Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00187-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00187-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00187-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00187-00
Referencia. Acción de nulidad relativa
Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
TESIS: LA SOCIEDAD PROCAPS S.A. NO INCURRIÓ EN ACTOS DE
MALA FE O DE COMPETENCIA DESLEAL AL SOLICITAR EL REGISTRO
DE LA MARCA CUESTIONADA, “CATERPILLARS”, PARA DISTINGUIR
PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE LAS ACTORAS NO
LOGRARON DEMOSTRAR QUE EL SOLICITANTE DE DICHA MARCA
ERA SU DISTRIBUIDOR O LA PERSONA AUTORIZADA POR ELLAS,
ASÍ COMO TAMPOCO PROBARON QUE FUESEN TITULARES DE UN
SIGNO DISTINTIVO SIMILAR QUE SE ENCONTRARA PROTEGIDO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las
sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH, mediante
apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, que se interpretó como de nulidad relativa 1 de conformidad
con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de
la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad
de la Resolución núm. 58538 de 19 de noviembre de 2009, "Por
1
Mediante auto de 13 de abril de 2011. (Folios 250 a 253 del cuaderno núm. 2.)
2
En adelante Decisión 486.
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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida
por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes,
en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 29 de agosto de 2003, la sociedad COLMED LTDA.
presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo
“CATERPILLARS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase
304 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas5. Dicha petición fue cedida, posteriormente, a
PROCAPS S.A.
2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial,
presentaron oposición contra el registro solicitado, con fundamento en
que la intención perseguida con dicho signo era cometer actos de mala
fe y competencia desleal.
3
En adelante SIC.
4
La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] dulces, gomas, bombones y todo
tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del
café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan , pastelería, helados comestibles; todo tipo de
productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza;
vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos
enriquecidos[…]” .
5
En adelante Clasificación Internacional de Niza.
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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
3º: Que mediante la Resolución núm. 013653 de 25 de junio de 2004,
la jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, declaró fundada
la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del
signo nominativo “CATERPILLARS”, para identificar productos
comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Que contra la citada resolución la sociedad PROCAPS S.A.,
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo
resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria mediante la
Resolución núm. 015603 de 29 de junio de 2005, expedida por la jefe
de la División de Signos Distintivos de la SIC. El segundo, a través de
la Resolución núm. 58538 de 19 de noviembre de 2009, emanada del
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la
decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada la oposición
interpuesta y concedió el registro de la marca nominativa
“CATERPILLARS”, para identificar productos en la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza, a favor de la referida compañía.
I.2.- Fundamentaron, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó los artículos 136,
literal d), 137 y 172, de la Decisión 486, por interpretación errónea.
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Hoy Dirección de Signos Distintivos.
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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
Indicaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como
distribuidor de los productos identificados con la marca “TROLLI”, de
su propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada “CATERPILLARS”
fue solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de
competencia desleal.
Que al existir una relación comercial entre ellas y PROCAPS S.A., los
terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado
los derechos adquiridos sobre las marcas cuya titularidad le
corresponde a nivel internacional.
Señalaron que la normativa andina ha establecido que es causal de
irregistrabilidad de un signo, que la solicitud haya sido realizada a
beneficio propio por un representante o distribuidor que anteriormente
hubiera comercializado productos y/o servicios amparados por una
marca previamente registrada en un país miembro de la comunidad
andina o en el extranjero, con autorización de su titular.
Señalaron que la representación en Colombia y la comercialización de
sus productos identificados con la marca “TROLLI” se efectuó,
inicialmente, a través de la sociedad CANDYCOL S.A., en las que
resultaron operaciones que tienen el debido soporte y que dan cuenta
de la titularidad sobre la referida expresión; y que, a partir del 2001, la
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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
distribución pasó a ser realizada por la sociedad PROCAPS S.A., por
solicitud de la anterior.
Sostuvieron que la sociedad PROCAPS S.A. siguió actuando como la
representante de los productos amparados con la expresión “TROLLI”,
de la cual las actoras son titulares en otros países; y que, a pesar de
ello, aquella solicitó su registro en Colombia, sin previa autorización.
Concluyeron que las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA.,
ejecutan actos de competencia desleal al traspasarse y licenciarse
mutuamente expresiones que son de su propiedad.
Que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó el artículo 136, literal
f), de la Decisión 486. Sin embargo, no sustentó el concepto de su
violación.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad
actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el
fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba
plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales
vigentes en materia marcaria.
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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
Adujo que las actoras no demostraron ni en la vía administrativa ni
en el presente proceso que los terceros con interés directo en las
resultas del proceso hayan sido sus distribuidores, de manera que no
se cumple el elemento principal para estudiar la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión
486.
II.-2. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con
interés directo en las resultas del proceso, solicitaron denegar las
pretensiones de la demanda.
Aseguraron que la marca previamente registrada “TROLLI” difiere
completamente de la cuestionada “CATERPILLARS”; y que las
actoras nunca han detentado en Colombia la titularidad del signo
“TROLLI”.
Sostuvieron que las actoras aportaron copia simple de los certificados
de registro de las marcas “TROLLI” para demostrar la titularidad de
las mismas en varios países del mundo, de manera que no cuentan
con elementos materiales probatorios suficientes para demostrar
siquiera la presunta perpetración de actos de competencia desleal.
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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
Manifestaron que nunca han sido distribuidoras o representantes de
las actoras; y que la relación comercial entre ellas se limitó única y
exclusivamente a un contrato de suministro, el cual fue terminado de
manera intempestiva por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y
MEDERER GMBH.
Mencionaron que dicho contrato versaba respecto de productos
marcados con la expresión “TROLLI”, pero que en ningún momento
se extendió a la marca aquí cuestionada “CATERPILLARS”.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,
en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en
lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.-1. Las actoras insistieron en que se acceda a las pretensiones de la
demanda. Para el efecto, reiteraron que son titulares de diferentes
marcas, entre ellas “CULEBRAS”, “SALAMANDRAS”, “TIBURÓN
AZUL” y “BALLENA SOUR”, siendo PROCAPS S.A., su distribuidor
principal.
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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
Aseguraron que la marca cuestionada fue adquirida de mala fe por
parte de la referida sociedad.
IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la
demanda.
Adujo que al analizar las pruebas obrantes en el expediente de la
referencia, así como las que se solicitó tener en cuenta y que obran
en otros expedientes, no encontró que existieran elementos
suficientes para determinar que existían indicios de que el tercero con
interés directo en las resultas del proceso pretendía perpetrar,
facilitar o consumar un acto de competencia desleal.
IV.-3. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con
interés directo en las resultas del proceso, insistieron en que se
despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda.
Manifestaron que la marca “CATERPILLARS” es una expresión
completamente distintiva y diferenciadora, que no induce al público
consumidor en error sobre la naturaleza de los productos que
identifica, desvirtuando así cualquier afirmación de competencia
desleal por confusión frente a otras marcas.
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Sostuvieron que el registro marcario cuestionado en momento alguno
pretendió desacreditar el establecimiento, los productos y la actividad
industrial de la parte actora ni mucho menos implicó actos de
descredito comercial.
IV.-4. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm.
494-24, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el
efecto, manifestó que no existe riesgo de confusión alguna en que
pueda caer el público consumidor al adquirir los productos
identificados con la marca cuestionada.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la
solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias
invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos7:
“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la
interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente
proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la
consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de
la República de Colombia, dentro del proceso interno
11001032400020100018700 constituye un acto aclarado, en los
términos expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los
criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias
7 Proceso 65-IP-2023.
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emitidas en los procesos 90-IP-2022 publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023;
229-IP-2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 5459 del 11 de abril de 2024; y, 267-IP-2022
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256
del 31 de julio de 2023, de conformidad con lo establecido en la
parte considerativa de la presente providencia.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia
judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación
uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario
andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La SIC, mediante la Resolución núm. 58538 de 19 de noviembre de
2009, concedió el registro de la marca nominativa “CATERPILLARS”
a la sociedad PROCAPS S.A., para amparar los siguientes productos
de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] dulces,
gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate,
café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café;
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan , pastelería, helados
comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de
melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas
(con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias,
hielo, alimentos enriquecidos […]”.
Al respecto, las demandantes alegaron que la sociedad PROCAPS
S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados
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con la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca
cuestionada “CATERPILLARS” fue solicitada con mala fe y con la
clara intención de cometer actos de competencia desleal.
Que al existir una relación comercial entre ella y PROCAPS S.A., los
terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado
los derechos sobre las marcas cuya titularidad le corresponde a nivel
internacional.
Por su parte, la SIC señaló que las actoras no demostraron, ni en la
vía administrativa ni en el presente proceso, que los terceros con
interés directo en las resultas del proceso hayan sido sus
distribuidores, de manera que no se cumple con el elemento principal
para estudiar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del
artículo 136 de la Decisión 486.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial
deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial
65-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe
remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las
interpretaciones prejudiciales núms. 90-IP-20228, 229-IP-20219 y
8
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5247 de 13 de julio de 2023.
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Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5459 de 11 de abril de 2024.
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267-IP-202210, en las que se interpretaron los artículos 136, literales
d) y f), 137 y 172 de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente:
Decisión 486.
“[…]
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un
tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera
originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o
una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el País Miembro o en el extranjero;
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie
el consentimiento de éste;
Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga
indicios razonables que le permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto
de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
[…]
Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de
oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier
momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando
se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los
artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a
solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro
de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo
dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado
de mala fe.
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Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5256 de 31 de julio de 2023.
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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha
de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes
no afectarán las que pudieran corresponder por daños y
perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá
declararse la nulidad del registro de una marca por causales
que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse
la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a
algunos de los productos o servicios para los cuales la marca
fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos
productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca
[…]”.
Ahora bien, comoquiera que el debate esencial gira en torno a
establecer si los terceros interesados en las resultas del proceso, esto
es, COLMED LTDA. y PROCAPS S.A., solicitante y actual titular de la
marca cuestionada “CATERPILLARS”, respetivamente, para distinguir
productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza,
actuaron de mala fe y con la clara intención de cometer actos de
competencia desleal, al solicitar el registro como marca de dicho
signo, por haber sido distribuidores de productos “TROLLI” de las
actoras, es del caso abordar este asunto.
Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la
mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta
Sección en la sentencia de 22 de febrero de 201011:
“[…] cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como
la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 22 de
febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 1101-03-24-000-2001-
00209-01.
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general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la
mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las
razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la
sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo:
“La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido
referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades
explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a
que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento
de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de
los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal
debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier
actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
….
El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que
para determinar si una persona obró con mala fe es
necesario que su actuación sea consecuencia de la
intención o de la conciencia de violar una disposición
legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.12
También ha manifestado lo siguiente:
“Se presume que todo comportamiento está conforme con
los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.
Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla,
para con base en ello deducir las específicas
consecuencias jurídicas dispuestas por el
ordenamiento. Se presume además, que el
comportamiento de una persona no se ha manifestado con
la intención de causar daño, de violar una disposición
normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en
consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe
probarlo.”13
Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo
incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del
artículo 136 de la Decisión 486 para lo cual habrá que
determinar si el solicitante del signo era un representante,
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido. […]” (Destacado fuera de texto).
En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de la
marca cuestionada “CATERPILLARS”, para distinguir productos de la
12
Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999.
13
Proceso 3-IP-99
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Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la
prohibición señalada en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486,
para lo cual habrá que determinar si los terceros con interés directo en
las resultas del proceso eran representantes, distribuidores o personas
expresamente autorizadas por los titulares del signo protegido.
Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a
colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 264-
IP-2016, a saber:
“[…] 1.3. La prohibición de registro contemplada en el
literal d) del artículo 136 establece que se denegará el
registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido
un representante, distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos
casos, la oficina nacional competente denegará el
registro del signo solicitado.
1.4. Constituye causal de nulidad relativa el registro de
un signo obtenido por quien es o haya sido,
representante, distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el país
miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere
precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de
quien, aprovechándose de ser o haber sido su
representante, distribuidor o su autorizado para ejercer
acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse
de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la
relación comercial con el titular. Asimismo, se pretende
proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el
riesgo de confusión y de asociación.
1.5. Al momento de resolver el proceso, se deberá verificar si la
conducta acusada se ajusta o no en el supuesto contemplado en
el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en
autos, si se trata de un representante, distribuidor o una
persona expresamente autorizada por el titular del signo
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protegido HEXAGON en Brasil, entendiéndose por
representante a la persona que promueve y concierta la
venta de los productos o servicios de una empresa, a su
nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por
distribuidor al encargado de distribuir los productos
producidos por ésta; es decir, a quien reparte un
producto o un servicio a ciertos locales o personas a
quienes deba comercializarse.
1.6. En cualquiera de los casos, se ha de justificar
fehacientemente la calidad de titular de la marca por un lado y
de distribuidor del solicitante de la marca. […]” (Destacado
fuera de texto).
De las pruebas allegadas, para demostrar la presunta mala fe y actos
de competencia desleal, efectuados por los terceros con interés directo
en las resultas del proceso, se destacan las siguientes:
.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad
PROCAPS S.A.14
.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad
COLMED LTDA.15
.- Certificados de registro de la marca “TROLLI”, unos debidamente
legalizados y otros apostillados, para distinguir productos
comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza,
en los países de España, Alemania, Uruguay, Suiza, Perú, Panamá, El
Salvador, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Honduras,
Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Argentina,
14
Folios 6 a 12 del cuaderno físico principal.
15
Folios 13 a 16 del cuaderno físico principal.
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17
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Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Grecia, China, Reino Unido,
Israel, Estados Unidos, Italia, Austria y Noruega.16
.- Impresiones que contienen la expresión “TROLLI”, en letra
estilizada, que se encuentran en inglés.17
.- 10 copias autenticadas de facturas de venta expedidas por la
sociedad TROLLI IBERICA S.A. a CANDYCOL LTD y CANDICOL
S.A., por concepto de venta de “alimentos con beneficio de la
restitución”, tales como “film pizza, classic bears, Kiss, neon
squiggles, sour glowworms, Caterpillar, bananas, baby dracula, peach
O’s, strawberry pufs, Apple 0’s, estrella de mar, culebras, tiburones,
ballenas”, entre otros.18
.- 7 Copias autenticadas de comunicaciones por fax entre las
sociedades TROLLI IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A., de fechas 17,
18, 19, 22 y 23 de octubre de 2001.19
.- Copia autenticada del Programa de Trabajo suscrito entre TROLLI
IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A., de fecha 27 de agosto de 1998. 20
16
Folios 317 a 196 del cuaderno físico principal.
17
Folios 397 a 411 del cuaderno físico principal.
18
Folios 439 a 460 del cuaderno físico principal.
19
Folios 465 a 473 del expediente físico principal.
20
Folios 500 a 511 del cuaderno físico principal.
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.- 2 copias autenticadas de los documentos, en idioma inglés,
titulados “combined transport bill of landing”.21
.- 2 copias autenticadas de la Constancia de Inspección efectuada por
BUREAU VERITAS de los productos denominados “golosinas
TROLLI”, en los que figura como exportador, la sociedad TROLLI
IBERICA S.A. y, como importador, la compañía CANDYCOL S.A.22
.- Copia autenticada de la comunicación elaborada por el señor
WOLGANG JUDEX, con su respectiva traducción al español, en la
que le informa a la sociedad MEDERER GMBH que fue él quien
elaboró los diseños de los caramelos blandos “Classic bears”,
“peaches”, “glowworms” y “apfel”, que en español traducen a “oso”,
“melocotón, “gusanitos fosforescentes” y “manzana”.23
Sea lo primero advertir que los documentos titulados “combined
transport bill of landing” y las impresiones que contienen la expresión
“TROLLI”, en letra estilizada, que se encuentran en inglés, no
pueden ser valorados, por cuanto se encuentran en idioma inglés sin
contar con traducción oficial.
21
Folios 513 a 516 del cuaderno físico principal.
22
Folios 517 a 518 del cuaderno físico principal.
23
Folios 520 a 526 del cuaderno físico principal.
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Ciertamente, el artículo 260 del CPC24, hoy artículo 251 del Código
General del Proceso, señala que los documentos en idioma distinto
del castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando
sean acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por
traductor designado por el juez.
Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los
documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su
traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina
nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción
cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma
castellano.
Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los
documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de
la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una
exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un
mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia
de 6 noviembre de 202025, al sostener:
24
ARTÍCULO 260. “[…] Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan
apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción
efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado
por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente
[…].”
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de
noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
11001032400020110002800.
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“[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte
demandante, toda vez que la decisión, de la parte
demandada, referente a la no valoración de los
documentos allegados en idioma distinto al castellano
que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo
sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del
Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no
puede ser calificada dicha decisión como una exigencia
desproporcionada, sino como el debido cumplimiento
de un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, de los demás documentos aportados al expediente, la Sala no
encontró probado que las sociedades PROCAPS S.A. o COLMED
LTDA., fuesen distribuidoras o las personas autorizadas por las
sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH, para
distribuir en Colombia los productos distinguidos con la marca
“CATERPILLARS”.
En efecto, la mayoría de los documentos aportados por las actoras
demuestran una relación comercial entre las sociedades TROLLI
IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A.; sin embargo, no existe prueba
alguna que demuestre que CANDYCOL S.A. estuviese vinculada o
hiciera parte de algún grupo económico liderado por el tercero con
interés directo en las resultas del proceso, esto es, la compañía
PROCAPS S.A., quien es la actual titular de la marca cuestionada
“CATERPILLARS”.
Adicionalmente, si bien es cierto que se demostró que las sociedades
TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH son titulares de la marca
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“TROLLI”, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de
la Clasificación Internacional de Niza, en España, Alemania, Uruguay,
Suiza, Perú, Panamá, El Salvador, Bolivia, Paraguay, República
Dominicana, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Filipinas,
Guatemala, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia,
Grecia, China, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Italia, Austria y
Noruega, de acuerdo con las copias de los certificados de registro
allegados, también lo es que no aportaron ningún documento que
probara que eran las propietarias de un signo idéntico o similar al
aquí cuestionado, “CATERPILLARS”.
Por consiguiente, para la Sala es evidente que la conducta
reprochada no encaja dentro la citada prohibición de registro,
prevista en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486, dado que
no se probó que la sociedad PROCAPS S.A., titular del registro de la
marca cuestionada, fuese distribuidora o la persona autorizada por
las sociedades actoras, las cuales tampoco demostraron ser titulares
de un signo idéntico o similar al cuestionado, “CATERPILLARS”,
para amparar productos de la Clase 30 de la mencionada
Clasificación.
De igual manera, ocurre con la presunta mala fe alegada por las
actoras, pues la Sala considera que ellas tampoco probaron que la
sociedad PROCAPS S.A. haya obrado con actos contrarios a la buena
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fe, ya que, como ya se dijo, quien la alegue debe probarla, situación
que no se presentó en el caso sub lite.
Así las cosas, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes
anotadas que explican claramente acerca de la legalidad del acto
administrativo acusado al haber registrado en debida forma la marca
“CATERPILLARS”, para la clase 30 de la Clasificación Internacional
de Niza, a favor de PROCAPS S.A., por no estar incursa en la causal
de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la
Decisión 486, así como las evidencias aportadas por las actoras, que
únicamente demuestran una relación comercial entre las sociedades
TROLLI IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A. son más que suficientes
para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero
interesado en las resultas del proceso, pues como sostiene el
Tribunal, quien la alegue debe probarla.
Finalmente, la Sala no se pronunciará respecto de la presunta violación
del artículo 136, literal f), de la Decisión 486, comoquiera que las
actoras no sustentaron el concepto de su violación.
En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las
normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón
a la SIC al conceder a la sociedad PROCAPS S.A. la marca
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nominativa “CATERPILLARS”, para amparar productos de la Clase
30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que
se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto
administrativo acusado.
En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en precedencia, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo
128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de enero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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