
cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que
no incidan en el sentido de la decisión» (Negrillas y Subrayas de la Sala).
272. La jurisprudencia de la Sección se ha pronunciado sobre la regla general y las
excepciones del artículo 73 del C.C.A. en los siguientes términos:
«Teniendo en cuenta lo dispuesto en el anterior marco normativo, la
procedencia y oportunidad de revocatoria se rige por las siguientes reglas : (i)
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la figura puede recaer sobre actos de contenido general o particular; (ii) es
procedente de oficio o por solicitud de parte; (iii) no es procedente cuando en
contra de los actos administrativos objeto de solicitud, el peticionario haya
ejercitado recursos de la vía gubernativa; (iv) puede ejercitarse en cualquier
tiempo, inclusive respecto de actos administrativos en firme y aun cuando se
haya acudido a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en este último caso,
siempre que no se haya dictado auto admisorio de la demanda y v) cuando
provenga de solicitud de parte, debe ser resuelta dentro del término de 3 meses
siguientes a la fecha de su presentación.
[…]
Se tiene, entonces, que, a efectos de revocar actos de contenido particular
y concreto, además de las reglas de oportunidad y procedencia, se
requiere de la manifestación expresa y escrita del titular del derecho salvo
que el acto sea producto del silencio administrativo positivo o se haya
obtenido por medios ilegales»31. (Negrillas de la Sala).
273. En ese contexto, corresponde a la Sala examinar si la entidad accionada aplicó
de manera correcta la excepción cuando dispuso que la licencia de construcción
había sido obtenida por “medios ilegales”.
10.2.3. El alcance de la causal de “medios ilegales” o “medios ilícitos”
contenida en el parágrafo segundo del artículo 73 CCA
274. Corresponde a la Sala determinar si las irregularidades advertidas por la
Administración en los actos revocados (Licencia de Construcción No. 02-4-0551 del
16 de julio de 2002 así como los actos que la modificaron, prorrogaron y los demás
actos accesorios a ella), tales como la indebida radicación de la solicitud de la
licencia, la indebida aplicación del régimen de transición, la presunta configuración
del desistimiento tácito del trámite, o el no pago de la plusvalía, pueden calificarse
como “medios ilegales”, que habilitaran la revocatoria directa de los actos
controvertidos sin el consentimiento previo y expreso del titular.
275. En coherencia con lo anterior, deberá la Sala determinar igualmente si las
circunstancias indicadas configuraron o indujeron un vicio determinante en la
formación de la voluntad administrativa del Curador Urbano No. 4 y en esta medida
31 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, 1 de
diciembre de 2017, Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00282-02.
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era procedente la revocatoria directa aún sin el consentimiento del titular del
derecho.
276. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la causal consistente
en que el acto haya sido obtenido por “medios ilegales” constituye una de las
excepciones a la regla general de la irrevocabilidad de los actos administrativos y,
por tal razón, para su configuración es necesario que se demuestre la existencia de
las circunstancias o hechos que hayan incidido en la expedición del acto y que
hayan viciado la formación de la voluntad de la Administración.
277. Igualmente, la jurisprudencia ha señalado que no cualquier irregularidad en el
trámite administrativo conlleva a la configuración de la causal, siendo necesario que
se haya inducido a la decisión mediante error, fuerza o dolo, es decir, que la voluntad
de la Administración estuviera afectada por una actuación ilícita que produzca como
consecuencia una convicción equivocada en ella.
278. Respecto del alcance de esta causal la Sala Plena del Consejo de Estado32
determinó:
«[…] Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es
relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final
del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso administrativo,
es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace
viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional
e ilegal de que trata el artículo 69 del C.C.A., que habiéndose formado sin
vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra
la Constitución o la ley.
[…]
Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios
ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un
tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser
eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce,
éste debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es
eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene
que producir como resultado un acto administrativo viciado en su
consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por
esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la
revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, previa
la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera Ponente: Ana
Margarita Olaya forero Bogotá, D.C. dieciséis (16) de julio de dos mil dos (2002). Radicación número:
23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029)
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[…]
Los criterios jurisprudenciales anteriores son perfectamente aplicables para
interpretar el inciso segundo del artículo 73, ya que se requiere que se den unas
condiciones especialísimas para que la administración enmiende la situación
aberrante y antijurídica que se presenta en su acto ilícito. Y en esta intelección
de la norma es necesario hacer énfasis en el hecho de que la ocurrencia
de medios ilegales debe ser debidamente probada. Es decir, se requiere que
la actuación fraudulenta aparezca ostensiblemente, pues la revocación por ese
motivo no puede ser fruto de una sospecha de la administración.
[…]
Y en este punto, debe ser enfática la Sala en señalar, que es claro que no se
trata de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir la ilegalidad
de los medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se
revoca, como quiera debe darse una evidencia de ello. En esa medida, en la
motivación del acto revocatorio la administración está obligada a dejar
constancia expresa acerca de los elementos de juicio que la llevaron a tal
conclusión, previo, se repite, la comunicación y citación del particular afectado,
con el fin de que pueda defenderse de tal decisión, como lo prevé el artículo 74
del Código Contencioso Administrativo. Resulta pertinente resaltar que además
de la defensa en sede gubernativa, el administrado puede controvertir la
decisión en sede contenciosa, si considera que la actuación de la administración
lo ha lesionado en su derecho.
Se requiere pues para revocar el acto administrativo de carácter particular, sin
autorización escrita del administrado, como ya lo ha señalado la Sección
Tercera de esta Corporación "que se trate de una abrupta abierta e
incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada... ".
Entendida tal actuación ilícita, como se dijo en párrafos antecedentes, como un
vicio en la formación de la voluntad de la administración, que bien puede ocurrir
por error, fuerza o dolo […]» (Negrillas de la Sala).
279. Por su parte, esta Sección33 ha indicado:
«Así las cosas, para que la administración pueda considerar la existencia
de un medio ilegal debe tener probado que, para la expedición del acto
administrativo, el funcionario competente, fue engañado, o inducido a una
falsa convicción, o sometido a una presión física o mental.
Aunado a lo anterior, la jurisprudencia ha definido que para proceder a la
revocatoria con fundamento en la ocurrencia del acto por medios ilícitos, se
requiere que la administración se encuentre en una situación en la cual no
pudo vislumbrar la ilegalidad de los medios usados para que su
pronunciamiento se diera en determinado sentido”.
Respecto de este último requisito la Corte Constitucional en sentencia SU 240
de 2015, señaló que en virtud del principio de buena fe que rige las relaciones
entre los particulares y la administración, corresponde a esta última la carga de
demostrar que los medios usados para la obtención del acto administrativo
33 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, 1 de
diciembre de 2017, Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00282-02.
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fueron ilegales, y que el destinatario de ellos se valió de los mismos para inducir
a la administración en error». (Negrillas de la Sala)
280. La Corte Constitucional en la sentencia SU aludida en el fallo citado
anteriormente, indicó:
«[…] para que pueda predicarse la existencia de un medio ilegal, la actuación
que se despliega para la obtención del acto debe ser abierta e incontrovertible
ilícita o fraudulenta, y encontrarse plenamente probada, lo que implica que la
administración tiene el deber de demostrar que la misma tuvo la potencialidad
de inducir un error que no pudo ser vislumbrado al momento de adoptar su
decisión.
Así las cosas, reunidos los requisitos fijados legal y jurisprudencialmente, a
saber, la existencia de una situación de error fuerza o dolo, que no pudo ser
vislumbrada por la administración, es viable, que, aunque el beneficiario del acto
no otorgue su consentimiento, el mismo sea revocado.» (Negrillas de la Sala).
281. En coherencia con lo anterior, en Sentencia de Unificación más reciente, la SU-
050 de 201734, igualmente dispuso:
«En este punto, resulta necesario precisar que la constatación de la efectividad
del medio ilegal aducido por las entidades accionadas para validar la revocatoria
del nombramiento de la docente (doble vinculación laboral) no involucra las
implicaciones legales de aquella irregularidad administrativa. Esto, en
consideración a que en este caso, el debate no consiste en determinar si la
accionante trasgredió el ordenamiento jurídico al desempeñar dos cargos
públicos de manera simultánea, sino en verificar si dicha circunstancia habilita
a la Universidad de Cundinamarca para revocar de manera directa el
nombramiento de la señora Castiblanco Arévalo sin su consentimiento previo y
expreso.
El medio utilizado por la Universidad accionada para sancionar la doble
vinculación laboral fue la revocatoria directa y para tal efecto, debió: (i) adelantar
el procedimiento establecido en el artículo 74 del CCA 35 para garantizar el
debido proceso de la accionante y (ii) acreditar la eficacia de la vinculación
laboral de la señora Castiblanco Arévalo en la Normal Departamental de
Girardot, para la producción de la resolución No 002 de 1979 a través de la cual
se efectuó el nombramiento como profesora de la Universidad de
Cundinamarca. Presupuestos que como lo evidenció la Corte no fueron
acatados.
De acuerdo con lo anterior, la sentencia acusada adolece de un defecto
sustantivo por aplicación indebida del inciso segundo de artículo 73 del CCA.
Ello, en consideración a que el Consejo de Estado aplicó a la solución del caso
concreto una causal de revocatoria directa sin que la misma se hubiese
configurado pues como se expuso, el medio ilegal aludido no tuvo injerencia en
la producción del respectivo acto».
34 SU050/17.
35 Actualmente regulado en el parágrafo del artículo 97 del CPACA.
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282. Por su parte, la Sección Segunda de esta Corporación al referirse a la
excepción de medios ilegales indicó:
«De acuerdo con las consideraciones que anteceden, se tiene que la
jurisprudencia de esta Corporación, bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984,
prohíja la tesis de que el inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo faculta a la administración para revocar directamente actos
administrativos de contenido particular y concreto en los casos en que dichos
actos hayan sido producto del silencio administrativo positivo, y concurra una
de las causales del artículo 69 ibidem o, en el evento, de que hayan ocurrido
por medios ilegales, en todo caso, con observancia de la actuación
administrativa prevista en el artículo 283 ibidem, esto, con el fin de salvaguardar
el debido proceso del particular afectado con dicha medida.
En efecto, a la luz de esas normas, la administración contaba con la posibilidad
de revocar actos administrativos de contenido particular en el evento en que su
ilicitud sea evidente u ostensible. Así las cosas, como lo sostuvo la sentencia
en cita, no se trata de que la autoridad pública intuya o sospeche sobre la
ilegalidad de los medios utilizados para obtener el acto, tal circunstancia,
a juicio de la Sala, debe estar debidamente documentada y probada dentro
de la actuación administrativa que, en todo caso, precede la expedición
del acto que contenga la decisión de la revocatoria, tal como lo ordena el
artículo 74 del Código Contencioso Administrativo.
Sobre este particular la Corte Constitucional, en la sentencia en cita, sostuvo
que: “Con todo, aún ante la excepción que permite a la Administración revocar
su propio acto por la existencia de una actuación ilícita, la misma debe
desplegar un procedimiento que respete los derechos fundamentales de la
persona afectada. Sobre este particular, en la sentencia T-105 de 2007, esta
Corporación señaló que “El acto administrativo que así lo declare [– la
revocatoria -] deberá en todo caso hacer expresa mención de dicha
circunstancia y de la totalidad de los elementos de juicio que llevaron al
convencimiento de la administración, lo cual implica necesariamente la
aplicación de un procedimiento que permita a la Administración reunir dichos
elementos de juicio”. Así mismo, deberá, conforme a los artículos 28 y 74 del
CCA, comunicar el inicio de la actuación a los particulares que puedan resultar
afectados y adelantar las pesquisas necesarias, al igual que la práctica de
pruebas de oficio o a petición de parte […]»36 (Negrillas de la Sala).
283. Conforme viene de verse, la jurisprudencia ha señalado que los medios ilegales
se manifiestan entre otros supuestos, a través de los vicios del consentimiento, esto
es, situaciones en las que dichos medios afectan la voluntad de la Administración a
partir del error, la fuerza o el dolo.
284. La noción de vicios del consentimiento, ampliamente desarrollada en el
derecho civil, resulta útil para ilustrar este fenómeno, pues permite identificar las
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia
del 15 de agosto de 2013. Radicación número: 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07).
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situaciones en las que la voluntad que sirve de fundamento a un acto administrativo
se encuentra afectada por factores que comprometen su validez.
285. En ese orden, resulta importante tener presentes los artículos 1508 y siguientes
del Código Civil que regulan los principales supuestos en los cuales el
consentimiento puede encontrarse viciado, por error, fuerza y dolo, categorías que
sirven como referente conceptual para examinar si la voluntad administrativa pudo
haberse visto afectada.
286. A continuación, se transcriben las disposiciones pertinentes del Código Civil:
«ARTÍCULO 1508. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Los vicios de que puede
adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo.
ARTÍCULO 1509. ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO. El error sobre
un punto de derecho no vicia el consentimiento.
ARTÍCULO 1510. ERROR DE HECHO SOBRE LA ESPECIE DEL ACTO O EL
OBJETO. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la
especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes
entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa
específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor
entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar
otra.
ARTÍCULO 1511. ERROR DE HECHO SOBRE LA CALIDAD DEL OBJETO.
El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o
calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo
que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una
barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante.
El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento
de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de
ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte.
ARTÍCULO 1512. ERROR SOBRE LA PERSONA. El error acerca de la
persona con quien se tiene intención de contratar, no vicia el consentimiento,
salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato.
Pero en este caso la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá
derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido
por la nulidad del contrato.
ARTÍCULO 1513. FUERZA. La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando
es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio,
tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este
género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta
ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal
irreparable y grave.
El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a
quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.
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ARTÍCULO 1514. PERSONA QUE EJERCE LA FUERZA. Para que la fuerza
vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza aquél que es beneficiado
por ella; basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el
objeto de obtener el consentimiento.
ARTÍCULO 1515. DOLO. El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra
de una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin él no
hubiera contratado.
En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra
la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él;
contra las primeras por el total valor de los perjuicios y contra las segundas
hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo».
287. De acuerdo con la jurisprudencia antes reseñada y atendiendo las
disposiciones del Código Civil, cuando la Administración procede a la revocatoria
alegando la excepción de medios ilegales, es necesario que demuestre
fehacientemente que debido a tales medios su voluntad se vio alterada bajo
cualquiera de los vicios del consentimiento. En otros términos, la causal de medios
ilegales invocada por la parte accionada exige la acreditación de una actuación
ilícita, fraudulenta o engañosa que haya determinado o incidido en la formación de
la voluntad de la Administración.
288. Se recalca que la ocurrencia de medios ilegales debe encontrarse debidamente
probada y no puede fundarse en sospechas, inferencias o apreciaciones
retrospectivas de la Administración sobre la legalidad del procedimiento para la
expedición del acto.
289. Como quiera que en los actos objeto de controversia la demandada alegó la
existencia del vicio de error, resulta importante insistir que en estos casos, conforme
lo ha señalado la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, si la
Administración podía detectar el error no puede ella misma a posteriori calificar los
medios como ilegales aun cuando la actuación resulte contraria a las normas
legales, pues en este ámbito lo que se sanciona y habilita la revocatoria del acto es
el actuar ilícito que altera la voluntad de la Administración y no el marco legal que
era o ha debido aplicarse a determinado trámite.
290. En conclusión, no cualquier irregularidad en el trámite administrativo, ni
discrepancias en la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico permiten
concluir que el acto fue obtenido por medios ilegales. Por el contrario, la
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configuración de dicha causal requiere la demostración plena de una conducta con
entidad suficiente para viciar el consentimiento de la Administración y que no
pudiese ser advertida al momento de la expedición del acto.
10.3. De las circunstancias que se califican como medios ilegales para fundar
la revocatoria directa de la Licencia de Construcción
291. Vista la jurisprudencia sobre el alcance que debe darse a la expresión “medios
ilegales”, corresponde ahora analizar si en el caso sub judice las circunstancias o
los hechos que el a quo consideró eran medios ilegales al dar por ciertos los
argumentos esgrimidos por la demandada en los actos cuestionados, lo eran, y en
esta medida habilitaban la revocatoria directa de la Licencia de Construcción No.
02-4-0551 del 16 de julio de 2002 sin contar con el consentimientos expreso y
escrito de su titular
292. En efecto, el a quo adujo que la demandada había demostrado la existencia de
medios ilegales y en esta medida consideró que la revocatoria de la licencia de
Construcción No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002 así como de los actos a través
de los cuales se modificó y se prorrogó su vigencia y de los demás accesorios a ella
era válidos. Destacan los siguientes apartados del fallo de primera instancia sobre
este punto:
«[…]
ii) La autoridad demandada expuso y probó en la parte motiva del acto
administrativo acusado, que el peticionario no tenía derecho a la licencia de
construcción, por cuanto no presentó la solicitud en debida forma y se había
configurado el desistimiento tácito de la solicitud, configurándose así uno
de los requisitos para revocar de forma directa un acto administrativo sin el
consentimiento expreso y por escrito del titular, esto es, que el acto
administrativo haya sido expedido de manera ilegal.
iii) La parte demandante no atacó los fundamentos jurídicos que tuvo la
administración para determinar que la licencia de construcción fue expedida por
medios ilegales, por cuanto, solo se limitó a exponer que la revocatoria directa
se había realizado sin el consentimiento del titular de la licencia de construcción.
Razón por la cual, no prosperan los cargos de nulidad y, por tanto, la Sala
negará las pretensiones de la demanda.
[…]»37
37 Folios 809 a 824 anverso del Cuaderno del Tribunal.
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293. El demandante por su parte sostuvo en el recurso de alzada que la expedición
de licencia de construcción revocada no estuvo afectada de ninguna ilegalidad y
que, si bien pudieron existir algunas irregularidades en el trámite, estas en ningún
caso podían calificarse como medios ilegales y en este orden no podían validar o
legitimar la revocatoria directa de la Licencia sin su aceptación previa y expresa.
294. Así las cosas, se abordan enseguida los distintos hechos que tanto la
demandada como el a quo calificaron de irregulares y que están referidos a los
efectos de haber considerado erradamente que la radicación de la solicitud de la
licencia se realizó en debida forma y los documentos que concretamente se
calificaron como medios ilegales.
295. Este análisis no se hará con el fin de valorar la legalidad del acto que concedió
la licencia en tanto no es acto cuestionado en el presente trámite sino desde la
perspectiva de establecer si los hechos que son materia de controversia pueden
calificarse como ilegales.
296. Corresponde entonces determinar si la Licencia de Construcción No. 02-4-
0551 del 16 de julio de 2002 habría sido expedida con fundamento en medios
ilegales, en razón a que la solicitud de licencia no se habría radicado en debida
forma y el trámite habría continuado pese a la configuración del desistimiento tácito
previsto en el artículo 56 del Decreto 1052 de 1998, lo que además le habría
permitido a la solicitante que se aplicara indebidamente el régimen urbanístico
anterior (Acuerdo 6 de 1990) y no el que en realidad le hubiera correspondido UPZ
Santa Bárbara.
10.3.1. Indebida radicación de la solicitud de otorgamiento de la licencia y
aplicación del régimen de transición
297. Es importante recordar aquí la posición de las partes para luego proceder a su
calificación de las diferentes circunstancias conexas entre sí.
298. La demandada sostuvo que la solicitud de licencia de construcción no se habría
presentado en “debida forma” el 30 de junio de 2000 -como lo aduce la demandante,
en tanto dentro del expediente administrativo obran diversos documentos que
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evidencian que la Curaduría hizo requerimientos y observaciones (comunicación del
26 de julio de 2000, del 27 de octubre de 2000, anotación manuscrita del 24 de
marzo de 2001) que no fueron atendidos en tiempo y que solo se solventaron con
posterioridad al 24 de septiembre de 2001.
299. Para la Secretaría de Planeación, el que se hubiera considerado que la
solicitud se presentó en debida forma, trajo como consecuencia dos falencias más:
por un lado, que se diera aplicación del régimen de transición y en consecuencia a
lo dispuesto en Acuerdo No. 06 de 1990, cuando en realidad ha debido aplicarse la
normativa de la UPZ Santa Bárbara y, de otro, que se diera continuación al trámite
a pesar de haber operado el desistimiento tácito.
300. La parte demandante, por el contrario, sostuvo que la solicitud fue radicada el
30 de junio de 2000 con el lleno de los requisitos previstos en los artículos 10, 11 y
12 del Decreto 1052 de 1998 y que las observaciones formuladas por la Curaduría
estaban referidas a ajustes propios del trámite administrativo que fueron atendidas
en debida forma y que son comunes en esta clase de trámites.
301. Para la Sala la discusión relativa a si la solicitud de licencia fue o no radicada
en debida forma, así como el relativo a si el solicitante tenía derecho o no a la
aplicación del régimen de transición y por esta vía a lo dispuesto en el Acuerdo 06
de 1990, corresponde a aspectos relacionados con la legalidad del acto
administrativo que concedió la licencia, más no a la configuración de medios ilegales
en los términos exigidos por el inciso segundo del artículo 73 del Código
Contencioso Administrativo.
302. En efecto, conforme se indicó anteriormente, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sido reiterada en señalar que la expresión “medios ilegales” se refiere a
situaciones en las cuales la voluntad de la Administración se encuentra viciada en
su formación, por ejemplo, cuando el acto administrativo es producto de error, fuerza
o dolo, o de maniobras fraudulentas dirigidas a inducir a la Administración a adoptar
una decisión que de otro modo no habría proferido.
303. Desde esta perspectiva, la Sala considera que las irregularidades
procedimentales, las discrepancias interpretativas sobre la normativa aplicable o
incluso los eventuales errores en la aplicación del régimen urbanístico no
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constituyen por sí mismos medios ilícitos, sino asuntos propios del control de
legalidad del acto administrativo, para el caso, de la licencia de construcción
304. Dentro del expediente no obra prueba que acredite que, en relación con la
radicación de los documentos o la aplicación del régimen normativo
correspondiente, la voluntad administrativa se hubiera formado bajo error, fuerza o
dolo, ni que el administrado hubiese desplegado maniobras fraudulentas dirigidas a
inducir a la autoridad en una decisión contraria al ordenamiento jurídico.
10.3.2. La presunta configuración del desistimiento tácito en el trámite de la
licencia de construcción.
305. La Sectaria Distrital de Planeación sostuvo que, al no haberse atendido dentro
del término de treinta (30) días las observaciones formuladas mediante
comunicación del 26 de julio de 2000, operó el desistimiento tácito de la solicitud
conforme al artículo 56 del Decreto 1052 de 1998, lo que implicaba el archivo del
expediente. En esa medida, afirmó que cualquier actuación posterior resultaba
contraria al ordenamiento jurídico y que la continuación del trámite permitió aplicar
indebidamente el régimen normativo anterior, circunstancia que configuró el medio
ilegal que condujo a la expedición de la licencia.
306. La parte apelante sostuvo que el desistimiento tácito no opera de pleno
derecho, sino que corresponde a una prerrogativa de la Administración para dar por
terminado el trámite cuando el solicitante no atiende los requerimientos formulados
dentro del procedimiento. En ese sentido, señaló que dentro del expediente no obra
acto administrativo alguno que hubiera declarado el desistimiento ni ordenado el
archivo del trámite, por lo que el Curador Urbano conservaba la competencia para
continuar con el estudio de la solicitud y decidir de fondo.
307. El Ministerio Público, si bien consideró que del expediente se desprende que
el Curador Urbano continuó el trámite pese a la posible configuración del
desistimiento tácito, estimó que dicha circunstancia no constituye por sí misma un
medio ilegal en los términos del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.
En su criterio, lo ocurrido podría evidenciar una actuación negligente de la autoridad
administrativa, pero no un vicio en la formación de la voluntad administrativa
derivado de error, fuerza o dolo.
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308. La Sala comparte la apreciación del Ministerio Público. En efecto, aun si se
admitiera que el término previsto en el artículo 56 del Decreto 1052 de 1998 había
transcurrido sin que se hubieran subsanado las observaciones formuladas por la
Curaduría Urbana, que no es el análisis que corresponde hacer en este proceso,
ello no conduce automáticamente a concluir que la expedición de la licencia se
hubiera producido mediante medios ilegales.
309. En efecto, la configuración del desistimiento tácito se relaciona con el impulso
del procedimiento administrativo y con la facultad de la autoridad para dar por
terminado el trámite cuando el solicitante no atiende los requerimientos formulados
dentro del mismo. Sin embargo, la eventual omisión de la autoridad en declarar
dicho desistimiento o en ordenar el archivo del expediente constituye una
circunstancia de carácter procedimental imputable a la Administración, más no un
vicio ilícito en la formación de la voluntad administrativa.
310. De allí que la continuación del trámite por parte del Curador Urbano, aun si se
estimara jurídicamente discutible, no equivale a la utilización de un medio ilegal en
los términos del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo.
311. En el caso concreto, dentro del expediente no obra prueba que permita concluir
que la continuación del trámite fue producto de engaño, fraude o actuación dolosa
atribuible al solicitante de la licencia, ni que el Curador Urbano hubiera sido inducido
en error por la presentación de información falsa o incompleta.
312. En consecuencia, aun si se admitiera la existencia de irregularidades en la
tramitación del procedimiento o la eventual configuración del desistimiento tácito,
tales circunstancias no son suficientes para subsumir el caso en la hipótesis
excepcional prevista en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, que
permite retirar del ordenamiento un acto administrativo de carácter particular sin el
consentimiento de su titular.
10.4. Los documentos que supuestamente evidenciarían la existencia de
medios ilícitos dentro del trámite de solicitud de la licencia
313. En relación con los que en forma directa se califican como medios ilegales que
dieron lugar a la expedición de la Licencia de Construcción No. 02-4-0551 del 16 de
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julio de 2002, la demandada señaló en la Resolución 00506 de 1 de junio de 2006
lo siguiente:
«Constituyen medios ilegales que viciaron el consentimiento en la
manifestación de la voluntad administrativa contenida en la licencia, la
comunicación de 24 de septiembre de 2001 y la Resolución No. 420161 del
20 de mayo de 2002, expedidas por el Curador Urbano No. 4de esta ciudad,
mediante las cuales se mantuvo vigente un trámite que debido haberse
terminado y archivado por la ocurrencia del desistimiento tácito, figura que como
se ha reiterado, al haber operado por obra de la ley dejó de ser una opción, para
convertirse en un imperativo a cumplir por el Curador, como consecuencia de
la inercia del peticionario
[…]
Por tanto no existe duda de que si la expedición de una licencia como la 02-4-
551 del 16 de junio de 2002, se fundamentó en dos actos claramente ilegales,
ocurrió “por medios ilegales” (art. 73 del C.C.A.) atribuibles al Curador Urbano
No. 4
[…]
Las anteriores consideraciones jurisprudenciales para la procedencia de la
revocatoria se verifican en este caso, en tanto se ha demostrado la existencia
de una actuación claramente ilegal (que se concreta en el desconocimiento de
la ocurrencia del desistimiento en la comunicación del 24 de septiembre de 2001
y en la Resolución No. 420161 del 30 de mayo de 2002) y que fue causa
eficiente de la expedición de la licencia de construcción No. LC 02-4-0551 del
16 de julio de 2002»38 (Negrillas de la Sala).
314. Posteriormente en la Resolución No. 00955 del 12 de octubre de 2006 se indicó
nuevamente:
«En relación con el error como vicio de la voluntad, debe señalarse que las
actuaciones que dieron lugar a la licencia de construcción o. 02-4-0551 del 16
de julio de 2002, expedidas (sic) por el Curador Urbano No 4, este despacho
verificó a existencia de medios ilegales, evidentes, ostensible y determinantes
en la expedición de ese acto administrativo, los cuales fueron producto del error
como vicio de la voluntad […]
Antes de analizar si los medios ilegales a los que se alude en la resolución
impugnada y en el presente acto administrativo, se configura la existencia de
error como vicio determinante de la voluntad es necesario reiterar cuáles son:
[…]
-el hecho de ser emitida como consecuencia de las decisiones adoptadas en la
comunicación del 24 de septiembre de 2001 y en la Resolución No. 420161 del
30 de mayo de 2002, medios claramente ilegales al no hacer efectiva la
ocurrencia del desistimiento tácito señalado en la precedencia, respecto de los
38 Cfr. Índice 00002 de SAMAI. Cuaderno del Tribunal: «CUADERNO RESOLUCION 00506 DE 20
06 FOLIO 1 A 88».
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cuales se demostró su ilegalidad y contradicción flagrante con la Constitución
Política y la ley»39.
315. Esto fue avalado por el a quo así:
«En el caso sub examine, la Sala advierte que la parte demandada encontró
que la licencia de construcción otorgada a favor de la sociedad Tecnología
Inmobiliaria S.A. Técni S.A. había sido obtenido por medios ilegales.
[…]
ii) la autoridad demandada expuso y probó en la parte motiva del acto
administrativo acusado, que el peticionario no tenía derecho a la licencia de
construcción, por cuanto no presentó la solicitud en debida forma y se había
configurado el desistimiento tácito de la solicitud, configurándose así uno de los
requisitos para revocar de forma directa un acto administrativo sin el
consentimiento expreso y por escrito del titular, esto es, que el acto
administrativo haya sido expedido de manera ilegal»40.
316. Considerando lo anterior, la Sala estima importante hacer notar que aquello
que la Administración y el a quo calificaron como “medio ilegales” son o
corresponden a decisiones de la propia Administración, esto es, decisiones del
Curador Urbano No. 4 vertidas en la comunicación del 24 de septiembre de 2001 y
en la Resolución No. 420161 del 30 de mayo de 2002.
317. La Sala estima que los medios ilegales son aquellos desplegados para afectar
la voluntad de la Administración bien sea porque hubo fuerza, se indujo en error, o
se actuó con dolo. Si bien los medios ilegales provienen en la mayoría de los casos
de los particulares respecto de la entidad de que se trate, ello no implica que no
pueden provenir de la propia Administración. Luego, lo determinante en estos
supuestos consiste en definir si tales hechos, medios y circunstancias estaban
dirigidos a alterar la voluntad de la Administración y resultaron idóneos para ello.
318. En el caso sub judice estimar que los actos de trámite que expidió el Curador
Urbano viciaron su propia voluntad implica un análisis falto de lógica, en el que un
mismo agente se autoinduce en una situación que altera su voluntad. En otros
términos, sería tanto como admitir que el Curador Urbano auto vició su voluntad o
se auto indujo en error.
39 Cfr. Índice 00002 de SAMAI. Cuaderno del Tribunal: «CUADERNO RESOLUCION 955 DE 200 6
FOLIO 1 A 257».
40 Folios 809 a 824 del Tribunal.
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319. A más de ello la Sala hace notar que tanto la comunicación del 24 de
septiembre de 2001 como la Resolución 420161 del 30 de mayo de 2002 son actos
que eran susceptibles de control por la propia Administración, que en el caso sub
judice permaneció durante años pasiva, no tomó ninguna medida y permitió que el
trámite avanzara no solo hasta la expedición de la licencia de construcción sino
incluso que con posterioridad a este acto la licencia fuera prorrogada y corregida.
320. Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera la existencia de un error
como vicio del consentimiento, habría qué pensar quién indujo al error y si tal
situación -tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección- podía superarse
con una actuación diligente por parte del funcionario, pues en tal caso no habría
medios ilegales.
321. Es importante recordar en este punto que en sentencia de la Sección se indicó:
«Frente a lo previamente anotado, resulta importante precisar que para que
exista medio ilícito en la expedición de un acto administrativo, la jurisprudencia
ha establecido como requisito que el mismo debe “[…] ser eficaz para obtener
el resultado, ya que es obvio que, si algún efecto se produce, éste debe provenir
de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el
resultado no se le puede imputar a tal causa[…]”41, de lo que se sigue, que
cuando se trate de una situación en la cual, la administración pueda
vislumbrar la ilicitud, no es posible predicar que el acto sea ilícito, pues la
causa del error es imputable al obrar de la propia administración» 42 .
(Negrillas de la Sala).
322. Luego, si la Administración podía vislumbrar la ilicitud de la solicitud, petición
o actuación del particular no sería posible predicar que el acto es ilícito o que
existieron medios ilegales. En síntesis, solo podría alegar el error si se actuó con
diligencia y bajo este estándar su voluntad resultó alterada. Este análisis resulta
mucho más complejo si se admite, como lo pretende la demandada, que el Curador
se autoindujo en el error pues de ser así era absolutamente evidente para él la
situación y la posibilidad de corregirla de manera que simplemente la conclusión
seria la inexistencia de medios ilegales.
41 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 16 de julio de 2002, Radicación
número: 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029) Actor: JOSÉ MIGUEL ACUÑA COGOLLO exp.
IJ029, M.P. Doctora Ana Margarita Olaya Forero.
42 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, 1 de
diciembre de 2017, Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00282-02.
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10.5. Conclusión
323. En este contexto, la Sala concluye que las circunstancias analizadas relativas
a i) la forma de radicación de la solicitud y la consecuente aplicación del régimen
urbanístico correspondiente; ii) la configuración del desistimiento tácito; y iii) los
actos del Curador (comunicación del 24 de septiembre de 2001 y Resolución
420161 del 30 de mayo de 2002); se inscriben en realidad en el ámbito de la
valoración jurídica del trámite administrativo y de la correcta interpretación del
ordenamiento aplicable al mismo, más no evidencian la existencia de una actuación
ilícita o fraudulenta que hubiera viciado la formación de la voluntad administrativa.
324. En efecto, dentro del expediente no obra prueba que permita afirmar que el
Curador Urbano fue inducido en error, sometido a presión o engañado mediante
maniobras dolosas para la expedición de la licencia de construcción. En tales
condiciones, la Sala no comparte la conclusión a la que arribó el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al considerar configurada la causal de medios
ilegales prevista en el inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo, por lo que los argumentos expuestos por la parte apelante están
llamados a prosperar y se declarará la nulidad de los actos demandados.
10.6. Del restablecimiento del derecho
325. Establecida la ilegalidad de los actos administrativos demandados y la
procedencia de su anulación, corresponde a la Sala examinar las pretensiones de
restablecimiento del derecho formuladas por la parte demandante.
10.6.1. Procedencia del restablecimiento del derecho a partir de la declaratoria
de nulidad de los actos demandados
326. La parte actora solicitó a título de restablecimiento del derecho lo siguiente:
«[…]
2.4. PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: Como consecuencia de la
declaratoria de nulidad solicitada en las pretensiones primera, segunda y
tercera principal, se restablezca en el derecho a mi representada, declarando
con valor y efecto jurídico los siguientes actos administrativos:
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A) Licencia de Construcción No. 02 – 4 – 0551 del 16 de Julio de 2002, expedida
por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D.C.
Así mismo declarar con valor y efecto jurídico las siguientes decisiones:
B) CLC 420296 del 15 de Agosto de 2002, “Por la cual se corrige la Licencia de
Construcción No. L.C. 02 – 4 – 0551 del 16 de Julio de 2002 entregada el 17 de
Julio de 2002”.
C) RES 04 – 4 – 0621, “Por la cual se decide una solicitud de prórroga a la
Licencia de Construcción No. 02 – 4 – 0551 del 16 de Julio de 2002 expedida
para el predio ubicado en la Avenida Calle 100 No. 21 – 34/54/64 y Transversal
19 A No. 100 – 54”.
D) Resolución No. 05 – 4 – 0344 del 20 de Mayo de 2005, “Por la cual se corrige
la Modificación de Licencia de Construcción No. 02 – 4 – 0551 del 16 de Julio
de 2002”.
E) Licencia de Construcción No. 05 – 4 – 0906 del 16 de agosto de 2005, todas
ellas expedidas por la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá D.C.
2.5. PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Que por virtud del restablecimiento
del derecho señalado en la pretensión cuarta principal, se condene a la entidad
demandada al pago de los perjuicios económicos que se prueben dentro del
proceso (daño emergente y lucro cesante), por la imposibilidad del ejercicio de
todos los derechos consagrados en las Resoluciones y Licencias ilegalmente
revocadas, desde el día 29 de Junio de 2006. Igualmente los demás actos
administrativos que hubiese podido obtener en el ejercicio de sus derechos
legítimos entre el día 29 de junio de 2006 y la fecha ejecutoria de la sentencia
con que culmine la presente acción contencioso administrativa.
2.6. PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL (sic): Se condene a la entidad
demandada al pago de los intereses comerciales y moratorios establecidos en
el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, que se causen entre la
fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas
indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.
2.7. PRETENSIÓN OCTAVA PRINCIPAL (sic): Se condene a la entidad
demandada a las costas y agencias en derecho.
2.8. PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN CUARTA
PRINCIPAL: En caso de que la pretensión cuarta principal no prospere,
subsidiariamente solicito que como consecuencia de la declaratoria de nulidad
señalada en las pretensiones primera, segunda y tercera principales, se
condene a la demandada al restablecimiento en el derecho de mi representada,
a través mediante del pago de una indemnización de perjuicios por daño
emergente y lucro cesante, por la imposibilidad del ejercicio para ella de los
derechos adquiridos por las licencias y resoluciones revocadas, desde el 29 de
Junio de 2006 y los demás actos administrativos que hubiese podido obtener
en el ejercicio de sus derechos legítimamente adquiridos.»43.
43 Subsanación de la demanda visible a folios 154 a 288 del Cuaderno del Tribunal.
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327. La Sala advierte que el restablecimiento del derecho solicitado en la pretensión
cuarta principal de la demanda, consistente en declarar con valor y efecto jurídico
las licencias y decisiones administrativas expedidas por la Curaduría Urbana No. 4
de Bogotá D.C., es consecuencia directa de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales dichas actuaciones fueron revocadas, en la
medida en que, al desaparecer estas del ordenamiento jurídico, se restablecerían
los efectos jurídicos de las licencias y decisiones previamente otorgadas a la parte
actora.
10.6.2. Cuantificación de los perjuicios alegados por la parte actora
328. En las pretensiones de la demanda la parte actora solicitó que, como
consecuencia del restablecimiento del derecho derivado de la eventual declaratoria
de nulidad de los actos acusados, se condenara a la entidad demandada al pago
de los perjuicios económicos que se demostraran dentro del proceso, por concepto
de daño emergente y lucro cesante, derivados de la imposibilidad de ejercer los
derechos reconocidos en las licencias de construcción y demás decisiones
administrativas que fueron revocadas desde el 29 de junio de 2006. Estas
pretensiones fueron formuladas de la siguiente manera:
«2.5. PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Que por virtud del restablecimiento
del derecho señalado en la pretensión cuarta principal, se condene a la entidad
demandada al pago de los perjuicios económicos que se prueben dentro del
proceso (daño emergente y lucro cesante), por la imposibilidad del ejercicio de
todos los derechos consagrados en las Resoluciones y Licencias ilegalmente
revocadas, desde el día 29 de Junio de 2006. Igualmente los demás actos
administrativos que hubiese podido obtener en el ejercicio de sus derechos
legítimos entre el día 29 de junio de 2006 y la fecha ejecutoria de la sentencia
con que culmine la presente acción contencioso administrativa.
2.6. PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL (sic): Se condene a la entidad
demandada al pago de los intereses comerciales y moratorios establecidos en
el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, que se causen entre la
fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas
indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.
2.7. PRETENSIÓN OCTAVA PRINCIPAL (sic): Se condene a la entidad
demandada a las costas y agencias en derecho.
2.8. PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN CUARTA
PRINCIPAL: En caso de que la pretensión cuarta principal no prospere,
subsidiariamente solicito que como consecuencia de la declaratoria de nulidad
señalada en las pretensiones primera, segunda y tercera principales, se
condene a la demandada al restablecimiento en el derecho de mi representada,
a través mediante del pago de una indemnización de perjuicios por daño
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emergente y lucro cesante, por la imposibilidad del ejercicio para ella de los
derechos adquiridos por las licencias y resoluciones revocadas, desde el 29 de
Junio de 2006 y los demás actos administrativos que hubiese podido obtener
en el ejercicio de sus derechos legítimamente adquiridos.»44.
329. Para sustentar estas pretensiones indemnizatorias, la parte actora solicitó la
práctica de diversos dictámenes periciales orientados a establecer el impacto
económico derivado de la revocatoria de la licencia de construcción y de la
imposibilidad de continuar con el desarrollo del proyecto inmobiliario
correspondiente. En tales experticias se estimaron distintos conceptos de perjuicio,
entre ellos, el valor del inmueble, el daño emergente asociado a los costos y gastos
asumidos para el desarrollo del proyecto, así como el lucro cesante derivado de la
afectación en la explotación económica del inmueble y de las expectativas de
desarrollo urbanístico del predio.
330. Conforme con lo señalado en el numeral VII de esta providencia, durante el
trámite del proceso se decretó la práctica de cuatro (4) dictámenes periciales, frente
a uno de los cuales se formuló objeción por error grave por la parte demandada.
331. En ese contexto, corresponde a la Sala estudiar en primer lugar, la objeción
por grave y, en segundo lugar, determinar el alcance y la fuerza probatoria de las
tres (3) experticias restantes, con el fin de definir si de ellas se puede establecer la
existencia y cuantía de los perjuicios cuya indemnización se reclamó en la demanda.
10.6.3. De la objeción al dictamen formulado en primera instancia.
332. La Sala advierte que la sentencia de primera instancia guardó silencio frente a
la objeción por error grave formulada por la entidad demandada respecto del
dictamen pericial practicado en el proceso por la perito Luz Aurora Aldana.
333. En estas condiciones resulta necesario precisar (i) que la falta de
pronunciamiento sobre este punto no configura ninguna una de las causales de
nulidad procesal previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso; (ii)
que la omisión no limita la facultad del Juez de Segunda Instancia para pronunciarse
al respecto y (iii) que este análisis es necesario para establecer si el dictamen puede
44 Subsanación de la demanda visible a folios 154 a 288 del Cuaderno del Tribunal.
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ser tenido en cuenta al momento de efectuar la valoración del material probatorio
que sustente la decisión de segunda instancia.
334. En este orden de ideas, corresponde a la Sala examinar la objeción por error
grave formulada por el Distrito Capital contra el dictamen pericial contable rendido
por la auxiliar de la justicia Luz Aurora Aldana García, allegado al proceso el 16 de
febrero de 2010, cuyo objeto consistió en la determinación del daño emergente
derivado de la revocatoria directa de las licencias de construcción del edificio Prime
Tower, para lo cual la perito efectuó diversas liquidaciones financieras con
fundamento, entre otros insumos, en el dictamen de avalúo técnico elaborado por
la perito avaluadora Migdaly Alcira Moreno García.
335. Como lo ha señalado la Corporación, la objeción por error grave procede
únicamente cuando el dictamen se fundamenta en premisas equivocadas de tal
entidad que desnaturalizan el objeto mismo de la experticia y conducen
necesariamente a conclusiones erróneas. Esto significa que el error grave debe
recaer sobre la identificación del objeto analizado, las bases fácticas del dictamen
o los supuestos esenciales que sirven de fundamento al estudio pericial, y no sobre
las conclusiones, inferencias o criterios técnicos adoptados por el perito.
«Para que prospere la objeción del dictamen pericial por error grave se requiere
la existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad
de conducir a conclusiones igualmente equivocadas. Así mismo, se ha dicho
que éste se contrapone a la verdad, es decir, cuando se presenta una
inexactitud de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el
dictamen y la representación mental que de él haga el perito. Sin embargo, se
aclara que no constituirán error grave en estos términos, las conclusiones o
inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros
defectos. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto
de la peritación, y no a la conclusión de los peritos. […] La Sala precisa que el
error grave procede, entonces, en aquellos eventos en los cuales el dictamen
incurra en ostensibles yerros entre lo que era su objeto y lo realmente estudiado,
de lo que se sigue que el perito ha ido en contra de la naturaleza o la esencia
del objeto de prueba, contraponiéndolo con la realidad. Por lo tanto, el error
debe presentarse en el proceso de elaboración de la prueba y no en las
conclusiones de esta, pues estas últimas son resultado del proceso de
confección de la experticia, por lo cual es la alteración de la realidad en el mismo
lo que conduce a una equivocación que devenga en conclusiones
equivocadas.»45
45 Sentencia del 17 de mayo de 2018. Radicado: 15001-23-31-000-2006-01363-01. Consejera
ponente: Rocío Araujo Oñate (Descongestión Acuerdo 357/2017).
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336. En el caso concreto, la objeción propuesta por la entidad demandada se dirige
a cuestionar diversos aspectos de los cálculos financieros realizados por la perito
Luz Aurora Aldana García en el dictamen referido, particularmente, en lo
relacionado con (i) la forma en que se determinó el tiempo transcurrido entre febrero
de 2007 y enero de 2010 para efectos de la actualización monetaria; (ii) la aplicación
de un mismo factor de actualización a distintos rubros económicos; (iii) la inclusión
dentro del cálculo del daño emergente de determinados gastos que corresponderían
a eventos futuros o hipotéticos y (iv) la presunta duplicidad en la aplicación del índice
de precios al consumidor.
337. Así pues, las críticas o los reparos formulados por la entidad demandada se
orientan a cuestionar la forma en que la perito estructuró la metodología financiera
empleada para estimar los perjuicios económicos alegados por la parte actora; pero
no evidencian la existencia de un error grave en los términos exigidos por la
jurisprudencia, puesto que no se dirigen a demostrar que el dictamen rendido por la
auxiliar de la justicia Luz Aurora Aldana García haya recaído sobre un objeto distinto
del que fue materia de la prueba decretada ni que se hubieran alterado los
supuestos fácticos esenciales del análisis pericial.
338. En otros términos, las inconformidades planteadas por la entidad demandada
constituyen discrepancias frente al alcance y a las conclusiones del dictamen,
aspectos que serán apreciados por la Sala al momento de efectuar la valoración
integral del material probatorio, pero que no tienen la entidad suficiente para
desvirtuar la validez de la experticia mediante la prosperidad de la objeción por error
grave.
339. En consecuencia, la Sala concluye que la objeción por error grave formulada
por la entidad demandada contra el dictamen pericial rendido por la auxiliar de la
justicia Luz Aurora Aldana García no está llamada a prosperar, razón por la cual
dicha experticia será valorada junto con los demás medios de prueba que obran en
el expediente, conforme a las reglas de la sana crítica.
10.6.4. Del alcance de los dictámenes periciales
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340. Como atrás se indicó, para la determinación de los perjuicios alegados por la
parte actora, se decretaron y practicaron los dictámenes de la perito avaluadora
Migdaly Moreno García, dirigidos a establecer el valor comercial del edificio Prime
Tower y a estimar los perjuicios (daño emergente y lucro cesante) derivados de la
revocatoria de la licencia de construcción; y el dictamen contable rendido por la
auxiliar de la justicia Luz Aurora Aldana García, orientado a realizar la
cuantificación financiera y actualización monetaria de los rubros económicos
asociados al proyecto inmobiliario.
341. La perito Migdaly Moreno García abordo en primer lugar el avalúo del inmueble
y, a partir de ese ejercicio, estimó distintos conceptos indemnizatorios asociados al
proyecto inmobiliario Prime Tower, tales como la disminución del valor comercial del
edificio, diversos gastos relacionados con la ejecución del proyecto y los ingresos
dejados de percibir por concepto de arrendamientos, para lo cual, estudió de
manera separada el daño emergente y el lucro cesante
342. Respecto al avalúo del inmueble concluyó:
«
»46
343. No obstante, del examen del dictamen se advierte que, si bien la perito
menciona la utilización de determinados criterios técnicos propios de la actividad
valuatoria, lo cierto es que el estudio se sustenta principalmente en inspecciones
oculares y apreciaciones generales sobre el inmueble y la zona en donde está
46 Tomado del folio 7 del Cuaderno de Dictamen Pericial del Tribunal.
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ubicado. La experticia no incorpora al expediente los soportes técnicos, estudios
comparativos o documentos de respaldo que permitan verificar con precisión la
metodología y el proceso de análisis de datos y cifras que permiten arribar a las
conclusiones económicas consignadas frente al avalúo comercial.
344. En cuanto al cálculo del daño emergente derivado de la revocatoria de la
licencia de construcción del edificio Prime Tower, la perito consideró la pérdida de
valor comercial del edificio, así como lo que ella denominó el daño emergente
eventual asociado a los posibles costos de traslado de los arrendatarios y al valor
de las mejoras realizadas por estos en caso de que se materializara la revocatoria.
345. Como resultado de sus análisis concluyó que, como consecuencia de la
revocatoria de la licencia de construcción, el inmueble habría perdido una porción
significativa de su valor comercial, bajo el argumento de que existiría imposibilidad
de someter el bien al régimen de propiedad horizontal, inseguridad respecto de la
posesión pacífica del inmueble y la eventualidad de una futura demolición. Con
fundamento en tales consideraciones, afirmó que el edificio tendría un valor
equivalente solo al 25% de su valor real. En efecto indicó expresamente:
«
»47
346. Del aparte citado se evidencia que, bajo la premisa según la cual la revocatoria
de la licencia implicaría una pérdida sustancial del valor comercial del inmueble, al
estimar que este no podría venderse o arrendarse en condiciones normales, la
perito procedió a descontar el 75% del valor comercial previamente calculado y,
posteriormente, actualizó la suma resultante mediante indexación.
47 Tomado del folio 9 del Cuaderno de Dictamen Pericial del Tribunal.
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347. No obstante lo anterior, la Sala advierte que el propio dictamen señaló dentro
de sus antecedentes, que el edificio estaba ocupado por oficinas y locales
comerciales pertenecientes a diversas empresas, con contratos de arrendamiento
vigentes, circunstancia que no se analizaron al momento de sustentar la supuesta
pérdida del valor comercial del inmueble. En efecto, en la experticia se lee:
«
»48
348. Se precisa además que el Informe no explica de qué manera la revocatoria de
la licencia habría afectado la explotación económica del edificio, ni aporta elementos
técnicos o probatorios que permitan concluir que el inmueble hubiera perdido valor
en el mercado o que los contratos de arrendamiento se hubieran visto afectados por
dicha circunstancia. Por el contrario, de los contratos aportados se constata que, en
caso de entrega anticipada del bien arrendado por causales derivadas de la
revocatoria de la licencia de construcción, por regla general, el arrendador no estaba
obligado a compensar o indemnizar al arrendatario por ningún tipo de perjuicio,
debiendo únicamente procederse a la entrega del bien y a la devolución del canon
no causado. El dictamen tampoco hace un análisis particular de cada contrato y de
su clausulado ni de los efectos que tuvo la revocatoria respecto de cada uno de
ellos, sino que concluye en general, que existió una pérdida de valor del inmueble.
349. Al respecto, resulta importante ver y destacar de forma general algunas de las
cláusulas de los contratos de arrendamiento que fueron aportados:
48 Tomado del folio 3 del Cuaderno de Dictamen Pericial del Tribunal.
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«
»49
«
»50
350. En el contrato de arrendamiento celebrado con ADIDAS por ejemplo, se incluyó
la siguiente cláusula:
«
»51
351. De estas estipulaciones se desprende con claridad que el eventual
reconocimiento del valor de las mejoras estaba condicionado a que estas no
hubieran sido usufructuadas o que no resultasen utilizables, así como a la efectiva
49 Tomado del folio 271 del Cuaderno de Dictamen Pericial del Tribunal.
50 Tomado del folio 145 ibidem.
51 Folio 159 ibidem.
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entrega del inmueble. Sin embargo, dentro del expediente no obra prueba que
permita tener por acreditada la configuración de tales supuestos, ni que se hubiera
producido la entrega del bien en los términos previstos contractualmente.
Adicionalmente, el dictamen pericial no realiza un análisis técnico de dichas
cláusulas ni de las condiciones de las que dependía el eventual pago de las mejoras,
limitándose a formular apreciaciones generales que no permiten verificar la
existencia ni la cuantía de un daño cierto.
352. En el caso del contrato de arrendamiento celebrado con HOLCIM COLOMBIA,
se introduce una cláusula en la que se dispone que se reconocería el valor de las
mejoras al arrendatario, en caso de que tuviera lugar la entrega anticipada del
inmueble, sin precisar causa de la entrega anticipada.
«
»52
353. Se destaca además que la Perito no tuvo en cuenta que, por ejemplo, en este
caso, el contrato celebrado con HOLCIM finalizó el 4 de julio de 2007 y que, por lo
tanto, la cláusula citada en el numeral anterior, no se hizo efectiva y, en esta medida,
no podía tenerse en cuenta para el cálculo del daño deprecado. Además, es
importante señalar que del acta de entrega de las oficinas citada a continuación, no
se vislumbra que la causal de terminación del contrato hubiera tenido origen en la
revocatoria de la licencia.
52 Tomado del folio 263 del Cuaderno de Dictamen Pericial del Tribunal.
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« »53
354. En síntesis, las conclusiones del dictamen respecto de la supuesta pérdida del
valor comercial del edificio se sustentan en hipótesis y apreciaciones generales que
no encuentran sustento ni respaldo suficiente en los elementos probatorios obrantes
en el expediente, razón por la cual no es posible otorgarles la fuerza demostrativa
necesaria para acreditar la existencia ni la cuantía del daño emergente alegado.
355. De otra parte, dentro del capítulo titulado «Daño emergente»54, el dictamen
igualmente relaciona una serie de erogaciones que la perito presenta como
perjuicios derivados de los hechos objeto del proceso. En particular, se incluyen
como partidas los siguientes conceptos: (i) la suma de $39.610.664 por concepto
de honorarios pagados a la firma Pinilla González & Prieto Abogados; (ii) $7.656.000
pagados a Edgar Alfredo Garzón en junio de 2006; (iii) $11.605.800
correspondientes a una póliza de seguros de fecha junio de 2006; (iv) $7.055.182
53 Folio 265 del Cuaderno de Dictamen Pericial del Tribunal.
54 Folio 10 del Cuaderno de Dictamen Pericial del Tribunal.
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por concepto de publicidad el 24 de abril de 2005; y (v) $446.087 por concepto de
fotocopias y gastos generales. A partir de estas cifras, la perito procede
posteriormente la actualización de los valores mediante la aplicación de una fórmula
de indexación.
356. En relación con este punto la Sala advierte que en el dictamen pericial no se
identifican ni se aportan los soportes documentales que permitan verificar la
existencia y veracidad de tales erogaciones. Si bien la introducción del dictamen
señala de manera general que para su elaboración se tendrían en cuenta los
documentos obrantes en el expediente, lo cierto es que en el desarrollo de este
apartado no se individualiza ningún documento específico del plenario que respalde
las cifras relacionadas, ni se indica el folio o la pieza procesal en la que tales
soportes puedan ser verificados.
357. En esas condiciones, el dictamen se limita a enunciar valores y a proceder a
su actualización, sin efectuar un análisis documental, contable o técnico que permita
corroborar la efectiva realización de dichos pagos, su relación directa con los hechos
que dieron lugar al litigio o su pertinencia para la determinación del daño emergente
alegado. En consecuencia, para la Sala las afirmaciones carecen del soporte
probatorio necesario para acreditar la existencia y cuantía de los perjuicios
invocados.
358. A continuación, el dictamen sobre el daño emergente presenta un cuadro
resumen en el que consolida las diferentes partidas que conformarían este apartado
indemnizatorio, incluyendo la supuesta pérdida del valor comercial del edificio y las
erogaciones relacionadas con honorarios profesionales, pólizas de seguro,
publicidad y gastos generales. En dicho cuadro se incorporan, además, valores por
concepto de interés legal, los cuales son adicionados a cada una de las partidas
para obtener el monto total del perjuicio reclamado.
359. En relación con el cálculo de intereses sobre las sumas identificadas como
daño emergente, la perito indica que aplicó el interés técnico legal del 6% previsto
en el artículo 2332 del Código Civil, utilizando la fórmula correspondiente para
determinar el interés sobre el capital durante el período comprendido entre el 1 de
junio de 2006 y el 31 de diciembre de 2008. La Sala advierte que la aplicación de
dicho cálculo parte de supuestos que no se encuentran acreditados en el proceso.
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En efecto, como se explicó, las partidas que sirven de base para la liquidación, tales
como las erogaciones por honorarios, pólizas, publicidad, gastos generales y la
supuesta pérdida del valor comercial del inmueble, no cuentan con soportes
documentales debidamente individualizados dentro del dictamen ni fueron objeto de
un análisis técnico que permita verificar su efectiva causación y relación con los
hechos que dieron origen al litigio.
360. En síntesis, la liquidación de intereses se realiza sobre valores cuya existencia
y cuantía no han sido demostrados dentro del expediente, lo que impide tener por
acreditado el capital sobre el cual se efectúa la operación financiera. A ello se suma
que el dictamen no expone las razones por la cuales se seleccionó el periodo de
tiempo indicado para la liquidación de intereses ni explica la relación entre dichas
fechas y la supuesta causación de los perjuicios.
361. Por consiguiente, aun cuando el dictamen presenta una fórmula matemática
para la determinación del interés legal, lo cierto es que dicho cálculo carece de
sustento, en la medida en que se aplica sobre valores no acreditados y sobre un
período cuya pertinencia no fue debidamente justificada. En consecuencia, el
cuadro resumen elaborado por la perito no constituye un fundamento idóneo para
establecer la existencia ni la cuantía del daño emergente reclamado.
362. A todo lo anterior se suma lo expuesto por la perito en el capítulo denominado
«Daño emergente eventual»55, en el que se incluyen dos conceptos adicionales: (i)
los gastos de traslado de los arrendatarios, estimados por la parte demandante en
la suma de $1.500.000.000, cifra que la perito procede a actualizar mediante la
aplicación de una fórmula de indexación con base en el índice de precios al
consumidor; y (ii) el valor de las mejoras realizadas por los arrendatarios, que la
parte actora estima en $8.000.000.000, monto que igualmente es objeto de
actualización bajo el mismo método.
363. Sin embargo, la Sala advierte que tales valores tampoco se encuentran
soportados, sino que corresponden a estimaciones formuladas directamente por la
parte demandante, las cuales son reproducidas por la perito sin que se expongan
los criterios técnicos, financieros o metodológicos que permitan verificar la
55 Folio 15 del Cuaderno del Dictamen Pericial del Tribunal.
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razonabilidad de dichas cifras. En efecto, el informe se limita a tomar los valores
señalados por la demandante y a aplicar sobre ellos una operación de actualización,
sin desarrollar un estudio que permita establecer la real magnitud de los costos de
traslado de los arrendatarios ni el valor efectivo de las mejoras que eventualmente
se hubieran realizado en los inmuebles arrendados y sin aportar o referenciar el
soporte de tales costos.
364. Como se explicó previamente, dentro del expediente no se encuentra
acreditado que se haya ordenado la demolición del edificio y/o que se hubiera
producido la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento como
consecuencia de la revocatoria de la licencia de construcción, circunstancias de las
cuales dependería la materialización de los gastos estimados en el dictamen. Si
bien del análisis de algunos contratos de arrendamiento allegados al proceso se
desprende que, en determinados supuestos podría contemplarse el reconocimiento
del valor de ciertas mejoras efectuadas por los arrendatarios, lo cierto es que tales
estipulaciones se encuentran condicionadas al cumplimiento de requisitos
específicos, como la efectiva entrega del inmueble y la verificación de que las
mejoras no hubieran sido usufructuadas o resultaran inutilizables, condiciones cuya
ocurrencia no se encuentra acreditada ni analizada caso a caso en el expediente.
En consecuencia, no es posible tener por demostrado que, con ocasión de la
revocatoria de la licencia, se hubieran generado obligaciones concretas de
compensación económica a favor de los arrendatarios.
365. En el denominado «dictamen número 3»56, la perito señaló que su objetivo era
determinar el valor del lucro cesante derivado de la revocatoria de la licencia de
construcción del edificio Prime Tower, particularmente, en lo relacionado con los
ingresos dejados de percibir por concepto de arrendamiento de oficinas y locales
que habrían permanecido desocupados o que habrían debido arrendarse a un
menor precio, así como otros perjuicios de carácter eventual.
366. Para efectuar dicho cálculo, el dictamen parte de la premisa según la cual el
valor del metro cuadrado del inmueble ascendería a $6.000.000, razón por la cual
el canon de arrendamiento no podría superar el 1% del valor comercial del bien,
56 Folio 17 y siguientes del Cuaderno de Dictamen Pericial del Tribunal.
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estimando que para el año 2008 el precio del arrendamiento sería aproximadamente
de $59.000 por metro cuadrado. Con fundamento en este valor, la perito multiplica
dicho canon por un área total de 1.037,63 m², concluyendo que el ingreso mensual
por concepto de arrendamiento ascendería a $61.220.170, suma que
posteriormente es utilizada como base para efectuar las operaciones de
actualización correspondientes.
367. No obstante, la Sala advierte que el dictamen no explica de manera suficiente
el origen ni la sustentación técnica de los valores utilizados para efectuar dicha
estimación. El informe no identifica estudios de mercado, avalúos comerciales,
análisis comparativos del mercado inmobiliario o documentos técnicos que permitan
corroborar que el valor del metro cuadrado o el canon de arrendamiento estimado
correspondan efectivamente a las condiciones reales del mercado para el tipo de
inmueble objeto del proceso.
368. De igual forma, el dictamen se limita a aplicar operaciones aritméticas sobre
los valores previamente establecidos, sin aportar elementos probatorios que
permitan definir qué oficinas o locales no pudieron arrendarse o debieron serlo a un
precio inferior al del mercado, como consecuencia directa de la revocatoria de la
licencia de construcción.
369. Aunque el informe señala que el análisis de los hechos se corrobora con los
contratos de arrendamiento aportados al proceso, lo cierto es que el dictamen no
identifica de manera individual dichos contratos, ni explica las condiciones
específicas de cada uno de ellos, tales como áreas arrendadas, duración, fechas de
celebración o valores pactados, elementos que resultarían indispensables para
efectuar un ejercicio comparativo que permitiera establecer la existencia de una
diferencia real entre el canon percibido y el que hipotéticamente se habría podido
cobrar.
370. De igual manera, la referencia que el dictamen hace a la Ley 242 de 1995 y al
comportamiento del índice de precios al consumidor como factor de reajuste de los
cánones de arrendamiento no se encuentra acompañada de un análisis que permita
establecer de qué manera tales parámetros inciden en la determinación del perjuicio
alegado, ni cómo se relacionan con la situación específica del inmueble objeto del
proceso.
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371. En ese contexto, el cálculo presentado se limita a plantear una hipótesis sobre
un eventual menor precio de arrendamiento derivado de la revocatoria de la licencia,
sin que se acrediten los elementos fácticos y técnicos necesarios para demostrar
que dicha circunstancia se hubiera materializado efectivamente en los contratos
celebrados ni cuál habría sido su impacto económico real.
372. A ello se suma que el informe no identifica con precisión los espacios que
habrían permanecido desocupados, ni aporta documentación que permita verificar
el estado de ocupación del inmueble durante el período analizado, tales como
información contable que permita constatar los ingresos efectivamente percibidos
por concepto de arrendamiento en contraste con lo devengado con antelación a la
revocatoria de la licencia de construcción.
373. En ese contexto, el cálculo del lucro cesante presentado en el dictamen se
fundamenta en supuestos generales sobre valores de mercado y niveles de
ocupación del inmueble que no se encuentran respaldados en pruebas concretas
dentro del expediente, lo que impide verificar tanto la existencia real del perjuicio
como su cuantía.
374. En el capítulo titulado «Daños extrapatrimoniales»57, el dictamen incluye dos
conceptos adicionales, denominados como “Good Will” y “ausencia de
desarrollo de nuevos proyectos”, los cuales se presentan como afectaciones
derivadas de la revocatoria de la licencia de construcción del edificio Prime Tower.
375. En relación con el denominado Good Will, el dictamen sostiene que la
empresa demandante habría visto afectada su capacidad para prestar servicios a
compañías nacionales y extranjeras, motivo por el cual estima el perjuicio padecido
en una suma equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales, monto
que asciende a $461.500.000. La Sala advierte que dicha cifra no se sustenta en un
análisis técnico que permita establecer la existencia de una afectación real al
posicionamiento comercial, reputación o valor intangible de la empresa, ni se
aportan estudios financieros, contables o de mercado que permitan cuantificar una
eventual pérdida de valor asociada a tales factores.
57 Folio 34 Cuaderno del Dictamen Pericial – Tribunal a quo.
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376. En efecto el dictamen se limita a tomar como referencia un número
determinado de salarios mínimos para estimar el perjuicio, sin explicar los criterios
técnicos o económicos que justificarían la utilización de dicho parámetro para
cuantificar una supuesta afectación al Good Will empresarial, ni para demostrar que
la revocatoria de la licencia hubiera generado una disminución verificable en la
actividad económica de la sociedad demandante.
377. Por su parte, en el apartado de ausencia de desarrollo de nuevos
proyectos, el dictamen plantea que la revocatoria de la licencia habría generado la
pérdida de oportunidades de negocio, razón por la cual se estima dicho perjuicio en
la suma de $12.800.000.000, valor que posteriormente es objeto de actualización
mediante la aplicación de una fórmula de indexación basada en el Índice de Precios
al Consumidor.
378. La Sala observa que el dictamen no identifica en relación con este punto, los
proyectos concretos cuya ejecución se hubiera visto frustrada como consecuencia
de los hechos analizados, ni aporta documentos, estudios de mercado, propuestas
comerciales, negociaciones adelantadas o cualquier otro elemento probatorio que
permita establecer la existencia real de oportunidades de negocio que se hubieran
perdido a causa de la revocatoria de la licencia.
379. En esas condiciones, el cálculo presentado por la perito se sustenta
únicamente en estimaciones formuladas por la parte demandante, las cuales son
objeto de actualización mediante operaciones aritméticas, sin que se acrediten los
supuestos fácticos que permitirían concluir que tales perjuicios en realidad se
materializaron y que guardan una relación directa con los hechos objeto del proceso.
380. Se considera que las cifras presentadas en este apartado del dictamen
tampoco permiten tener por acreditados los daños extrapatrimoniales alegados, en
la medida en que se fundamentan en supuestos hipotéticos y en estimaciones
carentes de soporte probatorio dentro del expediente, el cual únicamente cuenta
con documentos relativos a la licencia de construcción, algunos planos, recortes de
periódico y contratos de arrendamiento, elementos que no resultan suficientes para
demostrar la afectación intangible que se pretende indemnizar.
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381. En consecuencia, la Sala concluye que el dictamen pericial no ofrece
elementos técnicos ni probatorios suficientes que permitan tener por acreditada la
existencia ni la cuantía de los perjuicios alegados por la parte demandante, en la
medida en que varias de las partidas analizadas se sustentan en supuestos no
demostrados, estimaciones no verificadas y operaciones de actualización aplicadas
sobre valores cuya causación no ha sido debidamente acreditada dentro del
proceso. Por tal razón, el dictamen no resulta idóneo para sustentar el
reconocimiento indemnizatorio pretendido.
382. En relación con el dictamen pericial elaborado por la auxiliar de la justicia
Luz Aurora Aldana, con el propósito de acreditar el daño emergente que se habría
ocasionado con ocasión de la revocatoria de la licencia de construcción del edificio
Prime Tower, la Sala observa que presenta serias limitaciones metodológicas y
probatorias que impiden otorgarle la eficacia demostrativa pretendida.
383. En primer lugar, se advierte que el experticio no constituye un análisis técnico
autónomo sobre la existencia y cuantificación del perjuicio alegado. La propia perito
señala expresamente que las operaciones realizadas se fundamentan en los
valores previamente establecidos en el dictamen elaborado por Migdaly Alcira
Moreno García (el cual estudió la Sala con antelación), limitándose su intervención
a efectuar operaciones de actualización monetaria y liquidaciones aritméticas sobre
dichas cifras. En tales condiciones, el dictamen no verifica ni explica la metodología
que permitió determinar los valores de base utilizados, ni examina los supuestos
fácticos y económicos que dieron origen a tales estimaciones, circunstancia que
reduce significativamente su capacidad para acreditar la realidad del daño y su
cuantía.
384. A ello se suma que el dictamen incorpora dentro de la liquidación rubros que
responden a conceptos heterogéneos. En efecto, dentro del cuadro final se incluyen
simultáneamente el valor del inmueble en su estado actual y la supuesta pérdida de
valor comercial del edificio, como si se tratara de perjuicios autónomos susceptibles
de ser acumulados. Tal aproximación resulta metodológicamente improcedente,
pues el valor actual del inmueble constituye una referencia patrimonial del bien,
mientras que la pérdida de valor comercial representa, en caso de acreditarse, una
disminución de ese mismo valor; por consiguiente, no pueden ser sumados como si
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se tratara de conceptos separados, so pena de incurrir en una duplicidad en la
cuantificación del perjuicio.
385. Por otra parte, el dictamen incluye dentro del daño emergente diversos gastos
asociados a honorarios profesionales, pólizas de seguro, publicidad del proyecto
inmobiliario y gastos de reproducción documental. No obstante, el análisis del
expediente permite advertir que tales erogaciones corresponden, en su mayoría, a
costos propios del desarrollo del proyecto o a actuaciones de defensa jurídica
adelantadas por la sociedad demandante frente a las decisiones administrativas
adoptadas en el trámite urbanístico. En particular, los honorarios facturados por la
firma Pinilla González & Prieto se relacionan con la elaboración y trámite de
recursos administrativos contra las decisiones adoptadas por la autoridad
urbanística, mientras que los honorarios del profesional Edgar Alfredo Garzón
corresponden a la emisión de un concepto jurídico sobre la revocatoria de la
licencia. Tales gastos, aun cuando pudieran considerarse vinculados al conflicto
administrativo suscitado, no constituyen por sí mismos un detrimento patrimonial
que deba ser indemnizado, en la medida en que corresponden a costos ordinarios
asumidos por la parte interesada en el ejercicio de su defensa o en el desarrollo del
proyecto empresarial.
386. De igual manera se incorporan valores relacionados con una póliza de seguros
y con gastos de publicidad del edificio, conceptos que tampoco pueden ser
considerados como perjuicios derivados de la revocatoria de la licencia de
construcción. La contratación de pólizas y la promoción comercial de un proyecto
inmobiliario hacen parte de las decisiones de gestión empresarial adoptadas por el
promotor del proyecto y no constituyen erogaciones que puedan trasladarse a la
Administración a título de indemnización, salvo que se demuestre de manera clara
que tales gastos se tornaron inútiles o se perdieron definitivamente como
consecuencia directa del acto administrativo cuestionado, circunstancia que no fue
analizada ni demostrada en el dictamen pericial.
387. Aunado a lo anterior, se introducen dentro de la estimación del perjuicio dos
rubros que la propia perito califica como daño emergente eventual,
correspondientes a los gastos de traslado de arrendatarios y al valor de las mejoras
realizadas por estos en los espacios arrendados. Sin embargo, el dictamen
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reconoce expresamente que tales valores se estiman bajo la hipótesis de que se
llegase a ordenar la demolición del edificio, supuesto que no se encuentra
acreditado en el expediente.
388. En línea con lo expuesto, se destaca que dentro del proceso no obra prueba
alguna de que se haya ordenado la demolición del inmueble ni producido la
terminación anticipada de los contratos de arrendamiento como consecuencia de la
revocatoria de la licencia de construcción. De esta manera, los montos incluidos por
tales conceptos se sustentan en escenarios meramente hipotéticos y futuros, lo cual
resulta incompatible con el carácter cierto y actual que debe reunir el daño para que
pueda ser objeto de reparación en sede judicial.
389. Adicionalmente, la metodología empleada para la actualización de los valores
presenta inconsistencias que restan solidez técnica a las conclusiones del dictamen.
En particular se aplica de manera acumulativa la indexación por índice de precios
al consumidor y un interés técnico del 6% anual efectivo sobre los valores históricos
considerados. No obstante, el dictamen no ofrece una explicación que justifique la
procedencia de dicho interés adicional ni distingue entre los diferentes tipos de
perjuicios cuya actualización pretende realizar. La jurisprudencia de esta
Corporación 58 ha señalado que la indexación monetaria tiene como finalidad
preservar el poder adquisitivo de las sumas reconocidas, por lo cual la aplicación
adicional de intereses debe responder a supuestos específicos que no fueron
identificados ni desarrollados en el dictamen analizado.
390. En suma, se advierte que el dictamen pericial no permite acreditar de manera
suficiente la existencia ni la cuantía del daño emergente reclamado por la parte
demandante.
391. Realizado el análisis correspondiente, vale la pena recordar que en providencia
reciente de esta Sección59, se reiteró que el dictamen pericial constituye un medio
de prueba dirigido a ilustrar al juez sobre aspectos técnicos o especializados del
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas,
Sentencia del 23 de marzo de 2017. Radicación número: 68001-23-31-000-2008-00329-01(2284-
13).
59 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta,
Sentencia del 19 de febrero de dos mil veintiséis (2026), Número único de radicación: 25000 23 24
000 2006 00115 02.
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litigio, pero su valor demostrativo depende de la solidez de la metodología empleada
y de la correspondencia de sus conclusiones con los elementos de prueba obrantes
en el expediente.
392. Sobre el particular, la jurisprudencia citada precisó, con fundamento en criterios
reiteradamente sostenidos por esta Corporación, lo siguiente:
«En este punto, la Sala pone de relieve que la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos
requiere que: «(i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los
hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal
y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de
otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar
auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y
responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el
desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su
imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el
dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras,
firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean
conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la
contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras
pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé
cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas60»61.
En ese sentido, es relevante indicar que esta Corporación manifestó en
sentencia del 28 de agosto de 2019, que el Juez en virtud del principio de la
sana crítica puede desligarse de lo dicho en una prueba pericial cuando la
misma carezca de una fundamentación seria que sustente sus conclusiones;
veamos:
«Cuando la prueba pericial evidencia tal grado de carencia de fundamentos
serios que sustenten sus conclusiones, la facultad que le asiste a la Sala para
valorar la comunidad probatoria recaudada de conformidad con las reglas de la
sana crítica, le permite prescindir de tal experticia, según se desprende de lo
preceptuado por los artículos 237 (numeral 6) y 241 -inciso primero- del Código
de Procedimiento Civil, que dicen:
“Artículo 237. Práctica de la prueba. En la práctica de la peritación se procederá
así:
“(…).
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, exp. 27959, C.P. (E)
Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella
Correa Palacio.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 28 de abril de 2021, expediente nro. 25000-23-26-000-2008-00105-01(48436).
Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero.
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“6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los
exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.
“(…).
“Artículo 241. Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en
cuenta la firmeza, precisión y claridad de sus fundamentos, la competencia de
los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”.
Sólo al juez, en consecuencia, corresponde apreciar cuál es la fuerza de
convicción que debe reconocerse al dictamen, sin que esté obligado a aceptarlo
cuando no reúna los requisitos legalmente exigidos para su validez y eficacia.
Una sujeción absoluta, inopinada y acrítica respecto de la pericia convertiría al
juez en un autómata y a los peritos en verdaderos decisores de la causa»62
(Subrayas de la Sala).
393. A la luz de los criterios expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación
sobre la valoración de la prueba pericial, la Sala concluye que los dictámenes
rendidos por las auxiliares de la justicia Migdaly Moreno García y Luz Aurora Aldana
García no reúnen las condiciones de solidez técnica, claridad metodológica y
respaldo probatorio necesarias para acreditar la existencia ni la cuantía de los
perjuicios alegados por la parte demandante.
394. En efecto, mientras el primero se apoya principalmente en apreciaciones
generales y en estimaciones que no fueron debidamente sustentadas con soportes
técnicos verificables, el segundo se limita en buena medida a realizar operaciones
de actualización financiera sobre valores previamente propuestos en el experticio
anterior, sin verificar los supuestos fácticos y económicos que les sirven de
fundamento.
395. En estas condiciones, y atendiendo a las reglas de la sana crítica que
gobiernan la apreciación de la prueba pericial, la Sala considera que ninguno de los
dictámenes practicados en el proceso ofrece la consistencia técnica y probatoria
necesaria para demostrar los perjuicios cuya indemnización pretende la parte
actora, razón por la cual no es posible tener por acreditada la cuantificación del daño
alegado.
396. Por lo expuesto no se accederá a las pretensiones indemnizatorias.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”.
Sentencia del 28 de agosto de 2019. Proceso radicado número: 250002326000200901007 01.
Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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10.7. Condena en costas
397. De conformidad con el artículo 171 del CCA, en consonancia con el artículo 55
de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en
la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u
oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de
colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de
recursos con un interés meramente dilatorio”63.
398. En el caso concreto, la parte demandada actuó en ejercicio legítimo de su
derecho de defensa y contradicción, sin que se advierta una conducta temeraria,
dilatoria o carente de fundamento razonable en su actuación procesal. En
consecuencia, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la objeción por error grave presentada por
la entidad demandada contra el dictamen pericial rendido por la perito Luz Aurora
Aldana García, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el 4 de noviembre de 2021, por las
razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 00506
del 01 de junio de 2006 y 00955 del 12 de octubre de 2006 expedidas por la
Dirección del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá D.C.
(hoy Secretaría Distrital de Planeación) y la Resolución 0027 del 10 de enero de
2007 expedida por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C., por las
63 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.
Ricardo Hoyos Duque.
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razones expuestas en la parte motiva.
CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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