Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00135-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00135-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00135-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 11001032400020100013500
Demandante: Challenger S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero interesado: D´Mario Watch S.A.
Temas: Cancelación marcaria por no uso. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Challenger S.A.
contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad
de la Resolución núm. 48466 de 28 de septiembre de 2009, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Challenger S.A, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra
la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se
1 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 2
2 Cfr. Folios 72 a 95
3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por la cual se reforma el Código de lo
Contencioso Administrativo.”
2
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declare la nulidad de la Resolución núm. 48466 de 28 de septiembre de 2009, “Por
la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte
demandada cancelar por no uso el registro de la marca mixta CHALLENGER, que
identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de
Niza, cuyo titular es Sociedad D´ Mario Watch S.A., en adelante, el tercero con
interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones
3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] Las pretensiones de la presente acción de nulidad y restablecimiento del
derecho son:
2.1. Que se declare la cancelación total de la marca CHALLENGER, clase 14
de la sociedad D'MARIO WATCH S.A. por no haberse probado por su titular el
uso de la misma de conformidad con los parámetros y requisitos de ley.
2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución no. 48466 de fecha 28 de
septiembre de 2009 por la cual se resuelve un recurso de apelación y se revoca
la decisión contenida en la Resolución 23250 del 30 de julio de 2007 (resolución
que a su vez había sido confirmada mediante Resolución 20684 del 23 de junio
de 2008).
2.3. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resolución
48466 del 28 de septiembre de 2009 de la Superintendencia de Industria y
Comercio arriba enunciada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene
a la Superintendencia de Industria y Comercio proceder en los Libros de Registro
de la División de Signos Distintivos, con la anotación de la cancelación total por
no uso del registro de la marca cuyo número de certificado es 264787,
correspondiente a la marca CHALLENGER para distinguir productos
comprendidos en la clase 14 de la Clasificación internacional de Niza.
2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente
caso en la Gaceta de Propiedad Industrial. (Art 2 del Decreto Legislativo 209 de
1957).
2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dar
cumplimiento a la sentencia proferida dentro del presente caso en el término
establecido por el artículo 176 del C.C.A. […]”.
4 Cfr. Folios 74 a 75.
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Presupuestos fácticos
4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
4.1. Solicitó la cancelación por falta de uso de la marca mixta CHALLENGER, con
certificado de registro núm. 26478 que identifica productos de la Clase 14 de la
Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en
el resultado del proceso.
4.2. La referida solicitud fue admitida el 16 de noviembre de 2006, mediante oficio
núm. 13217 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso se pronunció
respecto de ella.
4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante la Resolución núm. 23250 de 30 de julio de 2007, canceló por
no uso el registro de la marca mixta CHALLENGER.
4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 23250 de 30 de
julio de 2007.
4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la de la Superintendencia de
Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 20684 de 23 de junio de 2008,
resolvió el recurso de reposición interpuesto y, en ese sentido, confirmó la
Resolución núm. 23250 de 30 de julio de 2007, y concedió el recurso de apelación.
4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la
Resolución núm. 48466 de 28 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de
apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 23250 de 30 de julio de 2007
y, en consecuencia, negó la cancelación por falta de uso de la marca mixta
CHALLENGER.
Normas violadas
5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
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5.1 Los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000
de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante Decisión 486 de 2000.
Concepto de la violación
6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:
6.1. Respecto de las pruebas recaudadas dentro del trámite del procedimiento
administrativo: i) algunas no correspondían al periodo de tres años anterior a la
solicitud de cancelación; y ii) otras eran ilegibles, acreditándose solamente ventas
de relojes por valor de $1.499.858.
6.2. Las cifras de ventas probadas de los relojes son irrelevantes para demostrar
un uso serio y efectivo de la marca para identificar los productos de la Clase 14 de
la Clasificación Internacional de Niza, así como la disposición de ellos para el
público consumidor.
6.3. Lo anterior, teniendo en cuenta que los relojes son un producto de alta
utilización para casi toda la población y que el bajo costo de los mismos los haría
fácilmente accesibles.
6.4. Las pruebas no acreditan los elementos de forma, intensidad, temporalidad y
ejercicio, necesarios para considerar eficaz el uso de la marca por el tercero con
interés directo en el resultado del proceso.
6.5. La comercialización requerida para acreditar el uso de una marca debe verse
reflejada en ciertos volúmenes y cantidades, de tal manera que, si no se cumple con
determinados parámetros cuantitativos, tal uso sería insuficiente y no cumpliría la
carga legal.
5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.
5
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6.6. Concluyó que, en este caso, las ventas demostradas, en vez de ser evidencia
de un uso real y efectivo de la marca, son simbólicas por el precio, mercado y tipo
del producto del que trata.
Contestación de la demanda
La parte demandada
7. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
7.1. Los actos acusados están debidamente motivados y ajustados a lo previsto
en la normativa marcaria y, por lo tanto, no son nulos.
7.2. Del análisis en conjunto de las pruebas aportadas, se puede concluir que, en
el mercado andino, se comercializan relojes identificados con la marca mixta
CHALLENGER de manera real y efectiva, la cual es propia de estos productos.
7.3. Si bien las ventas demostradas, en relación con los productos identificados
con la marca mixta CHALLENGER, no se relacionan con grandes sumas de dinero,
si demuestran la disponibilidad del producto y el uso de la marca en el comercio.
7.4. Sería contrario a lo previsto en la Decisión 486 de 2000, concluir que las
pequeñas y medianas empresas, por no demostrar ventas por sumas elevadas, no
tuvieran derecho a la protección de sus marcas, ya que, a su juicio, el derecho de
propiedad industrial no solo está dirigido a las grandes empresas.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso
8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso8 guardó silencio en
esta oportunidad procesal.
Auto de Pruebas
6 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 148
7 Cfr. Folios 134 a 144
8 Folios 150 a 151
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9. Este Despacho, mediante auto de 30 de septiembre de 20169,resolvió sobre el
decreto de las pruebas solicitadas.
Interpretación prejudicial
10. Este Despacho, mediante auto de 30 de septiembre de 201610, suspendió el
proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la
interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000; y este profirió
la interpretación prejudicial 599-IP-2016 de 13 de junio de 201711, en adelante la
Interpretación Prejudicial, en la que consideró:
“[…] El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos
165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de los artículos solicitados por ser pertinentes […]”.
11. En la interpretación referida supra expuso las reglas y criterios establecidos por
la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.
Traslado para alegatos de conclusión
12. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 2018 12, ordenó
a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión
y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.
13. La parte demandante13 reiteró los argumentos señalados en la en la demanda.
14. La parte demandada14 reiteró los argumentos señalados en la contestación de
la demanda.
15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en
esta oportunidad procesal 15.
9 Cfr. Folios 164 y 165
10 Cfr. Folios 166 a 167
11 Cfr. Folios 180 a 194
12 Cfr. Folio 196
13 Cfr. Folios 211 a 218
14 Cfr. Folios 208 a 210
15 Cfr. Folio 219
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Concepto del Ministerio Público
16. El Ministerio Público16 guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Reanudación del trámite procesal
17. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 22 de marzo de 2024 17, reanudó
el trámite procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la
normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco
normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 599-IP-2016 de 13 de junio de 2017; vii) el
marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; y viii) el análisis
del caso concreto.
Competencia de la Sala
19. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo18,
sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los
términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119, sobre el régimen
de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201920, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de
negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a
decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.
16 Ibidem
17 Cfr. Índice 57 del aplicativo web “SAMAI”.
18 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
19 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
20 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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El acto acusado
21. El acto acusado es el siguiente:
21.1 La Resolución núm. 48466 de 28 de septiembre de 200921, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de
apelación presentado por el tercero con interés en el resultado del proceso dentro
del trámite del procedimiento administrativo, en el sentido de revocar la Resolución
núm. 23250 de 30 de julio de 2007 y negar la cancelación de la marca mixta
CHALLENGER.
El problema jurídico
22. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de
esta y la Interpretación Prejudicial, determinar:
22.1 Si la Resolución núm. Resolución núm. 48466 de 28 de septiembre de 2009,
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó
la cancelación por no uso del registro núm. 264787, correspondiente a la marca
mixta CHALLENGER que identifica “[...] metales preciosos y sus aleaciones y
artículos de estas materias o de chapado; relojería e instrumentos cronométricos
[...]” productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza: vulnera los
artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar
si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado y al restablecimiento del
derecho solicitado.
22.2 En este sentido, se analizará, si el tercero con interés directo en el resultado
del proceso demostró el uso real y efectivo de la marca referida supra para identificar
los productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el
periodo de tiempo relevante comprendido entre el 8 de noviembre de 2003 y el 8 de
noviembre de 2006.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial
21 Cfr. Folios 14 a 19
9
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23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional
Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina25
22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano,
es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia
de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo
27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y
entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de
Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G
“transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad
industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino
aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad
Industrial”;
La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en
la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes
de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el
artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de
diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de
1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,
ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la
patente; y
La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias
y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración,
expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del
ordenamiento jurídico comunitario andino.
25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado
por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por
Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que
fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999,
con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del
Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de
1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de
nuestro Estado.
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24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26.
25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de
los Estados Miembros.
26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar
su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.
27. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del
Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.
28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere
susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y
solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal
[…]”.
29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,
aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.
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Núm. único de radicación: 11001032400020100013500
no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los
efectos de la interpretación solicitada […]”.
30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 599-IP-2016 de 13 de junio de 201727.
31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación
Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este
caso:
“[…] 1. Legitimación y oportunidad para interponer una acción de
cancelación por falta de uso. Cancelación por falta de uso en el marco de
la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio.
1.1. En el presente caso, es importante establecer en qué momento se puede
presentar una acción de cancelación por falta de uso, teniendo en cuenta lo
siguiente:
1.2. La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a
solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se
hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad
Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
acción de cancelación
[…]
Legitimación para adelantar el trámite
1.3. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no
puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
[…]
Oportunidad para adelantar el trámite
1.5. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el
trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha
acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la
notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de
concesión de registro de marca.
Falta de uso de la marca
27 Cfr. Folios 180 a 194
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1.6. Como se indicó anteriormente, para que opere la cancelación del registro
de marca de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario
que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o
por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros,
en cualquier momento durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicie la acción de cancelación.
1.7. El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar
la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un
contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma
de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma.
1.8.1 El párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina establece que si una marca es usada de manera diferente a
la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o
disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto
a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si
el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la
marca registrada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas
diferencias sin trascendencia para alterar el signo, no se cumplirían los
supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen
diferencias sustanciales, si se cumplirían los supuestos de hecho para su
cancelación por falta de uso.
1.9. Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el
uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta
de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial
cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde
a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización".
El Régimen probatorio. La carga de la prueba
1.10. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso
corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular
de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.
[…]
1.15. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486
que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su
negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento
cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la
Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra
en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio
o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
1.16. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como
uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que
el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su
marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada
por parte de clientes o consumidores.
1.17. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago.
documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca
en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella,
también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la
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publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet,
redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de
cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto
acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa
marca.
1.18. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del
producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el
mercado, el primer párralo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la
prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
[…]
1.24. Causales de justificación para el no uso de la marca. El Articulo 165,
párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no
uso de la marca, y en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la
solicitud de cancelación. Estas son:
Fuerza mayor. Caso fortuito
1.25. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las
restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales
impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser
evaluados caso por caso por la Oficina Nacional o el Juez.
[…]
1.33. Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso sometido al
examen de la oficina nacional competente quedaron demostrados motivos de
fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender
fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los
cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada. .[…]”.
Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso
32. Visto el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de
cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo
justificado, la marca no se hubiese utilizado, en al menos uno de los países
miembros de la Comunidad Andina. En consecuencia, le corresponde a la autoridad
competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que
corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la
efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que
distingue la marca. Análisis frente al cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
14
Núm. único de radicación: 11001032400020100013500
Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con
una clasificación del bien que se comercializa28.
33. Visto el inciso 4º. del artículo 165 ibidem “[…] El registro no podrá cancelarse
cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor
o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente,
determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso. De igual manera,
la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca
cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios
para los cuales estuviese registrada.
34. Visto el artículo 166 ibidem, una marca se encuentra en uso cuando i) los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos
o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el
mercado y, ii) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los Países Miembros. Adicionalmente, una marca usada de manera
diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso,
si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo.
35. Visto el artículo 167 ibidem, el uso de la marca podrá demostrarse mediante
facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, entre
otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las
mercancías identificadas con la marca. Asimismo, la carga de la prueba del uso
corresponde al titular del registro.
Acervo probatorio
36. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes:
28 Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP-
2019 de 3 de junio de 2019.
15
Núm. único de radicación: 11001032400020100013500
a) Facturas de ventas emitidas por la sociedad D´Mario Watch S.A. de Panamá
con fecha 15 de enero de 2002, a nombre de la sociedad Colombiana Colombo
Suiza S.A.29.
b) Declaración de importación expedida por la DIAN el 16 de enero de 2002 30.
c) Facturas de venta emitidas por la sociedad Casa Colombosuiza S.A. 31 en el
periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2003 y 12 de septiembre de 2006,
donde se identifican varios productos, entre los cuales se encuentran los relojes
identificados con la marca CHALLENGER.
Análisis del caso concreto
37. De conformidad con el marco normativo desarrollado supra y atendiendo a los
argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés
directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas
jurídicos planteados supra.
MARCA MIXTA REGISTRADA
32
Titular: D´MARIO WATCH S.A.
Reg. Núm. 264787
Clase 14: “metales preciosos y sus aleaciones y
artículos de estas materias o de chapado; relojería
e instrumentos cronométricos”
38. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con
fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la
cancelación de su registro por no uso.
29 Cfr. 31 a 42
30 Cfr. Folios 42 a 43.
31 Cfr. Folios 18 a 71
32 Cfr. Folio 10 cuaderno de antecedentes administrativos.
16
Núm. único de radicación: 11001032400020100013500
De la presunta vulneración de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486
de 2000
38. La Sala ha considerado, en reiterada jurisprudencia33, que de conformidad con
lo previsto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, la procedencia
de la cancelación por no uso de una marca se dará cuando se cumplan los
siguientes tres requisitos: i) que quien solicita la cancelación cuente con la
legitimidad para iniciar dicho trámite, esto es, que demuestre tener un legítimo
interés en la cancelación; ii) que se adelante dentro de la oportunidad para ello, esto
es, cuando hayan pasado al menos tres años desde la concesión del registro
marcario cuya cancelación se pretende; y iii) la falta de uso de la marca, esto es, no
haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona
autorizada para ello en al menos uno de los Estados miembros, durante los tres
años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación
39. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación
Prejudicial proferida para este proceso, señaló que los requisitos para que opere la
cancelación por no uso, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 166
de la Decisión 486 de 2000, son:
“[…] Legitimación para adelantar el trámite
1.3. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no
puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
[…]
Oportunidad para adelantar el trámite
1.5. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el
trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha
acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la
notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de
concesión de registro de marca.
Falta de uso de la marca
1.6. Como se indicó anteriormente, para que opere la cancelación del registro
de marca de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario
que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o
por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros,
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 6 de noviembre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00028-00.
17
Núm. único de radicación: 11001032400020100013500
en cualquier momento durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicie la acción de cancelación. […]”34
40. Al, respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, se dan por
cumplidos los dos primeros supuestos. El primero, porque el trámite se inició a
solicitud de la parte demandante y, el segundo, en cuanto la marca objeto de
cancelación se registró el 4 de abril de 2003 y, en tal sentido, a la fecha de
presentación de la solicitud de cancelación, es decir, el 8 de noviembre de 2006, ya
habían pasado más de tres años contados a partir del inicio de la vigencia de registro
marcario cuya cancelación se pretende.
41. En este sentido, la Sala procederá a estudiar si, dentro del periodo relevante,
esto es, entre el 8 de noviembre de 2003 y el 8 de noviembre de 2006, la marca
mixta CHALLENGER que identifica productos de la Clase 14 de la Clasificación
Internacional de Niza, fue usada de manera real y efectiva por el tercero con interés
directo en el resultado del proceso, o por un tercero autorizado por esta, en al menos
uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina, manteniendo los elementos
esenciales de la misma.
Análisis de los supuestos para la cancelación por no uso del registro marcario
Uso real y efectivo de la marca
42. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación
Prejudicial35, señaló los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar
si una marca ha sido usada o no de manera efectiva:
“[…] 1.13. En este marco probatorio, para demostrar el uso real, sustancial y
efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o
indirectas que ofertó al mercado que ofreció a los consumidores los bienes o
servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo,
que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser
el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.
1.14. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165
de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien
diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales
clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados
esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de
productos comercializados.
34 Cfr. Folios 188 a 189.
35 Cfr. Folios 189 a 190
18
Núm. único de radicación: 11001032400020100013500
1.15. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486
que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su
negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento
cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la
Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra
en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio
o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
1.16. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como
uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que
el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su
marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada
por parte de clientes o consumidores.
1.17. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago.
documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca
en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella,
también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la
publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet,
redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de
cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto
acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa
marca.
1.18. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del
producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el
mercado, el primer párralo del Articulo 166 de la Decisión 486 establece que la
prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que
normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […]”.
43. En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá
demostrar que los productos que identifica la marca fueron puestos en el comercio,
o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que
normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en
cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización en el mercado.
44. Verificado el expediente del proceso de la referencia, la Sala advierte que el
tercero con interés directo en el resultado del proceso aportó como prueba del uso
de la marca:
44.1 Facturas de ventas emitidas por la sociedad D´Mario Watch S.A. de Panamá
con fecha 15 de enero de 2002, a nombre de la sociedad Colombiana Colombo
Suiza S.A.36.
36 Cfr. 31 a 42
19
Núm. único de radicación: 11001032400020100013500
44.2 Declaración de importación expedida por la DIAN el 16 de enero de 200237.
44.3 Facturas de venta emitidas por la sociedad Casa Colombosuiza S.A.38 en el
periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2003 y 12 de septiembre de 2006,
donde se identifican varios productos, entre los cuales se encuentran los relojes
identificados con la marca CHALLENGER.
45. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que:
46. Respecto de las facturas de ventas emitidas por la sociedad D´Mario Watch
S.A. de Panamá con fecha 15 de enero de 2002, a nombre de la sociedad
Colombiana Colombo Suiza S.A., y la Declaración de Importación expedida por la
DIAN el 16 de enero de 2002, no deben ser consideradas pues no acredita el uso
de la marca en el periodo comprendido del 8 de noviembre de 2003 al 8 de
noviembre de 2006.
47. Respecto de las facturas de venta mencionadas en numeral 44.3 supra,
correspondientes a los relojes identificados con la marca CHALLENGER, en el
periodo comprendido entre diciembre de 2003 y 12 de septiembre de 2006, por un
valor de $ 1.499,858, estas demuestran la disposición en el mercado del producto.
Asimismo, se advierte que, si bien es una suma menor, también lo es que el costo
de estos relojes oscilaba entre doce mil y treinta mil pesos39.
48. Al respecto, la Sala considera que las facturas comerciales resultan ser pruebas
idóneas para acreditar el uso de la marca, en virtud de lo previsto en el artículo 167
de la Decisión 486 de 2000.
49. En cuanto al valor de las facturas acreditadas, debe considerarse que el uso
real y efectivo de una marca en el mercado no está ligado al éxito comercial del
producto que identifica, pues, aunque un alto nivel de ventas demuestra su uso en
el mercado, y un nivel bajo no demuestra lo contrario.
50. Al respecto, la Sala, en sentencia del 23 de junio de 202340, consideró que:
“[…] Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del producto, la
Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del
37 Cfr. Folios 42 a 43.
38 Cfr. Folios 18 a 71
39 Ibidem
40 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 23 de junio de
2023; C.P: Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00.
20
Núm. único de radicación: 11001032400020100013500
mismo, siendo ello coincidente con lo afirmado por la parte actora en cuanto a
que el estudio del uso debe ser acorde con la forma como se realiza la
comercialización de cervezas importadas que pertenecen a la Clase 32 de la
Clasificación Internacional de Niza.
En segundo lugar, las pruebas demuestran la efectiva puesta a disposición en
el mercado de los productos, distinguidos con la marca cuestionada, pues se
acreditó su comercialización en el mercado con las facturas de ventas por valor
de $8.869,43 soles, esto es, aproximadamente $10.167.791,95 pesos
colombianos.
Al respecto, y contra lo afirmado por la actora, debe precisarse que las facturas
comerciales resultan ser pruebas idóneas, en virtud de lo establecido en el
artículo 167 de la Decisión 486, en tanto este dispone que “[…] el uso de la
marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos
contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la
cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca
[…]”41
Y en cuanto al citado valor de las facturas comerciales, debe tenerse en cuenta
que el uso real y efectivo de la marca en el mercado no supone un éxito del
producto o servicio identificado con ella, pues si bien se puede afirmar que un
nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el
mercado, también lo es que no puede pensarse que un nivel de ventas bajo
demuestra lo contrario42 […]”.
51. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que dichas facturas son
pruebas que acreditan el uso efectivo de una marca, sin tener en cuenta su éxito,
sino su puesta a disposición en el mercado.
52. De otro lado, la Sala considera que las facturas aportadas por el tercero con
interés directo en el resultado del proceso cumplen con los requisitos previstos en
el artículo 617 del Estatuto Tributario, al contener la identificación del vendedor y
del adquiriente, el número consecutivo, la fecha de expedición, la descripción de los
bienes objeto de venta y el valor de la operación.
53. En ese sentido, la Sala considera que se encuentra acreditado el uso efectivo
de la marca para la identificación de productos, comoquiera que el carácter de
productor de relojes, por parte del tercero con interés directo en el resultado del
proceso, no requiere que, para acreditar el uso, se haga la comercialización directa
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre
de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00188-00.
Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
núm. Único de radicación 2012-00033-00.
42 En sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
11001032400020090055400, la Sala señaló: “[…] En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su
actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que
para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […]. Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16
de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00033-00.
21
Núm. único de radicación: 11001032400020100013500
de sus productos, razón por la cual, se considera que el uso de la marca se puede
verificar mediante la puesta a disposición de los productos a comercializadores,
como Casa Colombo suiza S.A., quienes harían la comercialización al usuario final.
54. Así las cosas, esta Sala considera que, en el caso bajo estudio, el tercero con
interés directo en el resultado del proceso, demostró el uso de la marca de forma
real y efectiva, comoquiera que puso a disposición del mercado colombiano el
producto identificado con la marca CHALLENGER registrada en la Clase 14 de la
Clasificación Internacional de Niza en la forma en que fue concedida, razón por la
cual, la parte demandada no vulneró lo previsto en los artículos 165, 166 y 167, de
la Decisión 486 de 2000.
Conclusión
55. La Sala considera que la parte demandada, con la expedición del acto acusado,
no se vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. Ello, por
cuanto el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró el uso
real y efectivo en el mercado andino de la marca CHALLENGER para identificar
productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo
relevante comprendido entre el 8 de noviembre de 2003 y el 8 de noviembre de
2006, por lo que la negación de la cancelación del registro mencionado resulta
ajustada a derecho.
56. En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los
cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que
ampara la Resolución núm. 48466 de 28 de septiembre de 2009.
Condena en costas
57. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201243, sobre
condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que
en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se
configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en
costas a la parte demandante.
43 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”
22
Núm. único de radicación: 11001032400020100013500
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión
500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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