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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00148-00

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2011-00148-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de caducidad y pleito pendiente, propuestas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA. SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2011-00148-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00
Referencia. Acción de nulidad relativa
Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

TESIS: LA SOCIEDAD PROCAPS S.A. NO INCURRIÓ EN ACTOS DE
MALA FE O DE COMPETENCIA DESLEAL AL SOLICITAR EL REGISTRO
DE LA MARCA CUESTIONADA, “BALLENA SOUR”, PARA DISTINGUIR
PRODUCTOS DE LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE LAS ACTORAS NO
LOGRARON DEMOSTRAR QUE EL SOLICITANTE DE DICHA MARCA ERA
SU DISTRIBUIDOR O LA PERSONA AUTORIZADA POR ELLAS, ASÍ
COMO TAMPOCO PROBARON QUE FUESEN TITULARES DE UN SIGNO
DISTINTIVO SIMILAR QUE SE ENCONTRARA PROTEGIDO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las

sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH, mediante

apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1 de conformidad

con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1º de diciembre de 2000, de

1
Mediante auto de 13 de abril de 2011. (Folios 250 a 253 del cuaderno núm. 2.)

2

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la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad

de la Resolución núm. 65725 de 21 de diciembre de 2009, "Por medio

de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en

síntesis, los siguientes:

1º: Que el 18 de marzo de 2004, la sociedad COLMED LTDA presentó

solicitud de registro como marca del signo nominativo “BALLENA

SOUR”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 304 de la

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de

las Marcas5. Dicha petición fue cedida, posteriormente, a PROCAPS S.A.

2°: Que publicada la citada solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial

presentaron oposición, con fundamento en que la intención perseguida

con dicho signo era cometer actos de mala fe y competencia desleal.

2
En adelante Decisión 486.
3
En adelante SIC.
4
La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Dulces, Gomas bombones y todo
tipo de productos de confitería, chocolate, té, azúcar, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de
soya, miel jarabe de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal mostaza vinagre, salsas. […]”
5
En adelante Clasificación Internacional de Niza.

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3º: Que mediante la Resolución núm. 014518 de 29 de junio de 2004, la

Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, declaró fundada la

oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo

“BALLENA SOUR”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de

Niza.

4º: Que contra la citada resolución la sociedad solicitante interpuso

recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el

primero de ellos, de manera confirmatoria, mediante la Resolución núm.

015605 de 29 de junio de 2005, expedida por la Jefe de la División de

Signos Distintivos de la SIC. El segundo, a través de la Resolución núm.

65725 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró

infundada la oposición interpuesta y concedió el registro de la marca

“BALLENA SOUR”, para identificar productos en la Clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza, a favor la sociedad PROCAPS S.A.

I.2.- Fundamentaron, en síntesis, los cargos de violación, así:

6
Hoy Dirección de Signos Distintivos.

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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 136,

literales d) y f), 137 y 172 de la Decisión 486, por interpretación errónea.

Indicaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como

distribuidor de los productos identificados con la marca “TROLLI”, de su

propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada “BALLENA SOUR” fue

solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de

competencia desleal.

Que al existir una relación comercial entre ellas y PROCAPS S.A., los

terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado

los derechos adquiridos sobre las marcas cuya titularidad les

corresponde a nivel internacional.

Mencionaron que son titulares de la marca “TROLLI” en los países de

Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Dinamarca, El Salvador,

Finlandia, Francia, Grecia, Reino Unido, Hong Kong, Irlanda, Israel,

Italia, Japón, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Panamá, Polonia, Suecia,

Suiza, España, Uruguay, República Dominicana, entre otros.

Señalaron que las sociedades PROCAPS S.A y COLMED LTDA. forman

parte de un mismo conglomerado económico, toda vez que se traspasan

derechos sobre registros marcarios que les han sido concedidos.

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Anotaron que la comercialización de la expresión “TROLLI”, incluye el

uso de ciertas marcas o nombres comerciales, entre los cuales se

encuentra la expresión que conforma a la marca cuestionada,

“BALLENA SOUR”.

Concluyeron que las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA

ejecutan actos de competencia desleal al traspasarse y licenciarse

mutuamente expresiones que son de su propiedad.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad

actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el

fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba

plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales

vigentes en materia marcaria.

Sostuvo que la marca cuestionada “BALLENA SOUR” no se encontraba

registrada en Colombia; y que del análisis de confundibilidad realizado

con la marca previamente registrada “TROLLI”, no encontró que

existieran semejanzas entre ellas que fueran susceptibles de generar

riesgo de confusión y/o asociación.

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Señaló que un consumidor racional no identificaría ambas marcas como

idénticas o similares; y que tampoco tendría por qué conocer que la

comercialización de la marca “TROLLI”, efectuada por las actoras

incluía el uso de ciertas expresiones, entre las cuales estaba

“BALLENA SOUR”.

Indicó que las actoras no demostraron ni en la vía administrativa ni en

el presente proceso que los terceros con interés directo en las resultas

del proceso hayan sido sus distribuidores, de manera que no se cumple

el elemento principal para estudiar la causal de irregistrabildad prevista

en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.

Explicó que no existen indicios razonables que permitan inferir que con

la solicitud de registro de la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, se

estuviese perpetrando, facilitando o consolidando un acto de

competencia desleal.

II.-2. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con

interés directo en las resultas del proceso, solicitaron denegar las

pretensiones de la demanda.

Aseguraron que la marca previamente registrada, “TROLLI”, difiere

completamente de la cuestionada, “BALLENA SOUR”; y que las

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actoras nunca han detentado en Colombia la titularidad del signo

“TROLLI”.

Sostuvieron que las actoras aportaron copia simple de los certificados

de registro de las marcas “TROLLI”, para demostrar la titularidad de

las mismas en varios países del mundo, de manera que no cuentan con

elementos materiales probatorios suficientes para demostrar siquiera

la presunta perpetración de actos de competencia desleal.

Manifestaron que nunca han sido distribuidoras o representantes de las

actoras; y que la relación comercial entre ellas se limitó única y

exclusivamente a un contrato de suministro, el cual fue terminado de

manera intempestiva por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y

MEDERER GMBH.

Mencionaron que dicho contrato versaba respecto de productos

marcados con la expresión “TROLLI”, pero que en ningún momento

se extendió al signo aquí cuestionado, “BALLENA SOUR”.

Propusieron las siguientes excepciones previas:

.- Pleito pendiente, toda vez que las actoras ya habían presentado,

previamente, demanda de nulidad contra el acto aquí acusado, la cual

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se tramita en la Sección Primera del Consejo de Estado, bajo el

expediente identificado con el número único de radicación 2010-

01087-00, proceso en el que también fungen como terceros con interés

directo en las resultas del proceso.

Que, por lo anterior, existen dos procesos prácticamente iguales, en

los que se demanda la nulidad de la misma resolución expedida por la

SIC, de manera que para evitar el riesgo de la producción de dos o más

sentencias contradictorias debe declararse probada la excepción

propuesta.

.- Caducidad de la acción, por cuanto pasaron más de cuatro meses

desde la notificación del acto acusado hasta la presentación de la

demanda.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en

desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista,

probatoria y alegaciones.

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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. Las actoras insistieron en que se acceda a las pretensiones de la

demanda. Para el efecto, reiteraron que los terceros con interés directo

en las resultas del proceso fungían como distribuidores de sus productos

identificados con la marca "TROLLI", por lo que al presentar la solicitud

de registro de la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, incurrieron en

actos de mala fe y competencia desleal.

IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la

demanda.

Adujo que al analizar las pruebas obrantes en el expediente de la

referencia, así como las que se solicitó tener en cuenta y que obran en

otros expedientes, no encontró que existieran elementos suficientes

como para determinar que existían indicios de que el tercero con

interés directo en las resultas del proceso pretendía perpetrar, facilitar

o consumar un acto de competencia desleal.

IV.-3. Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA, terceros con

interés directo en las resultas del proceso, insistieron en que se

despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

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Indicaron que la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, concedida a

su favor, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la

Clasificación Internacional Niza, se ajustó a los parámetros de los

artículos 136. literal d), f) y 137 de la Decisión 486, por lo que debe

inferirse que dicha marca sí posee la suficiente capacidad distintiva

para ser concedida, tanto en las letras como en el aspecto fonético y

demás puntos de vista gramaticales y conceptuales.

IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó

silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la

solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, concluyó8:

“[…] 1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un
acto de competencia desleal

1.1. En vista que en el proceso interno se discute si la solicitud de
registro del signo BALLENA SOUR (denominativo) habría sido
llevado a cabo con la intención de consolidar un acto de
competencia desleal, se procederá a analizar este tema.

1.2. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que:

7
En adelante el Tribunal
8 Proceso 33-IP-2020.

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“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables
que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
podrá denegar dicho registro”.

[…]

1.17. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la
necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el
mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes
y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio
abusivo.

1.18. Con relación a los actos de competencia desleal por
confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente
a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de
los competidores, toda vez que la situación se encuentra
sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que
aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que
concierne al establecimiento, los productos o la actividad
económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir
debidamente, según sus necesidades o deseos.

1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del
artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal.

2. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala
fe

2.1. MEDERER GMBH TROLLI IBERICA S.A. solicitó que se declare
la nulidad de la marca BALLENA SOUR (denominativo) por
presuntamente existir mala fe en la solicitud de dicho registro. Por
consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.

[…]

2.6. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario
que su actuación sea consecuencia de la intención o de la
conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar
un perjuicio injusto o ilegal.

[…]

2.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo
empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este
escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva
posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el

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ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe,
mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable
posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es
notorio en cualquiera de los países miembros.

2.12. El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables”
que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro
actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse
de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad
distintiva, de penetración en el mercado o de recordación del
correspondiente signo distintivo.

[…]

2.15. De acuerdo con lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud
de registro de la marca BALLENA SOUR (denominativo), incurrió en
la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro
presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del
artículo 172 de la Decisión 486.
[…]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones

propuestas por las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA,

terceros con interés directo en las resultas del proceso.

VI.1 Del Pleito pendiente

Los terceros con interés directo en las resultas del proceso propusieron

la excepción de pleito pendiente, toda vez que las actoras ya habían

presentado, previamente, demanda de nulidad contra el acto aquí

acusado, la cual se tramita en la Sección Primera del Consejo de Estado

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bajo el expediente identificado con el número de radicación 2010-

01087-00, proceso en el que también fungen en dicha condición.

Que, por lo anterior, existen dos procesos prácticamente iguales, en

los que se demanda la nulidad de la misma resolución expedida por la

SIC, de manera que para evitar el riesgo de la producción de dos o más

sentencias contradictorias, debe declararse probada la excepción

propuesta.

Al respecto, la Sala observa que el artículo 97 del CPC, aplicable por

remisión expresa del artículo 267 del CCA, prevé que el pleito

pendiente puede proponerse como excepción previa y tiene por objeto

evitar que, entre las mismas partes, se promuevan 2 litigios paralelos

y que, en un momento dado, pudieran existir sentencias

contradictorias.

Para configurar la excepción de pleito pendiente, la jurisprudencia ha

identificado los siguientes requisitos9:

a) Que simultáneamente existan 2 procesos con plena identidad

fáctica y jurídica. En todo caso, vale precisar que no existirá

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de
2017, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E), núm. único de radicación 2014-00834-01.

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pleito pendiente, sino cosa juzgada, cuando uno de los 2

procesos hubiera terminado y existiera sentencia definitiva.

b) Que sean comunes las partes en los dos procesos.

c) Que en ambos procesos las pretensiones sean idénticas

(identidad de objeto).

d) Que exista identidad de causa (el porqué del litigio), es decir, que

sea idéntico el motivo, razón o sustento fáctico de la pretensión.

Revisado el software de gestión de consulta de procesos del sistema

SAMAI, se encontró que actualmente cursa en la Sección Primera de

esta Corporación una demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho promovida por las sociedades TROLLI IBERICA S.A. y

MEDERER GMBH en contra de las resoluciones núms. 58538, 58536,

58537, 58569, 58574, 58572 y 58576 de 19 de noviembre de 2009 y

65725 de 21 de diciembre de 2009, expedidas por la SIC y en las

cuales se encuentran vinculadas las sociedades PROCAPS S.A. y

COLMED LTDA, como terceros con interés directo en las resultas del

proceso.

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No obstante, se advierte que mediante auto de 8 de junio de 2019, el

Despacho sustanciador determinó que si bien era cierto que se

demandaban varios actos administrativos emanados de la misma

entidad y que afectaban a las partes demandantes, también lo era que

carecían de identidad de objeto, toda vez que guardaban relación con

la concesión de registros marcarios diferentes, por lo que no podía

admitirse la demanda respecto de todos ellos, sino que las actoras

debían presentar, por separado, las respectivas demandas contra cada

uno de ellos.

Por lo anterior, únicamente se admitió la demanda contra la Resolución

núm. 58538 de 19 de noviembre de 2009, mediante la cual se concedió

el registro de la marca nominativa “CATERPILLARS”.

Así las cosas, para la Sala es evidente que existen dos procesos en

curso, en los que únicamente coinciden las partes, esto es: i)

demandantes: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH; ii)

demandado: SIC; y iii) terceros con interés directo en las resultas del

proceso: PROCAPS S.A. y COLMED LTDA.

Sin embargo, se observa que los mismos no comparten identidad de

objeto, comoquiera que en el expediente núm. 2010-00187-00 se

persigue la nulidad de la Resolución núm. 58538 de 2009, mediante la

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cual se concedió el registro de la marca “CATERPILLARS”, mientras

que en el caso sub examine se pretende la nulidad de la Resolución

núm. 65725 de 2009, a través de la cual se concedió el registro de la

marca “BALLENA SOUR”.

Así las cosas, al no cumplirse uno de los requisitos para la configuración

de un pleito pendiente, no prospera la excepción propuesta por los

terceros con interés directo en las resultas del proceso.

VI.1 De la caducidad de la acción

Las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED LTDA propusieron la

excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la

fecha de notificación de la Resolución núm. 65725 de 2009, "Por la

cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la

presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro

(4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA.

Al respecto, cabe precisar que comoquiera que el acto acusado

CONCEDE un registro marcario, es enjuiciable mediante la acción de

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nulidad relativa10, de conformidad con el artículo 17211 de la Decisión

486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el

artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable

contra los actos administrativos que niegan un registro marcario.

En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad

relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de

prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del

registro marcario, término este que no se cumple si se tiene en cuenta

que la Resolución acusada núm. 65725 de 2009, "Por la cual se

resuelve un recurso de apelación", mediante la cual se concedió el

registro de la marca nominativa, “BALLENA SOUR”, fue notificada por

fijación en lista el 25 de marzo de 2010 y desfijado el 14 de abril de ese

año12 y la demanda se presentó el 23 de marzo de 201113.

Por lo tanto, se declarará no probada la excepción de caducidad

propuesta por los terceros con interés directo en las resultas del proceso.

10
Relativa o absoluta.
11
“[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido
en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto
en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco
años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacado fuera de texto).
12
Folio 17 del cuaderno núm. 1.
13
Folio 247, vuelto del cuaderno núm. 1.

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm.

65725 de 2009, concedió el registro de la marca nominativa

“BALLENA SOUR” a la sociedad PROCAPS S.A., para amparar los

siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de

Niza: “[…] Dulces, Gomas bombones y todo tipo de productos de

confitería, chocolate, té, azúcar, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del

café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería,

helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel jarabe

de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal mostaza vinagre, salsas

[…]”.

Al respecto, las demandantes alegaron que la sociedad PROCAPS S.A.

actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados con

la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca

cuestionada, “BALLENA SOUR”, fue solicitada con mala fe y con la

clara intención de cometer actos de competencia desleal.

Que al existir una relación comercial entre ellas y PROCAPS S.A.14, los

terceros con interés directo en las resultas del proceso han traspasado

los derechos sobre las marcas cuya titularidad les corresponde a nivel

internacional.

14
Y COLMED LTDA.

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Actoras: TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta

Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la

interpretación de los artículos 137 y 17215 de la Decisión 486 “[…] por

ser pertinente […]” y que “[…] no se llevará a cabo la interpretación del

artículo 136 literales d) y f) debido a que no es materia controvertida la

irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo

distintivo de un tercero, ni tampoco la irregistrabilidad de un signo que

infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un

tercero […]”.

Empero, comoquiera que las actoras alegaron que la sociedad

PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos

identificados con la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello,

la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, fue solicitada con mala fe y

con la clara intención de cometer actos de competencia desleal, la Sala

considera que sí procede el estudio de la causal de irregistrabilidad

prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.

Además, cabe resaltar que las actoras invocaron dicha norma

comunitaria como violada, por lo que sí es objeto de controversia en la

15
El Tribunal interpretó de oficio este artículo, con el fin de tratar el tema referente a la conexión
competitiva entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

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demanda, de manera que el Juez Nacional perfectamente puede dejar

de lado en lo que a dicho aspecto atañe la referida interpretación y

acometer su estudio.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:

[…]

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un
riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en
el extranjero;

[…]

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios
razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, podrá denegar dicho registro.

[…]

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio
o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad
absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y
135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de
cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando
se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo
136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción

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prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del
registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder
por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales
que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la
nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de
los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se
declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se
eliminarán del registro de la marca. […]”.

Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si los

terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, COLMED y

PROCAPS S.A., solicitante y actual titular de la marca cuestionada,

“BALLENA SOUR”, respectivamente, para distinguir productos de la

Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, actuaron de mala fe y

con la clara intención de cometer actos de competencia desleal al

solicitar el registro de dicho signo, por haber sido distribuidores de

productos “TROLLI” de las actoras, es del caso abordar este asunto.

Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la

mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección

en la sentencia de 22 de febrero de 201016:

“[…] cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como
la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio
general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 22 de febrero
de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 1101-03-24-000-2001-00209-01.

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mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las
razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la
sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo:

“La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida
por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en
sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es
un principio general del derecho y es sustento de todo
ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares
fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir
no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la
vida de relación de los sujetos de derecho.
….

El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que
para determinar si una persona obró con mala fe es
necesario que su actuación sea consecuencia de la
intención o de la conciencia de violar una disposición legal
o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.17

También ha manifestado lo siguiente:

“Se presume que todo comportamiento está conforme con los
deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por
ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para
con base en ello deducir las específicas consecuencias
jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume
además, que el comportamiento de una persona no se ha
manifestado con la intención de causar daño, de violar una
disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber
propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario
debe probarlo.”18

Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo
incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del
artículo 136 de la Decisión 486 para lo cual habrá que
determinar si el solicitante del signo era un representante,
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido. […]” (Destacado fuera de texto).

En virtud de lo anterior, debe establecerse si la solicitud de registro de la

marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, para distinguir productos de la

17
Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999.
18
Proceso 3-IP-99

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Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la

prohibición señalada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486,

para lo cual habrá que determinar si los terceros con interés directo en las

resultas del proceso eran representantes, distribuidores o personas

expresamente autorizadas por los titulares del signo protegido.

Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a

colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 264-

IP-2016, a saber:

“[…] 1.3. La prohibición de registro contemplada en el
literal d) del artículo 136 establece que se denegará el
registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido
un representante, distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido
en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la
oficina nacional competente denegará el registro del signo
solicitado.

1.4. Constituye causal de nulidad relativa el registro de un
signo obtenido por quien es o haya sido, representante,
distribuidor o una persona expresamente autorizada por
el titular del signo protegido en el país miembro o en el
extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho
del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose
de ser o haber sido su representante, distribuidor o su
autorizado para ejercer acciones mercantiles con su
marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento
que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.
Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual
se podría generar el riesgo de confusión y de asociación.

1.5. Al momento de resolver el proceso, se deberá verificar si la
conducta acusada se ajusta o no en el supuesto contemplado en
el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos,
si se trata de un representante, distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo protegido

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HEXAGON en Brasil, entendiéndose por representante a la
persona que promueve y concierta la venta de los
productos o servicios de una empresa, a su nombre, es
decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor
al encargado de distribuir los productos producidos por
ésta; es decir, a quien reparte un producto o un servicio a
ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.

1.6. En cualquiera de los casos, se ha de justificar
fehacientemente la calidad de titular de la marca por un lado y
de distribuidor del solicitante de la marca […]” (Destacado fuera
de texto).

De las pruebas allegadas para demostrar la presunta mala fe y actos de

competencia desleal, efectuados por los terceros con interés directo en

las resultas del proceso, se destacan las siguientes:

.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad

PROCAPS S.A.19

.- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad

COLMED LTDA.20

.- Certificados de registro de la marca “TROLLI”, unos debidamente

legalizados y otros apostillados, para distinguir productos

comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza,

en los países de España, Alemania, Uruguay, Suiza, Perú, Panamá, El

Salvador, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Honduras,

Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Argentina,

19
Folios 6 a 12 del cuaderno num. 1.
20
Folios 13 a 16 del cuaderno num. 1.

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Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Grecia, China, Reino Unido,

Israel, Estados Unidos, Italia, Austria y Noruega. 21

.- Impresiones que contienen la expresión “TROLLI”, en letra

estilizada, que se encuentran en inglés. 22

.- 10 copias autenticadas de facturas de venta expedidas por la

sociedad TROLLI IBERICA S.A. a CANDYCOL LTD y CANDICOL

S.A., por concepto de venta de “alimentos con beneficio de la

restitución”, tales como “film pizza, classic bears, Kiss, neon squiggles,

sour glowworms, Caterpillar, bananas, baby dracula, peach O’s,

strawberry pufs, Apple 0’s, estrella de mar, culebras, tiburones,

ballenas”, entre otros. 23

.- Comunicación efectuada por ÁNGEL CERDÁ LÓPEZ, gerente de

TROLLI IBÉRICA S.A., sin fecha, debidamente apostillada, en la que

señala que “[…] Por la presente autorizo a la empresa CANDYCOL,

S.A. a importar, envasar, distribuir y vender en el territorio

COLOMBIANO los productos de CARAMELO DE GELATINA de la marca

TROLLI elaborados por la empresa TROLLI IBERICA S.A. […]”.24

21
Folios 69 a 146 del cuaderno num. 1.
22
Folios 147 a 161 del cuaderno num. 1.
23
Folios 162, 163, 188 a 190, 192, 193, 202, 203, 212 de los cuadernos núms. 1 y 2.
24
Folios 164 a 166 del cuaderno núm. 1.

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.- 7 Copias autenticadas de comunicaciones por fax entre las

sociedades TROLLI IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A., de fechas 10

de marzo, 4 y 25 de agosto y 5 de septiembre de 2000. 25

.- Copia autenticada del Programa de Trabajo suscrito entre TROLLI

IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A., de fecha 29 y 30 de noviembre y

1o. y 3 de diciembre de 2000. 26

.- Copia autenticada del pedido de diferentes caramelos blandos

elaborado por CANDYCOL S.A. a la sociedad TROLLI IBERICA S.A.

para los meses de noviembre y diciembre de 2000. 27

.- 1 copia autenticada de una factura de venta expedida por TROLLI

IBERICA S.A. a PROCAPS S.A. de fecha 14 de junio de 2001, por

concepto de venta de 30 “bobinas Filue”. 28

.- 2 copias autenticadas de los documentos, en idioma inglés, titulados

“combined transport bill of landing”. 29

.- 2 copias autenticadas de la Constancia de Inspección efectuada por

BUREAU VERITAS de los productos denominados “golosinas TROLLI”,

25
Folios 167 a 175 y 182 a 185 del cuaderno núm. 1.
26
Folios 176 a 180 del cuaderno núm. 1.
27
Folios 186 y 187 del cuaderno núm. 1.
28
Folio 200 del cuaderno núm. 1.
29
Folios 206 a 209 del cuaderno núm. 2.

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en los que figura como exportador, la sociedad TROLLI IBERICA S.A.

y, como importador, la compañía CANDYCOL S.A. 30

.- Copia autenticada de la comunicación elaborada por el señor

WOLGANG JUDEX, con su respectiva traducción al español, en la que

le informa a la sociedad MEDERER GMBH, que fue él quien elaboró

los diseños de los caramelos blandos “Classic bears”, “peaches”,

“glowworms” y “apfel”, que en español traducen a “oso”, “melocotón,

“gusanitos fosforescentes” y “manzana”. 31

De las pruebas atrás relacionadas, la Sala pone de presente que los

documentos titulados “combined transport bill of landing” y las

impresiones que contienen la expresión “TROLLI”, en letra estilizada,

que se encuentran en inglés, no pueden ser valorados, por cuanto se

encuentran en idioma inglés sin contar con traducción oficial.

Ciertamente, el artículo 260 del CPC32, hoy artículo 251 del Código

General del Proceso, señala que los documentos en idioma distinto del

castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando sean

acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el

30
Folios 210 y 211 del cuaderno núm. 2.
31
Folios 213 a 219 del cuaderno núm. 2.
32
ARTÍCULO 260. “[…] Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan
apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez;
en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente […].”

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Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por

traductor designado por el juez.

Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los

documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su

traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional

competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime

que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano.

Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los

documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de

la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una

exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un

mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia

de 6 noviembre de 202033, al sostener:

“[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte
demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada,
referente a la no valoración de los documentos allegados
en idioma distinto al castellano que carecieren de la
respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los
artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de
Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser
calificada dicha decisión como una exigencia
desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de
un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto).

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre
de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800.

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29

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Ahora, de los demás documentos aportados al expediente, la Sala no

encontró probado que las sociedades PROCAPS S.A. o COLMED LTDA

fueran distribuidoras o las personas autorizadas por las

sociedades TROLLI IBERICA S.A. y MEDERER GMBH, para distribuir

en Colombia los productos distinguidos con el signo “BALLENA

SOUR”.

En efecto, la mayoría de los documentos aportados por las actoras

demuestran una relación comercial entre las sociedades TROLLI

IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A.; sin embargo, no existe prueba

alguna que demuestre que CANDYCOL S.A. estuviera vinculada o

hiciera parte de algún grupo económico liderado por el tercero con

interés directo en las resultas del proceso, esto es, la compañía

PROCAPS S.A., quien es la actual titular de la marca cuestionada,

“BALLENA SOUR”.

Adicionalmente, si bien es cierto que se demostró que las sociedades

TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH son titulares de la marca

“TROLLI”, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de

la Clasificación Internacional de Niza, en España, Alemania, Uruguay,

Suiza, Perú, Panamá, El Salvador, Bolivia, Paraguay, República

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Dominicana, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Filipinas,

Guatemala, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia,

Grecia, China, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Italia, Austria y

Noruega, de acuerdo con las copias de los certificados de registro

allegados, también lo es que no aportaron ningún documento que

probara que eran las propietarias de un signo idéntico o similar al aquí

cuestionado, “BALLENA SOUR”.

Por consiguiente, para la Sala es evidente que la conducta reprochada

no encaja dentro la citada prohibición de registro, prevista en el literal

d) del artículo 136 de la Decisión 486, dado que no se probó que la

sociedad PROCAPS S.A., titular del registro de la marca cuestionada,

fuese distribuidora o la persona autorizada por las sociedades actoras,

las cuales tampoco demostraron ser titulares de un signo idéntico o

similar al cuestionado, “BALLENA SOUR”, para amparar productos de

la Clase 30 de la mencionada Clasificación.

De igual manera ocurre con la presunta mala fe alegada, debido a que

las actoras no probaron que la sociedad PROCAPS S.A. haya obrado

con actos contrarios a la buena fe, pues, como ya se dijo, quien la

alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub lite.

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Así las cosas, a juicio de la Sala, las consideraciones jurídicas antes

anotadas, -que explican claramente acerca de la legalidad del acto

administrativo acusado al haber registrado en debida forma la marca

“BALLENA SOUR”, para la clase 30 de la Clasificación Internacional

de Niza, a favor de PROCAPS S.A., por no estar incursa en la causal

de irregistrabildad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión

486-, así como las evidencias aportadas por las actoras, que

únicamente demuestran una relación comercial entre las sociedades

TROLLI IBERICA S.A. y CANDYCOL S.A., son más que suficientes

para determinar la inexistencia de la mala fe, pues, como lo sostiene

el Tribunal, quien la alegue debe probarla.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas

del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC

al conceder a la sociedad PROCAPS S.A. la marca nominativa

“BALLENA SOUR”, para amparar productos de la Clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se

mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto

administrativo acusado.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la

demanda, por las razones expuestas en precedencia, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de caducidad

y pleito pendiente, propuestas por los terceros con interés directo en

las resultas del proceso, las sociedades PROCAPS S.A. y COLMED

LTDA.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo

128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de mayo de 2022.

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ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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