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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00149-00

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00149-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de pleito pendiente, caducidad de la acción e ineptitud de la demanda presentadas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00149-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad relativa
Núm. único de radicación: 11001032400020110014900
Demandante: Trolli Ibérica S.A. y Mederer Gmbh
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Terceros con interés: Procaps S.A. y Colmed Ltda.

Temas: Confundibilidad entre una marca y un derecho de propiedad industrial
extranjero; causal de irregistrabilidad marcaria por indicios de mala fe en la solicitud.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Trolli Ibérica S.A. y
Mederer Gmbh, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se
declare la nulidad de la Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda

1. Mederer Gmbh y Trolli Ibérica S.A., en adelante la parte demandante1,
presentaron demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en
adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento

1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2-4.
2 Cfr. Folios 228-255.

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del derecho3, que se interpreta como acción de nulidad relativa4, para que se declare
la nulidad de la Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009, “Por la cual
se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada
cancelar el registro de la marca nominativa TIBURÓN AZUL, para identificar
productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 58576 de 19 de
noviembre de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 03-
075038, y concede en forma definitiva el registro de la marca nominativa TIBURÓN
AZUL.

SEGUNDA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva
dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro
No. 392155, correspondiente a la marca TIBURÓN AZUL.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la
Gaceta de propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones6:

3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984; “Por el cual se reforma el Código Contencioso

Administrativo.
4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000; por la cual se adopta el “Régimen

común sobre propiedad industrial”.
5 Cfr. Folios 229-230.
6 Cfr. Folios 230-234.

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4.1. Colmed Ltda solicitó, el 29 de agosto de 2003, ante la parte demandada, el
registro como marca del signo nominativo TIBURÓN AZUL para distinguir
productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional del Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de octubre de 2003, en la Gaceta de la
Propiedad Industrial núm. 533, la cual fue objeto de oposición por la parte
demandante, argumentando que con el registro de la marca se pretendía cometer,
perpetuar, facilitar y/o consolidar una conducta de competencia desleal.

4.3. La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 14521 de 29
de junio de 2004, consideró fundada la oposición presentada por la parte
demandante y negó el registro como marca del signo nominativo TIBURÓN AZUL,
para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional del Niza.

4.4. Procaps S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra la Resolución núm. 14521 de 29 de junio de 2004.

4.5. La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 15601 de 29
de junio de 2005, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la
Resolución núm. 14521 de 29 de junio de 2004 y concedió el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la
Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de
apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 14521 de 29 de junio de
2004 y en su lugar, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca
nominativa TIBURÓN AZUL para identificar productos de la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de: los literales d) y f) del artículo
136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión
de la Comunidad Andina7, en adelante la Decisión 486 de 2000.

7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”

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Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así8:

6.1. Señaló que: i) Mederer Gmbh era titular del signo TROLLI, en más de 36
países9 incluyendo Perú y Ecuador; ii) una de las referencias comercializadas bajo
el signo TROLLI, era TIBURÓN AZUL10; y iii) dicha situación era conocida por el
tercero con interés directo en las resultas del proceso, en tanto, Procaps S.A. había
sido distribuidor de los productos cobijados por la marca TROLLI fabricados por la
sociedad alemana MEDERER GMBH11.

6.2. Por último, indicó que las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda, formaban
parte de un mismo grupo económico, y se transferían entre ellas los derechos de
propiedad industrial que originalmente le pertenecían Mederer Gmbh12.

Contestación de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

“[…] No se configuran los presupuestos para la aplicación de la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de le decisión 486 […]”

7.1. Señaló que el signo nominativo TROLLI no tienen ninguna similitud con la
marca demandada TIBURÓN AZUL y que, en ese sentido, no era posible señalar
que se cumpliera con las condiciones para dar aplicación a la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200014.

8 Cfr. Folios 234-255.
9 Cfr. Folio 235.
10 Cfr. Folio 237.
11 Ibidem.
12 Cfr. Folio 247.
13 Cfr. Folios 355 a 360.
14 Cfr. Folio 358.

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“[…] No se configuran los presupuestos para la aplicación de la causal de
irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de le decisión 486 […]”

7.2. Indicó que los documentos obrantes en el expediente administrativo no
probaban la existencia de indicios razonables de que con la conducta se quería
cometer, perpetuar o facilitar una conducta de competencia desleal, toda vez que la
declaración referenciada por la parte demandante, como prueba de la conducta
desleal, hacía mención al uso de la marca TROLLI.

Terceros con interés directo en las resultas del proceso

8. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso contestaron la
demanda15 y se opusieron a las pretensiones formuladas, así:

“[…] Excepción por pleito pendiente […]”

8.1. Indicaron que, previo a resolver este proceso, era necesario, contar con el
pronunciamiento de esta Corporación respecto del proceso núm.
11001032400020110018700, donde se pretende la nulidad de los actos
administrativos proferidos dentro de los trámites administrativos adelantados
mediante los expedientes núms. 03-075045, 03-075039, 03-075046, 03-075043, 03
075040, 03-075042, 03-075037 y 03-075038, en tanto, comparten los mismos
argumentos16.

“[…] Excepción de inepta demanda por caducidad de la acción […]”

8.2. Señalaron, que como la demanda había sido presentada bajo la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, debió haber sido rechazada de plano, en
tanto, había sido presentada con posterioridad al vencimiento del término previsto
en la norma17.

“[…] Acerca de la aptitud de la demanda […]”

15 Cfr. Folios 318 a 338.
16 Cfr. Folios 325-326.
17 Ibidem.

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8.3. Manifestaron que, la demanda no se ajustaba dentro de ningún medio de
control, en tanto: i) no obedecía al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, comoquiera que no se había demostrado que los actos administrativos
le causaran un perjuicio a la parte demandante; y ii) no le era aplicable lo previsto
en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, desde la perspectiva que, la causal
de nulidad del registro no estaba prevista en los artículos 135 y 136 de la Decisión
486 de 2000.

“[…] Acerca de la presunta violación del artículo 137 de la decisión 486 del
2000 […]”

8.4. Refirieron que la marca TIBURÓN AZUL, en nada se relacionaba con la marca
TROLLI que sirvió de sustento a la oposición, y que la parte demandante nunca ha
tenido ningún derecho marcario sobre el signo TIBURÓN AZUL en Colombia ni en
ningún otro país de la Comunidad Andina.

“[…] Acerca de la presunta violación del artículo 136 literal d) de la decisión
486 del 2000 […]”

8.5. Reiteraron que no había lugar a la aplicación del literal d) del artículo 136 de la
Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo frente al cual se consideraba habían
sido desconocidos los derechos de propiedad industrial era TROLLI, el cual en nada
se parece a la marca demandada TIBURÓN AZUL.

8.6. Resaltaron que PROCAPS S. A. y COLMED LTDA., nunca habían sido
distribuidores o representantes de las sociedades MEDERER GMBH Y TROLLI
IBÉRICA, pues su relación comercial se había limitado a la de un "contrato de
suministro", y que los productos cobijados por el contrato recaían sobre productos
cuya marca era la expresión TROLLI, y en ningún caso productos identificados con
la marca TIBURÓN AZUL.

Interpretación Prejudicial

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9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 diciembre de 201718, suspendió
el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la
interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación
Prejudicial 188-IP-2018 el 3 de diciembre de 201819, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró:

“[…] 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y f)
del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.

2. Procede la interpretación prejudicial del Artículo 137 de la Decisión 486, por ser
pertinente.

3. No procede la interpretación de los literales a) y f) del artículo 136 de la decisión
486, por no ser pertinente la irregistrabilidad de los signos que sean idénticos o que
infrinjan un derecho de autor.

4. Más bien se interpretará de oficio el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486;
toda vez que la presente controversia versa sobre una solicitud de registro formulada
por un supuesto distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular. […]”20.

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia
comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y auto de pruebas

12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial,
mediante auto de 26 de abril de 201921, por un lado, reanudó el proceso, y por el
otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial,
mediante auto proferido el 22 de julio de 202122, corrió traslado a las partes e
intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le

18 Cfr. Folio 373.
19 Cfr. Folios 384 – 394.
20 Cfr. Folios 385-386.
21Cfr. Folios 396-404.
22 Cfr. índice 58 del Aplicativo SAMAI.

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informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para
alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210
del Código Contencioso Administrativo.

14. Durante el término legal, la parte demandante23, la parte demandada24 y los
terceros con interés directo en las resultas del proceso25 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda. El Ministerio
Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) la excepción de pleito pendiente; iii) la excepción de
caducidad; iv) la excepción de inepta demanda; v) el acto administrativo acusado;
vi) el problema jurídico; vii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad
industrial; viii) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina; ix) la interpretación prejudicial 188-IP-2018 de 3
de diciembre de 2018; x) el marco normativo sobre confusión o asociación respecto
de signos distintivos de personas frente a las que se hubiere sido representante,
distribuidor o autorizado; xi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la
irregistrabilidad de marcas solicitadas para perpetrar actos de competencia desleal;
y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

16. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos
del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126, sobre el régimen de
transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios
entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

23 Cfr. índice 63 del Aplicativo SAMAI.
24 Cfr. índice 65 del Aplicativo SAMAI.
25 Cfr. índice 64 del Aplicativo SAMAI.
26 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
27 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

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17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala
advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a
decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Sobre la excepción de pleito pendiente

Sobre el proceso identificado con el número único de radicación
11001032400020110018700

18. Atendiendo a que los terceros con interés directo en las resultas del proceso,
señalaron que en el caso bajo estudio era procedente declarar probada la excepción
de pleito pendiente, comoquiera, que el acto administrativo acusado había sido
demandado previamente por los demandantes dentro del proceso núm.
11001032400020110018700.

18.1. Verificado el aplicativo web SAMAI, se observa que, en el proceso
identificado con el número único de radicación 11001032400020110018700,
mediante auto de 20 de agosto de 201928, se aceptó el desistimiento de la demanda,
además no existía identidad de partes ni de materia.

Sobre el proceso identificado con el número único de radicación
11001032400020100018700

18.2. Asimismo, que la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado
allegó un informe secretarial29 informando que el acto acusado había sido
demandado previamente dentro del proceso núm. 11001032400020100018700,
que cursa su trámite ante esta Corporación.

18.3. Verificado el aplicativo web SAMAI, la Sala advierte que: i) en la demanda
presentada dentro de proceso identificado con el número único de radicación
11001032400020100018700, se solicitó la nulidad de las resoluciones núms.
58536, 58537, 58538, 58569, 58574, 58572 y 58576 de 19 de noviembre de 2009,

28 Cfr, índice 88 SAMAI.
29 Cfr. índice 66 SAMAI.

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así como, de la Resolución 65725 de 21 de diciembre de 2009; ii) el Despacho
sustanciador, mediante auto de 8 de junio de 2010, admitió la demanda contra la
Resolución núm. 58538 y la rechazó de plano respecto de los demás actos
acusados; y iii) no se presentaron recursos contra el referido auto.

18.4. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que el acto administrativo
acusado, dentro de este proceso; es decir la Resolución núm. 58576 de 19 de
noviembre de 2009, no se encuentra demandada dentro del proceso informado por
la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, razón por la cual, no habría
unidad de materia.

19. En suma, la Sala considera que no se declarará probada la excepción de
pleito pendiente, en tanto, que en el proceso indicado por la parte demandante como
fundamento de su excepción, se aceptó el desistimiento de la demanda, además no
se presentaba la identidad de partes ni de materia requerida por la norma.
Asimismo, no es procedente decretarla de oficio, comoquiera que en el proceso
informado por la secretaria la pretensión de nulidad recae sobre actos
administrativos distintos de aquellos cuya legalidad se estudia.

Sobre la excepción de caducidad de la acción

20. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso, propusieron la
excepción de caducidad de la acción, argumentando que “[…] la demanda iniciada
por las actoras, debió ser rechazada de plano, como quiera que al momento de
impetrarse la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrada en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra los actos administrativos
deprecados, el término para invocar la citada acción se encontraba de lejos vencido,
toda vez que los cuatro meses se cumplieron mucho antes de la fecha de
presentación de la demanda, […]”30. En esa medida, se advierte que:

21. Visto el inciso 2 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre acciones de
nulidad, en virtud del cual la acción de nulidad relativa prescribirá a los cinco (5)
años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

22. Atendiendo a que: i) la acción procedente en el caso sub examine, es la acción

30 Cfr. Folio 368

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de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como
se indicó supra; ii) la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años,
contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretende; iii) la
Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009, “Por la cual se resuelve un
recurso de apelación”, se notificó el 15 de diciembre de 200931; y iv) la demanda se
presentó el 23 de marzo de 201132.

23. La Sala considera que, desde la concesión del registro marcario cuya nulidad
se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda, no habían
transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en
consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad
prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la
excepción propuesta.

Sobre la excepción de inepta demanda

24. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso indicaron que la
demanda esta incursa en la excepción de inepta demanda, por cuanto las
pretensiones no se enmarcaban en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho invocada por la parte ni en aquellas previstas en el artículo 172 de la
Decisión 486 de 2000.

25. Como se indicó supra, la Sala considera que el trámite procesal, se debe
interpretar como de acción de nulidad relativa, comoquiera que está relacionado
con las causales de nulidad del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y con
aquellas que se refieren a la posible concreción de competencias de competencia
desleal, esto es, de mala fe, esta Sala considera que no es procede la excepción
invocada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

El acto administrativo acusado

26. El acto administrativo acusado es:

26.1. La Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 200933 mediante la cual
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia

31 Cfr. Folio 16.
32 Cfr. Folio 255.
33 Cfr. Folios 35 - 42

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Núm. único de radicación: 11001032400020110014900

de Industria y Comercio revocó la Resolución núm. 14521 de 29 de junio de 2004
que consideró fundada la oposición presentada por la parte demandante y negó el
registro como marca del signo nominativo TIBURÓN AZUL y, en su lugar, concedió
el registro de la marca nominativa TIBURÓN AZUL para identificar productos de la
Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

27. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las
contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y los terceros con
interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial,
determinar:

27.1. Si la Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009, expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca
nominativa TIBURÓN AZUL para identificar “dulces, gomas, bombones y todo tipo
de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz. tapioca. sagú soya
sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería,
helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza;
levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza: vinagre salsas (con excepción de
salsas para ensaladas), condimentos, especias hielo, alimentos enriquecidos”,
productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, vulneraron o no el literal d) del artículo 136 y el
artículo 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la
Comunidad Andina.

27.2. En este sentido, se analizará si existían indicios razonables para considerar
que la solicitud de la marca TIBURÓN AZUL tenía por finalidad, perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal, esto es, si para el caso concreto se
había demostrado que los terceros con interés directo en las resultas de proceso,
habían sido representantes, distribuidores o personas expresamente autorizadas de
la parte demandante.

27.3. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió
la Interpretación Prejudicial núm. 188-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, en la cual

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interpretó el artículo 137 y de oficio, el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486
de 2000 y se abstuvo de interpretar los literales a) y f) del artículo 136 ibidem.

28. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

29. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se
ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena34, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional
Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200035 de la Comisión de la Comunidad
Andina36.

34 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que
está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.
35 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de

decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su
artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros
y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de
Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio”
que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En
cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la
Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la
que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el
mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir
el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre
de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,
denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de
1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas,
ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que
anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente;
y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a
sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y
transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
36 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa

su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento
jurídico comunitario andino.

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Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina37

30. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.38

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de
los Estados Miembros.

32. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar
su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

33. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del
Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

34. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la

37 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por

el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo mediante la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
38 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,

aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.

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sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá
el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la
interpretación del Tribunal […]”.

35. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso,
no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los
efectos de la interpretación solicitada […]”.

36. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso
deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”

Interpretación Prejudicial 188-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018

37. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial
proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso39:

“[…] 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y f)
del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.

2. Procede la interpretación prejudicial del Artículo 137 de la Decisión 486, por ser
pertinente.

3. No procede la interpretación de los literales a) y f) del artículo 136 de la decisión
486, por no ser pertinente la irregistrabilidad de los signos que sean idénticos o que
infrinjan un derecho de autor.

4. Más bien se interpretará de oficio el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486;
toda vez que la presente controversia versa sobre una solicitud de registro formulada
por un supuesto distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular.

[…]

1.2. En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión
486, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal d), cuyo tenor
es el siguiente:

[…]

1.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la
prohibición de registro contemplada en el Literal d) del Artículo 136 establece que se
denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del
signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

39 Cfr. Folios 387-394

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1.4. Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera
incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no
únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional
competente denegará el registro del signo solicitado³

1.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de
nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido,
representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del
signo protegido en el país miembro o en el extranjero. Lo que se busca cautelar es el
derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber
sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles
con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenia del signo
y de la relación comercial con el titular Del mismo modo, pretende proteger al público
consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación

[…]

1.7. Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa,
la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso
interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios
probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio
para verificar la causal enunciada.

1.8. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el Literal d) del
Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo
párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro
de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Articulo
136 o cuando haya sido solicitada de mala fe.

2. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia
desleal

[…]

Definición de competencia desleal

2.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe
empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas
basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha
considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que
se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que
puedan perjudicar al competidor

[…]

2.6 Lo que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o
dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia
económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan
contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden
perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción
a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con
información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de
secretos comerciales, entre otros similares.

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2.7 De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito
empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido
en el Artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia
desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros.

"cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor"
2.8. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos
se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial
que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

2.9 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el
Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se
actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan
perjudicar al competidor.

2.10 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial;
es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los
comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad,
confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.

2.11. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de
competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de
competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea
calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es
desleal). Veamos en detalle ambos elementos:

a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la
finalidad de atraer clientes

b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia
económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos,
contrario a la buena fe empresarial, como la Inducción a error (actos de engaño y de
confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la
explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación
sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las
actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño
potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general La
competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el
principio de buena fe.

2.12. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos
mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público
consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o
desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del
sistema competitivo.

2.13. En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia
desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una
lista taxativa los siguientes:

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"a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;

b) las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos"

2.14. Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el literal a)
previamente citado, gozan de las siguientes características:

(i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos,
aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo
genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de
establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto
es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos
actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público
consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor

(ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.
Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión
respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de
información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la
utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos
ajenos es considerada como una práctica desleal.

(ii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores
concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los
actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia
desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:

"En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad
de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los
productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un
mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto
sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el
mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los
participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el
funcionamiento del propio sistema competitivo () para que el sistema competitivo
funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir
utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si (...) (FLINT BLANCK,
Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia"; Pontificia Universidad Católica
del Perú, Lima, 2002 p. 115)

2.15 El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión
486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha
manifestado: "En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro
en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes
intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o
en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha
obtenido dicha posición a través de medios licitas (...)."

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[…]

2.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137, deberá
probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o asociación respecto de
signos distintivos de personas frente a las que se hubiere sido representante,
distribuidor o autorizado como causal de irregistrabilidad

38. Visto el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán
registrarse como marcas aquellos signos que: i) sean idénticos o se asemejen a un
signo distintivo de un tercero, protegido en Colombia o en el extranjero; ii) pueda
originar riesgo de asociación o confusión; y iii) el solicitante hubiere sido un
representante, distribuidor o persona expresamente autorizada.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la irregistrabilidad por
indicios de que la solicitud tiene por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal.

39. Visto el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, la administración podrá
negar el registro de una marca solicitada cuando tenga indicios razonables de que
con su registro se persigue perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal.

40. Visto el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, se entiende, por actos de
competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial, entre otros: “[…] a)
cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos. […]”.

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41. Sobre la confusión esta Sala, en jurisprudencia reiterada ha considerado que
“[…] Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar
que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos
distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se
encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos
actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento,
los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole
elegir debidamente, según sus necesidades y deseosos y “que no cualquier práctica
que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede
ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios ilícitos se
encuentra amparado por el ordenamiento jurídico […]”40.

Análisis del caso concreto

42. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a
los argumentos de las partes demandante y demandada y de los terceros con
interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los
problemas jurídicos planteados supra.

43. La marca concedida y la marca previamente registradas son como se muestran
a continuación:

MARCA CONCEDIDA

TIBURÓN AZUL41
(Nominativo)

Clase 30: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de
productos de confitería, chocolate, café, te, azúcar,
arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café; harinas
y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería,
helados comestibles; todo tipo de productos a base de
soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para
esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de

2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00405-00.
41 Cfr. Folio 1522

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de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo,
alimentos enriquecidos.”

44. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con
fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en relación con el riesgo de confusión o asociación respecto de
signos distintivos de titulares de que se hubiere sido representante distribuidor o
autorizado y de la irregistrabilidad por indicios de que la solicitud tiene por finalidad
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Del cargo de violación del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

45. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los
literales d) y f) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000; ii) la
violación del literal f) de la Decisión 486 de 2000, no fue desarrollada en el texto de
la demanda; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solo consideró
pertinente analizar, el literal d) del artículo 136 y el artículo 137 ibidem.

46. La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del
presunto desconocimiento del literal f) de la Decisión 486 de 2000.

De los cargos de violación del literal d) del artículo 136 y del artículo 137 de la
Decisión 486 de 2000

47. En el caso bajo estudio el debate se centra en determinar si los terceros
interesados, actuaron de mala fe y con la clara intención de cometer actos de
competencia desleal al solicitar le registro como marca del signo nominativo
TIBURÓN AZUL, por haber sido distribuidores de los productos comercializados
internacionalmente por la parte demandante y cobijados bajo la marca TROLLI, en
ese sentido, es claro que las reclamaciones relacionadas con la comisión de
conductas de competencia desleal se fundamentan en la presunta consolidación de
la causal de irregistrabilidad prevista en literal d) del artículo 136 de la Decisión 486

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de 2000. Sobre este punto la Sala en sentencia de 5 de mayo de 2022 42 consideró
que:

“[…] Empero, comoquiera que las actoras alegaron que la sociedad PROCAPS S.A.
actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados con la marca
“TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”,
fue solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia
desleal, la Sala considera que sí procede el estudio de la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.[…]”

48. Por lo tanto, la Sala advierte que para que se configure la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 en concordancia con el
artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, es necesario que se haya probado, en
debida forma, que el registro marcario tuvo como finalidad perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal, para lo cual, en el caso concreto le
correspondía a la parte demandante probar que los terceros con interés directo en
las resultas del proceso actuaron como representantes, distribuidores o una
personas expresamente autorizadas, en ese sentido, la parte demandante debió,
mediante el material probatorio, desvirtuar la presunción de buena fe que cobija el
actuar del tercero con interés directo en las resultas del proceso. Sobre el particular,
esta Sala en jurisprudencia reciente43 consideró que:

“[…] Cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política
Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se
presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que,
por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia
de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo:

“La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal
Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir,
haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento
de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares
fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las
relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos
de derecho.

El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una
persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la
intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un
perjuicio injusto e ilegal.

También ha manifestado lo siguiente:

42 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 5 de mayo de

2022; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00
43 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 7 de julio de 2023;

C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00

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Núm. único de radicación: 11001032400020110014900

“Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se
desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe
probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas
dispuestas por el ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de una
persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una
disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia,
quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.”

Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo incursa en la prohibición
contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 para lo cual habrá que
determinar si el solicitante del signo era un representante, distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido. […]”.

49. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la
interpretación prejudicial aportada dentro del presente proceso, señaló lo siguiente:

“[…] 2.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137,
deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal. […]”44.

50. Esta Sala considera que, para que se configuren la causales de
irregistrabilidad invocadas, es preciso que, la parte demandante demuestre que los
terceros con interés directo en las resultas del proceso eran representantes,
distribuidores o personas expresamente autorizadas por los titulares del signo
protegido, sobre este particular, esta Sala se pronunció en sentencia de 5 de mayo
de 202245, donde se resolvió una controversia de características similares e indicó
que:

“[…] En virtud de lo anterior, debe establecerse si la solicitud de registro de la marca
cuestionada, “BALLENA SOUR”, para distinguir productos de la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la prohibición señalada en el
literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, para lo cual habrá que determinar si los
terceros con interés directo en las resultas del proceso eran representantes,
distribuidores o personas expresamente autorizadas por los titulares del signo
protegido.[…]”

51. Dicho lo anterior, la Sala advierte, que la parte demandante, aportó unos
documentos con los que pretende probar la existencia de una relación comercial
entre ella y los terceros con interés directo en las resultas del proceso. Para probar
su dicho, allegó:

44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 5-IP-2013 de 17 de abril de

2013
45 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 5 de mayo de

2022; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

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Núm. único de radicación: 11001032400020110014900

51.1. Copia de la demanda por competencia desleal presentada ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, con radicado núm. 8308675146.

51.2. Copia del título de renovación de la marca denominativa TROLLI para
identificar productos de la Clase 30, en España47.

51.3. Copia del título de marca para el signo TROLLI para distinguir productos de
la Clase 30, en la República Oriental del Uruguay48.

51.4. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la
Clase 30, expedido por el INDECOPI49.

51.5. Copia del certificado de registro de la marca TROLLI, para identificar
productos de la Clase 30 de la República de el Salvador50.

51.6. Título de marca del signo TROLLI para identificar productos de la Clase 30
en la Republica del Paraguay51.

51.7. Título de marca del signo TROLLI para identificar productos de la Clase 57
en la República Dominicana52.

51.8. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la
Clase 30, expedido por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica53.

51.9. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la
Clase 30, expedido la República de Nicaragua54.

46 Cfr. Folios 43-62
47 Cfr. Folio 63-64.
48 Cfr. Folio 66-67.

049 Cfr. Folios 80-82.
50 Cfr. Folio 85-86.
51 Cfr. Folio 87-88.
52 Cfr. Folio 89-90.
53 Cfr. Folios 91-92.
54 Cfr. Folios 93.

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51.10. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la
Clase 30, en la República de Ecuador55.

51.11. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la
Clase 30, en la República de Honduras56.

51.12. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la
Clase 30, en la República de Guatemala57.
51.13. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la
Clase 30, en la República de Chile58.

51.14. Impresiones de páginas Web59.

51.15. Copia de unas facturas de venta de dirigidas a la sociedad CANDYCOL Ltda.

60 61

51.16. Una autorización a la sociedad Candycol S.A. para la importación, envasado,
distribución y venta de productos de caramelo de gelatina de marca TROLLI62

55 Cfr. Folios 94-95.
56 Cfr. Folios 96-97.
57 Cfr. Folios 98-99.
58 Cfr. Folios 105-106.
59 Cfr. Folios 143-158.
60 Cfr. Folios 159
61 Cfr. Folio 160
62 Cfr. Folio 161

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51.17. Comunicaciones entre la sociedad demandante y la sociedad Candycol
S.A.63.

51.18. Copia de unas facturas de venta de dirigidas a la sociedad CANDYCOL
Ltda64.

51.19. Copia de un correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2001, entre la
sociedad PROCAPS y TROLLI IBÉRICA65.

51.20. Copia de las facturas dirigidas a la sociedad PROCAPS S.A. E/000310 66 y
E/00036267.

51.21. Copia de correos electrónicos de 12 de junio de 2001, en que se refiere una
venta a PROCAPS68

51.22. Copia de unas fotografías de unos camiones cargados.

51.23. Nota de entrega de fecha 14 de junio de 2001 en la que se relaciona la
entrega PROCAPS de 30 bobinas FILM.

63 Cfr. Folios 164-182.
64 Cfr. Folios 184-186.
65 Cfr. Folio 187.
66 Cfr. Folio 188-189.
67 Cfr. Folio 204.
68 Cfr. Folios 190-193.

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51.24. Copia de correos de fecha 22 de octubre de 2001, que se valoraran como
pruebas documentales69.

51.25. Copia de unas facturas dirigidas TROLLI IBERICA S.L70.

51.26. Copia de 4 facturas dirigidas CANDYCOL71 Ltda.

51.27. Certificados de exportación y envió de mercancía de TROLLI IBERICA S.A.72.

51.28. Comunicación de Wolfgang judex, comunicando que la empresa MEDERER
GMBH hecho uso de los dibujos para CLASSIC BEARS; PEACHES
GLOWWORMSY APFEL73.

52. En relación con los documentos indicados supra, se considera que:

52.1. Los certificados marcarios sobre la marca TROLLI para identificar productos
de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no se relacionan con la
existencia de una relación comercial y tienen como única finalidad demostrar la
titularidad de la parte demandante Mederer GMBH, sobre la marca TROLLI en
diferentes Estados.

52.2. Respecto de las impresiones de páginas WEB74, tampoco es posible extraer
la existencia de una relación comercial, toda vez que se limitan a mostrar algunas
imágenes de unos productos identificados con la marca TROLLI, y se encuentran
acompañadas de texto en idioma extranjero, los cuales no pueden ser valorados
por no contar con su debida traducción al castellano. Sobre este punto es preciso
traer a colación la sentencia de 5 de mayo de 202275 en que se refirió que:

“[…] Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los
documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva
traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada,

69 Cfr. Folios197-203.
70 Cfr. 205-208.
71 Cfr. 209-212.
72 Cfr. 213-219.
73 Cfr. Folios 223 y 224
74 Las cuales se valoran como documentos.
75 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 5 de mayo de

2022; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00

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sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la
Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de 2020 […]”

52.3. En relación con las pruebas, relativas a unas facturas emitidas a CANDYCOL
Ltda y las comunicaciones mantenidas con dicha empresa, y relacionadas de los
numerales 51.16 a 51.18 y 51.27, lo cierto es que ninguno de ellos se constituye
como un indicio razonable de que las empresas Procaps S.A. o Colmed Ltda.
hubieren tenido relación comercial alguna con la parte demandante ni de que
hubieran pretendido perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal,
toda vez que se hace referencia a una persona jurídica distinta de los terceros con
interés en las resultas del proceso.

52.3. Respecto de los correos electrónicos76 aportados en que hay comunicaciones
entre Procaps S.A. encontramos que no dan cuenta de una relación de distribución,
o representación, pues se habla de unos pedidos no obstante no obran pruebas de
la materialización de los mismos, de igual forma, si bien se observa que en un correo
se hace mención al trámite de un permiso de importación, envase, distribución y
venta, de los productos de los productos de caramelo de gelatina de la marca
TROLLI, no se aporta copia de la referida autorización.

52.4. Ahora bien, respecto de las facturas emitidas a PROCAPS, tercero con interés
directo en las resultas del proceso, referidas esta Sala considera que ninguna de
estas hace referencia a la referencia TIBURÓN AZUL, ni permiten establecer la
existencia de una relación comercial de representante, distribuidor o expresamente
autorizado. Por el contrario, hacen referencia a una adquisición de los productos sin
poder determinar si estos se pusieron o no a la venta.

53. Es preciso señalar que en un caso de similares características esta Sala
consideró que:

“[…] En efecto, la mayoría de los documentos aportados por las actoras demuestran
una relación comercial entre las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y CANDYCOL
S.A.; sin embargo, no existe prueba alguna que demuestre que CANDYCOL S.A.
estuviera vinculada o hiciera parte de algún grupo económico liderado por el tercero
con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la compañía PROCAPS S.A.,
quien es la actual titular de la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”.

76 Los cuales se valoran como documentos.

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Adicionalmente, si bien es cierto que se demostró que las sociedades TROLLI
IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH son titulares de la marca “TROLLI”, para
identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional
de Niza, en España, Alemania, Uruguay, Suiza, Perú, Panamá, El Salvador, Bolivia,
Paraguay, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica,
Filipinas, Guatemala, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Grecia,
China, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Italia, Austria y Noruega, de acuerdo
con las copias de los certificados de registro allegados, también lo es que no
aportaron ningún documento que probara que eran las propietarias de un signo
idéntico o similar al aquí cuestionado, “BALLENA SOUR”.

Por consiguiente, para la Sala es evidente que la conducta reprochada no encaja
dentro la citada prohibición de registro, prevista en el literal d) del artículo 136 de la
Decisión 486, dado que no se probó que la sociedad PROCAPS S.A., titular del
registro de la marca cuestionada, fuese distribuidora o la persona autorizada por las
sociedades actoras, las cuales tampoco demostraron ser titulares de un signo
idéntico o similar al cuestionado, “BALLENA SOUR”, para amparar productos de la
Clase 30 de la mencionada Clasificación. […]”77

54. Atendiendo a lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
así como al alcance de las pruebas aportadas, esta Sala considera, que para el
momento de la solicitud del registro, no se advierte, que obren en el plenario pruebas
suficientes para considerar, que al momento de conceder el registro, hubiera
indicios razonables de que, con el registro de la marca nominativa TIBURÓN AZUL,
el tercero, PROCAPS S.A., hubiera actuado como representante, un distribuidor o
una persona expresamente autorizada o tuviera por finalidad perpetrar, consolidar
o facilitar un acto de competencia desleal y, en consecuencia, no se cumplen los
supuestos normativos del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el
cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Conclusión

55. La Sala declarará no probadas las excepciones de pleito pendiente,
caducidad de la acción e ineptitud de la demanda presentadas por los terceros con
interés directo en las resultas del proceso. Asimismo, considera que no se demostró
que, al momento de conceder el registro hubiera indicios razonables para considerar
que con el registro de la marca TIBURÓN AZUL, de los terceros con interés directo
en las resultas del proceso, tuvieran por finalidad perpetrar, consolidar o facilitar
actos de competencia desleal.

56. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los
cargos formulados en la demanda, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

77 ibidem

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de pleito pendiente,
caducidad de la acción e ineptitud de la demanda presentadas por los terceros con
interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las
correspondientes anotaciones de ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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