Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00477-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00477-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00477-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00477-00
Referencia. Acción de nulidad
Actora: HERENIA POLANIA PARDO
TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LAS
RESOLUCIONES ACUSADAS, POR MEDIO DE LAS CUALES SE
CONCEDIÓ LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DEL TRASVASE DEL RÍO GUARINÓ AL RÍO LA MIEL, SE
ENCUENTRAN AJUSTADAS A DERECHO, TODA VEZ QUE NO
DESCONOCIERON LO DISPUESTO EN LA AGENDA 21 Y EN EL
DECRETO 1729; DIERON PRIORIDAD AL CONSUMO HUMANO EN LA
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y OBSERVARON EL
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN; NO DESCONOCIERON LA PRESENCIA
DE LA ETNIA AFRODESCENDIENTE O DIVERSIDAD ÉTNICA, LA
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EL DERECHO A LA
VIDA Y A LA IGUALDAD, LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL,
NI LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La ciudadana HERENIA POLANIA PARDO, obrando en su propio
nombre y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo
84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó
demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las
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resoluciones núms. 0359 de 25 de marzo de 2004, “Por medio de la
cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras
determinaciones”; 0405 de 6 de abril de 2004, “Por medio de la
cual se aclara la Resolución No. 0359 del 25 de marzo de
2004”; y 0684 de 18 de abril de 2006, “Por la cual se resuelven
unos recursos de reposición contra las Resoluciones 359 del
24 de marzo de 2004, por la cual se otorgó una licencia
ambiental para la construcción y operación del trasvase del
Río Guarinó al Río Miel situado en la Cuenca media baja del
Río Guarinó a la altura de la población La Victoria,
Departamento de Caldas, y se tomaron otras determinaciones
y la 405 del 6 de abril de 2004, por la cual se aclaró la anterior
resolución y se tomaron otras determinaciones”, expedidas por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
I.- FUNDAMENTOS DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
los artículos 7º, 8º, 11 y 13 de la Constitución Política; 17 del Decreto
1729 de 6 de agosto de 20021; artículo 1º, numeral 5, de la Ley 99
1
“Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre
cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras
disposiciones".
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de 22 de diciembre de 19932; y la Agenda 21 (Cumbre de la Tierra.
Río de Janeiro, 1992).
Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,
lo siguiente:
Señaló que el Ministerio de Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial no tuvo en cuenta Acuerdos firmados por el
Estado colombiano en la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra Río de
Janeiro 1992), en su Programa 21 y en la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en relación con la ordenación de las
cuencas y la prioridad en el uso del agua para el consumo humano.
Adujo que los actos demandados desconocen lo dispuesto en el
Decreto 1729, que establece los principios y procedimientos para la
ordenación de las cuencas hidrográficas, por cuanto la expedición de
la licencia ambiental debió aplazarse hasta la ordenación de la cuenca
del Río Guarinó y tener los elementos científicos suficientes sobre la
realidad social, económica y eco sistemática de la cuenca.
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“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
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Expresó que también se quebrantó el artículo 1º, numeral 5, de la
Ley 99, pues en la utilización de los recursos hídricos el consumo
humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. En tal sentido, el
trasvase del Río Guarinó ocasionó una pérdida abrupta de su caudal,
afectando el consumo de agua de los habitantes de Victoria y La
Dorada.
Manifestó que se desconoció la presencia de la etnia afrodescendiente
que ocupa las poblaciones de El Chochal y el Llano de Victoria, en el
Municipio de La Victoria, en el área de influencia, esto es, a las
comunidades negras establecidas y registradas en La Dorada, cuyos
habitantes ya habían sido desplazados por el proyecto de la
Hidroeléctrica Porce II.
Adujo que al otorgar la licencia ambiental no se dio cumplimiento al
principio de precaución, señalado en el artículo 1º, numeral 6, de la
Ley 99, en cuanto el Ministerio demandado no tuvo certeza científica
completa, con estudios confiables; además de que se ignoraron las
advertencias sociales y técnicas hechas sobre el desabastecimiento
de agua para el acueducto de la Dorada del río Guarinó y las posibles
infiltraciones en el túnel del trasvase que abastece el acueducto de la
Victoria al igual que la relación hidráulica entre la Charca de
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Guarinocito y el río Guarinó.
Alegó que se violaron los artículos 7º, 8º, 11 y 13 de la Constitución
Política, por desconocimiento de la diversidad étnica, la protección de
los recursos naturales, el derecho a la vida y a la igualdad, y que no
se tuvo en cuenta la prevalencia el interés general ni las políticas
ambientales.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. La AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES,
en adelante ANLA, mediante apoderada, se opuso a las pretensiones
solicitadas por la parte actora, por cuanto, a su juicio, carecen de
apoyo jurídico.
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Adujo, respecto a las cuencas y su cuidado, que la competencia recae
en las Corporaciones Autónomas Regionales o en la Comisión
Conjunta, cuando las cuencas son compartidas, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1729 (norma vigente para la fecha de
expedición de la licencia ambiental), en sus artículos 5º, 7º, 8º,
parágrafo 3º, y los numerales 18 y 19 del artículo 31 de la Ley 99.
Agregó que el 2 de febrero de 2007 se conformó la comisión conjunta
para el ordenamiento de la cuenca hidrográfica del río Guarinó,
integrada por el director General de CORPOCALDAS, el director de
CORTOLIMA y el director General de CORMAGDALENA, y para el
efecto, se expidieron los Acuerdos núms. 002 de 3 de mayo de 2007,
“Por medio del cual se declaró en ordenación la Cuenca
Hidrográfica del Río Guarinó”, y 001 de 22 de febrero de 2007,
“Por medio del cual se expide el reglamento interno de la
comisión conjunta para el ordenamiento y manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Río Guarinó”.
Aclaró que es el interesado en obtener la licencia ambiental quien
debe realizar los estudios, en este caso el de impacto ambiental; sin
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embargo, dicho estudio es objeto de un análisis juicioso y cuidadoso
por parte de la autoridad ambiental competente.
Señaló que se tuvo en cuenta el “Estudio de impacto ambiental sobre
la hidrología y los suelos de la cuenca baja del río Guarinó por efectos
del proyecto de trasvase del río Guarinó a la cuenca del río la Miel”,
de octubre de 2003, el cual se adelantó entre el 28 de julio y el 28 de
octubre de 2003.
Expresó que, en cuanto a la hidrología, se evidenció que el nivel
freático del acuífero libre alcanzó profundidades medidas hasta de
10,20 m durante la época seca de análisis; en el sector de las
terrazas, una dirección de flujo del agua subterránea claramente
definida hacia el río Guarinó, con grandientes hidráulicos muy
variados. Los isopiezas elaboradas con información obtenida durante
el estudio, en época seca, indican, al igual que los mapas de isopiezas
de 1976 y 1999, que hay un flujo regional definido del agua
subterránea hacia los ríos Magdalena y Guarinó.
Manifestó, sobre a los posibles impactos en los niveles del río por
efectos del trasvase, que se puede establecer que el abatimiento en
los niveles de estiaje del río (niveles superados el 90% del tiempo),
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producido por la entrada en operación del proyecto de desviación
baja del río Guarinó hacia el embalse Miel I, con caudales remanentes
en El Portento de 10y 15 m3/s, presentan valores de reducción de
lámina de agua de 30 y 20 cm con respecto a los niveles asociados al
caudal medio.
Que la desviación de caudales del río Guarinó hacia la cuenca del río
La Miel, con caudales remanentes en El Portento mayores de 8m3/s,
generará muy poco riesgo de afectación de los aprovechamientos
actuales y futuros de agua subterránea en las márgenes del río,
mediante aljibes o pozos profundos, en consideración a que las
variaciones de niveles serán muy bajas respecto a las condiciones
normales del río.
Que, en lo referente a los posibles impactos agrológicos, por el efecto
de disminución del caudal sobre la productividad de los suelos de la
planicie aluvial, por el posible abatimiento del nivel freático, el
estudio demuestra que no existe relación ente los suelos superficiales
y el nivel freático del acuífero superficial el cual se encuentra a
profundidades promedio de 10 m.
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Que teniendo en cuenta lo anterior y que la dirección del flujo
subterráneo en cuatro secciones transversales analizadas en el
presente estudio y en los mapas de isopiezas de 2003, 1999 y 1975
demuestran la dirección de flujo de aguas superficiales del río
Magdalena al río Guarinó, no se considera la necesidad de realizar
estudios de isótopos, ya que el análisis de isopiezómetros
corresponden a una metodología aceptada en la literatura
especializada en hidrología.
En cuanto al caudal ambiental, sostuvo que de acuerdo con los
nuevos diseños establecidos por HIDROMIEL, para la derivación del
caudal ecológico aguas abajo del sitio de desviación del río Guarinó,
se señaló en la Resolución núm. 0359 de 25 de marzo de 2004,
que se garantizará la conservación de un volumen igual o superior al
presentado durante las épocas de estiaje en la región, razón por la
cual no se presentarán afectaciones importantes sobre la oferta
hídrica natural de la cuenca baja del río Guarinó.
Anotó que el permiso de concesión de aguas, otorgado mediante la
citada Resolución, se autorizó teniendo en cuenta un caudal promedio
de 28.17 m3/s en el sitio de desviación, garantizando caudales de
conservación o remanentes a dejar aguas abajo del sitio de
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desviación de 17,3 m3/s durante los meses secos y no de 15,8 m3/s,
como está establecido en el artículo cuarto del referido acto
administrativo.
Que en el artículo sexto de la Resolución núm. 0684 de 2006 se
modificó y aclaró el artículo cuarto de la Resolución núm. 0359 de 25
de marzo de 2004, en el sentido de realizar dicha autorización.
Que, además, en la Resolución núm. 0359 de 2004 (artículo
sexto, numeral 18) se le requirió a la empresa instalar una estación
limnigráfica, en un sitio representativo aguas debajo de la descarga
de caudal remanente, así como presentar reportes semanales en
operación y mensuales en construcción, con el fin de contar con un
control preciso que permitiera evidenciar el cumplimiento por parte
de la empresa de garantizar el caudal remanente establecido.
Precisó que como se evidencia en la Resolución núm. 0359 de
2004, el equipo evaluador realizó el análisis correspondiente al uso,
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales y,
específicamente, en relación con las demandas actuales y potenciales
del recurso hídrico, por lo que no se pondría en riesgo el suministro
de agua ni para consumo humano, ni para otras actividades propias
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de las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto,
ni para el acueducto de la Dorada.
Manifestó que cuando el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial demandado autorizó el permiso de concesión de
aguas para el trasvase del río Guarinó, lo hizo teniendo en cuenta los
requerimientos necesarios para consumo humano, abrevaderos,
garantizar la vida acuática, riego, minería y pesca, respetando las
concesiones que actualmente están otorgadas sobre el río. Asimismo,
un caudal promedio de 28.17 m3/s en el sitio de desviación.
Resaltó que el Ministerio en mención requirió a la empresa garantizar
un caudal máximo de 18.3 m3/s, en el sitio de desviación, teniendo
en cuenta posibles desarrollos futuros de sistemas de riego o riegos
tecnificados, que puedan darse en el área. Este 1m3/s que
corresponde al faltante en caso de darse un desarrollo del 100% del
potencial agropecuario del área aguas abajo del trasvase es adicional
a los 1.5 m3/s establecidos actualmente de uso para riego y, en
general, para desarrollos agropecuarios.
Respecto a la presencia de comunidades negras en el área de
influencia del proyecto, señaló que no existen comunidades étnicas
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(indígenas o negras), con las cuales deba adelantarse un proceso de
consulta previa.
Explicó que la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de
Justicia, mediante oficio OF-105-10443-DET-1000 de 9 de agosto de
2005, informó que revisada la base de datos de inscripción de
organizaciones de base de comunidades negras no se registra
presencia de estas comunidades en el municipio de Victoria, Caldas.
Que las comunidades de las Veredas El Chochal y El Llano son
comunidades negras, pero que con fundamento en la sentencia de 11
de marzo de 2004, de la Sección Primera del Consejo de Estado, a
través del cual se resolvió la demanda de nulidad el Decreto 2248 de
1995, estas comunidades no serían beneficiarias de la Ley 70 de 27
de agosto de 19933.
Que, de igual manera, las organizaciones Asociación Afro caldense
(La Dorada) y Asociación de Mujeres Cimarrón (La Dorada) tampoco
reúnen los requisitos previstos en las normas para ser considerados
sujeto y objeto de consulta previa a propósito del proyecto, objeto de
estudio.
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“Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”.
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Indicó que tanto las autoridades como los particulares incurrirán en
responsabilidad por no anticipar el peligro de daño e irreversible al
medio ambiente y no adoptar las medidas pertinentes y eficaces para
evitar el daño a dicho bien jurídico; de manera que cuando se
autoriza una licencia ambiental, el principio de prevalencia del interés
general está presente.
Sostuvo que la protección del medio ambiente es un asunto de
interés general y para ello es definitivo lo expuesto en la sentencia C-
370 de 2010 de la Corte Constitucional, en el sentido de que si no
fuera posible conciliar los diferentes principios y derechos en materia
ambiental en conflicto la única solución constitucionalmente posible
deberá estar estructurada a partir de la regla de la prevalencia del
interés general sobre el particular.
Afirmó que el otorgamiento de la licencia ambiental se surtió bajo un
proceso administrativo, en el cual se evaluaron los posibles impactos
que este proyecto podría generar, lo cual constituye uno de los
principales instrumentos de planificación ambiental en el país, en el
que el Estado es el interventor de estos procesos de desarrollo, con el
fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y el adecuado
manejo del ambiente, razón por la cual la aplicabilidad de los
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principios de la política ambiental, de que trata la Ley 99, se
cumplieron a cabalidad en los actos acusados, al ser cuidadosos en la
evaluación del estudio ambiental presentado, como lo fue el Estudio
de Impacto Ambiental.
Concluyó que en ningún momento se actuó en contravía de la
Constitución Política; que se guardó el mecanismo de control que
corresponde al ejercicio de la autoridad ambiental; y se sujetó a la
empresa HIDROMIEL S.A. E.S.P. al cumplimiento de obligaciones,
requisitos y condiciones para la construcción y operación del
proyecto, como se puede observar en la parte resolutiva del
instrumento de manejo y control.
Aunado a lo anterior, propuso las siguientes excepciones de
“Legalidad de los Actos Administrativos”, “Actuación conforme a la
Ley”, “Excepción Genérica” e “Insuficiencia en los conceptos de
violación”, al considerar que de la revisión de la demanda se
desprende que la misma se limitó a hacer mención de una serie de
normas sin identificar de forma clara y precisa la manera en la cual se
vulneró el ordenamiento jurídico, en especial, las normas de
connotación superior.
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II.2. ISAGEN S.A. E.S.P., mediante apoderado, también se opuso a
las pretensiones solicitadas por la parte actora, por cuanto, a su
juicio, carecen de sustento fáctico y jurídico.
Propuso la “excepción de cosa juzgada”, toda vez que, a su juicio, los
presupuestos de la misma se configuran en el presente proceso, en
tanto que la Resolución núm. 0684 de 18 de abril de 2006
acusada fue objeto de pronunciamiento por el Juzgado Tercero
Administrativo de Caldas, en la sentencia de 2 de abril de 2009,
proferida dentro del proceso núm. único de radicación 17-001-03-33-
003-2006-00069-00, promovido en ejercicio de la acción popular.
Que de la lectura de dicho fallo se puede evidenciar que el Juez en
mención evaluó la legalidad del acto administrativo y las actuaciones
tanto de la empresa como de la autoridad ambiental para otorgar o
no la respectiva licencia ambiental; y que en el mismo se concluyó
que en su trámite se cumplió a cabalidad con todo lo establecido en la
normativa ambiental.
Para oponerse a las pretensiones, aclaró que el trámite de la solicitud
de la licencia ambiental fue llevado a cabo por la empresa
HIDROMIEL S.A. E.S.P., la cual cumplió a cabalidad con lo previsto
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en las normas ambientales colombianas y, por lo tanto, se le otorgó
la licencia ambiental mediante la Resolución núm. 0359 de 2004.
Señaló que el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, a través de la Resolución núm. 0405 de 6 de abril de
2004 aclaró la Resolución núm. 0359 de 2004, en el sentido de
establecer que el beneficiario de la licencia ambiental sería ISAGEN
S.A. E.S.P., por lo que actualmente el titular del instrumento de
manejo y control ambiental es esta empresa.
Que durante el trámite para obtener la licencia ambiental, el
Ministerio en mención expidió el Concepto Técnico núm. 122 de 24 de
febrero de 2004, el cual fundamentó la expedición de la citada
Resolución núm. 0359 de 2004, por la cual se otorgó la licencia
ambiental.
Que dicho concepto técnico se expidió en sentido favorable para la
empresa, después de que el Ministerio mencionado decidió requerir a
la empresa para que ajustara el Estudio de Impacto Ambiental y se
realizaran los ajustes correspondientes al estudio, con el fin de que el
mismo fuera aprobado por expertos de la autoridad ambiental y se
otorgara la licencia ambiental.
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Expresó que para que se otorgue una licencia ambiental se deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1753 de 3 de
agosto de 19944, específicamente en el artículo 30, en el que se
indican los documentos que deberán allegarse para la solicitud de la
licencia ambiental y el contenido de los mismos.
Precisó que sólo cuando la autoridad ambiental considere que se ha
dado cumplimiento a los requerimientos correspondientes y se han
previsto todos los impactos que se puedan llegar a presentar es que
se otorga la licencia ambiental.
Destacó que el otorgamiento de la licencia ambiental no se trata
únicamente de autorizar la obra, proyecto o actividad, e imponer
obligaciones al titular de la licencia, sino que posterior a este acto se
da inicio con la labor de vigilancia y seguimiento por parte de la
autoridad ambiental competente.
Indicó que en el seguimiento que realiza la autoridad ambiental se
verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el titular
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“Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales”.
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de la licencia ambiental y se efectúan los requerimientos
correspondientes, con el fin de continuar controlando los posibles
impactos que se den en el medio ambiente.
Que la ANLA ha ejercido sus funciones de seguimiento en debida
forma, lo que hasta el momento ha permitido que se concluya por
parte de la autoridad ambiental que ISAGEN S.A. E.S.P. ha dado
cumplimiento a las obligaciones y requerimientos establecidos,
porque, de lo contrario, no se habría otorgado el instrumento de
manejo y control o, en su defecto, se hubiera revocado.
Afirmó que la licencia ambiental es el instrumento de manejo y
control ambiental, por el cual se identifican los posibles impactos y
medidas que los mitiguen, después de análisis riguroso y diligente
que realiza la autoridad ambiental, lo que quiere decir que
únicamente se otorgará la licencia a aquellos que cumplan a
cabalidad con los requisitos exigidos tanto en la ley como para la
autoridad ambiental.
Indicó que, en palabras de la Corte Constitucional, el Estudio de
Impacto Ambiental constituye un elemento de juicio indispensable
para la decisión que ha de adoptar la autoridad ambiental, al
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pronunciarse sobre la concesión de la licencia ambiental, lo cual
supone necesariamente su previa evaluación.
Que una vez presentado por el interesado el Estudio de Impacto
Ambiental, éste será objeto de evaluación por parte de la ANLA, que
deberá evaluar técnicamente la información presentada y a partir de
allí tomar la decisión de si el proyecto resulta o no viable desde el
punto de vista ambiental.
Que es claro que, previo a la expedición de la licencia ambiental, la
autoridad procede a realizar una evaluación juiciosa, que abarca
tanto el aspecto técnico del proyecto y sus impactos como el legal, lo
que conlleva que la expedición de esa licencia ambiental resulte en un
acto administrativo con suficiente evaluación.
Sostuvo que la licencia ambiental fue otorgada en debida forma, toda
vez que el procedimiento que se llevó a cabo para otorgarla se
efectuó siguiendo lo establecido en la ley y acogiendo la normativa
ambiental vigente para el caso concreto, lo cual se puede cotejar con
una simple lectura del expediente administrativo.
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Advirtió que del escrito de la demanda presentada se podría afirmar
que se está buscando la protección de derechos colectivos a través
del proceso judicial y no de la nulidad, como tal, de la Resolución por
la cual se otorgó la licencia ambiental correspondiente, por lo que
pareciera más una acción popular y no una acción de nulidad, ya que
en ningún momento se probó, en debida forma, la supuesta ilegalidad
del acto administrativo.
Manifestó que no se cumplió con la carga de la prueba que tiene la
parte demandante en este tipo de acciones, por lo que las
pretensiones elevadas por la actora no están llamadas a prosperar,
pues para la obtención de la licencia ambiental se cumplieron todos
los requisitos establecidos de la ley y dicho acto fue expedido por la
autoridad competente.
II.3. El Curador Ad litem de los terceros interesados en las
resultas del proceso (TERESITA LASSO AMEZQUITA y otros5),
presentó contestación de manera extemporánea6.
5
Los demás terceros con interés directo en las resultas del proceso se encuentran enunciados a folios 48
a 50 del C.1.
6
De conformidad con el informe de 11 de febrero de 2019, expedido por el Secretario de la Sección
Primera, visible a folios 565 a 566.
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III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,
en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en
lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- En esta etapa procesal, la ANLA, a través de escrito visible a
folios 575 a 576 del expediente, adujo que expidió los actos acusados
de conformidad con sus competencias legales, con estricto apego a la
legalidad y a los principios que rigen la actuación ambiental y dando
cumplimiento a cada uno de los elementos esenciales que los revisten
de validez.
Alegó que la Resolución núm. 0359 de 25 de marzo de 2004
demandada, que acogió el Concepto técnico núm. 122 de 24 de
febrero de 2004, tuvo en cuenta la debida evaluación técnica
ambiental del proyecto, desde sus tres componentes (físico, biótico y
socioeconómico). También consideró todos los factores que podría
afectar la construcción y operación del proyecto e hizo una valoración
del área de influencia regional y local, siguiendo el criterio social,
específicamente el concepto de ordenamiento territorial.
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Agregó que sí tuvo en cuenta las expresiones y manifestaciones de la
población que podía verse afectada por el proyecto, dentro de la
evaluación surtida para el trámite de la licencia ambiental del
proyecto, pues la comunidad fue escuchada en la audiencia pública
realizada el 13 de agosto de 1999, es decir, con anterioridad a que se
otorgara la licencia ambiental.
IV.2.- ISAGEN S.A. E.S.P., mediante escrito obrante en a folios 577
a 583, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.
IV.3.- La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Antes de asumir el estudio de fondo del asunto, la Sala debe
pronunciarse sobre las excepciones de “Legalidad de los Actos
Administrativos”, “Actuación conforme a la Ley”, “Insuficiencia en los
conceptos de violación”, y “Cosa juzgada”, propuestas por la ANLA e
ISAGEN S.A. E.S.P., respectivamente.
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Actora: HERENIA POLANIA PARDO
En primer lugar, en cuanto a las excepciones de “Legalidad de los
Actos Administrativos” y “Actuación conforme a la Ley”, propuestas
por la ANLA, cabe señalar que serán desestimadas, dado que sus
fundamentos envuelven la defensa de los actos demandados, lo cual
significa que ellas no constituyen excepciones propiamente dichas,
porque la finalidad de estas es probar la existencia de un hecho
extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que impida al
fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se
presenta en el asunto examinado, razón por la que los argumentos se
estudiarán junto con los cargos de la demanda7.
En segundo lugar, frente a la excepción de “Insuficiencia en los
conceptos de violación”, propuesta por la citada entidad, debe
ponerse de presente que a pesar de que la demanda de este proceso
no presenta claridad y suficiencia en la explicación del concepto de
violación, en el texto de la misma, además de aparecer relacionadas
las normas que se estiman violadas, respecto de algunas de ellas sí
se explicó el concepto de su violación, el cual la Sala estima suficiente
para proceder a realizar el examen de legalidad de los actos
acusados.
7
Ver sentencia de 10 de julio de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-
00119-01).
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Actora: HERENIA POLANIA PARDO
Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 24 de
septiembre de 20098, en la que esta Sección señaló que constituye
una razón más que suficiente para que se proceda al examen de
legalidad del acto cuestionado el hecho de que en la demanda se
invoque una norma violada y se exprese el concepto de su violación,
así éste sea incorrecto, ambiguo o impreciso. Sobre dicho asunto se
consideró lo siguiente:
“[…] Sobre el particular, observa la Sala que la demanda
presenta en efecto un importante grado de precariedad en el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 137-4
del C.C.A, especialmente en lo que atañe a la explicación del
concepto de la violación, tal como lo pusiera de presente el
agente del Ministerio Público en su concepto. No obstante, lo
anterior y a pesar de que el libelo radicado no puede calificarse
propiamente como un prototipo de buena técnica jurídica, no
puede soslayarse el hecho de que en su texto aparecen
relacionadas las disposiciones de rango constitucional
que la Asociación actora estima infringidas, y se exponen
además, aunque sea de manera vaga e imprecisa,
algunas explicaciones relativas a su violación. Esa
circunstancia constituye una razón más que suficiente
para que se proceda al examen de legalidad del acto
cuestionado, a partir de los cargos propuestos por la
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL CAMBIO DE BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA, pues al fin y al cabo el requisito
establecido en el numeral 4° del artículo 137 del C.C.A.,
se entiende cumplido con el hecho de invocar una
norma violada y expresar el concepto de su violación,
así éste sea incorrecto, ambiguo o impreciso. Por lo
mismo no hay lugar a declarar en el caso sub examine
la ineptitud de la demanda, tal como lo propone la DIAN y
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta núm. único de radicación 1101-03-24-000-
2006-00198-00. Criterio reiterado en sentencia de 25 de marzo de 2022 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-
000-2010-00335-00).
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Actora: HERENIA POLANIA PARDO
por lo mismo la decisión que ponga fin a este proceso no
podrá ser inhibitoria […]”. (Destacado fuera de texto)
Además, no puede perderse de vista que, en una acción pública de
nulidad, en la que está en juego el interés público de la comunidad
así como la garantía del derecho de acceso a la administración de
justicia, el Juez de lo Contencioso Administrativo debe proceder con
amplitud en la interpretación de la demanda, en orden a ejercitar el
control que tiene asignado9.
Por lo tanto, no prospera esta excepción.
En tercer lugar, en relación con la excepción de “cosa juzgada”,
propuesta por ISAGEN S.A. E.S.P., por cuanto la legalidad de la
Resolución núm. 0684 de 18 de abril de 2006 acusada fue
objeto de pronunciamiento por el Juzgado Tercero Administrativo de
Caldas, en la sentencia de 2 de abril de 2009, proferida dentro del
proceso núm. único de radicación 17-001-03-33-003-2006-00069-00,
promovido en ejercicio de la acción popular, la Sala considera lo
siguiente:
9
Ver sentencia de 25 de marzo de 2022 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00335-00).
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Actora: HERENIA POLANIA PARDO
De acuerdo con el artículo 303 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201210, aplicable en virtud del artículo 267 del CCA, la sentencia
ejecutoriada proferida en un proceso contencioso tiene fuerza de cosa
juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
La cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud
de la cual los asuntos respecto de los que exista una sentencia
ejecutoriada no pueden volver a ser ventilados ante la jurisdicción,
razón por la cual esa decisión resulta inmutable, inimpugnable y
obligatoria, lo que hace que el asunto sobre el cual ella decide no
pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni
dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto11.
En cuanto a la identidad jurídica de partes, se observa que en el
proceso promovido en ejercicio de la acción popular, las partes son
OVIDIO GIRARLDO VELÁSQUEZ, LUIS EDUARDO HINCAPIÉ,
HERENIA POLANIA PARDO, JOSE EDUARDO MUÑETON,
10
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
11
Ver auto de 12 de abril de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00546-
00).
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Actora: HERENIA POLANIA PARDO
AUGUSTO RONDÓN y ALONSO PÉREZ PACHECO (demandantes)
y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
(demandada) 12; mientras que en el caso sub examine las partes son
HERENIA POLANIA PARDO (demandante) y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (demandada), razón por
la cual hay identidad de parte demandada, pero no de la parte
demandante.
No obstante ello, se precisa que en las acciones populares y de
nulidad la identidad de partes no resulta relevante, habida cuenta que
el interés para demandar lo ostenta cualquier persona.
Respecto a la identidad de objeto, no la hay, toda vez que en el
proceso radicado con el núm. 17-001-03-33-003-2006-00069-0013, la
demanda se tramitó, en ejercicio de la acción popular, por lo
señores OVIDIO GIRARLDO VELÁSQUEZ, LUIS EDUARDO
HINCAPIÉ, HERENIA POLANIA PARDO, JOSE EDUARDO
MUÑETON, AUGUSTO RONDÓN y ALONSO PÉREZ PACHECO en
contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
tendiente a la protección de los derechos colectivos “contenidos en el
12
Folios 447 a 465 del C. Principal.
13
Folios 447 a 464 del C. Principal.
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artículo 4º, literales a), b), c), d), g), h), i), j) de la Ley 472 de
199814”, la cual fue decidida a través de la sentencia de 2 de abril de
2009 por el Juzgado Tercero Administrativo de Caldas.
Y en el presente caso, la actora, HERENIA POLANIA PARDO,
presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el
artículo 84 del CCA, con el objeto de obtener la declaratoria nulidad de
las resoluciones núms. 0359 de 25 de marzo de 2004, “Por
medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras
determinaciones”, 0405 de 6 de abril de 2004, “Por medio de la
cual se aclara la Resolución No. 0359 del 25 de marzo de 2004”, y
0684 de 18 de abril de 2006, “Por la cual se resuelven unos
recursos de reposición contra las Resoluciones 359 del 24 de marzo
de 2004, por la cual se otorgó una licencia ambiental para la
construcción y operación del trasvase del Río Guarinó al Río Miel
situado en la Cuenca media baja del Río Guarinó a la altura de la
población La Victoria, Departamento de Caldas, y se tomaron otras
determinaciones y la 405 del 6 de abril de 2004, por la cual se aclaró
14
Ley 472 de 5 de agosto de 1998, “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de
Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones”.
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Actora: HERENIA POLANIA PARDO
la anterior resolución y se tomaron otras determinaciones”, expedidas
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Frente a la identidad de causa petendi, se estima que, de acuerdo
con lo anterior, la causa de los procesos es diferente, en tanto están
encaminados a fines distintos.
Como se puede apreciar, ambos expedientes se tramitan por vías
procesales diferentes, además no versan sobre el mismo objeto ni se
fundan en la misma causa.
Sobre el particular, cabe mencionar que la acción popular no se
instituyó como el mecanismo a través del cual se puedan reemplazar
los procesos ordinarios o especiales, ni como una instancia adicional a
las existentes, de modo que resulta improcedente para obtener la
declaratoria de nulidad de actos administrativos, por cuanto el juicio
de legalidad de ellos escapa al procedimiento constitucional.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00477-00
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Al efecto, la Sala prohíja lo señalado en el auto de 12 de abril de
201915, en el cual se precisó que la acción popular no es el
mecanismo para controvertir la legalidad de un acto administrativo,
en los siguientes términos:
“[…] En efecto, el Despacho recuerda que la acción popular no
es el mecanismo para controvertir la legalidad de un acto
administrativo, por cuanto el constituyente consagró el
principio de separación de jurisdicciones como garantía para
la seguridad jurídica y para permitir el efectivo acceso a la
Administración de Justicia, tal y como se desprende de los
artículos 228, 234 a 248 de la Carta Política.
De esta forma, se puede sostener que la acción popular no se
instituyó como el mecanismo a través del cual se puedan
reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni como una
instancia adicional a las existentes, de modo que resulta
improcedente para obtener la declaratoria de nulidad de actos
administrativos, por cuanto el juicio de legalidad de ellos
escapa al procedimiento constitucional.
No debe olvidarse que el análisis del acto administrativo que
presuntamente afecta un derecho o interés de naturaleza
colectiva no es el mismo cuando se realiza mediante la acción
popular que cuando se hace a través de la acción contenciosa
administrativa, dado que mientras que en el primero se hace
un estudio constitucional del derecho o interés presuntamente
amenazado o vulnerado, en el segundo se coteja el acto
administrativo con la disposición que la fundamenta o
sustenta, sin examinar el derecho colectivo, porque el objeto
de la acción ordinaria es exclusivamente la defensa de la
legalidad.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 12 de abril de
2019,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00546-00.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00477-00
Actora: HERENIA POLANIA PARDO
Así, como consecuencia del estudio de legalidad del acto
demandado por medio de la acción ordinaria, el juez de
instancia puede llegar a decretar la nulidad del mismo,
contrario sensu, en la acción constitucional sólo se puede
simplemente ordenar la suspensión de su ejecución o
aplicación, porque, se repite, a través de ella no se define la
legalidad de aquellos, por no ser su procedimiento natural ni
específico. […]”.
En consecuencia, no se configura el fenómeno jurídico de la cosa
juzgada y, por ende, no tiene vocación de prosperidad dicha
excepción.
Precisado lo anterior, la Sala observa que el presente asunto se
contrae a establecer la legalidad de las resoluciones núms. 0359 de
25 de marzo de 2004, “Por medio de la cual se otorga una licencia
ambiental y se toman otras determinaciones”, 0405 de 6 de abril
de 2004, “Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 0359 del
25 de marzo de 2004”, y 0684 de 18 de abril de 2006, “Por la
cual se resuelven unos recursos de reposición contra las Resoluciones
359 del 24 de marzo de 2004, por la cual se otorgó una licencia
ambiental para la construcción y operación del trasvase del Río
Guarinó al Río Miel situado en la Cuenca media baja del Río Guarinó a
la altura de la población La Victoria, Departamento de Caldas, y se
tomaron otras determinaciones y la 405 del 6 de abril de 2004, por la
cual se aclaró la anterior resolución y se tomaron otras
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00477-00
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determinaciones”, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.
Las resoluciones acusadas son del siguiente tenor:
RESOLUCIÓN NÚMERO 0359 DE 25 DE MARZO DE 2004
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
EL ASESOR DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
En uso de las facultades delegadas por la Resolución 258 del
11 de marzo de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, especialmente las conferidas en el
Decreto 1160 de 2003 proferido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ley 99 de 1993,
Ley 790 de 2002 y el Decreto 216 de 2003 emitidos por el
Gobierno Nacional y
CONSIDERANDO
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la empresa HIDRAMIEL S.A.
E.S.P., Licencia Ambiental para la construcción y operación
del trasvase del río Guarinó al río La Miel, situado en la
cuenca media baja del río Guarinó a la altura de la población
de Victoria (Departamento de Caldas).
La estructura de captación y el túnel de trasvase estarán
ubicados en el sitio de mayor proximidad entre los ríos
Guarinó y la Miel, en jurisdicción de la inspección de
Cañaveral, localizada aproximadamente a 29 kilómetros
aguas arriba de la desembocadura del río Guarinó en el río
Magdalena. La zona de obras estará ubicada en jurisdicción
del municipio de Victoria. La ubicación de la estructura de
captación y del portal de entrada del túnel de trasvase
estarán situados sobre la margen izquierda del río Guarinó, en
un punto cuyas coordenadas son: 1.079.315,0 N, 904.391,0
E, a una cota de 578,30 msnm.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Licencia Ambiental
autoriza la realización de las siguientes actividades:
1) La presa- vertedero, la cual tendrá una altura de diseño de
7.5m, correspondiente a la creciente de diseño con período de
retorno de 100 años y equivalente a un caudal de 1596 m3/s.
2) Bocatoma […]
3) Canal de aproximación […]
4) Gola de entrada al túnel […]
5) Canal de limpia [..]
6) Box-culvert ecológico […]
7) Operación de la compuerta […]
8) Portal de salida […]
9) Vía de acceso […]
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza la operación de la
compuerta para evacuación del canal de limpia, en los
siguientes términos […]
ARTÍCULO CUARTO.- La licencia ambiental otorgada a la
empresa HIDRAMIEL S.A. E.S.P., lleva implícito el uso,
aprovechamiento o afectación de los siguientes recursos
naturales renovables:
1) CONCESIÓN DE AGUA: Se autoriza la concesión de
aguas del río Guarinó para el trasvase del mismo al río La
Miel, en un caudal promedio de 28 m3/s. Los caudales de
conservación o remanentes a dejar aguas abajo del sitio de
desviación del río Guarinó al río La Miel, serán 15.8 m3/s
durante los meses secos y de subienda (enero, febrero,
marzo, julio, agosto y septiembre) y 10.5 m3/s durante los
meses húmedos (abril, mayo, junio, octubre, noviembre y
diciembre).
La bocatoma se localizará a 578 msnm y se diseñó en forma
de herradura para recta con un diámetro de excavación de
4.20 m, incluyendo una solera de concreto de 0.20 m de
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espesor, con lo cual la altura efectiva del túnel es de 4.00m y
su ancho es de 4.20m.
El sistema de captación para el suministro del caudal
remanente a dejar aguas abajo del sitio de desviación deberá
garantizar un caudal máximo de 18.3 m3/s, en consideración
a posibles desarrollos futuros de distritos de riego, que de
acuerdo con la demanda potencial para riego del área
Agropecuaria en la zona de influencia del río Guarinó aguas
abajo del sitio de trasvase, numeral 5.2.6.2. “Demandas
actuales y Potenciales del Recurso Hídrico”, contenidas en el
documento “Actualización del Plan de Manejo Ambiental”,
Hidromiel, noviembre de 2003. Para un 100% de la demanda
potencial el caudal asociado corresponde a 2.5 m/s.
El uso de las aguas es para generación energética y se otorga
por el término de duración del proyecto.
2) OCUPACIÓN DE CAUCES […]
3) VERTIMIENTOS […]
4) APROVECHAMIENTO FORESTAL […]
5) DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS […]
ARTÍCULO QUINTO.- No se autoriza a ninguna fuente para
aprovechamiento de arrastre y/o de canteras, teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada mediante
esta Resolución, sujeta a la empresa HIDRAMIEL S.A. E.S.P.
al cumplimiento de las siguientes obligaciones contenidas en
el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa,
el Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones :
[…]
3. Presentar un plan de monitoreo y control, que permita en
un momento dado establecer si con la disminución del caudal,
la oferta de perifiton e invertebrados acuáticos podría
aumentar a niveles perjudiciales. Dicho plan, deber ser
presentado en el término podría aumentar a niveles
perjudiciales. Dicho plan, deberá ser presentado en el término
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de seis meses siguientes a la ejecutoria de la presente
Resolución.
4. Diseñar y presentar a este Ministerio, en el término de seis
meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, un programa de repoblamiento con las
especies […]
5. Como medida de compensación por la afectación de la
cobertura vegetal, deberá llevar a cabo la reforestación de 40
hectáreas en los nacimientos de las quebradas Santa Rita,
Casanguillas. El Jardín y Bocorná y de 30 hectáreas en
sectores de ribera de la cuenca baja del río Guarinó.
[…]
9. Cuando se lleven a cabo las actividades de deforestación, la
Empresa, deberá implementar el rescate de fauna teniendo en
cuenta actividades como el ahuyenamiento, rescate de nidos
y neonatos, así como su reubicación en áreas de los
individuos rescatados. En los informes de interventoría, la
empresa deberá informar las actividades desarrolladas al
respecto.
[…]
12. Con el fin de garantizar un adecuado monitoreo y
seguimiento a la calidad del agua, la Empresa HIDROMIEL
S.A. E.S.P. deberá desarrollar las siguientes actividades:
12.1. Monitoreo Físico- químico de aguas residuales: […]
12.2. Monitoreo físico- químico de agua que se verán
afectadas por la construcción de la vía de acceso al portal de
entrada al túnel. […]
12.3. En lo referente a parámetros hidrobiológicos, deberán
monitorearse peces, bentos y perifiton. […]
12.4. Para parámetros físico-químicos e hidrobiológicos, se
deberá en cada fuente ubicar una estación cien metros aguas
arriba del cruce del cauce por la vía y cien metros aguas
debajo de dicho cruce.
13. Obras de trasvase del río Guarinó Desviación del río […]
14. Monitoreo calidad de aguas en el río Guarinó
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[…]
18. Instalar una estación limnigráfica, en un sitio
representativo aguas debajo de la descarga de caudal
remanente. Igualmente deberá presentar reportes semanales
durante la operación y mensuales durante la construcción.
Dado que ya se tienen instaladas estaciones limnigráficas en
Puente Victoria, El Portento y Puente Carretera, de estas
estaciones, también deberá presentar reportes semanales
durante operación y mensuales durante construcción. La
anterior información se deberá consolidar en los respectivos
informes ambientales.
19. Monitoreo de calidad del agua en el río La Miel.
ARTÍCULO NOVENO.- Si debido a la construcción
y/operación del túnel, se presenta abatimiento temporal de
algunas fuentes localizadas en la zona del túnel de
conducción, la Empresa HIDROMIEL S.A. E.S.P. deberá, como
solventación de la contingencia, garantizar el suministro de
agua a las comunidades que puedan ser afectadas hasta que
se restablezcan las condiciones del suministro.
ARTÍCULO DÉCIMO.- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial supervisará la ejecución de las obras y
podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolución, en el Estudio de Impacto
Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- En caso de presentarse
durante el tiempo de ejecución de las obras u operación del
proyecto efectos ambientales no previstos, el beneficiario de
la Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e
informar de manera inmediata a este Ministerio para que
determine y exija la adopción de las medidas correctivas que
considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe
tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación
del medio ambiente.
El incumplimiento de dichas medidas será causal para la
aplicación de las sanciones legales vigente.
[…]
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El beneficiario de la
Licencia Ambiental deberá informar con anticipación y por
escrito a este Ministerio, a la Corporación Autónoma Regional
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de Caldas CORPOCALDAS y a la Corporación Autónoma
Regional del Tolima- CORTOLIMA, la fecha de iniciación de
actividades. […]” 16(Destacado fuera de texto).
RESOLUCIÓN NÚMERO 0405 DE 6 DE ABRIL DE 2004
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA
RESOLUCIÓN No. 0359 del 25 DE MARZO DE 2004”
EL ASESOR DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
En uso de las facultades delegadas por la Resolución 258 del
11 de marzo de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, especialmente las conferidas en el
Decreto 1160 de 2003 proferido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ley 99 de 1993,
Ley 790 de 2002 y el Decreto 216 de 2003 emitidos por el
Gobierno Nacional y
CONSIDERANDO
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Aclarar el artículo primero de la
Resolución No. 0359 de 2004, en el sentido de que el
beneficiario de la licencia ambiental para la construcción y
operación del trasvase del río Guarinó al río La Miel, es la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P., conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente Resolución.
[…]
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo
procede por la vía gubernativa el recurso de reposición, el
cual podrá interponerse ante este Ministerio por escrito,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación,
conforme con lo dispuesto por los artículos 50, 51 y 52 del
Código Contencioso Administrativo. […]”17.
16 Folios 212 a 249.
17
Folios 251 a 252.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0684 DE 18 DE ABRIL DE 2006
“[…] POR LA CUAL SE RESUELVEN UNOS RECURSOS DE
REPOSICIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES 359 DEL 24
DE MARZO DE 2004, POR LA CUAL SE OTORGÓ UNA
LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DEL TRASVASE DEL RÍO GUARINÓ AL RÍO
MIEL SITUADO EN LA CUENCA MEDIA BAJA DEL RÍO
GUARINÓ A LA ALTURA DE LA POBLACIÓN LA
VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, Y SE TOMARON
OTRAS DETERMINACIONES Y LA 405 DEL 6 DE ABRIL
DE 2004, POR LA CUAL SE ACLARÓ LA ANTERIOR
RESOLUCIÓN Y SE TOMARON OTRAS
DETERMINACIONES.”
EL ASESOR DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
En ejercicio de las funciones delegadas por la Ministra de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante
Resolución 2116 de 2005, y en cumplimiento con lo previsto
Ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de 2005, la Ley 790 de
2002, los Decretos 0216 de 2003 y 3266 de 2004 y la
Resolución 0662 de 2003, y
CONSIDERANDO
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECIDIR los recursos de reposición
contra la Resolución 359 del 25 de marzo de 2004, mediante
la cual se otorgó Licencia Ambiental al proyecto de
construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
Miel, en el Municipio de Victoria departamento de Caldas, y a
la Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, según escritos presentados por las personas naturales
que se relacionarán a continuación, en el sentido de
CONFIMAR, dichos actos administrativos, de acuerdo con los
argumentos contenidos en la parte motiva de la presente
Resolución
[…]
ARTÍCULO SEXTO.- MODIFICAR Y ACLARAR el numeral 1
del artículo CUARTO de la Resolución 0359 de 2004,
mediante la cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de
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construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
Miel, en el Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a
la Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, según lo indicado en la parte considerativa de esta
Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO CUARTO.- La licencia ambiental otorgada a la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P. lleva implícito el uso
aprovechamiento o afectación de los siguientes recursos
renovables.
“1) CONCESIÓN DE AGUAS: Se autoriza el permiso de
concesión de aguas para el trasvase el río Guarinó, teniendo
en cuenta un caudal promedio de 28.7 m3/s en el sitio de
desviación, garantizando caudales de conservación o
remanentes a dejar aguas abajo del sitio de desviación del río
Guarinó al río La Miel de 17.3 m3/s durante los meses secos y
de subienda (enero, febrero, marzo, julio, agosto y
septiembre) y 10.5 m3/s durante los meses húmedos (abril,
mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre), siempre y
cuando los caudales remanentes registrados en el sitio de
desvío sean mayores a los caudales remanentes establecidos,
de lo contrario se deberá garantizar que los caudales
naturales registrados en el sitio de desvío sean mayores a los
caudales establecidos, de lo contrario se deberá garantizar
que los caudales naturales retomen al río Guarinó aguas
abajo de la estructura de desvío y derivación.
“La bocatoma se localizará a 578 msnm y se diseñó en forma
de herradura de pata recta con un diámetro de excavación de
4.20 m, incluyendo una solera de concreto de 0.20 de
espesor, con lo cual la altura efectiva del túnel es de 4.00 m y
su ancho
es de 4.20 m.
“El sistema de captación para el suministro del caudal
remanente a dejar aguas abajo del sitio de desviación deberá
garantizar un caudal máximo de 18.3 m3/s, en consideración
a posibles desarrollos futuros de sistemas de riego, que de
acuerdo con la demanda potencial para riego del área
Agropecuaria en la zona de influencia del río Guarinó aguas
abajo del sitio de trasvase, numeral 5.2.6.2 “Demandas
Actuales y Potenciales del Recurso Hídrico”, contenidas en el
documento “Actualización del Plan de Manejo Ambiental”,
Hidromiel, noviembre de 2003; para un 100 % de la demanda
potencial el caudal asociado corresponde a 1 m3/s adicional a
los 1.5 m3/s de uso actual para riego. Para lo anterior, y ante
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la futura implementación de distritos y/o sistemas de riego
debidamente sustentados técnicamente, se deberá acceder al
suministro de caudales faltantes requeridos, con base en un
análisis actualizado en su momento de oferta-demanda
hídrica aguas abajo del trasvase”.
[…]
ARTÍCULO OCTAVO.- MODIFICAR los numerales 2 y 4 del
artículo SEXTO de la Resolución 0359 de 2004, mediante la
cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de construcción
y operación del trasvase del río Guarinó al río La Miel, en el
Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a la
Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, según lo indicado en la parte considerativa de esta
Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
“2. Teniendo en cuenta que la subienda en el río Guarinó,
ocurre entre los meses de diciembre y marzo, en el próximo
período del año que abarque dichos meses la empresa
ISAGEN S.A. E.S.P. deberá efectuar los muestreos y análisis
necesarios de dinámica íctica que le permitan puntualizar cual
es la función de la subienda en la comunidad íctica del río
Guarinó y que importancia tiene dicho cuerpo de agua en los
procesos reproductivos de los peces que realizan migración en
época de subienda a través del mismo. Una vez termine el
período de subienda (se estima en marzo), la empresa cuenta
con un plazo máximo de tres (3) meses, para entregar este
estudio al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial”
(…)
“4. Como medida de compensación por la afectación sobre el
recurso íctico, debido a la disminución de caudales, ISAGEN
deberá diseñar y presentar a este Ministerio en un plazo
máximo de seis (6) meses, un programa de repoblamiento
con las siguientes especies: Prochilodus magdalenae
(Bocachico), Pseudoplatystoma fasciatum (Bagre rayado),
Salminus affinis (Dorada) y Rhamdia sebae (Guabina). […]
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“Adicionalmente, la empresa deberá prestar su apoyo a
INCODER, para iniciar la implementación de paquetes
tecnológicos que permitan la cría en cuativerio de las especies
ichthyoelephas longirostris (Pataló) y Ageneiousus caucanus
(Doncella). Igualmente deberá prestar apoyo a esta entidad
para el desarrollo de actividades de control y vigilancia de la
pesca que se presenta en los ríos Guarinó, La Miel y
Magdalena.”
ARTÍCULO NOVENO.- MODIFICAR los numerales 5,6, 7 y 8
del artículo SEXTO de la Resolución 0359 de 2004, mediante
la cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de
construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
Miel, en el Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a
la Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, de conformidad con el recurso interpuesto por la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P., según lo indicado en la parte
considerativa de esta Resolución, que quedara así:
“ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
“5.- Como medida de compensación por la afectación sobre la
cobertura vegetal, la Empresa deberá llevar a cabo, la
reforestación de 40 hectáreas en los nacimientos de las
quebradas Santa Rita, Casanguillas, El Jardín y Bocorná y de
30 hectáreas en sectores de ribera de la cuenca baja del río
Guarinó.
[…]
ARTÍCULO DÉCIMO.- MODIFICAR el numeral 9 del artículo
SEXTO de la Resolución 0359 de 2004, mediante la cual se
otorga Licencia Ambiental al proyecto de construcción y
operación del trasvase del río Guarinó al río La Miel, en el
Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a la
Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, de conformidad con el recurso interpuesto por la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P., y la señora TERESITA LASSO
AMEZQUITA, según lo indicado en la parte considerativa de
esta Resolución, el cual quedara así:
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“ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
“9. Cuando se lleven a cabo las actividades de
aprovechamiento forestal, la empresa deberá implementar el
rescate de nidos y neonatos, así como su reubicación en áreas
adyacentes que garanticen la supervivencia de los individuos
rescatados. En los informes de interventoría ambiental, la
empresa deberá informar las actividades desarrolladas al
respecto.”
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ACLARAR el numeral 12.3
del artículo SEXTO de la Resolución 0359 de 2004, mediante
la cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de
construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
Miel, en el Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a
la Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, de conformidad con el recurso interpuesto válidamente
por la empresa ISAGEN S.A. E.S.P., según lo indicado en la
parte considerativa de esta Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
“1.2.3. En lo referente a parámetros hidrobiológicos, la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P., deberá monitorear en cada una
de las ocho (8) corrientes permanentes que serán afectadas
por la construcción de la vía de acceso al portal de entrada al
túnel y en la quebrada Canaán los siguientes parámetros:
Peces, bentos y perifiton. La frecuencia de monitoreo será la
siguiente: un monitoreo previo al inicio de la construcción de
la vía, uno durante construcción cuya frecuencia será cada
dos meses y uno durante operación cuya frecuencia será
semestral.”
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- MODIFICAR los
numerales 19.5, 21.3 y 22.4 del artículo SEXTO de la
Resolución 0359 de 2004, mediante la cual se otorga Licencia
Ambiental al proyecto de construcción y operación del
trasvase del río Guarinó al río La Miel, en el Municipio de
Victoria, departamento de Caldas, y a la Resolución
aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de 2004, de
conformidad con el recurso interpuesto válidamente por la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P., según lo indicado en la parte
considerativa de esta Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
“19.5. Para las labores de monitoreo durante cada evento de
apertura de la compuerta del canal de limpia, la empresa
deberá realizar mediciones hidrosedimentológicas cada hora
mientras la compuerta esté operando, en la estación la
Victoria sobre el puente existente, de material en suspensión
en lo posible en un punto representativo de la parte central
del área mojada de la sección o donde las condiciones lo
permitan por posibles fenómenos de alta turbulencia,
caracterizando granulometrías.
“21.3. Adicionalmente, se deberán realizar biatimetrías y
campañas hidrosedimentológicas (de material en suspensión
a profundidad, en 3 sitios representativos de la columna de
agua y fondo, caracterizando granulometrías) cada seis (6)
meses durante la operación del proyecto, en Puente Victoria,
El Portento, un sitio representativo de la parte media entre los
dos anteriores y en Puente Dorada. […]
“22.4 Con el objeto de garantizar una profundidad mínima de
lámina de agua de 0.5 m en tramos del cauce donde este se
explaya considerablemente (regadales), con énfasis en los
sectores de explayamiento ubicados en inmediaciones de la
hacienda Condesa (Entre Puente Victoria y la bocatoma del
acueducto La Dorada) y la hacienda la Roca (aguas arriba de
Puente Autopista); la empresa deberá presentar para
evaluación y aprobación en un plazo máximo de seis (6)
meses a partir de la ejecutoria del acto administrativo que
acoja el presente concepto, los diseños detallados de las
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obras de encauzamiento, confinamiento, protección de orillas
y el respectivo programa de actividades de plantación de
árboles del ecosistema riparrio como Pithecellobium
longofolium (suribio), Inga sp. (guarnillos) y Ficus sp.
(cauchos), así como las acciones propuestas para la
estimulación de graduales protectores de orillas y de puntos
críticos para el cambio del cauce del río.”
[…]
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- REVOCAR la obligación
contenida en los numerales los numerales 20.1, 21.1. y 21.2
del artículo SEXTO de la Resolución 0359 de 2004, mediante
la cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de
construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
Miel, en el Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a
la Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, de conformidad con el recurso interpuesto válidamente
por la empresa ISAGEN S.A. E.S.P., en lo referente al
seguimiento mediante fotografías pancromáticas o imágenes
multiespectrales, según lo indicado en la parte considerativa
de esta Resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- ACLARAR el artículo
VIGÉSIMO PRIMERO de la Resolución 0359 de 2004,
mediante la cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de
construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
Miel, en el Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a
la Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, de conformidad con el recurso interpuesto válidamente
por la empresa ISAGEN S.A. E.S.P., según lo indicado en la
parte considerativa de esta Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Con el objeto de
prevenir Incendios forestales, la empresa ISAGEN S.A. E.S.P.
deberá abstenerse de realizar quemas, así como talas y
acopiar material vegetal. De esta obligación, se excluyen las
actividades necesarias para que la empresa haga el
aprovechamiento forestal autorizado mediante el numeral
cuarto del artículo CUARTO de la Resolución 0359 del 25 de
marzo de 2004. […]”18.
18
Folios 262 a 359.
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La Sala procede a resolver los cargos de la demanda, en aras de
establecer la legalidad de los actos acusados.
El primer cargo consiste en que el Ministerio de Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en los actos demandados,
desconoció los Acuerdos firmados por el Estado colombiano en la
Agenda 21 (Cumbre de la Tierra. Río, 1992), en relación con la
ordenación de las cuencas y la prioridad en el uso del agua para el
consumo humano, así como lo dispuesto en el Decreto 1729, que
establece los principios y procedimientos para la ordenación de las
cuencas hidrográficas, por cuanto la expedición de la licencia
ambiental debió aplazarse hasta la ordenación de la cuenca del Río
Guarinó y tener los elementos científicos suficientes sobre la realidad
social, económica y eco sistemática de la cuenca.
Al respecto, cabe resaltar que el artículo 4º del Decreto 1729, la
ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el
planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales
renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales
recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca
y particularmente de sus recursos hídricos.
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La ordenación, así concebida, constituye el marco para planificar el
uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos
específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el
deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica.
La ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta, entre otros,
los siguientes principios y directrices: “En la utilización de los
recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre
cualquier otro uso y deberá ser tenido en cuenta en la ordenación de
la respectiva cuenca hidrográfica”.
El citado artículo 4º es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 4°. Finalidades, principios y directrices de
la ordenación. La ordenación de una cuenca tiene por
objeto principal el planeamiento del uso y manejo
sostenible de sus recursos naturales renovables, de
manera que se consiga mantener o restablecer un
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento
económico de tales recursos y la conservación de la
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente
de sus recursos hídricos.
La ordenación así concebida constituye el marco para
planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de
programas y proyectos específicos dirigidos a conservar,
preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la
cuenca hidrográfica.
La ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta, entre
otros, los siguientes principios y directrices:
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1. El carácter de especial protección de las zonas de páramos,
subpáramos, nacimientos de aguas y zonas de recarga de
acuíferos, por ser considerados áreas de especial importancia
ecológica para la conservación, preservación y recuperación
de los recursos naturales renovables.
2. Las áreas a que se refiere el literal anterior, son de utilidad
pública e interés social y por lo tanto deben ser objeto de
programas y proyectos de conservación, preservación y/o
restauración de las mismas.
3. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo
humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso y
deberá ser tenido en cuenta en la ordenación de la
respectiva cuenca hidrográfica.
4. Prevención y control de la degradación de la cuenca,
cuando existan desequilibrios físicos o químicos y ecológicos
del medio natural que pongan en peligro la integridad de la
misma o cualquiera de sus recursos, especialmente el hídrico.
5. Prever la oferta y demanda actual y futura de los recursos
naturales renovables de la misma, incluidas las acciones de
conservación y recuperación del medio natural para asegurar
su desarrollo sostenible.
6. Promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua.
7. Considerar las condiciones de amenazas, vulnerabilidad y
riesgos ambientales que puedan afectar el ordenamiento de la
cuenca.
8. Los regímenes hidroclimáticos de la cuenca en ordenación.
[…]” (Destacado fuera de texto).
El artículo 17 del Decreto 1729 establece acerca de la jerarquía de las
normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables previstos en un plan de ordenación de una cuenca,
que éstas priman sobre las disposiciones generales dispuestas en las
licencias, entre otros ordenamientos administrativos, así:
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“[…] Artículo 17. Jerarquía normativa. Las normas sobre
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables previstos en un plan de ordenación de una
cuenca, priman sobre las disposiciones generales
dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones
ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el
respectivo plan de ordenación y manejo.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 388 de
1997, el plan de ordenación y manejo de una cuenca
hidrográfica constituye norma de superior jerarquía y
determinante de los planes de ordenamiento territorial. […]”
(Destacado fuera de texto).
Y los artículos 19 y 20 ibidem disponen que será responsabilidad de la
respectiva autoridad competente o de la comisión conjunta, según el
caso, la elaboración del plan de ordenación de la cuenca hidrográfica,
el término dentro del cual se elaborará dicho plan; y que las
mencionadas autoridades evaluarán y priorizarán regionalmente las
cuencas hidrográficas con el objeto de establecer el orden de
preferencia para declarar la ordenación, los plazos y metas a cumplir
de acuerdo a la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y
financieros, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 19. Responsabilidad. Será responsabilidad
de la respectiva autoridad ambiental competente o de la
comisión conjunta, según el caso, la elaboración del plan de
ordenación de una cuenca hidrográfica.
La coordinación y ejecución del plan de ordenación será
responsabilidad de las autoridades ambientales que integran
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la comisión conjunta y, en los demás casos, de la respectiva
autoridad ambiental competente.
Parágrafo. La comisión conjunta o la respectiva
autoridad ambiental competente, según el caso,
establecerá el término dentro del cual se elaborará el
Plan de Ordenación y manejo de la cuenca.
Artículo 20. Priorización regional. La Comisión Conjunta, o la
respectiva autoridad ambiental, según el caso, evaluará y
priorizará regionalmente las cuencas hidrográficas de su
jurisdicción, con el objeto de establecer el orden de
preferencia para declarar la ordenación, los plazos y metas a
cumplir de acuerdo a la disponibilidad de recursos técnicos,
humanos y financieros. Esta priorización deberá quedar
incluida en el Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de
Acción Trianual. […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, es importante precisar lo que indica el Decreto 1753, sobre el
procedimiento a seguir y los requisitos a cumplir, para obtener una
licencia ambiental:
“[…] DECRETO 1753 DE 1994
(agosto 03)
por el cual se reglamenta parcialmente los Titulos VIII
y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales
“[…]
ARTÍCULO 30. Para obtener una Licencia Ambiental, el
procedimiento a seguir será el siguiente:
1. El interesado en obtener la Licencia Ambiental formulará
una petición por escrito dirigida a la autoridad ambiental
competente, en la cual solicitará que se determine si el
proyecto, obra o actividad por realizar requiere o no de la
elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas; de
igual manera solicitará que se fijen los términos de referencia
de los estudios ambientales correspondientes, cuando estos
no estuvieran definidos por la autoridad ambiental. Deberá
especificar la modalidad de Licencia Ambiental que requiere
(ordinaria, única o global); y allegar la siguiente información:
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a) Nombre o razón social del solicitante;
b) Nombre del representante legal;
c) Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante
apoderado;
d) Certificado de existencia y representación legal para el
caso de persona jurídica;
e) Domicilio y nacionalidad;
f) Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que
incluya por lo menos su localización, dimensión y costo
estimado;
g) Indicación de las características ambientales generales del
área de localización del proyecto, obra o actividad;
h) Información sobre la presencia de comunidades, incluidas
campesinas, negras e indígenas, localizadas en el área de
influencia del proyecto, obra o actividad propuesta;
i) Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta el sistema de
parques nacionales naturales y sus zonas de amortiguación
cuando éstas estén definidas.
2. Con base en la información suministrada, la
autoridad ambiental decidirá sobre la necesidad o no de
presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y
definirá sus términos de referencia, cuando estos no
hayan sido previamente establecidos para el sector, en
un plazo no mayor de 30 días hábiles. Dentro de este
mismo término, la autoridad ambiental competente dictará un
acto de iniciación de trámite que se notificará y publicará en
los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. Igualmente,
en este mismo término, al detectarse colisión de
competencias, entre autoridades ambientales, se suspenderán
los términos del trámite hasta tanto el Ministerio del Medio
Ambiente defina la autoridad ambiental competente, la cual
proseguirá el trámite en el estado en que se encuentre.
3. Presentado el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, la
autoridad ambiental competente elegirá en un plazo no mayor
de sesenta (60) días, contados a partir de su presentación, la
alternativa o las alternativas sobre las cuales debe elaborarse
el correspondiente estudio de impacto ambiental.
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4. Si no es necesaria la presentación de un Diagnóstico
Ambiental de Alternativas, o elegida(s) la(s) alternativa(s)
sobre las cuales debe elaborarse el estudio de impacto
ambiental, la autoridad ambiental competente en un término
que no podrá exceder de sesenta (60) días hábiles, fijará los
términos de referencia, cuando estos no hayan sido
definidos previamente para el sector, para la elaboración del
estudio de impacto ambiental.
5. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
presentación del estudio de impacto ambiental, se podrá pedir
al interesado, la información adicional que se considere
indispensable.
En este caso se interrumpirán los términos que tiene la
autoridad para decidir.
6. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental
dispondrá de quince (15) días hábiles adicionales para
solicitar a otras autoridades o entidades los conceptos
técnicos o informaciones pertinentes, los cuales deben
ser le remitidos en un plazo no superior a sesenta (60) días
hábiles.
7. Recibida la información o vencido el término de
requerimiento de informaciones adicionales a otras
autoridades o entidades, se expedirá el auto de trámite
que declare reunida toda la información requerida. La
autoridad ambiental competente decidirá sobre la
viabilidad ambiental del proyecto, obra o actividad y
otorgará o negará la respectiva licencia ambiental, en
un término que no podrá exceder de sesenta (60) días
hábiles contados a partir de la expedición del citado
auto.
Tratándose de las Licencias Ambientales que otorga el
Ministerio del Medio Ambiente el término para dicho
otorgamiento será hasta de ciento veinte (120) días hábiles
contados a partir del auto de trámite que reconozca que ha
sido reunida toda la información requerida.
8. En el caso de otorgarse la Licencia Ambiental Única, se
incluirán los permisos, autorizaciones o concesiones, de
competencia de la autoridad ambiental, que el proyecto, obra
o actividad requiera conforme a la ley.
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9. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la
Licencia Ambiental procede el recurso de reposición ante la
misma autoridad ambiental que profirió el acto, y el recurso
de apelación ante el Ministerio del Medio Ambiente cuando el
acto sea expedido por las demás autoridades ambientales
competentes.
10. Para los efectos de la publicidad de las decisiones que
pongan fin a la actuación, se observará lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
PARAGRAFO. Los términos señalados en el presente artículo
son de carácter perentorio e improrrogables para las
autoridades ambientales competentes, los interesados y los
solicitantes. El incumplimiento de estos términos dará lugar a
las sanciones previstas en la ley […]”. (Destacado fuera de
texto.)
Como se puede apreciar, del texto de la norma antes transcrita del
Decreto 1753, no se colige que exista como requisito previo para
otorgar una licencia ambiental, que la autoridad competente, esto es
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deba
elaborar el plan de ordenación de la cuenca hidrográfica.
Cabe precisar que si bien es cierto que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en
un plan de ordenación de una cuenca priman sobre las disposiciones
generales dispuestas en licencias, también lo es que el Ministerio
demandado no desconoció lo señalado en el referido plan, pues para
la época en que se otorgó la licencia ambiental, objeto de los actos
acusados, no se había elaborado el plan de ordenación de la cuenca
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del río Guarinó, ya que este plan fue expedido con posterioridad al
otorgamiento de la licencia ambiental y, en tal sentido, no desconoció
plan de ordenación de la cuenca alguno.
En efecto, tan solo, el 2 de febrero de 2007, se conformó la Comisión
Conjunta para el ordenamiento de la Cuenca hidrográfica del río
Guarinó, integrada por los directores generales de CORPOCALDAS,
CORTOLIMA y CORMAGDALENA. Y el 3 de mayo de 2007, la Comisión
Conjunta en mención expidió el Acuerdo núm. 0002, “Por medio del
cual se declaró en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río
Guarinó”.
Al respecto, no puede perderse de vista que los artículos 19 y 20 del
Decreto 1729 disponen que será la respectiva autoridad competente
o de la comisión conjunta la que debe establecer el término dentro
del cual se elaborará dicho plan, así como evaluar y priorizar
regionalmente las cuencas hidrográficas con el objeto de establecer el
orden de preferencia para declarar la ordenación, los plazos y metas
a cumplir de acuerdo a la disponibilidad de recursos técnicos,
humanos y financieros, por lo que la elaboración del referido plan
dependía de cuando la Comisión conjunta decidiera elaborarlo.
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Actora: HERENIA POLANIA PARDO
Además, debe resaltarse que los actos acusados ponen de manifiesto
que la entidad demandada no tenía por objeto desconocer la
normativa sobre planes de ordenamiento y manejo de cuencas, sino,
por el contrario, darle cumplimento, y que tuvo en cuenta los
elementos suficientes sobre la realidad de la cuenca, a saber:
En la Resolución núm. 0359 de 2004, se indicó:
“[…] los recursos provenientes de la aplicación del artículo 43
de la Ley 99 de 1993, deben destinarse a la protección y
recuperación del recurso hídrico de conformidad con el
respectivo Plan de Ordenamiento y manejo de la
cuenca.19 […]” (Destacado fuera de texto).
En la Resolución núm. 0684 de 2006, se señaló:
“[…] En la caracterización de los aspectos climáticos,
geológicos, hidrológicos, de calidad del agua, comunidades
hidrobiológicas y ecosistemas terrestres se requirió,
además de su diagnóstico en los sectores de obras, de
un conocimiento a nivel de la cuenca del río Guarinó,
puesto que la interpretación del comportamiento de la
mayoría de las variables biofísicas requieren de un contexto
regional, considerando además que las repercusiones que se
tengan en el área de influencia directa del proyecto y en la
cuenca baja del río Guarinó dependen en gran parte de las
condiciones de las cuencas alta y media. La cuenca del río
Guarinó está delimitada por la divisora de aguas natural de
las nueve subcuencas que la componen.
Desde el punto de vista técnico, no se considera procedente
requerir una caracterización detallada de la cuenca alta del río
Guarinó, pues el estudio de impacto ambiental del cualquier
19
Folio 242 vuelto.
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proyecto, se debe circunscribir a su área de influencia
directa con un adecuado grado de detalle para efectos
de identificación y valoración de impactos; en cuanto al
área de influencia indirecta se debe presentar un diagnóstico
con un menor grado de detalle a nivel de caracterización
general. Para el caso del trasvase, la cuenca alta del río
Guarinó está asociada al área de influencia indirecta del
proyecto. De otra parte la Ley 99 de 1993 contempla la
inversión forzosa del 1% del valor del proyecto (parágrafo del
Artículo 43) e igualmente las transferencias del sector
eléctrico (Artículo 45), para efectos de inversión en la
formulación de estudios de caracterización de cuencas
hidrográficas, entre otros.
Estas obligaciones generales hacen parte de la
normativa ambiental y son de necesario cumplimiento
por parte del titular de la Licencia Ambiental, al igual
que las obligaciones derivadas del Decreto 1729/02
sobre Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas
hidrográficas.20 […]” (Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, no es cierto que la entidad demandada desconoció
el Decreto 1729 y que la expedición de la licencia ambiental debió
aplazarse hasta la ordenación de la cuenca del Río Guarinó, pues,
como se señaló anteriormente, no es requisito previo, para otorgar
una licencia ambiental, que la autoridad competente deba elaborar el
plan de ordenación de la cuenca hidrográfica.
Aunado a lo anterior, es del caso poner de presente que la Agenda 21
de la Cumbre de la Tierra de 1992, en su Programa 21 y en la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, con
20
Folio 311.
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respecto a la ordenación de las cuencas y la prioridad en el uso del
agua para el consumo humano, señala lo siguiente:
“[…] PROGRAMA 21
[…]
Sección II. Conservación y gestión de los recursos para
el desarrollo
[…]
18. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD Y EL SUMINISTRO DE
LOS RECURSOS DE AGUA DULCE: APLICACIÓN DE
CRITERIOS INTEGRADOS PARA EL APROVECHAMIENTO,
ORDENACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE
[…]
Actividades
18.12 Todos los Estados, según la capacidad y los recursos de
que dispongan, y mediante la cooperación bilateral o
multilateral, incluidas, según proceda, las Naciones Unidas y
otras organizaciones competentes, podrían ejecutar las
siguientes actividades para mejorar la ordenación integrada
de los recursos hídricos:
[…]
b) Integrar medidas de protección y conservación de posibles
fuentes de abastecimiento de agua dulce, entre ellas la
catalogación de los recursos correspondientes, con una
planificación de los usos de la tierra, la utilización de los
bosques, la protección de las laderas de las montañas y las
márgenes de los ríos y otras actividades pertinentes de
aprovechamiento y conservación;
c) Desarrollar bases de datos interactivos, modelos para
previsiones, modelos de planificación económica y métodos de
ordenación y planificación de los recursos hídricos, entre ellos
métodos de evaluación del impacto ambiental;
[…]
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f) Luchar contra las inundaciones y las sequías, mediante,
entre otras cosas, el análisis de riesgos y la evaluación de las
consecuencias sociales y ambientales;
[…]
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo,
Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de
1992,
Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16
de junio de 1972a, y tratando de basarse en ella,
Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y
equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las
sociedades y las personas,
Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del
sistema ambiental y de desarrollo mundial,
Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la
Tierra, nuestro hogar,
Proclama que:
PRINCIPIO 1
Los seres humanos constituyen el centro de las
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en
armonía con la naturaleza.
PRINCIPIO 2
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los
principios del derecho internacional, los Estados tienen el
derecho soberano de aprovechar sus propios recursos
según sus propias políticas ambientales y de desarrollo,
y la responsabilidad de velar por que las actividades
realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no
causen daños al medio ambiente de otros Estados o de
zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción
nacional. […]” (Destacado fuera de texto)
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La Sala estima que tampoco se desconocieron los Acuerdos firmados
por el Estado colombiano, la Agenda 21 (Cumbre de la Tierra. Río,
1992), en su Programa 21 y en la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, en relación con la ordenación de las
cuencas y la prioridad en el uso del agua para el consumo humano,
toda vez que, como se dijo anteriormente, para la época en que se
otorgó la licencia ambiental aún no se había expedido el plan de
ordenación de la cuenca del río Guarinó.
Y no obstante que no se había expedido el plan de ordenación de la
cuenca del río Guarinó, se observa que la entidad demandada dentro
del proceso de evaluación para autorizar la licencia ambiental sí le dio
prioridad al uso del agua para el consumo humano y tuvo en cuenta
los requerimientos necesarios para ello, para abrevaderos, garantizar
la vida acuática, riego, minería y pesca, y respetando las concesiones
que estaban otorgadas al río, así como garantizando un caudal
promedio de 28m3/s y caudales de conservación o remanentes a
dejar aguas abajo del sitio de desviación del río Guarinó al río La Miel,
conforme se deja traslucir en los actos acusados.
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En efecto, en la Resolución núm. 0359 de 2004 se dio prelación a
ese asunto, con fundamento en el concepto técnico núm. 122 de 24
de febrero de 2004, así:
“[…]
CONSIDERANDO
[…]
Que este Ministerio expidió el concepto técnico No. 122 de 24
de febrero de 2004 el cual manifestó lo siguiente:
[…]
USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE
RECURSOS NATURALES
“Concesión de aguas
[…]
“Demandas Actuales y Potenciales del Recurso Hídrico
[…]
“Demandas para consumo en abrevadero
[…]
“Demandas para vida acuática
[…]
“Demanda de agua para riego
[…]
“Demanda para minería y pesca
[…]
“Demanda para Recreación
[…]
Concesiones
[…]
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO CUARTO.- La licencia ambiental otorgada a la
empresa HIDRAMIEL S.A. E.S.P., lleva implícito el uso,
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aprovechamiento o afectación de los siguientes recursos
naturales renovables:
1) CONCESIÓN DE AGUA: Se autoriza la concesión de
aguas del río Guarinó para el trasvase del mismo al río
La Miel, en un caudal promedio de 28 m3/s. Los
caudales de conservación o remanentes a dejar aguas
abajo del sitio de desviación del río Guarinó al río La
Miel, serán 15.8 m3/s durante los meses secos y de
subienda (enero, febrero, marzo, julio, agosto y septiembre)
y 10.5 m3/s durante los meses húmedos (abril, mayo,
junio, octubre, noviembre y diciembre).
La bocatoma se localizará a 578 msnm y se diseño en forma
de herradura de pata recta con un diámetro de excavación de
4.20 m, incluyendo una solera de concreto de 0.20 m de
espesor, con lo cual la altura efectiva del túnel es de 4.00m y
su ancho es de 4.20m.
El sistema de captación para el suministro del caudal
remanente a dejar aguas abajo del sitio de desviación
deberá garantizar un caudal máximo de 18.3 m3/s, en
consideración a posibles desarrollos futuros de distritos
de riego, que de acuerdo con la demanda potencial para
riego del área Agropecuaria en la zona de influencia del
río Guarinó aguas abajo del sitio de trasvase, numeral
5.2.6.2. “Demandas actuales y Potenciales del Recurso
Hídrico”, contenidas en el documento “Actualización del Plan
de Manejo Ambiental”, Hidromiel, noviembre de 2003. Para
un 100% de la demanda potencial el caudal asociado
corresponde a 2.5 m/s.
El uso de las aguas es para generación energética y se otorga
por el término de duración del proyecto. […]”.21.
Y en la Resolución núm. 0684 de 2006 demandada se dio
prelación al uso del agua para el consumo humano, de la siguiente
manera:
21
Folios 217 a 218 y 244.
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“[…] Cuando se otorgó la Licencia Ambiental para el proyecto
trasvase del río Guarinó al río La Miel, se hizo con fundamento
en estudios que contaron con metodologías científicamente
aceptadas, desde el punto de vista técnico- ambiental, lo cual
permite en cualquier momento, verificar la información
presentada en cada uno de los estudios.
El Ministerio evaluó los estudios inicialmente realizados por la
empresa. Como resultado de esta evaluación, requirió de
información complementaria. Con las evaluaciones del
Ministerio a la información complementaria (la cual recogió las
manifestaciones e inquietudes planteadas por la comunidad
en la audiencia pública realizada en el año 1999 en La
Dorada) y las actualizaciones y complementaciones de los
diferentes estudios, se pudo establecer la magnitud de los
impactos a generarse, por lo que este Ministerio requirió a la
empresa modificar y replantear el proyecto, teniendo en
cuenta la necesidad de establecer un caudal ecológico y
remanente que garantizara la supervivencia y
permanencia de la hidrobiota y los diferentes usos,
aguas abajo del sitio del trasvase.
La evaluación de los diversos estudios efectuados de manera
científica, demostró entre otros aspectos lo siguiente:
“a. Que no se pondría en riesgo el suministro de agua ni
para consumo humano, ni para otras actividades
propias de las comunidades asentadas en el área de
influencia del proyecto (como ganadería, agricultura,
turismo y recreación).
“b. Que no se afectaría la Charca de Guarinocito (se
demostró la no dependencia de este ecosistema del río
Guarinó), una de las más grandes preocupaciones de la
comunidad […]
“c. Que no se pondría en riesgo el componente
hidrobiológico del río Guarinó, para lo cual se estableció
un caudal ecológico que garantiza una lámina de agua mínima
de 50 cm, a lo largo del río aguas abajo del trasvase, con lo
que se garantiza la permanencia y movilidad tanto de las
especies ícticas que hace migración en el río, como del
componente hidrobiológico. De otra parte se garantiza que el
área de espejo de agua no sufra una reducción mayor al 25%
respecto al espejo de agua asociado al caudal medio.
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“d. Que no se afectarán significativamente ni acuíferos ni
niveles freáticos aguas abajo del sitio de trasvase, basado en
los diferentes estudios hidrogeológicos realizados […]
“e. Que no se pondrían en riesgo los componentes flora y
fauna silvestre.
“f. Una vez se establecieron las medidas de prevención,
mitigación y compensación que este Ministerio consideró
necesarias para un proyecto como este (que presenta
impactos sobre el medio).
“Solo una vez se tuvo la anterior certeza, este
Ministerio consideró viable ambientalmente autorizar la
Licencia Ambiental para el trasvase.
“Los requerimientos de información complementaria y la
presentación de la misma, permitieron establecer con mayor
precisión, el conocimiento de los efectos que generará el
proyecto sobre el entorno, efectos que según la información
presentada por la empresa, pueden ser asimilados por el
ecosistema, como está debidamente demostrado en los
estudios reseñados a lo largo del presente concepto técnico.22
[…]
Es mandato constitucional dar prioridad al uso del agua
para el consumo humano. En cumplimiento del mismo,
este Ministerio dio prioridad al uso para el consumo
humano y a otros usos, antes que a la utilización del
agua para generación. Para esto, se tomó como base la
información suministrada en el estudio “Actualización del Plan
de Manejo Ambiental- Proyecto Trasvase río Guarinó a Miel
1”, elaborado por Auditoría Ambiental Ltda. en octubre de
2003”, en el cual se estableció lo siguiente en lo referente a
demandas actuales y potenciales del recurso hídrico:
“Demanda para consumo humano: Los principales sitios
de aprovechamiento de agua para consumo humano en
la cuenca del río Guarinó aguas abajo del sitio de
trasvase son: El acueducto del municipio de Victoria que
tiene como fuente de suministro las quebradas Doña Juana,
Santa Rita y Casanguillas, siendo éstos dos últimos afluentes
del río Guarinó. El caudal medio suministrado a la planta de
22
Folios 304 vuelto a 305.
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tratamiento es e 32l/s, de los cuales 9l/s son aportados por la
quebrada Santa Rita y 9l/s por la quebrada Casanquillas y 14
l/s son captados en la Quebrada Doña Juana Alta y el nuevo
acueducto de La Dorada- Puerto Salgar- Guarinocito captará
un máximo 750 l/s directamente del río Guarinó (su primera
etapa en construcción tiene una capacidad de 500 l/s),
mediante una bocatoma ubicada sobre el río en la margen
izquierda, en el sitio denominado Santa Marta, aguas debajo
de la desembocadura de la quebrada El Jardín.
[…]
Demandas para consumo en abrevadero: […]
Demandas para vida acuática: […]
Demanda para agua riego: […]
Demanda para minería y pesca: […]
Demanda para Recreación: […]
Concesiones: […] Estas concesiones están destinadas para
abastecer las demandas de riego y abrevaderos de la zona. El
requerimiento actual demando es de 3,47 m3/s en los meses
críticos de junio, julio, agosto, enero y febrero y un caudal
demandado de 2,34 m3/s en el resto del año.
Como puede apreciarse, cuando el Ministerio autorizó el
permiso de concesión de aguas, para el trasvase del río
Guarinó, lo hizo teniendo en cuenta en primera instancia los
requerimientos necesarios para consumo humano, para
abrevaderos, para garantizar la vida acuática, para riego,
para minería y pesca, y respetando las concesiones que
actualmente están otorgadas sobre el río. Solo una vez
establecidos los requerimientos de agua para dichos
usos, se autorizó el permiso de concesión, para el
transvase, teniendo en cuenta un caudal promedio de
28.17 m3/s en el sitio de desviación.
Lo que sí se considera necesario, es aclarar el numeral 1 del
artículo cuarto de la Resolución 0359 de marzo 25 de 2004,
teniendo como base que se requiere garantizar caudales
de conservación o remanentes a dejar aguas abajo del
sitio de desviación del río Guarinó al río La Miel de 17.3
m3/s durante los meses secos y de subienda (enero,
febrero, marzo, julio, agosto y septiembre) y 10.5 m3/s
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durante los meses húmedos (abril, mayo, junio, octubre,
noviembre y diciembre), siempre y cuando los caudales
remanentes registrados en el sitio de desvío sean mayores a
los caudales remanentes establecidos, de lo contrario se
deberá garantizar que los caudales naturales retomen al río
Guarinó aguas debajo de la estructura de desvío y derivación.
Esta aclaración se hace necesaria, dado que en la Resolución
0359, el caudal requerido para los mese secos fue de 15.8
m3/s, y no de 17.3.
Finalmente, es necesario resaltar que este Ministerio
requirió a la empresa garantizar un caudal máximo de
18.3 m3/s, en el sitio de desviación, teniendo en cuenta
posibles desarrollos futuros de sistemas de riego o
riegos tecnificados, que puedan darse en el área. Este 1
m3/s que corresponde al faltante en caso de darse un
desarrollo del 100% del potencial agropecuario del área aguas
debajo del trasvase, es adicional a los 1.5 m3/s establecidos
actualmente de uso para riego y en general desarrollos
agropecuarios. […]”.23
De manera que si bien es cierto que cuando se otorgó la licencia
ambiental para la construcción y operación del trasvase del río
Guarinó al río La Miel no se había expedido el Plan de ordenamiento
de la cuenca de ese río, también lo es que, previo a su otorgamiento,
la entidad demandada le dio prelación al uso del agua para el
consumo humano; tuvo en cuenta los requerimientos necesarios para
ello, para abrevaderos, garantizar la vida acuática, riego, minería y
pesca, y respetando las concesiones que estaban otorgadas al río; y
buscó garantizar un caudal promedio de 28m3/s y caudales de
conservación o remanentes a dejar aguas abajo del sitio de
23
Folios 333 a 335.
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desviación del río Guarinó al río La Miel, para garantizar los consumos
de los usuarios localizados aguas abajo del proyecto, en orden a
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el
aprovechamiento económico de los recursos renovables y la
conservación de los recursos hídricos de la cuenca del río en
mención24, dándole importancia, en especial, al principio según el
cual “en la utilización de los recursos hídricos, el consumo
humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso”.
Así las cosas, la Sala considera que la entidad demandada al otorgar
la licencia ambiental, objeto de estudio, no desconoció lo dispuesto
en la Agenda 21 y en el Decreto 1729, en relación con la ordenación
de la cuenca hidrográfica y la prioridad en el uso del agua para el
consumo humano.
En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
El segundo cargo es el relativo a que al otorgar licencia ambiental
para la construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
24
De conformidad con el artículo 4° del Decreto 1729, “[…] la ordenación de una cuenca tiene por objeto
principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera
que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de
tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus
recursos hídricos […]”.
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Miel, objeto de estudio, la entidad demandada violó el artículo 1º,
numeral 5, de la Ley 99, pues en la utilización de los recursos hídricos
el consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso.
Al respecto, el artículo 1º, numeral 5, de la Ley 99, es del siguiente
tenor:
“[…] ARTÍCULO 1o. Principios Generales Ambientales. La
política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios
generales:
[…]
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo
humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. […]”.
(Destacado fuera de texto).
Sobre esta censura, es del caso señalar que el mismo guarda
similitud con lo analizado en el anterior cargo respecto del principio
previsto en el artículo 4º, numeral 3, del Decreto 1729, toda vez que
ambos principios establecen que “en la utilización de los recursos
hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier
otro uso”.
Por lo tanto, la Sala reitera, lo analizado respecto de dicho aspecto
del cargo anterior, en el sentido de que dentro del proceso de
evaluación para autorizar la licencia ambiental, la entidad demandada
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sí le dio prioridad al uso del agua para el consumo humano, en la
utilización de los recursos hídricos; es decir, observó el cumplimiento
al principio previsto en el artículo 1º, numeral 5, de la Ley 99; tuvo
en cuenta los requerimientos necesarios para garantizar el consumo
de agua, para abrevaderos, garantizar la vida acuática, riego, minería
y pesca, respetando las concesiones que estaban otorgadas al río; y
garantizó caudales de conservación o remanentes a dejar aguas
abajo del sitio de desviación del río Guarinó al río La Miel, en orden a
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el
aprovechamiento económico de los recursos renovables y la
conservación de los recursos hídricos de la cuenca del río en mención.
Al efecto, es del caso traer a colación nuevamente los siguientes
apartes de las resoluciones núms. 0359 de 2004 y 0684 de
2006 demandadas, los cuales ponen de manifiesto que la entidad
demandada en el cumplimiento del citado principio ambiental, -de
darle prioridad al consumo humano del agua en la utilización de los
recursos hídricos-, en el proceso de previo a otorgar la licencia
ambiental, objeto de estudio, tuvo en cuenta un caudal promedio de
28.17 m3/s en el sitio de desviación para garantizar los consumos de
los usuarios localizados aguas abajo del proyecto; buscó garantizar
caudales de conservación o remanentes a dejar aguas abajo del sitio
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de desviación del río Guarinó al río La Miel de 17.3 m3/s durante los
meses secos y de subienda; 10.5 m3/s durante los meses húmedos;
y un caudal máximo de 18.3 m3/s, en el sitio de desviación, en
consideración a posibles desarrollos futuros de sistemas de riego o
riegos tecnificados, que puedan darse en el área, de acuerdo con la
demanda potencial para riego del área agropecuaria en la zona de
influencia del río Guarinó aguas abajo del sitio de trasvase, en los
siguientes términos:
En la Resolución núm. 0359 de 2004 acusada se señaló:
“ […]
RESUELVE
ARTÍCULO CUARTO.- La licencia ambiental otorgada a la
empresa HIDRAMIEL S.A. E.S.P., lleva implícito el uso,
aprovechamiento o afectación de los siguientes recursos
naturales renovables:
1) CONCESIÓN DE AGUA: Se autoriza la concesión de
aguas del río Guarinó para el trasvase del mismo al río
La Miel, en un caudal promedio de 28 m3/s. Los
caudales de conservación o remanentes a dejar aguas
abajo del sitio de desviación del río Guarinó al río La
Miel, serán 15.8 m3/s durante los meses secos y de
subienda (enero, febrero, marzo, julio, agosto y septiembre)
y 10.5 m3/s durante los meses húmedos (abril, mayo,
junio, octubre, noviembre y diciembre).
La bocatoma se localizará a 578 msnm y se diseño en forma
de herradura de para recta con un diámetro de excavación de
4.20 m, incluyendo una solera de concreto de 0.20 m de
espesor, con lo cual la altura efectiva del túnel es de 4.00m y
su ancho es de 4.20m.
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El sistema de captación para el suministro del caudal
remanente a dejar aguas abajo del sitio de desviación
deberá garantizar un caudal máximo de 18.3 m3/s, en
consideración a posibles desarrollos futuros de distritos
de riego, que de acuerdo con la demanda potencial para
riego del área Agropecuaria en la zona de influencia del
río Guarinó aguas abajo del sitio de trasvase, numeral
5.2.6.2. “Demandas actuales y Potenciales del Recurso
Hídrico”, contenidas en el documento “Actualización del Plan
de Manejo Ambiental”, Hidromiel, noviembre de 2003. Para
un 100% de la demanda potencial el caudal asociado
corresponde a 2.5 m/s.
El uso de las aguas es para generación energética y se otorga
por el término de duración del proyecto.
[…]
ARTÍCULO NOVENO.- Si debido a la construcción
y/operación del túnel, se presenta abatimiento temporal de
algunas fuentes localizadas en la zona del túnel de
conducción, la Empresa HIDROMIEL S.A. E.S.P. deberá, como
solventación de la contingencia, garantizar el suministro
de agua a las comunidades que puedan ser afectadas
hasta que se restablezcan las condiciones del
suministro. […]”.25 (Destacado fuera de texto).
Y en la Resolución núm. 0684 de 2006 demandada se expresó lo
siguiente:
“[…] Como puede apreciarse, cuando el Ministerio autorizó el
permiso de concesión de aguas, para el trasvase del río
Guarinó, lo hizo teniendo en cuenta en primera instancia los
requerimientos necesarios para consumo humano, para
abrevaderos, para garantizar la vida acuática, para riego,
para minería y pesca, y respetando las concesiones que
actualmente están otorgadas sobre el río. Solo una vez
establecidos los requerimientos de agua para dichos
usos, se autorizó el permiso de concesión, para el
25
Folios 217 a 218, 244 y 248.
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transvase, teniendo en cuenta un caudal promedio de
28.17 m3/s en el sitio de desviación.
Lo que sí se considera necesario, es aclarar el numeral 1 del
artículo cuarto de la Resolución 0359 de marzo 25 de 2004,
teniendo como base que se requiere garantizar caudales
de conservación o remanentes a dejar aguas abajo del
sitio de desviación del río Guarinó al río La Miel de 17.3
m3/s durante los meses secos y de subienda (enero,
febrero, marzo, julo, agosto y septiembre) y 10.5 m3/s
durante los meses húmedos (abril, mayo, junio, octubre,
noviembre y diciembre), siempre y cuando los caudales
remanentes registrados en el sitio de desvío sean mayores a
los caudales remanentes establecidos, de lo contrario se
deberá garantizar que los caudales naturales retomen al río
Guarinó aguas debajo de la estructura de desvío y derivación.
Esta aclaración se hace necesaria, dado que en la Resolución
0359, el caudal requerido para los mese secos fue de 15.8
m3/s, y no de 17.3.
Finalmente, es necesario resaltar que este Ministerio
requirió a la empresa garantizar un caudal máximo de
18.3 m3/s, en el sitio de desviación, teniendo en cuenta
posibles desarrollos futuros de sistemas de riego o
riegos tecnificados, que puedan darse en el área. Este 1
m3/s que corresponde al faltante en caso de darse un
desarrollo del 100% del potencial agropecuario del área aguas
debajo del trasvase, es adicional a los 1.5 m3/s establecidos
actualmente de uso para riego y en general desarrollos
agropecuarios.
[…]
RESUELVE
[…]
ARTÍCULO SEXTO.- MODIFICAR Y ACLARAR el numeral 1
del artículo CUARTO de la Resolución 0359 de 2004,
mediante la cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de
construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
Miel, en el Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a
la Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, según lo indicado en la parte considerativa de esta
Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO CUARTO.- La licencia ambiental otorgada a la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P. lleva implícito el uso
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aprovechamiento o afectación de los siguientes recursos
renovables.
“1) CONCESIÓN DE AGUAS: Se autoriza el permiso de
concesión de aguas para el trasvase el río Guarinó, teniendo
en cuenta un caudal promedio de 28.7 m3/s en el sitio
de desviación, garantizando caudales de conservación o
remanentes a dejar aguas abajo del sitio de desviación
del río Guarinó al río La Miel de 17.3 m3/s durante los
meses secos y de subienda (enero, febrero, marzo, julo,
agosto y septiembre) y 10.5 m3/s durante los meses
húmedos (abril, mayo, junio, octubre, noviembre y
diciembre), siempre y cuando los caudales remanentes
registrados en el sitio de desvío sean mayores a los
caudales remanentes establecidos, de lo contrario se
deberá garantizar que los caudales naturales registrados en el
sitio de desvío sean mayores a los caudales establecidos, de
lo contrario se deberá garantizar que los caudales naturales
retomen al río Guarinó aguas abajo de la estructura de desvío
y derivación.
“La bocatoma se localizará a 578 msnm y se diseñó en forma
de herradura de pata recta con un diámetro de excavación de
4.20 m, incluyendo una solera de concreto de 0.20 de
espesor, con lo cual la altura efectiva del túnel es de 4.00 m y
su ancho
es de 4.20 m.
“El sistema de captación para el suministro del caudal
remanente a dejar aguas abajo del sitio de desviación
deberá garantizar un caudal máximo de 18.3 m3/s, en
consideración a posibles desarrollos futuros de sistemas de
riego, que de acuerdo con la demanda potencial para riego del
área Agropecuaria en la zona de influencia del río Guarinó
aguas bajo del sitio de trasvase, numeral 5.2.6.2 “Demandas
Actuales y Potenciales del Recurso Hídrico”, contenidas en el
documento “Actualización del Plan de Manejo Ambiental”,
Hidromiel, noviembre de 2003; para un 100 % de la demanda
potencial el caudal asociado corresponde a 1 m3/s adicional a
los 1.5 m3/s de uso actual para riego. Para lo anterior, y ante
la futura implementación de distritos y/o sistemas de riego
debidamente sustentados técnicamente, se deberá acceder al
suministro de caudales faltantes requeridos, con base en un
análisis actualizado en su momento de oferta-demanda
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hídrica aguas abajo del trasvase”.26 […]” (Destacado fuera de
texto).
Además de lo anterior, se observa que en la Resolución núm. 0359
de 2004, acusada, en su artículo sexto, numerales 14, 18 y 19,
respectivamente, se ordenó a la empresa (beneficiaria de la licencia
ambiental) cumplir con las obligaciones de: instalar una estación
limnigráfica, en un sitio representativo aguas debajo de la descarga
de caudal remanente; presentar reportes semanales durante la
operación y mensuales en la construcción; y un monitoreo de calidad
del agua en los ríos Guarinó y La Miel, con el fin de contar con un
control preciso que permitiera evidenciar el cumplimiento por parte
de la empresa de garantizar el caudal remanente establecido, así:
“[…] ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa
HIDRAMIEL S.A. E.S.P. al cumplimiento de las
siguientes obligaciones contenidas en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado por la empresa, el Plan
de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones :
[…]
14. Monitoreo calidad de aguas en el río Guarinó
[…]
26
Folios 333 a 335 y 353 vuelto a 354.
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18. Instalar una estación limnigráfica, en un sitio
representativo aguas debajo de la descarga de caudal
remanente. Igualmente deberá presentar reportes
semanales durante la operación y mensuales durante la
construcción. Dado que ya se tienen instaladas estaciones
limnigráficas en Puente Victoria, El Portento y Puente
Carretera, de estas estaciones, también deberá presentar
reportes semanales durante operación y mensuales durante
construcción. La anterior información se deberá consolidar en
los respectivos informes ambientales.
19. Monitoreo de calidad del agua en el río La Miel. […]”
(Destacado fuera de texto).
Lo anterior evidencia que los actos acusados contienen elementos
necesarios para garantizar el consumo humano de agua; para
establecer el caudal necesario a fin de lograr dicho consumo; y evitar
una pérdida de ese caudal o que se presenten afectaciones sobre la
oferta hídrica del río Guarinó.
Por tal razón, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.
En lo concerniente al tercer cargo, según el cual se desconoció la
presencia de la etnia afrodescendiente que ocupa las poblaciones de
El Chochal y el Llano de Victoria, en el Municipio de Victoria, esto es,
a las comunidades negras establecidas y registradas en La Dorada
(en el área de influencia), cuyos habitantes ya habían sido
desplazados por el proyecto de la Hidroeléctrica Porce II, la Sala debe
señalar que no le asiste razón a la actora pues, por el contrario, los
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actos acusados ponen de presente que sí se analizó este aspecto, al
punto que en la Resolución núm. 0684 de 2006 acusada se concluyó
que no existen comunidades étnicas (indígenas o negras) con las cuales
deba adelantarse un proceso de consulta previa, de acuerdo con la
normatividad vigente, para la época de los hechos, con fundamento en las
siguientes razones:
“[…] En cuanto a la presencia de comunidades negras en el
área de influencia del proyecto, y ante la afirmación de
diferentes actores regionales en el sentido de que este
Ministerio debió requerir a la empresa para que adelantara un
proceso de consulta previa con dichas comunidades, se
consideró necesario abrir pruebas que permitieran aclaras las
dudas manifestadas al respecto.
“Para el efecto se revisaron los siguientes documentos:
• “Plan de Gestión Ambiental Regional de CORPOCALDAS
• “Agenda para la Gestión Ambienta del Municipio de Victoria
• “Plan de Desarrollo Departamental. Primero Caldas 100 años:
CON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO.
• “Esquema de Ordenamiento Territorial. Victoria, Caldas.
“Solo en los dos primeros documentos se hace referencia a la
actividad de minería de aluvión, asociada a comunidades
negras, así:
-“En el Plan de Gestión Ambiental Regional de CORPOCALDAS,
en el cuadro “Potencial Minero de Caldas, para la región
Oriente” (En la cuales se localiza el municipio de Victoria)
se relacionan como hidrotermales oro, plata, plomo, zinc,
cobre y pirita y como depósitos de aluvión oro y plata, y de
manera más concreta, en el “Cuadro Manifestaciones mineras
en la región Oriente” (Pág. 112), se relacionan para Victoria
minas de mármol y arenales del Llano y en cuanto a oro de
aluvión se relacionan los ríos Manso, La Miel, Samaná Sur y
Dulce (no se incluye el Guarinó).
• “Por su parte, en la Agenda para la Gestión Ambiental del
Municipio de Victoria se consigna lo siguiente: “La actividad
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minera en torno al oro se encuentra limitada a explotaciones
ocasionales en diferentes sitios como vereda El Llano sobre la
Quebrada Casanguilla, cerca al ligar donde funciona la mina
de oro La Arenera, quebrada Pomponá en Isaza, río Purnio en
El Gigante y en el sector de La Palmera.” (Pág. 53)
“En relación con la presencia de comunidades negras en las
veredas El Llano y El Chochal del municipio de Victoria, se
realizó una inspección conjunta con la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia, en la cual se constató que
la vereda El Chochal, localizada a orillas del río Purnio,
no se encuentra dentro del área de influencia del
proyecto y que, según manifestaciones de sus
pobladores, no adelantan ninguna actividad minera ni
de otra índole en el río Guarinó. Por su parte, las familias
afro colombianas asentadas en la vereda El Llano,
pertenecientes a un mismo tronco familiar y
provenientes del área del proyecto Porce II, en donde
ejercían su actividad minera ya fueron indemnizadas,
no reúnen los requisitos contemplados en la Ley 70 de
1993 y en sus decretos reglamentarios para efectos de
ser consideradas beneficiarias de la misma y en
consecuencia, ser sujeto y objeto de consulta previa a
propósito del proyecto Trasvase del río Guarinó al río La
Miel, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1320 de
1998.
“En efecto, la Ley 70 en su artículo 1 señala: “La presente ley
tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han
venido ocupando tierras baldías en las zonas ribereñas de los
ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva,… De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1º del
Artículo Transitorios 55 de la Constitución Política, esta ley se
aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que
han venido siendo ocupadas por comunidades negras que
tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas
del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta
ley”.
“Como resultado de esta visita, la Dirección de Etnias
del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio
OF105-10443-DET-1000, del 9 de agosto de 2005, con
radicación en este Ministerio 4120-E1-71969 de 18 de
agosto de 2005, informó que revisada la base de datos
de inscripción de organizaciones de base de
comunidades negras, no se registra presencia de estas
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comunidades en el Municipio de Victoria- Caldas. Que
las comunidades de las veredas El Chochal y El Llano,
son comunidades negras, pero con base en la Sentencia
del 11 de marzo de 2004, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable
Consejo de Estado, mediante la que se resolvió la
demanda de nulidad del Decreto 2248 de 1995, estas
comunidades no serían beneficiarias de Ley 70 de 1993.
“De igual manera, las organizaciones Asociación
Afrocaldense Cimarrón- La Dorada, y Asociación de
Mujeres Cimarrón- La Dorada, a que hace referencia la
recurrente, tampoco reúnen los requisitos
contemplados en las normas para ser consideradas
sujeto y objeto de consulta previa a propósito del
Proyecto Trasvase del río Guarinó al río La Miel.
“Así las cosas, queda claro que para el desarrollo de las
diferentes fases del proyecto Trasvase del río Guarinó
al río La Miel, incluida la elaboración del Estudio del
Impacto Ambiental, no existen comunidades étnicas
(indígenas o negras) con las cuales deba adelantarse
un proceso de consulta previa, de acuerdo con la
normatividad vigente […]
Se trata entonces, de precisar que de acuerdo con la
certificación expedida por el Ministerio del Interior y de
Justicia, respecto de comunidades afrocolombianas no
se encontraron en el área de influencia directa del
proyecto, dichos grupos humanos respecto de los
cuales se pudieran llegar a cumplir con los
requerimientos contenidos en la Ley 70 de 1993. […]”.
(Destacado fuera de texto).
Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 11 de
marzo de 200427, en la que se señaló que el concepto de
“comunidades negras”, atendiendo el parágrafo 1 del artículo 55
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo
de 2004, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, núm. único de radicación 1101-03-24-000-2003-00083-
01(8797).
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transitorio de la Constitución, no se circunscribe a aquellas que
ocupan las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido de la
Cuenca del Pacífico, sino que incluye otras zonas del país, que no
estaban previstas en el referido artículo Transitorio constitucional y en
la Ley 70 de 1993, siempre y cuando cumplan los requisitos
expresados el artículo 55 de la Constitución Política y la Ley 70
de 1993, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción y el derecho a la propiedad colectiva, y se les haya
dado concepto favorable de parte de la Comisión de Alto Nivel
de Comunidades Negras, en los siguientes términos:
“[…] El cargo central de la demanda que se estudia está
relacionado con la violación por parte del Gobierno Nacional
del artículo 55 Transitorio de la Constitución Política y de la
Ley 70 de 1993 al haber desconocido la discriminación
positiva que allí se consagraba y, en consecuencia, haber
hecho extensivo a todas las personas de la raza negra los
derechos especiales que el demandante consideraba
reservados a la comunidad negra.
Es decir, se plantea si la norma constitucional mencionada y
la Ley 70 de 1993 circunscribieron o no el concepto de etnia a
los habitantes de una zona geográfica específica: la de la
Cuenca del Pacífico, para concluir si el Decreto que se
demanda hizo un Registro indiscriminado de comunidades
negras desconociendo el ámbito que trazaron las normas
citadas.
[…]
A su vez, la Constitución Política consagra en el artículo
Transitorio 55:
“Artículo Transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a
la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso
expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que
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el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a
la comunidades negras que han venido ocupando tierras
baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la
misma ley.
En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán
participación en cada caso representantes elegidos por las
comunidades involucradas.
La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los
términos que señale la ley.
La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la
identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para
el fomento de su desarrollo económico y social.
Parágrafo 1. Lo dispuesto en el presente artículo podrá
aplicarse a otras zonas del país que presenten similares
condiciones, por el mismo procedimiento y previos
estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí
prevista.
Parágrafo 2. Si al vencimiento del término señalado en este
artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se
refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis
meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley”.
En virtud de este mandato constitucional, el Congreso expidió la
Ley 70 de 1993 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio
55 de la Constitución Política”, en cuyo artículo primero se
dijo:
“ARTICULO 1. La presente ley tiene por objeto
reconocer a las comunidades negras que han venido
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas
de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la
propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito
establecer mecanismos para la protección de la identidad
cultural y de los derechos de las comunidades negras de
Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo
económico y social, con el fin de garantizar que estas
comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de
oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
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De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del
artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta
ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y
ribereñas que han venido siendo ocupadas por
comunidades negras que tengan prácticas tradicionales
de producción en otras zonas del país y cumplan con
los requisitos establecidos en esta ley.
[…]
El Decreto 2248 de 1995 que se demanda, por el cual se
subroga el Decreto 1371 de 1994, fue expedido por el
Presidente de la República en virtud de las facultades que le
confieren los artículos 189, numeral 11, de la Constitución
Política y 45 de la Ley 70 de 1993.
El artículo 45 de la citada ley dispone:
“ARTICULO 45. El Gobierno Nacional conformará una
Comisión Consultiva de alto nivel, con la participación de
representantes de las comunidades negras de Antioquia,
Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Costa Atlántica y demás regiones
del país a que se refiere esta ley y de raizales de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, para el seguimiento de lo
dispuesto en la presente ley”.
En el decreto demandado se integra la Comisión Consultiva de
alto nivel a que hace referencia el artículo anterior en la cual se
incluyeron representantes de Risaralda y Distrito Capital, que
no estaban contemplados expresamente en la ley ni en el
artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Pero,
atendido el parágrafo 1 del artículo 55 transitorio la Sala
encuentra que dicho texto amplía el concepto
suministrado a otras zonas del país, siempre y cuando
presenten similares condiciones y se les haya dado
concepto favorable de parte de la Comisión de Alto Nivel
de Comunidades Negras, por lo que la inclusión de zonas
en los departamentos citados será contraria al
ordenamiento jurídico siempre y cuando se pruebe que
no reúnen las condiciones anotadas.
Como quedó establecido, el concepto de “comunidades
negras” para efecto de lo reglamentado no se restringe
a lo previsto en el artículo Transitorio constitucional y a
la Ley 70 de 1993, pues es el mismo parágrafo 1° de la
norma constitucional el que permite referenciar a otras
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zonas del país, siempre y cuando se cumplan los
requisitos allí expresados y, por lo tanto, el argumento de
que no puede ampliarse a todas las personas de color en
forma indiscriminada no sirve por sí solo para declarar la
inconformidad de la norma demandada con la legalidad.
Para que se pueda concluir que el Decreto 2248 de 1995
desvirtúa la filosofía plasmada en la Constitución Política y
desarrollada por la Ley 70 de 1993 al ampliar el ámbito del
concepto de “comunidad negra” trazado en el texto
constitucional y en la Ley 70, es decir, que solo se debió
tener en cuenta el referente a las comunidades negras que
han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales
ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico en la expedición
del Decreto demandado, resultaba menester probar que esas
otras zonas no podían ser incluidas dentro del contexto de “
comunidades negras” por no reunir los requisitos de que
tratan la norma constitucional y legal mencionadas como
violadas en la demanda, aspecto éste huérfano de prueba
dentro de esta actuación.
Finalmente, si bien se está incluyendo en el acto acusado
representación de Risaralda y Distrito Capital, y que la parte
actora no demostró que la inclusión de esas regiones estuviera
contra la ley, no es menos cierto que las autoridades solo
podrán otorgar beneficios y prerrogativas a las
comunidades negras, siempre y cuando se cumplan los
términos que marcan el artículo 55 de la Constitución
Política y la Ley 70 de 1993. […]”. (Destacado fuera de
texto).
De acuerdo con lo anterior, se observa que ciertamente el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial demandado no desconoció
la presencia de la etnia afrodescendiente, toda vez que procedió a
verificarla, para lo cual procedió a revisar los documentos antes
referidos y se realizó una inspección en conjunto con la Dirección de
Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia.
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En efecto, la mencionada entidad demandada comprobó, de una parte,
que no se registra presencia de esas comunidades en el Municipio de
Victoria, Caldas; y, de la otra, que las comunidades negras de las
veredas El Chochal no se encuentran dentro del área de influencia del
proyecto y no adelantan ninguna actividad minera ni de otra índole
en el río Guarinó; y que las comunidades asentadas en la vereda El
Llano no reúnen los requisitos antes señalados en la Ley 70 de 1993 y
sus decretos reglamentarios para ser consideradas dentro del concepto
de comunidades negras, conforme lo señaló la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio OF105-10443-
DET-1000 de 9 de agosto de 2005, luego de realizar visita.
Ahora, en cuanto a la consulta previa de las comunidades
afrodescendientes e indígenas y el presupuesto clave para la
activación del deber de consulta previa, en la sentencia de 28 de
octubre de 202128, la Sección precisó que esta procede cuando
existe evidencia razonable de que una medida es susceptible
de afectar directamente a un pueblo indígena o a una
comunidad afrodescendiente, sobre las condiciones sociales,
económicas, ambientales o culturales que constituyen la base
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de octubre de 2021, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, núm. 11001-03-15-000-2021-03407-01 (AC).
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de la cohesión social de una determinada comunidad étnica.
Así discurrió la Sala en la citada sentencia:
“[…] 7.1. Para determinar qué debe consultarse a las
comunidades étnicas la jurisprudencia constitucional ha
indicado29, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y
con los desarrollos del derecho internacional, que deben
consultarse las medidas legislativas o administrativas que
tengan la susceptibilidad de impactar directamente a los
pueblos étnicos. El presupuesto clave para la activación
del deber de consulta previa es entonces que una
determinada medida sea susceptible de afectar
directamente a un pueblo étnico. Por economía de
lenguaje suele hablarse del concepto de “afectación
directa”30, que si bien es un concepto indeterminado, no
significa que carezca de contenido, pues ha sido delimitado
por el Convenio 169 de la OIT, por la legislación interna, y por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte IDH.
7.2. La jurisprudencia constitucional, en armonía con el
derecho internacional, ha definido la afectación directa
como el impacto positivo31 o negativo32 que puede
tener una medida sobre las condiciones sociales,
económicas, ambientales o culturales que constituyen
la base de la cohesión social de una determinada
comunidad étnica33. Procede entonces la consulta
previa cuando existe evidencia razonable de que una
medida es susceptible de afectar directamente a un
pueblo indígena o a una comunidad afro descendiente.
7.3. La Corte ha explicado que, entre otros, existe
afectación directa a las minorías étnicas cuando: (i) se
perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en
29
Cita del texto original: “Corte Constitucional Sentencia T-236 de 2017. Pueden además consultarse las
decisiones SU-383 de 2003, C-030 de 2008, C-075 de 2009, C-175 de 2009, T-661 de 2015, T-226 de
2016, T-080 de 2017 y SU-217 de 2017”.
30
Cita del texto original: “Corte Constitucional Sentencia SU-217 de 2017”.
31
Cita del texto original: “Un ejemplo del impacto positivo de una afectación directa se estudió en la
sentencia T-201 de 2017 en el que se demandó la procedencia de la consulta previa para la ejecución de
los programas de alimentación en el Consejo comunitario de negritudes Julio Cesar Altamar”.
32
Cita del texto original: “Dentro de los casos de afectación directa por un impacto negativo se puede
citar, entre otras, la sentencia T-704 de 2016 que estudió la procedencia de la consulta previa en el caso
del pueblo Media Luna Dos por la ampliación del puerto de la empresa Cerrejón”.
33
Cita del texto original: “Corte Constitucional. Sentencias T 733/2017, T 236/2017, T 080/2017, SU
217/2017”.
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salud y ocupacionales34; (ii) existe un impacto sobre las
fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la
minoría étnica35; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los
que se deriva el sustento36 y (iv) se produce un
reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su
territorio37. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta
previa también procede (v) cuando una política, plan o
proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los
pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente
a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se
imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de
tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica;
(viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la
identidad o cultura del pueblo concernido […]”.38 (Resaltado
por la Sala) […]” (Destacado fuera de texto).
Y en lo concerniente a la posición de esta Sala, en torno a la
consulta previa y las medidas administrativas susceptibles de
afectar directamente a las comunidades étnicas, la sentencia de
26 de septiembre de 201939 puntualizó, con fundamento en la
sentencia C-175 de 2009 de la Corte Constitucional, que el derecho
de consulta previa resulta exigible cuandoquiera que las medidas
administrativas o legislativas a adoptarse afecten directamente a las
comunidades indígenas, esto es, cuando inciden razonable y
objetivamente en la definición de identidad étnica de dicha
población, en los siguientes términos:
34
Cita del texto original: “Sentencia T-1045A de 2010, T-256 de 2015 y SU-133 de 2017”.
35
Cita del texto original: “Sentencia T-733 de 2017”.
36
Cita del texto original: “Sentencia T-1045A de 2010”.
37
Cita del texto original: “Sentencia T-256 de 2015”.
38
Corte Constitucional, sentencia SU-123 de 15 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y
Rodrigo Uprimny Yepes.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
septiembre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación11001-03-24-000-2005-
00380-00.
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“[…] En este sentido, en el análisis que de este mecanismo de
concertación efectuó esta Sala en la pluricitada providencia de
2 de diciembre de 201040, quedó fijada su posición en torno a
la consulta previa, el que ahora se prohíja así:
“[…] En primer lugar, la Sala advierte que pese a que la
sentencia antes citada hace referencia únicamente a las
medidas legislativas, guardando silencio acerca de las
medidas administrativas susceptibles de afectar
directamente a los comunidades indígenas, lo dicho
sobre las primeras resulta plenamente aplicable a las
segundas, más aún porque tratándose de proyectos de
ley el criterio de interpretación del derecho de consulta
previa a los pueblos indígenas, es indudablemente más
estricto que aquel que pudiera aplicarse respecto de las
medidas administrativas, dadas las notorias diferencias
de alcance y fuerza vinculante entre una y otra.
Ahora bien, según se desprende de la sentencia C-175 de
2009, el derecho de consulta previa resulta exigible
cuando quiera que las medidas legislativas o
administrativas a adoptarse afecten directamente a las
comunidades indígenas, esto es, cuando inciden
razonable y objetivamente en la definición de identidad
étnica de dicha población. La Corte Constitucional, incluso,
advierte que no puede alegarse la violación de tal derecho en
aquellos casos en los que la medida a adoptarse “(…) no
pueda predicarse de forma particular a los pueblos indígenas
y tribales”. […]” (Destacado fuera de texto).
La Corte Constitucional, en sentencia C-175 de 200941, señaló que
para acreditar la exigencia de la consulta previa debe determinarse si
la materia de la medida legislativa o administrativa tiene un vínculo
40
Cit., sentencia de 2 de diciembre de 2010, número único de radicado 11001-03-24-000-2004-00214-
00, Consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
41
Corte Constitucional, sentencia C-175 de 18 de marzo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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necesario con la definición del ethos o de la identidad étnica de las
comunidades indígenas y afrodescendientes.
Además, la citada sentencia expresó que no se advierte la violación al
derecho a la consulta previa en aquellos casos en los que la medida
administrativa a adoptarse no pueda predicarse de forma particular a
esas comunidades, en los siguientes términos:
“[…] En este sentido, en el análisis que de este mecanismo de
concertación efectuó esta Sala en la pluricitada providencia de
2 de diciembre de 201042, quedó fijada su posición en torno a
la consulta previa, el que ahora se prohíja así:
“[…] En primer lugar, la Sala advierte que pese a que la
sentencia antes citada hace referencia únicamente a las
medidas legislativas, guardando silencio acerca de las
medidas administrativas susceptibles de afectar
directamente a los comunidades indígenas, lo dicho
sobre las primeras resulta plenamente aplicable a las
segundas, más aún porque tratándose de proyectos de
ley el criterio de interpretación del derecho de consulta
previa a los pueblos indígenas, es indudablemente más
estricto que aquel que pudiera aplicarse respecto de las
medidas administrativas, dadas las notorias diferencias
de alcance y fuerza vinculante entre una y otra.
Ahora bien, según se desprende de la sentencia C-175 de
2009, el derecho de consulta previa resulta exigible
cuando quiera que las medidas legislativas o
administrativas a adoptarse afecten directamente a las
comunidades indígenas, esto es, cuando inciden
razonable y objetivamente en la definición de identidad
étnica de dicha población. La Corte Constitucional,
incluso, advierte que no puede alegarse la violación de
tal derecho en aquellos casos en los que la medida a
42
Cit., sentencia de 2 de diciembre de 2010, número único de radicado 11001-03-24-000-2004-00214-
00, Consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
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adoptarse “(…) no pueda predicarse de forma
particular a los pueblos indígenas y tribales”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que
para adoptar la medida transitoria contenida en el
artículo 6º del Acuerdo 258 de 2004, el Ministerio de la
Protección Social no estaba obligado a consultar
previamente a las comunidades indígenas, de un lado,
porque dicha medida tenía un carácter transitorio
plenamente justificado y, al no alterar el procedimiento
de escogencia de ARS, no afectaba la identidad étnica
de dichas comunidades y, de otra parte, porque no se
trata de una medida que se predique en forma
particular de las comunidades indígenas, puesto que el
Acuerdo 258 de 2004 tiene carácter general y se aplica
a todos los afiliados al régimen subsidiado de seguridad
social en salud […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En el presente caso, cabe señalar que además de que las
comunidades asentadas en la zona de influencia del proyecto, objeto de
la licencia ambiental para la construcción y operación del trasvase del
río Guarinó al río La Miel, a ISAGEN S.A. E.S.P., no reúnen los
requisitos antes indicados de la Ley 70 de 1993 y sus decretos
reglamentarios para ser consideradas dentro del concepto de
comunidades negras, la parte actora tampoco acreditó que con la
decisión de conceder dicha licencia ambiental se haya afectado
directamente la identidad étnica de esa población, porque no se trata
de una medida que se predique en forma particular a esa comunidad
y, por consiguiente no se advierte la violación al derecho a la consulta
previa.
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Así las cosas, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
El cuarto cargo consiste en que no se dio cumplimiento al principio
de precaución, señalado en el artículo 1º, numeral 6, de la Ley 99,
al expedir la licencia ambiental, en cuanto el Ministerio demandado
no tuvo certeza científica completa, con estudios confiables, además
de que se ignoraron las advertencias sociales y técnicas hechas sobre
el desabastecimiento de agua para el acueducto de la Dorada del río
Guarinó y las posibles infiltraciones en el túnel del trasvase que
abastece el acueducto del municipio Victoria y la relación hidráulica
entre la Charca de Guarinocito y el río Guarinó.
Al respecto, el artículo 1º, numeral 6, de la Ley 99, es del siguiente
tenor:
“[…] ARTÍCULO 1o. Principios Generales Ambientales. La
política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios
generales:
[…]
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No
obstante, las autoridades ambientales y los particulares
darán aplicación al principio de precaución conforme al
cual, cuando exista peligro de daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente.
[…]” (Destacado fuera de texto).
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En el presente caso, el Ministerio demandado para dar viabilidad y
otorgar la licencia ambiental se basó y tuvo en cuenta, entre otros
estudios43, el Estudio de Impacto Ambiental, presentado por la
empresa beneficiaria mediante oficio HM-DOC.98-00746 de 4 de
agosto de 1998 y complementado por oficio núm. 4120-E1-3702 de
26 de enero de 200444; el Plan de Manejo Ambiental45; y la
“Actualización del Plan de Manejo Ambiental – Proyecto Trasvase río
Guarinó a Miel 1”, elaborado por la Auditoría Ambiental Ltda. en
octubre de 2003, en el cual se valoraron las demandas actuales y
potenciales del recurso hídrico, en lo referente a la demanda de
consumo humano, las demandas para consumo en abrevadero, la
demanda para minería y pesca, la demanda para recreación,
concesiones46, con el objeto de tomar las medidas pertinentes para
prevenir, mitigar y compensar los impactos que se puedan generar en
el medio ambiente, con el proyecto.
En otras palabras, la entidad demandada contó con información
técnica y científica, completa y confiable, con el fin de identificar y
43
“Estudio de Factibilidad Técnica y Económica de la Desviación Baja del río Guarinó a la Cuenca del río
La Miel” (Volumen I a III), “Estudios Complementarios del manejo de sedimentos y efectos sobre el
Ecosistema por la operación de la compuesta del canal de limpia”, “Estudios Ictiológicos e
Hidrobiológicos en los ríos Manso y Guarinó”.
44
Folios 212 vuelto y 214.
45
Artículo sexto de la Resolución núm. 0359 de 2004.
46
Folios 333 vuelto a 335.
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evaluar los impactos ambientales, los cuales le permitieron
determinar y establecer las medidas necesarias para prevenir, mitigar
y compensar los impactos que pueda generar el proyecto.
Asimismo, se tiene que la entidad en mención convocó y adelantó
audiencia pública en 1999, con el objeto de analizar y establecer la
magnitud del impacto ambiental y socio-económico del proyecto, en
la cual participaron varias personas que, entre otras, requirieron el
reconocimiento como terceros intervinientes, y pudieron hacer las
respectivas advertencias sociales y técnicas sobre el proyecto, las
cuales fueron tenidas en cuenta.
En efecto, en la Resolución núm. 0359 de 2006 demandada, en
su Considerando, se indicó:
“[…] Que mediante oficio con radicación de este Ministerio
No.003677 del 18 de marzo de 1997, habitantes de los
municipios de la Dorada y Victoria (departamento de
Caldas); Honda (Tolima) y Puerto Salgar
(Cundinamarca) solicitaron Audiencia Pública
Ambiental con el fin de analizar el impacto ambiental y
socio-económico del proyecto en comento.
Que mediante auto No. 624 del 28 de octubre de 1998, este
Ministerio ordenó la realización de una Audiencia
Pública, respecto al proyecto que nos ocupa.47
47
Este auto se encuentra visible a folio 38 del C. Anexo 1178- Antecedentes Administrativos.
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[…]
Que mediante Edicto del 7 de julio de 1999, este Ministerio
fijó el día viernes 13 de agosto de 1999, como fecha
para la realización de la Audiencia Pública.
[…]
Que mediante oficio con radicado de este Ministerio No. 3113-
1-10023 del 9 de agosto de 2002, la señora Teresita Lasso
Azmequita solicitó ser parte dentro del proceso de
licenciamiento ambiental del proyecto en estudio.
Que mediante Auto No. 853 del 29 de agosto de 2002,
este Ministerio reconoció como tercero interviniente a
la señora Teresita Lasso Azmequita. […]” (Destacado
fuera de texto).
Y en la Resolución núm. 0684 de 2006 acusada, se señaló:
“[…] El Ministerio evaluó los estudios inicialmente
realizados por la empresa. Como resultado de esta
evaluación, requirió de información complementaria. Con las
evaluaciones del Ministerio a la información complementaria
(la cual recogió las manifestaciones e inquietudes
planteadas por la comunidad en la audiencia pública
realizada en el año 1999 en La Dorada) y las
actualizaciones y complementaciones de los diferentes
estudios, se pudo establecer la magnitud de los
impactos a generarse, por lo que este Ministerio requirió a
la empresa modificar y replantear el proyecto, teniendo en
cuenta la necesidad de establecer un caudal ecológico y
remanente que garantizara la supervivencia y
permanencia de la hidrobiota y los diferentes usos,
aguas abajo del sitio del trasvase. […]” (Destacado fuera
de texto).
Además de lo anterior, en aras de demostrar el cumplimiento del
principio de precaución y que el Ministerio demandado contó con los
estudios e información técnica y científica requeridos para establecer
y evaluar los impactos ambientales y tomar las medidas eficaces y
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pertinentes para impedir el daño al medio ambiente, así como para
dar viabilidad a la licencia ambiental, también es del caso traer a
colación los siguientes apartes de la Resolución núm. 0684 de
2006 acusada:
“[…] Cuando se otorgó la Licencia Ambiental para el
proyecto trasvase del río Guarinó al río La Miel, se hizo
con fundamento en estudios que contaron con
metodologías científicamente aceptadas, desde el
punto de vista técnico- ambiental, lo cual permite en
cualquier momento, verificar la información presentada en
cada uno de los estudios.
El Ministerio evaluó los estudios inicialmente realizados
por la empresa. Como resultado de esta evaluación, requirió
de información complementaria. Con las evaluaciones del
Ministerio a la información complementaria (la cual recogió
las manifestaciones e inquietudes planteadas por la
comunidad en la audiencia pública realizada en el año
1999 en La Dorada) y las actualizaciones y
complementaciones de los diferentes estudios, se pudo
establecer la magnitud de los impactos a generarse, por
lo que este Ministerio requirió a la empresa modificar y
replantear el proyecto, teniendo en cuenta la necesidad de
establecer un caudal ecológico y remanente que
garantizara la supervivencia y permanencia de la
hidrobiota y los diferentes usos, aguas abajo del sitio
del trasvase.
La evaluación de los diversos estudios efectuados de
manera científica demostró entre otros aspectos lo
siguiente:
“a. Que no se pondría en riesgo el suministro de agua ni
para consumo humano, ni para otras actividades
propias de las comunidades asentadas en el área de
influencia del proyecto (como ganadería, agricultura,
turismo y recreación).
b. Que no se afectaría la Charca de Guarinocito (se
demostró la no dependencia de este ecosistema del río
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Guarinó), una de las más grandes preocupaciones de la
comunidad (ver respuesta al presente recursos de
reposición, literal B que se refiera a aspectos hidrológicos e
hidráulicos).
c. Que no se pondría en riesgo el componente
hidrológico del río Guarinó, para lo cual se estableció
un caudal ecológico que garantiza una lámina de agua
mínima de 50 cm., a lo largo del río aguas abajo del
trasvase, con lo que se garantiza la permanencia y movilidad
tanto de las especies ícticas que hacen migración en el río,
como del componente hidrobiológico. De otra parte se
garantiza que el área de espejo de agua no sufra una
reducción mayor al 25% respecto al espejo de agua
asociado al caudal medio.
d. Que no se afectarán significativamente ni acuíferos
ni niveles freáticos aguas abajo del sitio de trasvase,
basado en los diferentes estudios hidrogeológicos realizados
[…]
e. Que no se pondrían en riesgo los compontes flora y fauna
silvestre.
f. Una vez se establecieron las medidas de prevención,
mitigación y compensación que este Ministerio
consideró necesarias para un proyecto como este […]
Solo una vez se tuvo la anterior certeza, este Ministerio
consideró viable ambientalmente autorizar la Licencia
Ambiental para el trasvase.48
[…]
Como debidamente se sustentó desde el punto de vista
técnico, con el caudal ecológico establecido, el proyecto
garantiza la movilidad del recurso íctico, aspecto
fundamental para la subienda, la cual como ha sido
demostrado no se lleva a cabo con el fin de desarrollar
aspectos reproductivos por parte de las especies migratorias,
sino con fines de obtención alimentaria. Adicionalmente, es
necesario recordar que se establecieron medidas de
compensación como el repoblamiento, por los efectos que
de todas formas conlleva sobre este recurso, la reducción de
caudales. Igualmente es necesario recordar que en el río
48
Folios 304 a 305.
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Guarinó, la bocatoma del acueducto de La Dorada, se
convirtió en una barrera para la normal migración de las
especies endémicas del mismo y su ictiofauna hace parte de
la ictiofauna del sistema magdalénico.
Igualmente se demostró que con el caudal de
conservación establecido se respetan los
requerimientos de los usuarios aguas abajo. A través del
mismo, contrario a lo afirmado por la recurrente, sí se dio
prioridad al consumo humano y a otros usos antes que al
uso para producción energética, de ahí se deriva la obligación
de dejar un caudal de conservación de 17.3 m3/s para épocas
de verano y de 10.5 m3/s para épocas de invierno. Valga la
pena recordar que incluso se está obligando a la empresa a
modificar los diseños del proyecto, para que en caso de
establecerse a futuro la necesidad de implementar un distrito
de riego o se desarrolle el 100% del potencial agropecuario,
aguas debajo del trasvase, se pueda otorgar 1 m3/s adicional
para suplir las necesidades del mismo.
Es preciso resaltar, que la obligación de realizar el estudio
poblacional del tití gris, no fue un estudio requerido por este
Ministerio para complementar información entregada por la
empresa, supuestamente insuficiente […]; esta fue una
obligación establecida con carácter compensatorio por
la afectación a los recursos, generada por las diferentes
actividades del proyecto. La obligación fue establecida así:
“aunque no se registraron especies en peligro de extensión,
es importante resaltar la presencia del tití gris especie
característica de vegetación riparia, que por su condición
requiere estudios poblacionales, los cuales deberá desarrollar
la empresa, en compensación a la afectación esperada sobre
el ecosistema Guarinó”
En lo referente al estudio de subienda, ya ha sido claramente
sustentado y se han presentado las razones de porqué este
Ministerio accedió a que se desarrollara con posterioridad al
otorgamiento de la Licencia Ambiental.
En cuanto a la charca de Guarinocito, los estudios
realizados demostraron que esta no es alimentada por
el río Guarino sino por el río Magdalena y su propio
acuífero asociado, y en este sentido el Ministerio avala
las metodologías utilizadas. Valga la pena tener en cuenta
el oficio de radicación No.4120-E1-84361, de septiembre 15
de 2003, donde CORPOCALDAS afirma lo siguiente: "como es
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conocido, la Charca de Guarinicito -un cauce
abandonado del río Magdalena, localizado en el Municipio
de La Dorada, es uno de los ecosistemas ambientalmente más
importantes y representativos del departamento del Caldas.
Con base en todo lo anterior, se establece que la
empresa cumplió con la entrega de todos los estudios e
información requeridos y los cuales le permitieron a
este Ministerio tomar una decisión de viabilidad
ambiental. La diversidad de estudios realizados obligó y
así lo requirió el Ministerio a la modificación del
proyecto, hasta lograr establecer el caudal necesario
tanto para garantizar los consumos de los usuarios
localizados aguas abajo del proyecto como para
garantizar la protección de la biota asociada al
ecosistema río Guarinó.49 […]” (Destacado fuera de texto).
Como se puede apreciar, el Ministerio demandado, al evaluar los
estudios realizados por la empresa, pudo establecer la magnitud de
los impactos a generarse; determinar que no se daría afectación a la
Charca de Guarinocito por no ser alimentado por el río Guarinó, así
como tomar las medidas pertinentes para que no se desabasteciera
de agua el río Guarinó, sino para garantizar una oferta hídrica en el
mismo.
Para ello, como se demostró, precedentemente, al resolver los
anteriores cargos, tuvo en cuenta los requerimientos necesarios para
garantizar el consumo humano de agua, para abrevaderos, garantizar
la vida acuática, riego, minería y pesca, respetando las concesiones
49
Folios 331 vuelto a 332.
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que estaban otorgadas al río; buscó garantizar un caudal promedio
de 28m3/s y caudales de conservación o remanentes a dejar aguas
abajo del sitio de desviación del río Guarinó al río La Miel; buscó
garantizar caudales de conservación o remanentes a dejar aguas
abajo del sitio de desviación del río Guarinó al río La Miel de 17.3
m3/s durante los meses secos y de subienda; 10.5 m3/s durante los
meses húmedos; y un caudal máximo de 18.3 m3/s, en el sitio de
desviación, en consideración a posibles desarrollos futuros de
sistemas de riego o riegos tecnificados, que puedan darse en el área,
de acuerdo con la demanda potencial para riego del área
agropecuaria en la zona de influencia del río Guarinó aguas abajo del
sitio de trasvase.
Asimismo, ordenó a la empresa (beneficiaria de la licencia ambiental)
cumplir con las obligaciones de: instalar una estación limnigráfica, en
un sitio representativo aguas debajo de la descarga de caudal
remanente; presentar reportes semanales durante la operación y
mensuales en la construcción; y un monitoreo de calidad del agua en
los ríos Guarinó y La Miel, así como las demás obligaciones señaladas
en los artículos sexto a vigésimo cuarto de la Resolución núm.
0369 de 2004 y artículos sexto a décimo sexto de la Resolución
núm. 0684 de 2006, con el fin de contar con un control preciso que
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permitiera evidenciar el cumplimiento por parte de la empresa de
garantizar el caudal remanente establecido y tomar las medidas
eficaces y pertinentes para impedir el daño al medio ambiente, lo cual
demuestra que la entidad demandada dispuso obligaciones, cargas y
responsabilidades a la empresa beneficiaria de la licencia ambiental
para la prevención, mitigación, compensación y control de los efectos
ambientales del proyecto, durante su realización.
Entre las obligaciones a cargo de la empresa beneficiaria de la
licencia ambiental, señaladas en la Resolución núm. 0684 de 2006
acusada, es del caso también destacar las siguientes:
“ […]
ARTÍCULO OCTAVO.- MODIFICAR los numerales 2 y 4 del
artículo SEXTO de la Resolución 0359 de 2004, mediante la
cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de construcción
y operación del trasvase del río Guarinó al río La Miel, en el
Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a la
Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, según lo indicado en la parte considerativa de esta
Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
“2. Teniendo en cuenta que la subienda en el río Guarinó,
ocurre entre los meses de diciembre y marzo, en el próximo
período del año que abarque dichos meses. La empresa
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ISAGEN S.A. E.S.P. deberá efectuar los muestreos y
análisis necesarios de dinámica íctica que le permitan
puntualizar cual es la función de la subienda en la
comunidad íctica del río Guarinó y que importancia
tiene dicho cuerpo de agua en los procesos
reproductivos de los peces que realizan migración en
época de subienda a través del mismo. Una vez termine
el período de subienda (se estima en marzo), la empresa
cuenta con un plazo máximo de tres (3) meses, para entregar
este estudio al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial”
(…)
“4. Como medida de compensación por la afectación
sobre el recurso íctico, debido a la disminución de
caudales, ISAGEN deberá diseñar y presentar a este
Ministerio en un plazo máximo de seis (6) meses, un
programa de repoblamiento con las siguientes
especies: Prochilodus magdalenae (Bocachico),
Pseudoplatystoma fasciatum (Bagre rayado), Salminus affinis
(Dorada) y Rhamdia sebae (Guabina). […]
“Adicionalmente, la empresa deberá prestar su apoyo a
INCODER, para iniciar la implementación de paquetes
tecnológicos que permitan la cría en cuativerio de las
especies ichthyoelephas longirostris (Pataló) y
Ageneiousus caucanus (Doncella). Igualmente deberá
prestar apoyo a esta entidad para el desarrollo de actividades
de control y vigilancia de la pesca que se presenta en los ríos
Guarinó, La Miel y Magdalena.”
ARTÍCULO NOVENO.- MODIFICAR los numerales 5,6, 7 y 8
del artículo SEXTO de la Resolución 0359 de 2004, mediante
la cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de
construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
Miel, en el Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a
la Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, de conformidad con el recurso interpuesto por la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P., según lo indicado en la parte
considerativa de esta Resolución, que quedara así:
“ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
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vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
“5.- Como medida de compensación por la afectación sobre la
cobertura vegetal, la Empresa deberá llevar a cabo, la
reforestación de 40 hectáreas en los nacimientos de las
quebradas Santa Rita, Casanguillas, El Jardín y Bocorná
y de 30 hectáreas en sectores de ribera de la cuenca
baja del río Guarinó.
[…]
ARTÍCULO DÉCIMO.- MODIFICAR el numeral 9 del artículo
SEXTO de la Resolución 0359 de 2004, mediante la cual se
otorga Licencia Ambiental al proyecto de construcción y
operación del trasvase del río Guarinó al río La Miel, en el
Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a la
Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, de conformidad con el recurso interpuesto por la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P., y la señora TERESITA LASSO
AMEZQUITA, según lo indicado en la parte considerativa de
esta Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
“9. Cuando se lleven a cabo las actividades de
aprovechamiento forestal, la empresa deberá implementar
el rescate de nidos y neonatos, así como su reubicación
en áreas adyacentes que garanticen la supervivencia de
los individuos rescatados. En los informes de interventoría
ambiental, la empresa deberá informar las actividades
desarrolladas al respecto.”
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ACLARAR el numeral 12.3
del artículo SEXTO de la Resolución 0359 de 2004, mediante
la cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de
construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
Miel, en el Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a
la Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, de conformidad con el recurso interpuesto válidamente
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por la empresa ISAGEN S.A. E.S.P., según lo indicado en la
parte considerativa de esta Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
“1.2.3. En lo referente a parámetros hidrobiológicos, la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P., deberá monitorear en cada
una de las ocho (8) corrientes permanentes que serán
afectadas por la construcción de la vía de acceso al
portal de entrada al túnel y en la quebrada Canaán los
siguientes parámetros: Peces, bentos y perifiton. La
frecuencia de monitoreo será la siguiente: un monitoreo
previo al inicio de la construcción de la vía, uno durante
construcción cuya frecuencia será cada dos meses y uno
durante operación cuya frecuencia será semestral.”
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- MODIFICAR los
numerales 19.5, 21.3 y 22.4 del artículo SEXTO de la
Resolución 0359 de 2004, mediante la cual se otorga Licencia
Ambiental al proyecto de construcción y operación del
trasvase del río Guarinó al río La Miel, en el Municipio de
Victoria, departamento de Caldas, y a la Resolución
aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de 2004, de
conformidad con el recurso interpuesto válidamente por la
empresa ISAGEN S.A. E.S.P., según lo indicado en la parte
considerativa de esta Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO SEXTO.- La licencia ambiental otorgada
mediante esta Resolución, sujeta a la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, el
Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad ambiental
vigente, así como al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
“19.5. Para las labores de monitoreo durante cada evento de
apertura de la compuerta del canal de limpia, la empresa
deberá realizar mediciones hidrosedimentológicas cada
hora mientras la compuerta esté operando, en la
estación la Victoria sobre el puente existente, de
material en suspensión en lo posible en un punto
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representativo de la parte central del área mojada de la
sección o donde las condiciones lo permitan por
posibles fenómenos de alta turbulencia, caracterizando
granulometrías.
“21.3. Adicionalmente, se deberán realizar biatimetrías y
campañas hidrosedimentológicas (de material en
suspensión a profundidad, en 3 sitios representativos
de la columna de agua y fondo, caracterizando
granulometrías) cada seis (6) meses durante la
operación del proyecto, en Puente Victoria, El Portento,
un sitio representativo de la parte media entre los dos
anteriores y en Puente Dorada. […]
“22.4 Con el objeto de garantizar una profundidad mínima de
lámina de agua de 0.5 m en tramos del cauce donde este se
explaya considerablemente (regadales), con énfasis en los
sectores de explayamiento ubicados en inmediaciones de la
hacienda Condesa (Entre Puente Victoria y la bocatoma del
acueducto La Dorada) y la hacienda la Roca (aguas arriba de
Puente Autopista); la empresa deberá presentar para
evaluación y aprobación en un plazo máximo de seis
(6) meses a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que acoja el presente concepto, los
diseños detallados de las obras de encauzamiento,
confinamiento, protección de orillas y el respectivo
programa de actividades de plantación de árboles del
ecosistema riparrio como Pithecellobium longofolium
(suribio), Inga sp. (guarnillos) y Ficus sp. (cauchos),
así como las acciones propuestas para la estimulación
de graduales protectores de orillas y de puntos críticos
para el cambio del cauce del río.”
[…]
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- ACLARAR el artículo
VIGÉSIMO PRIMERO de la Resolución 0359 de 2004,
mediante la cual se otorga Licencia Ambiental al proyecto de
construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La
Miel, en el Municipio de Victoria, departamento de Caldas, y a
la Resolución aclaratoria de la anterior, 405 del 6 de abril de
2004, de conformidad con el recurso interpuesto válidamente
por la empresa ISAGEN S.A. E.S.P., según lo indicado en la
parte considerativa de esta Resolución, el cual quedara así:
“ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Con el objeto de
prevenir Incendios forestales, la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. deberá abstenerse de realizar quemas, así como
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talas y acopiar material vegetal. De esta obligación, se
excluyen las actividades necesarias para que la empresa haga
el aprovechamiento forestal autorizado mediante el numeral
cuarto del artículo CUARTO de la Resolución 0359 del 25 de
marzo de 2004. […]”50 (Destacado fuera de texto).
En este orden de ideas, la Sala estima que la demandada tuvo
certeza científica completa y observó las advertencias sociales y
técnicas sobre el proyecto manifestadas en la audiencia pública
realizada en 1999, con el objeto de analizar y establecer la magnitud
del impacto ambiental y socio-económico del proyecto; tomar
medidas eficaces para prevenir, impedir, mitigar, compensar y
controlar los efectos ambientales del proyecto y la degradación del
medio ambiente, y para adoptar la decisión de otorgar la licencia
ambiental, razón por la cual sí hizo efectivo el principio de
precaución, en el otorgamiento de la licencia ambiental, objeto de los
actos acusados y, en consecuencia, este cargo no tiene vocación de
prosperidad.
El quinto cargo se refiere a que se violaron los artículos 7º51, 8º52,
50
Folios 354 a 359.
51
“[…] ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana. […]”.
52
“[…] ARTICULO 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación. […]”
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1153 y 1354 de la Constitución Política, por desconocimiento de la
diversidad étnica, la protección de los recursos naturales, el derecho
a la vida y a la igualdad, y que no se tuvo en cuenta la prevalencia
del interés general ni las políticas ambientales, al conceder la licencia
ambiental, objeto de los actos acusados.
Al respecto, la respuesta a los anteriores cargos descarta el
desconocimiento alegado por la parte actora.
En cuanto al desconocimiento de la diversidad étnica y violación al
artículo 7º de la Constitución Política se demostró que la parte
demandante no probó que en la zona del proyecto objeto de la
licencia ambiental para la construcción y operación del trasvase del
río Guarinó al río La Miel estuvieran asentadas “comunidades negras”
susceptibles de ser afectadas por ese proyecto o que se les haya
afectado directamente la identidad étnica a una comunidad asentada
en la zona del proyecto.
Y en lo que atañe al desconocimiento de la protección de los recursos
53
“[…] ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. […]”.
54
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. […]”.
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naturales, el derecho a la vida y a la igualdad, a que no se tuvo en
cuenta la prevalencia del interés general ni las políticas ambientales,
al conceder la licencia ambiental, objeto de los actos acusados, las
consideraciones antes expuestas, respecto de los otros cargos, ponen
de manifiesto la plena observancia de los artículos 8º, 11 y 13 de la
Constitución Política, la garantía de la protección de los recursos
naturales y de un ambiente sano, así como la prevalencia del interés
general sobre el particular y el seguimiento de los principios de las
políticas ambientales colombianas, al conceder la licencia ambiental
cuestionada.
Lo anterior, habida cuenta que se probó que el Ministerio demandado
analizó y estableció la magnitud del impacto ambiental y socio-
económico que podía generar el proyecto; tomó medidas eficaces
para prevenir, impedir, mitigar, compensar y controlar los efectos
ambientales del proyecto y la degradación del medio ambiente, en
orden a mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre, por un
lado, el aprovechamiento económico de los recursos renovables y,
por el otro, la conservación de los recursos hídricos de la cuenca del
río Guarinó, la protección de los recursos naturales, la calidad de vida
y el adecuado manejo del medio ambiente.
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Asimismo, dio prioridad al uso del agua para el consumo humano, en
la utilización de los recursos hídricos; tuvo en cuenta los
requerimientos necesarios para garantizar el consumo de agua, para
abrevaderos, garantizar la vida acuática, riego, minería y pesca;
garantizó caudales de conservación o remanentes a dejar aguas
abajo del sitio de desviación del río Guarinó al río La Miel; tomó
medidas para que la empresa beneficiaria cumpliera con las
siguientes obligaciones: un programa de repoblamiento con las
especies, reforestación en sectores del río en mención,
implementación del rescate de fauna, rescate de nidos y neonatos 55;
monitoreo de la calidad de agua56; un programa de repoblamiento de
las especies: Prochilodus magdalenae (Bocachico), Pseudoplatystoma
fasciatum (Bagre rayado), Salminus affinis (Dorada) y Rhamdia sebae
(Guabina); implementación de paquetes tecnológicos que permitan la
cría en cautiverio de las especies ichthyoelephas longirostris (Pataló)
y Ageneiousus caucanus (Doncella)57; monitoreo cada una de las 8
corrientes permanentes los peces, bentos y perifiton 58; realizar
mediciones hidrosedimentológicas, biatimetrías y campañas
55
Artículo noveno de la Resolución núm. 0359 de 2004 y décimo de la Resolución núm. 0684 de 2006.
56
Artículo sexto de la Resolución núm. 0359 de 2004.
57
Artículo octavo de la Resolución núm. 0684 de 2006.
58
Artículo décimo primero de la Resolución núm. 0684 de 2006.
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hidrosedimentológicas59; y ordenó abstenerse de realizar quemas,
talas y acopiar material vegetal60, lo cual demuestra que la entidad
demandada, al ordenar a la entidad beneficiaria de la licencia
ambiental el cumplimiento de esas obligaciones, buscaba la
explotación mesurada de los recursos naturales e impuso varias
responsabilidades en cabeza del particular (beneficiario de la licencia
ambiental), que implicaban una limitación de la actividad privada y
por ende, la prevalencia del interés general sobre el particular.
Al respecto, cabe mencionar que la protección del medio ambiente es
un asunto de interés general, que asegura la supervivencia de las
generaciones presentes y futuras, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional.
En efecto, en sentencia T-154 de 21 de marzo de 2013, la
mencionada Corte señaló:
“[…] Ahora bien, dentro del marco constitucional, el
aprovechamiento de los recursos naturales, aunque es
permitido, no puede dar lugar a perjuicios en términos de
salubridad individual o social y tampoco puede acarrear un
daño o deterioro que atente contra la diversidad e integridad
del ambiente. En otras palabras, la Constitución de 1991
59
Artículo décimo segundo de la Resolución núm. 0684 de 2006.
60
Artículo vigésimo primero de la Resolución núm. 0684 de 2006.
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apunta a un modelo de desarrollo sostenible61, en el que la
actividad productiva debe guiarse por los principios de
conservación, restauración y sustitución62.
[…] la conservación del ambiente no solo es
considerada como un asunto de interés general, sino
principalmente como un derecho internacional y local de
rango constitucional, del cual son titulares todos los seres
humanos, “en conexidad con el ineludible deber del Estado de
garantizar la vida de las personas en condiciones dignas,
precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su
salud.63[…]”64 (Destacado fuera de texto).
Y en la sentencia C- 703 de 6 de septiembre de 2010, sostuvo lo
siguiente:
“[…] Como lo ha señalado la Corte, basándose en el
pensamiento expuesto por el Constituyente, la protección
del ambiente “asegura la supervivencia de las
generaciones presentes y futuras”65, condiciona el
ejercicio de ciertas facultades “que se ven limitadas por los
derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las
generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la
propiedad y la idea del desarrollo sostenible”66 y obliga a
61
Según la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, puede definirse como “un desarrollo que
satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para
atender sus propias necesidades". Ver http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm.
Uno de los documentos que pretendió crear conciencia en la humanidad sobre la problemática ambiental
fue el “Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1987, con la participación de 19 Estados, entre ellos Colombia, donde
se indicó: “A mediados del Siglo XX, vimos por primera vez nuestro planeta desde el espacio. Los
historiadores seguramente podrán considerar que esta visión tuvo un impacto mayor en el pensamiento
que el que tuvo la revolución copernicana del siglo XVI. Desde el espacio, nosotros vemos una pequeña
y frágil esfera compuesta no por la actividad humana y las construcciones en general, sino por un
esquema de nubes, océanos, zonas verdes, y suelos. La inhabilidad de la humanidad para coordinar sus
actividades dentro de tales esquemas está cambiando radicalmente los sistemas planetarios. Muchos de
estos cambios están acompañados de peligros que amenazan la vida. Esta nueva realidad coincide con
nuevos desarrollos positivos de este siglo. Desde el espacio, nosotros vemos y estudiamos la tierra como
un organismo cuya salud depende de la salud de todos sus componentes.”
62
Art. 80 Const..
63
T-458 de mayo 31 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
64
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia de 21 de marzo de 2013, M.P. Nelson Pinilla
Pinilla, expediente núm. T-2550727.
65
Cfr. Sentencia C-431 de 2000.
66
Cfr. Sentencia C-126 de 1998.
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actuar de determinada manera, dado que “la satisfacción de
las necesidades presentes requiere de planificación económica
y de responsabilidad en materia de desarrollo, con el fin de
que, como se señaló, las generaciones futuras cuenten con la
capacidad de aprovechar los recursos naturales para
satisfacer sus propias necesidades”, planificación y
responsabilidad que “para el caso colombiano, les compete,
por mandato constitucional, al Estado y a sus agentes, así
como a todos los particulares, sin importar en cuál campo
económico, político o social se encuentren”67.
[…]
La Corte ya ha puesto de presente que una teórica discusión
jurídica en materia ambiental, sobre cuáles derechos
prevalecen, la resuelve la propia Constitución al reconocer la
primacía del interés general, al limitar varios derechos en
función de la protección debida al medio ambiente, los
recursos naturales o la ecología, y al asignarles al Estado
funciones de prevención y control del deterioro ambiental y a
los particulares el deber de proteger los recursos culturales y
naturales de país y velar por la conservación de un ambiente
sano.[…]”68. Destacado fuera de texto).
Adicionalmente, se observa que el Ministerio demandado, en los actos
acusados, aplicó los principios que debe observar la política ambiental
colombiana, según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 9969,
67
Cfr. Sentencia C-519 de 1994.
68
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 6 de septiembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, expediente núm. D-8019.
69
“[…] ARTICULO 1o. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los
siguientes principios generales:
[…]
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser
protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza.
[…]
5 . En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro
uso.
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación
científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de
precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza
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especialmente en sus numerales 2, 3, 5 y 6, los cuales propenden por
proteger prioritariamente y aprovechar en forma sostenible la
biodiversidad del país; el derecho de los seres humanos a una vida
saludable y productiva en armonía con la naturaleza; priorizar el
consumo de agua en la utilización de recursos hídricos; y que la
formulación de las políticas ambientales tenga en cuenta el resultado
de un proceso de investigación científica y se de aplicación al
principio de precaución.
En tal sentido, se considera que no existió violación de los artículos
7º, 8º, 11 y 13 de la Constitución Política, por desconocimiento de la
diversidad étnica, la protección de los recursos naturales, del derecho
a la vida y a la igualdad, de la prevalencia el interés general y de las
políticas ambientales, al conceder la licencia ambiental y, por ende,
este cargo no tiene vocación de prosperidad.
En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas
invocadas por la actora, razón suficiente para que se mantenga
incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para
impedir la degradación del medio ambiente. […]”.
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y se denieguen las súplicas de la demanda, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de
“Insuficiencia en los conceptos de violación” y “Cosa juzgada”,
propuestas por la ANLA e ISAGEN S.A. E.S.P., respectivamente, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2024.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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