Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00148-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00148-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2011-00148-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00
Referencia. Acción de nulidad relativa
Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
TESIS: LA SOCIEDAD PROCAPS S.A. NO INCURRIÓ EN ACTOS DE
MALA FE O DE COMPETENCIA DESLEAL AL SOLICITAR EL REGISTRO
DE LA MARCA CUESTIONADA, “BALLENA SOUR”, PARA DISTINGUIR
PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE LAS ACTORAS NO
LOGRARON DEMOSTRAR QUE EL SOLICITANTE DE DICHA MARCA ERA
SU DISTRIBUIDOR O LA PERSONA AUTORIZADA POR ELLAS, ASÍ
COMO TAMPOCO PROBARON QUE FUESEN TITULARES DE UN SIGNO
DISTINTIVO SIMILAR QUE SE ENCONTRARA PROTEGIDO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las
sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH, mediante
apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1 de conformidad
con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1º de diciembre de 2000, de
1
Mediante auto de 13 de abril de 2011. (Folios 250 a 253 del cuaderno núm. 2.)
2
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la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad
de la Resolución núm. 65725 de 21 de diciembre de 2009, "Por medio
de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en
síntesis, los siguientes:
1º: Que el 18 de marzo de 2004, la sociedad COLMED LTDA presentó
solicitud de registro como marca del signo nominativo “BALLENA
SOUR”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 304 de la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas5. Dicha petición fue cedida, posteriormente, a PROCAPS S.A.
2°: Que publicada la citada solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial
presentaron oposición, con fundamento en que la intención perseguida
con dicho signo era cometer actos de mala fe y competencia desleal.
2
En adelante Decisión 486.
3
En adelante SIC.
4
La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Dulces, Gomas bombones y todo
tipo de productos de confitería, chocolate, té, azúcar, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de
soya, miel jarabe de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal mostaza vinagre, salsas. […]”
5
En adelante Clasificación Internacional de Niza.
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3º: Que mediante la Resolución núm. 014518 de 29 de junio de 2004, la
Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, declaró fundada la
oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo
“BALLENA SOUR”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de
Niza.
4º: Que contra la citada resolución la sociedad solicitante interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el
primero de ellos, de manera confirmatoria, mediante la Resolución núm.
015605 de 29 de junio de 2005, expedida por la Jefe de la División de
Signos Distintivos de la SIC. El segundo, a través de la Resolución núm.
65725 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró
infundada la oposición interpuesta y concedió el registro de la marca
“BALLENA SOUR”, para identificar productos en la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza, a favor la sociedad PROCAPS S.A.
I.2.- Fundamentaron, en síntesis, los cargos de violación, así:
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Hoy Dirección de Signos Distintivos.
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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 136,
literales d) y f), 137 y 172 de la Decisión 486, por interpretación errónea.
Indicaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como
distribuidor de los productos identificados con la marca “TROLLI”, de su
propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada “BALLENA SOUR” fue
solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de
competencia desleal.
Que al existir una relación comercial entre ellas y PROCAPS S.A., los
terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado
los derechos adquiridos sobre las marcas cuya titularidad les
corresponde a nivel internacional.
Mencionaron que son titulares de la marca “TROLLI” en los países de
Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Dinamarca, El Salvador,
Finlandia, Francia, Grecia, Reino Unido, Hong Kong, Irlanda, Israel,
Italia, Japón, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Panamá, Polonia, Suecia,
Suiza, España, Uruguay, República Dominicana, entre otros.
Señalaron que las sociedades PROCAPS S.A y COLMED LTDA. forman
parte de un mismo conglomerado económico, toda vez que se traspasan
derechos sobre registros marcarios que les han sido concedidos.
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Anotaron que la comercialización de la expresión “TROLLI”, incluye el
uso de ciertas marcas o nombres comerciales, entre los cuales se
encuentra la expresión que conforma a la marca cuestionada,
“BALLENA SOUR”.
Concluyeron que las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA
ejecutan actos de competencia desleal al traspasarse y licenciarse
mutuamente expresiones que son de su propiedad.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad
actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el
fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba
plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales
vigentes en materia marcaria.
Sostuvo que la marca cuestionada “BALLENA SOUR” no se encontraba
registrada en Colombia; y que del análisis de confundibilidad realizado
con la marca previamente registrada “TROLLI”, no encontró que
existieran semejanzas entre ellas que fueran susceptibles de generar
riesgo de confusión y/o asociación.
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Señaló que un consumidor racional no identificaría ambas marcas como
idénticas o similares; y que tampoco tendría por qué conocer que la
comercialización de la marca “TROLLI”, efectuada por las actoras
incluía el uso de ciertas expresiones, entre las cuales estaba
“BALLENA SOUR”.
Indicó que las actoras no demostraron ni en la vía administrativa ni en
el presente proceso que los terceros con interés directo en las resultas
del proceso hayan sido sus distribuidores, de manera que no se cumple
el elemento principal para estudiar la causal de irregistrabildad prevista
en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.
Explicó que no existen indicios razonables que permitan inferir que con
la solicitud de registro de la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, se
estuviese perpetrando, facilitando o consolidando un acto de
competencia desleal.
II.-2. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con
interés directo en las resultas del proceso, solicitaron denegar las
pretensiones de la demanda.
Aseguraron que la marca previamente registrada, “TROLLI”, difiere
completamente de la cuestionada, “BALLENA SOUR”; y que las
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actoras nunca han detentado en Colombia la titularidad del signo
“TROLLI”.
Sostuvieron que las actoras aportaron copia simple de los certificados
de registro de las marcas “TROLLI”, para demostrar la titularidad de
las mismas en varios países del mundo, de manera que no cuentan con
elementos materiales probatorios suficientes para demostrar siquiera
la presunta perpetración de actos de competencia desleal.
Manifestaron que nunca han sido distribuidoras o representantes de las
actoras; y que la relación comercial entre ellas se limitó única y
exclusivamente a un contrato de suministro, el cual fue terminado de
manera intempestiva por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y
MEDERER GMBH.
Mencionaron que dicho contrato versaba respecto de productos
marcados con la expresión “TROLLI”, pero que en ningún momento
se extendió al signo aquí cuestionado, “BALLENA SOUR”.
Propusieron las siguientes excepciones previas:
.- Pleito pendiente, toda vez que las actoras ya habían presentado,
previamente, demanda de nulidad contra el acto aquí acusado, la cual
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se tramita en la Sección Primera del Consejo de Estado, bajo el
expediente identificado con el número único de radicación 2010-
01087-00, proceso en el que también fungen como terceros con interés
directo en las resultas del proceso.
Que, por lo anterior, existen dos procesos prácticamente iguales, en
los que se demanda la nulidad de la misma resolución expedida por la
SIC, de manera que para evitar el riesgo de la producción de dos o más
sentencias contradictorias debe declararse probada la excepción
propuesta.
.- Caducidad de la acción, por cuanto pasaron más de cuatro meses
desde la notificación del acto acusado hasta la presentación de la
demanda.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en
desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista,
probatoria y alegaciones.
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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.-1. Las actoras insistieron en que se acceda a las pretensiones de la
demanda. Para el efecto, reiteraron que los terceros con interés directo
en las resultas del proceso fungían como distribuidores de sus productos
identificados con la marca "TROLLI", por lo que al presentar la solicitud
de registro de la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, incurrieron en
actos de mala fe y competencia desleal.
IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la
demanda.
Adujo que al analizar las pruebas obrantes en el expediente de la
referencia, así como las que se solicitó tener en cuenta y que obran en
otros expedientes, no encontró que existieran elementos suficientes
como para determinar que existían indicios de que el tercero con
interés directo en las resultas del proceso pretendía perpetrar, facilitar
o consumar un acto de competencia desleal.
IV.-3. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con
interés directo en las resultas del proceso, insistieron en que se
despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda.
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Indicaron que la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, concedida a
su favor, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la
Clasificación Internacional Niza, se ajustó a los parámetros de los
artículos 136. literal d), f) y 137 de la Decisión 486, por lo que debe
inferirse que dicha marca sí posee la suficiente capacidad distintiva
para ser concedida, tanto en las letras como en el aspecto fonético y
demás puntos de vista gramaticales y conceptuales.
IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó
silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la
solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias
invocadas como violadas en la demanda, concluyó8:
“[…] 1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un
acto de competencia desleal
1.1. En vista que en el proceso interno se discute si la solicitud de
registro del signo BALLENA SOUR (denominativo) habría sido
llevado a cabo con la intención de consolidar un acto de
competencia desleal, se procederá a analizar este tema.
1.2. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que:
7
En adelante el Tribunal
8 Proceso 33-IP-2020.
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“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables
que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
podrá denegar dicho registro”.
[…]
1.17. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la
necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el
mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes
y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio
abusivo.
1.18. Con relación a los actos de competencia desleal por
confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente
a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de
los competidores, toda vez que la situación se encuentra
sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que
aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que
concierne al establecimiento, los productos o la actividad
económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir
debidamente, según sus necesidades o deseos.
1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del
artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal.
2. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala
fe
2.1. MEDERER GMBH TROLLI IBERICA S.A. solicitó que se declare
la nulidad de la marca BALLENA SOUR (denominativo) por
presuntamente existir mala fe en la solicitud de dicho registro. Por
consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.
[…]
2.6. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario
que su actuación sea consecuencia de la intención o de la
conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar
un perjuicio injusto o ilegal.
[…]
2.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo
empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este
escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva
posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el
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ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe,
mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable
posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es
notorio en cualquiera de los países miembros.
2.12. El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables”
que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro
actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse
de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad
distintiva, de penetración en el mercado o de recordación del
correspondiente signo distintivo.
[…]
2.15. De acuerdo con lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud
de registro de la marca BALLENA SOUR (denominativo), incurrió en
la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro
presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del
artículo 172 de la Decisión 486.
[…]”.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones
propuestas por las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA,
terceros con interés directo en las resultas del proceso.
VI.1 Del Pleito pendiente
Los terceros con interés directo en las resultas del proceso propusieron
la excepción de pleito pendiente, toda vez que las actoras ya habían
presentado, previamente, demanda de nulidad contra el acto aquí
acusado, la cual se tramita en la Sección Primera del Consejo de Estado
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bajo el expediente identificado con el número de radicación 2010-
01087-00, proceso en el que también fungen en dicha condición.
Que, por lo anterior, existen dos procesos prácticamente iguales, en
los que se demanda la nulidad de la misma resolución expedida por la
SIC, de manera que para evitar el riesgo de la producción de dos o más
sentencias contradictorias, debe declararse probada la excepción
propuesta.
Al respecto, la Sala observa que el artículo 97 del CPC, aplicable por
remisión expresa del artículo 267 del CCA, prevé que el pleito
pendiente puede proponerse como excepción previa y tiene por objeto
evitar que, entre las mismas partes, se promuevan 2 litigios paralelos
y que, en un momento dado, pudieran existir sentencias
contradictorias.
Para configurar la excepción de pleito pendiente, la jurisprudencia ha
identificado los siguientes requisitos9:
a) Que simultáneamente existan 2 procesos con plena identidad
fáctica y jurídica. En todo caso, vale precisar que no existirá
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de
2017, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E), núm. único de radicación 2014-00834-01.
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pleito pendiente, sino cosa juzgada, cuando uno de los 2
procesos hubiera terminado y existiera sentencia definitiva.
b) Que sean comunes las partes en los dos procesos.
c) Que en ambos procesos las pretensiones sean idénticas
(identidad de objeto).
d) Que exista identidad de causa (el porqué del litigio), es decir, que
sea idéntico el motivo, razón o sustento fáctico de la pretensión.
Revisado el software de gestión de consulta de procesos del sistema
SAMAI, se encontró que actualmente cursa en la Sección Primera de
esta Corporación una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y
MEDERER GMBH en contra de las resoluciones núms. 58538, 58536,
58537, 58569, 58574, 58572 y 58576 de 19 de noviembre de 2009 y
65725 de 21 de diciembre de 2009, expedidas por la SIC y en las
cuales se encuentran vinculadas las sociedades PROCAPS S.A. y
COLMED LTDA, como terceros con interés directo en las resultas del
proceso.
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No obstante, se advierte que mediante auto de 8 de junio de 2019, el
Despacho sustanciador determinó que si bien era cierto que se
demandaban varios actos administrativos emanados de la misma
entidad y que afectaban a las partes demandantes, también lo era que
carecían de identidad de objeto, toda vez que guardaban relación con
la concesión de registros marcarios diferentes, por lo que no podía
admitirse la demanda respecto de todos ellos, sino que las actoras
debían presentar, por separado, las respectivas demandas contra cada
uno de ellos.
Por lo anterior, únicamente se admitió la demanda contra la Resolución
núm. 58538 de 19 de noviembre de 2009, mediante la cual se concedió
el registro de la marca nominativa “CATERPILLARS”.
Así las cosas, para la Sala es evidente que existen dos procesos en
curso, en los que únicamente coinciden las partes, esto es: i)
demandantes: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH; ii)
demandado: SIC; y iii) terceros con interés directo en las resultas del
proceso: PROCAPS S.A. y COLMED LTDA.
Sin embargo, se observa que los mismos no comparten identidad de
objeto, comoquiera que en el expediente núm. 2010-00187-00 se
persigue la nulidad de la Resolución núm. 58538 de 2009, mediante la
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cual se concedió el registro de la marca “CATERPILLARS”, mientras
que en el caso sub examine se pretende la nulidad de la Resolución
núm. 65725 de 2009, a través de la cual se concedió el registro de la
marca “BALLENA SOUR”.
Así las cosas, al no cumplirse uno de los requisitos para la configuración
de un pleito pendiente, no prospera la excepción propuesta por los
terceros con interés directo en las resultas del proceso.
VI.1 De la caducidad de la acción
Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA propusieron la
excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la
fecha de notificación de la Resolución núm. 65725 de 2009, "Por la
cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la
presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro
(4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.
Al respecto, cabe precisar que comoquiera que el acto acusado
CONCEDE un registro marcario, es enjuiciable mediante la acción de
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nulidad relativa10, de conformidad con el artículo 17211 de la Decisión
486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el
artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable
contra los actos administrativos que niegan un registro marcario.
En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad
relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de
prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del
registro marcario, término este que no se cumple si se tiene en cuenta
que la Resolución acusada núm. 65725 de 2009, "Por la cual se
resuelve un recurso de apelación", mediante la cual se concedió el
registro de la marca nominativa, “BALLENA SOUR”, fue notificada por
fijación en lista el 25 de marzo de 2010 y desfijado el 14 de abril de ese
año12 y la demanda se presentó el 23 de marzo de 201113.
Por lo tanto, se declarará no probada la excepción de caducidad
propuesta por los terceros con interés directo en las resultas del proceso.
10
Relativa o absoluta.
11
“[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido
en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto
en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco
años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto).
12
Folio 17 del cuaderno núm. 1.
13
Folio 247, vuelto del cuaderno núm. 1.
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Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm.
65725 de 2009, concedió el registro de la marca nominativa
“BALLENA SOUR” a la sociedad PROCAPS S.A., para amparar los
siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de
Niza: “[…] Dulces, Gomas bombones y todo tipo de productos de
confitería, chocolate, té, azúcar, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del
café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería,
helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel jarabe
de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal mostaza vinagre, salsas
[…]”.
Al respecto, las demandantes alegaron que la sociedad PROCAPS S.A.
actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados con
la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca
cuestionada, “BALLENA SOUR”, fue solicitada con mala fe y con la
clara intención de cometer actos de competencia desleal.
Que al existir una relación comercial entre ellas y PROCAPS S.A.14, los
terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado
los derechos sobre las marcas cuya titularidad les corresponde a nivel
internacional.
14
Y COLMED LTDA.
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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta
Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la
interpretación de los artículos 137 y 17215 de la Decisión 486 “[…] por
ser pertinente […]” y que “[…] no se llevará a cabo la interpretación del
artículo 136 literales d) y f) debido a que no es materia controvertida la
irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo
distintivo de un tercero, ni tampoco la irregistrabilidad de un signo que
infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un
tercero […]”.
Empero, comoquiera que las actoras alegaron que la sociedad
PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos
identificados con la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello,
la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, fue solicitada con mala fe y
con la clara intención de cometer actos de competencia desleal, la Sala
considera que sí procede el estudio de la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.
Además, cabe resaltar que las actoras invocaron dicha norma
comunitaria como violada, por lo que sí es objeto de controversia en la
15
El Tribunal interpretó de oficio este artículo, con el fin de tratar el tema referente a la conexión
competitiva entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
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demanda, de manera que el Juez Nacional perfectamente puede dejar
de lado en lo que a dicho aspecto atañe la referida interpretación y
acometer su estudio.
El texto de las normas aludidas es el siguiente:
Decisión 486.
“[…]
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:
[…]
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un
riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en
el extranjero;
[…]
Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios
razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, podrá denegar dicho registro.
[…]
Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio
o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad
absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y
135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de
cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando
se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo
136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción
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prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del
registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder
por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales
que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la
nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de
los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se
declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se
eliminarán del registro de la marca. […]”.
Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si los
terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, COLMED y
PROCAPS S.A., solicitante y actual titular de la marca cuestionada,
“BALLENA SOUR”, respectivamente, para distinguir productos de la
Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, actuaron de mala fe y
con la clara intención de cometer actos de competencia desleal al
solicitar el registro de dicho signo, por haber sido distribuidores de
productos “TROLLI” de las actoras, es del caso abordar este asunto.
Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la
mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección
en la sentencia de 22 de febrero de 201016:
“[…] cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como
la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio
general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 22 de febrero
de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 1101-03-24-000-2001-00209-01.
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mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las
razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la
sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo:
“La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida
por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en
sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es
un principio general del derecho y es sustento de todo
ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares
fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir
no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la
vida de relación de los sujetos de derecho.
….
El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que
para determinar si una persona obró con mala fe es
necesario que su actuación sea consecuencia de la
intención o de la conciencia de violar una disposición legal
o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.17
También ha manifestado lo siguiente:
“Se presume que todo comportamiento está conforme con los
deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por
ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para
con base en ello deducir las específicas consecuencias
jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume
además, que el comportamiento de una persona no se ha
manifestado con la intención de causar daño, de violar una
disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber
propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario
debe probarlo.”18
Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo
incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del
artículo 136 de la Decisión 486 para lo cual habrá que
determinar si el solicitante del signo era un representante,
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido. […]” (Destacado fuera de texto).
En virtud de lo anterior, debe establecerse si la solicitud de registro de la
marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, para distinguir productos de la
17
Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999.
18
Proceso 3-IP-99
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Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la
prohibición señalada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486,
para lo cual habrá que determinar si los terceros con interés directo en las
resultas del proceso eran representantes, distribuidores o personas
expresamente autorizadas por los titulares del signo protegido.
Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a
colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 264-
IP-2016, a saber:
“[…] 1.3. La prohibición de registro contemplada en el
literal d) del artículo 136 establece que se denegará el
registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido
un representante, distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido
en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la
oficina nacional competente denegará el registro del signo
solicitado.
1.4. Constituye causal de nulidad relativa el registro de un
signo obtenido por quien es o haya sido, representante,
distribuidor o una persona expresamente autorizada por
el titular del signo protegido en el país miembro o en el
extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho
del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose
de ser o haber sido su representante, distribuidor o su
autorizado para ejercer acciones mercantiles con su
marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento
que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.
Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual
se podría generar el riesgo de confusión y de asociación.
1.5. Al momento de resolver el proceso, se deberá verificar si la
conducta acusada se ajusta o no en el supuesto contemplado en
el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos,
si se trata de un representante, distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido
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HEXAGON en Brasil, entendiéndose por representante a la
persona que promueve y concierta la venta de los
productos o servicios de una empresa, a su nombre, es
decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor
al encargado de distribuir los productos producidos por
ésta; es decir, a quien reparte un producto o un servicio a
ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.
1.6. En cualquiera de los casos, se ha de justificar
fehacientemente la calidad de titular de la marca por un lado y
de distribuidor del solicitante de la marca […]” (Destacado fuera
de texto).
De las pruebas allegadas para demostrar la presunta mala fe y actos de
competencia desleal, efectuados por los terceros con interés directo en
las resultas del proceso, se destacan las siguientes:
.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad
PROCAPS S.A.19
.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad
COLMED LTDA.20
.- Certificados de registro de la marca “TROLLI”, unos debidamente
legalizados y otros apostillados, para distinguir productos
comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza,
en los países de España, Alemania, Uruguay, Suiza, Perú, Panamá, El
Salvador, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Honduras,
Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Argentina,
19
Folios 6 a 12 del cuaderno num. 1.
20
Folios 13 a 16 del cuaderno num. 1.
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Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Grecia, China, Reino Unido,
Israel, Estados Unidos, Italia, Austria y Noruega. 21
.- Impresiones que contienen la expresión “TROLLI”, en letra
estilizada, que se encuentran en inglés. 22
.- 10 copias autenticadas de facturas de venta expedidas por la
sociedad TROLLI IBERICA S.A. a CANDYCOL LTD y CANDICOL
S.A., por concepto de venta de “alimentos con beneficio de la
restitución”, tales como “film pizza, classic bears, Kiss, neon squiggles,
sour glowworms, Caterpillar, bananas, baby dracula, peach O’s,
strawberry pufs, Apple 0’s, estrella de mar, culebras, tiburones,
ballenas”, entre otros. 23
.- Comunicación efectuada por ÁNGEL CERDÁ LÓPEZ, gerente de
TROLLI IBÉRICA S.A., sin fecha, debidamente apostillada, en la que
señala que “[…] Por la presente autorizo a la empresa CANDYCOL,
S.A. a importar, envasar, distribuir y vender en el territorio
COLOMBIANO los productos de CARAMELO DE GELATINA de la marca
TROLLI elaborados por la empresa TROLLI IBERICA S.A. […]”.24
21
Folios 69 a 146 del cuaderno num. 1.
22
Folios 147 a 161 del cuaderno num. 1.
23
Folios 162, 163, 188 a 190, 192, 193, 202, 203, 212 de los cuadernos núms. 1 y 2.
24
Folios 164 a 166 del cuaderno núm. 1.
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.- 7 Copias autenticadas de comunicaciones por fax entre las
sociedades TROLLI IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A., de fechas 10
de marzo, 4 y 25 de agosto y 5 de septiembre de 2000. 25
.- Copia autenticada del Programa de Trabajo suscrito entre TROLLI
IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A., de fecha 29 y 30 de noviembre y
1o. y 3 de diciembre de 2000. 26
.- Copia autenticada del pedido de diferentes caramelos blandos
elaborado por CANDYCOL S.A. a la sociedad TROLLI IBERICA S.A.
para los meses de noviembre y diciembre de 2000. 27
.- 1 copia autenticada de una factura de venta expedida por TROLLI
IBERICA S.A. a PROCAPS S.A. de fecha 14 de junio de 2001, por
concepto de venta de 30 “bobinas Filue”. 28
.- 2 copias autenticadas de los documentos, en idioma inglés, titulados
“combined transport bill of landing”. 29
.- 2 copias autenticadas de la Constancia de Inspección efectuada por
BUREAU VERITAS de los productos denominados “golosinas TROLLI”,
25
Folios 167 a 175 y 182 a 185 del cuaderno núm. 1.
26
Folios 176 a 180 del cuaderno núm. 1.
27
Folios 186 y 187 del cuaderno núm. 1.
28
Folio 200 del cuaderno núm. 1.
29
Folios 206 a 209 del cuaderno núm. 2.
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en los que figura como exportador, la sociedad TROLLI IBERICA S.A.
y, como importador, la compañía CANDYCOL S.A. 30
.- Copia autenticada de la comunicación elaborada por el señor
WOLGANG JUDEX, con su respectiva traducción al español, en la que
le informa a la sociedad MEDERER GMBH, que fue él quien elaboró
los diseños de los caramelos blandos “Classic bears”, “peaches”,
“glowworms” y “apfel”, que en español traducen a “oso”, “melocotón,
“gusanitos fosforescentes” y “manzana”. 31
De las pruebas atrás relacionadas, la Sala pone de presente que los
documentos titulados “combined transport bill of landing” y las
impresiones que contienen la expresión “TROLLI”, en letra estilizada,
que se encuentran en inglés, no pueden ser valorados, por cuanto se
encuentran en idioma inglés sin contar con traducción oficial.
Ciertamente, el artículo 260 del CPC32, hoy artículo 251 del Código
General del Proceso, señala que los documentos en idioma distinto del
castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando sean
acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el
30
Folios 210 y 211 del cuaderno núm. 2.
31
Folios 213 a 219 del cuaderno núm. 2.
32
ARTÍCULO 260. “[…] Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan
apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez;
en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente […].”
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28
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Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por
traductor designado por el juez.
Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los
documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su
traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional
competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime
que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano.
Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los
documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de
la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una
exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un
mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia
de 6 noviembre de 202033, al sostener:
“[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte
demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada,
referente a la no valoración de los documentos allegados
en idioma distinto al castellano que carecieren de la
respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los
artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de
Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser
calificada dicha decisión como una exigencia
desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de
un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto).
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800.
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29
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00
Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH
Ahora, de los demás documentos aportados al expediente, la Sala no
encontró probado que las sociedades PROCAPS S.A. o COLMED LTDA
fueran distribuidoras o las personas autorizadas por las
sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH, para distribuir
en Colombia los productos distinguidos con el signo “BALLENA
SOUR”.
En efecto, la mayoría de los documentos aportados por las actoras
demuestran una relación comercial entre las sociedades TROLLI
IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A.; sin embargo, no existe prueba
alguna que demuestre que CANDYCOL S.A. estuviera vinculada o
hiciera parte de algún grupo económico liderado por el tercero con
interés directo en las resultas del proceso, esto es, la compañía
PROCAPS S.A., quien es la actual titular de la marca cuestionada,
“BALLENA SOUR”.
Adicionalmente, si bien es cierto que se demostró que las sociedades
TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH son titulares de la marca
“TROLLI”, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de
la Clasificación Internacional de Niza, en España, Alemania, Uruguay,
Suiza, Perú, Panamá, El Salvador, Bolivia, Paraguay, República
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Dominicana, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Filipinas,
Guatemala, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia,
Grecia, China, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Italia, Austria y
Noruega, de acuerdo con las copias de los certificados de registro
allegados, también lo es que no aportaron ningún documento que
probara que eran las propietarias de un signo idéntico o similar al aquí
cuestionado, “BALLENA SOUR”.
Por consiguiente, para la Sala es evidente que la conducta reprochada
no encaja dentro la citada prohibición de registro, prevista en el literal
d) del artículo 136 de la Decisión 486, dado que no se probó que la
sociedad PROCAPS S.A., titular del registro de la marca cuestionada,
fuese distribuidora o la persona autorizada por las sociedades actoras,
las cuales tampoco demostraron ser titulares de un signo idéntico o
similar al cuestionado, “BALLENA SOUR”, para amparar productos de
la Clase 30 de la mencionada Clasificación.
De igual manera ocurre con la presunta mala fe alegada, debido a que
las actoras no probaron que la sociedad PROCAPS S.A. haya obrado
con actos contrarios a la buena fe, pues, como ya se dijo, quien la
alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub lite.
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Así las cosas, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes
anotadas, -que explican claramente acerca de la legalidad del acto
administrativo acusado al haber registrado en debida forma la marca
“BALLENA SOUR”, para la clase 30 de la Clasificación Internacional
de Niza, a favor de PROCAPS S.A., por no estar incursa en la causal
de irregistrabildad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión
486-, así como las evidencias aportadas por las actoras, que
únicamente demuestran una relación comercial entre las sociedades
TROLLI IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A., son más que suficientes
para determinar la inexistencia de la mala fe, pues, como lo sostiene
el Tribunal, quien la alegue debe probarla.
En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas
del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC
al conceder a la sociedad PROCAPS S.A. la marca nominativa
“BALLENA SOUR”, para amparar productos de la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se
mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto
administrativo acusado.
En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en precedencia, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de caducidad
y pleito pendiente, propuestas por los terceros con interés directo en
las resultas del proceso, las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED
LTDA.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo
128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de mayo de 2022.
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ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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