Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00085-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00085-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2015-00085-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
15 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA
TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ACUSADO, POR CUANTO
LA AUTORIDAD AMBIENTAL OMITIÓ LA CONSULTA PREVIA EN EL
TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL SOLICITADA PARA UN
PROYECTO DE HIDROCARBUROS.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS
U´WA, en ejercicio del medio de control de nulidad, tendiente a que
se declare la nulidad de la Resolución núm. 0803 de 24 de septiembre
de 2012, «Por la cual se otorga una licencia ambiental y se
toman otras determinaciones», expedida por la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)1.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La demanda
La ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y
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En adelante la ANLA.
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CABILDOS U´WA, actuando a través de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-CPACA2, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a
obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 0803 de 24 de
septiembre de 2012, «Por la cual se otorga una licencia
ambiental y se toman otras determinaciones», expedida por la
ANLA.
I.2.- Hechos
La actora en la demanda adujo, en síntesis, los siguientes hechos:
1°. Que a través de la Resolución núm. 56 de 6 de agosto de 1999,
el entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria -INCORA-
amplió el territorio de las comunidades indígenas U´wa, lo que
implicó que sus límites, en el sector norte, quedaran definidos de la
siguiente manera:
«[…] la orilla derecha de la carretera en sentido general sudeste
hasta encontrar la Quebrada China, de allí se sigue aguas abajo
hasta la desembocadura del río Cubugón (Keroá) (...) de este
punto se sigue aguas abajo del río Cubugón (Keroá) hasta el
punto situado a un kilómetro antes del puente sobre el río
Cubugón en cruce de la carretera que conduce de Samoré a
2
En adelante CPACA.
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Cubará […]».
2°. Agregó que desde el año 2000 la comunidad U´wa ha sido víctima
de afectaciones graves a los derechos humanos, con ocasión de
diferentes situaciones, entre ellas, «[…] dos desalojos forzados
llevados a cabo en los Pozos Gibraltar 1 y 2 de Ecopetrol, donde
miembros de la Policía hicieron uso injustificado de la fuerza letal,
generando graves consecuencias humanitarias como
desplazamientos y confinamientos forzados, torturas, amenazas
contra líderes indígenas que se oponían al funcionamiento de los
pozos petroleros […]».
3°. Sostuvo que el 9 de diciembre de 2010 ECOPETROL S.A.3 radicó
ante la ANLA estudio de impacto ambiental para el desarrollo del
proyecto Área de Perforación Exploratoria Magallanes —APE
Magallanes—, en el que estableció como área de influencia directa
(AID) y área de influencia indirecta (AII) los cuerpos hídricos
conformados por la quebrada La China y el río Cubugón en dirección
hacia el norte, y no hacia el sur, que es, precisamente, el lugar de
ubicación del Resguardo Unido U´wa «[…] ignorando de contera los
impactos ambientales, socioculturales y espirituales que tendría la
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En adelante Ecopetrol
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cercanía del proyecto de perforación exploratoria Magallanes a los
cauces de la quebrada y el río destacados, en el específico sentido
que éstos pueden ser considerados como lugares sagrados para el
ejercicio de la espiritualidad colectiva del pueblo U'wa, sin obviar que
de los mismos, las y los U'was además beben y pescan en un
contexto de riesgo en el que la plataforma de perforación se
encuentra bastante cerca de dichas áreas, lo cual es un latente
peligro de contaminación si alguno de estos cuerpos de agua llegara
a desbordarse […]».
4°. Manifestó que mediante el concepto técnico 1447 de 31 de agosto
de 2012 la ANLA determinó que la perforación a realizarse sería
rotacional, con una profundidad proyectada de 8.000 a 15.000 pies
y con «[…] una tecnología direccional para la desviación requerida de los
pozos, en caso de que las condiciones de la perforación y redefinición de
objetivos así lo ameriten, de manera que eventualmente el taladro podría
ser redirigido hacia la cuenca conformada por el río Cubugón y la quebrada
La China y, por ende, hacia porciones del subsuelo asociadas al Resguardo
Unido U'wa […]».
5°. Alegó que a través de la Resolución 0803 de 24 de septiembre
de 2012, acto demandado, la ANLA otorgó a Ecopetrol la licencia
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ambiental para el desarrollo del proyecto APE Magallanes.
6°. Señaló que el 1o. de mayo de 2014 el pueblo U’wa y el Gobierno
nacional suscribieron un acuerdo, mediante el cual se dispuso
conformar, de manera bilateral, un grupo de expertos técnicos
encargado de realizar un estudio sobre los impactos
socioambientales que podría generar el proyecto Magallanes en el
territorio U’wa. Asimismo, el 6 de junio de ese año, las partes
acordaron la creación de una comisión técnica paritaria para la
definición de los términos de referencia del referido estudio conjunto,
a cargo del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad
Nacional.
7°. Afirmó que en reunión realizada en el Distrito Capital el 17 de
junio de 2014, el Gobierno nacional y el pueblo U´wa convinieron
que este último presentaría una propuesta de términos de referencia
el 20 de junio siguiente, mientras que aquél haría sus observaciones
el día 24 del mismo mes, para que el 27 de junio se llegara a una
conclusión definitiva.
8°. Indicó que en un acto que desconoció la dignidad de las
autoridades ancestrales y tradicionales U’wa, el Gobierno nacional
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desatendió los términos presentados el 20 de junio de 2014 y,
adicionalmente, rechazó un comunicado del Resguardo en el que se
solicitaba interpretar el silencio gubernamental como aceptación de
sus pretensiones.
I.3.- Fundamentos de derecho
Como sustento de la pretensión anulatoria, la parte actora afirmó que
la resolución demandada vulneró los artículos 13 y 14 del Convenio
169 OIT; 3° y 8.1. de la Resolución 61/295 de la Asamblea General
de la ONU; 25 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre
Medio Ambiente y Desarrollo; el preámbulo del Convenio de Río de
1992 sobre la Diversidad Biológica; el Apéndice I de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas; los
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU
(Principio 5); los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos
y el Desplazamiento generados por el desarrollo (Principios IIA12 y
IIC28); los artículos 1°, 7°, 8°, 13, 70, 79, 80, 93 y 330, parágrafo,
de la Constitución Política; 2°, numeral 2, 8°, 9° y 302 del Decreto
2811 de 18 de diciembre de 19744; 1°, -numerales 1 a 4 y 6 a 12-,
4
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.”
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3°, 42 y 43 de la Ley 99 de 22 de diciembre 19935; y 10°, 11 y 44
del Decreto Ley 4633 de 9 de diciembre de 20116:
Concretamente, señaló los siguientes cargos de violación:
«Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa del
territorio del pueblo U’wa»: en este cargo, la actora se refirió a:
la violación del derecho a la integridad cultural y a la salvaguarda de
la supervivencia física y cultural del sujeto colectivo U’wa y al
incremento del riesgo desproporcionado al que se encuentra
sometido el pueblo U’wa por el conflicto armado.
Violación del derecho a la integridad cultural y a la
salvaguarda de la supervivencia física y cultural del
sujeto colectivo U’wa
Sostuvo la actora que según lo preceptuado en el artículo 44 del
Decreto Ley 4633 de 2011, la integridad cultural de los pueblos
indígenas comprende el medio material y los sistemas simbólicos o
de representaciones que configuran el ámbito intangible y espiritual
5
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
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“Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”
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que otorga sentido de pertenencia a los miembros de un pueblo
indígena en relación con el sujeto colectivo al que éstos pertenecen.
Mencionó que, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia
constitucional, se entiende como daño a la integridad cultural toda
«afectación y profanación de origen externo sobre los sistemas de
pensamiento, organización y producción que son fundamento
identitario, otorgan sentido a la existencia individual y colectiva, y
diferencian a un pueblo indígena de otros pueblos».
Explicó que las comunidades indígenas sufren un proceso socio
cultural denominado «aculturación» que consiste en la adaptación
forzosa de un individuo o de un grupo étnico, social o cultural a los
cánones identitarios de otra cultura, cuya afirmación en la vida propia
y grupal se presenta inevitable e impuesta por el contacto forzado
que se tiene con ella. Dicho proceso de «aculturación» se incrementa
por la imposición no consentida de proyectos de desarrollo ajenos al
plan de vida del pueblo indígena, así como también por exposición a
procesos violentos de «desterritorialización» mediante fenómenos de
desplazamiento forzado, confinamiento territorial e incremento de la
presencia de grupos armados.
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Puso de presente que la Corte Constitucional, en el auto 004 de 2009,
sostuvo que la comunidad U'wa está en riesgo de ser exterminada
desde el punto de vista físico y cultural, con ocasión del
desplazamiento forzado derivado por el conflicto armado y sus
factores subyacentes y asociados, que responden a «procesos
territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto interno que
afecta los territorios tradicionales y las culturas indígenas».
Con fundamento en lo narrado, señaló que con el fin de evitar la
afectación de «la vida e integridad individual de los miembros del
pueblo U’wa y la supervivencia física y cultural de la Nación U’wa
como sujeto colectivo que se diferencia de los demás», era
imprescindible que la autoridad ambiental involucrara a la comunidad
U’wa en el proceso de licenciamiento con el fin de poder dar a conocer
«los intangibles culturales y espirituales que deben ser protegidos
desde la perspectiva de la preservación de la cosmovisión U’wa, lo
cual, incluso, debió protegerse desde el momento de definición del
AI del proyecto APE Magallanes».
Comentó que la aprobación del proyecto «a espaldas del pueblo
U’wa», afectó su territorio ancestral, desconoció su integridad
cultural e impuso un proyecto de perforación del subsuelo que atenta
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contra su cosmovisión espiritual y, particularmente:
• Desconoce el carácter sagrado y el uso vital de los cuerpos de
agua de las cuencas del Río Cubogón y la Quebrada La China,
las cuales son consideradas sagradas por el pueblo U’wa, con
un valor cultural, religioso y místico. Estas fuentes de agua
potable y pesca tradicional sirven de autoabastecimiento de la
comunidad, pero se han visto limitadas debido a que el
proyecto APE Magallanes y la militarización de la zona han
reducido prácticas ancestrales como la pesca nocturna,
afectando la integridad espiritual y la supervivencia física y
cultural del pueblo.
• Altera el paisaje y no considera la afectación espiritual, en
tanto el análisis paisajístico del AID ignoró la relación cultural
y cosmogónica de la comunidad U’wa con su territorio,
limitándose a criterios estéticos. Asimismo, la instalación del
taladro y la infraestructura del pozo Magallanes genera un
grave agravio espiritual que «vulnera el equilibrio natural y
simbólico que sustenta la cosmovisión U’wa, afectando el
territorio Kerá Chikará y su deidad Sira».
• No se realizó un análisis profundo ni se incorporó el
conocimiento ancestral U’wa en la identificación de especies, lo
que impidió un levantamiento adecuado de la información
biótica. Aunado a ello, el EIA no efectuó ningún análisis basado
en una construcción colectiva del conocimiento a partir de la
tradición oral de la comunidad que permitiera identificar la
biota involucrada en las áreas de afectación, como tampoco se
tuvo en cuenta el conocimiento ni la simbología cultural.
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Agregó que en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs.Paraguay,
(sentencia de 17 de junio de 2005), la Corte IDH advirtió que «al
desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las
comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar
afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad
cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y
sus miembros». Lo anterior, en armonía con lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-129 de 2011, en la que mencionó
que «no se puede obligar a una comunidad étnica a renunciar a su
forma de vida y cultura por la mera llegada de una obra de
infraestructura o proyecto de explotación».
Violación del derecho a la protección integral ante el
impacto desproporcionado del conflicto armado
Narró la demandante que la Corte Constitucional, a través del auto
004 de 2009, ordenó al Gobierno nacional diseñar un programa de
garantías para los 34 pueblos indígenas expuestos al exterminio
físico y cultural con ocasión del conflicto armado y los procesos
territoriales y socioeconómicos conexos al mismo, entre los cuales se
encuentra incluida la comunidad U’wa. Como parte de los
compromisos de las autoridades se señalaron los siguientes:
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«(i) prevenir el desplazamiento, (ii) anticipar o responder al
confinamiento, (iii) atender a los indígenas desplazados, no
sólo desde una perspectiva individual sino valorando la
dimensión colectiva de sus derechos; (iv) actuar con plena
determinación frente a las conductas delictivas asociadas al
desplazamiento; y (v) evitar el exterminio cultural o físico de
las etnias más amenazadas».
Corolario de lo anterior, estimó la demandante que en el caso de la
licencia del proyecto APE Magallanes la intervención institucional
para la garantía constitucional especial en favor del pueblo U’wa,
implicaba que:
«1) La aprobación o licencia del APE Magallanes debió estar
precedida de la activación de medidas especiales de
protección territorial, especialmente debió verse aprobada
solamente, y de manera previa, en el marco de una ruta
étnica de protección de tierras y territorio, que deben poner
en marcha en conjunto el Incoder, la Superintendencia de
Notariado y Registro, la Unidad Nacional de Tierras del
Ministerio de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) y el Proyecto de Protección de Tierras de
Acción Social (hoy Unidad Administrativa de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas).
2) La aprobación o licencia del APE Magallanes debió estar
precedida por la verificación del cumplimiento de los
artículos 10 y 11 del Decreto Ley 4633 de 2011 según los
cuales, “en los casos en que por causas asociadas con el
conflicto armado interno y sus factores subyacentes y
vinculados el pueblo o la comunidad indígena hayan perdido
o estén en riesgo de perder el acceso a los lugares sagrados
y en general a su ámbito social, económico y cultural, el
Estado, tomando en cuenta las condiciones de seguridad
imperantes, garantizará el pleno disfrute de los mismos, de
conformidad con la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho
Mayor o Derecho Propio" y “el Estado garantizará la
protección de los territorios de ocupación histórica o
ancestral de los pueblos o comunidades en los términos
establecidos en los artículos, 13, 14 y 15 del Convenio 169
y del artículo 63 de la Constitución Política",
respectivamente.
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3) La aprobación o licencia ambiental del APE Magallanes
debió realizarse en el marco de condiciones establecidas
previamente en el Plan de Salvaguarda de la Nación U’wa,
ordenado en el Auto 004 de 2009. De no existir aún el Plan
señalado, el Estado estaba en la obligación de tomar
decisiones en favor de la protección integral de la
supervivencia física y cultural del pueblo U’wa o de
abstenerse de realizar aquellas que impidieran dicha
protección.
4) La aprobación y licencia del proyecto APE Magallanes
debió realizarse en el marco de una verificación previa de los
riesgos humanitarios a los que se encuentra expuesta,
histórica y actualmente, la Nación U’wa. Dicha verificación
solamente era posible realizarla en un espacio en el que se
solicitara el consentimiento al pueblo indígena y en el que
éste pudiera ejercer su objeción cultural al proyecto. Espacio
por lo demás totalmente ausente en el proceso de
licenciamiento del proyecto en cuestión. En este caso, de
demostrarse que el proyecto incrementaría el riesgo
desproporcional y diferenciado de victimización al que se
encuentra expuesto el pueblo U’wa, el Estado debería
abstenerse de concederle licencia o aprobación».
Insistió en que la situación de vulnerabilidad de la comunidad U´wa
con ocasión del conflicto armado que se desarrolla en su territorio se
incrementa con la ejecución del proyecto APE MAGALLANES, debido
a que hay una pérdida de movilidad dentro del territorio por la
militarización de la zona que impide a los miembros de la comunidad
realizar sus actividades religiosas; hay un incremento de la acción
bélica de los grupos armados con ocasión de la explotación de
hidrocarburos que afecta directamente los derechos de la comunidad
étnica; y hay un aumento de los fenómenos individuales y grupales
de desplazamiento forzado y confinamiento territorial.
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«Irregularidades en la expedición del acto demandado e
infracción de normas en las que debía fundarse»: en este
cargo, la actora se refirió a: la indebida determinación de las áreas
de influencia directa e indirecta del Proyecto Magallanes, en relación
con el medio socioeconómico y a la violación del principio de
precaución o tutela ambiental.
Indebida determinación de las áreas de influencia
directa (AID) e indirecta (AII) del Proyecto Magallanes,
en relación con el medio socioeconómico
Adujo la actora que el acto acusado desconoció los preceptos
constitucionales que establecen el derecho a la igualdad y al debido
proceso, así como la autonomía de los pueblos indígenas.
Mencionó que el proyecto aprobado por la ANLA impactó el territorio
U’wa, el cual no puede reducirse únicamente al resguardo
formalmente reconocido, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en armonía con
los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, el título jurídico que
otorga derechos territoriales a los pueblos indígenas en relación con
sus tierras y el hábitat cultural en el que estas se encuentran
insertas, no es el instrumento formal que el Estado llega a reconocer
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a través de sus mecanismos institucionales (como sucede con la
figura de la constitución de resguardos), sino la estrecha relación
ancestral y consuetudinaria que los pueblos indígenas mantienen con
el territorio.
Señaló que el acto administrativo omitió considerar la existencia del
Resguardo Unido U’wa, delimitado por la Resolución 56 de 1999 del
INCORA, colindante con áreas críticas como el Río Cubogón y la
quebrada La China, lo que conllevó la invisibilización del carácter
ancestral de la posesión ejercida por dicha comunidad sobre áreas
coincidentes con las áreas de influencia directa e indirecta del
proyecto señaladas en el estudio de impacto ambiental (EIA).
Agregó que ello implicó no solo una afectación grave al territorio
ancestral y cultural de la Nación U’wa, sino también el
desconocimiento de sus derechos culturales, espirituales y de su
personalidad jurídica, debido a la influencia directa que el proyecto
aprobado ejerce sobre cuerpos de agua que, para dicha comunidad,
constituyen lugares sagrados.
Violación del principio de precaución o tutela ambiental
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Afirmó que la Corte Constitucional ha sostenido que el principio de
precaución o tutela se aplica en los casos en que el riesgo o la
magnitud del daño que puede sobrevenir no son conocidos con
anticipación, debido a la limitación del conocimiento científico, de
manera tal que no hay forma de establecer los posibles efectos
nocivos del desarrollo de determinado proyecto. Adicionalmente, el
Estado colombiano ha suscrito tratados internacionales, como el
Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992, en
los que reconoce el principio de precaución como eje fundamental en
las decisiones relacionadas con la protección del medio ambiente, por
lo que dicho principio integra el bloque de constitucionalidad en
sentido estricto.
Destacó que el principio de precaución se refleja en los deberes de
protección y prevención previstos en los artículos 79 y 80 de la
Constitución y en las disposiciones del Código de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974), que se refieren al ambiente como
patrimonio común que exige prevenir efectos nocivos en la
explotación de recursos; asimismo, la Ley 99 de 1993 integra el
principio de precaución como criterio rector de la política ambiental,
indicando que la falta de certeza científica no debe impedir la
adopción de medidas eficaces para evitar daños graves e
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irreversibles.
Anotó que de conformidad con el artículo 57 de la Ley 99, el área de
influencia comprende todas las zonas bióticas, abióticas,
atmosféricas, culturales, sociales y económicas que puedan
presentar un impacto directo o indirecto, positivo o negativo,
acumulativo o puntual dentro de un límite espacial y temporal; es
decir, que se tiene que delimitar teniendo en cuenta las unidades
fisiográficas naturales sistémicas, y su relación con la visión
cosmogónica ancestral o cultural de las comunidades presentes en el
área.
En particular, sostuvo que el estudio de impacto ambiental (EIA), que
sirvió de soporte a la expedición de la licencia demandada, contiene
altos grados de incertidumbre que impiden determinar elementos
como la adecuada localización del proyecto, la cual se fijó en una
escala de 1:250.000, siendo la adecuada la de 1:1000 con miras a
obtener la representación en el mapa de los elementos fisiográficos
y naturales (cuerpos de agua, relieve), infraestructura, carreteras y
viviendas.
Agregó que la aludida incertidumbre en relación con las escalas
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empleadas para la localización del proyecto generó una afectación
grave a los derechos de los miembros de la comunidad U’wa, pues si
bien el APE Magallanes no se encuentra traslapado con resguardos
indígenas legalmente reconocidos, desde una perspectiva
estrictamente geofísica, se ubica a tan solo 270 metros del
Resguardo Unido U’wa, distancia en la cual los impactos del proyecto
tienen una incidencia cierta y significativa.
Respecto de las presuntas deficiencias del componente de geología
del EIA, la actora enumeró las siguientes:
«[…] No hay una geología detallada basada en observaciones
ni mediciones de campo que permitan elaborar un modelo
hidrogeológico conceptual ni geotécnico idóneo y que
comprenda el comportamiento del agua a nivel regional.
(…)
se aprecia gran cantidad de fracturas susceptibles de ser
medidas y tratadas estadísticamente para generar un centroide
de las tendencias de fracturamiento y orientación de las capas
observadas correspondientes al nivel 5 de la Formación
Carbonera. Además, las imágenes de la quebrada La China
evidencian un patrón de fracturamiento con alta densidad de
discontinuidades, lo que se puede comportar como un medio
conductor de fluidos para recarga y descarga de acuíferos.
(…)
Las unidades de depósitos no litificados (terrazas aluviales y
depósitos aluviales recientes) son según la descripción
litológica, de textura heterogénea en los granos y la matriz de
composición arenosa, potenciales acuíferos, lo que los hace
objeto de protección ambiental especial.
(…)
El corte geológico comprende fallas normales sub-verticales
(Falla de la China), lo que hace de la zona de perforación un
área con amenaza sísmica latente, en particular en una
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eventual etapa de explotación.
(…)
Las unidades geológicas de origen aluvial presentan cauces
intermitentes con caudales que dependen del aporte de
infiltración de las corrientes de agua superficial y de las
unidades geológicas superficiales (terraza alta), lo que indica
que un impacto a cualquiera de estos dos elementos
almacenadores podría generar una amenaza a la disponibilidad
de agua en cauces y eventualmente generar daños
ambientales.
(…)
En lo referente a las fallas geológicas, su caracterización es casi
nula
(…)
La geología estructural es deficiente pues no caracteriza las
discontinuidades como potencial agente transmisor de fluidos
(agua, aceites, gases, contaminantes) […]».
En relación con el componente de geomorfología, señaló:
«[…] La quebrada La China y el río Cubogón se clasifican como
ríos meándricos, afirmación errada al no tener en cuenta que
estos se caracterizan por tener un radio de sinuosidad mayor a
1,5 (SR: longitud del canal / longitud del valle aluvial), cauces
con curvas alternadas unidas por tramos rectos y cortos, lagos
abandonados a lado y lado del cauce, valles y llanuras de
inundación amplias y normalmente se encuentran en llanuras
bien desarrolladas (Gracia & Maza , 1997; Guevara , 2003) lo
cual evidentemente no caracteriza ni a la quebrada La China ni
al río Cubogón, los cuales son cauces de montaña, limitados
por lechos de roca que limitan el desarrollo de meandros.
Teniendo en cuenta la cercanía del proyecto al cauce de los ríos
es necesario realizar el perfil de cada uno, no solo al área
limitada por el polígono APE sino en sentido más regional, con
el fin de identificar y clasificarlos correctamente, y de esta
manera definir su comportamiento y posibles amenazas
asociadas a éste […]».
Sobre los aspectos geotécnicos y de amenaza sísmica, resaltó:
«[…] Ausencia de caracterización de macizo rocoso. Es
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necesario establecer la calidad de macizo rocoso en términos
de disposición estructural de familia de diaclasas y fracturas.
(…)
No se realiza la caracterización de las fallas activas en términos
de zonificación de amenaza sísmica. Según el EIA - APE
Magallanes dentro de los aspectos locales se identifican tres (3)
fallas geológicas: Falla de Samoré, Falla de Banderas y Falla de
La China, pero no se realiza zonificación de amenaza sísmica
local.
(…)
No se realiza caracterización geotécnica de los materiales para
establecer comportamiento dinámico en el área de influencia
directa (…) no se realizó una caracterización geotécnica para
establecer los parámetros dinámicos como lo son la
caracterización física (densidad, peso unitario, relación de
vacíos, humedad), ensayos dinámicos en campo o en
laboratorio como carga cíclica, velocidad de corte, down hole,
entre otros.
No se realiza identificación o zonificación de amenaza por
procesos de remoción en masa.
(…)
Deficiencias en la caracterización y zonificación geotécnica. No
se realiza la caracterización geotécnica de materiales (suelo,
depósitos, roca), por lo cual, no se conocen los parámetros
geomecánicos que permitirían establecer las condiciones de
estabilidad geotécnica del terreno dentro del área de estudio.
Adicionalmente, a pesar que dentro del Estudio se menciona
que se realizó la zonificación geotécnica, con base en la
metodología de Ambalagan (1992), ésta no fue utilizada y las
variables que son analizadas como tectónica, riesgo sísmico,
procesos morfodinámicos, para establecer las condiciones y el
grado de estabilidad geotécnica, carecen de sustento técnico,
de manera que sus resultados no aportan el conocimiento
necesario para evitar afectaciones al ambiente y población
cercana bajo el PMA - APE Magallanes.
(…)
Se incurre en una contradicción en relación con la clasificación
de amenaza por licuación para los depósitos de terraza
representada en el mapa "Riesgos y amenazas" (donde se
encuentra ubicada la plataforma de perforación) por cuanto
ésta es señalada como baja. Sin embargo, dentro del sustento
teórico se explican características que hacen que los materiales
sean muy susceptibles a procesos de licuefacción (clasificación
alta) […]».
En cuanto al componente de aguas, destacó:
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«[…] El modelo hidrogeológico planteado tiene en cuenta líneas
de flujo inferidas a partir de los ángulos de buzamiento y la
pendiente de los estratos, pero no considera un factor tan
importante como la porosidad secundaria por fractura, que
siendo intensa también modela las direcciones preferenciales
de flujos.
(…)
En cuanto a los flujos locales o unidades hidrogeológicas
someras, sobre los cuales se centra el modelo hidrogeológico
conceptual, no se encuentra un vínculo entre la hidrología de
la zona y la hidrogeología.
(…)
En la evaluación cuantitativa de la vulnerabilidad de las
unidades hidrogeológicas, se definieron valores puntuales para
toda un área, sin tener en cuenta la interrelación de la zona
con la región.
(…)
La clasificación de la topografía de 12-18% de pendiente no
aplica sino para las zonas de ladera, sin embargo, en la
ponderación para la elaboración del modelo se usa para toda el
área, despreciándose el valor de la zona donde se ubicará la
plataforma de perforación.
(…)
Se presentan datos de baja conductividad hidráulica, sin partir
de análisis de campo.
(…)
En cuanto a los depósitos coluviales, existen incoherencias en
los planteamientos pues si bien "se estima que es de baja
productividad” también se afirma que "surte varios nacederos
intermitentes”.
(…)
Existe una omisión total de las consideraciones de fracturas en
las secuencias rocosas […]».
En lo referente al componente ecosistémico, dijo:
«[…] La descripción de cobertura vegetal que realiza el EIA que
hace parte integral de la licencia demandada es insuficiente
porque en relación con las coberturas identificadas no se indica
cuánta área cubren éstas en relación con el total del AI.
(…)
La licencia ambiental demandada avala la inexistencia de un
análisis detallado de la configuración y la estructura del paisaje,
así como del estado de fragmentación de la zona de estudio.
(…)
No existe evidencia de ningún tipo de análisis que dé cuenta de
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la dinámica natural y de su proceso de regeneración.
(…)
En relación con los ecosistemas acuáticos, el EIA no identificó
si de las especies de peces muestreadas, alguna se encontraba
bajo alguna categoría de amenaza, ya que dichos datos podrían
blindar el área de actividades antrópicas para asegurar dichas
poblaciones.
(…)
En el componente de fauna y flora terrestre, en el EIA no se
encontró el estudio sobre el análisis de vulnerabilidad de
especies frente a los cambios o impactos que puede ocasionar
el proyecto, como tampoco se identificaron las especies
sombrilla, generando un déficit de información sobre la flora y
fauna existente.
«Nulidad del acto administrativo demandado por falsa
motivación»: fundamentó este cargo en que la autoridad ambiental
incurrió en omisiones sustanciales respecto de hechos relevantes
que, de haber sido tenidos en cuenta, habrían conducido a negar la
licencia ambiental otorgada a Ecopetrol S.A. para el área de
perforación exploratoria Magallanes.
Mencionó que la ANLA omitió circunstancias fácticas relacionadas
con el interés público en la conservación del medio ambiente y con
la protección de los derechos colectivos de los miembros del pueblo
indígena U’wa, pues en el acto acusado únicamente consideró hechos
que favorecían los intereses de la empresa petrolera y la actividad
de exploración, apreciados en una dimensión parcial y equivocada,
en detrimento de bienes jurídicos tutelados por la Constitución y la
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ley, cuyos titulares son tanto la sociedad colombiana como el pueblo
indígena U’wa.
Sintetizó el cargo de violación en los siguientes puntos:
desconocimiento del auto 004 de 2009, en el que la Corte
Constitucional declaró a la comunidad étnica U’wa en riesgo de
exterminio cultural y físico por el conflicto armado; impactos
ambientales y espirituales por la cercanía del proyecto Magallanes a
cuerpos de agua sagrados para la comunidad; exclusión del
Resguardo Unido U’wa, pese a su colindancia (270 mts.) con el
proyecto; omisiones en el estudio de impacto ambiental y motivación
basada en información técnica incompleta, pues la autoridad no
advirtió que Ecopetrol desconoció la proximidad del proyecto a
puntos clave del Resguardo; falta a la verdad respecto del proceso
de socialización; desconocimiento de la concepción espiritual del
territorio, ignorando la relación entre integridad cultural U’wa y su
hábitat espiritual; desconocimiento del vínculo entre explotación de
hidrocarburos y conflicto armado; y apreciación errada sobre el
fenómeno de desplazamiento forzado.
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II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
II.1. Admisión. Mediante proveído de 10 de diciembre de 2015, el
despacho sustanciador7 admitió la demanda de la referencia y ordenó
correr traslado de la solicitud de medida cautelar8.
II.2. Manifestación de impedimento. El magistrado sustanciador,
doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, manifestó impedimento para
conocer del presente proceso, el que le fue aceptado en proveído de
19 de abril de 20189.
II.3. Actuaciones procesales. Recibido el proceso en el despacho,
se ordenó comunicar a la parte actora la renuncia de su apoderado,
mediante autos de 22 de julio, 3 de septiembre, 20 de noviembre de
2019, 24 de enero y 11 de marzo de 2020.
II.4. Vinculación de tercero interesado. Con auto de 24 de
septiembre de 2021 se ordenó la vinculación al proceso de la
EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS ECOPETROL S.A.,
como tercero con interés directo en las resultas del proceso10.
7
Despacho del Magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés.
8
Expediente, folio 417. Ver índice 2 del expediente digital, archivo 39, página 232.
9
Expediente, folio 417. Ver índice 2 del expediente digital, archivo 41, página 4.
10
Expediente digital, índice 76.
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II.3.- Contestación
II.3.1.- La apoderada judicial de la AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-, contestó la demanda en los
siguientes términos11:
Afirmó que el 9 de diciembre de 2010, ECOPETROL S.A. allegó el
estudio de impacto ambiental del proyecto objeto del presente
proceso, para su evaluación.
Indicó que, mediante la Resolución 0803 de 24 de septiembre de
2012, esa entidad otorgó licencia ambiental para el proyecto APE
Magallanes, definiendo como área de influencia directa la vereda
Troya y el corregimiento de Samoré; y como área de influencia
indirecta la cabecera municipal de Toledo, delimitación que se basó
en criterios técnicos y términos de referencia del sector
hidrocarburos.
Señaló que el estudio de impacto ambiental fue elaborado conforme
a los términos de referencia HI-TER-1-02 de 2006; y que al analizar
la caracterización del área de influencia directa del proyecto se
11
Expediente, folio 417. Ver índice 2 del expediente digital, archivo 39, página 242.
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evidenció que su delimitación se realizó con base en la microcuenca
conformada por el Río Cubugón y la Quebrada 5, por ser el espacio
geográfico en el cual se evidenciarían los impactos ambientales
directos derivados tanto de la actividad principal —perforación
exploratoria Magallanes (APE)— como de las obras y acciones
accesorias que comportaba su ejecución.
Precisó que el área de influencia directa respecto del componente
socioeconómico se circunscribió a la unidad territorial
correspondiente a la vereda La Troya, perteneciente a la jurisdicción
del municipio de Toledo, en el departamento de Norte de Santander.
Refirió que, además, se definió un área de influencia indirecta donde
podían presentarse impactos secundarios, comprendiendo la cuenca
medio baja del Río Cubugón y microcuencas asociadas, así como la
cabecera municipal de Toledo y el casco urbano de Samoré, por ser
puntos que proyectan los efectos sociales y económicos derivados del
desarrollo del proyecto.
Observó que dichas áreas fueron objeto de evaluación técnica por
parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; y que mediante auto 2051 de 2011 se advirtió que la
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delimitación inicial no consideró adecuadamente los asentamientos y
territorios afectados aguas abajo del vertimiento, por lo cual se
solicitó información complementaria para ajustar dicha delimitación.
Comentó que, en cumplimiento del requerimiento formulado,
ECOPETROL S.A. desistió de realizar vertimientos sobre el Río
Cubugón, por haber establecido la viabilidad técnica de ejecutar
dicha actividad mediante terceros y así reducir los impactos
ambientales sobre fuentes hídricas.
Expuso que para la caracterización ambiental se exigió
complementar información técnica detallada en materia de
hidrología, geología, calidad del aire, clima, usos del agua y cobertura
vegetal, desagregando los elementos correspondientes al área
directa e indirecta según los lineamientos técnicos establecidos en
los términos de referencia.
Mencionó que ECOPETROL S.A., en respuesta a los requerimientos
efectuados en virtud del auto 2051 de 2011, también desistió de
algunos permisos ambientales, señalando que técnicamente no era
viable mantener la captación y vertimiento inicialmente previstos,
razón por la cual se consideró más apropiado trasladar dichas
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actividades a terceros para reducir los impactos sobre las fuentes
hídricas.
Puntualizó que, por lo anterior, ajustó la delimitación de las áreas de
influencia, incluyendo al corregimiento de Samoré dentro del área
directa para el componente socioeconómico, por considerar que
podría verse impactado por la llegada de personal externo y la
demanda de bienes y servicios.
Anotó que, para el componente abiótico y biótico, el área de
influencia indirecta quedó delimitada como la subcuenca del Río
Cubugón, integrada por microcuencas cercanas, al tratarse de
espacios donde se proyectaron impactos indirectos sobre factores
hidrológicos, biológicos y ecosistémicos.
Advirtió que, según lo expuesto por ECOPETROL S.A., al no
proceder con el vertimiento directamente sobre el Río Cubugón las
zonas inicialmente proyectadas como afectadas aguas abajo dejarían
de formar parte del área de influencia del proyecto, razón por la cual
no fue caracterizada la comunidad allí ubicada.
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Expuso que el retiro de la actividad de vertimiento hacia el Río
Cubugón disminuyó sustancialmente el potencial de afectación
ambiental, lo cual sí fue considerado al momento de evaluar la
viabilidad de otorgar la licencia ambiental correspondiente.
Manifestó que, en desarrollo de su competencia técnica y legal,
procedió a verificar el cumplimiento de los términos de referencia
ambientales, así como la suficiencia de la información allegada por
ECOPETROL S.A., obteniendo elementos suficientes para adoptar
una decisión de fondo.
Señaló que la respuesta técnica y jurídica de la ANLA se basó en los
conceptos especializados emitidos por las diferentes áreas técnicas,
los cuales evidenciaron el cumplimiento de los requisitos ambientales
exigidos para trámites de esta naturaleza. Así, la evaluación
ambiental incluyó la verificación de impacto en zonas de recarga
hídrica, calidad del agua, comportamiento atmosférico, ecosistemas
bióticos y estructuras geológicas, siendo estos aspectos analizados
por expertos especializados en cada área.
Aclaró que esta modificación operacional implicó una reducción
significativa de los impactos, motivo por el cual el área aguas abajo
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del punto de vertimiento inicialmente proyectado dejó de hacer parte
del área de influencia del proyecto. Esto permitió concluir que al no
desarrollarse esa actividad directamente dentro del polígono
intervenido, la comunidad ubicada en dicho sector no presentaba
afectación directa en los términos ambientales requeridos para su
caracterización.
Agregó que a pesar de que el Resguardo Unido U’wa se encuentra a
más de 200 metros del proyecto APE Magallanes, se pudo determinar
a partir del EIA, la información recopilada y las visitas efectuadas,
que los impactos ambientales no inciden en dicho territorio.
Adujo que las directrices impartidas en la Resolución 0803 de 2012
exigieron que, previo a la perforación de cada pozo, se presentaran
planes de manejo ambiental individualizados, ajustados a los
criterios técnicos contenidos en el estudio de impacto ambiental y
orientados a garantizar la prevención de riesgos geológicos y
ambientales. Dichos planes específicos debían ser desarrollados
conforme a los términos de referencia especializados HTER-210, así
como a los lineamientos fijados por la ANLA para evaluación y
seguimiento ambiental de proyectos de exploración.
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Afirmó que su actuación se ciñó al principio de precaución ambiental
y a los deberes constitucionales de protección del medio ambiente,
al exigir ajustes técnicos para minimizar los impactos potenciales del
proyecto antes de autorizar su ejecución.
Agregó que, atendiendo al principio de precaución, estableció que
cualquiera de las amenazas identificadas debía ser monitoreada
rigurosamente durante la ejecución del proyecto, condicionando la
viabilidad del mismo al mantenimiento de medidas de seguridad
ambiental adecuadas.
Aseveró que el proyecto fue aprobado condicionadamente a la
implementación de medidas de seguimiento ambiental, con el fin de
garantizar que las actividades se desarrollaran respetando los
estándares de preservación y prevención establecidos
normativamente.
Frente al cargo de la presunta afectación a los derechos ancestrales
de la comunidad U’wa, reiteró que sí se indagó sobre la posible
connotación cultural del río Cubugón y se requirió verificar si era
necesario un estudio cultural, concluyendo que no procedía, dada la
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ausencia de acreditación de presencia de comunidad indígena en el
área del proyecto.
Concluyó que el acto cuestionado fue legal, técnica y ambientalmente
sustentado, sin que las críticas formuladas por la parte actora
reflejen con fidelidad el contenido completo del proceso evaluativo ni
los criterios adoptados en ejercicio de sus competencias.
II.3.2.- ECOPETROL12 se opuso a las pretensiones de la demanda,
para lo cual adujo, en síntesis, lo siguiente:
Aclaró que no existe traslape entre el polígono del proyecto APE
Magallanes y el Resguardo Unido U’wa, pues aquel se ubica al norte
de los cauces quebrada La China y río Cubugón, que actúan como
linderos naturales, de modo que hay colindancia, pero no
sobreposición.
Mencionó que la configuración cartográfica ha sido consistente desde
el licenciamiento y se alinea con la certificación institucional sobre
ausencia de cruce con territorio legalmente titulado a resguardo
indígena.
12
Expediente digital, índice 100.
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Precisó que, frente a los señalamientos sobre trayectorias de
perforación a la supuesta redirección del taladro hacia el subsuelo del
resguardo, la ANLA evaluó la tecnología direccional solo como
eventualidad condicionada a la redefinición de objetivos y a las
condiciones técnicas de perforación.
Explicó que el pozo Magallanes-1 fue perforado de manera vertical y
abandonado; no obstante, cualquier futura perforación se diseñó sin
invadir el subsuelo asociado a áreas del resguardo, alejada del eje
hídrico Cubugón–La China, sin que obre soporte alguno para sostener
una afectación por desviación hacia territorio U’wa.
Agregó que, en efecto, el eventual pozo Magallanes-2 también fue
diseñado de forma vertical, esto es sin desplazamiento lateral; y que
un tercer pozo, de ejecutarse, se dirigiría hacia el noroccidente,
alejándose de los límites del resguardo y del eje hídrico aludido.
Argumentó que desde el estudio de impacto ambiental de 2010
definió correctamente el área de influencia directa e indirecta del
proyecto, para lo cual hizo un ejercicio comparativo con la
metodología del Ministerio de Ambiente de 2018, con lo que
comprobó que la delimitación fue la adecuada.
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Señaló que el área de influencia directa corresponde, en la práctica,
al mismo lugar del proyecto APE Magallanes, lo que incluye la zona
licenciada, la superficie donde estaría la plataforma y su
infraestructura.
Anotó que el área de influencia indirecta abarca la cuenca medio-baja
del río Cubugón y las microcuencas de las quebradas La China y
Piedra Ancha, con sus afluentes; y que la quebrada La China fluye
hacia el río Cubugón y este corre de sur a norte, de modo que el
movimiento natural del agua se aleja del resguardo.
Refirió que, en lo social y económico, aplicó la misma lógica de centro
y alrededores, esto es que el área de influencia directa se concentra
en la vereda donde está el proyecto y la indirecta en los centros
poblados cercanos que podrían sentir efectos secundarios, por lo que
se mantiene coherencia con la zonificación ambiental del estudio.
Aseveró que la combinación de las definiciones del estudio de 2010,
la cartografía e hidrología y la verificación metodológica frente a los
términos de referencia, conduce a que la delimitación de las áreas de
influencia sea adecuada y no justifique ampliarlas hacia el sur como
se pide en la demanda, porque los impactos no se proyectan hacia el
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Resguardo Unido U’wa.
Enfatizó que, en todo caso, actuó con debida diligencia para verificar
la ausencia de comunidades étnicas en el área del proyecto, según
lo certificado por el INCODER y el Ministerio del Interior.
Expuso que, en este caso, no era aplicable el principio de precaución
porque no se acreditó un peligro real de daño grave e irreversible, ni
se aportó soporte técnico que muestre un riesgo ambiental que exija
activar medidas precautorias.
Puntualizó que la actora no probó que el estudio de impacto
ambiental fuese deficiente, porque ni siquiera confrontó lo dicho con
los términos de referencia, así como tampoco demostró qué
exigencia concreta faltó.
Destacó que, por el contrario, aplicó los términos de referencia,
delimitó correctamente las áreas de influencia conforme con la
normatividad, entregó el estudio a la autoridad y a las entidades
pertinentes e identificó impactos y definió medidas de manejo
eficaces, eficientes y oportunas.
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En relación con la consulta previa, sostuvo que no era necesario el
agotamiento de dicho requisito porque el territorio del resguardo no
se traslapa con el Área de Perforación Exploratoria Magallanes,
además el punto más cercano entre el proyecto y el resguardo sería
de 270 metros.
Recordó que por acuerdos del año 2014, celebrados entre el Gobierno
nacional y las comunidades indígenas, las actividades del proyecto
están suspendidas, de modo que ninguna de las afectaciones
alegadas ha ocurrido.
Agregó que las consecuencias del conflicto armado narrado en la
demanda no guardan relación con las causales de nulidad de los actos
administrativos, pues son actuaciones de terceros, al margen de la
ley, que no pueden servir para invalidar una licencia ambiental.
Concluyó que no hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado
comoquiera que: i) este está fundamentado en un estudio de impacto
ambiental elaborado conforme a las normas y directrices técnicas
vigentes para la época, especialmente en la determinación de las
áreas de influencia; ii) la ubicación del APE Magallanes y de sus áreas
de influencia no coincide ni se traslapa con el territorio de la
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comunidad U’wa; iii) actuó con debida diligencia, consultando a las
autoridades competentes sobre presencia étnica en el área; y iv) no
había lugar a adelantar consulta previa.
II.5. Medida cautelar. A través de la providencia de 3 de abril de
202513, el despacho decretó la suspensión provisional de los efectos
del acto acusado. La decisión fue confirmada mediante los proveídos
de 13 de junio de 2025, que resolvió el recurso de reposición14; y 23
de octubre de 2025, que decidió el recurso ordinario de súplica15.
II.6. El Despacho sustanciador, mediante proveído 3 de abril de
202516, prescindió de realizar la audiencia inicial establecida en el
artículo 180 del CPACA, fijó el litigio 17 y resolvió sobre las pruebas
aportadas y solicitadas por las partes; y en auto de 1o. de agosto de
13
Expediente digital, índice 118.
14
Expediente digital, índice 145.
15
Expediente digital, índice 162.
16
Expediente digital, índice 119.
17
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y
las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 0803 de 24 de septiembre de
2012, “Por la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones”, expedida por la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, -ANLA-, conforme a lo expuesto por la parte actora
en el escrito obrante a folios 342 a 413 del cuaderno núm. 2 5 , y a lo respondido por la ANLA y ECOPETROL
S.A., en los memoriales de contestación de la demanda y de intervención, visibles a folios 426 a 449 idem6
e índice 100 del expediente digital, respectivamente, desconoció lo previsto en las siguientes normas:
• Del bloque de Constitucionalidad: artículos 13 y 14 del Convenio 169 OIT; 3 y 8.1. de la Resolución 61/295
de la Asamblea General de la ONU; 25 de la Declaración de Rio de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente
y Desarrollo; Preámbulo del Convenio de Rio de 1992 sobre la Diversidad Biológica; Apéndice I de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas; Principio 5 de los Principios Rectores
de los Desplazamientos Internos de la ONU; y Principios IIA12 y IIC28 de los Principios Básicos y Directrices
sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el desarrollo.
• De la Constitución Política: artículos 1°, 7°, 8°, 13, 70, 79, 80, 93 y 330, parágrafo.
• Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974: artículos 2°, numeral 2, 8°, 9° y 302.
• Ley 99 de 22 de diciembre 1993: artículos 1°, -numerales 1 a 4 y 6 a 12-; 3°, 42 y 43.
• Decreto Ley 4633 de 9 de diciembre de 2011: artículos 10°, 11 y 44.
[…]”.
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202518 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión.
II.5. Alegatos de conclusión
II.5.1 La ANLA19 efectuó un recuento de los seguimientos y
modificaciones de la licencia concedida a ECOPETROL. Asimismo,
indicó que el proyecto se encuentra en etapa de operación, aunque
está suspendido de forma temporal desde el 1o. de mayo de 2014,
por acuerdos entre la comunidad indígena U’wa y el Gobierno
nacional.
Insistió en que no se requirió consulta previa, toda vez que el
Ministerio del Interior y el INCODER certificaron que el área del
proyecto no se traslapaba con territorio titulado a resguardos
indígenas o comunidades afrodescendientes, siendo dichas
certificaciones actos administrativos con presunción de legalidad.
Por último, adujo que la sentencia de la Corte Interamericana de 4
de julio de 2024, dictada en el proceso Pueblo Indígena U’wa y sus
miembros vs. Colombia, consideró que el proyecto podía afectar
18
Expediente digital, índice 150.
19
Índice 157.
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directamente al pueblo U’wa y, en consecuencia, ordenó al Estado
colombiano realizar un proceso de participación, precisando que ello
no implicaba per se la ilegalidad de la licencia ambiental.
II.5.2 ECOPETROL20 reiteró que las áreas de influencia directa e
indirecta del proyecto APE Magallanes se definieron de manera
técnica y conforme con las reglas vigentes al momento de
elaboración del estudio de impacto ambiental en 2010, lo cual
contrastado con la metodología de 2018 sigue siendo válido.
Advirtió que para delimitar esas áreas se consideraron el medio
físico-biótico y el socioeconómico, con base en información primaria
y secundaria y en los prospectos geológicos del proyecto.
Destacó que el resultado preparado por la firma consultora cumplió
con los términos de referencia para proyectos de perforación
exploratoria; y que la identificación de impactos se apoyó en la
caracterización ambiental y en la descripción de actividades del
proyecto, tal como lo revisó y consideró la ANLA en su concepto
técnico.
20
Índice 158.
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Recalcó que el proyecto no se superpone con el resguardo, solo están
contiguos y separados por los linderos naturales, sin que esté
previsto uso o afectación de estos cuerpos de agua.
Insistió en que, conforme con las certificaciones del INCODER y el
Ministerio del Interior, en el área del proyecto no se registraba
presencia de comunidades indígenas ni tierras tituladas a estos.
Expresó que durante la elaboración del estudio de impacto ambiental
no se socializó el proyecto con la comunidad U’wa porque, según su
delimitación, el área de influencia definida no se traslapaba con el
resguardo ni se realizarían actividades en áreas utilizadas por esa
comunidad.
Adujo que aún si se discutiera la necesidad de consulta, conforme
con la sentencia de 4 de julio de 2024, proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, lo cierto es que para que se
decrete la nulidad del acto acusado tal circunstancia debe
encontrarse debidamente probada en el marco del presente proceso.
Agregó que la finalidad de los procesos de responsabilidad
internacional adelantados ante la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos y el de nulidad de la licencia ambiental son diferentes, de
modo que el primero no constituye cosa juzgada del segundo para
obligatoriamente concluir que deba anularse la licencia ambiental.
Precisó que, en todo caso, podrían adoptarse otras medidas que
modulen los impactos que tiene la declaratoria de nulidad de la
licencia, como llevar a su convalidación mediante el adelantamiento
concomitante de la consulta.
Aseveró en que no hay lugar a aplicar el principio de precaución,
porque la parte actora no identificó ni probó un riesgo real de daño
grave o irreversible con sustento técnico.
Expuso que viene ejecutando un plan de compensación del
componente biótico, con acciones como sistemas silvopastoriles,
socialización con comunidades, diagnóstico y selección de predios y
participantes.
Solicitó que, de anularse la licencia, esta sea parcial para mantener
vigentes las medidas de compensación ya impuestas y en ejecución,
porque protegen bienes ambientales y también preservan recursos
públicos ya invertidos para cumplirlas.
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II.5.3. La parte actora21 expresó que el EIA omitió la caracterización
socioeconómica, cultural y espiritual, así como riesgos graves e
irreversibles en componentes geológicos, hidrogeológicos y
ecosistémicos que representa el proyecto APE Magallanes para la
comunidad U’wa.
Sostuvo que se invisibilizó al pueblo U’wa, desconociendo su posesión
ancestral y los estándares del Convenio 169 de la OIT, así como la
jurisprudencia constitucional.
Aseguró que la resolución acusada se basó en información imprecisa
y generalista, divergente con la realidad territorial.
Por último, precisó que la sentencia de la Corte IDH es vinculante y
ordena garantizar la consulta previa y los estudios adecuados, lo que
no se ha cumplido por parte de las demandadas.
II.5.4. El Ministerio Público guardó silencio22.
III.-CONSIDERACIONES DE LA SALA
21
Índice 156.
22
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1. El acto acusado
Resolución 0803 de 24 de septiembre 201223
«[…] AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA-
Resolución 0803 de 24 de septiembre de 2012
"POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"
CONSIDERANDO
Que mediante oficio con radicado 4120-E1- 160644 del 9 de
diciembre de 2010, la Empresa ECOPETROL S.A. hizo entrega para
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, para el Área de
Perforación Exploratoria Magallanes, ubicado en el municipio de
Toledo en el departamento de Norte de Santander para lo cual
anexó:
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar a la empresa ECOPETROL S.A.
Licencia Ambiental para el proyecto denominado "Área de
Perforación Exploratoria Magallanes, localizado la Vereda de
Troya, Corregimiento de Samoré, Municipio de Toledo,
departamento de Norte de Santander, delimitada dentro de las
siguientes coordenadas:
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO. La Licencia Ambiental que se otorga por el
presente acto administrativo, autoriza a la empresa ECOPETROL
S.A., a la realización de las siguientes actividades:
1. Adecuación 390 m de vía existente para acceder al lugar donde
se proyecta la construcción de la locación, la cual forma parte de
los predios La Esperanza y Los Mangos.
2. Construcción aproximada de 155,2 m como vía nueva para
acceder al lugar donde se proyecta la construcción de la
23
Texto completo en la Gaceta de la ANLA https://gaceta.anla.gov.co:8443/Consultar-gaceta# .
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localización.
3. Construcción de una (1) locación con un área no mayor a 3,0
ha, para la perforación de hasta con tres (3) pozos exploratorios
cuyas coordenadas finales serán definidas en los PMA específicos,
la perforación de pozos exploratorios se realizará hasta una
profundidad de 15000 pies utilizando lodos base agua como fluido
de perforación.
La locación estará conformada por los siguientes componentes:
• Plataforma y zona de maniobras de perforación
• Bombas, generadores, manejo de sólidos, tanques y otros
equipos
• Áreas de tratamientos
• Campamentos y oficinas
• Tuberías y varillaje
• Químicos y otros insumos
• Residuos sólidos, tea y otros cubículos
• Celadurías, cerramiento y zonas de seguridad
• Parqueadero y zona de manejo o acopio temporal de materiales
• Construcción de un (1) helipuerto como instalación de apoyo, en
un área no mayor a 700m2=0,07ha.
4. Instalación de facilidades tempranas de producción localizadas
en la plataforma, en las cuales se realizarán pruebas de
producción (cortas y extensas), estará conformada por (Área
procesos: 1.500m2, Tambor de tea 50m2 y Tea: 200m2) y de
700m2=0,07ha para un (1) helipuerto.
5. Transporte del crudo producido durante las pruebas, por medio
de carrotanques hasta la estación Samoré o cualquier otra
estación que ECOPETROL S.A decida; el gas obtenido en el sistema
de separación será quemado en tea vertical dispuesta para tal fin
y el agua de producción será dispuesta de acuerdo con el sistema
autorizado en el presente acto administrativo.
6. Abandono y Restauración Final Desmantelamiento,
restauración y abandono de las áreas intervenidas, implica
desmonte de equipos, desmantelamiento de la infraestructura de
oficinas, torre y demás equipos de perforación, de las instalaciones
sanitarias. Simultáneamente con el desmantelamiento del taladro,
se procede a tratar los residuos. La operación finaliza con la
disposición final de escombros y residuos.
ARTÍCULO TERCERO. La Licencia Ambiental otorgada mediante el
presente acto administrativo, sujeta al beneficiario de la misma al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de
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Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, a la
normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de los
siguientes requerimientos y obligaciones:
1. Se establece como área de influencia directa el corregimiento
de Samoré y la vereda Troya y como área de influencia indirecta
la cabecera municipal del Toledo en el departamento de Norte de
Santander.
2. Se establece la siguiente zonificación de manejo ambiental para
el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto APE
Magallanes:
[…]
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. La presente Licencia Ambiental se
otorga por el tiempo de duración del proyecto que se autoriza en
la presente resolución.
[…]».
2. Problema jurídico
En el presente caso, la actora solicita la anulación de la licencia
ambiental concedida a favor de ECOPETROL S.A., mediante la
Resolución 0803 de 24 de septiembre 2012, para lo cual alega que
el acto incurrió en «desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa del territorio del pueblo U’wa»; «irregularidades en la
expedición e infracción de normas en las que debía fundarse»; y
«falsa motivación».
Atendiendo a los argumentos de las partes, la Sala deberá resolver:
(i) si la Resolución 0803 de 2012, por la cual se otorga licencia
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ambiental al proyecto APE Magallanes, se expidió con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa del territorio del
pueblo U’wa, que implicó la vulneración de su integridad cultural y la
salvaguarda de la supervivencia física y cultural de la comunidad
étnica; (ii) si la Resolución 0803 de 2012 incurrió en irregularidades
por la indebida determinación de las áreas de influencia directa e
indirecta y por violación del principio de precaución en materia
ambiental; y (iii) si se configura el vicio de falsa motivación.
(i) Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa del
territorio del pueblo U’wa
Asegura la demandante que en el trámite de expedición de la licencia
para al proyecto APE Magallanes, la comunidad indígena U´wa fue
invisibilizada, debido a que no se agotó el procedimiento de consulta
previa, lo cual trajo como consecuencia, entre otros, que se
desconociera el carácter sagrado y el uso vital de los cuerpos de agua
de las cuencas del río Cubogón y la quebrada La China, como parte
de área de impacto del proyecto; que se alterara el paisaje sin
considerar la relación cosmogónica de la comunidad con su territorio;
y que no se caracterizara en debida forma el medio biótico y cultural
en el estudio de impacto ambiental que soportó el proyecto.
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Sostiene, además, que la aprobación del proyecto APE Magallanes
debió realizarse en el marco de una verificación previa de los riesgos
humanitarios a los que se encuentra expuesta histórica y
actualmente la comunidad U’wa, en el marco de lo regulado por el
Decreto 4633 de 2011 y lo declarado por la Corte Constitucional en
el auto 004 de 2009.
De la consulta previa a las comunidades indígenas
La protección de las comunidades indígenas se desprende de diversos
instrumentos internacionales, entre ellos, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
Convenio 169 de la OIT24, el Pacto Internacional sobre los Derechos,
Civiles y Políticos25, el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales26 y la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos27.
Se destaca, de la referida Declaración de la OIT, que los pueblos
indígenas y tribales tienen derecho a decidir sus propias prioridades
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste
24
Organización Internacional del Trabajo. Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
25
En adelante, PIDCP.
26
En adelante, PIDESC.
27
En adelante, CADH.
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afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera; y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y
cultural. Este principio se materializa en el artículo 6°, con el
siguiente texto:
«[…] 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los
gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas
y organismos administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin
[…]».
Igualmente, el artículo 7.3 idem prevé que los Estados deben facilitar
la realización de estudios en cooperación con los pueblos interesados
para evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio
ambiente, que puedan recaer ante las actividades que se desarrollen.
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En lo que concierne a la CADH, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos28 ha explicado que si bien no existe un artículo que de
manera expresa se refiera a la consulta previa, se configura en
cabeza de los Estados la obligación de consultar a los pueblos
indígenas o tribales con fundamento en los mandatos de
indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos 29. Así ha
explicado la Corte IDH que estas consultas con las comunidades
indígenas y tribales tiene una relación directa con el artículo 1.1, que
establece la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio
de los derechos reconocidos en la Convención30. También ha
advertido que la consulta y participación de las comunidades
garantizan los demás derechos, esto es, el territorio, el ambiente y
la integridad cultural, lo que ha permitido ligar la consulta con el
artículo 23 de la CADH31.
Por su parte, en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional
ha sostenido que el derecho a la consulta previa se incorpora por vía
del bloque de constitucionalidad32, a través de los instrumentos
internacionales incorporados al ordenamiento interno, los cuales son
28
En adelante, Corte IDH o CoIDH.
29
Corte IDH, caso Sarayaku vs Ecuador.
30
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador.
Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 166. En el mismo sentido ver, Caso
Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015.
31
Corte IDH. Caso Yamata contra Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005.
32
Sentencia SU-039 de 1997.
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vinculantes para la definición de las controversias y, además, sirven
de marco de acción para garantizar la consulta de los Estados con los
pueblos indígenas, como un principio de derecho internacional
público33.
Este derecho se desarrolla a partir del principio constitucional de libre
autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios,
previsto en el artículo 330 superior.
Ahora, la Corte Constitucional ha señalado que la exploración y
explotación de los recursos naturales en el subsuelo, en sintonía con
las normas que protegen la diversidad cultural y el medio ambiente
en la Constitución, deben ser compatibles con el nivel de protección
que el Estado y la comunidad internacional exigen para preservar la
integridad de las comunidades nativas y su existencia digna, así
como la diversidad étnica y cultural de Colombia, que deben ser
armonizados con el desarrollo económico del país, la protección de
las riquezas naturales y la multiculturalidad del Estado-Nación34.
En la sentencia SU-123 de 2018, la Corte señaló las siguientes reglas
aplicables en materia de consulta previa:
33
Ver Corte Constitucional, sentencia SU-123 de 2018.
34
Idem
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«[…] (i) el objetivo de la consulta previa es intentar lograr en
forma genuina y por un diálogo intercultural el consentimiento
con las comunidades indígenas y tribales sobre las medidas que
las afecten; (ii) el principio de buena fe debe guiar la actuación
de las partes; (iii) por medio de la consulta se debe asegurar
una participación activa y efectiva de los pueblos interesados;
(iv) la consulta debe ser un proceso intercultural de diálogo en
el que el Estado debe entonces tomar las medidas necesarias
para reducir las desigualdades fácticas de poder que puedan
tener los pueblos étnicos; (v) en este diálogo intercultural ni el
pueblo tiene un derecho de veto ni el Estado un poder arbitrario
de imposición de la medida prevista; (vi) la consulta debe ser
flexible, es decir, adaptarse a las necesidades de cada asunto;
(vii) la consulta debe ser informada, esto es dispensar a los
pueblos indígenas y tribales la información suficiente para que
ellos emitan su criterio; (viii) la consulta debe respetar la
diversidad étnica y cultural lo que permitirá encontrar
mecanismos de satisfacción para ambas partes […]».
Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en el concepto de
16 de mayo de 202335, recogió los estándares desarrollados por la
Corte Constitucional que rigen el derecho fundamental a la consulta
previa y destacó:
«i) Oportunidad (previa, sin perjuicio de que, en cualquier
momento, las comunidades ejerzan su derecho a la
participación),
ii) Debe existir una afectación directa sobre las comunidades
étnicas,
iii) Debe tenerse claridad acerca del alcance del territorio,
iv) Deben llevarse a cabo mediante procedimientos apropiados,
v) Debe atender una regla de adecuación cultural,
vi) Debe adelantarse de buena fe,
35
Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2504 de 16 de mayo de 2023. Número único de radicación
11001-03-06-000-2023-00152-00
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vii) Debe realizarse a través de instituciones representativas,
viii) Debe brindarse información adecuada y suficiente,
ix) No conlleva poder de veto,
x) Debe tratarse de un diálogo entre iguales que no admite
posturas adversariales o de confrontación,
xi) Debe ser flexible y atender un “enfoque diferencial conforme
a las particularidades del grupo étnico y sus costumbres”,
xii) Es un derecho fundamental,
xiii) Es un desarrollo del principio democrático de participación,
xiv) Debe estar orientada a llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento libre e informado de las comunidades étnicas,
xv) El derecho fundamental a la consulta previa comprende la
etapa de acuerdos y su cumplimiento, y,
xvi) Debe observarse el deber de debida diligencia, tanto del
Estado como de las empresas, en la realización de la consulta
previa.»
De la afectación directa como presupuesto para el requisito
de consulta previa
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de
2018, aquí analizada, la consulta previa procede siempre que exista
la posibilidad de afectación directa del grupo étnico. Sobre el punto,
la Corte mencionó:
«[…] 7.3. La Corte ha explicado que, entre otros, existe
afectación directa a las minorías étnicas cuando: (i) se
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perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en
salud y ocupacionales [36]; (ii) existe un impacto sobre las
fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría
étnica[37]; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se
deriva el sustento[38] y (iv) se produce un reasentamiento de
la comunidad en otro lugar distinto a su territorio[39].
Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también
procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre
cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales;
(vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169
de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen
beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su
situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los
elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo
concernido.
(…)
7.5. En el caso específico de proyectos de exploración y
explotación de recursos no renovables, que es el asunto a
resolver en el presente caso, esta Corte ha entendido que la
afectación directa incluye, el impacto en (i) el territorio de la
comunidad tradicional [40]; o (ii) en el ambiente, la salud o la
estructura social, económica, así como cultural del grupo[41].
Cuando se trata de esta última hipótesis, la afectación debe
resolverse a partir del concepto de justicia ambiental, criterio
que se explicará ulteriormente.
7.6. La Corte también ha destacado [42] que el concepto
de afectación directa difiere del de área de influencia de
un proyecto. Este último concepto se refiere a un
requisito meramente técnico que determina los impactos
sobre un espacio geográfico en el que se desarrollará un
proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos,
en tanto la afectación directa, como se indicó, es un concepto
esencial para determinar cuándo se activa la consulta previa y
se identifican los impactos que se ocasionan a las comunidades
étnicas, tanto en su territorio, como en su ambiente, salud y
estructuras sociales y culturales [43] […]».
[36] Sentencia T-1045A de 2010, T-256 de 2015 y SU-133 de 2017
[37] Sentencia T-733 de 2017
[38] Sentencia T-1045A de 2010
[39] Sentencia T-256 de 2015
[40] Corte Constitucional. Sentencias SU 039/1997, T 880/2006, T 769/2009, T 733/2017.
[41] Corte Constitucional. Sentencia T 129/2011, T 693/2011, T 849 de 2014, T 298 de 2017.
42
Sentencia SU-217 de 2017.
43
Sentencia SU-217 de 2017.
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Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA
En relación con la afectación directa por intervención del territorio,
en la referida sentencia la Corte recordó que este «va más allá de
un espacio físico formalmente demarcado, como un
resguardo, y se vincula a elementos culturales, ancestrales
así como espirituales (artículo 14 Convenio 169 OIT)».
La Corte también destacó que siempre que se identifique un impacto
en las estructuras sociales, espirituales, culturales y ocupacionales
del grupo colectivo, que no pueden ser percibidos por estudios
técnicos ambientales, se configura la noción de afectación directa
que activa el requisito de la consulta previa. En este sentido, en las
sentencias T-1045A de 2010 y SU-133 de 2017 concluyó que era
obligatorio adelantar dicho procedimiento, dado que la suscripción de
una concesión minera o la autorización de una cesión de derechos de
explotación constituían una afectación directa al poner en riesgo la
supervivencia cultural y económica de las colectividades, cuya
subsistencia dependía de la minería, actividad que quedaba en
incertidumbre por los actos mencionados.
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Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA
Sentencia de 4 de julio de 2024 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso Pueblo Indígena U’wa y sus
miembros Vs. Colombia.
En la sentencia de fondo, reparaciones y costas de 4 de julio de 2024,
la Corte IDH resolvió el «Caso Pueblo Indígena U’wa y sus miembros
Vs. Colombia», el cual guarda relación, precisamente, con los hechos
que dieron lugar a la expedición del acto acusado en este medio de
control44.
En dicho caso, la comunidad U’wa presentó una petición ante el
Sistema Interamericano por la falta de protección efectiva del
derecho a la propiedad ancestral, particularmente como resultado de
la falta de titulación completa de dicha propiedad y el desarrollo de
diversos proyectos petroleros, mineros, turísticos y de
infraestructura realizados en el territorio ancestral, sin consulta
previa. Para fallar, la Corte analizó seis puntos relacionados con los
derechos a: (i) la propiedad colectiva y participación política; (ii) la
consulta previa; (iii) la libertad de expresión, de reunión, de la niñez
y la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales; (iv) la
participación en la vida cultural y medio ambiente sano; (v) la vida,
44
La controversia versó sobre el cumplimiento del deber de consulta previa frente a siete proyectos
que presuntamente habrían afectado los derechos del Pueblo U’wa. Algunos de estos proyectos se
habrían realizado dentro del Resguardo U’wa: el Bloque Samoré, el Bloque Catleya, el Bloque Sirirí y
los títulos mineros.
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Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA
integridad personal e igualdad ante la ley; y (vi) las garantías
judiciales y la protección judicial en relación con el derecho a la
igualdad ante la ley.
En relación con el derecho a la consulta previa la Corte IDH se
refirió a sus generalidades, dentro de las cuales destacó que se trata
de un pilar fundamental de los derechos humanos de los pueblos
indígenas y tribales, que trasciende la mera formalidad para erigirse
como una manifestación esencial de su derecho a la
autodeterminación.
Asimismo, indicó que el Estado debe garantizar el derecho de
consulta y participación en todo proyecto o medida que pueda afectar
a los derechos territoriales de un pueblo indígena o tribal, u otros
derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, de ahí que
la consulta deba realizarse desde las primeras etapas de la
elaboración o planificación del proyecto o la medida propuesta, a fin
de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e
influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con
los estándares internacionales pertinentes.
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En la sentencia, la CoIDH también destacó que el argumento central
que sustenta la obligatoriedad y el carácter fundamental de la
consulta reside en la estrecha vinculación de estos pueblos con su
territorio, relación que es fundamental e inescindible para su
supervivencia tanto alimentaria como cultural; y que, en
consecuencia, se trata de un derecho que deriva directamente de la
garantía de varios derechos previstos en la Convención Americana,
tales como el derecho a la propiedad colectiva, a la participación
política y a la identidad cultural.
En el escenario de los hechos que suscitaron la controversia, la Corte
IDH encontró que el Estado colombiano es responsable de la violación
de los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a
la información y a la participación en la vida cultural por no haber
realizado procesos adecuados de consulta previa respecto de los
proyectos extractivos del Bloque Samoré y el Bloque Siriri-Catleya.
Específicamente, sobre el proyecto Área de Perforación Exploratoria
Magallanes, la CoIDH advirtió:
«[…] 215. La Corte recuerda que el 24 de septiembre de 2012,
la ANLA emitió la Resolución No. 803 mediante la cual otorgó
una licencia ambiental a Ecopetrol para la realización del Área
de Perforación Exploratoria Magallanes con el objetivo de la
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búsqueda de hidrocarburos. Dicha Resolución no hace mención
al Resguardo U’wa. No obstante, de acuerdo con la información
proporcionada por el perito Arturo Perilla Ramírez, la distancia
entre el APE Magallanes y el Resguardo Unido U’wa es de 270
metros. Asimismo, la distancia entre el pozo exploratorio
Magallanes- I y el Resguardo es de 760 metros. Asimismo, el
líder de la Nación U’wa, José Cobaria Trinidad, declaró ante la
Corte que:
“[l]o de Magallanes es un insulto al pueblo U’wa. Yo no
puedo entender eso, que Ecopetrol, a sabiendas de que
está a menos de un kilómetro de la línea del resguardo
y está el río Orozco ahí a menos de 100 metros y van a
talar allí […]. Ahí hay peña por este lado y peña por el
otro lado, y ahí hay como dos o tres kilómetros de aguas
a fondo dentro de la roca, y eso se llama Tina. Ellas son
zonas sagradas y ahí no se pueden entrar.”
216. La cercanía del proyecto APE Magallanes y el Resguardo
Unido U’wa, y el objetivo que perseguía dicho proyecto, permite
inferir la existencia de un riesgo de afectación de los derechos
al Pueblo U’wa. Además, la Corte recuerda que el proyecto APE
Magallanes formaba parte del Bloque Sirirí, respecto del cual el
Estado aceptó la necesidad de ejecutar una consulta previa. Por
lo tanto, resulta razonable concluir que, ante la cercanía
geográfica entre el proyecto APE Magallanes y el Resguardo
Unido U’wa, y considerando que dicho proyecto forma parte del
proyecto Bloque Sirirí, también requería la ejecución de un
proceso de consulta previa. En este sentido, la Corte considera
que el Estado se encontraba obligado a ejecutar un proceso de
consulta previa anterior al otorgamiento de la licencia (o
modificación) ambiental aplicable al proyecto APE Magallanes,
situación que no ocurrió.
217. Además, la Corte recuerda que el 6 de junio de 2014, el
Estado y la ASOU’WA firmaron un acuerdo en el que se acordó
-entre otros aspectos- “[l]a creación de una comisión paritaria
para la definición de los términos de referencia del estudio y su
alcance. La primera reunión será en Bogotá, y será convocada
por la Defensoría y la Asociación ASOU’WA. Entre tanto el Pozo
Magallanes 1 continúa suspendido y la comunidad se
compromete al retirarse del sitio”. Al respecto, la Corte
considera que el que el ASOU’WA haya llegado a determinados
acuerdos con fecha posterior al otorgamiento de la licencia
ambiental del APE Magallanes, no elimina la obligación del
Estado de ejecutar una debida consulta previa con el Pueblo
U’wa antes de la aprobación de la medida administrativa que
pueda afectarles directamente.
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218. Por lo tanto, la Corte concluye que las actividades del APE
Magallanes podían afectar directamente al Pueblo U’wa y, como
consecuencia, el Estado se encontraba obligado de ejecutar una
consulta previa respetando los estándares internacionales. En
consecuencia, la omisión del Estado constituyó una violación al
derecho a la participación, el derecho al acceso a la información
y a la participación en la vida cultural del Pueblo U’wa, en
relación con el derecho a la propiedad comunal, contenidos en
los artículos 13, 23 y 26 de la Convención Americana, en
relación con los artículos 21 y 1.1 del mismo instrumento».
Los artículos de la Convención Americana que la Corte estimó
vulnerados son:
«Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
(…)
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El
respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones.
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección
moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el
inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional.
(…)
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede
subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el
pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés
social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por
el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
(…)
Artículo 23. Derechos Políticos.
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a
que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.
(…)
Artículo 26. Desarrollo Progresivo.
Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
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educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados».
El carácter vinculante de la sentencia de la Corte
Interamericana en el caso Pueblo Indígena U’wa y sus
miembros Vs. Colombia
El artículo 93 de la Constitución Política introdujo una cláusula de
reenvío al derecho internacional de los derechos humanos –DIDH-,
con el fin de incorporar los tratados sobre derechos humanos
ratificados por el Estado colombiano al ordenamiento jurídico
nacional. Dicha norma dispone que los convenios internacionales
aprobados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y
prohíben su restricción en estados de excepción, tienen prevalencia
en el ámbito interno. Asimismo, establece que los derechos y deberes
previstos en la Constitución deben interpretarse conforme a los
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Colombia.
El alcance de esta disposición constitucional radica en la «necesidad
que impuso el constituyente de 1991 de adaptar el derecho interno
a los compromisos internacionales y, en consecuencia, propiciar una
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evolución en materia de protección y garantías de los derechos
humanos para potenciar su aseguramiento en el ámbito interno»45.
Ahora, la Corte IDH ha precisado que el control de convencionalidad
presenta dos modalidades, según se trate de sentencias dictadas en
casos en los que el Estado ha sido parte o en aquellos en los que no
lo ha sido. Conforme a ello, las operaciones jurídicas que implican un
control de convencionalidad por parte de las autoridades nacionales
son:
i. Aplicar la CADH y sus fuentes para dar cumplimiento a lo
ordenado en una sentencia dictada por la Corte en un caso
concreto en el que el Estado fue parte.
ii. Aplicar la CADH para cumplir con las obligaciones allí
contenidas en el juzgamiento y resolución de casos
concretos.46
Es decir, las operaciones jurídicas que atañen a un Estado parte de
la Convención Americana de Derechos Humanos se contraen a dar
cumplimiento a una sentencia o dar cumplimiento a las obligaciones
internacionales derivadas de la Convención.
45
Ver. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 3 de diciembre
de 2024, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-00871-00. Mp. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ
PARRA.
46
Cfr. Corte IDH, Caso Gelman vs Uruguay. Resolución de la CoIDH de 20 de marzo de 2013.
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En el caso del Pueblo U´wa contra Colombia, la Corte IDH concluyó,
respecto de la violación del derecho a la consulta previa, que el
Estado es responsable de la violación de los derechos a la propiedad
colectiva, la participación, el acceso a la información y a la
participación en la vida cultural por no haber realizado procesos
adecuados de consulta previa respecto de los proyectos extractivos,
entre ellos, el del Bloque Sirirí, por lo que con dicha conducta el
Estado vulneró los derechos contenidos en los artículos 21, 13, 23 y
26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del
mismo instrumento.
Asimismo, declaró la Corte que el Estado es responsable por la
violación de los derechos a la participación, el derecho al acceso a la
información y a la participación en la vida cultural, en relación con el
derecho a la propiedad colectiva por no haber realizado procesos
adecuados de consulta previa respecto de los proyectos extractivos
Gibraltar 1, Gibraltar 3 y el Gaseoducto Gibraltar-Bucaramanga, y el
APE Magallanes, por lo que se violaron los derechos contenidos en
los artículos 13, 23 y 26 de la Convención Americana, en relación con
los artículos 21 y 1.1 del mismo instrumento.
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Conforme a ello, corresponde al Estado adoptar las medidas de
restitución y satisfacción dispuestas en dicha sentencia a favor de la
parte lesionada, en acatamiento a lo dispuesto por la Corte.
De igual manera, en el marco del cumplimiento a las disposiciones
de la CADH, corresponde a las autoridades nacionales, en el ámbito
de sus competencias, verificar la compatibilidad de aquella con los
actos internos sometidos a resolución, para garantizar así el
cumplimiento de los estándares internacionales, en este caso, en
materia de protección de los derechos a la propiedad colectiva, la
participación, el acceso a la información y a la participación en la vida
cultural de las comunidades indígenas.
Respuesta al primer problema jurídico: violación del derecho
de audiencia y defensa del territorio del pueblo U’wa
En el presente caso, se observa que de conformidad con los
numerales 7 y 8 del artículo 24 del Decreto 2820 de 5 de agosto de
201047, vigente para el momento en que se expidió el acto
administrativo cuestionado, con la solicitud de la licencia ambiental
el interesado debía aportar una certificación del MINISTERIO DEL
47
“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.
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INTERIOR sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el
área de influencia del proyecto, además de un certificado del
INCODER sobre titulación de tierras a resguardos indígenas o
pueblos afrocolombianos en la misma área.
La norma en comento establecía:
“[…]Artículo 24. De la solicitud de licencia ambiental y sus
requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento
sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas
(DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en
obtener Licencia Ambiental deberá radicar ante la autoridad
ambiental competente, el Estudio de Impacto Ambiental de que
trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente
documentación:
[…]
7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre
presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia
del proyecto.
8. Certificado del Incoder sobre la existencia o no de territorios
legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos
pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el área de
influencia del proyecto […]”.
Como fundamento para no exigir el agotamiento de la consulta
previa, en el acto acusado la ANLA indicó que al expediente se había
allegado certificación del MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE
JUSTICIA en el que constaba que en el área del proyecto Magallanes
«[…] No se registran comunidades indígenas en el área del proyecto de la
referencia. Revisadas las bases de datos institucionales aportadas por la
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Dirección para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenques sobre comunidades negras No se registran comunidades negras
[…]».
De igual forma, en el acto administrativo acusado, la ANLA destacó
que en el expediente obraba copia de una certificación del INCODER
en la que constaba que «[…] el punto de interés correspondiente a las
coordenadas enviadas, del área de influencia directa "Área de Perforación
Exploratoria Magallanes, localizado en el municipio de Toledo,
departamento de Norte de Santander, no se cruza o traslapa con territorio
legalmente titulado a resguardos indígenas, ni con títulos colectivos
pertenecientes a comunidades negra o afroamericanas […]».
Ahora, consta en el expediente que con ocasión de varios proyectos
extractivos, con influencia en el territorio de la comunidad étnica
U´wa, surgieron conflictos sociales y de orden público que
evidenciaron un inadecuado proceso de concertación con los grupos
étnicos, tal como se documenta en el Informe de Comisión de
Verificación Acuerdos Nación U´wa48, aportado al proceso y del cual
se destaca:
“[…] Para el pueblo U´wa ha sido muy limitada la información
48
Suscrito por la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General
de la Nación. Cuaderno núm. 2, folio 238.
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Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA
que han tenido acerca del proyecto no se dieron las reuniones
de información requerida, razón por la cual han solicitado a la
empresa de ECOPETROL una serie de documentos que les
permita conocer con mayor profundidad el proyecto sin que
hasta la fecha se haya suministrado toda la información
solicitada. Esta situación ha generado desconfianza por parte
de la comunidad frente al proyecto y, por tanto, manifiestan no
tener garantías sobre sus derechos al no ser informados sobre
actividades que puedan redundar en las afectaciones de sus
relaciones sociales culturales y ambientales en el territorio.
Para los líderes y autoridades del pueblo U´wa una de las
principales percepciones de amenazas en relación con el
proyecto de perforaciones exploratorias Magallanes se deriva
de todo lo que ha implicado para este pueblo desde comienzos
de la década de los noventas el conflicto intercultural en
relación con los pozos de explotación de hidrocarburos Gibraltar
1, 2 y 3 frente a los cuales son conocidos una multiplicidad de
situaciones de tensión entre la comunidad indígena y el estado
colombiano.
(…) CONCLUSIONES
Dada la existencia de graves antecedentes históricos en
términos de violaciones a los derechos humanos tanto en
términos individuales como colectivos sufridos por el pueblo y
dado el contexto del conflicto sociopolítico armado que vive el
país y se requiere que ECOPETROL reevalúe su plan de
intervención social en este caso […]”.
Esta situación la describe la demandante de la siguiente manera:
“[…] Precisamente, el proceso de socialización solamente se
realizó con habitantes de la Vereda de Troya y con los
corregimientos de Samorá, habida cuenta que en el marco de
la dimensión demográfica del AID y el AII, la caracterización se
redujo sin razones lo suficientemente convincentes a estos dos
entes territoriales. Este errado punto de partida implica un
proceso y unos resultados viciados marcados por la falta de
solicitud del consentimiento Y aprobación a sujetos culturales
que como la nación U´wa han vivido procesos históricos que
les permiten determinar posibles impactos la mayoría de ellos
negativos […]”. (Resaltado fuera del texto).
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Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA
Frente a este aspecto, resulta oportuno traer a colación lo señalado
por la Corte Constitucional en la sentencia T-446 de 2021 sobre el
proceso de certificación de existencia de comunidades étnicas a cargo
de las autoridades:
«[…] En síntesis, la Corte ha identificado que la labor de
certificación de presencia de los grupos étnicos en el área de
influencia de un proyecto que realiza la DANCP es muy
importante porque viabiliza la satisfacción de los derechos de
las comunidades. Sin embargo, a través de sus sentencias, esta
Corporación ha identificado deficiencias en ese trámite de
certificación. El problema principal ha gravitado sobre la base
de que dichas constancias se sustentan exclusivamente en
aspectos técnicos (i.e. cartografía que cruza información con
territorios titulados o la consulta en bases de datos sobre
grupos reconocidos mediante acto administrativo), sin realizar
una visita de campo o una consulta con los entes territoriales
que, de primera mano, podrían corroborar si en determinada
área, está presente un grupo étnico. Para este tribunal, la
omisión mencionada ha generado incertidumbre jurídica para
los inversionistas (que, en muchos casos, después de iniciar el
proyecto deben agotar el procedimiento consultivo) y ha
generado la vulneración de los derechos fundamentales de los
grupos étnicamente diferenciados (que siempre estuvieron en
el lugar de influencia directa del proyecto, pero no fueron
consultados de manera previa porque su presencia en el lugar
fue desconocida por la DANCP) […]».
De esta manera, la Corte ha identificado una serie de falencias en el
proceso de certificación a cargo del Estado que, en la práctica, ha
materializado la vulneración de los derechos fundamentales de las
comunidades étnicas y de la seguridad jurídica de los ejecutores de
los proyectos, obras o medidas. Así, como se indicó anteriormente,
en la sentencia SU-123 de 2018, ese Tribunal precisó que es deber
tanto del Estado como de los particulares respetar los derechos de
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las comunidades indígenas en el marco de la consulta previa, bajo
los parámetros mínimos de debida diligencia.
Precisado lo anterior, la Sala advierte, de cara a lo probado en el
proceso, que tanto en la Resolución 0803 de 24 de septiembre de
2012, acusada, como en el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto Magallanes49, la autoridad ambiental y el tercero
beneficiario de la licencia tuvieron por cierta la exención del deber de
agotar la consulta previa porque dentro del área de influencia directa
(AID) no se advirtió presencia de las comunidades étnicas, a partir
de las certificaciones expedidas por el INCODER y el MINISTERIO
DEL INTERIOR.
No obstante, la Sala advierte que a través de la Resolución núm. 56
de 6 de agosto de 199950 el INCORA delimitó el Resguardo indígena
de la comunidad U’wa, en la que incluyó la desembocadura del río
Cubogón y la quebrada La China como parte del recurso hídrico de
esa comunidad. La citada resolución señala51:
49
Folio 186 del expediente físico.
50
Folio 93.
51
Folio 138.
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Por su parte, el AID del Estudio de Impacto Ambiental indica:
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Asimismo, como lo señala la parte actora y lo han reconocido en esta
instancia la demandada y el tercero con interés directo, el Resguardo
U´wa se localiza a escasos 270 metros del área de influencia directa,
aunado a que los impactos directos del proyecto, según lo determina
el propio EIA, recaen en las fuentes hídricas que hacen parte de dicha
comunidad, como quedó establecido en la delimitación de sus
linderos.
De cara a lo expuesto, es dable concluir que en el estudio sobre el
área de influencia del proyecto exploratorio Magallanes, la autoridad
ambiental pasó por alto un criterio importante en relación con la
ubicación del resguardo de la comunidad U´wa, cuya área de
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influencia directa se extiende hasta la desembocadura del río
Cubugón y la quebrada La China, que le hubiera permitido inferir la
afectación de dicha comunidad bajo los estándares de debida
diligencia respecto del deber de consulta previa por la intervención
del territorio de influencia, debido a la cercanía de su Resguardo.
Por lo precedente, no le asiste razón al tercero interesado al afirmar
que la licencia ambiental se encuentra debidamente fundamentada
en un estudio de impacto ambiental elaborado conforme a las normas
y directrices técnicas vigentes para la época, particularmente en lo
relativo a la determinación de las áreas de influencia, pues dicho
estudio omitió un criterio esencial: la ubicación del resguardo de la
comunidad U’wa, cuya área de influencia directa se extiende hasta la
desembocadura del río Cubugón y la quebrada La China, lo que
conllevó el desconocimiento de estructuras sociales y espirituales
propias de las comunidades indígenas del territorio colombiano,
cuyas manifestaciones se encuentran íntimamente ligadas al medio
ambiente y a los recursos hídricos como componentes esenciales de
su cosmovisión, de sus prácticas rituales y de su organización social.
En consecuencia, la omisión de este criterio en el estudio de impacto
ambiental no solo desconoció un factor técnico de delimitación
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territorial, sino que invisibilizó la afectación directa en la dimensión
espiritual y cultural y ocupacional del pueblo U’wa, afectando el
derecho fundamental a la consulta previa y el deber de protección
reforzada que el Estado debe garantizar a las comunidades
indígenas.
En ese orden, la Sala encuentra probado el primer cargo de violación,
esto es, que el acto acusado desconoció el artículo 6.1 del Convenio
169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, por cuanto para la
expedición de la licencia ambiental del proyecto APE Magallanes no
se tuvo en cuenta la afectación directa de la comunidad U´wa, más
allá de la delimitación de un área de influencia, sin considerar los
impactos que el desarrollo del proyecto implicó para sus estructuras
sociales y culturales.
Asimismo, en consonancia con lo dispuesto por la Corte
Interamericana en la sentencia del caso Pueblo U’wa contra
Colombia, la Sala estima que al otorgar la licencia ambiental para el
proyecto APE Magallanes a favor de ECOPETROL, sin consultar a la
comunidad U´wa por el impacto directo, analizado en esta
providencia, la demandada desconoció los derechos contenidos en
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los artículos 13, 23 y 26 de la Convención Americana, en relación con
los artículos 21 y 1.1 del mismo instrumento.
Lo anterior, conforme a la interpretación que la Corte IDH efectuó
sobre el alcance del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y
tribales derivado de los citados artículos de la CADH.
Siendo ellos así, la Sala declarará la nulidad de la Resolución núm.
0803 de 24 de septiembre de 2012, «Por la cual se otorga una
licencia ambiental y se toman otras determinaciones»,
expedida por la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES.
Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado
anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos
alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre
ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201652.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. Dicha
postura también fue adoptada por esta Sección en las siguientes sentencias: i) de 8 de agosto de 2025,
emitida dentro del proceso identificado con radicado 08001 3333 001 2013 00140 01, con ponencia
del consejero de Estado Oswaldo Giraldo López; ii) de 17 de julio de 2025, proferida en el proceso
76001 23 33 000 2016 01349 01, magistrado Ponente: Oswaldo Giraldo López; y; ii) de 21 de
septiembre de 2023, proferida en el proceso 11001 03 24 000 2015 00234 00, emitida por el entonces
consejero Hernando Sánchez Sánchez.
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Finalmente, la Sala precisa que la solicitud del apoderado del tercero
con interés directo, referida a la modulación de la eventual
declaratoria de nulidad del acto acusado, con miras a ordenar el
adelantamiento concomitante de la consulta previa y a dejar en firme
las medidas compensatorias de la licencia, carece de vocación de
prosperidad.
En primer lugar, por cuanto, como lo reconoce el propio apoderado53,
las actividades del proyecto se encuentran suspendidas,
circunstancia que impide acreditar la necesidad de la consulta previa,
pues la misma resulta exigible frente a la incidencia efectiva sobre el
territorio, lo que no ocurre en el presente caso, de ahí que la
modulación resulte improcedente, en la medida en que no se
configura un supuesto que justifique su aplicación y, en cambio, se
reafirma la necesidad de garantizar la protección integral de los
derechos de las comunidades indígenas.
En segundo lugar, no procede la validación de las medidas
compensatorias, como lo solicita ECOPETROL al alegar que la
anulación total de la licencia «afectaría el plan de compensación y los
recursos invertidos», debido a que esta Sala es del criterio de que
53
En el escrito de contestación de la demanda.
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tales medidas también debieron ser concertadas con la comunidad
indígena afectada, pues ello es precisamente el alcance que posee la
garantía de la consulta previa, esto es, asegurar que cualquier
decisión vinculada al proyecto que incida en el territorio y en la vida
colectiva de los pueblos indígenas, se adopte con su participación
efectiva y respeto de su cosmovisión.
En este caso, las medidas compensatorias carecen de legitimidad
porque fueron diseñadas sin el diálogo intercultural que exige la
consulta previa, de manera que al desconocer la cosmovisión de la
comunidad U’wa, se vulnera el principio de participación y se
compromete la eficacia de la protección de sus derechos
fundamentales, presupuestos estos que son, precisamente, los que
se tienen en cuenta en esta decisión para declarar la anulación del
acto acusado.
Condena en costas
Finalmente, y en atención a la clase de acción que se promovió, la
Sala considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 18854
54
“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”
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del CPACA, que no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la
naturaleza de la acción exime de esta fijación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 0803 de 24 de
septiembre de 2012, «Por la cual se otorga una licencia
ambiental y se toman otras determinaciones», expedida por la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente,
previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2025.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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