RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2015-00085-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00085-00

Fecha
15 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00085-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 0803 de 24 de septiembre de 2012, «Por la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones», expedida por la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2015-00085-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

15 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ACUSADO, POR CUANTO
LA AUTORIDAD AMBIENTAL OMITIÓ LA CONSULTA PREVIA EN EL
TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL SOLICITADA PARA UN
PROYECTO DE HIDROCARBUROS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS

U´WA, en ejercicio del medio de control de nulidad, tendiente a que

se declare la nulidad de la Resolución núm. 0803 de 24 de septiembre

de 2012, «Por la cual se otorga una licencia ambiental y se

toman otras determinaciones», expedida por la AUTORIDAD

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)1.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda

La ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y

1
En adelante la ANLA.

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

CABILDOS U´WA, actuando a través de apoderado y en ejercicio

del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

-CPACA2, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a

obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 0803 de 24 de

septiembre de 2012, «Por la cual se otorga una licencia

ambiental y se toman otras determinaciones», expedida por la

ANLA.

I.2.- Hechos

La actora en la demanda adujo, en síntesis, los siguientes hechos:

1°. Que a través de la Resolución núm. 56 de 6 de agosto de 1999,

el entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria -INCORA-

amplió el territorio de las comunidades indígenas U´wa, lo que

implicó que sus límites, en el sector norte, quedaran definidos de la

siguiente manera:

«[…] la orilla derecha de la carretera en sentido general sudeste
hasta encontrar la Quebrada China, de allí se sigue aguas abajo
hasta la desembocadura del río Cubugón (Keroá) (...) de este
punto se sigue aguas abajo del río Cubugón (Keroá) hasta el
punto situado a un kilómetro antes del puente sobre el río
Cubugón en cruce de la carretera que conduce de Samoré a

2
En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Cubará […]».

2°. Agregó que desde el año 2000 la comunidad U´wa ha sido víctima

de afectaciones graves a los derechos humanos, con ocasión de

diferentes situaciones, entre ellas, «[…] dos desalojos forzados

llevados a cabo en los Pozos Gibraltar 1 y 2 de Ecopetrol, donde

miembros de la Policía hicieron uso injustificado de la fuerza letal,

generando graves consecuencias humanitarias como

desplazamientos y confinamientos forzados, torturas, amenazas

contra líderes indígenas que se oponían al funcionamiento de los

pozos petroleros […]».

3°. Sostuvo que el 9 de diciembre de 2010 ECOPETROL S.A.3 radicó

ante la ANLA estudio de impacto ambiental para el desarrollo del

proyecto Área de Perforación Exploratoria Magallanes —APE

Magallanes—, en el que estableció como área de influencia directa

(AID) y área de influencia indirecta (AII) los cuerpos hídricos

conformados por la quebrada La China y el río Cubugón en dirección

hacia el norte, y no hacia el sur, que es, precisamente, el lugar de

ubicación del Resguardo Unido U´wa «[…] ignorando de contera los

impactos ambientales, socioculturales y espirituales que tendría la

3
En adelante Ecopetrol

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

cercanía del proyecto de perforación exploratoria Magallanes a los

cauces de la quebrada y el río destacados, en el específico sentido

que éstos pueden ser considerados como lugares sagrados para el

ejercicio de la espiritualidad colectiva del pueblo U'wa, sin obviar que

de los mismos, las y los U'was además beben y pescan en un

contexto de riesgo en el que la plataforma de perforación se

encuentra bastante cerca de dichas áreas, lo cual es un latente

peligro de contaminación si alguno de estos cuerpos de agua llegara

a desbordarse […]».

4°. Manifestó que mediante el concepto técnico 1447 de 31 de agosto

de 2012 la ANLA determinó que la perforación a realizarse sería

rotacional, con una profundidad proyectada de 8.000 a 15.000 pies

y con «[…] una tecnología direccional para la desviación requerida de los

pozos, en caso de que las condiciones de la perforación y redefinición de

objetivos así lo ameriten, de manera que eventualmente el taladro podría

ser redirigido hacia la cuenca conformada por el río Cubugón y la quebrada

La China y, por ende, hacia porciones del subsuelo asociadas al Resguardo

Unido U'wa […]».

5°. Alegó que a través de la Resolución 0803 de 24 de septiembre

de 2012, acto demandado, la ANLA otorgó a Ecopetrol la licencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

ambiental para el desarrollo del proyecto APE Magallanes.

6°. Señaló que el 1o. de mayo de 2014 el pueblo U’wa y el Gobierno

nacional suscribieron un acuerdo, mediante el cual se dispuso

conformar, de manera bilateral, un grupo de expertos técnicos

encargado de realizar un estudio sobre los impactos

socioambientales que podría generar el proyecto Magallanes en el

territorio U’wa. Asimismo, el 6 de junio de ese año, las partes

acordaron la creación de una comisión técnica paritaria para la

definición de los términos de referencia del referido estudio conjunto,

a cargo del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad

Nacional.

7°. Afirmó que en reunión realizada en el Distrito Capital el 17 de

junio de 2014, el Gobierno nacional y el pueblo U´wa convinieron

que este último presentaría una propuesta de términos de referencia

el 20 de junio siguiente, mientras que aquél haría sus observaciones

el día 24 del mismo mes, para que el 27 de junio se llegara a una

conclusión definitiva.

8°. Indicó que en un acto que desconoció la dignidad de las

autoridades ancestrales y tradicionales U’wa, el Gobierno nacional

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

desatendió los términos presentados el 20 de junio de 2014 y,

adicionalmente, rechazó un comunicado del Resguardo en el que se

solicitaba interpretar el silencio gubernamental como aceptación de

sus pretensiones.

I.3.- Fundamentos de derecho

Como sustento de la pretensión anulatoria, la parte actora afirmó que

la resolución demandada vulneró los artículos 13 y 14 del Convenio

169 OIT; 3° y 8.1. de la Resolución 61/295 de la Asamblea General

de la ONU; 25 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre

Medio Ambiente y Desarrollo; el preámbulo del Convenio de Río de

1992 sobre la Diversidad Biológica; el Apéndice I de la Convención

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas; los

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU

(Principio 5); los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos

y el Desplazamiento generados por el desarrollo (Principios IIA12 y

IIC28); los artículos 1°, 7°, 8°, 13, 70, 79, 80, 93 y 330, parágrafo,

de la Constitución Política; 2°, numeral 2, 8°, 9° y 302 del Decreto

2811 de 18 de diciembre de 19744; 1°, -numerales 1 a 4 y 6 a 12-,

4
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

3°, 42 y 43 de la Ley 99 de 22 de diciembre 19935; y 10°, 11 y 44

del Decreto Ley 4633 de 9 de diciembre de 20116:

Concretamente, señaló los siguientes cargos de violación:

«Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa del

territorio del pueblo U’wa»: en este cargo, la actora se refirió a:

la violación del derecho a la integridad cultural y a la salvaguarda de

la supervivencia física y cultural del sujeto colectivo U’wa y al

incremento del riesgo desproporcionado al que se encuentra

sometido el pueblo U’wa por el conflicto armado.

 Violación del derecho a la integridad cultural y a la
salvaguarda de la supervivencia física y cultural del
sujeto colectivo U’wa

Sostuvo la actora que según lo preceptuado en el artículo 44 del

Decreto Ley 4633 de 2011, la integridad cultural de los pueblos

indígenas comprende el medio material y los sistemas simbólicos o

de representaciones que configuran el ámbito intangible y espiritual

5
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
6
“Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

que otorga sentido de pertenencia a los miembros de un pueblo

indígena en relación con el sujeto colectivo al que éstos pertenecen.

Mencionó que, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia

constitucional, se entiende como daño a la integridad cultural toda

«afectación y profanación de origen externo sobre los sistemas de

pensamiento, organización y producción que son fundamento

identitario, otorgan sentido a la existencia individual y colectiva, y

diferencian a un pueblo indígena de otros pueblos».

Explicó que las comunidades indígenas sufren un proceso socio

cultural denominado «aculturación» que consiste en la adaptación

forzosa de un individuo o de un grupo étnico, social o cultural a los

cánones identitarios de otra cultura, cuya afirmación en la vida propia

y grupal se presenta inevitable e impuesta por el contacto forzado

que se tiene con ella. Dicho proceso de «aculturación» se incrementa

por la imposición no consentida de proyectos de desarrollo ajenos al

plan de vida del pueblo indígena, así como también por exposición a

procesos violentos de «desterritorialización» mediante fenómenos de

desplazamiento forzado, confinamiento territorial e incremento de la

presencia de grupos armados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Puso de presente que la Corte Constitucional, en el auto 004 de 2009,

sostuvo que la comunidad U'wa está en riesgo de ser exterminada

desde el punto de vista físico y cultural, con ocasión del

desplazamiento forzado derivado por el conflicto armado y sus

factores subyacentes y asociados, que responden a «procesos

territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto interno que

afecta los territorios tradicionales y las culturas indígenas».

Con fundamento en lo narrado, señaló que con el fin de evitar la

afectación de «la vida e integridad individual de los miembros del

pueblo U’wa y la supervivencia física y cultural de la Nación U’wa

como sujeto colectivo que se diferencia de los demás», era

imprescindible que la autoridad ambiental involucrara a la comunidad

U’wa en el proceso de licenciamiento con el fin de poder dar a conocer

«los intangibles culturales y espirituales que deben ser protegidos

desde la perspectiva de la preservación de la cosmovisión U’wa, lo

cual, incluso, debió protegerse desde el momento de definición del

AI del proyecto APE Magallanes».

Comentó que la aprobación del proyecto «a espaldas del pueblo

U’wa», afectó su territorio ancestral, desconoció su integridad

cultural e impuso un proyecto de perforación del subsuelo que atenta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

contra su cosmovisión espiritual y, particularmente:

• Desconoce el carácter sagrado y el uso vital de los cuerpos de
agua de las cuencas del Río Cubogón y la Quebrada La China,
las cuales son consideradas sagradas por el pueblo U’wa, con
un valor cultural, religioso y místico. Estas fuentes de agua
potable y pesca tradicional sirven de autoabastecimiento de la
comunidad, pero se han visto limitadas debido a que el
proyecto APE Magallanes y la militarización de la zona han
reducido prácticas ancestrales como la pesca nocturna,
afectando la integridad espiritual y la supervivencia física y
cultural del pueblo.
• Altera el paisaje y no considera la afectación espiritual, en
tanto el análisis paisajístico del AID ignoró la relación cultural
y cosmogónica de la comunidad U’wa con su territorio,
limitándose a criterios estéticos. Asimismo, la instalación del
taladro y la infraestructura del pozo Magallanes genera un
grave agravio espiritual que «vulnera el equilibrio natural y
simbólico que sustenta la cosmovisión U’wa, afectando el
territorio Kerá Chikará y su deidad Sira».
• No se realizó un análisis profundo ni se incorporó el
conocimiento ancestral U’wa en la identificación de especies, lo
que impidió un levantamiento adecuado de la información
biótica. Aunado a ello, el EIA no efectuó ningún análisis basado
en una construcción colectiva del conocimiento a partir de la
tradición oral de la comunidad que permitiera identificar la
biota involucrada en las áreas de afectación, como tampoco se
tuvo en cuenta el conocimiento ni la simbología cultural.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Agregó que en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs.Paraguay,

(sentencia de 17 de junio de 2005), la Corte IDH advirtió que «al

desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las

comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar

afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad

cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y

sus miembros». Lo anterior, en armonía con lo señalado por la Corte

Constitucional en la sentencia T-129 de 2011, en la que mencionó

que «no se puede obligar a una comunidad étnica a renunciar a su

forma de vida y cultura por la mera llegada de una obra de

infraestructura o proyecto de explotación».

 Violación del derecho a la protección integral ante el
impacto desproporcionado del conflicto armado

Narró la demandante que la Corte Constitucional, a través del auto

004 de 2009, ordenó al Gobierno nacional diseñar un programa de

garantías para los 34 pueblos indígenas expuestos al exterminio

físico y cultural con ocasión del conflicto armado y los procesos

territoriales y socioeconómicos conexos al mismo, entre los cuales se

encuentra incluida la comunidad U’wa. Como parte de los

compromisos de las autoridades se señalaron los siguientes:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

«(i) prevenir el desplazamiento, (ii) anticipar o responder al
confinamiento, (iii) atender a los indígenas desplazados, no
sólo desde una perspectiva individual sino valorando la
dimensión colectiva de sus derechos; (iv) actuar con plena
determinación frente a las conductas delictivas asociadas al
desplazamiento; y (v) evitar el exterminio cultural o físico de
las etnias más amenazadas».

Corolario de lo anterior, estimó la demandante que en el caso de la

licencia del proyecto APE Magallanes la intervención institucional

para la garantía constitucional especial en favor del pueblo U’wa,

implicaba que:

«1) La aprobación o licencia del APE Magallanes debió estar
precedida de la activación de medidas especiales de
protección territorial, especialmente debió verse aprobada
solamente, y de manera previa, en el marco de una ruta
étnica de protección de tierras y territorio, que deben poner
en marcha en conjunto el Incoder, la Superintendencia de
Notariado y Registro, la Unidad Nacional de Tierras del
Ministerio de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) y el Proyecto de Protección de Tierras de
Acción Social (hoy Unidad Administrativa de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas).

2) La aprobación o licencia del APE Magallanes debió estar
precedida por la verificación del cumplimiento de los
artículos 10 y 11 del Decreto Ley 4633 de 2011 según los
cuales, “en los casos en que por causas asociadas con el
conflicto armado interno y sus factores subyacentes y
vinculados el pueblo o la comunidad indígena hayan perdido
o estén en riesgo de perder el acceso a los lugares sagrados
y en general a su ámbito social, económico y cultural, el
Estado, tomando en cuenta las condiciones de seguridad
imperantes, garantizará el pleno disfrute de los mismos, de
conformidad con la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho
Mayor o Derecho Propio" y “el Estado garantizará la
protección de los territorios de ocupación histórica o
ancestral de los pueblos o comunidades en los términos
establecidos en los artículos, 13, 14 y 15 del Convenio 169
y del artículo 63 de la Constitución Política",
respectivamente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

3) La aprobación o licencia ambiental del APE Magallanes
debió realizarse en el marco de condiciones establecidas
previamente en el Plan de Salvaguarda de la Nación U’wa,
ordenado en el Auto 004 de 2009. De no existir aún el Plan
señalado, el Estado estaba en la obligación de tomar
decisiones en favor de la protección integral de la
supervivencia física y cultural del pueblo U’wa o de
abstenerse de realizar aquellas que impidieran dicha
protección.

4) La aprobación y licencia del proyecto APE Magallanes
debió realizarse en el marco de una verificación previa de los
riesgos humanitarios a los que se encuentra expuesta,
histórica y actualmente, la Nación U’wa. Dicha verificación
solamente era posible realizarla en un espacio en el que se
solicitara el consentimiento al pueblo indígena y en el que
éste pudiera ejercer su objeción cultural al proyecto. Espacio
por lo demás totalmente ausente en el proceso de
licenciamiento del proyecto en cuestión. En este caso, de
demostrarse que el proyecto incrementaría el riesgo
desproporcional y diferenciado de victimización al que se
encuentra expuesto el pueblo U’wa, el Estado debería
abstenerse de concederle licencia o aprobación».

Insistió en que la situación de vulnerabilidad de la comunidad U´wa

con ocasión del conflicto armado que se desarrolla en su territorio se

incrementa con la ejecución del proyecto APE MAGALLANES, debido

a que hay una pérdida de movilidad dentro del territorio por la

militarización de la zona que impide a los miembros de la comunidad

realizar sus actividades religiosas; hay un incremento de la acción

bélica de los grupos armados con ocasión de la explotación de

hidrocarburos que afecta directamente los derechos de la comunidad

étnica; y hay un aumento de los fenómenos individuales y grupales

de desplazamiento forzado y confinamiento territorial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

«Irregularidades en la expedición del acto demandado e

infracción de normas en las que debía fundarse»: en este

cargo, la actora se refirió a: la indebida determinación de las áreas

de influencia directa e indirecta del Proyecto Magallanes, en relación

con el medio socioeconómico y a la violación del principio de

precaución o tutela ambiental.

 Indebida determinación de las áreas de influencia
directa (AID) e indirecta (AII) del Proyecto Magallanes,
en relación con el medio socioeconómico

Adujo la actora que el acto acusado desconoció los preceptos

constitucionales que establecen el derecho a la igualdad y al debido

proceso, así como la autonomía de los pueblos indígenas.

Mencionó que el proyecto aprobado por la ANLA impactó el territorio

U’wa, el cual no puede reducirse únicamente al resguardo

formalmente reconocido, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en armonía con

los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, el título jurídico que

otorga derechos territoriales a los pueblos indígenas en relación con

sus tierras y el hábitat cultural en el que estas se encuentran

insertas, no es el instrumento formal que el Estado llega a reconocer

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

a través de sus mecanismos institucionales (como sucede con la

figura de la constitución de resguardos), sino la estrecha relación

ancestral y consuetudinaria que los pueblos indígenas mantienen con

el territorio.

Señaló que el acto administrativo omitió considerar la existencia del

Resguardo Unido U’wa, delimitado por la Resolución 56 de 1999 del

INCORA, colindante con áreas críticas como el Río Cubogón y la

quebrada La China, lo que conllevó la invisibilización del carácter

ancestral de la posesión ejercida por dicha comunidad sobre áreas

coincidentes con las áreas de influencia directa e indirecta del

proyecto señaladas en el estudio de impacto ambiental (EIA).

Agregó que ello implicó no solo una afectación grave al territorio

ancestral y cultural de la Nación U’wa, sino también el

desconocimiento de sus derechos culturales, espirituales y de su

personalidad jurídica, debido a la influencia directa que el proyecto

aprobado ejerce sobre cuerpos de agua que, para dicha comunidad,

constituyen lugares sagrados.

 Violación del principio de precaución o tutela ambiental

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Afirmó que la Corte Constitucional ha sostenido que el principio de

precaución o tutela se aplica en los casos en que el riesgo o la

magnitud del daño que puede sobrevenir no son conocidos con

anticipación, debido a la limitación del conocimiento científico, de

manera tal que no hay forma de establecer los posibles efectos

nocivos del desarrollo de determinado proyecto. Adicionalmente, el

Estado colombiano ha suscrito tratados internacionales, como el

Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992, en

los que reconoce el principio de precaución como eje fundamental en

las decisiones relacionadas con la protección del medio ambiente, por

lo que dicho principio integra el bloque de constitucionalidad en

sentido estricto.

Destacó que el principio de precaución se refleja en los deberes de

protección y prevención previstos en los artículos 79 y 80 de la

Constitución y en las disposiciones del Código de Recursos Naturales

(Decreto 2811 de 1974), que se refieren al ambiente como

patrimonio común que exige prevenir efectos nocivos en la

explotación de recursos; asimismo, la Ley 99 de 1993 integra el

principio de precaución como criterio rector de la política ambiental,

indicando que la falta de certeza científica no debe impedir la

adopción de medidas eficaces para evitar daños graves e

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

irreversibles.

Anotó que de conformidad con el artículo 57 de la Ley 99, el área de

influencia comprende todas las zonas bióticas, abióticas,

atmosféricas, culturales, sociales y económicas que puedan

presentar un impacto directo o indirecto, positivo o negativo,

acumulativo o puntual dentro de un límite espacial y temporal; es

decir, que se tiene que delimitar teniendo en cuenta las unidades

fisiográficas naturales sistémicas, y su relación con la visión

cosmogónica ancestral o cultural de las comunidades presentes en el

área.

En particular, sostuvo que el estudio de impacto ambiental (EIA), que

sirvió de soporte a la expedición de la licencia demandada, contiene

altos grados de incertidumbre que impiden determinar elementos

como la adecuada localización del proyecto, la cual se fijó en una

escala de 1:250.000, siendo la adecuada la de 1:1000 con miras a

obtener la representación en el mapa de los elementos fisiográficos

y naturales (cuerpos de agua, relieve), infraestructura, carreteras y

viviendas.

Agregó que la aludida incertidumbre en relación con las escalas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

empleadas para la localización del proyecto generó una afectación

grave a los derechos de los miembros de la comunidad U’wa, pues si

bien el APE Magallanes no se encuentra traslapado con resguardos

indígenas legalmente reconocidos, desde una perspectiva

estrictamente geofísica, se ubica a tan solo 270 metros del

Resguardo Unido U’wa, distancia en la cual los impactos del proyecto

tienen una incidencia cierta y significativa.

Respecto de las presuntas deficiencias del componente de geología

del EIA, la actora enumeró las siguientes:

«[…] No hay una geología detallada basada en observaciones
ni mediciones de campo que permitan elaborar un modelo
hidrogeológico conceptual ni geotécnico idóneo y que
comprenda el comportamiento del agua a nivel regional.
(…)
se aprecia gran cantidad de fracturas susceptibles de ser
medidas y tratadas estadísticamente para generar un centroide
de las tendencias de fracturamiento y orientación de las capas
observadas correspondientes al nivel 5 de la Formación
Carbonera. Además, las imágenes de la quebrada La China
evidencian un patrón de fracturamiento con alta densidad de
discontinuidades, lo que se puede comportar como un medio
conductor de fluidos para recarga y descarga de acuíferos.
(…)

Las unidades de depósitos no litificados (terrazas aluviales y
depósitos aluviales recientes) son según la descripción
litológica, de textura heterogénea en los granos y la matriz de
composición arenosa, potenciales acuíferos, lo que los hace
objeto de protección ambiental especial.
(…)
El corte geológico comprende fallas normales sub-verticales
(Falla de la China), lo que hace de la zona de perforación un
área con amenaza sísmica latente, en particular en una

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

eventual etapa de explotación.
(…)
Las unidades geológicas de origen aluvial presentan cauces
intermitentes con caudales que dependen del aporte de
infiltración de las corrientes de agua superficial y de las
unidades geológicas superficiales (terraza alta), lo que indica
que un impacto a cualquiera de estos dos elementos
almacenadores podría generar una amenaza a la disponibilidad
de agua en cauces y eventualmente generar daños
ambientales.
(…)
En lo referente a las fallas geológicas, su caracterización es casi
nula
(…)
La geología estructural es deficiente pues no caracteriza las
discontinuidades como potencial agente transmisor de fluidos
(agua, aceites, gases, contaminantes) […]».

En relación con el componente de geomorfología, señaló:

«[…] La quebrada La China y el río Cubogón se clasifican como
ríos meándricos, afirmación errada al no tener en cuenta que
estos se caracterizan por tener un radio de sinuosidad mayor a
1,5 (SR: longitud del canal / longitud del valle aluvial), cauces
con curvas alternadas unidas por tramos rectos y cortos, lagos
abandonados a lado y lado del cauce, valles y llanuras de
inundación amplias y normalmente se encuentran en llanuras
bien desarrolladas (Gracia & Maza , 1997; Guevara , 2003) lo
cual evidentemente no caracteriza ni a la quebrada La China ni
al río Cubogón, los cuales son cauces de montaña, limitados
por lechos de roca que limitan el desarrollo de meandros.

Teniendo en cuenta la cercanía del proyecto al cauce de los ríos
es necesario realizar el perfil de cada uno, no solo al área
limitada por el polígono APE sino en sentido más regional, con
el fin de identificar y clasificarlos correctamente, y de esta
manera definir su comportamiento y posibles amenazas
asociadas a éste […]».

Sobre los aspectos geotécnicos y de amenaza sísmica, resaltó:

«[…] Ausencia de caracterización de macizo rocoso. Es

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

necesario establecer la calidad de macizo rocoso en términos
de disposición estructural de familia de diaclasas y fracturas.
(…)
No se realiza la caracterización de las fallas activas en términos
de zonificación de amenaza sísmica. Según el EIA - APE
Magallanes dentro de los aspectos locales se identifican tres (3)
fallas geológicas: Falla de Samoré, Falla de Banderas y Falla de
La China, pero no se realiza zonificación de amenaza sísmica
local.
(…)
No se realiza caracterización geotécnica de los materiales para
establecer comportamiento dinámico en el área de influencia
directa (…) no se realizó una caracterización geotécnica para
establecer los parámetros dinámicos como lo son la
caracterización física (densidad, peso unitario, relación de
vacíos, humedad), ensayos dinámicos en campo o en
laboratorio como carga cíclica, velocidad de corte, down hole,
entre otros.
No se realiza identificación o zonificación de amenaza por
procesos de remoción en masa.
(…)
Deficiencias en la caracterización y zonificación geotécnica. No
se realiza la caracterización geotécnica de materiales (suelo,
depósitos, roca), por lo cual, no se conocen los parámetros
geomecánicos que permitirían establecer las condiciones de
estabilidad geotécnica del terreno dentro del área de estudio.
Adicionalmente, a pesar que dentro del Estudio se menciona
que se realizó la zonificación geotécnica, con base en la
metodología de Ambalagan (1992), ésta no fue utilizada y las
variables que son analizadas como tectónica, riesgo sísmico,
procesos morfodinámicos, para establecer las condiciones y el
grado de estabilidad geotécnica, carecen de sustento técnico,
de manera que sus resultados no aportan el conocimiento
necesario para evitar afectaciones al ambiente y población
cercana bajo el PMA - APE Magallanes.
(…)
Se incurre en una contradicción en relación con la clasificación
de amenaza por licuación para los depósitos de terraza
representada en el mapa "Riesgos y amenazas" (donde se
encuentra ubicada la plataforma de perforación) por cuanto
ésta es señalada como baja. Sin embargo, dentro del sustento
teórico se explican características que hacen que los materiales
sean muy susceptibles a procesos de licuefacción (clasificación
alta) […]».

En cuanto al componente de aguas, destacó:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

«[…] El modelo hidrogeológico planteado tiene en cuenta líneas
de flujo inferidas a partir de los ángulos de buzamiento y la
pendiente de los estratos, pero no considera un factor tan
importante como la porosidad secundaria por fractura, que
siendo intensa también modela las direcciones preferenciales
de flujos.
(…)
En cuanto a los flujos locales o unidades hidrogeológicas
someras, sobre los cuales se centra el modelo hidrogeológico
conceptual, no se encuentra un vínculo entre la hidrología de
la zona y la hidrogeología.
(…)
En la evaluación cuantitativa de la vulnerabilidad de las
unidades hidrogeológicas, se definieron valores puntuales para
toda un área, sin tener en cuenta la interrelación de la zona
con la región.
(…)
La clasificación de la topografía de 12-18% de pendiente no
aplica sino para las zonas de ladera, sin embargo, en la
ponderación para la elaboración del modelo se usa para toda el
área, despreciándose el valor de la zona donde se ubicará la
plataforma de perforación.
(…)
Se presentan datos de baja conductividad hidráulica, sin partir
de análisis de campo.
(…)
En cuanto a los depósitos coluviales, existen incoherencias en
los planteamientos pues si bien "se estima que es de baja
productividad” también se afirma que "surte varios nacederos
intermitentes”.
(…)
Existe una omisión total de las consideraciones de fracturas en
las secuencias rocosas […]».

En lo referente al componente ecosistémico, dijo:

«[…] La descripción de cobertura vegetal que realiza el EIA que
hace parte integral de la licencia demandada es insuficiente
porque en relación con las coberturas identificadas no se indica
cuánta área cubren éstas en relación con el total del AI.
(…)
La licencia ambiental demandada avala la inexistencia de un
análisis detallado de la configuración y la estructura del paisaje,
así como del estado de fragmentación de la zona de estudio.
(…)
No existe evidencia de ningún tipo de análisis que dé cuenta de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

la dinámica natural y de su proceso de regeneración.
(…)
En relación con los ecosistemas acuáticos, el EIA no identificó
si de las especies de peces muestreadas, alguna se encontraba
bajo alguna categoría de amenaza, ya que dichos datos podrían
blindar el área de actividades antrópicas para asegurar dichas
poblaciones.
(…)
En el componente de fauna y flora terrestre, en el EIA no se
encontró el estudio sobre el análisis de vulnerabilidad de
especies frente a los cambios o impactos que puede ocasionar
el proyecto, como tampoco se identificaron las especies
sombrilla, generando un déficit de información sobre la flora y
fauna existente.

«Nulidad del acto administrativo demandado por falsa

motivación»: fundamentó este cargo en que la autoridad ambiental

incurrió en omisiones sustanciales respecto de hechos relevantes

que, de haber sido tenidos en cuenta, habrían conducido a negar la

licencia ambiental otorgada a Ecopetrol S.A. para el área de

perforación exploratoria Magallanes.

Mencionó que la ANLA omitió circunstancias fácticas relacionadas

con el interés público en la conservación del medio ambiente y con

la protección de los derechos colectivos de los miembros del pueblo

indígena U’wa, pues en el acto acusado únicamente consideró hechos

que favorecían los intereses de la empresa petrolera y la actividad

de exploración, apreciados en una dimensión parcial y equivocada,

en detrimento de bienes jurídicos tutelados por la Constitución y la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

ley, cuyos titulares son tanto la sociedad colombiana como el pueblo

indígena U’wa.

Sintetizó el cargo de violación en los siguientes puntos:

desconocimiento del auto 004 de 2009, en el que la Corte

Constitucional declaró a la comunidad étnica U’wa en riesgo de

exterminio cultural y físico por el conflicto armado; impactos

ambientales y espirituales por la cercanía del proyecto Magallanes a

cuerpos de agua sagrados para la comunidad; exclusión del

Resguardo Unido U’wa, pese a su colindancia (270 mts.) con el

proyecto; omisiones en el estudio de impacto ambiental y motivación

basada en información técnica incompleta, pues la autoridad no

advirtió que Ecopetrol desconoció la proximidad del proyecto a

puntos clave del Resguardo; falta a la verdad respecto del proceso

de socialización; desconocimiento de la concepción espiritual del

territorio, ignorando la relación entre integridad cultural U’wa y su

hábitat espiritual; desconocimiento del vínculo entre explotación de

hidrocarburos y conflicto armado; y apreciación errada sobre el

fenómeno de desplazamiento forzado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1. Admisión. Mediante proveído de 10 de diciembre de 2015, el

despacho sustanciador7 admitió la demanda de la referencia y ordenó

correr traslado de la solicitud de medida cautelar8.

II.2. Manifestación de impedimento. El magistrado sustanciador,

doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, manifestó impedimento para

conocer del presente proceso, el que le fue aceptado en proveído de

19 de abril de 20189.

II.3. Actuaciones procesales. Recibido el proceso en el despacho,

se ordenó comunicar a la parte actora la renuncia de su apoderado,

mediante autos de 22 de julio, 3 de septiembre, 20 de noviembre de

2019, 24 de enero y 11 de marzo de 2020.

II.4. Vinculación de tercero interesado. Con auto de 24 de

septiembre de 2021 se ordenó la vinculación al proceso de la

EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS ECOPETROL S.A.,

como tercero con interés directo en las resultas del proceso10.

7
Despacho del Magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés.
8
Expediente, folio 417. Ver índice 2 del expediente digital, archivo 39, página 232.
9
Expediente, folio 417. Ver índice 2 del expediente digital, archivo 41, página 4.
10
Expediente digital, índice 76.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

II.3.- Contestación

II.3.1.- La apoderada judicial de la AUTORIDAD NACIONAL DE

LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-, contestó la demanda en los

siguientes términos11:

Afirmó que el 9 de diciembre de 2010, ECOPETROL S.A. allegó el

estudio de impacto ambiental del proyecto objeto del presente

proceso, para su evaluación.

Indicó que, mediante la Resolución 0803 de 24 de septiembre de

2012, esa entidad otorgó licencia ambiental para el proyecto APE

Magallanes, definiendo como área de influencia directa la vereda

Troya y el corregimiento de Samoré; y como área de influencia

indirecta la cabecera municipal de Toledo, delimitación que se basó

en criterios técnicos y términos de referencia del sector

hidrocarburos.

Señaló que el estudio de impacto ambiental fue elaborado conforme

a los términos de referencia HI-TER-1-02 de 2006; y que al analizar

la caracterización del área de influencia directa del proyecto se

11
Expediente, folio 417. Ver índice 2 del expediente digital, archivo 39, página 242.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

evidenció que su delimitación se realizó con base en la microcuenca

conformada por el Río Cubugón y la Quebrada 5, por ser el espacio

geográfico en el cual se evidenciarían los impactos ambientales

directos derivados tanto de la actividad principal —perforación

exploratoria Magallanes (APE)— como de las obras y acciones

accesorias que comportaba su ejecución.

Precisó que el área de influencia directa respecto del componente

socioeconómico se circunscribió a la unidad territorial

correspondiente a la vereda La Troya, perteneciente a la jurisdicción

del municipio de Toledo, en el departamento de Norte de Santander.

Refirió que, además, se definió un área de influencia indirecta donde

podían presentarse impactos secundarios, comprendiendo la cuenca

medio baja del Río Cubugón y microcuencas asociadas, así como la

cabecera municipal de Toledo y el casco urbano de Samoré, por ser

puntos que proyectan los efectos sociales y económicos derivados del

desarrollo del proyecto.

Observó que dichas áreas fueron objeto de evaluación técnica por

parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial; y que mediante auto 2051 de 2011 se advirtió que la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

delimitación inicial no consideró adecuadamente los asentamientos y

territorios afectados aguas abajo del vertimiento, por lo cual se

solicitó información complementaria para ajustar dicha delimitación.

Comentó que, en cumplimiento del requerimiento formulado,

ECOPETROL S.A. desistió de realizar vertimientos sobre el Río

Cubugón, por haber establecido la viabilidad técnica de ejecutar

dicha actividad mediante terceros y así reducir los impactos

ambientales sobre fuentes hídricas.

Expuso que para la caracterización ambiental se exigió

complementar información técnica detallada en materia de

hidrología, geología, calidad del aire, clima, usos del agua y cobertura

vegetal, desagregando los elementos correspondientes al área

directa e indirecta según los lineamientos técnicos establecidos en

los términos de referencia.

Mencionó que ECOPETROL S.A., en respuesta a los requerimientos

efectuados en virtud del auto 2051 de 2011, también desistió de

algunos permisos ambientales, señalando que técnicamente no era

viable mantener la captación y vertimiento inicialmente previstos,

razón por la cual se consideró más apropiado trasladar dichas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

actividades a terceros para reducir los impactos sobre las fuentes

hídricas.

Puntualizó que, por lo anterior, ajustó la delimitación de las áreas de

influencia, incluyendo al corregimiento de Samoré dentro del área

directa para el componente socioeconómico, por considerar que

podría verse impactado por la llegada de personal externo y la

demanda de bienes y servicios.

Anotó que, para el componente abiótico y biótico, el área de

influencia indirecta quedó delimitada como la subcuenca del Río

Cubugón, integrada por microcuencas cercanas, al tratarse de

espacios donde se proyectaron impactos indirectos sobre factores

hidrológicos, biológicos y ecosistémicos.

Advirtió que, según lo expuesto por ECOPETROL S.A., al no

proceder con el vertimiento directamente sobre el Río Cubugón las

zonas inicialmente proyectadas como afectadas aguas abajo dejarían

de formar parte del área de influencia del proyecto, razón por la cual

no fue caracterizada la comunidad allí ubicada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Expuso que el retiro de la actividad de vertimiento hacia el Río

Cubugón disminuyó sustancialmente el potencial de afectación

ambiental, lo cual sí fue considerado al momento de evaluar la

viabilidad de otorgar la licencia ambiental correspondiente.

Manifestó que, en desarrollo de su competencia técnica y legal,

procedió a verificar el cumplimiento de los términos de referencia

ambientales, así como la suficiencia de la información allegada por

ECOPETROL S.A., obteniendo elementos suficientes para adoptar

una decisión de fondo.

Señaló que la respuesta técnica y jurídica de la ANLA se basó en los

conceptos especializados emitidos por las diferentes áreas técnicas,

los cuales evidenciaron el cumplimiento de los requisitos ambientales

exigidos para trámites de esta naturaleza. Así, la evaluación

ambiental incluyó la verificación de impacto en zonas de recarga

hídrica, calidad del agua, comportamiento atmosférico, ecosistemas

bióticos y estructuras geológicas, siendo estos aspectos analizados

por expertos especializados en cada área.

Aclaró que esta modificación operacional implicó una reducción

significativa de los impactos, motivo por el cual el área aguas abajo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

del punto de vertimiento inicialmente proyectado dejó de hacer parte

del área de influencia del proyecto. Esto permitió concluir que al no

desarrollarse esa actividad directamente dentro del polígono

intervenido, la comunidad ubicada en dicho sector no presentaba

afectación directa en los términos ambientales requeridos para su

caracterización.

Agregó que a pesar de que el Resguardo Unido U’wa se encuentra a

más de 200 metros del proyecto APE Magallanes, se pudo determinar

a partir del EIA, la información recopilada y las visitas efectuadas,

que los impactos ambientales no inciden en dicho territorio.

Adujo que las directrices impartidas en la Resolución 0803 de 2012

exigieron que, previo a la perforación de cada pozo, se presentaran

planes de manejo ambiental individualizados, ajustados a los

criterios técnicos contenidos en el estudio de impacto ambiental y

orientados a garantizar la prevención de riesgos geológicos y

ambientales. Dichos planes específicos debían ser desarrollados

conforme a los términos de referencia especializados HTER-210, así

como a los lineamientos fijados por la ANLA para evaluación y

seguimiento ambiental de proyectos de exploración.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Afirmó que su actuación se ciñó al principio de precaución ambiental

y a los deberes constitucionales de protección del medio ambiente,

al exigir ajustes técnicos para minimizar los impactos potenciales del

proyecto antes de autorizar su ejecución.

Agregó que, atendiendo al principio de precaución, estableció que

cualquiera de las amenazas identificadas debía ser monitoreada

rigurosamente durante la ejecución del proyecto, condicionando la

viabilidad del mismo al mantenimiento de medidas de seguridad

ambiental adecuadas.

Aseveró que el proyecto fue aprobado condicionadamente a la

implementación de medidas de seguimiento ambiental, con el fin de

garantizar que las actividades se desarrollaran respetando los

estándares de preservación y prevención establecidos

normativamente.

Frente al cargo de la presunta afectación a los derechos ancestrales

de la comunidad U’wa, reiteró que sí se indagó sobre la posible

connotación cultural del río Cubugón y se requirió verificar si era

necesario un estudio cultural, concluyendo que no procedía, dada la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

ausencia de acreditación de presencia de comunidad indígena en el

área del proyecto.

Concluyó que el acto cuestionado fue legal, técnica y ambientalmente

sustentado, sin que las críticas formuladas por la parte actora

reflejen con fidelidad el contenido completo del proceso evaluativo ni

los criterios adoptados en ejercicio de sus competencias.

II.3.2.- ECOPETROL12 se opuso a las pretensiones de la demanda,

para lo cual adujo, en síntesis, lo siguiente:

Aclaró que no existe traslape entre el polígono del proyecto APE

Magallanes y el Resguardo Unido U’wa, pues aquel se ubica al norte

de los cauces quebrada La China y río Cubugón, que actúan como

linderos naturales, de modo que hay colindancia, pero no

sobreposición.

Mencionó que la configuración cartográfica ha sido consistente desde

el licenciamiento y se alinea con la certificación institucional sobre

ausencia de cruce con territorio legalmente titulado a resguardo

indígena.

12
Expediente digital, índice 100.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Precisó que, frente a los señalamientos sobre trayectorias de

perforación a la supuesta redirección del taladro hacia el subsuelo del

resguardo, la ANLA evaluó la tecnología direccional solo como

eventualidad condicionada a la redefinición de objetivos y a las

condiciones técnicas de perforación.

Explicó que el pozo Magallanes-1 fue perforado de manera vertical y

abandonado; no obstante, cualquier futura perforación se diseñó sin

invadir el subsuelo asociado a áreas del resguardo, alejada del eje

hídrico Cubugón–La China, sin que obre soporte alguno para sostener

una afectación por desviación hacia territorio U’wa.

Agregó que, en efecto, el eventual pozo Magallanes-2 también fue

diseñado de forma vertical, esto es sin desplazamiento lateral; y que

un tercer pozo, de ejecutarse, se dirigiría hacia el noroccidente,

alejándose de los límites del resguardo y del eje hídrico aludido.

Argumentó que desde el estudio de impacto ambiental de 2010

definió correctamente el área de influencia directa e indirecta del

proyecto, para lo cual hizo un ejercicio comparativo con la

metodología del Ministerio de Ambiente de 2018, con lo que

comprobó que la delimitación fue la adecuada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Señaló que el área de influencia directa corresponde, en la práctica,

al mismo lugar del proyecto APE Magallanes, lo que incluye la zona

licenciada, la superficie donde estaría la plataforma y su

infraestructura.

Anotó que el área de influencia indirecta abarca la cuenca medio-baja

del río Cubugón y las microcuencas de las quebradas La China y

Piedra Ancha, con sus afluentes; y que la quebrada La China fluye

hacia el río Cubugón y este corre de sur a norte, de modo que el

movimiento natural del agua se aleja del resguardo.

Refirió que, en lo social y económico, aplicó la misma lógica de centro

y alrededores, esto es que el área de influencia directa se concentra

en la vereda donde está el proyecto y la indirecta en los centros

poblados cercanos que podrían sentir efectos secundarios, por lo que

se mantiene coherencia con la zonificación ambiental del estudio.

Aseveró que la combinación de las definiciones del estudio de 2010,

la cartografía e hidrología y la verificación metodológica frente a los

términos de referencia, conduce a que la delimitación de las áreas de

influencia sea adecuada y no justifique ampliarlas hacia el sur como

se pide en la demanda, porque los impactos no se proyectan hacia el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Resguardo Unido U’wa.

Enfatizó que, en todo caso, actuó con debida diligencia para verificar

la ausencia de comunidades étnicas en el área del proyecto, según

lo certificado por el INCODER y el Ministerio del Interior.

Expuso que, en este caso, no era aplicable el principio de precaución

porque no se acreditó un peligro real de daño grave e irreversible, ni

se aportó soporte técnico que muestre un riesgo ambiental que exija

activar medidas precautorias.

Puntualizó que la actora no probó que el estudio de impacto

ambiental fuese deficiente, porque ni siquiera confrontó lo dicho con

los términos de referencia, así como tampoco demostró qué

exigencia concreta faltó.

Destacó que, por el contrario, aplicó los términos de referencia,

delimitó correctamente las áreas de influencia conforme con la

normatividad, entregó el estudio a la autoridad y a las entidades

pertinentes e identificó impactos y definió medidas de manejo

eficaces, eficientes y oportunas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

En relación con la consulta previa, sostuvo que no era necesario el

agotamiento de dicho requisito porque el territorio del resguardo no

se traslapa con el Área de Perforación Exploratoria Magallanes,

además el punto más cercano entre el proyecto y el resguardo sería

de 270 metros.

Recordó que por acuerdos del año 2014, celebrados entre el Gobierno

nacional y las comunidades indígenas, las actividades del proyecto

están suspendidas, de modo que ninguna de las afectaciones

alegadas ha ocurrido.

Agregó que las consecuencias del conflicto armado narrado en la

demanda no guardan relación con las causales de nulidad de los actos

administrativos, pues son actuaciones de terceros, al margen de la

ley, que no pueden servir para invalidar una licencia ambiental.

Concluyó que no hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado

comoquiera que: i) este está fundamentado en un estudio de impacto

ambiental elaborado conforme a las normas y directrices técnicas

vigentes para la época, especialmente en la determinación de las

áreas de influencia; ii) la ubicación del APE Magallanes y de sus áreas

de influencia no coincide ni se traslapa con el territorio de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

comunidad U’wa; iii) actuó con debida diligencia, consultando a las

autoridades competentes sobre presencia étnica en el área; y iv) no

había lugar a adelantar consulta previa.

II.5. Medida cautelar. A través de la providencia de 3 de abril de

202513, el despacho decretó la suspensión provisional de los efectos

del acto acusado. La decisión fue confirmada mediante los proveídos

de 13 de junio de 2025, que resolvió el recurso de reposición14; y 23

de octubre de 2025, que decidió el recurso ordinario de súplica15.

II.6. El Despacho sustanciador, mediante proveído 3 de abril de

202516, prescindió de realizar la audiencia inicial establecida en el

artículo 180 del CPACA, fijó el litigio 17 y resolvió sobre las pruebas

aportadas y solicitadas por las partes; y en auto de 1o. de agosto de

13
Expediente digital, índice 118.
14
Expediente digital, índice 145.
15
Expediente digital, índice 162.
16
Expediente digital, índice 119.
17
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y
las contestaciones de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 0803 de 24 de septiembre de
2012, “Por la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones”, expedida por la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, -ANLA-, conforme a lo expuesto por la parte actora
en el escrito obrante a folios 342 a 413 del cuaderno núm. 2 5 , y a lo respondido por la ANLA y ECOPETROL
S.A., en los memoriales de contestación de la demanda y de intervención, visibles a folios 426 a 449 idem6
e índice 100 del expediente digital, respectivamente, desconoció lo previsto en las siguientes normas:
• Del bloque de Constitucionalidad: artículos 13 y 14 del Convenio 169 OIT; 3 y 8.1. de la Resolución 61/295
de la Asamblea General de la ONU; 25 de la Declaración de Rio de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente
y Desarrollo; Preámbulo del Convenio de Rio de 1992 sobre la Diversidad Biológica; Apéndice I de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas; Principio 5 de los Principios Rectores
de los Desplazamientos Internos de la ONU; y Principios IIA12 y IIC28 de los Principios Básicos y Directrices
sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el desarrollo.
• De la Constitución Política: artículos 1°, 7°, 8°, 13, 70, 79, 80, 93 y 330, parágrafo.
• Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974: artículos 2°, numeral 2, 8°, 9° y 302.
• Ley 99 de 22 de diciembre 1993: artículos 1°, -numerales 1 a 4 y 6 a 12-; 3°, 42 y 43.
• Decreto Ley 4633 de 9 de diciembre de 2011: artículos 10°, 11 y 44.
[…]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

202518 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que

presentaran sus alegatos de conclusión.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1 La ANLA19 efectuó un recuento de los seguimientos y

modificaciones de la licencia concedida a ECOPETROL. Asimismo,

indicó que el proyecto se encuentra en etapa de operación, aunque

está suspendido de forma temporal desde el 1o. de mayo de 2014,

por acuerdos entre la comunidad indígena U’wa y el Gobierno

nacional.

Insistió en que no se requirió consulta previa, toda vez que el

Ministerio del Interior y el INCODER certificaron que el área del

proyecto no se traslapaba con territorio titulado a resguardos

indígenas o comunidades afrodescendientes, siendo dichas

certificaciones actos administrativos con presunción de legalidad.

Por último, adujo que la sentencia de la Corte Interamericana de 4

de julio de 2024, dictada en el proceso Pueblo Indígena U’wa y sus

miembros vs. Colombia, consideró que el proyecto podía afectar

18
Expediente digital, índice 150.
19
Índice 157.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

directamente al pueblo U’wa y, en consecuencia, ordenó al Estado

colombiano realizar un proceso de participación, precisando que ello

no implicaba per se la ilegalidad de la licencia ambiental.

II.5.2 ECOPETROL20 reiteró que las áreas de influencia directa e

indirecta del proyecto APE Magallanes se definieron de manera

técnica y conforme con las reglas vigentes al momento de

elaboración del estudio de impacto ambiental en 2010, lo cual

contrastado con la metodología de 2018 sigue siendo válido.

Advirtió que para delimitar esas áreas se consideraron el medio

físico-biótico y el socioeconómico, con base en información primaria

y secundaria y en los prospectos geológicos del proyecto.

Destacó que el resultado preparado por la firma consultora cumplió

con los términos de referencia para proyectos de perforación

exploratoria; y que la identificación de impactos se apoyó en la

caracterización ambiental y en la descripción de actividades del

proyecto, tal como lo revisó y consideró la ANLA en su concepto

técnico.

20
Índice 158.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Recalcó que el proyecto no se superpone con el resguardo, solo están

contiguos y separados por los linderos naturales, sin que esté

previsto uso o afectación de estos cuerpos de agua.

Insistió en que, conforme con las certificaciones del INCODER y el

Ministerio del Interior, en el área del proyecto no se registraba

presencia de comunidades indígenas ni tierras tituladas a estos.

Expresó que durante la elaboración del estudio de impacto ambiental

no se socializó el proyecto con la comunidad U’wa porque, según su

delimitación, el área de influencia definida no se traslapaba con el

resguardo ni se realizarían actividades en áreas utilizadas por esa

comunidad.

Adujo que aún si se discutiera la necesidad de consulta, conforme

con la sentencia de 4 de julio de 2024, proferida por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, lo cierto es que para que se

decrete la nulidad del acto acusado tal circunstancia debe

encontrarse debidamente probada en el marco del presente proceso.

Agregó que la finalidad de los procesos de responsabilidad

internacional adelantados ante la Corte Interamericana de Derechos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Humanos y el de nulidad de la licencia ambiental son diferentes, de

modo que el primero no constituye cosa juzgada del segundo para

obligatoriamente concluir que deba anularse la licencia ambiental.

Precisó que, en todo caso, podrían adoptarse otras medidas que

modulen los impactos que tiene la declaratoria de nulidad de la

licencia, como llevar a su convalidación mediante el adelantamiento

concomitante de la consulta.

Aseveró en que no hay lugar a aplicar el principio de precaución,

porque la parte actora no identificó ni probó un riesgo real de daño

grave o irreversible con sustento técnico.

Expuso que viene ejecutando un plan de compensación del

componente biótico, con acciones como sistemas silvopastoriles,

socialización con comunidades, diagnóstico y selección de predios y

participantes.

Solicitó que, de anularse la licencia, esta sea parcial para mantener

vigentes las medidas de compensación ya impuestas y en ejecución,

porque protegen bienes ambientales y también preservan recursos

públicos ya invertidos para cumplirlas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

II.5.3. La parte actora21 expresó que el EIA omitió la caracterización

socioeconómica, cultural y espiritual, así como riesgos graves e

irreversibles en componentes geológicos, hidrogeológicos y

ecosistémicos que representa el proyecto APE Magallanes para la

comunidad U’wa.

Sostuvo que se invisibilizó al pueblo U’wa, desconociendo su posesión

ancestral y los estándares del Convenio 169 de la OIT, así como la

jurisprudencia constitucional.

Aseguró que la resolución acusada se basó en información imprecisa

y generalista, divergente con la realidad territorial.

Por último, precisó que la sentencia de la Corte IDH es vinculante y

ordena garantizar la consulta previa y los estudios adecuados, lo que

no se ha cumplido por parte de las demandadas.

II.5.4. El Ministerio Público guardó silencio22.

III.-CONSIDERACIONES DE LA SALA

21
Índice 156.
22
Índice 160.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

1. El acto acusado

Resolución 0803 de 24 de septiembre 201223

«[…] AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLA-

Resolución 0803 de 24 de septiembre de 2012

"POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

CONSIDERANDO

Que mediante oficio con radicado 4120-E1- 160644 del 9 de
diciembre de 2010, la Empresa ECOPETROL S.A. hizo entrega para
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, para el Área de
Perforación Exploratoria Magallanes, ubicado en el municipio de
Toledo en el departamento de Norte de Santander para lo cual
anexó:

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar a la empresa ECOPETROL S.A.
Licencia Ambiental para el proyecto denominado "Área de
Perforación Exploratoria Magallanes, localizado la Vereda de
Troya, Corregimiento de Samoré, Municipio de Toledo,
departamento de Norte de Santander, delimitada dentro de las
siguientes coordenadas:

[…]

ARTÍCULO SEGUNDO. La Licencia Ambiental que se otorga por el
presente acto administrativo, autoriza a la empresa ECOPETROL
S.A., a la realización de las siguientes actividades:

1. Adecuación 390 m de vía existente para acceder al lugar donde
se proyecta la construcción de la locación, la cual forma parte de
los predios La Esperanza y Los Mangos.

2. Construcción aproximada de 155,2 m como vía nueva para
acceder al lugar donde se proyecta la construcción de la

23
Texto completo en la Gaceta de la ANLA https://gaceta.anla.gov.co:8443/Consultar-gaceta# .

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

localización.

3. Construcción de una (1) locación con un área no mayor a 3,0
ha, para la perforación de hasta con tres (3) pozos exploratorios
cuyas coordenadas finales serán definidas en los PMA específicos,
la perforación de pozos exploratorios se realizará hasta una
profundidad de 15000 pies utilizando lodos base agua como fluido
de perforación.

La locación estará conformada por los siguientes componentes:

• Plataforma y zona de maniobras de perforación
• Bombas, generadores, manejo de sólidos, tanques y otros
equipos
• Áreas de tratamientos
• Campamentos y oficinas
• Tuberías y varillaje
• Químicos y otros insumos
• Residuos sólidos, tea y otros cubículos
• Celadurías, cerramiento y zonas de seguridad
• Parqueadero y zona de manejo o acopio temporal de materiales
• Construcción de un (1) helipuerto como instalación de apoyo, en
un área no mayor a 700m2=0,07ha.

4. Instalación de facilidades tempranas de producción localizadas
en la plataforma, en las cuales se realizarán pruebas de
producción (cortas y extensas), estará conformada por (Área
procesos: 1.500m2, Tambor de tea 50m2 y Tea: 200m2) y de
700m2=0,07ha para un (1) helipuerto.

5. Transporte del crudo producido durante las pruebas, por medio
de carrotanques hasta la estación Samoré o cualquier otra
estación que ECOPETROL S.A decida; el gas obtenido en el sistema
de separación será quemado en tea vertical dispuesta para tal fin
y el agua de producción será dispuesta de acuerdo con el sistema
autorizado en el presente acto administrativo.

6. Abandono y Restauración Final Desmantelamiento,
restauración y abandono de las áreas intervenidas, implica
desmonte de equipos, desmantelamiento de la infraestructura de
oficinas, torre y demás equipos de perforación, de las instalaciones
sanitarias. Simultáneamente con el desmantelamiento del taladro,
se procede a tratar los residuos. La operación finaliza con la
disposición final de escombros y residuos.

ARTÍCULO TERCERO. La Licencia Ambiental otorgada mediante el
presente acto administrativo, sujeta al beneficiario de la misma al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, a la
normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de los
siguientes requerimientos y obligaciones:

1. Se establece como área de influencia directa el corregimiento
de Samoré y la vereda Troya y como área de influencia indirecta
la cabecera municipal del Toledo en el departamento de Norte de
Santander.

2. Se establece la siguiente zonificación de manejo ambiental para
el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto APE
Magallanes:

[…]

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. La presente Licencia Ambiental se
otorga por el tiempo de duración del proyecto que se autoriza en
la presente resolución.

[…]».

2. Problema jurídico

En el presente caso, la actora solicita la anulación de la licencia

ambiental concedida a favor de ECOPETROL S.A., mediante la

Resolución 0803 de 24 de septiembre 2012, para lo cual alega que

el acto incurrió en «desconocimiento del derecho de audiencia y

defensa del territorio del pueblo U’wa»; «irregularidades en la

expedición e infracción de normas en las que debía fundarse»; y

«falsa motivación».

Atendiendo a los argumentos de las partes, la Sala deberá resolver:

(i) si la Resolución 0803 de 2012, por la cual se otorga licencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

ambiental al proyecto APE Magallanes, se expidió con

desconocimiento del derecho de audiencia y defensa del territorio del

pueblo U’wa, que implicó la vulneración de su integridad cultural y la

salvaguarda de la supervivencia física y cultural de la comunidad

étnica; (ii) si la Resolución 0803 de 2012 incurrió en irregularidades

por la indebida determinación de las áreas de influencia directa e

indirecta y por violación del principio de precaución en materia

ambiental; y (iii) si se configura el vicio de falsa motivación.

(i) Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa del

territorio del pueblo U’wa

Asegura la demandante que en el trámite de expedición de la licencia

para al proyecto APE Magallanes, la comunidad indígena U´wa fue

invisibilizada, debido a que no se agotó el procedimiento de consulta

previa, lo cual trajo como consecuencia, entre otros, que se

desconociera el carácter sagrado y el uso vital de los cuerpos de agua

de las cuencas del río Cubogón y la quebrada La China, como parte

de área de impacto del proyecto; que se alterara el paisaje sin

considerar la relación cosmogónica de la comunidad con su territorio;

y que no se caracterizara en debida forma el medio biótico y cultural

en el estudio de impacto ambiental que soportó el proyecto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Sostiene, además, que la aprobación del proyecto APE Magallanes

debió realizarse en el marco de una verificación previa de los riesgos

humanitarios a los que se encuentra expuesta histórica y

actualmente la comunidad U’wa, en el marco de lo regulado por el

Decreto 4633 de 2011 y lo declarado por la Corte Constitucional en

el auto 004 de 2009.

De la consulta previa a las comunidades indígenas

La protección de las comunidades indígenas se desprende de diversos

instrumentos internacionales, entre ellos, la Declaración de las

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,

Convenio 169 de la OIT24, el Pacto Internacional sobre los Derechos,

Civiles y Políticos25, el Pacto Internacional de Derechos Económicos

Sociales y Culturales26 y la Convención Americana sobre los Derechos

Humanos27.

Se destaca, de la referida Declaración de la OIT, que los pueblos

indígenas y tribales tienen derecho a decidir sus propias prioridades

en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste

24
Organización Internacional del Trabajo. Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
25
En adelante, PIDCP.
26
En adelante, PIDESC.
27
En adelante, CADH.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las

tierras que ocupan o utilizan de alguna manera; y de controlar, en la

medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y

cultural. Este principio se materializa en el artículo 6°, con el

siguiente texto:

«[…] 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los
gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas
y organismos administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin
[…]».

Igualmente, el artículo 7.3 idem prevé que los Estados deben facilitar

la realización de estudios en cooperación con los pueblos interesados

para evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio

ambiente, que puedan recaer ante las actividades que se desarrollen.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

En lo que concierne a la CADH, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos28 ha explicado que si bien no existe un artículo que de

manera expresa se refiera a la consulta previa, se configura en

cabeza de los Estados la obligación de consultar a los pueblos

indígenas o tribales con fundamento en los mandatos de

indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos 29. Así ha

explicado la Corte IDH que estas consultas con las comunidades

indígenas y tribales tiene una relación directa con el artículo 1.1, que

establece la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio

de los derechos reconocidos en la Convención30. También ha

advertido que la consulta y participación de las comunidades

garantizan los demás derechos, esto es, el territorio, el ambiente y

la integridad cultural, lo que ha permitido ligar la consulta con el

artículo 23 de la CADH31.

Por su parte, en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional

ha sostenido que el derecho a la consulta previa se incorpora por vía

del bloque de constitucionalidad32, a través de los instrumentos

internacionales incorporados al ordenamiento interno, los cuales son

28
En adelante, Corte IDH o CoIDH.
29
Corte IDH, caso Sarayaku vs Ecuador.
30
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador.
Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 166. En el mismo sentido ver, Caso
Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015.
31
Corte IDH. Caso Yamata contra Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005.
32
Sentencia SU-039 de 1997.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

vinculantes para la definición de las controversias y, además, sirven

de marco de acción para garantizar la consulta de los Estados con los

pueblos indígenas, como un principio de derecho internacional

público33.

Este derecho se desarrolla a partir del principio constitucional de libre

autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios,

previsto en el artículo 330 superior.

Ahora, la Corte Constitucional ha señalado que la exploración y

explotación de los recursos naturales en el subsuelo, en sintonía con

las normas que protegen la diversidad cultural y el medio ambiente

en la Constitución, deben ser compatibles con el nivel de protección

que el Estado y la comunidad internacional exigen para preservar la

integridad de las comunidades nativas y su existencia digna, así

como la diversidad étnica y cultural de Colombia, que deben ser

armonizados con el desarrollo económico del país, la protección de

las riquezas naturales y la multiculturalidad del Estado-Nación34.

En la sentencia SU-123 de 2018, la Corte señaló las siguientes reglas

aplicables en materia de consulta previa:

33
Ver Corte Constitucional, sentencia SU-123 de 2018.
34
Idem

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

«[…] (i) el objetivo de la consulta previa es intentar lograr en
forma genuina y por un diálogo intercultural el consentimiento
con las comunidades indígenas y tribales sobre las medidas que
las afecten; (ii) el principio de buena fe debe guiar la actuación
de las partes; (iii) por medio de la consulta se debe asegurar
una participación activa y efectiva de los pueblos interesados;
(iv) la consulta debe ser un proceso intercultural de diálogo en
el que el Estado debe entonces tomar las medidas necesarias
para reducir las desigualdades fácticas de poder que puedan
tener los pueblos étnicos; (v) en este diálogo intercultural ni el
pueblo tiene un derecho de veto ni el Estado un poder arbitrario
de imposición de la medida prevista; (vi) la consulta debe ser
flexible, es decir, adaptarse a las necesidades de cada asunto;
(vii) la consulta debe ser informada, esto es dispensar a los
pueblos indígenas y tribales la información suficiente para que
ellos emitan su criterio; (viii) la consulta debe respetar la
diversidad étnica y cultural lo que permitirá encontrar
mecanismos de satisfacción para ambas partes […]».

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en el concepto de

16 de mayo de 202335, recogió los estándares desarrollados por la

Corte Constitucional que rigen el derecho fundamental a la consulta

previa y destacó:

«i) Oportunidad (previa, sin perjuicio de que, en cualquier
momento, las comunidades ejerzan su derecho a la
participación),

ii) Debe existir una afectación directa sobre las comunidades
étnicas,

iii) Debe tenerse claridad acerca del alcance del territorio,

iv) Deben llevarse a cabo mediante procedimientos apropiados,

v) Debe atender una regla de adecuación cultural,

vi) Debe adelantarse de buena fe,

35
Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2504 de 16 de mayo de 2023. Número único de radicación
11001-03-06-000-2023-00152-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

vii) Debe realizarse a través de instituciones representativas,

viii) Debe brindarse información adecuada y suficiente,

ix) No conlleva poder de veto,

x) Debe tratarse de un diálogo entre iguales que no admite
posturas adversariales o de confrontación,

xi) Debe ser flexible y atender un “enfoque diferencial conforme
a las particularidades del grupo étnico y sus costumbres”,

xii) Es un derecho fundamental,

xiii) Es un desarrollo del principio democrático de participación,

xiv) Debe estar orientada a llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento libre e informado de las comunidades étnicas,

xv) El derecho fundamental a la consulta previa comprende la
etapa de acuerdos y su cumplimiento, y,

xvi) Debe observarse el deber de debida diligencia, tanto del
Estado como de las empresas, en la realización de la consulta
previa.»

De la afectación directa como presupuesto para el requisito
de consulta previa

Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de

2018, aquí analizada, la consulta previa procede siempre que exista

la posibilidad de afectación directa del grupo étnico. Sobre el punto,

la Corte mencionó:

«[…] 7.3. La Corte ha explicado que, entre otros, existe
afectación directa a las minorías étnicas cuando: (i) se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en
salud y ocupacionales [36]; (ii) existe un impacto sobre las
fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría
étnica[37]; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se
deriva el sustento[38] y (iv) se produce un reasentamiento de
la comunidad en otro lugar distinto a su territorio[39].
Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también
procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre
cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales;
(vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169
de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen
beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su
situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los
elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo
concernido.
(…)
7.5. En el caso específico de proyectos de exploración y
explotación de recursos no renovables, que es el asunto a
resolver en el presente caso, esta Corte ha entendido que la
afectación directa incluye, el impacto en (i) el territorio de la
comunidad tradicional [40]; o (ii) en el ambiente, la salud o la
estructura social, económica, así como cultural del grupo[41].
Cuando se trata de esta última hipótesis, la afectación debe
resolverse a partir del concepto de justicia ambiental, criterio
que se explicará ulteriormente.

7.6. La Corte también ha destacado [42] que el concepto
de afectación directa difiere del de área de influencia de
un proyecto. Este último concepto se refiere a un
requisito meramente técnico que determina los impactos
sobre un espacio geográfico en el que se desarrollará un
proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos,
en tanto la afectación directa, como se indicó, es un concepto
esencial para determinar cuándo se activa la consulta previa y
se identifican los impactos que se ocasionan a las comunidades
étnicas, tanto en su territorio, como en su ambiente, salud y
estructuras sociales y culturales [43] […]».

[36] Sentencia T-1045A de 2010, T-256 de 2015 y SU-133 de 2017
[37] Sentencia T-733 de 2017
[38] Sentencia T-1045A de 2010
[39] Sentencia T-256 de 2015
[40] Corte Constitucional. Sentencias SU 039/1997, T 880/2006, T 769/2009, T 733/2017.
[41] Corte Constitucional. Sentencia T 129/2011, T 693/2011, T 849 de 2014, T 298 de 2017.
42
Sentencia SU-217 de 2017.
43
Sentencia SU-217 de 2017.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

En relación con la afectación directa por intervención del territorio,

en la referida sentencia la Corte recordó que este «va más allá de

un espacio físico formalmente demarcado, como un

resguardo, y se vincula a elementos culturales, ancestrales

así como espirituales (artículo 14 Convenio 169 OIT)».

La Corte también destacó que siempre que se identifique un impacto

en las estructuras sociales, espirituales, culturales y ocupacionales

del grupo colectivo, que no pueden ser percibidos por estudios

técnicos ambientales, se configura la noción de afectación directa

que activa el requisito de la consulta previa. En este sentido, en las

sentencias T-1045A de 2010 y SU-133 de 2017 concluyó que era

obligatorio adelantar dicho procedimiento, dado que la suscripción de

una concesión minera o la autorización de una cesión de derechos de

explotación constituían una afectación directa al poner en riesgo la

supervivencia cultural y económica de las colectividades, cuya

subsistencia dependía de la minería, actividad que quedaba en

incertidumbre por los actos mencionados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Sentencia de 4 de julio de 2024 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso Pueblo Indígena U’wa y sus
miembros Vs. Colombia.

En la sentencia de fondo, reparaciones y costas de 4 de julio de 2024,

la Corte IDH resolvió el «Caso Pueblo Indígena U’wa y sus miembros

Vs. Colombia», el cual guarda relación, precisamente, con los hechos

que dieron lugar a la expedición del acto acusado en este medio de

control44.

En dicho caso, la comunidad U’wa presentó una petición ante el

Sistema Interamericano por la falta de protección efectiva del

derecho a la propiedad ancestral, particularmente como resultado de

la falta de titulación completa de dicha propiedad y el desarrollo de

diversos proyectos petroleros, mineros, turísticos y de

infraestructura realizados en el territorio ancestral, sin consulta

previa. Para fallar, la Corte analizó seis puntos relacionados con los

derechos a: (i) la propiedad colectiva y participación política; (ii) la

consulta previa; (iii) la libertad de expresión, de reunión, de la niñez

y la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales; (iv) la

participación en la vida cultural y medio ambiente sano; (v) la vida,

44
La controversia versó sobre el cumplimiento del deber de consulta previa frente a siete proyectos
que presuntamente habrían afectado los derechos del Pueblo U’wa. Algunos de estos proyectos se
habrían realizado dentro del Resguardo U’wa: el Bloque Samoré, el Bloque Catleya, el Bloque Sirirí y
los títulos mineros.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

integridad personal e igualdad ante la ley; y (vi) las garantías

judiciales y la protección judicial en relación con el derecho a la

igualdad ante la ley.

En relación con el derecho a la consulta previa la Corte IDH se

refirió a sus generalidades, dentro de las cuales destacó que se trata

de un pilar fundamental de los derechos humanos de los pueblos

indígenas y tribales, que trasciende la mera formalidad para erigirse

como una manifestación esencial de su derecho a la

autodeterminación.

Asimismo, indicó que el Estado debe garantizar el derecho de

consulta y participación en todo proyecto o medida que pueda afectar

a los derechos territoriales de un pueblo indígena o tribal, u otros

derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, de ahí que

la consulta deba realizarse desde las primeras etapas de la

elaboración o planificación del proyecto o la medida propuesta, a fin

de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e

influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con

los estándares internacionales pertinentes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

57

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

En la sentencia, la CoIDH también destacó que el argumento central

que sustenta la obligatoriedad y el carácter fundamental de la

consulta reside en la estrecha vinculación de estos pueblos con su

territorio, relación que es fundamental e inescindible para su

supervivencia tanto alimentaria como cultural; y que, en

consecuencia, se trata de un derecho que deriva directamente de la

garantía de varios derechos previstos en la Convención Americana,

tales como el derecho a la propiedad colectiva, a la participación

política y a la identidad cultural.

En el escenario de los hechos que suscitaron la controversia, la Corte

IDH encontró que el Estado colombiano es responsable de la violación

de los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a

la información y a la participación en la vida cultural por no haber

realizado procesos adecuados de consulta previa respecto de los

proyectos extractivos del Bloque Samoré y el Bloque Siriri-Catleya.

Específicamente, sobre el proyecto Área de Perforación Exploratoria

Magallanes, la CoIDH advirtió:

«[…] 215. La Corte recuerda que el 24 de septiembre de 2012,
la ANLA emitió la Resolución No. 803 mediante la cual otorgó
una licencia ambiental a Ecopetrol para la realización del Área
de Perforación Exploratoria Magallanes con el objetivo de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

58

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

búsqueda de hidrocarburos. Dicha Resolución no hace mención
al Resguardo U’wa. No obstante, de acuerdo con la información
proporcionada por el perito Arturo Perilla Ramírez, la distancia
entre el APE Magallanes y el Resguardo Unido U’wa es de 270
metros. Asimismo, la distancia entre el pozo exploratorio
Magallanes- I y el Resguardo es de 760 metros. Asimismo, el
líder de la Nación U’wa, José Cobaria Trinidad, declaró ante la
Corte que:

“[l]o de Magallanes es un insulto al pueblo U’wa. Yo no
puedo entender eso, que Ecopetrol, a sabiendas de que
está a menos de un kilómetro de la línea del resguardo
y está el río Orozco ahí a menos de 100 metros y van a
talar allí […]. Ahí hay peña por este lado y peña por el
otro lado, y ahí hay como dos o tres kilómetros de aguas
a fondo dentro de la roca, y eso se llama Tina. Ellas son
zonas sagradas y ahí no se pueden entrar.”

216. La cercanía del proyecto APE Magallanes y el Resguardo
Unido U’wa, y el objetivo que perseguía dicho proyecto, permite
inferir la existencia de un riesgo de afectación de los derechos
al Pueblo U’wa. Además, la Corte recuerda que el proyecto APE
Magallanes formaba parte del Bloque Sirirí, respecto del cual el
Estado aceptó la necesidad de ejecutar una consulta previa. Por
lo tanto, resulta razonable concluir que, ante la cercanía
geográfica entre el proyecto APE Magallanes y el Resguardo
Unido U’wa, y considerando que dicho proyecto forma parte del
proyecto Bloque Sirirí, también requería la ejecución de un
proceso de consulta previa. En este sentido, la Corte considera
que el Estado se encontraba obligado a ejecutar un proceso de
consulta previa anterior al otorgamiento de la licencia (o
modificación) ambiental aplicable al proyecto APE Magallanes,
situación que no ocurrió.

217. Además, la Corte recuerda que el 6 de junio de 2014, el
Estado y la ASOU’WA firmaron un acuerdo en el que se acordó
-entre otros aspectos- “[l]a creación de una comisión paritaria
para la definición de los términos de referencia del estudio y su
alcance. La primera reunión será en Bogotá, y será convocada
por la Defensoría y la Asociación ASOU’WA. Entre tanto el Pozo
Magallanes 1 continúa suspendido y la comunidad se
compromete al retirarse del sitio”. Al respecto, la Corte
considera que el que el ASOU’WA haya llegado a determinados
acuerdos con fecha posterior al otorgamiento de la licencia
ambiental del APE Magallanes, no elimina la obligación del
Estado de ejecutar una debida consulta previa con el Pueblo
U’wa antes de la aprobación de la medida administrativa que
pueda afectarles directamente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

59

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

218. Por lo tanto, la Corte concluye que las actividades del APE
Magallanes podían afectar directamente al Pueblo U’wa y, como
consecuencia, el Estado se encontraba obligado de ejecutar una
consulta previa respetando los estándares internacionales. En
consecuencia, la omisión del Estado constituyó una violación al
derecho a la participación, el derecho al acceso a la información
y a la participación en la vida cultural del Pueblo U’wa, en
relación con el derecho a la propiedad comunal, contenidos en
los artículos 13, 23 y 26 de la Convención Americana, en
relación con los artículos 21 y 1.1 del mismo instrumento».

Los artículos de la Convención Americana que la Corte estimó

vulnerados son:

«Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
(…)

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El
respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

60

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección
moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el
inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional.

(…)

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede
subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el
pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés
social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por
el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
(…)

Artículo 23. Derechos Políticos.

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a
que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.
(…)

Artículo 26. Desarrollo Progresivo.

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

61

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados».

El carácter vinculante de la sentencia de la Corte
Interamericana en el caso Pueblo Indígena U’wa y sus
miembros Vs. Colombia

El artículo 93 de la Constitución Política introdujo una cláusula de

reenvío al derecho internacional de los derechos humanos –DIDH-,

con el fin de incorporar los tratados sobre derechos humanos

ratificados por el Estado colombiano al ordenamiento jurídico

nacional. Dicha norma dispone que los convenios internacionales

aprobados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y

prohíben su restricción en estados de excepción, tienen prevalencia

en el ámbito interno. Asimismo, establece que los derechos y deberes

previstos en la Constitución deben interpretarse conforme a los

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por

Colombia.

El alcance de esta disposición constitucional radica en la «necesidad

que impuso el constituyente de 1991 de adaptar el derecho interno

a los compromisos internacionales y, en consecuencia, propiciar una

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

62

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

evolución en materia de protección y garantías de los derechos

humanos para potenciar su aseguramiento en el ámbito interno»45.

Ahora, la Corte IDH ha precisado que el control de convencionalidad

presenta dos modalidades, según se trate de sentencias dictadas en

casos en los que el Estado ha sido parte o en aquellos en los que no

lo ha sido. Conforme a ello, las operaciones jurídicas que implican un

control de convencionalidad por parte de las autoridades nacionales

son:

i. Aplicar la CADH y sus fuentes para dar cumplimiento a lo
ordenado en una sentencia dictada por la Corte en un caso
concreto en el que el Estado fue parte.
ii. Aplicar la CADH para cumplir con las obligaciones allí
contenidas en el juzgamiento y resolución de casos
concretos.46

Es decir, las operaciones jurídicas que atañen a un Estado parte de

la Convención Americana de Derechos Humanos se contraen a dar

cumplimiento a una sentencia o dar cumplimiento a las obligaciones

internacionales derivadas de la Convención.

45
Ver. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 3 de diciembre
de 2024, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-00871-00. Mp. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ
PARRA.
46
Cfr. Corte IDH, Caso Gelman vs Uruguay. Resolución de la CoIDH de 20 de marzo de 2013.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

63

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

En el caso del Pueblo U´wa contra Colombia, la Corte IDH concluyó,

respecto de la violación del derecho a la consulta previa, que el

Estado es responsable de la violación de los derechos a la propiedad

colectiva, la participación, el acceso a la información y a la

participación en la vida cultural por no haber realizado procesos

adecuados de consulta previa respecto de los proyectos extractivos,

entre ellos, el del Bloque Sirirí, por lo que con dicha conducta el

Estado vulneró los derechos contenidos en los artículos 21, 13, 23 y

26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del

mismo instrumento.

Asimismo, declaró la Corte que el Estado es responsable por la

violación de los derechos a la participación, el derecho al acceso a la

información y a la participación en la vida cultural, en relación con el

derecho a la propiedad colectiva por no haber realizado procesos

adecuados de consulta previa respecto de los proyectos extractivos

Gibraltar 1, Gibraltar 3 y el Gaseoducto Gibraltar-Bucaramanga, y el

APE Magallanes, por lo que se violaron los derechos contenidos en

los artículos 13, 23 y 26 de la Convención Americana, en relación con

los artículos 21 y 1.1 del mismo instrumento.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

64

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Conforme a ello, corresponde al Estado adoptar las medidas de

restitución y satisfacción dispuestas en dicha sentencia a favor de la

parte lesionada, en acatamiento a lo dispuesto por la Corte.

De igual manera, en el marco del cumplimiento a las disposiciones

de la CADH, corresponde a las autoridades nacionales, en el ámbito

de sus competencias, verificar la compatibilidad de aquella con los

actos internos sometidos a resolución, para garantizar así el

cumplimiento de los estándares internacionales, en este caso, en

materia de protección de los derechos a la propiedad colectiva, la

participación, el acceso a la información y a la participación en la vida

cultural de las comunidades indígenas.

Respuesta al primer problema jurídico: violación del derecho

de audiencia y defensa del territorio del pueblo U’wa

En el presente caso, se observa que de conformidad con los

numerales 7 y 8 del artículo 24 del Decreto 2820 de 5 de agosto de

201047, vigente para el momento en que se expidió el acto

administrativo cuestionado, con la solicitud de la licencia ambiental

el interesado debía aportar una certificación del MINISTERIO DEL

47
“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

65

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

INTERIOR sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el

área de influencia del proyecto, además de un certificado del

INCODER sobre titulación de tierras a resguardos indígenas o

pueblos afrocolombianos en la misma área.

La norma en comento establecía:

“[…]Artículo 24. De la solicitud de licencia ambiental y sus
requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento
sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas
(DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en
obtener Licencia Ambiental deberá radicar ante la autoridad
ambiental competente, el Estudio de Impacto Ambiental de que
trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente
documentación:

[…]

7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre
presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia
del proyecto.

8. Certificado del Incoder sobre la existencia o no de territorios
legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos
pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el área de
influencia del proyecto […]”.

Como fundamento para no exigir el agotamiento de la consulta

previa, en el acto acusado la ANLA indicó que al expediente se había

allegado certificación del MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE

JUSTICIA en el que constaba que en el área del proyecto Magallanes

«[…] No se registran comunidades indígenas en el área del proyecto de la

referencia. Revisadas las bases de datos institucionales aportadas por la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

66

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Dirección para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y

Palenques sobre comunidades negras No se registran comunidades negras

[…]».

De igual forma, en el acto administrativo acusado, la ANLA destacó

que en el expediente obraba copia de una certificación del INCODER

en la que constaba que «[…] el punto de interés correspondiente a las

coordenadas enviadas, del área de influencia directa "Área de Perforación

Exploratoria Magallanes, localizado en el municipio de Toledo,

departamento de Norte de Santander, no se cruza o traslapa con territorio

legalmente titulado a resguardos indígenas, ni con títulos colectivos

pertenecientes a comunidades negra o afroamericanas […]».

Ahora, consta en el expediente que con ocasión de varios proyectos

extractivos, con influencia en el territorio de la comunidad étnica

U´wa, surgieron conflictos sociales y de orden público que

evidenciaron un inadecuado proceso de concertación con los grupos

étnicos, tal como se documenta en el Informe de Comisión de

Verificación Acuerdos Nación U´wa48, aportado al proceso y del cual

se destaca:

“[…] Para el pueblo U´wa ha sido muy limitada la información

48
Suscrito por la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General
de la Nación. Cuaderno núm. 2, folio 238.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

67

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

que han tenido acerca del proyecto no se dieron las reuniones
de información requerida, razón por la cual han solicitado a la
empresa de ECOPETROL una serie de documentos que les
permita conocer con mayor profundidad el proyecto sin que
hasta la fecha se haya suministrado toda la información
solicitada. Esta situación ha generado desconfianza por parte
de la comunidad frente al proyecto y, por tanto, manifiestan no
tener garantías sobre sus derechos al no ser informados sobre
actividades que puedan redundar en las afectaciones de sus
relaciones sociales culturales y ambientales en el territorio.

Para los líderes y autoridades del pueblo U´wa una de las
principales percepciones de amenazas en relación con el
proyecto de perforaciones exploratorias Magallanes se deriva
de todo lo que ha implicado para este pueblo desde comienzos
de la década de los noventas el conflicto intercultural en
relación con los pozos de explotación de hidrocarburos Gibraltar
1, 2 y 3 frente a los cuales son conocidos una multiplicidad de
situaciones de tensión entre la comunidad indígena y el estado
colombiano.

(…) CONCLUSIONES

Dada la existencia de graves antecedentes históricos en
términos de violaciones a los derechos humanos tanto en
términos individuales como colectivos sufridos por el pueblo y
dado el contexto del conflicto sociopolítico armado que vive el
país y se requiere que ECOPETROL reevalúe su plan de
intervención social en este caso […]”.

Esta situación la describe la demandante de la siguiente manera:

“[…] Precisamente, el proceso de socialización solamente se
realizó con habitantes de la Vereda de Troya y con los
corregimientos de Samorá, habida cuenta que en el marco de
la dimensión demográfica del AID y el AII, la caracterización se
redujo sin razones lo suficientemente convincentes a estos dos
entes territoriales. Este errado punto de partida implica un
proceso y unos resultados viciados marcados por la falta de
solicitud del consentimiento Y aprobación a sujetos culturales
que como la nación U´wa han vivido procesos históricos que
les permiten determinar posibles impactos la mayoría de ellos
negativos […]”. (Resaltado fuera del texto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

68

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Frente a este aspecto, resulta oportuno traer a colación lo señalado

por la Corte Constitucional en la sentencia T-446 de 2021 sobre el

proceso de certificación de existencia de comunidades étnicas a cargo

de las autoridades:

«[…] En síntesis, la Corte ha identificado que la labor de
certificación de presencia de los grupos étnicos en el área de
influencia de un proyecto que realiza la DANCP es muy
importante porque viabiliza la satisfacción de los derechos de
las comunidades. Sin embargo, a través de sus sentencias, esta
Corporación ha identificado deficiencias en ese trámite de
certificación. El problema principal ha gravitado sobre la base
de que dichas constancias se sustentan exclusivamente en
aspectos técnicos (i.e. cartografía que cruza información con
territorios titulados o la consulta en bases de datos sobre
grupos reconocidos mediante acto administrativo), sin realizar
una visita de campo o una consulta con los entes territoriales
que, de primera mano, podrían corroborar si en determinada
área, está presente un grupo étnico. Para este tribunal, la
omisión mencionada ha generado incertidumbre jurídica para
los inversionistas (que, en muchos casos, después de iniciar el
proyecto deben agotar el procedimiento consultivo) y ha
generado la vulneración de los derechos fundamentales de los
grupos étnicamente diferenciados (que siempre estuvieron en
el lugar de influencia directa del proyecto, pero no fueron
consultados de manera previa porque su presencia en el lugar
fue desconocida por la DANCP) […]».

De esta manera, la Corte ha identificado una serie de falencias en el

proceso de certificación a cargo del Estado que, en la práctica, ha

materializado la vulneración de los derechos fundamentales de las

comunidades étnicas y de la seguridad jurídica de los ejecutores de

los proyectos, obras o medidas. Así, como se indicó anteriormente,

en la sentencia SU-123 de 2018, ese Tribunal precisó que es deber

tanto del Estado como de los particulares respetar los derechos de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

69

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

las comunidades indígenas en el marco de la consulta previa, bajo

los parámetros mínimos de debida diligencia.

Precisado lo anterior, la Sala advierte, de cara a lo probado en el

proceso, que tanto en la Resolución 0803 de 24 de septiembre de

2012, acusada, como en el Estudio de Impacto Ambiental del

proyecto Magallanes49, la autoridad ambiental y el tercero

beneficiario de la licencia tuvieron por cierta la exención del deber de

agotar la consulta previa porque dentro del área de influencia directa

(AID) no se advirtió presencia de las comunidades étnicas, a partir

de las certificaciones expedidas por el INCODER y el MINISTERIO

DEL INTERIOR.

No obstante, la Sala advierte que a través de la Resolución núm. 56

de 6 de agosto de 199950 el INCORA delimitó el Resguardo indígena

de la comunidad U’wa, en la que incluyó la desembocadura del río

Cubogón y la quebrada La China como parte del recurso hídrico de

esa comunidad. La citada resolución señala51:

49
Folio 186 del expediente físico.
50
Folio 93.
51
Folio 138.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

70

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

71

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Por su parte, el AID del Estudio de Impacto Ambiental indica:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

72

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Asimismo, como lo señala la parte actora y lo han reconocido en esta

instancia la demandada y el tercero con interés directo, el Resguardo

U´wa se localiza a escasos 270 metros del área de influencia directa,

aunado a que los impactos directos del proyecto, según lo determina

el propio EIA, recaen en las fuentes hídricas que hacen parte de dicha

comunidad, como quedó establecido en la delimitación de sus

linderos.

De cara a lo expuesto, es dable concluir que en el estudio sobre el

área de influencia del proyecto exploratorio Magallanes, la autoridad

ambiental pasó por alto un criterio importante en relación con la

ubicación del resguardo de la comunidad U´wa, cuya área de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

73

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

influencia directa se extiende hasta la desembocadura del río

Cubugón y la quebrada La China, que le hubiera permitido inferir la

afectación de dicha comunidad bajo los estándares de debida

diligencia respecto del deber de consulta previa por la intervención

del territorio de influencia, debido a la cercanía de su Resguardo.

Por lo precedente, no le asiste razón al tercero interesado al afirmar

que la licencia ambiental se encuentra debidamente fundamentada

en un estudio de impacto ambiental elaborado conforme a las normas

y directrices técnicas vigentes para la época, particularmente en lo

relativo a la determinación de las áreas de influencia, pues dicho

estudio omitió un criterio esencial: la ubicación del resguardo de la

comunidad U’wa, cuya área de influencia directa se extiende hasta la

desembocadura del río Cubugón y la quebrada La China, lo que

conllevó el desconocimiento de estructuras sociales y espirituales

propias de las comunidades indígenas del territorio colombiano,

cuyas manifestaciones se encuentran íntimamente ligadas al medio

ambiente y a los recursos hídricos como componentes esenciales de

su cosmovisión, de sus prácticas rituales y de su organización social.

En consecuencia, la omisión de este criterio en el estudio de impacto

ambiental no solo desconoció un factor técnico de delimitación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

74

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

territorial, sino que invisibilizó la afectación directa en la dimensión

espiritual y cultural y ocupacional del pueblo U’wa, afectando el

derecho fundamental a la consulta previa y el deber de protección

reforzada que el Estado debe garantizar a las comunidades

indígenas.

En ese orden, la Sala encuentra probado el primer cargo de violación,

esto es, que el acto acusado desconoció el artículo 6.1 del Convenio

169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, por cuanto para la

expedición de la licencia ambiental del proyecto APE Magallanes no

se tuvo en cuenta la afectación directa de la comunidad U´wa, más

allá de la delimitación de un área de influencia, sin considerar los

impactos que el desarrollo del proyecto implicó para sus estructuras

sociales y culturales.

Asimismo, en consonancia con lo dispuesto por la Corte

Interamericana en la sentencia del caso Pueblo U’wa contra

Colombia, la Sala estima que al otorgar la licencia ambiental para el

proyecto APE Magallanes a favor de ECOPETROL, sin consultar a la

comunidad U´wa por el impacto directo, analizado en esta

providencia, la demandada desconoció los derechos contenidos en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

75

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

los artículos 13, 23 y 26 de la Convención Americana, en relación con

los artículos 21 y 1.1 del mismo instrumento.

Lo anterior, conforme a la interpretación que la Corte IDH efectuó

sobre el alcance del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y

tribales derivado de los citados artículos de la CADH.

Siendo ellos así, la Sala declarará la nulidad de la Resolución núm.

0803 de 24 de septiembre de 2012, «Por la cual se otorga una

licencia ambiental y se toman otras determinaciones»,

expedida por la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS

AMBIENTALES.

Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado

anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos

alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre

ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201652.

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. Dicha
postura también fue adoptada por esta Sección en las siguientes sentencias: i) de 8 de agosto de 2025,
emitida dentro del proceso identificado con radicado 08001 3333 001 2013 00140 01, con ponencia
del consejero de Estado Oswaldo Giraldo López; ii) de 17 de julio de 2025, proferida en el proceso
76001 23 33 000 2016 01349 01, magistrado Ponente: Oswaldo Giraldo López; y; ii) de 21 de
septiembre de 2023, proferida en el proceso 11001 03 24 000 2015 00234 00, emitida por el entonces
consejero Hernando Sánchez Sánchez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

76

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

Finalmente, la Sala precisa que la solicitud del apoderado del tercero

con interés directo, referida a la modulación de la eventual

declaratoria de nulidad del acto acusado, con miras a ordenar el

adelantamiento concomitante de la consulta previa y a dejar en firme

las medidas compensatorias de la licencia, carece de vocación de

prosperidad.

En primer lugar, por cuanto, como lo reconoce el propio apoderado53,

las actividades del proyecto se encuentran suspendidas,

circunstancia que impide acreditar la necesidad de la consulta previa,

pues la misma resulta exigible frente a la incidencia efectiva sobre el

territorio, lo que no ocurre en el presente caso, de ahí que la

modulación resulte improcedente, en la medida en que no se

configura un supuesto que justifique su aplicación y, en cambio, se

reafirma la necesidad de garantizar la protección integral de los

derechos de las comunidades indígenas.

En segundo lugar, no procede la validación de las medidas

compensatorias, como lo solicita ECOPETROL al alegar que la

anulación total de la licencia «afectaría el plan de compensación y los

recursos invertidos», debido a que esta Sala es del criterio de que

53
En el escrito de contestación de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

77

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

tales medidas también debieron ser concertadas con la comunidad

indígena afectada, pues ello es precisamente el alcance que posee la

garantía de la consulta previa, esto es, asegurar que cualquier

decisión vinculada al proyecto que incida en el territorio y en la vida

colectiva de los pueblos indígenas, se adopte con su participación

efectiva y respeto de su cosmovisión.

En este caso, las medidas compensatorias carecen de legitimidad

porque fueron diseñadas sin el diálogo intercultural que exige la

consulta previa, de manera que al desconocer la cosmovisión de la

comunidad U’wa, se vulnera el principio de participación y se

compromete la eficacia de la protección de sus derechos

fundamentales, presupuestos estos que son, precisamente, los que

se tienen en cuenta en esta decisión para declarar la anulación del

acto acusado.

Condena en costas

Finalmente, y en atención a la clase de acción que se promovió, la

Sala considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 18854

54
“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

78

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

del CPACA, que no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la

naturaleza de la acción exime de esta fijación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 0803 de 24 de

septiembre de 2012, «Por la cual se otorga una licencia

ambiental y se toman otras determinaciones», expedida por la

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente,

previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2025.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

79

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00
Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.