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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00554-00

Cancelación de registro de marca por falta de uso: no procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
17 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2009-00554-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: ENVIAR copia de la presente sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. TERCERO: RECONOCER personería a la abogada María del Pilar Osorio Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía núm. 1.014.191.551 y tarjeta profesional núm. 243.253, para actuar en calidad de apoderada del tercero interesado, Procaps S.A. en los términos y para los efectos de la sustitución de poder conferida a folio 236 del expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2009-00554-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

12 de julio de 2018

CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - No procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procedencia respecto de la marca figurativa registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

La Sala, prohíja los pronunciamientos anteriores de esta Sección de fecha de 5 de febrero de 2015, 16 de junio de 2016 y 1º de diciembre de 2017, y concluye que existe una línea jurisprudencial relativa a que la reproducción de marcas figurativas en empaques de producto que incluyen signos y diseños adicionales, no diluye la capacidad distintiva de las marcas figurativas analizadas. La Sala encontró que la entidad demandada, estudió y aplicó correctamente la norma andina así como los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta Sección Primera, para decidir la cancelación parcial por no uso de la marca figurativa con número de registro 281117 bajo la titularidad de Procaps S.A. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no se vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 por cuanto, se demostró en el proceso que, un tercero autorizado por el titular de la marca figurativa con número de registro 281117, la usó de manera real y efectiva en el mercado colombiano, sin modificaciones que diluyeran su capacidad distintiva y durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de solicitud de la cancelación por no uso, esto es, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00554-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A Y MEDERER GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Referencia: Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina – Articulo 165 – Cancelación por no uso de registro marcario / Uso real y efectivo de la marca – Prueba

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9055 de 26 de febrero de 2009, 17859 de 20 de abril de 2009 y 24778 de 20 de mayo de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, en adelante las demandantes, por intermedio de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, presentaron demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la entidad demandada, con el fin de que se declare la nulidad de i) las resoluciones núms. 9055 de 26 de febrero de 2009, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” y, 17859 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y ii) la Resolución núm. 24778 de 20 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA con número de registro 281117 para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Las demandantes, solicitaron, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la entidad demandada cancelar por no uso de la marca en mención y que se reconozcan las siguientes:

Pretensiones

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 9055 de 26 de febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo Nº 03-075036, mediante la cual niega la cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro de marca Nº 281117, correspondiente a la marca FIGURATIVA, en la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos. “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 17859 de fecha 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 17859 de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 24778 de fecha 20 de mayo de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 9055.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación total por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, clase 30, certificado de registro Nº 281117.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad industrial […]”.

Presupuestos fácticos

Las demandantes, indicaron en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH solicitaron la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 281117, correspondiente a una marca FIGURATIVA, registrada para identificar productos comprendidos en la nomenclátor de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Procaps S.A..

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 9055 de 26 de febrero de 2009, negó la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 281117 pero ordenó cancelar parcialmente el registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]. Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 281117 […] distinguirá: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.

Por un lado, Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH y, por otro, Procaps S.A. interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación, en contra de lo decidido en la Resolución núm. 9055 de 26 de febrero de 2009.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 17859 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 9055 de 2009 y conceder el recurso de apelación.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 24778 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 17859 de 20 de abril de 2009.

Normas violadas

Las demandantes, adujeron la violación del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

Las demandantes, en síntesis, expusieron los cargos de violación así:

Señalaron que “[…] el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparece la palabra TRÓPICO´S, acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado número 281117 […]”.

Indicaron que “[…] dentro del expediente no aparecen pruebas ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI TRÓPICO´S, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria. En estas condiciones, resulta que no se probó el uso en las condiciones exigidas por la legislación comunitaria andina […]”.

Agregaron que “[…] se desprende que es un elemento esencial de la marca el hecho de que la misma sea una marca mixta, nominativa o figurativa; ésta no es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca FIGURATIVA, una marca MIXTA o una marca NOMINATIVA la identifica, y por tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso de una marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en este caso en ninguna parte se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación […]”.

Contestación de la demanda

La entidad demandada, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por las demandantes en los términos descritos a continuación.

Afirmó que los actos demandados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.

Señaló que “[…] las pruebas que fueron allegadas por los titulares de la marca FIGURATIVA clase 30 fueron aportadas conforme con lo previsto en la decisión 486 de la Comunidad Andina […]”.

Sostuvo que no se vulneró el artículo 165 de la Decisión 486, con base en las siguientes consideraciones:

“[…] teniendo en cuenta el acervo probatorio que se encuentra en el expediente esta Entidad pudo comprobar que, la marca figurativa con registro número 281.117, se usa simultáneamente con la marca TROLLI y con la frase explicativa TROPICOS.

Que el uso simultáneo no le ha restado distintividad a la marca figurativa, por el contrario, es un uso válido, sobre todo al estar en presencia de una marca figurativa, además la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca, “Figurativa”, realiza el uso de la misma por medio de un tercero autorizado, a saber la sociedad ALINOVA S.A., así mismo el producto comercializado e identificado con la marca es un producto comestible, específicamente gomas.

También se estableció que una vez analizado el producto, se encontró que la cantidad de ventas, está acorde con su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización, y finalmente se demostró que, no consta uso alguno de la marca para los demás productos incluidos en el registro número 281117 diferentes a gomas, por lo que la Entidad en ejercicio de sus facultades procedió a cancelar parcialmente la marca por falta de uso para ciertos productos comprendidos en la Clase 30 […]”.

Procaps S.A., tercero con interés directo en los resultados del proceso, en adelante el tercero con interés, intervino en los siguientes términos:

Sostuvo que la acción interpuesta resulta improcedente y que, no obstante lo anterior, los actos administrativos demandados se profirieron en estricto cumplimiento de las normas vigentes.

Afirmó que Procaps S.A. “[…] demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca figurativa en el mercado colombiano, la cual corresponde exactamente al certificado de registro 281117. […]”.

Adujo que con cada pieza que compone el acervo probatorio del expediente administrativo se acreditó el uso de la marca figurativa en cuestión para identificar golosinas en el mercado colombiano dentro del período relevante; y, que por esta razón se restringió la cobertura de la marca exclusivamente para tales productos.

Interpretación Prejudicial

El Consejero Sustanciador, mediante auto de 22 de septiembre de 2014, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina envió a esta Corporación, la interpretación prejudicial 207-IP-2014 de 29 de enero de 2015, en la que consideró que debían interpretarse los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Consejero Sustanciador, mediante auto de  18 de agosto de 2017, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial; vencido el plazo, las partes y el tercero con interés directo reiteraron los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda. La Agencia del Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio.

La abogada María del Pilar Osorio Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía núm. 1.014.191.551 y tarjeta profesional núm. 243.253, mediante escrito de 19 de febrero de 2018, allegó al expediente poder especial, para actuar en calidad de apoderada del tercero con interés, Procaps S.A., en los términos y para los efectos de la sustitución de poder conferida a folio 236 del expediente.

Visto el artículo 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre la designación de sustitución de apoderados, por remisión expresa del Artículo 267 del Decreto 01 de 1984, la Sala reconocerá personería a la mencionada abogada en la parte resolutiva de esta sentencia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Visto el artículo 128 numeral 7 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, sobre el régimen de transición y vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, del artículo 1 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 2003, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa Comunitaria que regula el registro de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vi) la interpretación prejudicial 207-IP-2014 de 29 de enero de 2015 y, vii) análisis del caso concreto.

La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

Los actos administrativos demandados son los siguientes:

La Resolución núm. 9055 de 26 de febrero de 2009, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA con número de registro 281117 para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Procaps S.A. pero ordenó la cancelación parcial del mencionado registro.

La parte motiva de la Resolución indicó lo siguiente:

En cuanto al uso real del signo frente a la marca registrada:

“[…] En las facturas antes relacionadas, se puede observar que, en la casilla relativa a los productos adquiridos, se encuentra la referencia a diferentes bienes identificados por la marca TROLLI, cada uno acompañado de una expresión adicional que es la que ayuda a diferenciarlos en el mercado.

Para el efecto recordemos que el apoderado de la sociedad titular en su respuesta aclaró, que las facturas se identifican por la expresión que acompaña a las gráficas, en este caso, por la expresión TROPICOS, la cual es usada de manera simultánea con la marca figurativa y la marca TROLLI para identificar estos productos.

De esta manera, tenemos que las facturas hacen referencia al producto TROLLI TROPICOS. De la misma forma, observamos que los empaques aportados están conformados por los siguientes elementos: en la parte superior la expresión TROLLI, bajo de ella la expresión TROPICOS, y, en la parte inferior derecha, la gráfica de la marca figurativa consistente en un pájaro de pico largo, sobre unas frutas tropicales.

Así, la forma como son referenciados los productos en las facturas coincide con la forma como estos son comercializados, puesto que en los empaques, la gráfica va acompañada de la expresión TROPICOS como parte integrante de un todo […]”. (Destacado de la Sala)

Frente a la cantidad, modo y modalidades del uso probado:

“[…] se aprecia que el producto que se comercializa es una goma de gelatina […]; la modalidad en que se efectuó la comercialización fue mediante la expedición de facturas por la sociedad ALINOVA S.A. por concepto de venta de los productos trópicos otorgados a nombre de sociedades como Carulla, Éxito entre otras, así como personas naturales […]; se pudo observar que, en el periodo comprendido entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008, las ventas de los productos identificados con la marca figurativa ascienden a $21.054.173, de los cuales $2.941.277 corresponden al 2005, $12.380.544 corresponden al 2006, y $5.732.352 corresponde al 2007.

De las facturas aportadas se pudo inferir que si bien no es una cifra cuantiosa, hay que tener en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado, no supone un éxito del producto identificado con ella; si bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el mercado, no se puede pensar que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario; una marca puede estar siendo usada seriamente por su titular y no por eso se está asegurando el éxito en ventas del producto al cual identifica […]. En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […]”. (Destacado de la Sala)

En relación con la cancelación parcial mantuvo el registro para productos específicos y, ordenó la exclusión de los demás según se describe a continuación:

“[…] De los empaques y la declaración, se puede observar que los productos identificados con la marca figurativa, consisten en gomas de gelatina o dulce de goma, ya que en la parte superior de cada empaque se enuncia el contenido, en letra de menor tamaño con la expresión “GUMMY CANDY.

“[…] Por lo tanto, la primera conclusión es que el uso efectuado para las gomas hace que el registro deba permanecer incólume para dulces, goma, bombones y todo tipo de productos de confitería ya que hay relación de género a especie, coincidiendo con su naturaleza y finalidad […].

Por el contrario el “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos” aunque también se trata de alimentos […] no tienen una relación competitiva suficiente que les permita permanecer en el registro, debiendo ser excluidos al no haberse probado su uso. […]” (Destacado de la Sala)

La parte resolutiva señaló:

“[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281117, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

ARTICULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos; “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”.

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado número 281117, correspondiente a la marca figurativa, distinguirá: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza […]”.

La Resolución núm. 17859 de 20 de abril de 2009, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 9055 de 26 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos precisando:

“[…] como se explicó en la resolución recurrida, en las pruebas referentes al modo en que la marca es utilizada en el comercio, como son las etiquetas de los productos y algunas piezas publicitarias, se aprecia que existe un uso simultáneo de las marca TROLLI, TROPICO´S y la marca figurativa objeto de la acción de cancelación […].

[…] se allegó una certificación de revisor fiscal de la sociedad ALINOVA S.A., autorizada por la titular para el uso de la marca, donde hace constar que las copias de facturas aportadas son fieles copias de sus originales […]; en ellas se aprecia la venta de diversos productos, entre los cuales se encuentran los certificados con las descripciones “TROPICO´S HB TROLLI X 100 G” y “TROPICO´S HB TROLLI x 50G” […].

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 9055 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones antes expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]”.

La Resolución núm. 24778 de 20 de mayo de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 17859 de 20 de abril de 2009. La resolución valoró nuevamente el acervo probatorio y concluyó lo siguiente:

“[…] La División de Signos Distintivos por medio de valoración efectuada a las pruebas aportadas por el titular del registro marcario solicitada a cancelación consideró acreditado el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA […];

[…] Esta Delegatura encuentra que al haberse probado el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA para distinguir “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería” era procedente reducir los productos amparados a aquellos que no se relacionaran o fueren conexos con el campo en el cual están contenidos los mismos”. […]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 17859 de 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. […]”.

El problema jurídico

Teniendo en cuenta los cargos de nulidad formulados por las demandantes en el escrito de demanda, corresponde a la Sala determinar la legalidad de las resoluciones núm. 9055 de 26 de febrero de 2009 y núm. 17859 de 20 de abril de 2009 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la Resolución núm. 24778 de 20 de mayo de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se niega la cancelación total por no uso del registro número 281117 y se ordena su cancelación parcial.

La Sala determinará, en primer lugar, si la marca figurativa con registro núm. 281117 fue usada, manteniendo sus elementos esenciales, esto es, sin modificaciones que diluyan su capacidad distintiva. En segundo lugar, se estudiará si la marca figurativa registrada bajo el núm. 281117, fue usada de manera real y efectiva, por Procaps S.A., o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, esto es, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008. Finalmente, en tercer lugar, se analizará si la demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la cancelación parcial del registro.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de las mencionadas resoluciones.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.

Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente sobre las normas internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.

Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del Derecho Comunitario Andino.

En relación con el principio de la aplicación y efecto directos, las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado Miembro.

Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

En este mismo sentido, la Sala considera importante señalar que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

Interpretación Prejudicial 207-IP-2014 de 29 de enero de 2015

La Sala procederá a señalar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial 207-IP-2014, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para este caso:

“[…] PRIMERO: De conformidad con establecido en la parte motiva de la presente providencia, la corte consultante deberá determinar lo siguiente:
Si el signo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca figurativa registrada bajo el certificado No. 281117 y,
Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.
Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia.

SEGUNDO: El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso.
Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. […]”

Análisis del caso concreto

Corresponde a esta Sala, determinar la legalidad de las resoluciones núm. 9055 de 26 de febrero de 2009 y núm. 17859 de 20 de abril de 2009 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la Resolución núm. 24778 de 20 de mayo de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se niega la cancelación total por no uso del registro número 281117 y se ordena su cancelación parcial.

Las demandantes, en su libelo, consideraron que los actos administrativos demandados son nulos, en tanto que la entidad demandada no accedió a la cancelación total por falta de uso el registro de la marca figurativa con registro núm. 281117 para distinguir productos de la Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Procaps S.A., desconociendo el artículo 165 de la Decisión 486.

La Sala precisa que la marca figurativa registrada por Procaps S.A. en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza bajo el número de certificado 281117 es la siguiente:

MARCA FIGURATIVA REGISTRADA

Vistos los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, la Sala procederá a estudiar y analizar i) si dentro del periodo relevante la marca figurativa con registro núm. 281117 fue usada, manteniendo sus elementos esenciales, esto es, sin modificaciones que diluyan su capacidad distintiva; ii) si la marca figurativa registrada bajo el núm. 281117, fue usada de manera real y efectiva, por Procaps S.A., o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Países miembros de la Comunidad Andina, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008; y, iii) si la entidad demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la cancelación parcial del registro.

La Sala analiza a continuación el primer tema, esto es, si Procaps S.A. demostró haber usado la marca figurativa con registro núm. 281117, manteniendo sus elementos esenciales y sin modificaciones que diluyan su capacidad distintiva, tal como lo señala la Interpretación Prejudicial.

La Sala reitera, en el caso sub lite, las consideraciones de las sentencias de la Sección Primera, de 5 de febrero de 2015 y de 1º de diciembre de 2017, en las que se señaló que la inclusión de la marca figurativa en un empaque de producto que incluye otros signos y diseños, no altera el carácter distintivo de la primera:

“[…] Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico, donde por lo general uno de los elementos predomina. Por ende, el hecho consistente en que la marca figurativa registrada haya sido utilizada junto con la expresión TROLLI y las palabras Gummi Candy y gomas de gelatina y debajo las expresiones SOUR GLOWWORMS que son denominaciones descriptivas del producto, no puede entenderse como modificaciones a la marca que alteraran su carácter distintivo. Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos de hecho y de derecho en donde se analizó la legalidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó la cancelación total por no uso del certificado de registro de una marca figurativa, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, presentada por la mismas sociedades actoras, la Sección Primera del Consejo de Estado consideró que se demostró el uso y regularidad de la marca y, además, que no hubo alteración de la misma, decisión que se prohíja en esta oportunidad. […]”.

Así las cosas, la Sala, con base en la interpretación prejudicial 207-IP-2015 y en la jurisprudencia de esta Sección, advierte que las pruebas que reposan dentro del expediente, en particular, el certificado de registro de la marca FIGURATIVA registrada bajo el número 281117 y los empaques de producto, demostraron que la marca figurativa registrada se reproduce en éstos de manera idéntica, tal como se ilustra a continuación:

MARCA FIGURATIVA
REGISTRADA

EMPAQUE USADO EN EL MERCADO

EMPAQUE USADO EN EL MERCADO

La Sala no encontró, dentro de las pruebas aportadas al proceso, documento alguno de donde se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa la alteró o modificó y que, como consecuencia de ello, el signo perdiera su distintividad. En consecuencia la Sala, al aplicar los criterios definidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera que la reproducción idéntica de la marca figurativa en el empaque aportado no diluye su capacidad distintiva o diferenciadora y, que su uso conjunto con los elementos denominativos TROLLI, TROPICO´S y GUMMY CANDY y con colores, no tiene como consecuencia la pérdida de su fuerza para identificar los productos que ampara.

En síntesis, la Sala no encuentra sustento a los argumentos de las demandantes pues, se ha demostrado que la marca respecto de la cual versan las pruebas de uso allegadas a este trámite es la misma marca registrada bajo el número de certificado 281117.

En relación con el segundo tema bajo análisis, la Sala procede a constatar si las pruebas aportadas por Procaps S.A., titular de la marca figurativa con número de registro 281117 y, aceptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para demostrar el uso del citado signo, son pertinentes y conducentes para demostrar su uso real y efectivo para el período comprendido entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 207-IP-2014 emitida para este asunto, señaló lo siguiente respecto de la evaluación del uso real y efectivo de una marca:

“[…] Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización […].

La Sala encuentra probado con el certificado de registro, que la marca figurativa, objeto de análisis, se registró para distinguir: “[…] dulces, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Sala concurre con el análisis realizado por la entidad demandada, en la Resolución núm. 24778 de 20 de mayo de 2009, que admitió como pruebas pertinentes y conducentes, de uso real y efectivo de la marca figurativa con número de registro 281117, entre otras, el documento de autorización de Procaps S.A. en favor de Alinova S.A. para comercializar, vender y realizar todo tipo de actividad relacionada con el uso y la explotación de la marca figurativa registrada con el núm. 281117 y, el documento emitido por el Revisor Fiscal de Alinova S.A., de 15 de mayo de 2008, en el que certifica que las facturas correspondientes al período comprendido entre mayo de 2005 y abril de 2008, son fiel copia de las que reposan en los archivos de la compañía.

En el mismo sentido, la Sala constató que las siguientes copias de facturas de compraventa expedidas por Alinova S.A. para los años 2005, 2006 y 2007 reflejan la venta efectiva del producto TROLLI TROPICO´S GUMMY CANDY, a diversos distribuidores en diferentes ciudades del país, con referencias CG 50g y HB x 100g, y precios, respectivamente de $1062 y $2493 pesos colombianos, como se muestra en la siguiente tabla. Solo se encontró una factura de 12/2005 con referencia TROLLI x 20g con una cantidad de 30.000 unidades por valor de $241 pesos /unidad en el folio 432.

Ref. TROLLI TROPICOS CG x 50g
Ref. TROLLI TROPICOS HB x 100g

Cantidad
(x paquete)
Fecha factura
Folio
Cantidad
(x paquete)
Fecha factura
Folio
72
408
192
108
192
168
120
480
120
216
72
120
48
1560
240
264
48
120
840
1560
24
1920
696
912
24
696
24
744
216
24
72
72
216
240
168

09/2007
08/2007
07/2007
07/2007
06/2007
06/2006
06/2007
05/2007
05/2007
05/2007
05/2007
03/2007
09/2006
09/2006
08/2006
07/2006
02/2006
02/2006
10/2006
10/2006
10/2006
10/2006
10/2006
06/2006
06/2006
04/2006
04/2006
04/2006
03/2006
02/2006
06/2005
06/2005
05/2005
05/2005
05/2005
190
195
206
206
216
219
228
230
234
235
238
303
322
324
333
342
350
357
373
373
378
380
382
387
390
406
408
412
419
425
492
496
500
502
505
60
72
60
12
84
48
24
12
264
120
120
36
540
96
72
132
60
60
24
84
48
24
36
48
24
48
36
336
60
36
24
60
24
24
48
48
36
12
72
06/2007
06/2007
05/2007
05/2007
05/2007
05/2007
11/2006
01/2007
04/2007
04/2007
03/2007
09/2006
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01/2006
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10/2006
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06/2006
04/2006
03/2006
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11/2005
10/2005
10/2005
09/2005
08/2005
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06/2006
06/2006
06/2006
05/2006
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05/2006
216
219
230
234
235
238
267
282
291
297
303
322
324
330
337
342
357
360
361
374
378
382
390
406
415
419
445
450
454
459
467
470
475
492
497
498
500
502
505

Probado lo anterior, la Sala constata que el valor aproximado de ventas del producto TROLLI TROPICO´S para las tres referencias mencionadas, dentro del periodo relevante de 4 de abril de 2005 a 4 de abril de 2008, asciende a $28.570.584. Al respecto concurre la Sala con la consideración de la entidad demandada:

“[…] De las facturas aportadas se pudo inferir que si bien no es una cifra cuantiosa, hay que tener en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado, no supone un éxito del producto identificado con ella; si bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el mercado, no se puede pensar que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario; una marca puede estar siendo usada seriamente por su titular y no por eso se está asegurando el éxito en ventas del producto al cual identifica […]. En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […]”. (Destacado de Sala)

Contrario a lo afirmado por las demandantes, la Sala observa que las pruebas analizadas sí demuestran el uso real y efectivo de la marca en el mercado dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la Decisión 486 del 2000.

Respecto del tercer y último tema, la Sala analizará a continuación si la entidad demandada aplicó correctamente el párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 al ordenar la cancelación parcial del registro.

La entidad demandada consideró a partir del análisis probatorio, que se demostró el uso efectivo de la marca exclusivamente para los siguientes productos:

“[…] De los empaques y la declaración, se puede observar que los productos identificados con la marca figurativa, consisten en gomas de gelatina o dulce de goma, ya que en la parte superior de cada empaque se enuncia el contenido, en letra de menor tamaño con la expresión “GUMMY CANDY.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la Interpretación Prejudicial 207-IP-2014, proferida para este caso, lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.
Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. […]” (Destacado de Sala)

Para la Sala es claro que la entidad demandada realizó el análisis de identidad o similitud de los productos, de acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, razón por la cual consideró que, probado el uso efectivo de la marca figurativa para gomas de gelatina o dulces de goma, la cobertura debería quedar limitada para amparar “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería” comprendidos en la Clase 30 Internacional, esto con el fin de evitar el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

La Sala reitera, en el caso sub lite, las consideraciones de la sentencia de la Sección Primera, de 16 de junio de 2016, que se refirió a su vez, a jurisprudencia previa de la misma Sección:

“[…] Ahora bien, teniendo en cuenta que la marca debe ser usada para los productos que ésta distingue y, el uso que logró demostrarse fue respecto de algunos productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, debe contemplarse la cancelación parcial por cuanto se probó el uso respecto de confitería.

Teniendo en cuenta que en el expediente administrativo se probó el uso de la marca figurativa respecto de productos para confitería, la Sala concluye que procedía la cancelación respecto de los demás productos amparados por la Clase 30 de la clasificación internacional de Niza: Chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos.

Así las cosas, la Sala encuentra ajustada a derecho la cancelación parcial realizada por la Superintendencia de industria y Comercio; […]” (Destacado de Sala)

Por lo anterior, la Sala encuentra acertado el análisis de la entidad demandada de ordenar cancelar el registro marcario para los siguientes productos para los cuales no se demostró uso y, que de eliminarse del registro, no generarían riesgo de confusión o asociación para el público consumidor:

Por el contrario el “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos” aunque también se trata de alimentos […] no tienen una relación competitiva suficiente que les permita permanecer en el registro, debiendo ser excluidos al no haberse probado su uso. […](Destacado de Sala)

En este contexto y siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala concluye que los actos demandados no vulneran lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio de manera acertada canceló parcialmente el registro de la marca figurativa certificado de registro número 281117, pues las demandantes no desvirtuaron la presunción de legalidad de que gozan los actos demandados; y, en consecuencia, denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Conclusión

La Sala, prohíja los pronunciamientos anteriores de esta Sección de fecha de 5 de febrero de 2015, 16 de junio de 2016 y 1º de diciembre de 2017, y concluye que existe una línea jurisprudencial relativa a que la reproducción de marcas figurativas en empaques de producto que incluyen signos y diseños adicionales, no diluye la capacidad distintiva de las marcas figurativas analizadas.

La Sala encontró que la entidad demandada, estudió y aplicó correctamente la norma andina así como los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta Sección Primera, para decidir la cancelación parcial por no uso de la marca figurativa con número de registro 281117 bajo la titularidad de Procaps S.A.

Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no se vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 por cuanto, se demostró en el proceso que, un tercero autorizado por el titular de la marca figurativa con número de registro 281117, la usó de manera real y efectiva en el mercado colombiano, sin modificaciones que diluyeran su capacidad distintiva y durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de solicitud de la cancelación por no uso, esto es, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que se demostró el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación para productos específicos, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos demandados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la presente sentencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada María del Pilar Osorio Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía núm. 1.014.191.551 y tarjeta profesional núm. 243.253, para actuar en calidad de apoderada del tercero interesado, Procaps S.A. en los términos y para los efectos de la sustitución de poder conferida a folio 236 del expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”.
“Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. Cfr. Folio 40. Cfr. Folios 72 y 73
“[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”. Cfr. Folio 45
Idem. Cfr. Folio 48
Cfr. Folio 119
Cfr. Folios 130 y 131. Cfr. Folio 133. Cfr. Folio 135. Cfr. Folio 163
“[…] Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación […]”.
“[…] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […]”. Cfr. Folio 210.
“[…] Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. […] Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente. […]”.
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
“Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
“[…] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. Cfr. Folio 67. Cfr. Folios 69 y 70. Cfr. Folio 72. Cfr. Folios 72 y 73. Cfr. Folios 74 a 80. Cfr. Folios 81 a 92. El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. El concepto de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, aparece formalmente enunciado la declaración de los integrantes de la Comisión plenipotenciarios de los Estados Miembros, aprobada en los siguientes términos durante el XXIX período de sesiones ordinarias (29 de mayo al 5 de junio de 1980): "[…] El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los países miembros […]". Este principio se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio. El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. Cfr. Folios 181 a 189. Cfr. supra 54. Consejo de Estado, Sección Primera, de 5 de febrero de 2015. C.P. María Elizabeth García González.

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00552-00,
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1º de diciembre de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00558-00. Anexo 1. Expediente Administrativo Núm. 03075036. Folio 25. Folio 204: CD 1 Expediente Administrativo Núm. 03075036 - Diseños Marca - Archivos “Alinova 044” y “CG Tropicos”. Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00].
“[…] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté‚ prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar […]”. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02]. Artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. Cfr. Folios 181 a 189. Anexo 1. Expediente Administrativo Núm. 03075036. Folio 25. Cfr. Folios 86 y 87. Anexo 1. Expediente Administrativo Núm. 03075036. Folios 190 a 505
Cfr. Folios 69 y 70. Cfr. Folio 72. Cfr. Folios 181 a 189. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de junio de 2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Número Único de Radicación: 11001-03-24-000-2009-00553-00. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. C.P. María Elizabeth García González. Número Único de Radicación: 11001-03-24-000-2009-00552-00. Consejo de Estado, Sección Primera, de 5 de febrero de 2015. C.P. María Elizabeth García González. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00552-00,
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de junio de 2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Número Único de Radicación: 11001-03-24-000-2009-00553-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1º de diciembre de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00558-00.

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